Resumen Ejecutivo

Entre el 7 de abril de 2025 y el 7 de abril de 2026, el proyecto de ley conocido como "Sala Cuna Universal" o "Sala Cuna para Chile" avanzó significativamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. La indicación sustitutiva del Ejecutivo (gobierno de Gabriel Boric) eliminó el umbral de 20 trabajadoras del artículo 203 del Código del Trabajo, amplió el derecho a padres y trabajadores independientes, y creó un Fondo de Sala Cuna administrado por el Instituto de Previsión Social. Entre octubre y noviembre de 2025, la Comisión votó y aprobó —en varios casos por unanimidad— siete artículos del articulado.

Pese al avance, el proyecto llegó al cambio de gobierno con nudos críticos sin cerrar: la posibilidad de copago, el tope de administración del 8% del Fondo, el alcance de la facultad del IPS para licitar funciones, el requisito de Reconocimiento Oficial del Mineduc como condición para que los prestadores accedan a recursos, y la situación de los trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. El plazo de indicaciones se extendió hasta el 18 de noviembre de 2025 con compromiso de seguir trabajando un acuerdo.

Tras la asunción del nuevo gobierno el 11 de marzo de 2026, no se registran en las transcripciones revisadas pronunciamientos formales del nuevo Ejecutivo sobre la continuidad del proyecto. La única señal política identificada en este período proviene de una intervención del diputado César Valenzuela en la Sala de la Cámara del 18 de marzo, en la que denunció una decisión del Ejecutivo de paralizar la tramitación. No se ha verificado en las transcripciones una respuesta oficial del nuevo gobierno a esta denuncia.

Fuente: elaboración propia a partir de parlamento.ai.

Nota sobre fuentes y datos

Fuentes primarias (verificadas): 28 transcripciones parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados entre abril de 2025 y abril de 2026, procesadas y almacenadas en parlamento.ai. Todas las citas textuales enlazan a la transcripción original.

Fuentes secundarias (referenciadas): Datos numéricos, estimaciones y estudios mencionados por parlamentarios, ministros o expositores invitados. En todos los casos se atribuyen explícitamente a su autor y a la sesión en que fueron enunciados. No se han verificado contra fuentes estadísticas externas.

Diario Oficial: La búsqueda en el Diario Oficial de Chile durante el período no devolvió publicaciones normativas relevantes para el proyecto en análisis (las dos publicaciones encontradas corresponden a actos administrativos internos sin relación con el proyecto de ley).

El proyecto: arquitectura de la indicación sustitutiva

El proyecto que se discute en el Senado durante el período es una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo del gobierno de Gabriel Boric. Modifica el artículo 203 del Código del Trabajo y crea un nuevo mecanismo de financiamiento.

La presentación inicial al Senado se realizó en la Comisión de Trabajo del 7 de mayo de 2025, con la intervención del Ministro del Trabajo Giorgio Boccardo y la Subsecretaría del Trabajo, Claudia Donaire. Boccardo enmarcó la iniciativa en términos históricos: el artículo 203 data de 1917, y el umbral de 20 trabajadoras se incorporó en 1978.

Los componentes centrales del proyecto, según fueron expuestos por el Ejecutivo en la Comisión de Educación del 2 de diciembre de 2025, son tres:

1. Modificación del artículo 203: elimina el umbral de 20 trabajadoras; extiende el derecho a trabajadores dependientes (hombres y mujeres), independientes, de casa particular y a padres con cuidado personal del menor.
2. Fondo de Sala Cuna administrado por el Instituto de Previsión Social, con patrimonio independiente, financiado por una cotización de los empleadores y por aportes anuales del Fisco.
3. Comisión Técnica que fija los montos máximos de matrícula y mensualidad que el Fondo entregará a los prestadores, con posibilidad de diferenciación regional.

El esquema de financiamiento

El financiamiento combina aportes del empleador y aporte fiscal. Según expuso el Ministro Boccardo en la Comisión de Educación del 2 de diciembre, la cotización a cargo del empleador es del 0,3% de la remuneración imponible, compensada con una rebaja del 0,1% en la cotización del Seguro de Cesantía. El impacto neto para el empleador, según esta presentación, es cercano al 0,2%. Boccardo explicó que el porcentaje original era del 0,2% y que se elevó a 0,3% "ante la preocupación compartida respecto de la insuficiencia de ese financiamiento para cubrir el derecho".

En la Comisión de Trabajo del 2 de julio de 2025, el Ejecutivo informó que el aporte fiscal estimado para los primeros cinco años es de 667.000 UTM anuales, equivalente —según la cifra entregada en la sesión— a aproximadamente 46.200 millones de pesos.

Una decisión técnica relevante adoptada durante la tramitación fue eliminar del proyecto el monto fijo por causante y delegarlo a la Comisión Técnica. La cifra inicial, mencionada durante varias sesiones, era de 4,11 UTM (~$283.000), valor cuestionado repetidamente por insuficiente. En la Comisión de Trabajo del 18 de junio, un expositor del sector pyme lo planteó así:

"Este proyecto de ley es antipyme… obliga a financiar la sala cuna. El monto que ya ha sido mencionado en todas las presentaciones cubrirá hasta 4,11 UTM (283.000 pesos), y el valor de la sala cuna promedio nacional es de 477.000 pesos, según un estudio de Enenred Chile 2025. Algo no cuadra." — Expositor del sector pyme, Sesión del 18 de junio de 2025

El avance: siete artículos aprobados en cuatro semanas

Entre el 8 de octubre y el 5 de noviembre de 2025, la Comisión de Trabajo del Senado pasó de las audiencias a la votación en particular del articulado. Es el período de mayor productividad del proyecto en todo el ciclo revisado.

Fuente: elaboración propia a partir de las sesiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El 8 de octubre, la Comisión aprobó el artículo 203, que constituye el corazón del proyecto. En la sesión del 15 de octubre, el Ministro Boccardo describió la decisión así:

"A juicio del Ejecutivo, se logró algo histórico: eliminar el mínimo de 20 trabajadoras… eliminar la exclusividad de la obligación de los empleadores respecto de las trabajadoras e incorporar a los padres trabajadores." — Giorgio Boccardo, Sesión del 15 de octubre de 2025

En esa misma sesión, la Comisión aprobó cuatro artículos más:

La senadora Alejandra Sepúlveda, presidenta de la Comisión durante varias de las sesiones revisadas, expresó la urgencia política del avance:

"Nosotras, las mujeres, hemos esperado esto durante tanto tiempo. No quiero salir de este Congreso sin tener este proyecto aprobado." — Alejandra Sepúlveda, Sesión del 15 de octubre de 2025

Tres semanas después, en la sesión del 5 de noviembre, la Comisión aprobó por unanimidad los artículos 5 (beneficiarios del Fondo, incluyendo trabajadoras de casa particular y trabajadores independientes) y 8 (rol del IPS y la Tesorería). Pero la votación se detuvo en el artículo 9.

Los nudos sin resolver

A pesar del avance, varios puntos del proyecto quedaron pendientes al cierre del ciclo legislativo del gobierno saliente. Tres de ellos fueron los más persistentes en el debate.

El copago

La principal condición de la oposición para apoyar el proyecto en su conjunto fue evitar que el sistema termine generando un copago a las pymes o a las familias. El senador José García Ruminot lo planteó explícitamente al fundar su abstención en el artículo 204:

"Me voy a abstener porque creo que primero tenemos que resolver el tema de que no exista copago; para mí, la norma del 204 tiene sentido en la medida en que hay copago, porque si no, al final es el fondo el que garantiza que los niños tengan acceso a la sala cuna." — José García Ruminot, Sesión del 15 de octubre de 2025

La senadora Sepúlveda compartió la preocupación desde el oficialismo en la sesión del 7 de julio:

"Escuché al ministro Boccardo y él señaló que la idea del Ejecutivo es que todo esto se pague con el Fondo Sala Cuna. Y a mí eso me interpreta, porque es lo que nosotros también queremos: que no haya copago por parte de los empleadores, ya que eso afectaría fuertemente a las pymes." — Alejandra Sepúlveda, Sesión del 7 de julio de 2025

El compromiso de redacción fue explícito, pero su materialización en el articulado quedó pendiente.

El 8% de administración del Fondo

El artículo 9, que regula las funciones del IPS y la facultad de subcontratar tareas vía licitación pública, fue el primer punto donde la votación se detuvo. El senador Carlos Bianchi cuestionó tanto el porcentaje como el alcance de la delegación:

"El 8% me parece alto… cuando nos dicen 'se podrá', nos señalan que no necesariamente esto va a ocurrir. Pero no me traten con ingenuidad… se va a instalar una empresa a hacer esto y va a sacar el máximo que se pueda." — Carlos Bianchi, Sesión del 5 de noviembre de 2025

El Ministro Boccardo señaló en esa misma sesión que el porcentaje ya había sido rebajado desde un 13% inicial y manifestó disposición a acotarlo más. Sepúlveda, por su parte, propuso delimitar funciones indelegables —fiscalización, recepción de reclamos— para evitar que un privado opere "como juez y parte".

El Reconocimiento Oficial del Mineduc

La indicación sustitutiva exige que solo los establecimientos con Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación puedan recibir aportes del Fondo. El plazo de transición fue fijado por el Ejecutivo hasta 2034, vinculado a la Ley de Modernización de Educación Parvularia. El Ministro de Educación Nicolás Cataldo lo describió como un punto "intransable" en la Comisión de Educación del 17 de diciembre.

La objeción técnica vino de Idea País en la sesión del 13 de enero de 2026: el requisito excluiría inmediatamente a los establecimientos privados con autorización de funcionamiento que aún no tienen reconocimiento oficial. Como ejemplo concreto, los expositores señalaron que en Iquique 9 de 25 establecimientos particulares quedarían fuera del sistema, sin que la oferta pública pueda absorber esa demanda en el corto plazo.

El mapa de actores: a favor, en contra, condicionados

Las audiencias del Senado entre mayo de 2025 y enero de 2026 mostraron un mapa fragmentado, donde la línea entre apoyo y rechazo no coincide con los bloques políticos tradicionales.

La crítica desde la educación parvularia pública

Una parte importante del rechazo al proyecto provino de organizaciones vinculadas a la educación parvularia pública. La Confederación Nacional VTF, en la Comisión de Trabajo del 28 de mayo, planteó que el subsidio del Fondo terminaría siendo accesible a empresas que ya tienen la obligación de costear sala cuna, generando un subsidio regresivo. La eliminación del bono compensatorio, dijeron, contraviene la Ley 21.430 de Garantías de la Niñez y deja sin alternativa a quienes hoy lo usan por razones de salud del menor o de cobertura territorial.

La Fundación Integra, representada por sus trabajadoras en la Comisión de Educación del 13 de enero de 2026, formuló el rechazo en términos más estructurales:

"Este proyecto, que se presenta como una modificación del proyecto de sala cuna universal, ahora denominado 'Sala Cuna para Todos', tiene la misma intención de permitir que el mercado ingrese en este ámbito… La alternativa futura que se vislumbra con este proyecto es la privatización, ya sea a través de la entrega de vouchers o de un sistema de financiamiento." — Trabajadoras de Fundación Integra, Sesión del 13 de enero de 2026

El Ministro Cataldo respondió en la misma sesión que el proyecto no privatiza, sino que amplía la oferta pública al permitir por primera vez que JUNJI, Integra y los VTF reciban recursos del Fondo, modalidad que antes les estaba vedada por el carácter privado del derecho.

APROJUNJI (asociación de trabajadores de JUNJI) tuvo una postura más matizada, reconociendo aspectos positivos del proyecto pero exigiendo claridad sobre si los recursos serían frescos o reasignación del presupuesto basal. Su tesorero Luis Daza y la presidenta Catherine Valle propusieron que la administración del Fondo pasara a la Subsecretaría de Educación Parvularia en lugar del IPS.

La crítica desde el sector empresarial

La oposición desde el lado empresarial provino principalmente de la Multigremial Nacional, expuesta por Juan Pablo Sued en la Comisión de Educación del 17 de diciembre de 2025. Según su presentación, la Multigremial representa más de 224 gremios y más de 110 firmaron una carta respaldando la posición.

El argumento central no fue el rechazo al financiamiento mediante cotización, sino la coexistencia de dos obligaciones para el empleador:

"Si nos aseguran que son solo 2.000 pesos o 1.900 pesos por trabajador y que no hay otro tipo de interpretación, nosotros firmamos mañana y celebramos este proyecto. Sin embargo, tal como están las cosas hoy, no es así." — Juan Pablo Sued, Sesión del 17 de diciembre de 2025

Sued advirtió sobre el riesgo de judicialización citando, según su presentación, fallos donde se ha obligado al empleador a indemnizar hasta 12,8 UF mensuales por trabajadora. Para una microempresa de 20 a 30 trabajadores, según las estimaciones expuestas, la cotización representaría entre 600 y 700 mil pesos al año, cifra que en su análisis equivale a alrededor del 20% de la utilidad anual de una empresa de ese tamaño.

La crítica con propuesta alternativa

El centro de estudios Horizontal expuso en la Comisión de Trabajo del 4 de junio de 2025 una propuesta de financiamiento basada en destinar una fracción de la cotización del Seguro de Cesantía al Fondo. Su ejercicio de simulación, según fue presentado, estimaba un costo fiscal adicional de entre 0,06% y 0,11% del PIB, tomando como base un valor promedio de sala cuna de $473.000. Horizontal también planteó la posibilidad de admitir copago para familias de mayores ingresos, propuesta que no fue acogida por el Ejecutivo ni por los senadores.

El apoyo desde la sociedad civil organizada

Tres expositores acompañaron al Ejecutivo en la defensa del proyecto: Corporación Humanas, el Movimiento Sala Cuna Hoy (que agrupa 26 organizaciones según expusieron sus voceras) y Chile Mujeres.

En la Comisión de Educación del 13 de enero de 2026, Francisca Junemann (Chile Mujeres) presentó datos de un estudio realizado con el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y la Cámara de Comercio de Santiago. Según la presentación, el estudio identificaba aproximadamente 25.000 mujeres con hijos menores de dos años en situación de cesantía buscando empleo sin éxito; estimaba una brecha de participación laboral entre hombres y mujeres del quintil más bajo cercana al 60%; y proyectaba un potencial de creación de empleos de entre 15.000 y 150.000, con un impacto en el PIB de entre 0,1% y 0,8%. Estas cifras provienen de la presentación de Chile Mujeres y no han sido verificadas contra el estudio original.

La discusión paralela: el enfoque educativo vs. el enfoque laboral

Una tensión transversal recorre todas las audiencias: si el proyecto pertenece al ámbito laboral —su origen y su ubicación normativa actual— o al ámbito educativo. La senadora Yasna Provoste, en la Comisión de Educación del 17 de diciembre, formuló la crítica en estos términos:

"Aunque se denomina 'Sala Cuna Universal', casi no menciona a los niños y niñas, que son la razón de ser de esta iniciativa. En este proyecto se menciona quince veces más en proporción a los niños los temas de trabajadoras y cotizaciones, pero desaparecen nuestros niños." — Yasna Provoste, Sesión del 17 de diciembre de 2025

El Ministro Cataldo respondió en la misma sesión que el proyecto, en su origen, "era simplemente una reforma al Código del Trabajo" sin visión educativa, y que la intervención del Mineduc había buscado precisamente incorporar esa dimensión: la supresión del registro de cuidadoras, la exigencia de Reconocimiento Oficial y la fiscalización por la Superintendencia de Educación.

El senador Felipe Kast adoptó una posición intermedia en la misma sesión: a favor del proyecto, pero coincidiendo con Provoste en que no debe bajarse el estándar de calidad. Kast caracterizó el sistema actual como una "discriminación brutal":

"El sistema de financiamiento de la sala cuna actual es deficiente. Actualmente, el empleador debe conseguir la sala cuna, lo que está asociado principalmente a la mujer, lo que constituye una discriminación brutal." — Felipe Kast, Sesión del 17 de diciembre de 2025

Después del 11 de marzo: el cambio de gobierno

El 11 de marzo de 2026 asumió el nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast. En las transcripciones revisadas para este informe, no se identifican intervenciones del nuevo Ministro de Hacienda, del nuevo Ministro del Trabajo ni del nuevo Ministro de Educación referidas al proyecto de Sala Cuna Universal.

La única señal política sobre la tramitación del proyecto en este período proviene de la Sala de la Cámara del 18 de marzo de 2026, en una intervención del diputado César Valenzuela durante la hora de incidentes:

"Quiero expresar mi preocupación por la decisión del presidente Kast de paralizar la tramitación del proyecto de ley de sala cuna universal. Mucho se ha hablado del llamado gobierno de emergencia, y quiero decir con toda claridad que en esta materia sí estamos frente a una situación de emergencia. Es una emergencia porque miles de mujeres no pueden incorporarse al mundo del trabajo por no tener con quién encargar el cuidado de sus hijos. Pero también es una emergencia porque miles de niños y niñas en nuestro país siguen sin acceso a la educación inicial." — César Valenzuela, Sesión del 18 de marzo de 2026

La afirmación es la denuncia de un parlamentario de oposición durante la hora de incidentes. No se ha identificado en las transcripciones revisadas una respuesta oficial del nuevo Ejecutivo a este planteamiento, ni un acto formal del gobierno que confirme o desmienta la decisión denunciada. Su interpretación corresponde, por tanto, al lector con la información disponible al cierre del período revisado.

Conclusiones

Tres lecturas se desprenden del análisis.

Primero, el proyecto llegó al cambio de gobierno técnicamente avanzado: con siete artículos aprobados —varios por unanimidad—, una arquitectura institucional definida (Fondo de Sala Cuna administrado por el IPS, cotización del 0,2% neto sobre el empleador, aporte fiscal cercano a 46 mil millones anuales según el informe financiero del Ejecutivo), y un plazo de indicaciones extendido para alcanzar acuerdos en los puntos pendientes.

Segundo, los nudos críticos sin resolver son técnicos pero política y económicamente sensibles: la posibilidad de copago, el tope del 8% para gastos de administración del Fondo, el alcance de la facultad del IPS para licitar funciones, la exclusión inmediata de prestadores sin Reconocimiento Oficial del Mineduc, y la situación de los trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo. Cada uno de estos puntos tiene un costo distinto para los empleadores —especialmente las pymes— y para los prestadores actuales del servicio.

Tercero, el escenario tras el cambio de gobierno es incierto al cierre del período revisado. No hay declaraciones formales del nuevo Ejecutivo sobre la continuidad o reformulación del proyecto en las transcripciones analizadas, y la única referencia identificada es una denuncia de oposición sin respuesta oficial registrada. Para los gremios empresariales que han seguido la tramitación, esto introduce una doble incertidumbre: técnica (cómo se resolverán los nudos pendientes) y política (si el proyecto será priorizado, reformulado o postergado).

Anexo: Fuentes consultadas

Sesiones parlamentarias

Senado — Comisión de Trabajo y Previsión Social

Senado — Comisión de Educación

Senado — Otras comisiones y Sala

Cámara de Diputados