Resumen Ejecutivo

La discusión sobre licencias médicas en el Congreso arrastra una paradoja que conviene tener clara antes de leer cualquier proyecto: el ahorro que la legislación promete ya se produjo sin ley. La fiscalización de la Contraloría (el llamado "efecto Dorothy Pérez") y los cruces de datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) hicieron caer la emisión en más de un millón de licencias en 2025, con una reducción del gasto en subsidio de incapacidad laboral de 586 mil millones de pesos (Senado, Salud del 21 de abril). Esa cifra, dijo la subsecretaria de Previsión Social Elisa Cabezón, "equivale a la construcción de dos hospitales públicos de alta complejidad" (Cámara, Trabajo del 2 de junio).

Sobre ese telón de fondo corren dos proyectos de ley en paralelo, en comisiones distintas y con lógicas opuestas. En el Senado, la Comisión de Salud discute el Boletín 17.678-11, que reforma el subsidio de incapacidad laboral introduciendo dos días de carencia, tope imponible y homologación entre el sector público y el privado. En la Cámara, la Comisión de Trabajo tramita el Boletín 17.914-13, moción de la diputada Ximena Ossandón que convierte el uso indebido de una licencia en causal de despido por falta de probidad. El primero ataca el incentivo económico; el segundo, la conducta del trabajador.

Ambos enfrentan el mismo reparo de fondo, planteado de forma transversal: castigan a todos para perseguir a pocos. El constitucionalista Patricio Zapata, en un informe para gremios públicos, lo resumió así: "Igualar hacia abajo no es lo mismo que igualar hacia arriba" (Senado, Salud del 12 de mayo). La SUSESO es el actor técnico que cruza todo el debate; las mutualidades de la Ley 16.744, en cambio, quedan fuera (el subsidio en discusión es por enfermedad común, no laboral).

El ahorro ya ocurrió, y eso cambia la pregunta

El dato que ordena todo el debate es la caída de la emisión. La SUSESO registró en 2025 una baja de más de un millón de licencias respecto de 2024, equivalente a un 12,9% menos, con una reducción del gasto en subsidios de 586 mil millones de pesos (Senado, Salud del 21 de abril). La causa, reconocida por el propio Ejecutivo, no fue una ley sino la fiscalización: el cruce de datos que detectó a más de 80.000 trabajadores del sector privado viajando al extranjero mientras estaban con reposo, y la investigación de la Contraloría sobre 33.000 funcionarios públicos en la misma situación (Senado, Salud del 15 de junio).

La subsecretaria Cabezón fue explícita sobre la naturaleza del hallazgo.

"lograron retener... Quinientos ochenta y seis mil millones de pesos. Y eso no es fraude, eso es evitar el abuso."

Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social, Senado, Salud del 21 de abril

Esa distinción, abuso y no fraude, reaparece en cada sesión y es la que vuelve incómoda la legislación. Si la fiscalización administrativa ya recuperó el gasto, la pregunta deja de ser cuánto se ahorra y pasa a ser quién paga el costo de la reforma. El director de FONASA, César Oyarzo, lo usó como argumento a favor del proyecto: la magnitud de la caída probaría que buena parte de las licencias no respondía a enfermedad.

"si esto fuese tan claro de que aquí lo que estamos es cortando un beneficio de gente que tiene un problema de salud, no habría una caída del 25% de gente enferma entre este año y el otro."

César Oyarzo, director de FONASA, Senado, Salud del 12 de mayo

Dos proyectos, dos lógicas: el bolsillo y la probidad

El Boletín 17.678-11, en la Comisión de Salud del Senado, ataca el incentivo económico. Introduce dos días de carencia homologando el sector público con el privado, fija un tope imponible y mantiene la tasa de reemplazo en 100% (Senado, Salud del 15 de junio). El ministro de Hacienda Jorge Quiroz lo defendió con un dato sobre la trayectoria del gasto.

"las licencias promedio en el sector público ascienden a 26 días... 66% del crecimiento del gasto en licencias médicas como porcentaje del PIB entre 2015 y 2024. Este número es insostenible."

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, Senado, Salud del 15 de junio

El proyecto recibió un rechazo frontal en la misma comisión. La senadora Claudia Cariola lo calificó sin rodeos: "Este es un muy mal proyecto de ley. A mí me parece que es un proyecto que debiéramos, desde mi perspectiva, rechazar" (Senado, Salud del 15 de junio). Gremios de funcionarios públicos y un informe en derecho del constitucionalista Patricio Zapata sostuvieron que la carencia y el tope son inconstitucionales por afectar el derecho a la seguridad social y a la salud (Senado, Salud del 12 de mayo). La comisión pidió a la Comisión de Constitución un pronunciamiento antes de votar.

El Boletín 17.914-13, en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ataca la conducta. La moción de la diputada Ossandón incorpora el uso indebido de licencia como causal de despido por falta de probidad, sin indemnización, y faculta al empleador a pedir antecedentes a FONASA o la ISAPRE (Cámara, Trabajo del 21 de abril). El director nacional de la COMPIN, Rodrigo Berríos, defendió que llena un vacío real.

"existe un vacío normativo actualmente en el cual carece la consecuencia laboral expresa para los trabajadores que mal utilizan la licencia."

Rodrigo Berríos, director nacional de COMPIN, Cámara, Trabajo del 2 de junio

La CUT, en cambio, objetó que traslada al empleador una función de fiscalización que es del Estado, con riesgo de despidos arbitrarios y vulneración del secreto médico (Cámara, Trabajo del 9 de junio).

"el fraude se combate con gestión estatal y no también con despido por parte también de los empleadores."

David Acuña, CUT, Cámara, Trabajo del 9 de junio

A estas dos vías se sumó una tercera, dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional: un artículo que sanciona con destitución a los funcionarios públicos que usen mal una licencia, aprobado en la Comisión de Trabajo de la Cámara (Cámara, Trabajo del 18 de mayo). Tres instrumentos distintos, entonces, persiguen el mismo objetivo por caminos que no se coordinan entre sí.

La SUSESO al centro, las mutualidades fuera

El organismo que articula técnicamente toda la discusión es la SUSESO. Es quien cruza los datos, suspende a los médicos sobreemisores y propone los ajustes de fiscalización. Su superintendenta subrogante, Patricia Soto, marcó además los límites del proyecto de carencia: la reforma traspasa 40 funcionarios desde la COMPIN a FONASA para reforzar el control, pero ninguno es médico.

"ninguno de esos 40 funcionarios es médico. Entonces, la consulta es, ¿cómo se puede hacer una Contraloría Médica sin médicos?"

Patricia Soto, superintendenta de Seguridad Social subrogante, Senado, Salud del 21 de abril

Conviene precisar un punto que el cliente seguramente necesita acotar: las mutualidades de empleadores de la Ley 16.744 no son protagonistas de esta discusión. El subsidio que ambos proyectos modifican es el de incapacidad laboral por enfermedad común, regido por el DFL 44 y administrado por COMPIN, FONASA e ISAPRES. Las mutualidades aparecen solo de forma marginal, en una norma de reembolso del sector público (Senado, Salud del 14 de abril). El debate sobre el seguro laboral y las mutualidades corre por un carril separado, el de las enfermedades profesionales, que apenas se movió en el período.

El Diario Oficial del trimestre confirma que la reforma legal de fondo aún no ocurre: las publicaciones sobre licencias médicas entre marzo y junio de 2026 son administrativas (ajustes de precios de ISAPRES, delegaciones de firma), no normas sustantivas. El cambio, por ahora, lo está produciendo la fiscalización, no la ley.

Conclusiones

El estado de la discusión sobre licencias médicas se puede resumir en una frase: el Congreso legisla por detrás de los hechos. La fiscalización de la Contraloría y la SUSESO ya recuperó el gasto que las reformas prometen, lo que desplaza el eje del debate desde el ahorro hacia el costo que la reforma traslada al trabajador enfermo.

Para el seguimiento, importan tres frentes con velocidades distintas. El Boletín 17.678-11 (carencia, Senado) avanza con resistencia fuerte y una sombra de inconstitucionalidad que su paso por la Comisión de Constitución puede agravar o despejar. El Boletín 17.914-13 (falta de probidad, Cámara) ganó urgencia del Ejecutivo en junio y es el que más rápido podría avanzar, con el foco puesto en cómo se protegen los datos sensibles y el debido proceso. Y la sanción de destitución a funcionarios públicos viaja dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional, en un vehículo más amplio y de tramitación propia.

La señal de mediano plazo es que ninguno de los tres proyectos aborda la causa que el propio director de FONASA reconoció: si parte del ausentismo nace de entornos laborales enfermos, el instrumento para eso no es la licencia común sino el seguro de la Ley 16.744. Mientras el Congreso concentra su energía en controlar la licencia, la prevención de lo que la origina sigue sin entrar a la mesa.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en 11 sesiones parlamentarias de las comisiones de Salud y de Trabajo del Senado y la Cámara, celebradas entre el 2 de marzo y el 17 de junio de 2026, todas listadas en el anexo. Las citas entre comillas son verbatim de la transcripción enlazada. Las cifras (caída de licencias, ahorro fiscal, datos de viajes al extranjero) son las presentadas por las autoridades y los expositores en sesión, no verificaciones independientes de Parlamento.ai, y se atribuyen a su fuente. Las transcripciones provienen de audio procesado y algunos nombres aparecen con grafía variable; se usa la forma más reconocible. Las referencias del Diario Oficial del período en esta materia son administrativas; las reformas de fondo siguen en tramitación.

Anexo: Fuentes consultadas