1. Resumen ejecutivo

La agenda laboral del Gobierno pasó de una etapa inicial de diagnóstico a una cartera reconocible de medidas y proyectos. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, la presentó ante la Cámara el 7 de abril con cuatro prioridades: recuperar empleo formal, reducir las barreras de contratación femenina, modernizar la regulación laboral y revisar los instrumentos de capacitación. Cinco meses después, parte de ese programa ya tiene ejecución administrativa y otra parte enfrenta decisiones legislativas que aún pueden modificar su alcance.

El avance más concreto está fuera del Congreso. La jornada semanal bajó de 44 a 42 horas el 26 de abril, comenzó el Subsidio de Activación Laboral y el Sistema de Subsidio Unificado de Empleo entrará en vigencia el 1 de octubre. También rige el reajuste del ingreso mínimo aprobado en junio. Estas medidas tienen reglas operativas y fechas comprobables.

En el plano legislativo, tres proyectos concentran la agenda. El de sala cuna universal, boletín 14.782-13, concluyó su primer trámite en el Senado y pasó a la Cámara, aunque la fórmula de financiamiento permanente propuesta por el Ejecutivo fue rechazada. El proyecto de adaptabilidad de jornada y estatuto especial para el turismo, boletín 18.478-13, fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara y debe iniciar su discusión particular. El proyecto de contrato por horas, boletín 11.929-13, sigue en la Comisión de Trabajo del Senado sin votación general. En este último caso, las reglas difundidas por el Gobierno forman todavía un diseño de trabajo y no una indicación formal incorporada al expediente legislativo.

La tensión de la agenda está en su grado de madurez. El Gobierno ya puede exhibir subsidios, una reducción efectiva de jornada y proyectos que avanzan. Sin embargo, los instrumentos de mayor alcance todavía dependen de acuerdos sobre financiamiento, participación sindical, previsibilidad horaria y protección de ingresos. El “fast track laboral” planteado el 10 de septiembre busca acelerar ese conjunto, pero hasta el cierre de este informe no constituye un procedimiento legislativo especial ni contiene un nuevo paquete formal de proyectos.

La Comisión de Economía del Senado amplió esta agenda el 22 de septiembre. El ministro de Economía, Daniel Mas, anunció una segunda fase del plan de empleo concentrada en vivienda y obras públicas, un proyecto ProPyme para octubre y una prioridad laboral dentro del Presupuesto 2027. Son anuncios formulados durante una sesión que seguía en curso al actualizar este informe. Sus metas y plazos deben verificarse cuando se publiquen los instrumentos correspondientes.

2. Una agenda con tres grados de avance

La expresión “agenda laboral” reúne instrumentos distintos. Algunas medidas ya producen efectos. Otras tienen un texto ingresado al Congreso y deben superar votaciones pendientes. Un tercer grupo corresponde a anuncios, metas o diseños que aún no cuentan con un proyecto formal. Separar esas categorías permite saber qué puede cambiar en el corto plazo y qué depende de una negociación legislativa más extensa.

2.1 La mayor parte de la cartera combina iniciativas nuevas con proyectos heredados

Entre las tres reformas laborales que encabezan el fast track, solo el boletín 18.478-13 ingresó como mensaje del actual Gobierno. Sala cuna proviene de una iniciativa anterior, pero el Ejecutivo sustituyó parte de su diseño mediante indicaciones. El contrato por horas nació como moción parlamentaria en 2018 y fue reactivado mediante urgencia, mientras el Ministerio prepara una propuesta propia.

La misma distinción se aplica a las medidas ya vigentes. La Ley 21.808 fue promulgada por el gobierno anterior y publicada dos días después del cambio de mando. La actual administración tiene a su cargo su reglamentación y entrada en operación. La Ley de 40 Horas también es anterior, aunque el Gobierno confirmó que respetará su calendario y concentrará su intervención en la aplicación administrativa. El reajuste del ingreso mínimo, el proyecto de Reconstrucción y el proyecto de adaptabilidad sí fueron presentados durante esta administración.

3. La política de empleo combina subsidios inmediatos con un sistema permanente

El Gobierno está usando dos instrumentos de contratación que conviene mantener separados. El Subsidio de Activación Laboral es una medida temporal, dirigida a nuevas contrataciones y pagada al empleador. El Sistema de Subsidio Unificado de Empleo es una ley permanente que reemplaza y reorganiza beneficios anteriores, con aportes tanto para empresas como para personas trabajadoras.

3.1 El Subsidio de Activación Laboral opera durante 2026

La línea de Activación Laboral de SENCE cubre contrataciones iniciadas desde el 15 de julio. Puede financiar hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual en el caso de hombres y hasta el 60% en el caso de mujeres, por un máximo de cuatro meses. La remuneración bruta de la persona contratada no puede superar tres ingresos mínimos mensuales y cada empresa puede acceder a un máximo de 200 subsidios durante la vigencia del programa. El calendario oficial mantiene abierta la postulación hasta el 15 de octubre (Ministerio del Trabajo).

La medida exige que la persona contratada no registre cotizaciones con un empleador durante los tres meses anteriores. Su diseño privilegia la entrada al empleo formal, aunque su carácter transitorio impide tratarla como una solución estructural para la informalidad.

3.2 El Sistema de Subsidio Unificado comienza en octubre

La Ley 21.808, publicada el 13 de marzo, creó un sistema administrado por SENCE y canalizado mediante la Ventanilla Única Social. Sus grupos prioritarios son las personas de 18 a 24 años, las mujeres de 25 a 54 años, las personas desde los 55 años y las personas con discapacidad inscritas en el registro correspondiente. Durante el primer año, la ley fija un aporte equivalente al 20% de la remuneración bruta para la empresa y al 10% para la persona trabajadora, dentro de los límites legales (Diario Oficial).

El sistema entra en vigencia el primer día del séptimo mes posterior a la publicación, es decir, el 1 de octubre de 2026. Su puesta en marcha será una prueba administrativa para SENCE y para la coordinación de datos con el Ministerio de Desarrollo Social. También marcará la transición desde los subsidios anteriores hacia un esquema único.

3.3 La meta de empleos sigue siendo una meta declarada

La Cuenta Pública fijó el objetivo de recuperar al menos 300.000 empleos y acercar la desocupación al 6% hacia 2030 (Ministerio del Trabajo). En agosto, la Mesa Interministerial por el Empleo informó un objetivo inicial de 50.000 puestos hacia octubre y agrupó programas públicos, inversión regional y compromisos privados que, según el Ejecutivo, podrían movilizar más de 120.000 empleos (Ministerio del Trabajo).

Estas cifras describen objetivos y estimaciones del Gobierno. No corresponden todavía a resultados verificados. El seguimiento deberá distinguir empleos efectivamente creados, puestos asociados a inversión ya programada y compromisos de terceros.

3.4 Economía informó 54.000 postulaciones y una segunda fase del plan

Durante la Comisión de Economía del Senado del 22 de septiembre, el ministro Daniel Mas señaló que, al 9 de septiembre, el subsidio de contratación reunía más de 54.000 personas postuladas por más de 8.000 empresas y que el 46% correspondía a mujeres. La autoridad sostuvo que cada postulación exige un contrato firmado desde julio y presentó ese registro como contrataciones ya materializadas.

La cifra requiere una lectura acotada. Acredita postulaciones asociadas a contratos registrados, según la información entregada por el ministro. No indica cuántos subsidios fueron concedidos, cuánto durarán esos empleos ni cuántos representan creación neta frente a contrataciones que se habrían producido de todas formas.

Mas informó también que el Presidente instruyó elaborar una segunda fase del plan de emergencia laboral. El foco estaría en vivienda, reparaciones habitacionales y obras públicas. Mencionó el inicio de 80.000 viviendas durante 2026, llamados del programa DS-27 y el adelanto de inversiones del Ministerio de Obras Públicas. No presentó todavía un documento único con metas, presupuesto, cronograma y mecanismos de evaluación de esta segunda fase.

El ministro proyectó otros 100.000 puestos de trabajo hacia diciembre y 150.000 durante 2027 mediante proyectos de inversión que ya cuentan con resolución de calificación ambiental favorable. Ambas cifras son estimaciones del Ejecutivo. Su materialización depende del avance de permisos, financiamiento y obras, por lo que no deben sumarse automáticamente a las postulaciones del subsidio.

4. La adaptabilidad concentra la agenda legislativa nueva

El boletín 18.478-13 es la principal iniciativa laboral ingresada por el actual Gobierno. Propone ampliar de cuatro a dieciséis semanas el período general sobre el cual puede promediarse la jornada. Para el turismo y sus actividades conexas contempla ciclos de hasta 52 semanas, manteniendo el promedio de 40 horas y un máximo semanal de 45 horas. También eleva de cinco a diez los días de descanso anual que pueden pactarse en compensación de horas extraordinarias y amplía de seis a doce meses el plazo para usarlos.

El proyecto ingresó a la Cámara el 21 de julio. La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar el 8 de septiembre por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, según el registro del Ministerio del Trabajo. La ficha de la Cámara mantiene la iniciativa en primer trámite constitucional y consigna que, una vez despachada por Trabajo, debe pasar por la Comisión de Economía. El Ejecutivo renovó la urgencia suma el 21 de septiembre (ficha oficial del boletín).

El debate previo a la votación mostró el desacuerdo que acompañará la discusión particular. Los partidarios del proyecto relacionaron los ciclos más extensos con la estacionalidad y la creación de empleo. Las objeciones se concentraron en el ciclo de 52 semanas, la posibilidad de pactos individuales, el número de domingos consecutivos y el riesgo de reducir la previsibilidad de la jornada. Esos reparos quedaron expuestos en las sesiones del 7 de septiembre y del 8 de septiembre.

La aprobación general permite redactar indicaciones y votar cada norma. No equivale a que la Cámara haya aprobado el proyecto. El siguiente resultado relevante será el texto que salga de la Comisión de Trabajo y la forma en que la Comisión de Economía revise el régimen especial del turismo.

5. El contrato por horas sigue abierto y el texto del Gobierno aún no ingresa

El Gobierno reactivó el boletín 11.929-13, una moción presentada en 2018. La Comisión de Trabajo del Senado retomó su estudio en junio y mantuvo audiencias durante julio, agosto y septiembre. Al cierre de este informe, la idea de legislar no ha sido votada.

El borrador presentado por el Ejecutivo contempla un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, aviso con 72 horas, turnos mínimos de tres horas y pago del 75% de las horas pactadas que el empleador finalmente no use. Las convocatorias que no cumplan los días, horarios o anticipación pactados serían voluntarias. También se prohibirían las cláusulas de exclusividad y se exigiría un registro de convocatorias y horas trabajadas.

Estas reglas fueron explicadas por el Ejecutivo en la sesión del 19 de agosto, pero la propia autoridad señaló que aún no existía una indicación formal. La comisión continuó recibiendo observaciones en la sesión del 2 de septiembre. Por esa razón, el texto jurídicamente vigente del expediente sigue siendo la moción original de 2018. El diseño gubernamental puede orientar el debate, aunque no puede darse por aprobado ni por incorporado al proyecto.

El punto de conflicto se parece al de adaptabilidad. El Ejecutivo sostiene que una modalidad regulada puede formalizar trabajos que hoy se realizan sin contrato. Las organizaciones sindicales y parte de los especialistas advierten que una jornada variable puede trasladar al trabajador el riesgo de una demanda incierta. El pago de horas no utilizadas y la anticipación de las convocatorias intentan responder a ese reparo, pero su suficiencia será materia de la votación general y de las indicaciones posteriores.

Para el detalle completo de esta iniciativa puede revisarse el reporte Contrato por horas: contenido, debate y pendientes del boletín 11.929-13.

6. Sala cuna avanzó, pero llegó a la Cámara con su financiamiento pendiente

El boletín 14.782-13 busca eliminar la regla que obliga a financiar sala cuna únicamente a las empresas con veinte o más trabajadoras. El texto aprobado por el Senado amplía el acceso a personas trabajadoras dependientes e independientes, incorpora a trabajadores hombres y crea un fondo común.

La Sala del Senado concluyó el primer trámite constitucional el 8 de septiembre. Aprobó el derecho, la gradualidad, el copago cuando el aporte no cubra el valor del establecimiento y la creación del fondo. Sin embargo, rechazó por falta de quórum la cotización de 0,35% de cargo del empleador y la regla equivalente para independientes. El proyecto pasó a la Cámara para su segundo trámite constitucional con esa fuente permanente de financiamiento sin aprobar (Senado).

El Ejecutivo inició conversaciones con bancadas de la Cámara antes del estudio formal. El 21 de septiembre el ministro Rau se reunió con parlamentarios del Partido de la Gente para recoger propuestas y preparar el debate (Ministerio del Trabajo). La negociación deberá resolver tres materias: el origen de los recursos permanentes, el alcance del copago y la gradualidad de acceso para trabajadoras de casa particular y otros grupos.

Sala cuna ocupa un lugar distinto a los proyectos de flexibilidad. Su propósito laboral consiste en reducir una barrera de contratación y permanencia femenina asociada al cuidado. La falta de financiamiento aprobado impide todavía saber cómo se distribuirá su costo entre empleadores, trabajadores y Estado.

7. Capacitación, salario mínimo y 40 horas completan el cuadro

La agenda incluye medidas que no dependen de nuevos proyectos laborales, pero afectan directamente los costos, la capacitación y la organización del trabajo.

La reducción a 42 horas ya está vigente. El Gobierno mantuvo el calendario de la Ley de 40 Horas y la jornada ordinaria bajó de 44 a 42 horas el 26 de abril. Ante la Comisión de Trabajo, el ministro señaló que el Ejecutivo revisaría problemas de aplicación y criterios administrativos sin alterar ese calendario. La discusión quedó registrada en las sesiones del 7 de abril y del 14 de abril. La próxima reducción, a 40 horas, corresponde en 2028.

El ingreso mínimo fue reajustado. La Ley 21.830, publicada el 22 de junio, fijó el ingreso mínimo mensual en $553.553 desde el 1 de mayo y estableció un nuevo reajuste por IPC desde enero de 2027 (BCN). Es una medida de protección de ingresos ya vigente. Su relación con la agenda de empleo aparece en el debate sobre el costo de nuevas contrataciones, sobre todo en empresas de menor tamaño.

El proyecto de Reconstrucción contiene dos instrumentos laborales. El boletín 18.216-05 incorpora un crédito tributario al empleo formal y rediseña la franquicia tributaria SENCE. La franquicia se mantiene, pero su límite general baja de 1% a 0,5% de las remuneraciones imponibles, con una banda de 0,3% a 0,7% sujeta a evaluación externa. La ficha oficial ubica el proyecto en trámite ante el Tribunal Constitucional, por lo que estas reglas aún no deben tratarse como ley vigente (Cámara).

La Mesa de Reactivación dejó un programa más amplio. El grupo convocado por el Ministerio del Trabajo entregó el 30 de junio 22 propuestas agrupadas en empleo femenino y cuidados, subsidios y formalidad, capacitación continua, regulación laboral e información del mercado de trabajo (Ministerio del Trabajo). Esas propuestas funcionan como insumo para nuevas decisiones. No todas han sido adoptadas por el Gobierno ni traducidas en proyectos.

8. El fast track ordena prioridades, pero no reemplaza la tramitación

El 10 de septiembre el ministro Rau se reunió con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, para coordinar un fast track laboral. El Ejecutivo identificó como prioridades el proyecto de adaptabilidad, sala cuna y contrato por horas. También anunció futuras medidas de adaptabilidad que aún no cuentan con texto público (Ministerio del Trabajo).

El acuerdo político puede ordenar tablas y urgencias. Cada iniciativa conserva, sin embargo, sus comisiones, votaciones y trámites constitucionales. El seguimiento de las próximas semanas debería concentrarse en cuatro señales.

a. El texto particular de adaptabilidad. Permitirá comprobar si cambian los ciclos de 16 y 52 semanas, los pactos individuales y la regla sobre domingos.

b. La radicación de sala cuna en la Cámara. La comisión que reciba el proyecto y las indicaciones del Ejecutivo mostrarán cómo se busca reparar el vacío de financiamiento.

c. La votación general del contrato por horas. Solo después de aprobar la idea de legislar el Ejecutivo podrá convertir su borrador en una indicación que forme parte del proyecto.

d. La formalización de los nuevos anuncios. Cualquier paquete adicional de adaptabilidad debe evaluarse cuando exista un mensaje, moción o indicación con articulado público.

e. El proyecto ProPyme anunciado para octubre. El ministro Daniel Mas anticipó gradualidad tributaria para evitar saltos abruptos cuando una empresa crece, un régimen simplificado de formalización de microempresas, una ordenanza municipal tipo y un listado de actividades de bajo riesgo. También señaló el compromiso de mantener una tasa de 12,5% para pymes. El contenido debe contrastarse con el mensaje y su informe financiero una vez que ingresen al Congreso (sesión del 22 de septiembre).

f. El componente laboral del Presupuesto 2027. Economía afirmó que empleo y actividad estarán entre sus prioridades y anunció nuevas definiciones tras el regreso del Presidente. Esa orientación solo podrá medirse cuando se conozcan las partidas, programas y glosas del proyecto presupuestario.

La agenda ya tiene una dirección identificable. Su resultado dependerá menos del número de anuncios y más de la capacidad de cerrar reglas que combinen contratación, previsibilidad e ingresos. Ese equilibrio determinará cuánto del programa se transforma en legislación aplicable durante 2026.

9. Nota sobre fuentes y datos

El informe revisó el universo de 36 sesiones completadas de las comisiones de Trabajo de ambas cámaras entre el 11 de marzo y el 22 de septiembre, además de la Comisión de Economía del Senado del 22 de septiembre. Ocho sesiones contienen definiciones o decisiones usadas en el análisis y se detallan en el anexo. Al momento de esta actualización, la sesión de Economía seguía registrada como en curso; por ello, sus anuncios se atribuyen al ministro y quedan sujetos a la versión final de la transcripción. Los estados de tramitación se contrastaron con las fichas oficiales de la Cámara y el Senado. Las metas de creación de empleo se atribuyen al Ejecutivo y no se presentan como resultados observados.

Anexo. Sesiones parlamentarias citadas

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