Índice

1. La Ley General de Telecomunicaciones data de 1982 y sigue sin reemplazo
2. El sector lidera en cobertura y reduce su inversión
3. Cables en desuso, robo de infraestructura y resiliencia de redes
4. Direcciones IP, conservación de datos y neutralidad de red
5. Espectro, cables submarinos y seguridad nacional
6. La agenda regulatoria del gobierno 2026-2030
7. Conclusiones

Resumen Ejecutivo

El 25 de febrero de 2025 un apagón dejó sin energía a Chile desde Arica a Los Lagos durante cerca de ocho horas. Cayó alrededor del 20% de las antenas y se congestionaron las redes; la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado revisó el episodio centrada en quién financia la resiliencia (Sesión del 5 de marzo). Esa pregunta cruza todo lo que el Congreso debatió sobre telecomunicaciones en los dieciséis meses siguientes.

Chile figura entre los líderes regionales en conectividad. Sus propias operadoras describen un negocio en retroceso. Antonio Büchi, CEO de Entel, habló de "degradación institucional progresiva" y rentabilidad negativa de la industria (Summit País Digital, 30 de septiembre); José Juan Haro Seijas, de Telefónica, cifró en 50% la caída de la inversión sectorial en diez años (Summit País Digital, 1 de octubre). Sobre ese diagnóstico se monta la transferencia del negocio de Telefónica a una operadora entrante, que asume una red y un conjunto de obligaciones en formación.

Esta investigación revisó 25 sesiones del Senado, la Cámara de Diputados y comisiones especiales entre enero de 2025 y junio de 2026, más 22 publicaciones del Diario Oficial. El marco legal vigente, la Ley 18.168 de 1982, es calificado de obsoleto por el regulador, los gremios y los parlamentarios, pero ningún proyecto lo reemplaza (Sesión del 8 de abril). El Estado avanza en obligaciones nuevas para las redes (retiro de cableado, conservación de datos de tráfico, estándares de emergencia) mientras el gobierno de José Antonio Kast anuncia desregulación pro-inversión (Sesión del 7 de abril). El segundo operador del mercado, WOM, quedó debilitado tras incumplir su licitación, lo que abre espacio competitivo y a la vez expone el riesgo regulatorio del sector (Sesión del 14 de mayo).

El recorrido va de la respuesta a una emergencia puntual, el apagón, al diseño de obligaciones permanentes para las redes.

1. La Ley General de Telecomunicaciones data de 1982 y sigue sin reemplazo

La Ley 18.168 se promulgó en 1982, antes del teléfono móvil y de Internet. Cuatro décadas después sigue siendo el texto que ordena el espectro, las concesiones y los deberes de los operadores, y el diagnóstico sobre su agotamiento es transversal.

El ingeniero Óscar Cabello lo describió ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara: la ley "define cinco tipos de servicios" y arrastra una estructura reglamentista que no acompaña la convergencia tecnológica (Sesión del 27 de enero). Desde el regulador, la Subsecretaria de Telecomunicaciones Romina Garrido coincidió en el problema.

"tenemos una ley que es muy antigua, que es la ley general de telecomunicaciones. Entonces, hemos encomendado un trabajo a los equipos de ir mirando cuáles son esos procedimientos para poder agilizarlos [...] reducir cargas administrativas." Romina Garrido, Subsecretaria de Telecomunicaciones (Sesión del 8 de abril)

El diagnóstico no deriva en una reforma. Lo que llega al Congreso son modificaciones puntuales montadas sobre el mismo cuerpo de 1982: el retiro de cableado, las direcciones IP, las radios públicas, el bloqueo de dispositivos. Cada parche resuelve un problema y posterga la pregunta de fondo. Para una operadora entrante, la obligación relevante no está en un código único sino dispersa en boletines, resoluciones exentas y normas técnicas que avanzan en paralelo.

Las secciones siguientes agrupan los frentes activos según el tipo de carga que imponen: la económica del sector, la física de las redes, la de datos y la del espectro.

2. El sector lidera en cobertura y reduce su inversión

El XIII Summit País Digital, en septiembre y octubre de 2025, reunió el diagnóstico de los propios operadores. Dos describieron una industria en estrés financiero.

Antonio Büchi, CEO de Entel, situó el deterioro en un cambio de paradigma regulatorio hacia 2010.

"hubo una segunda fase que partió alrededor del 2010-2012. Aumento de cargas regulatorias. Se pusieron significativamente costos nuevos. Las licitaciones empezaron a moverse desde promover la cobertura hacia exprimir el excedente de los operadores. Se transformó en un Estado guardián, más que en un Estado facilitador." Antonio Büchi, CEO de Entel (Summit País Digital, 30 de septiembre)

Su conclusión: "hoy día la industria tiene una rentabilidad negativa [...] los operadores quieren salir del mercado" (Summit País Digital, 30 de septiembre). Enrique Coulembier, de Mundo, sumó el problema del retorno: las empresas "hicieron inversiones tremendas en 5G sin haber generado la necesidad antes, sin tener retornos económicos", y la penetración de conectividad fija "se planchó en el 69%" (Summit País Digital, 30 de septiembre).

Al día siguiente, Telefónica puso cifras. José Juan Haro Seijas, su director de Asuntos Públicos y Mayoristas, cuantificó la contracción.

"la caída de los ingresos se ha traducido en una reducción de la inversión total del sector... lo que ha llevado a que, en aproximadamente diez años, esa inversión sea el 50% de lo que Chile invertía en el período anterior." José Juan Haro Seijas, Telefónica (Summit País Digital, 1 de octubre)

La inversión por usuario que comparó Haro en esa intervención sitúa a Chile por debajo de sus referentes (Summit País Digital, 1 de octubre).

La inversión por usuario en Chile queda muy por debajo de la de sus mercados de referencia.

Sobre esa brecha, Telefónica propone la consolidación. Haro invocó los informes europeos de Draghi y Letta de 2024, que recomiendan "facilitar la consolidación" para resolver la fragmentación del sector (Summit País Digital, 1 de octubre). Es la tesis que la compañía vendedora dejó instalada en el debate público chileno.

La fragilidad del sector tiene un caso testigo. WOM, segundo operador, entró en reorganización financiera bajo el Capítulo 11 estadounidense y arrastró sus compromisos con el Estado. El Subsecretario Claudio Araya describió el alcance.

"en abril del año pasado se produjo un proceso de reorganización financiera bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, lo que disparó alarmas por dos motivos: por una parte, se ponían en riesgo los compromisos con el Estado, y por otra, quedaban en riesgo 8 millones de clientes." Claudio Araya, Subsecretario de Telecomunicaciones (Sesión del 14 de mayo)

El incumplimiento es medible. De las 366 localidades que WOM se comprometió a cubrir en la banda de 700 MHz, el Subsecretario informó "212 localidades, lo que representa un 58% de cumplimiento, con dos años de retraso" (Sesión del 14 de mayo).

La distancia entre lo comprometido y lo desplegado es la medida del incumplimiento que abrió el frente sancionatorio contra WOM.

El Estado abrió tres vías en paralelo: multas (con tope elevado de 1.000 a 5.000 UTM por la ley de Internet como servicio público), ejecución de boletas de garantía y eventual caducidad de concesiones (Sesión del 14 de mayo). La empresa respondió con litigio internacional, incluido el CIADI. El caso pasó a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara como materia de fiscalización, donde un diputado reclamó que WOM "primero dicen que no tienen plata y después dicen que tienen plata" al exigir la presencia del ministro (Sesión del 7 de octubre).

Bajo el gobierno de Kast el caso siguió abierto. La Subsecretaria Garrido confirmó que la transacción entre WOM, la SUBTEL y el Consejo de Defensa del Estado quedó bajo revisión.

"estamos recabando todos los antecedentes y estamos haciendo particular seguimiento a este tema para poder determinar si hay infracciones administrativas y qué es lo que podemos accionar como autoridad." Romina Garrido, Subsecretaria de Telecomunicaciones (Sesión del 7 de abril)

Para una operadora entrante, WOM opera como las dos cosas a la vez: una oportunidad, porque el segundo competidor está disminuido, y una advertencia, porque muestra cómo el Estado ejecuta garantías, multa y persigue concesiones cuando los compromisos de cobertura se incumplen.

3. Cables en desuso, robo de infraestructura y resiliencia de redes

El activo más visible que se transfiere también es el más expuesto. El cableado aéreo, las antenas y las baterías de los sitios celulares concentran tres frentes regulatorios, y los tres avanzaron en el período.

El primero es el retiro de cableado en desuso. El proyecto que modifica la Ley 18.168 para facultar a las municipalidades a retirar cables (Boletín 17042-15) repone una norma excluida de la Ley 21.172, la llamada "Chao Cables". Ingresó a la Comisión del Senado en abril de 2025 con suma urgencia (Sesión del 23 de abril) y se aprobó en general el 11 de junio, por tres votos (Sesión del 11 de junio). La discusión identificó el origen del problema.

"la acumulación de estos cables en desuso se produce, en gran medida, porque a las empresas de telecomunicaciones les resulta más económico dejar los cables que no usan antes que retirarlos." Miguel Moreno, Asociación Chilena de Municipalidades (Sesión del 11 de junio)

La disputa de fondo es por el costo. El gremio Chile Telcos denunció un doble cobro: las operadoras ya pagan a las distribuidoras eléctricas un derecho mensual por usar los postes, y el proyecto les volvería a cargar el retiro de cables no identificados (Sesión del 28 de mayo). Las eléctricas respondieron que el cobro por el poste no incluye el cable: "se remunera el apoyo, pero no el cable ni el retiro del cable", precisó Juan Meriches en el Senado (Sesión del 11 de junio). El gremio de infraestructura digital IDICAM agregó una cautela técnica.

"un cable no identificado no es similar a un cable en desuso. Muchas veces, estos cables están transmitiendo señal, son fibra oscura y están conectados; funcionan como cables de respaldo." Corina Gómez, IDICAM (Sesión del 28 de mayo)

El régimen ya opera. La SUBTEL informó que más de setenta municipios han hecho retiros y que el primer plan deberá enfrentar "145 años de historia de las telecomunicaciones en Chile" (Sesión del 11 de junio). El 19 de mayo de 2026 la Subsecretaría aprobó los planes anuales de retiro y ordenación de cables (DO del 19 de mayo), el paso que convierte el debate legislativo en obligación operativa. Las multas por incumplimiento van de 100 a 1.000 UTM a beneficio municipal (Sesión del 11 de junio).

El segundo frente es inverso: el cable que se roban. La Comisión Especial Investigadora del robo de cables de cobre documentó un delito que dejó de ser patrimonial.

"este delito ya dejó de ser mirado como una afectación a la propiedad [...] hoy día las alertas SAE se reciben obviamente a través de telefonía y por lo tanto la afectación de este delito también atenta contra esa posibilidad de alertamiento." Manuel Cartagena, Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Comisión investigadora, 7 de agosto)

El robo golpea baterías y antenas de sitios celulares, sobre todo en zonas rurales y cerros, y opera como crimen organizado transnacional (Comisión investigadora, 7 de agosto).

El robo se concentra en el norte chico y el centro-sur, donde las antenas y baterías de los sitios rurales quedan más expuestas a quedarse sin energía.

El Congreso respondió: la ley que aumenta las penas por robo de cables de telecomunicaciones se despachó el 4 de agosto de 2025 (Comisión investigadora, 7 de agosto). La Subsecretaria Garrido lo retomó como política activa, con la industria obligada a invertir en seguridad: "la infraestructura también tiene que tener su propia tecnología para la seguridad, poder monitorear, poder geolocalizar", dijo en la Cámara (Sesión del 7 de abril).

El tercer frente es la resiliencia, y nació del apagón. El ministro de la época, Juan Carlos Muñoz, dimensionó la infraestructura crítica por operador (Sesión del 5 de marzo).

Entel y Telefónica concentran la mayor parte de la infraestructura crítica, y con ella la obligación de respaldo energético que el Estado fiscaliza.

"estábamos trabajando en un nuevo decreto número 60. Este decreto no solo consideraba el tema de las antenas, sino que también contempla un aumento de la autonomía de 4 a 6 horas en la infraestructura de nivel 2." Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (Sesión del 5 de marzo)

El propio ministro reconoció el costo de exigir más respaldo: "exigencias mayores que requieren inversiones pueden generar el efecto secundario del aumento de las tarifas", advirtió en esa sesión (Sesión del 5 de marzo). Las 3.100 antenas críticas atribuidas a Telefónica son el activo y el pasivo que pasa a la operadora entrante: cada una conlleva una obligación de autonomía energética que el Estado fiscaliza y que tiende a endurecerse. La interoperación de la mensajería de alerta y el resguardo de esa infraestructura quedaron reglamentados a comienzos de 2026 (DO del 6 de enero).

A esa fragilidad física se suma la geográfica. La fibra óptica austral se cortó en marzo de 2025 y volvió a fallar en el canal de Chacao, dejando zonas del sur sin servicio. El presidente de una asociación de condominios sociales relató sobre el corte austral que "miro mi celular Movistar: no tenía Internet, no tenía para hacer llamadas, y el Entel tampoco funcionaba" (Sesión del 12 de marzo).

4. Direcciones IP, conservación de datos y neutralidad de red

Tres movimientos regulatorios convergen en una misma dirección: convertir a los operadores en colaboradores de la persecución penal.

El proyecto más avanzado modifica la Ley 18.168 para obligar a asignar una dirección IP única por domicilio y a responder en plazo a los requerimientos policiales (Boletín 16858-15). El gremio Chile Telcos respondió que la idea choca con la arquitectura de Internet.

"no existe ninguna factibilidad técnica ni ninguna manera de hacer que las IP sean ni únicas ni fijas por clientes. Son únicas y fijas por sesión de comunicación, porque así está diseñada la internet en el mundo, no es un problema de Chile." Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos (Sesión del 21 de abril)

La autora del proyecto expuso el dato más útil para una operadora entrante: las telcos cumplen de manera desigual. Describió que cuando "Claro le entrega la dirección IP a la PDI, la PDI sabe exactamente a qué casa tiene que ir a allanar", mientras otras entregan "una cuadra entera" o exigen pronunciamiento del Ministerio Público antes de responder (Sesión del 21 de abril). El Ministerio Público sostuvo que el deber ya existe.

"nosotros entendemos como Ministerio Público que desde el año 2018, las compañías de telecomunicaciones, las telcos, están obligadas a contener la información sensible [...]. Sin embargo, eso no ocurre en la práctica." Johanna Herrera, Ministerio Público (Sesión del 5 de mayo)

El Ejecutivo, vía Subsecretaría de Seguridad Pública, ofreció una salida que define hacia dónde va la obligación real. La IP fija es inviable; lo que viene es más conservación y más velocidad de respuesta.

"el enfoque regulatorio más adecuado para fortalecer las capacidades investigativas del Estado no radica en alterar estructuralmente el funcionamiento de Internet, sino más bien en perfeccionar y reforzar sistemas de registro, conservación y entrega oportuna de información." Andrés Jouannet, Subsecretario de Seguridad Pública (Sesión del 12 de mayo)

Las audiencias cerraron el 12 de mayo con acuerdo de votar en general, sobre la base de ampliar la conservación de datos de uno a dos años y fijar plazos de respuesta con sanción de desacato (Sesión del 12 de mayo). El pasivo concreto para la operadora entrante: mayor capacidad técnica de trazabilidad y obligaciones de colaboración penal que hoy varias telcos no cumplen.

El segundo movimiento es la neutralidad de red, y aquí el cambio podría favorecer al operador. La Subsecretaria Garrido abrió la puerta a revisarla.

"quizás pensar que la neutralidad que se legisló en este Congreso hace 15 años atrás, hoy en día, con el avance de las tecnologías y con nuestra vida volcada a lo digital, tiene que tener límites que son distintos a aquellos que se pensaron en su momento." Romina Garrido, Subsecretaria de Telecomunicaciones (Sesión del 8 de abril)

El tercer movimiento ya es obligación operativa. La norma técnica de bloqueo de dispositivos robados se publicó en febrero de 2026 (DO del 3 de febrero), y se sumó a la numeración antifraude con prefijos 600 y 809 para separar el tráfico comercial lícito del de las estafas (Sesión del 14 de mayo). El telón de fondo institucional lo completan la nueva ley de protección de datos personales, con vigencia a fines de 2026, y un proyecto de Sistema Nacional de Gestión de Datos del Estado que, aunque no regula telecomunicaciones, perfila el ecosistema de cumplimiento digital en que operará la empresa (Sesión del 19 de enero).

5. Espectro, cables submarinos y seguridad nacional

El insumo escaso del negocio es el espectro, y la lectura del sector es que Chile lo administró mal. Haro desmintió el autorreconocimiento chileno en 5G.

"en 5G, he escuchado aseveraciones en el sentido de que la red 5G de Chile es la mejor de América Latina y esto, derechamente, está equivocado. La red más capilar y más robusta de 5G de América Latina está en Brasil. Chile ya perdió ese liderazgo." José Juan Haro Seijas, Telefónica (Summit País Digital, 1 de octubre)

La causa que identificó es el diseño de la licitación: Chile entregó "50 MHz a tres de los cuatro operadores", la mitad de lo que asignó Brasil, y uno quedó fuera en "una suerte de juego de las sillas" que retrasó despliegues (Summit País Digital, 1 de octubre).

Chile asignó la mitad del espectro 5G que entregó Brasil, la desventaja inicial que describe Telefónica.

El rezago se traslada a la cobertura. Según las cifras que Haro presentó en la misma intervención, el 5G alcanza a cerca del 65% de la población en Brasil y a un 40% en Chile (Summit País Digital, 1 de octubre).

La menor cobertura poblacional de 5G en Chile es la cara visible de esa brecha de espectro.

La disputa por el espectro también se libra en la radiodifusión. Dos proyectos buscan abrir la banda baja liberada por la televisión digital: uno fortalece las radios comunitarias (Boletín 17974-15) y otro crea radios públicas nacionales (Boletín 18011-15). La SUBTEL prefirió ampliar el dial antes que expropiar señales: aprobar el proyecto comunitario tal como estaba "obligaría a expropiar 83 señales comerciales", advirtió Araya en el Senado (Sesión del 17 de diciembre). Los gremios radiales matizaron esa lectura en enero, cuando ANARCICH recordó que las radios comunitarias "sí pagan por el uso del espectro" igual que las comerciales (Sesión del 7 de enero). El proyecto de radios públicas, criticado por entregar espectro "mediante asignación directa, es decir, sin el concurso público que garantiza transparencia" en palabras del presidente de ARCHI, quedó sin votar (Sesión del 27 de enero) y no se retomó en la última sesión de la legislatura pese a su urgencia (Sesión del 3 de marzo). La gestión del espectro siguió activa en el Diario Oficial, con la exclusión de frecuencias de los concursos públicos del primer y segundo cuatrimestre de 2026 (DO del 16 de febrero; DO del 15 de junio).

El frente más nuevo no estaba en la Ley 18.168: la geopolítica de la infraestructura. La solicitud de un consorcio chino para construir un cable submarino con amarre en Concón derivó en un incidente diplomático. El ministro Muñoz firmó el decreto y lo dejó sin efecto el 29 de enero de 2026 tras una alerta de seguridad de Estados Unidos, que respondió revocando su visa (Sesión del 2 de marzo). El episodio reveló cómo cambió el mapa de propietarios.

"hoy en día, en el caso chileno, no hablamos de cables de Telefónica o Entel, sino de cables de Amazon, Google o Meta. Estas empresas están construyendo su propia infraestructura." Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (Sesión del 2 de marzo)

El régimen heredado es de baja barrera: una concesión de cable no se licita, se solicita, y el ministerio solo puede aprobar o rechazar (Sesión del 3 de marzo). El canciller Alberto Van Klaveren reconoció el vacío que eso deja en seguridad nacional, al señalar que el país no tiene un mecanismo de "investment screening" (Sesión del 3 de marzo). En el Senado, el debate ancló el cable en la categoría estratégica: son "las nuevas arterias del poder", dijo Van Klaveren (Sesión del 3 de marzo). La resiliencia de esos cables ante el sabotaje, que el experto finlandés Jarno Limnell llevó a la Comisión de Desafíos del Futuro, cierra el cuadro: "97% de todo el tráfico del mundo pasa a través de estos cables físicos", recordó (Sesión del 15 de junio).

6. La agenda regulatoria del gobierno 2026-2030

El cambio de gobierno en marzo de 2026 mantuvo el diagnóstico y movió el énfasis. El ministro Louis de Grange estructuró la agenda telecom 2026-2030 en cuatro focos, dentro de los tres pilares del programa de Kast (Sesión del 7 de abril).

"el resumen de la agenda legislativa [...] está enfocado en cuatro puntos: resiliencia en redes de telecomunicaciones, asegurando su funcionamiento en situaciones de emergencia y fallas eléctricas de alto impacto; reducción de la burocracia para simplificar permisos y fomentar el despliegue tecnológico, como tecnologías 5G o Internet de las Cosas; y la seguridad desde la red, incluyendo el control de señales en cárceles." Louis de Grange, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (Sesión del 7 de abril)

La pieza que más interesa a un operador es la desregulación administrativa. Garrido la planteó como relación directa entre menos trámite y más inversión: "si simplificamos, vamos a tener mayor inversión, vamos a tener más conectividad" (Sesión del 7 de abril). El gobierno también busca corregir una traba que congela capital invertido: hoy una red debe encenderse completa y no por partes, y la autoridad quiere flexibilizar las bases para iluminar zonas a medida que se despliegan (Sesión del 8 de abril).

En lo rural, el instrumento es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), redirigido hacia tecnologías satelitales donde no llega la fibra ni el 5G. El problema es directo, como lo expresó una senadora por Valparaíso: "quienes representamos zonas rurales no tenemos servicio. No llega" (Sesión del 8 de abril). El desfinanciamiento del subsidio a la demanda, denunciado por las cooperativas de telecomunicaciones, dejó esa brecha sin cobertura presupuestaria por segundo año (Sesión del 14 de octubre).

Un último frente convierte a los operadores en ejecutores de una política ajena. El proyecto de apuestas en línea los obliga a bloquear los sitios ilegales, tarea hoy ineficaz porque el sitio bloqueado migra de dominio y "queda en letra muerta este impedimento", explicó Garrido (Sesión del 8 de abril). El Estado descarga en la red obligaciones de fiscalización que antes no eran del operador.

7. Conclusiones

El negocio que cambia de manos es el de un mercado que sus actores describen como financieramente agotado, gobernado por una ley de 1982 que el consenso quiere cambiar y que ningún proyecto reemplaza. Esa combinación, más que cualquier boletín individual, define el terreno que asume una operadora entrante.

La dirección regulatoria es legible pese a la fragmentación. El Estado avanza en cargas físicas (retiro de cableado, estándares de resiliencia, seguridad de infraestructura) y en cargas de datos (conservación, trazabilidad de IP, colaboración penal, bloqueo de contenidos), mientras el gobierno de Kast promete aligerar la carga administrativa y revisar la neutralidad de red. Un operador que lea esa doble corriente puede compensar en lo segundo lo que pierde en lo primero, si concentra su incidencia en los puntos abiertos: la graduación de las multas por cableado, el plazo de conservación de datos, la flexibilización del despliegue por etapas y el rediseño del FDT.

El factor que puede acelerar el reordenamiento es competitivo. WOM disminuido cambia el tablero, y la tesis de consolidación que Telefónica instaló en el debate encontró eco en el presidente de la Cámara de Diputados, que anticipó: "en el próximo gobierno y en el próximo Parlamento vamos a hablar de desregulación" (Summit País Digital, 1 de octubre). Si esa ventana se abre, la decisión para la operadora entrante no será cómo defenderse de la regulación heredada, sino qué reforma de fondo está dispuesta a empujar antes de que el próximo parche vuelva a posponer la nueva ley.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son 25 transcripciones parlamentarias procesadas y almacenadas en parlamento.ai; cada cita textual enlaza a la sesión original y fue verificada contra ella. Las fuentes secundarias son cifras citadas por los participantes en sesión (inversión sectorial, participación de mercado, cobertura), que se presentan tal como fueron expresadas y se atribuyen al orador; los datos aproximados se marcan con ~. El informe también cita 22 publicaciones del Diario Oficial, con enlace al PDF original. Varias sesiones incluyen nombres con grafía dudosa por transcripción de audio: se usó la forma verificable y, ante la duda, el cargo.

Anexo: Fuentes consultadas

Diario Oficial