Resumen Ejecutivo

El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió la Presidencia con un programa de emergencia de seguridad. Cuarenta y un días después, el 21 de abril, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado rechazó tres a dos la idea de legislar la tipificación del delito de ingreso clandestino al territorio nacional, Boletín 15.261-25, proyecto identificado por el Ejecutivo como prioritario en su agenda migratoria. La votación en sala fue postergada al día siguiente por una segunda discusión solicitada por el Comité Unido.

Ese rechazo describe un patrón observable en los primeros dos meses. El gobierno Kast renovó cinco urgencias inmediatas en migración y seguridad: en todos los casos se trató de mociones parlamentarias preexistentes de Chile Vamos y Republicanos, no de mensajes presidenciales nuevos. El recorte de $72.669 millones al Ministerio de Seguridad Pública anunciado al asumir fue revertido en cuestión de días. La ministra Trinidad Steiner respondió desde su primera comparecencia por el oficio reservado N° 28, asociado a la salida de la Subdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña San Miguel. Y en cuatro sesiones consecutivas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los diputados Raúl Leiva (PS) y Jaime Araya (independiente) negaron la unanimidad para que los subsecretarios expusieran ante los diputados.

Las cifras del corpus revisado entregan el contexto. Entre el 1 de marzo y el 4 de mayo, el Congreso chileno celebró 63 sesiones que tocaron seguridad interior, orden público o migración. Treinta y seis tuvieron debate de fondo: 19 en comisiones específicas (Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gobierno Interior, Seguridad Pública del Senado, Gobierno-Descentralización del Senado, Defensa+Seguridad unidas) y 17 en salas plenarias.

Cuatro hitos legislativos se cerraron en el período. La reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Bol. 18.032-7) fue aprobada en general por el Senado 41-2-1, con reserva de constitucionalidad de la senadora Pascual por libertad sindical. La modificación a la Ley 20.000 con agravantes para drogas sintéticas (fentanilo, ketamina, metanfetamina) fue despachada a ley el 7 de abril. El proyecto de ampliación de flagrancia (Bol. 16.481-25) y el de identificación en transporte interregional (Bol. 16.703-25) salieron a Comisión Mixta tras el rechazo del Senado a las enmiendas de la Cámara. El Subsistema de Inteligencia Económica (Bol. 15.975-25) avanzó con el voto de la Comisión de Seguridad del Senado a favor del levantamiento administrativo del secreto bancario por la UAF, contra la recomendación del propio Ejecutivo.

Otros tres proyectos de la agenda Kast fueron rechazados o quedaron en mixta. El proyecto de espionaje y Fiscalía Militar (Bol. 17.690-07), originado por el caso de los bolivianos detenidos en una base aérea de Pozo Almonte, no alcanzó el quórum orgánico constitucional en la Cámara (76-63-5, requería 78). Las modificaciones del Senado al proyecto de "pelotazos" y seguridad perimetral de cárceles (Bols. 16.569-25 / 16.984-25) fueron rechazadas en la Cámara 16-124-5 por considerarlas una "ley penal en blanco" y pasaron a Comisión Mixta. El ingreso clandestino sigue postergado.

Esta investigación analiza la posición del Ejecutivo Kast, el comportamiento de las bancadas, los datos cuantitativos entregados en sala y comisión, y los puntos donde la agenda anunciada chocó con sus propios datos técnicos.

Nota sobre fuentes y datos

El corpus base son las transcripciones literales de 63 sesiones parlamentarias chilenas celebradas entre el 1 de marzo y el 4 de mayo de 2026, descargadas desde Parlamento.ai. De ellas, 36 trataron asuntos de seguridad interior, orden público o control migratorio con densidad suficiente para alimentar el análisis. Las sesiones de defensa nacional puramente militar (presupuesto FFAA, modernización, política exterior de defensa) y las acusaciones constitucionales quedaron fuera de alcance por solicitud del cliente. Todas las votaciones, citas textuales, números y nombres provienen de esas transcripciones. Cuando un parlamentario citó un dato externo (informes PDI, Carabineros, ONU, Corte IDH), se atribuye al orador y a la sesión, no se valida contra la fuente original.

Activación de la agenda y bloqueos en la Comisión de Seguridad Ciudadana

La activación de la agenda en los primeros 30 días siguió un patrón observable. La nueva Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara se constituyó el 18 de marzo con la elección del diputado Cristián Araya (Republicanos) como presidente, ocho votos contra cinco del diputado Juan Valenzuela (PDG), sesión del 18-03. En esa misma sesión, el diputado Raúl Leiva (PS) presentó la siguiente observación, que se repitió en las seis sesiones posteriores:

"No tenemos ninguna urgencia en materia de seguridad para tramitar en esta comisión. Aunque hay proyectos importantes, el Ejecutivo no ha presentado ninguna urgencia respecto a materias de seguridad. Si estamos en una emergencia, debemos abordarlo con la seriedad que corresponde." — Diputado Raúl Leiva (PS), sesión del 18 de marzo

El 25 de marzo, el gobierno respondió: ingresó cuatro urgencias a la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión del 25-03. Eran todas mociones preexistentes de Chile Vamos y Republicanos (control de identidad fronterizo de los diputados Concha, Beltrán y Schalper; custodia de drogas de Romero, Weisse, Lilayú y Sulantay; turbazos de Beltrán, Durán y Schalper; agentes encubiertos de Barchiesi). El patrón se mantuvo. En la sesión del 13 de abril, Leiva volvió sobre el punto: "Llama profundamente la atención que los cuatro proyectos que tienen urgencia no hay ningún mensaje presidencial. Son cuatro propuestas de parlamentarios de Chile Vamos" (sesión del 13-04).

A la observación procedimental se sumó un episodio presupuestario. La ministra Steiner se presentó por primera vez ante la Comisión el 23 de marzo con un recorte transversal del 3% sobre su cartera, sesión del 23-03. El detalle entregado a la Comisión sumaba $72.669 millones:

Tres semanas después, el diputado Marcos Barraza (PC) confirmó en sala el viraje: "Lo hizo con el recorte al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que volvió atrás en cuestión de días" (sesión del 14-04). El Director General de la PDI Eduardo Cerna Lozano lo registró ante la Comisión de Seguridad Ciudadana el 6 de abril: "La medida del Supremo Gobierno de mantener el presupuesto aprobado constituye una gran noticia para la PDI" (sesión del 06-04).

El equipo del nuevo Ministerio quedó conformado por la ministra María Trinidad Steiner (exfiscal regional de Tarapacá), el subsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet Valderrama (exdiputado DEM) y la subsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana Holguín. Los dos últimos enfrentaron un bloqueo procedimental sostenido. Entre el 25 de marzo y el 20 de abril, en cuatro sesiones consecutivas, los diputados Leiva (PS) y Jaime Araya (independiente) negaron la unanimidad necesaria para que ingresaran a exponer. La razón inicial fue la ausencia de la ministra; la razón sostenida en abril fue otra:

"En tanto esta comisión, el presidente y quienes representan al gobierno no cambien su actitud respecto de quién va a ser el diputado informante, yo no estoy dispuesto a que ningún subsecretario se siente en esta mesa." — Diputado Jaime Araya, sesión del 20 de abril

El conflicto operativo se mantuvo hasta el cierre del período. Fue Jouannet, en su condición de Ministro Subrogante (no como subsecretario), quien presentó en sala el proyecto de la Ley 20.000 el 18 de marzo, sesión del 18-03. Ese mismo formato se repitió el 13 de abril en sala, sesión del 13-04.

Migración: del Plan Escudo Fronterizo al Boletín 15.261-25

El gobierno concentró atención política en el frente migratorio. Su principal proyecto en este eje, el Boletín 15.261-25, recibió cinco audiencias técnicas en el Senado antes del rechazo en comisión. La discusión se organizó en cinco etapas.

Etapa uno: Ministerio del Interior fija el diagnóstico. El 7 de abril, el Ministro Claudio Alvarado y el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones Frank Sauerbaum (exdiputado RN) expusieron en paralelo en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y en la de Gobierno-Descentralización del Senado, Cámara y Senado. Las cifras coinciden en ambas:

"Tenemos un total de 44.267 expulsiones pendientes a marzo de 2026… Y el número de expulsiones que se ejecutó entre el 2022 y el 2026 alcanzó a 4.734." — Claudio Alvarado, Ministro del Interior, sesión del 7 de abril

El Ministro detalló también 22.896 nacionalizaciones decretadas pero sin firmar y 263.000 trámites atrasados (incluidas 120.000 solicitudes de nacionalidad). Sauerbaum identificó el principal obstáculo diplomático para la ejecución de expulsiones:

"Hoy día el problema más importante que tenemos es el problema político que tenemos con Venezuela. Hoy día no tenemos una relación consular que nos permita hacer una expulsión ordenada." — Frank Sauerbaum, Director Nacional del Servicio de Migraciones, sesión del 7 de abril

El 20 de abril, ante la Comisión de Gobierno-Descentralización del Senado, el Subdirector PDI Ricardo Gatica y el Jefe Nacional de Migraciones de la PDI Ernesto León cuantificaron la dimensión del bloqueo: aproximadamente 6.000 expulsiones pendientes de ciudadanos venezolanos son hoy imposibles por falta de relaciones consulares, sesión del 20-04.

Etapa dos: dos proyectos avanzaron en sala. El Boletín 16.836-06 (perfeccionamiento de la expulsión administrativa), originado en mensaje del expresidente Boric pero adoptado por el gobierno entrante, fue aprobado en general por el Senado el 7 de abril por 35 a favor, 1 en contra, sesión del 07-04. El proyecto incorpora "orden público" como causal directa de expulsión, faculta a la PDI a ingresar a domicilios con autorización del Subsecretario y control judicial ex post, autoriza la captura de datos biométricos y aumenta a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso. El plazo de indicaciones fue ampliado al 6 de mayo a solicitud del senador Renzo Trisotti.

"Tenemos órdenes de expulsión que simplemente no se cumplen, no por falta de voluntad, sino porque el marco normativo no entrega herramientas efectivas para hacerlo. Este proyecto introduce por primera vez una facultad regulada para el ingreso a domicilios con control judicial." — Pedro Araya, senador, sesión del 7 de abril

La senadora Beatriz Sánchez sostuvo la observación más concreta de la oposición sobre indeterminación normativa: "La facultad que se da es para ingresar sin orden judicial previa, solo con la decisión administrativa. La Corte Suprema señala que el concepto de orden público es indeterminado" (sesión del 7 de abril).

El segundo proyecto, Boletín 17.474-06 (restricciones de beneficios fiscales a inmigrantes irregulares), fue aprobado por la Cámara el 24 de marzo por 95-48-7 (referido en debate de la sala del 23-03, sesión del 23-03). Establece que el Estado podrá priorizar atención médica y cobertura educativa a favor de nacionales frente a extranjeros en situación irregular y exige cédula de identidad vigente para postular a aportes económicos directos, subsidios habitacionales o el Registro Social de Hogares. Tres bancadas anunciaron reservas de constitucionalidad: Comunista, Frente Amplio y parte del PS.

Etapa tres: el ingreso clandestino fue rechazado en comisión. El Boletín 15.261-25, recibido en el Senado en segundo trámite con discusión inmediata, fue presentado por el Director Sauerbaum el 14 de abril, sesión del 14-04. Tipifica el ingreso por paso no habilitado o eludiendo control migratorio (presidio menor en grado mínimo, multa 5-10 UTM) y establece reglas procesales especiales: detención hasta cinco días, presunción de peligro de fuga por falta de identidad o medios económicos, expulsión obligatoria post condena, excepciones para refugiados y NNA.

Entre el 14 y el 21 de abril, la Comisión escuchó al INDH (Yerko Ljubetic), al Servicio Jesuita a Migrantes (Gabriela Hilliger), a la PDI, a la Fundación Libera (Carolina Rudnick), al académico Tomás Pascual de la Universidad Alberto Hurtado, al ACNUR (Rebeca Cenalmor) y a la Defensora Nacional Penal Pública Verónica Encina. Cuatro de las exposiciones convergieron en el mismo punto técnico:

"Bajo la vigencia del decreto 1094, que rigió desde el año 75 hasta la dictación de esta nueva norma, y que penalizaba… si uno mira las cifras… esta fue aumentando durante su vigencia, hasta llegar a las cifras máximas precisamente el año anterior al que fuera reemplazado." — Yerko Ljubetic, Director del INDH, sesión del 15 de abril

"El año 2021 estaba todavía vigente la ley antigua, el decreto ley 1094, que tipificaba el ingreso irregular como delito y registró el pico de ingresos irregulares. Por lo tanto, tampoco tiene un efecto disuasivo." — Tomás Pascual, U. Alberto Hurtado, sesión del 20 de abril

"Ningún país de la región de América Latina tipifica el ingreso irregular como delito. Ninguno." — Tomás Pascual, U. Alberto Hurtado, sesión del 20 de abril

"La sanción penal no disuadió cuando existía, y la reducción del ingreso irregular ocurrió cuando dejó de existir la sanción penal." — Verónica Encina, Defensora Nacional Penal Pública, sesión del 21 de abril

A la objeción de eficacia se sumó la cuestión de costos. La Defensora Nacional Penal Pública señaló que el costo aproximado de mantener a una persona privada de libertad es de un millón de pesos mensuales. La PDI advirtió que el proyecto no tenía cuantificación de los costos institucionales adicionales. Y en términos cuantitativos, la propia PDI presentó datos que apuntaban a una reducción ya en curso: las denuncias por ingreso ilegal cayeron de 56.586 (2021) a 26.275 (2025), sesión del 20-04.

El 21 de abril la Comisión rechazó la idea de legislar 3 votos contra 2: Astudillo, Castro y Velásquez en contra; Longton y Trisotti a favor, sesión del 21-04. El día siguiente en sala, el Comité Unido (senadores Núñez y Pascual) pidió segunda discusión y la votación quedó postergada, sesión del 22-04. El 4 de mayo, la Comisión recibió a tres constitucionalistas (Marisol Peña, Francisco Zúñiga y Tomás Jordán) sobre el quórum del nuevo artículo 119 ter; Peña y Zúñiga sostuvieron que es ley común, Jordán sostuvo opinión mixta, sesión del 04-05. La votación de quórum quedó programada para la sala del miércoles siguiente.

"La migración irregular no se controla con simbolismo, se controla con herramientas que funcionen. Este proyecto tiene más de titular que de solución. Es una ley diseñada para el aplauso, no para funcionar." — Daniza Astudillo, senadora por Tarapacá y presidenta de la Comisión, sesión del 22 de abril

"Los líderes del Tren de Aragua no cruzaron el desierto de Atacama, no entraron escondidos. Carlos González Vaca, alias el Estrella, condenado a cadena perpetua en Iquique, entró con visa de turista. Los criminales de verdad no cruzan el desierto, entran con documentos. Este tipo penal no los habría tocado nunca." — Daniza Astudillo, senadora, sesión del 22 de abril

Etapa cuatro: despliegue del Plan Escudo Fronterizo. El 20 de abril, en una Comisión de Zonas Extremas transmitida en sala, el Subsecretario del Interior Máximo Pavez y el Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte —el Vicealmirante (R) Alberto Soto Valenzuela, ex Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval— detallaron el avance, sesión del 20-04. El plan se organiza en tres ejes: control de movimiento transfronterizo (zanjas, muros, drones, vigilancia electrónica), gestión de pasos formales (Chacalluta, Colchane, Hito Cajón, Ollagüe) y reforma legislativa.

"En este momento, tenemos un 90% de reconducción con Bolivia. De algo más de 170 casos de ciudadanos que ingresaron irregularmente el mes pasado, el 90% fue reconducido… Esto ocurre con Bolivia, pero no con Perú." — Alberto Soto, Comisionado Presidencial Macrozona Norte, sesión del 20 de abril

Soto informó que se habían intervenido 12 km de los 60 km planificados al cierre del período. El Ministerio del Interior proyectó pasar de 44 a 75 pasos no habilitados con monitoreo en una primera fase, sobre un total estimado de 90 pasos en una extensión de 500-600 km. En paralelo, el 15 de abril el diputado Carlos Carvajal (PPD, Tarapacá) reportó en sala el caso de "sujetos extranjeros" detenidos en Colchane usando una retroexcavadora cerca del trazado del escudo fronterizo, sesión del 15-04. Y en la Comisión de Seguridad Ciudadana del 20 de abril, el diputado Jaime Araya (Antofagasta) tensionó la frontera con un dato adicional: "Se han incautado en los primeros dos meses del año 22 toneladas de droga en Chile. De esas 22 toneladas, 20 corresponden a la región de Antofagasta y son de marihuana" (sesión del 20-04).

Etapa cinco: el control de identidad, postergado. El proyecto que modifica la Ley 20.931 para autorizar control de identidad preventivo con registro de vestimentas, equipaje y vehículos en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas e inmediaciones (Boletín 15.258-25) recibió urgencia suma del Ejecutivo Kast el 25 de marzo, sesión del 25-03. El 6 de abril la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó por unanimidad invitar a Ministerio Público, Defensoría, INDH, PDI, Carabineros y Servicio Nacional de Migraciones, sesión del 06-04. El 15 de abril la votación particular fue postergada al 4 de mayo y se acordó mesa técnica con asesores, sesión del 15-04. La objeción técnica del diputado Leiva fue la siguiente: la lista de "instalaciones estratégicas" (hospitales, puertos, aeropuertos, infraestructura de transporte, sedes de poderes del Estado, infraestructura sanitaria y energética) abarca buena parte del territorio urbano.

La cárcel como nuevo frente: Gendarmería y "pelotazos"

El sistema penitenciario emergió como el segundo gran eje. El 17 de marzo, el Senado aprobó en general por 41 a favor, 2 en contra, 1 abstención la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín 18.032-7), sesión del 17-03. El proyecto modifica los artículos 57, 101, 102 y 105 de la Constitución, traslada Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, dispone la disolución de las asociaciones de funcionarios y mandata el envío de un proyecto que cree un servicio especializado en reinserción social en un plazo de doce meses. La senadora Pascual (PC) hizo reserva de constitucionalidad por presunta vulneración del artículo 19 N°19 (libertad sindical) y de los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT.

"Hoy día tenemos un hacinamiento enorme en nuestras cárceles; tenemos aproximadamente 65.000 internos para una capacidad de 40.000. Estamos legislando permanentemente para que las cárceles no se transformen en centros de operación de grupos de narcotráfico." — Luciano Cruz-Coke, senador (Evópoli), sesión del 17 de marzo

"Desde el año 2014 hasta hoy, han ocurrido más de 460 homicidios dentro de las cárceles. Ni hablar de los incrementos en las incautaciones de droga, que han aumentado más de un 1200%, las extorsiones más de un 5100%, las amenazas más de un 2795%, y las agresiones más de un 41%." — Andrés Longton, senador (RN), sesión del 17 de marzo

Al día siguiente, el Senado aprobó por unanimidad (41-0) el Boletín 16.569-25 / 16.984-25 sobre seguridad perimetral de los recintos penales (los "pelotazos"), sesión del 18-03. El proyecto amplía el artículo 304 bis del Código Penal para tipificar el ingreso, intento de ingreso o facilitación del ingreso de objetos prohibidos por cualquier medio, incluyendo lanzamientos desde el exterior, con presidio menor en grado mínimo a medio. El senador Sangüesa (UDI) entregó el dato de contexto: "Durante nuestro gobierno avanzamos en la implementación de inhibidores de señal, y los operativos realizados han permitido incautar más de 20.000 teléfonos en los centros penitenciarios".

El proyecto volvió a la Cámara para tercer trámite. El 6 de abril, la Cámara rechazó las modificaciones del Senado por 16 votos a favor, 124 en contra, 5 abstenciones, sesión del 06-04. El argumento técnico transversal lo articuló el diputado Marcos Ilabaca (PS):

"Ninguna ley puede establecer pena sin que la conducta sancionada esté expresamente descrita en ella. No se puede dejar entregado al reglamento, a una norma infralegal o al criterio del persecutor o del juez definir qué es aquello que finalmente va a ser castigado." — Marcos Ilabaca, diputado (PS), sesión del 6 de abril

El proyecto pasó a Comisión Mixta el 8 de abril. La Cámara designó como integrantes a Cristián Araya, Eduardo Cretón, Tatiana Urrutia, Mauro González y Javier Olivares, sesión del 08-04.

En paralelo, la Cámara aprobó el 18 de marzo el Boletín 16.944-25 (tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria) por 142 a favor y 1 abstención, sesión del 18-03. El diputado Cristián Araya, autor original, sintetizó el argumento de fondo: "Hay una máxima en seguridad ciudadana que creo que es fundamental repetir, que dice que si se pierde el control de la cárcel, se pierde el control de la calle". El proyecto pasó al Senado.

La estrategia del Ejecutivo se completó con el anuncio del traspaso administrativo de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad y un comité de expertos iniciado en abril, según informó la ministra Steiner el 8 de abril, sesión del 08-04. El gobierno anticipó la reorganización con realocaciones internas de líderes de organizaciones criminales. Y el subsecretario de Justicia oficio a la Comisión de Seguridad Ciudadana el traslado interno desde la cárcel de Santiago al nuevo complejo penitenciario de Talca, asociado al "Cartel de los Soles" venezolano, sesión del 25-03.

Inteligencia Económica: el secreto bancario y el oficialismo

El Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín 15.975-25) concentró uno de los conflictos políticos del período. Crea un sistema autónomo integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, presidido por la UAF, con régimen de secreto reforzado y exclusión casi total de la Ley de Transparencia.

La Cámara lo aprobó en general el 5 de marzo por 120 votos a favor, sesión del 05-03. El punto más controvertido —la facultad excepcional de la UAF para requerir información bancaria sin autorización judicial en tres casos tasados— fue aprobado en la votación particular 64 a favor, 58 en contra, 4 abstenciones, con reserva de constitucionalidad del diputado Felipe Donoso. El argumento del oficialismo lo sintetizó el diputado Jaime Sáez:

"Cuando hablamos de crimen organizado, muchas veces pensamos en armas, en violencia o en el narcotráfico, pero el verdadero corazón del crimen organizado es el dinero. Si el Estado no es capaz de seguir la ruta del dinero, simplemente está peleando con una venda en los ojos." — Jaime Sáez, diputado, sesión del 5 de marzo

En tercer trámite, el Senado escuchó al Subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez los días 14 y 21 de abril, Senado 14-04 y Senado 21-04. La posición del Ejecutivo fue clara: rechazar el levantamiento administrativo del secreto bancario por la UAF e ir a Comisión Mixta. La Comisión de Seguridad Pública del Senado se pronunció en el sentido contrario.

"El levantamiento del secreto bancario en Chile es suficientemente ágil, se produce a través de la UAF en menos de 24 horas, un alto porcentaje, muy cercano al 100%, de esto sí se concede. Es artificial seguir insistiendo en que esto no sería como la praxis." — Senador Carlos Bianchi, sesión del 21 de abril

"El director de la UAF es nombrado por Alta Dirección Pública. Es decir, es un cargo de confianza del Presidente de la República. Si pudiera tener la potestad de, sin control de legalidad, intrusivamente estar en las cuentas de los funcionarios públicos. Nosotros hemos visto en la administración pública en los últimos años procesos y personas complicadas jurídicamente, judicialmente por eso." — Senador (Cristian) Vial, sesión del 21 de abril

La votación arrojó una configuración de votos cruzada: el artículo 11 numeral 2 literal B (secreto bancario en sede administrativa) fue aprobado 3-2 en el sentido de la enmienda de la Cámara, contra la recomendación del Ejecutivo. A favor del rechazo a ir a mixta votaron Castro y Araya (oposición) junto al presidente de la Comisión; en contra, Vial y Longton (oficialismo). El 22 de abril, en sala, el Ejecutivo retiró la urgencia de discusión inmediata; la senadora Pascual dejó constancia del desacuerdo entre el Gobierno y la votación de la propia comisión, sesión del 22-04.

A la inteligencia financiera contra el crimen organizado se sumaron dos proyectos en la Comisión de Gobierno Interior. El 21 de abril, esa comisión inició la discusión general del Boletín 16.808-25, que incorpora a las empresas de transporte de carga aérea, marítima y terrestre como entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UAF, sesión del 21-04. El diputado Cristián Araya, autor principal, fundamentó:

"Las Naciones Unidas calculan que el comercio ilícito mueve aproximadamente 250 mil millones de dólares todos los años. En el caso de Chile, hoy hay un pronunciamiento de la CPC de marzo, que junto a 28 gremios hicieron una estimación que estamos hablando de cerca del orden de 8 mil millones de dólares. Cerca del 50% de los cigarrillos que se venden en Chile son de un origen ilegal." — Cristián Araya, diputado, sesión del 21 de abril

Macrozona sur, identidad fronteriza y endurecimiento penal

La cuadragésima novena prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío —la primera bajo el gobierno Kast— fue aprobada por el Senado el 24 de marzo por 40 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones, 1 pareo, sesión del 24-03. El Ministro del Interior Claudio Alvarado sostuvo el argumento del Ejecutivo:

"A estas alturas, nadie niega que en la macrozona sur enfrentamos una crisis que se ha convertido en una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Hemos recurrido a nuestras Fuerzas Armadas, porque ha sido evidente que lo que sucede en aquella zona supera el ámbito puramente policial." — Claudio Alvarado, Ministro del Interior, sesión del 24 de marzo

El propio Ministro entregó las siguientes cifras:

"Según reporta Carabineros, se ha generado una disminución cercana al 80% en los eventos violentos de la macrozona sur durante los últimos cinco años. Sin embargo, durante este año se ha registrado un aumento del 10% en la violencia presente en la macrozona sur, en comparación con el mismo período anterior." — Claudio Alvarado, Ministro del Interior, sesión del 24 de marzo

La ministra Steiner, por su parte, había informado en la Comisión de Seguridad Ciudadana el 23 de marzo otro dato: 75 eventos de violencia rural entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 (1% menos que igual período de 2025), con La Araucanía concentrando el 91% de los casos, sesión del 23-03.

El debate dejó constancia de tres posiciones sobre la prórroga sucesiva. El senador Vial (Republicano por el Maule) la planteó así:

"Chile no puede llegar a un punto en que la seguridad interior dependa, estructuralmente, de las Fuerzas Armadas. Eso es peligroso. Mientras más se prolonga esta situación, más difícil es retroceder." — Cristian Vial, senador, sesión del 24 de marzo

"Voy a votar favorablemente una nueva prórroga y seguiremos votando favorablemente las nuevas prórrogas hasta que logremos implementar lo que fue la propuesta de la Comisión de Paz y Entendimiento. La única posibilidad es implementar la propuesta de la Comisión de Paz y Entendimiento." — Iván Flores, senador, sesión del 24 de marzo

El 21 de abril, la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado en sesión unidas convocó a los Ministros de Interior, Defensa y Seguridad Pública, además del Director de Inteligencia de la PDI, para tratar la situación de la Macrozona Sur. La sesión fue declarada secreta apenas iniciada y no quedó registro público de sus acuerdos, sesión del 21-04.

Las modificaciones al Código Penal en el período avanzaron por varios cauces. La modificación a la Ley 20.000 con agravantes para sustancias capaces de producir graves efectos tóxicos en pequeñas cantidades (fentanilo, ketamina, metanfetamina, carfentanilo, etonitazeno) fue aprobada en la Cámara el 23 de marzo por 130 a favor y 12 en contra, sesión del 23-03. El proyecto cambia el eje desde "cantidad" a "peligrosidad" de la sustancia y suprime la referencia al grado de pureza en el artículo 43. Despachado a ley el 7 de abril, sesión del 07-04.

"El fentanilo, el año 2024, mató en Estados Unidos a 83 mil personas por sobredosis. Es una droga ciento treinta veces más potente que la morfina y mil veces más adictiva." — Iván Flores, senador, sesión del 7 de abril

El proyecto de "robo por tumulto o multitud" (turbazos) fue despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana el 13 de abril (13-0), sesión del 13-04, y aprobado por la Cámara el 22 de abril por 149 votos a favor y 1 abstención, sesión del 22-04. Modifica el artículo 439 del Código Penal: el actuar simultáneo y conjunto de dos o más sujetos en lugares cerrados configura intimidación, calificando los hechos como robo con intimidación (presidio mayor en grado mínimo a máximo: 5 años y un día a 20 años) y no como hurto. El diputado informante Mauro González sostuvo en sala el dato cuantitativo: "De acuerdo con la información obtenida del sistema AUPOL, los turbazos han tenido una evolución de un 150% entre el año 2023 y 2024".

Tres proyectos del oficialismo no se cerraron en el período. El Boletín 17.690-07 (intervención de Fiscalía Militar en delitos de espionaje), originado por la detención en Pozo Almonte de dos ciudadanos bolivianos al interior de una base aérea con un croquis del recinto, fue rechazado en la Cámara el 14 de abril por 76 a favor, 63 en contra, 5 abstenciones; faltó el quórum orgánico constitucional de 78, sesión del 14-04. La diputada Lorena Fríes formuló la objeción: "Permite que personas civiles sean sometidas, aunque sea inicialmente, a la justicia militar. Y ese 'aunque sea' no es menor". El proyecto sobre flagrancia ampliada (Bol. 16.481-25) y el de identificación en transporte interregional (Bol. 16.703-25) salieron a Comisión Mixta el 24 de marzo tras el rechazo del Senado a las enmiendas de la Cámara, sesión del 24-03.

La Cámara aprobó tres resoluciones de respaldo a Carabineros y a la actuación policial en octubre de 2019 con las siguientes votaciones:

La Resolución N° 3 (UDI), pidiendo al Presidente Kast respaldar el accionar de Carabineros en octubre de 2019 y condenando al Frente Amplio y al Partido Comunista, fue aprobada 74 a favor, 50 en contra, 15 abstenciones el 8 de abril, sesión del 08-04. La Resolución N° 25, solicitando "la más severa reacción policial ante hechos de desórdenes, desmanes y violencia que persigan alterar el orden público", fue aprobada 90 a favor, 34 en contra, 5 abstenciones el 14 de abril, sesión del 14-04. Y la Resolución N° 4, condenando el "intento de golpe de Estado blando" de octubre de 2019, fue aprobada el 15 de abril por 69 a favor, 52 en contra, 13 abstenciones, sesión del 15-04.

Crisis tempranas y bloqueos institucionales

Tres episodios marcaron las primeras semanas del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

El oficio reservado N° 28 y la salida de Consuelo Peña. La ministra Steiner firmó el 13 de marzo un oficio reservado solicitando antecedentes a la PDI sobre la causa RUC 250095803-K ("Clanchén"), una investigación en la que ella había intervenido como exfiscal regional de Tarapacá antes de asumir el Ministerio. La filtración del oficio coincidió con el llamado a retiro de la prefecta general Consuelo Peña San Miguel, Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. El diputado Raúl Leiva fijó la objeción institucional el 23 de marzo:

"Podría haber una desviación del poder, dado que el oficio se basa en hechos que la ministra conoció en su anterior cargo como fiscal de Tarapacá, y no en su actual función como ministra de Seguridad." — Diputado Raúl Leiva (PS), sesión del 23 de marzo

La ministra Steiner anunció denuncias administrativa y penal por la filtración. El 6 de abril, ante la Comisión, el Director General de la PDI Eduardo Cerna Lozano declinó pronunciarse sobre el oficio amparado en el deber de reserva: "Quien toma las decisiones en la PDI es este Director General, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma" (sesión del 6 de abril). El 8 de abril, la ministra ratificó ante la Comisión de Seguridad del Senado: "Esta decisión, reitero, fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No" (sesión del 8 de abril).

El bloqueo del ingreso de subsecretarios. Como se reseñó en la primera sección, entre el 25 de marzo y el 20 de abril la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara funcionó sin que el subsecretario Jouannet ni la subsecretaria Quintana pudieran exponer formalmente, por bloqueo opositor a la unanimidad. El conflicto tuvo dos componentes: el subsecretario de Justicia Luis Silva Irarrázabal recibió varios rechazos al ingreso en sesión plenaria de la Cámara, y la designación del diputado informante por el oficialismo se convirtió en el foco del desacuerdo institucional.

La sesión secreta de Defensa+Seguridad unidas. El 21 de abril, ante la primera comparecencia del Ejecutivo en sesión unidas sobre la macrozona sur, la Comisión declaró el carácter secreto de la sesión apenas iniciada. Comparecieron los ministros de Interior, Defensa y Seguridad Pública, junto al Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Director de Carabineros, el Director General de la PDI y el Director de Inteligencia de la PDI. No quedó registro público de los acuerdos, sesión del 21-04.

A los tres episodios se sumaron señales adicionales. El convenio firmado entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Estado de EE.UU. para Control de Armamento (FBI/PDI), informado en la Comisión de Seguridad Ciudadana del 20 de abril, motivó un oficio para clarificar si "agentes del FBI están operando en Chile" tras una declaración pública atribuida a la ministra que generó observación constitucional, sesión del 20-04. Y en cuatro sesiones consecutivas, el diputado Jaime Araya pidió la discusión inmediata de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en Comisión Mixta desde el 12 de mayo de 2025; la Comisión rechazó por 6 votos a favor y 7 abstenciones oficiar al Ejecutivo para urgir su tramitación, sesión del 13-04.

Conclusiones

Tres patrones se observan en el primer tramo del gobierno Kast en materia de seguridad y migración.

El primero es la distancia entre el anuncio de emergencia y la composición de las urgencias. Las urgencias renovadas por el Ejecutivo recayeron sobre mociones parlamentarias preexistentes de Chile Vamos y Republicanos. Los proyectos con mayor avance en el Senado (expulsión administrativa, Ley 20.000) habían sido iniciados o impulsados por el gobierno anterior. El proyecto identificado en campaña como prioritario (Boletín 15.261-25 sobre ingreso clandestino) fue rechazado en comisión 3-2 tras cinco audiencias técnicas.

El segundo es que se registran más avances con votación efectiva en la dimensión penitenciaria que en la dimensión fronteriza. La cárcel concentró la mayoría de los hitos: reforma constitucional de Gendarmería aprobada en general, daños penitenciarios despachados al Senado, "pelotazos" en Comisión Mixta, traspaso administrativo en marcha y Plan Cancerbero anunciado. La frontera norte avanzó en infraestructura física: la zanja en construcción (12 de 60 km), pasos no habilitados aún en mayoría sin monitoreo y el control de identidad preventivo (Boletín 15.258-25) postergado al 4 de mayo.

El tercero son los rechazos o empantanamientos en proyectos con alta visibilidad política. El Boletín 17.690-07 (Fiscalía Militar/espionaje) cayó por quórum orgánico constitucional. La idea general del Boletín 15.261-25 (ingreso clandestino) fue rechazada en comisión 3-2 después de cinco audiencias técnicas que coincidieron en dos puntos: la sanción penal del ingreso irregular bajo el DL 1094 no fue disuasiva (peak 2021) y ningún país de América Latina la aplica hoy. El levantamiento del secreto bancario en sede administrativa dividió al oficialismo en el Senado y separó al Ejecutivo de la Comisión de Seguridad Pública. Las Reglas de Uso de la Fuerza llevan más de un año en Comisión Mixta sin constituirse.

Mayo concentra dos frentes inmediatos. Entre el 4 y el 6, la Sala del Senado debe resolver el quórum del proyecto de ingreso clandestino y, eventualmente, votarlo en general. El 6 de mayo vence el plazo de indicaciones del proyecto de expulsión administrativa, ya aprobado en general 35-1. Y el control de identidad preventivo en zonas fronterizas tiene votación postergada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara para esa misma semana.

Anexo: Fuentes Consultadas