Resumen Ejecutivo

El 22 de abril de 2026 el gobierno de José Antonio Kast ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara el proyecto "Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social" (Boletín N° 18.216-05), con urgencia calificada de suma. Un mes después, el proyecto acumulaba más de mil indicaciones, una advertencia del Consejo Fiscal Autónomo y repetidas disputas reglamentarias en sesiones que se extendieron hasta la madrugada.

El proyecto reúne en un solo texto cuatro reformas de distinta naturaleza: la rebaja del impuesto corporativo con reintegración del sistema tributario, una reforma a la permisología ambiental, un crédito para el empleo formal y un fondo de reconstrucción para las regiones afectadas por catástrofes. Esa combinación define el debate. El Ejecutivo la presenta como una respuesta integral al bajo crecimiento; la oposición cuestiona que se tramite la reforma tributaria amparada en la urgencia de la reconstrucción.

Este informe sigue las 20 sesiones en que el Boletín 18.216-05 se trató de forma directa entre el 22 de abril y el 22 de mayo, y ordena el debate por sus cuatro ejes, el reparo fiscal transversal, la votación en Sala y los actores que intervinieron. El 20 de mayo la Cámara aprobó el proyecto, en general y en particular, y lo despachó a su segundo trámite constitucional en el Senado, según informó el Ministerio de Hacienda.

El contexto: reconstrucción y crecimiento en un mismo texto

El proyecto nace de dos motivaciones que el propio Ejecutivo declaró distintas. Una es la reconstrucción de las regiones golpeadas por catástrofes, asociada al fondo creado para el incendio de febrero de 2024 en Valparaíso, que el proyecto amplía a Ñuble y el Biobío. La otra, según expuso el Ejecutivo ante la Comisión de Medio Ambiente, es enfrentar un problema de larga data de bajo crecimiento. El texto las une, y de esa unión surge la primera línea de conflicto.

El fondo de reconstrucción da nombre al proyecto. Parte del fondo creado para el incendio de febrero de 2024 en Valparaíso y lo amplía a Ñuble y el Biobío, donde, según se señaló en la discusión, unas 4.000 familias esperan respuesta. Su destino original es habitacional, y en la tramitación se discutió extenderlo también a salud y educación.

La oposición objetó el vínculo desde la sesión de ingreso. Para ese sector, atar el fondo de reconstrucción a una reforma tributaria estructural equivale a usar la urgencia de los damnificados como vehículo de un cambio tributario de fondo, un reparo que planteó como inaceptable en la primera sesión en Hacienda (sesión del 22 de abril).

El trasfondo fiscal agudizó el debate. El proyecto se discutió con un déficit estructural de 2025 cercano al 3,6% del PIB sobre la mesa, una cifra que el Gobierno había usado para justificar ajustes y que la oposición invocó para advertir sobre el costo de rebajar impuestos. El Ejecutivo sostuvo que las rebajas se financian con medidas de recaudación incluidas en el mismo texto; la discusión sobre si esa compensación alcanza recorrió las veinte sesiones.

El eje tributario: rebaja, reintegración y la disputa por quién se beneficia

El núcleo del proyecto baja la tasa del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y reintegra el sistema, de modo que el impuesto que paga la empresa vuelve a ser crédito para su dueño. El Ejecutivo defendió que la medida incentiva la inversión y rechazó ante Hacienda que el proyecto beneficie principalmente al 1% más rico, lectura que calificó de contraria a la evidencia. Parte de la oposición construyó el argumento inverso sobre la reintegración: en la Sala sostuvo que combinar la rebaja de la tasa con la reintegración del sistema permite a los dueños de las empresas retirar más utilidades, de modo que el beneficio se concentra en los controladores (sesión de Sala del 20 de mayo).

Entre ambas posiciones apareció una postura intermedia, también recogida en comisión: aceptar la rebaja de la tasa siempre que la menor recaudación quede compensada dentro del mismo grupo beneficiado. Un punto técnico atravesó el debate: las pymes tributan en otro régimen y no acceden a la rebaja de la tasa corporativa, por lo que el Gobierno apoyó su defensa del proyecto en otros instrumentos, como la depreciación instantánea y el crédito al empleo. La rigidez del diseño sumó reparos: un artículo fija reglas tributarias por 25 años, plazo que el Consejo Fiscal Autónomo calificó de demasiado rígido si las proyecciones de crecimiento no se cumplen.

La advertencia fiscal: el Consejo Fiscal Autónomo y la brecha

El reparo de mayor peso llegó por la vía del costo. El Consejo Fiscal Autónomo, encabezado por su presidenta Paula Benavides, compareció ante Hacienda los días 4 y 5 de mayo. Valoró que el proyecto priorice el crecimiento y el ajuste del gasto, pero advirtió una asimetría: la menor recaudación por la rebaja es inmediata y cierta, mientras que los ingresos por mayor crecimiento son graduales e inciertos. De no materializarse ese crecimiento, el organismo proyectó un riesgo de ampliación del déficit. En la comisión, la oposición tomó esa exposición como prueba de que el reparo alcanzaba un componente central del proyecto y comprometía su viabilidad (sesión del 5 de mayo).

La discrepancia se volvió numérica. En la votación en particular, los parlamentarios contrastaron una estimación del Consejo Fiscal Autónomo que cifraba el costo de una medida en torno a dos billones de pesos con otra de la Dirección de Presupuestos que la situaba en cerca de 1,5 billones. La oposición advirtió que la aprobación podría llevar la deuda pública a superar el umbral del 45% del PIB. El Gobierno respondió cuestionando la consistencia de la información entregada por el propio Consejo y subrayando que las medidas de recaudación del proyecto, agrupadas en el informe financiero, financian las rebajas.

La duda fiscal precedió al proyecto. A mediados de abril, antes del ingreso del mensaje, la Comisión de Hacienda ya había convocado a ex ministros del ramo para contrastar las cifras de déficit del Gobierno: a Mario Marcel y Nicolás Grau (sesión del 14 de abril) y a Ignacio Briones (sesión del 15 de abril). Marcel expuso y Grau se excusó. El eje de esas audiencias fue la contabilización de la deuda y la sobreestimación de ingresos, el mismo terreno sobre el que después se discutiría si las rebajas del proyecto quedan o no compensadas.

Permisología: plazos más cortos y el costo de las RCA anuladas

El proyecto modifica el sistema de evaluación ambiental para acortar plazos: eleva a rango legal los tiempos de tramitación, exime de nueva evaluación a las modificaciones de proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental favorable y restringe los recursos administrativos en su contra. El Ejecutivo lo justificó con un dato: desde 2010 se han presentado cerca de mil solicitudes de relocalización y solo dos se concretaron.

La Comisión de Medio Ambiente concentró la crítica en una norma específica, la que dispone que el Estado asuma el costo de proyectos cuya RCA sea anulada después de otorgada. Para la oposición, esa regla traslada al erario el riesgo propio de la inversión privada, y una indicación discutida en la comisión propuso suprimirla por comprometer recursos públicos (sesión del 18 de mayo).

El reparo se ilustró con casos concretos: si la justicia anula la RCA de un megaproyecto a petición de comunidades, como las de pescadores en Coquimbo, el Estado debería indemnizar a la empresa. A ese cuestionamiento se sumó uno de coherencia legislativa. La misma comisión, presidida por el diputado Guillermo Ramírez, tramita desde hace dos años una reforma al sistema de evaluación ambiental (modificación a la ley N° 19.300), aprobada por el Senado con votos transversales, cuya discusión en segundo trámite corrió en paralelo a la del Boletín 18.216-05 (sesiones de Medio Ambiente del 6 y el 13 de mayo). Varios integrantes señalaron que la permisología del proyecto de reconstrucción no se condice con ese texto en curso. Algunos artículos ambientales, además, llegaron sin informe financiero.

Lo laboral: crédito al empleo formal y el rechazo a eliminar la franquicia SENCE

El capítulo laboral tuvo dos componentes de signo opuesto en su recepción. El primero, el crédito para la protección del empleo formal del artículo 9, fue el más respaldado: según cifras del Gobierno, alcanza a más de 270.000 contribuyentes y a unos 2,3 millones de trabajadores, y baja la tasa efectiva mediana de las pymes con utilidades del 12,5% a cerca del 7,8%. Ocho organizaciones de pymes pidieron a la comisión aprobar el proyecto en general para entrar a su discusión.

El segundo componente, la derogación de la franquicia tributaria de capacitación de la ley 19.518, encontró resistencia. Los organismos de capacitación advirtieron que eliminarla termina con el sistema SENCE, y el debate se trabó en torno a quién lo usa: el Gobierno sostuvo que beneficia mayoritariamente a las grandes empresas, mientras los gremios replicaron que casi la mitad de quienes lo aplican son pymes. La Comisión de Hacienda rechazó los artículos 26 y 27, que eliminaban la franquicia, y la Comisión de Trabajo retomó la materia para conciliar la probidad del instrumento con su continuidad. Ante el Senado, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, expuso el capítulo laboral el 6 de mayo.

Actores y posiciones

¿Quiénes intervinieron y desde dónde? La tramitación enfrentó a tres bloques de actores.

El primer bloque fue político. El Ejecutivo llevó el peso de la defensa a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que expuso el contenido y respondió las consultas en Hacienda, y del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en la arista laboral. Frente a ellos, parte de la oposición cuestionó la rebaja por concentrarse en las grandes empresas y por su efecto en las cuentas fiscales, mientras un sector respaldó la rebaja tributaria y la permisología con reparos puntuales sobre la incidencia fiscal. Un tercer grupo de diputados apoyó la rebaja y propuso extenderla también a los contribuyentes de menores ingresos.

El segundo bloque fue técnico e institucional. El Consejo Fiscal Autónomo fue el actor más influyente fuera del Congreso: su exposición fijó el marco del debate sobre sostenibilidad. El tercero fueron los gremios, convocados a audiencias durante la primera semana de mayo. La Confederación de la Producción y del Comercio y organizaciones de pymes valoraron la reactivación, los organismos de capacitación defendieron la franquicia SENCE, y representantes del sector de la construcción discutieron el tratamiento del crédito de IVA. En una de las sesiones de audiencias se dejó constancia de que el listado de expositores favorables al proyecto superaba al de quienes presentaban críticas.

La votación en Sala: idea de legislar aprobada y articulado dividido

La Cámara dedicó la sesión del 20 de mayo a votar el proyecto. La idea de legislar se aprobó con 90 votos a favor y 59 en contra, lo que habilitó la votación del articulado. Antes del resultado, la oposición había llamado a rechazar el proyecto por la magnitud de su componente tributario, mientras el oficialismo defendió su urgencia para la inversión (sesión del 20 de mayo).

La votación en particular reconfiguró el texto. El Ejecutivo había presentado indicaciones sustitutivas a varios artículos, que en la Sala recibieron suertes dispares: algunas se aprobaron por márgenes amplios, del orden de 122 votos contra 30 o de 142 contra 10, mientras que artículos sustitutivos completos se rechazaron, uno por apenas 6 votos contra 139 y otro por 58 contra 94. Cuatro disposiciones de rango orgánico constitucional, los artículos 11, 14, 16 y 17, requerían 78 votos para aprobarse. Una reconsideración de inadmisibilidad terminó empatada en 76 a 76 y, por esa igualdad, fue rechazada. Buena parte de esas votaciones separadas la solicitaron diputados de oposición como Boris Barrera, Jorge Brito y Raúl Leiva, que pidieron pronunciarse artículo por artículo sobre el texto del Ejecutivo.

El eje tributario concentró las reservas de constitucionalidad. La oposición objetó el artículo que fija la tasa del impuesto por 25 años, al sostener (apoyándose en el constitucionalista Correa Sutil) que un Congreso no puede dejar amarrados a los que lo sucedan en un elemento central del tributo como su tasa, lo que a su juicio limita la soberanía de los futuros gobiernos (sesión del 20 de mayo).

Una segunda reserva apuntó al tope de seis meses para las medidas cautelares ambientales, por considerarlo incompatible con la tutela cautelar efectiva. En paralelo, la Sala aprobó indicaciones que ampliaron el capítulo de reconstrucción: la reconexión gratuita de electricidad, gas y agua para usuarios residenciales y pymes en zonas declaradas en catástrofe, con plazos de entre 24 y 48 horas, y un plan de infraestructura para la educación pública con gratuidad de transporte para estudiantes y refuerzo de programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. El paso previo por comisión ya había despejado dos puntos: se rechazaron los tramos de condonación de deuda que proponía el Ejecutivo y la norma que eliminaba la franquicia del SENCE.

Con esa votación, la Cámara aprobó el proyecto en general y en particular y lo despachó a su segundo trámite constitucional en el Senado, según informó el Ministerio de Hacienda (comunicado del 20 de mayo). En la votación final, la representación del Ejecutivo en la Sala recayó en el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Conclusiones

La tramitación del Boletín 18.216-05 ordenó el debate económico del primer trimestre de Kast en torno a una decisión de método: reunir en un solo mensaje la reforma tributaria, la permisología, el empleo y la reconstrucción. Esa decisión concentró el trabajo en la Comisión de Hacienda y derivó a Medio Ambiente y Trabajo los capítulos especializados, pero también multiplicó los frentes de conflicto y abrió un flanco fiscal que el Consejo Fiscal Autónomo expuso en audiencia pública.

El primer trámite ya concluyó. La Cámara aprobó el proyecto el 20 de mayo, por 90 votos a favor en general, y lo despachó al Senado, donde inicia su segundo trámite constitucional con un texto que durante el paso por la Cámara perdió la eliminación de la franquicia SENCE y los tramos de condonación de deuda. En el Senado el debate fiscal y laboral se reabrirá, junto con las reservas de constitucionalidad sobre el amarre tributario a 25 años. El desenlace depende de si el oficialismo mantiene unida su votación: de no lograrlo, la amplitud que aceleró el ingreso podría obligar a tramitar el paquete por partes.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en transcripciones de sesiones parlamentarias procesadas y almacenadas en parlamento.ai. Se analizaron las 20 sesiones en que el Boletín 18.216-05 se trató de forma directa, según su orden del día, entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026. Las posiciones y afirmaciones se integran en el relato atribuidas al orador, sector político o instancia que las planteó, con enlace a la sesión correspondiente. Las cifras de costo, recaudación y cobertura corresponden a datos presentados por el Ejecutivo, el Consejo Fiscal Autónomo o los participantes en las sesiones, y se reproducen tal como fueron expuestos.

Sobre la cobertura. Nueve de las veinte sesiones superan el tope de extracción de 200.000 caracteres del texto continuo. Para esas sesiones, incluida la votación en Sala del 20 de mayo, los resultados se recuperaron a partir de los fragmentos por tiempo de cada sesión, que cubren la jornada completa. Los resultados numéricos de la votación en Sala provienen de esa fuente; en las demás sesiones truncadas, los fragmentos permiten seguir la discusión y el despacho, sin reproducir cada votación por separado.

Como fuente secundaria, el despacho del proyecto a su segundo trámite constitucional se confirmó con el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda del 20 de mayo de 2026 (hacienda.cl). Es el único dato del informe que no proviene de las transcripciones parlamentarias.

Anexo: Fuentes consultadas

Sesiones de contexto (otros boletines y antecedentes)

No tratan directamente el Boletín 18.216-05 y no se cuentan entre las 20 sesiones del proyecto; se citan como antecedente del debate fiscal y de la coherencia ambiental.