Resumen Ejecutivo

Alcance: 11 sesiones parlamentarias | 20 – 23 de abril de 2026

Entre el 20 y el 23 de abril se registró actividad legislativa en cuatro materias con incidencia directa sobre el Poder Judicial: la calificación de quórum del proyecto de migración (Boletín 15.261-25) y el valor del informe del artículo 77 CPR; la aprobación en general del Boletín 17.880-13 sobre nuevos juzgados laborales; el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional (Boletín 18.216-05); y las audiencias de la Comisión de DDHH de la Cámara sobre el Servicio Médico Legal. En la cuenta del Senado ingresó además el oficio del Ejecutivo proponiendo a Dinko Antonio Franulic Zetinich como Ministro de la Corte Suprema.

Hallazgos principales

1. Debate sobre el valor del informe del artículo 77 CPR. En la Sala del Senado del 22 de abril, los senadores Arturo Squella (Republicano) y Andrés Longton (RN) sostuvieron que el Oficio N° 241 de 2024 de la Corte Suprema sobre el Boletín 15.261-25 (ingreso clandestino como delito) no tiene carácter vinculante. La senadora Paulina Vodanovic expresó preocupación por la forma en que se refirieron a la opinión del máximo tribunal. La Sala acogió segunda discusión; la calificación de quórum se revisará en segundo informe.

2. Boletín 17.880-13 aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado: 25 jueces laborales adicionales, tercer Juzgado del Trabajo en Santiago y refuerzo en Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. Valparaíso quedó fuera del refuerzo pese al 178% de sobrecarga informado por el Ministro de Justicia Fernando Rabat para febrero de 2026. En la misma sesión, la Presidenta de la ANMM, Marianela Hernández, fue autorizada a participar como oyente en la tramitación del Consejo Nacional de la Magistratura.

3. Ingreso al Senado de la propuesta de Dinko Antonio Franulic Zetinich como Ministro de la Corte Suprema, en reemplazo de Sergio Muñoz. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sin fecha fijada de votación.

4. Ingreso del Boletín 18.216-05 (Reconstrucción Nacional) con urgencia suma. El diputado Daniel Manouchehri citó un costo fiscal en régimen de US$3.000 millones anuales según el informe financiero pág. 67. El Director de Presupuestos José Pablo Gómez informó que los poderes autónomos no han sido intervenidos en los ajustes ya ejecutados. El impacto definitivo del proyecto se verá reflejado en la Ley de Presupuestos 2027.

5. Audiencias sobre el Servicio Médico Legal en la Comisión de DDHH de la Cámara. Pablo Araya Beltrán (Asociación de Profesionales del SML) informó 5.000 histopatologías pendientes, retrasos de 3 a 5 años en peritajes y una fuga proyectada de 45 peritos en tres años. El Fiscal Nacional del Ministerio Público no asistió a la citación; la Comisión rechazó la comparecencia remota de su asesora por vencimiento del acuerdo de comités.

6. Debate en Sala de la Cámara del 22 de abril sobre el rol de la judicatura. El diputado Cristian Contreras anunció que impulsará una reforma constitucional a la justicia garantista; el diputado Diego Vergara señaló que "la Fiscalía y los jueces están en un momento muy especial para Chile, relativizando todo lo que ocurre". Los diputados Jaime Mulet, Raúl Leiva y Marcos Ilabaca discreparon de ese diagnóstico. En paralelo, el Defensor de la Niñez Anuar Quesille proyectó un aumento del 321% en ingresos a centros cerrados si se aprueba la reforma a la Ley 20.084 (Boletín 15.589-07).

Próximos hitos

• Segunda discusión del Boletín 15.261-25 en Sala del Senado (calificación de quórum pendiente para segundo informe).
• Continuación del Boletín 18.216-05 en Comisión de Hacienda de la Cámara el lunes 4 de mayo.
• Tramitación del nombramiento de Franulic en Comisión de Constitución del Senado.
• Comisión especial investigadora sobre la situación del SML.
• Continuación del Boletín 15.589-07 en la Comisión de Constitución del Senado con invitados pendientes.

Nota sobre fuentes y datos

Este resumen se construye a partir de transcripciones completas de 11 sesiones monitoreadas entre el 20 y el 23 de abril de 2026 en las comisiones de Constitución, Hacienda, Trabajo, Derechos Humanos, Gobierno y Sala de ambas cámaras, más una sesión de Comisión de Gobierno del Senado en la que se debatió directamente el valor del informe de la Corte Suprema. Cada cita está enlazada a la sesión original y puede verificarse en la plataforma de Parlamento.ai. Los datos cuantitativos corresponden a las cifras presentadas por autoridades o parlamentarios en las respectivas sesiones, con atribución explícita al orador.

Boletín 15.261-25 (migración): debate sobre el informe del artículo 77 CPR en tres sesiones

El Boletín 15.261-25, que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, fue discutido en tres sesiones consecutivas del Senado (Comisión de Gobierno el 21 y 22, Sala el 22). El proyecto llegó al Senado con una calificación de quórum simple hecha por la Cámara de Diputados. El informe de la Corte Suprema remitido el año anterior (Oficio N° 241 de 2024) planteaba que tres disposiciones del proyecto alteran atribuciones jurisdiccionales: la reconducción administrativa que desplaza el control de legalidad de la detención, la ampliación del plazo de detención a cinco días (reservado constitucionalmente a delitos terroristas), y las presunciones legales de peligro de fuga que sustituyen la valoración del juez de garantía.

El 21 de abril, la Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto en general por 3 votos contra 2. La Defensora Nacional Verónica Encina, ex jueza de garantía, aportó el diagnóstico operativo:

"Todas las modificaciones al sistema procesal penal de los últimos cinco o diez años han significado un aumento sostenido en la prisión preventiva y en la extensión de los procesos." — Verónica Encina, Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, Comisión de Gobierno Senado, 21 de abril

Al día siguiente, la misma Comisión sesionó exclusivamente para definir el quórum aplicable. La Secretaría sostuvo, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 74 (hoy 77), que "dentro del término de atribuciones, el intérprete debe entender comprendidas solo las reglas que digan relación con la competencia, sea esta absoluta o relativa". La senadora Carvajal discrepó e invocó la firma de la actual Presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, en el oficio:

"Es muy interesante leer el pronunciamiento que hizo la Corte Suprema, sin perjuicio de que hoy día una de las firmantes de aquel documento es Presidenta de la Corte Suprema, la señora Gloria Ana Chevesich, y cuya opinión es bien importante." — Senadora Carvajal, Comisión de Gobierno Senado, 22 de abril

La presidenta de la Comisión resolvió remitir el proyecto a Sala como ley común, con revisión pendiente para el segundo informe con profesores constitucionalistas. Esa misma tarde, la Sala del Senado tomó el debate.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, senadora Danisa Astudillo, rindió el informe y sostuvo la calificación orgánico-constitucional. Su argumento descansó sobre dos piezas del informe de la Corte:

"Sus disposiciones intervienen directamente en las atribuciones del juez de garantía en tres dimensiones. Primero, al priorizar la reconducción administrativa por sobre la puesta a disposición del tribunal, desplaza la competencia del juez de garantía para controlar la legalidad de la detención. Segundo, al ampliar el plazo de detención hasta cinco días. Tercero, al establecer presunciones legales de peligro de fuga." — Senadora Danisa Astudillo, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

"La Corte Suprema ya advirtió el costo financiero que esto implica para el Poder Judicial. En un país con recortes en todos los sectores, ese es un lujo que no nos podemos permitir." — Senadora Danisa Astudillo, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

Dos senadores impugnaron la calificación y el peso del informe. El senador Arturo Squella señaló:

"La Corte Suprema puede tener todas las opiniones que estime conveniente en su calidad de participante consultivo. No hay una vinculación respecto del informe que ellos hacen. Fantástico el informe de la Corte Suprema, no es vinculante para nada." — Senador Arturo Squella, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

El senador Andrés Longton, desde una argumentación procesal distinta, llegó al mismo resultado:

"Cercenar las facultades de este Congreso, no respetando las decisiones institucionales tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, donde ambas cámaras y sus secretarios determinaron que estas eran leyes ordinarias o comunes, sería circunscribir las facultades de este Congreso Nacional a un informe que es bastante discutible de la Corte Suprema." — Senador Andrés Longton, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

La senadora Vodanovic recogió el contrapunto institucional:

"Expresar con preocupación la forma en que el senador Esquella, por su intermedio, se refiere a la opinión del máximo tribunal, porque la verdad es que a uno no le puede dar lo mismo la institucionalidad del país. Y cuando se requiere un informe a la Corte Suprema es precisamente para que señale cuáles son los efectos de una norma." — Senadora Vodanovic, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

Por resolución del Comité Unido (senador Núñez) la Sala acogió segunda discusión. El Ejecutivo retiró la urgencia de discusión inmediata y repuso "suma". La pregunta de fondo, si la sobrecarga proyectada al sistema de justicia por la criminalización del ingreso clandestino basta para calificar el proyecto como ley orgánica, queda para el segundo informe.

La posición de Astudillo pone números a esa sobrecarga. La senadora Yasna Provoste la formuló en términos operativos:

"Establecer como delito el ingreso irregular al país, en lugar de fortalecer la autoridad administrativa con más facultades, con más recursos, le restamos potestad y le transferimos una carga importante al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las policías, a las Fuerzas Armadas, instituciones todas que ya se encuentran sobrecargadas." — Senadora Yasna Provoste, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

La Secretaría del Senado dejó, además, un precedente orgánico sobre atribuciones de la Cámara Revisora:

"Esta Secretaría estima que el Senado, en este caso como Cámara Revisora, está facultada para cambiar la calificación de una norma, si así lo estima. No figura en ninguna parte que sea una atribución exclusiva de la Cámara de Origen." — Secretario del Senado, Sesión de Sala Senado, 22 de abril

Boletín 17.880-13: aprobación en general del refuerzo a la judicatura laboral

El 20 de abril, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general por unanimidad el Boletín 17.880-13, que crea un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago (19 jueces adicionales) y refuerza la dotación en Antofagasta (de 5 a 8), Concepción (de 6 a 8) y Punta Arenas (de 1 a 2). El Ministro de Justicia Fernando Rabat presentó las cifras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial:

"El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta tiene un 157% de sobrecarga, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, que es un solo juez, con 150% de sobrecarga, y el Juzgado de Letras de Concepción con 147% de sobrecarga." — Ministro Fernando Rabat, Comisión de Constitución Senado, 20 de abril

"Miembros del Poder Judicial me señalaban que hoy día se están agendando audiencias para el año 2027 en la judicatura del trabajo, lo que evidencia el problema que hay." — Ministro Fernando Rabat, Comisión de Constitución Senado, 20 de abril

El costo total del proyecto en régimen asciende a 5.764 mil millones de pesos. El primer año se financia con cargo a la partida del Poder Judicial; lo restante con cargo al Tesoro Público. El nuevo juzgado de Santiago se instala 6 meses después de publicación con 10 jueces iniciales; los 9 restantes entran un año después. La Corte Suprema se pronunció favorablemente sobre el proyecto bajo el artículo 77 CPR.

La exclusión de Valparaíso del refuerzo, pese a una sobrecarga del 178% registrada en febrero de 2026, fue planteada por el senador Andrés Longton (RN), quien propuso ampliar el proyecto. La propuesta no prosperó. El asesor jurídico del Ministerio de Justicia, Rodrigo Hernández, explicó el marco:

"Por último, comentar que esto también está sujeto a la situación presupuestaria, y finalmente la DIPRES autorizó en su momento aumentar la dotación de estos tribunales." — Rodrigo Hernández, asesor División Jurídica Min. Justicia, Comisión de Constitución Senado, 20 de abril

El Ministro respondió:

"Como evidentemente es un asunto de ley de presupuesto y de DIPRES, mi compromiso es transmitir su legítimo interés en revisar esta situación a futuro." — Ministro Fernando Rabat, Comisión de Constitución Senado, 20 de abril

La Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Marianela Hernández, solicitó participar como oyente en las sesiones del proyecto que crea el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. La Comisión autorizó la solicitud. Es la primera intervención formal de la ANMM registrada en las sesiones de esta semana.

El presidente de la Comisión vinculó además la saturación laboral a la sobrecarga previa de la Dirección del Trabajo tras la entrada en vigencia de la Ley Karim (21.643), que habría desplazado un volumen relevante de causas hacia los juzgados.

Boletín 15.589-07 (Ley 20.084): discusión en Comisión de Constitución del Senado

La modificación a la Ley 20.084 (Boletín 15.589-07) ocupó dos sesiones de la Comisión de Constitución del Senado los días 20 y 22. En la primera, el Ministro Rabat presentó el proyecto sin votación; en la segunda, el Defensor Nacional de la Niñez Anuar Quesille expuso vía Zoom. Sus cifras abordaron dos materias: proporcionalidad y proyección de infraestructura.

Sobre proporcionalidad:

"Al año 2025 los adolescentes representan solo el 9% de los casos policiales, mientras que los adultos el 91%. Por tanto, la primera pregunta que nos debemos plantear como organismo de derechos humanos es si esto es proporcional." — Anuar Quesille Vera, Defensor Nacional de la Niñez, Comisión de Constitución Senado, 22 de abril

Sobre proyección de ingresos a centros cerrados:

"Se proyectaría, con el panorama actual del sistema penal juvenil, un incremento del 321% en los ingresos de los centros cerrados." — Anuar Quesille, Comisión de Constitución Senado, 22 de abril

El impacto fiscal estimado por el Defensor es de 5.100 millones por elevar el límite de internación de 5 a 10 años para menores de 16 años en delitos graves, y 37.000 millones adicionales por eliminar la rebaja de grado para mayores de 16. El presupuesto del Servicio de Reinserción Social Juvenil, hoy de 149.755 millones, requeriría un incremento del 28%.

Quesille citó el pronunciamiento de la Corte Suprema de mayo de 2025 sobre el Boletín 17.469-07: "no resulta pacífico ni evidente que el endurecimiento de penas y la extensión de privaciones de libertad constituyan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrenta el sistema". El senador Andrés Longton, autor del proyecto original desde su período como diputado, aportó cifras del Ministerio Público:

"En casos de portonazos y encerronas, según cifras del mismo Ministerio Público, más del 40% de los delitos son cometidos por menores de edad." — Senador Andrés Longton, Comisión de Constitución Senado, 22 de abril

El presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, citó un estudio empírico de aplicación de penas de Fundación Paz Ciudadana:

"El último estudio empírico de aplicación de penas que yo conozco es de Paz Ciudadana. El problema no es el techo de la pena, sino el piso." — Senador Pedro Araya, Comisión de Constitución Senado, 22 de abril

La Comisión acordó oficiar a la Corte Suprema, Fiscalía Nacional, Defensoría de la Niñez, Paz Ciudadana y Servicio Nacional de Reinserción Juvenil solicitando estudios empíricos y datos de condenados adolescentes de los últimos 10 años. También se pidió al Ejecutivo informe financiero. Sofía Kiladze (Comité de Derechos del Niño ONU) y Corporación Opción fueron reagendadas.

El proyecto del 15.589-07 contiene además una regla procesal con impacto directo sobre la judicatura: su artículo 50 asigna al juez de garantía del lugar de cumplimiento la competencia sobre conflictos de ejecución de sanciones. Según el análisis de la Comisión el 20 de abril, la norma tiene rango orgánico constitucional por recaer en organización y atribuciones de tribunales.

Boletín 18.216-05 (Reconstrucción Nacional): ingreso y calendario fiscal

El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social (Boletín 18.216-05), con mensaje del Presidente José Antonio Kast y urgencia suma, ingresó al Congreso durante la semana. La Sala de la Cámara lo radicó el 22 de abril en Hacienda (comisión madre), Medio Ambiente (en lo pertinente) y Trabajo (dos artículos sobre SENCE y licencias médicas). El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, pidió que el proyecto también pasara a su comisión por contemplar invariabilidad tributaria por 25 años. La propuesta no prosperó.

La Comisión de Hacienda inició las audiencias el 22 y continuó el 23. El Ministro Jorge Quiroz presentó cifras sin referencia explícita al Poder Judicial. El Director de Presupuestos José Pablo Gómez describió el perímetro del ajuste fiscal ya ejecutado:

"Los beneficios principales en los sectores sociales no han sido intervenidos en sus gastos, así como tampoco el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Seguridad, ni los poderes autónomos." — José Pablo Gómez, Director de Presupuestos, Comisión de Hacienda Cámara, 22 de abril

En la sesión del 23, Gómez detalló el calendario de informes financieros:

"El informe de finanzas públicas número uno del año 2026 va a ser emitido la primera quincena de mayo. El proyecto de ley, como presumiblemente no va a estar aprobado la primera quincena del mes de mayo, va a ser informado como una suerte de separata dentro del informe de Finanzas Públicas, pero sus efectos no pueden ser incluidos por cuanto no ha sido aprobado por el Congreso." — José Pablo Gómez, Director de Presupuestos, Comisión de Hacienda Cámara, 23 de abril

El Informe Financiero 2 se publica en julio. El impacto definitivo del proyecto en el balance estructural se verá en el escenario de la Ley de Presupuestos 2027. El Ministro Quiroz describió el marco fiscal agregado:

"Tenemos que habérnoslas con la deuda flotante más alta de la historia. También con el problema de las presiones de gasto, que son leyes no financiadas como la ley de reajuste, que suman mil quinientos millones de dólares para este año." — Ministro Jorge Quiroz, Comisión de Hacienda Cámara, 23 de abril

La reasignación desde el Tesoro Público contemplada en el artículo 17 transitorio del proyecto depende, según Gómez, de ajustes o recortes en partidas con exceso de autorización. El ajuste fiscal del 3% a ministerios para 2026 es la otra pieza ya ejecutada. Los poderes autónomos están, por ahora, fuera de esa intervención. La formalización definitiva quedará en la Ley de Presupuestos 2027.

La Comisión citó al Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central, OCDE y FMI como invitados institucionales. Una mesa técnica de asesores revisará el articulado durante la semana distrital. La próxima sesión está fijada para el lunes 4 de mayo en Santiago.

Sala de la Cámara del 22 de abril: debate sobre "justicia garantista" y art. 439 CP

El 22 de abril, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó 149 a 1 el proyecto que modifica el artículo 439 del Código Penal para precisar que el actuar simultáneo y conjunto de dos o más personas en lugares cerrados constituye intimidación (tipo penal referido como "turbazos"). El proyecto se despachó al Senado. El diputado Raúl Leiva explicó el efecto sobre la prognosis judicial:

"Cualquier modificación de derecho penal sustantivo en función del principio pro reo puede eventualmente afectar no solo a procesos actualmente en curso, sino que una interpretación equívoca o errónea podría llegar a liberar a personas que incluso se encuentren condenadas. La pena asociada es mucho más alta, lo cual redunda, por cierto, cuando se hace la prognosis de pena en medidas cautelares más intensivas como es la prisión preventiva." — Diputado Raúl Leiva, Sesión de Sala Cámara, 22 de abril

Durante el mismo debate, varias intervenciones aludieron al rol de la judicatura y la Fiscalía. El diputado Cristian Contreras señaló:

"Su cumplimiento queda supeditado o condicionado en gran medida a la justicia garantista. Ahí radica gran parte del problema, donde hay jueces de la República de Chile que privilegian los derechos de los delincuentes y criminales por sobre las víctimas." — Diputado Cristian Contreras, Sesión de Sala Cámara, 22 de abril

Anunció que impulsará una reforma constitucional a la justicia garantista. El diputado Diego Vergara agregó: "hoy día la Fiscalía y los jueces están en un momento muy especial para Chile, relativizando todo lo que ocurre". El diputado Jaime Mulet discrepó del enfoque:

"He sacado una cuenta que desde el 2010 ahora llevamos cerca de 150 tipos penales nuevos, agravantes en distintas conductas, y la verdad es que la disminución en la comisión de delitos no se ve. No basta la mera sanción penal, no basta el mero aumento de las penas." — Diputado Jaime Mulet, Sesión de Sala Cámara, 22 de abril

El diputado Marcos Ilabaca también señaló que el problema no estaría en la ley penal sino en la capacidad operativa de la persecución.

En la misma sesión se aprobó 88-57 la Resolución N° 5 que solicita al Presidente dejar sin efecto los nombramientos efectuados durante los últimos seis meses del gobierno de Gabriel Boric, conocidos como "amarres". El diputado Gonzalo Winter fue el único en intervenir en contra y citó el nombramiento del Defensor de la Niñez Anuar Quesille como ejemplo de designación que no encaja en esa categoría (organismo autónomo, mandato de 5 años, nombramiento del Senado).

Ese mismo día, en la cuenta, ingresó una moción de los diputados Santana, Achurra, Cuello, Valenzuela (César), Hassler y Veloso que modifica el Código Penal y la Ley 20.084 para establecer responsabilidad penal de padres o guardadores por omisión grave del deber de cuidado. Sin debate en Sala.

Comisión de DDHH de la Cámara: audiencias sobre el Servicio Médico Legal

El 22 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara había citado al Fiscal Nacional del Ministerio Público para informar sobre tiempos y protocolos de custodia de cuerpos en el Servicio Médico Legal. El Fiscal no asistió ni envió representante presencial. La Fiscalía propuso una comparecencia remota de la abogada asesora Alejandra Vera Zócar, que la Comisión rechazó por haber vencido el acuerdo de comités el 11 de marzo. La diputada Lorena Pizarro señaló:

"No hay acuerdo de los comités para que puedan comparecer los funcionarios públicos de manera remota, porque esto venció el 11 de marzo. Nosotros estamos citando, no invitando." — Diputada Pizarro, Comisión de DDHH Cámara, 22 de abril

La sesión continuó con las tres asociaciones gremiales del SML. El presidente de la Asociación de Profesionales, Pablo Araya Beltrán, describió el efecto sobre la cadena de prueba judicial:

"Un peritaje se puede retrasar entre tres y cinco años por toxicología y por histopatología. Hay fiscales que quisieran tener guardado el cuerpo durante todo ese periodo en el Servicio Médico Legal, y ahí empiezan los problemas." — Pablo Araya Beltrán, Comisión de DDHH Cámara, 22 de abril

"Yo pregunté antes de venir cuántos histopatológicos teníamos atrasados: cinco mil. Con esto tenemos para cinco años." — Pablo Araya Beltrán, Comisión de DDHH Cámara, 22 de abril

Las asociaciones informaron adicionalmente: brecha salarial del 40% con el sector Salud bajo la Ley 15.076, presupuesto de capacitación reducido de ~400 a ~100 millones de pesos, y fuga proyectada de 45 peritos en tres años adicional a 40 ya salidos. La presidenta de la Comisión anunció una comisión especial investigadora sobre la situación del SML.

Araya Beltrán informó que los peritajes pendientes pueden retrasar juicios dependientes de pericias médico-legales entre tres y cinco años. El Ministerio Público no compareció en la sesión.

En los puntos varios de la misma sesión, la diputada Lorena Pizarro formalizó otra denuncia, ya planteada el día anterior en el Senado por CODEPU: la eventual instrucción al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de no refutar solicitudes de indultos, libertades condicionales y permisos en causas de dictadura. La intervención de Pizarro citó un fallo reciente:

"La Corte de Apelaciones, sin tener defensa de los abogados de derechos humanos en contra de estas libertades, rechazó el recurso sin tener siquiera abogados porque no corresponde al argumento de la demanda." — Diputada Pizarro, Comisión de DDHH Cámara, 22 de abril

La denuncia se había originado el día anterior en la Comisión de DDHH del Senado, donde Mariela Santana de CODEPU describió el patrón:

"Se está limitando deliberadamente por parte del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la acción del Estado en la persecución de crímenes de lesa humanidad. En distintos casos, se ha impedido o restringido la comparecencia de abogados del Programa de Derechos Humanos en instancias claves, tanto como recursos en la Corte Suprema, en donde no se ha permitido alegar a los abogados del Programa de Derechos Humanos, ni tampoco presentar apelaciones en las cortes respectivas." — Mariela Santana, CODEPU, Comisión de DDHH Senado, 21 de abril

El Ministro Rabat y el Subsecretario de Derechos Humanos asistieron a esa sesión. El Ministro se retiró antes del tramo de respuestas por tope de agenda (debió asistir a la Comisión de Constitución de la Cámara). El Subsecretario quedó a cargo y señaló desconocer específicamente las cinco causas denunciadas por CODEPU; la consulta se remitirá por escrito.

Otros hitos institucionales

En la cuenta de la Sala del Senado del 22 de abril ingresó un oficio del Ejecutivo solicitando acuerdo para nombrar como Ministro de la Corte Suprema a Dinko Antonio Franulic Zetinich. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proceso en curso sin fecha fijada de votación.

La Comisión de Trabajo de la Cámara inició el 21 de abril la discusión en general del Boletín 17.914-13, que tipifica como falta de probidad el uso indebido de licencias médicas. La autora, diputada Ximena Ossandón, acotó el alcance: "este proyecto está orientado al sector privado, en el fondo, porque tengo entendido que estamos tratando de resolver el público a través de la Contraloría". La discusión no alcanzó a los funcionarios del Poder Judicial ni al régimen estatutario judicial.

Cierre de la semana para la ANMM

La ANMM registró dos movimientos directos en el período: la autorización formal para participar como oyente en la tramitación del Consejo Nacional de la Magistratura (Bol. 12.607-07 y continuaciones) y la entrada al Senado del oficio del Ejecutivo proponiendo a Dinko Antonio Franulic Zetinich como Ministro de la Corte Suprema.

Los próximos hitos en tramitación:

• Segunda discusión del Boletín 15.261-25 en Sala del Senado (calificación de quórum pendiente para segundo informe, con participación anunciada de profesores constitucionalistas).
• Continuación del Boletín 18.216-05 en Comisión de Hacienda de la Cámara el lunes 4 de mayo, Santiago.
• Tramitación del nombramiento de Franulic en Comisión de Constitución del Senado.
• Comisión especial investigadora sobre la situación del SML anunciada por la Comisión de DDHH de la Cámara.
• Continuación del Boletín 15.589-07 en la Comisión de Constitución del Senado, con invitados pendientes (Sofía Kiladze del Comité de Derechos del Niño ONU, Corporación Opción) y oficios a Corte Suprema, Fiscalía Nacional, Defensoría de la Niñez, Paz Ciudadana y SENARJUV sobre estudios empíricos.

Anexo: Fuentes Consultadas