Resumen Ejecutivo

El Parlamento español discute la seguridad económica más que hace medio año, pero casi nunca la nombra así. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, el concepto y sus términos afines aparecieron en 143 sesiones del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. El número de sesiones que lo invocan pasó de 8 o 9 al mes a finales de 2025 a más de 30 en la primavera de 2026.

La etiqueta dominante no es "seguridad económica", sino autonomía estratégica: de cada diez fragmentos en que el debate toca esta materia, ocho usan ese término. La frase "seguridad económica" es minoritaria y, además, ambigua: tanto designa la posición geopolítica del país como la situación financiera de los hogares. El debate sustantivo se organiza en torno a cinco ejes económicos: materias primas críticas, soberanía industrial y energética, soberanía tecnológica y digital, cadenas de suministro y comercio exterior.

La respuesta a la pregunta de fondo es afirmativa: la presencia del tema creció de forma marcada, en torno a tres o cuatro veces, entre finales de 2025 y la primavera de 2026. Parte de ese aumento corresponde al discurso de autonomía estratégica en su vertiente de defensa, impulsado por la guerra en Ucrania y la tensión comercial con Estados Unidos; descontada esa capa, los ejes estrictamente económicos también suben. Este informe se centra en la dimensión económica y trata la autonomía estratégica de defensa como contexto.

¿Aumentó? Una curva que se duplica en febrero

La pregunta del encargo admite una respuesta cuantificable. Midiendo las sesiones que cada mes invocan la seguridad económica o sus conceptos afines, el salto se produce en febrero de 2026: de 8 sesiones en enero a 24 en febrero, y a 36 en marzo y abril. Mayo, con el mes aún sin cerrar, mantiene el nivel alto en 30.

El punto de inflexión coincide con tres detonantes externos. El primero es el agravamiento de la guerra comercial: la Comisión Europea aceptó en 2025 aranceles estadounidenses del 15% a los productos europeos y del 50% al acero y el aluminio, un episodio que el Congreso debatió en mayo (sesión del 26 de mayo). El segundo es la entrada en vigor de la normativa europea de materias primas críticas. El tercero es el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, cuya comisión de investigación en el Senado encuadró el suministro energético como cuestión de seguridad económica (sesión del 17 de marzo).

El aumento, conviene precisarlo, mezcla dos corrientes. Una parte del crecimiento proviene del debate de autonomía estratégica ligado a la defensa y el rearme europeo. La otra, la que ocupa este informe, corresponde a los ejes económicos, que también ganaron espacio en la agenda de las comisiones.

Cómo se nombra: autonomía estratégica, no "seguridad económica"

¿Bajo qué nombre llega el tema al hemiciclo? La distribución de los términos lo muestra con claridad.

La expresión "autonomía estratégica" funciona como paraguas de todo el campo. Procede del vocabulario de la Unión Europea y se invoca tanto para la defensa como para la industria, la energía o la tecnología. El propio Gobierno la incorporó al título de un proyecto en tramitación, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que busca elevar el peso industrial hasta el 20% del PIB y proteger la actividad frente a la deslocalización (Comisión de Industria del Congreso, 23 de febrero).

La frase "seguridad económica" aparece poco y con dos sentidos que conviene separar. En su acepción geopolítica nombra la protección del país frente a dependencias externas, y así la usó el Senado al discutir el euro digital como instrumento de autonomía estratégica europea (Comisión de Economía, 5 de mayo). En su acepción social designa la estabilidad financiera de las personas, y con ese significado recorre los debates de pensiones, cuidados y vivienda. Este informe se ocupa del primer sentido.

Los ejes del debate económico

Cinco materias concentran la discusión económica sobre seguridad y dependencias.

El eje más tangible son las materias primas críticas. El Reglamento europeo de materias primas críticas (Reglamento UE 2024/1252) fijó el marco, y España lo aterriza en proyectos mineros concretos: litio, niobio y tantalio en Galicia, minería metálica en Asturias. El Gobierno trabaja un plan de acción de materias primas que incorpora reciclaje y trazabilidad, según expuso la Secretaría de Estado de Minería en el Senado (Comisión de Transición Ecológica, 18 de diciembre). El asunto tensiona a las CCAA mineras, donde grupos de izquierda advierten que los costes ambientales y sociales quedan en el territorio mientras los beneficios se van fuera.

La reindustrialización articula la posición del Gobierno y de buena parte de la oposición en torno a la soberanía industrial y energética. El sector del automóvil, donde España es el segundo productor europeo, aparece como caso central de la disputa entre electrificación y diversificación. Vox vincula la soberanía industrial a la energética y reclama prolongar la energía nuclear; el argumento de que no hay soberanía industrial sin soberanía energética se repitió en el Congreso y en parlamentos autonómicos como Cantabria.

La soberanía tecnológica y digital aparece en torno a los semiconductores, la computación en la nube y la inteligencia artificial. En el Senado, una comparecencia de la Fundación ESIS situó la infraestructura cloud como activo crítico para la autonomía estratégica europea, apoyándose en el informe Draghi sobre competitividad (Comisión de Transformación Digital, 11 de mayo). El euro digital se discutió como pieza de soberanía monetaria.

Las cadenas de suministro entraron al debate por la vía sanitaria. La pandemia dejó una conciencia de dependencia que se tradujo en la Critical Medicines Act europea, propuesta en 2025 para diversificar la fabricación de medicamentos críticos. El acceso a fármacos y tecnologías sanitarias se planteó como componente de la seguridad económica de la Unión (jornada en el Congreso, 20 de abril).

El comercio exterior cierra el mapa. La relación con China y el giro arancelario de Estados Unidos atraviesan los demás ejes, y la Comisión Mixta para la Unión Europea abordó los riesgos de la relación comercial con China en términos de seguridad económica y protección del consumidor.

Dónde se debate: Congreso, Senado y las comunidades

¿En qué arenas se concentra? El grueso del debate ocurre en el Congreso, seguido del Senado, con una presencia autonómica de menor escala.

En el Congreso destacan la Comisión Mixta para la Unión Europea, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y la de Industria y Turismo. En el Senado, las comisiones de Economía, Comercio y Empresa, de Industria y Turismo y de Transición Ecológica concentran las comparecencias técnicas. La huella autonómica es desigual y se concentra donde el tema tiene anclaje material: Galicia y Asturias por la minería de materias primas, Cantabria, Murcia, Madrid y Cataluña por la política industrial y energética.

Actores y encuadres

El debate enfrenta encuadres distintos según el actor.

El Gobierno sostiene la seguridad económica desde la política industrial y la alineación con el marco europeo: la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, el plan de materias primas críticas y los fondos del Plan de Recuperación. Sus posiciones las defendieron sobre todo subsecretarios y secretarios de Estado en las comisiones de Industria y de Transición Ecológica.

El Partido Popular fue el grupo más activo en introducir el concepto. Pidió la comparecencia de la expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, sobre la seguridad económica y financiera como ámbito de la seguridad nacional (Comisión Mixta de Seguridad Nacional, 24 de marzo), y llevó al debate los semiconductores, el sector espacial y la soberanía tecnológica. Vox ancló su discurso en la soberanía industrial y energética, con crítica a la regulación ambiental europea. Los grupos de izquierda introdujeron la dimensión social y ecológica, sobre todo en la minería de materias primas.

Fuera del arco parlamentario, comparecieron actores técnicos y sectoriales: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Fundación ESIS en el ámbito digital, y patronales industriales como la del acero, que situó el acero verde como cuestión de seguridad económica y autonomía estratégica (jornada en el Congreso, 23 de abril).

Datos que aportaron los intervinientes

Las cifras citadas en las sesiones dibujan la magnitud del problema, y se reproducen como fueron expuestas. El apagón del 28 de abril de 2025 dejó un contraste de precios eléctricos llamativo en la comisión de investigación del Senado: una oferta de 246 euros por megavatio hora frente a los 119 euros finalmente adoptados. La patronal del acero cifró en torno a 10 millones de toneladas anuales la chatarra férrica reciclada en España. En economía circular, la Unión Europea recicla el 50% de los metales básicos que consume, frente al 25% del resto del mundo. En comercio, los aranceles estadounidenses debatidos en mayo alcanzaban el 15% general y el 50% para el acero y el aluminio.

Estas cifras provienen de las intervenciones parlamentarias y de los comparecientes; no constituyen datos verificados de forma independiente.

Conclusiones

La seguridad económica se instaló en la agenda parlamentaria española en el primer semestre legislativo de 2026, pero lo hizo de forma difusa. Creció en frecuencia, se triplicó respecto a finales de 2025 y permeó las dos cámaras y varias asambleas autonómicas. Sin embargo, no llegó como una doctrina con nombre propio, sino disuelta en el lenguaje de la autonomía estratégica, que comparte con el debate de defensa, y fragmentada en ejes sectoriales que rara vez se conectan entre sí.

Para un actor del sector, esa es la lectura operativa: el tema está en alza y dispone ya de vehículos legislativos concretos, como la Ley de Industria y Autonomía Estratégica y la transposición de la normativa europea de materias primas. Si la tendencia se sostiene, la pregunta dejará de ser si la seguridad económica ocupa la agenda y pasará a ser si España la articula como una política integrada o la mantiene repartida entre industria, energía, tecnología y comercio.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en transcripciones parlamentarias procesadas y almacenadas en parlamento.ai, correspondientes al Congreso de los Diputados, el Senado y los parlamentos autonómicos, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

El concepto se rastreó por búsqueda semántica sobre el término "seguridad económica" y siete conceptos afines (autonomía estratégica, materias primas críticas, soberanía industrial, soberanía tecnológica, resiliencia económica, dependencias estratégicas y cadenas de suministro), filtrando los fragmentos que contienen la expresión exacta. Se identificaron 478 fragmentos en 143 sesiones; 47 sesiones, donde el concepto es central, se analizaron en profundidad. La medición de la tendencia cuenta sesiones únicas por mes y se basa en la recuperación de la búsqueda, no en un censo exhaustivo de todas las sesiones del período; ofrece una magnitud y una dirección, no un recuento cerrado.

Dos precisiones de alcance. La expresión "seguridad económica" es polisémica: se usa en sentido geopolítico y en sentido social (estabilidad financiera de los hogares); este informe analiza el primero. Y el término dominante, "autonomía estratégica", abarca también la defensa y el rearme; el informe se centra en la dimensión económica y trata esa capa como contexto. Las cifras citadas corresponden a lo expuesto por intervinientes y comparecientes.

Anexo: Fuentes consultadas

Principales sesiones citadas en el informe, seleccionadas de las 143 identificadas en el período (corpus de 478 fragmentos; 47 sesiones analizadas en profundidad).