Resumen Ejecutivo

Entre el 23 de junio y el 23 de julio de 2026, el Congreso del Perú habló de inteligencia artificial en una sola sesión. Fue el 23 de junio, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y no sirvió para legislar. La comisión escuchó una exposición sobre IA y leyó su informe de gestión anual, donde quedó consignado que los ajustes a la Ley 31814, la norma que promueve el uso de la IA en el país, se debatieron todo el periodo sin llegar a dictamen.

El resto del mes está en silencio. De las 43 sesiones transcritas, 40 no nombran la inteligencia artificial ni una sola vez.

Fuente: conteo sobre las transcripciones de las 43 sesiones, parlamento.ai.

Las 29 menciones literales del término se concentran de forma casi total en un punto. Veintiséis están en la sesión del 23 de junio. Las tres restantes se reparten entre la Comisión de Justicia y el Pleno, y ninguna abre debate: una invoca la IA para justificar el reemplazo del Código Penal, otra cita un sistema que el Estado ya tiene funcionando.

El silencio, sin embargo, no significa que no haya pasado nada.

Ahí está la distancia que ordena este informe, y es mayor de lo que el propio Congreso registró. Mientras la comisión cerraba su gestión sin dictamen, el Poder Ejecutivo ya había construido por vía administrativa la arquitectura que la ley no terminó de definir. El reglamento de esa misma Ley 31814 está aprobado desde septiembre de 2025. El 1 de mayo de 2026, siete semanas antes de la sesión, el gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública, que crea la figura del Oficial de Inteligencia Artificial y un catálogo nacional de modelos y datos (Resolución Ministerial 152-2026-PCM). Ninguna de las 43 sesiones revisadas la menciona.

El corte de este período tampoco es casual. El nuevo Congreso bicameral juramenta mañana, 24 de julio de 2026, un día después de la última sesión revisada, con 60 senadores y 130 diputados que inauguran el período 2026-2031. Lo que quedó abierto pasa a manos de otros.

Este informe se basa en las transcripciones de esas 43 sesiones. Las citas son textuales y cada una enlaza a su sesión de origen. Las cifras del balance de gestión y los datos de terceros se presentan atribuidos a quien los expuso. Los datos normativos externos se verificaron contra fuentes oficiales y se detallan en la nota final.

Fuente: transcripciones del Congreso de la República del Perú en parlamento.ai, y para los hitos normativos, El Peruano y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Nota sobre fuentes y datos

El universo analizado son las 43 sesiones del Congreso de la República transcritas y completadas entre el 23 de junio y el 23 de julio de 2026, obtenidas del grupo completo del Poder Legislativo sin selección previa de comisiones. Sobre ese corpus se aplicaron catorce términos de búsqueda y, después, un conteo directo sobre el texto de cada transcripción. Tres sesiones contienen menciones sustantivas y son las que se citan en el anexo.

Los datos normativos que no provienen de las transcripciones se verificaron uno por uno contra fuentes oficiales. La Ley 31814 y su fecha, en El Peruano y el sistema jurídico del Ministerio de Justicia. El reglamento de esa ley y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en la Presidencia del Consejo de Ministros. La resolución de la SUNARP y la fecha de vigencia de sus módulos, en la propia entidad y en El Peruano. La encíclica citada en sesión, en la Sala de Prensa del Vaticano, donde figura con su título en latín, Magnifica Humanitas. Un dato quedó sin confirmación independiente y se señala como tal: el número de la ley del parque científico de Tayacaja, que se recoge tal como fue leído en el informe de gestión.

El criterio para separar unas de otras es verificable. Se consideró materia de discusión aquella sesión donde la inteligencia artificial fue objeto de exposición, debate o balance, y mención colateral aquella donde aparece dentro de una enumeración o como ejemplo puntual. No es una valoración de importancia sino un dato sobre el lugar que ocupó en la sesión.

Tres limitaciones acotan el alcance. La primera, que dos sesiones del 24 de junio superan el límite de 200.000 caracteres del servicio de transcripción y llegaron cortadas; se completaron por la vía de fragmentos, que devuelve 50 de sus 94 bloques, de modo que una porción de esa jornada del Pleno no pudo revisarse. La segunda, que el corpus cubre solo sesiones transcritas: una sesión no grabada no aparece. La tercera, que la búsqueda opera sobre el texto hablado, aunque este riesgo se controló ampliando el vocabulario a doce términos adicionales, entre ellos aprendizaje automático, redes neuronales, reconocimiento facial y modelos de lenguaje, ninguno de los cuales registró una sola aparición en el período.

Las sesiones 18193 y 18087 corresponden a la misma jornada del Pleno del 24 de junio, catalogada dos veces en la plataforma bajo subgrupos distintos. Se cuentan como una.

1. La comisión especializada cerró su gestión sin dictaminar la ley de inteligencia artificial

¿Dónde aparece la inteligencia artificial cuando aparece?

Fuente: menciones literales del término "inteligencia artificial" en las transcripciones, parlamento.ai.

El Perú tiene desde antes de este período una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Lo que estuvo en discusión durante el año legislativo fue cómo ajustarla. El resultado quedó escrito en el informe de gestión que la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología leyó el 23 de junio, en el balance de un periodo que la propia comisión resumió en 21 sesiones ordinarias, 5 extraordinarias y una descentralizada, con 17 dictámenes debatidos que integran más de 38 proyectos de ley.

Entre esos debates estuvo el de la ley de IA, y no prosperó.

"Se han debatido extensamente materias como los ajustes a la Ley 31.814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Aunque no se ha llegado a un dictamen conclusivo, quedan aportes importantes." — Informe de gestión de la comisión, sesión del 23 de junio de 2026

La comisión sí despachó otras materias. Aprobó la Ley 32539, que extiende hasta fines de 2028 los beneficios tributarios para empresas que invierten en investigación y desarrollo, y una ley que declara de interés nacional un parque científico tecnológico en Huancavelica, administrado por la universidad pública de Tayacaja. Aprobó también un dictamen sobre transferencia tecnológica y creó un consejo consultivo para incorporar a la academia y las empresas a sus debates. La inteligencia artificial fue el punto que quedó fuera.

Ese contraste define el período. La agenda de ciencia y tecnología avanzó en incentivos tributarios y en infraestructura de innovación, materias donde el desacuerdo es menor, y se detuvo justo en la norma que debía fijar límites.

2. Cuatro definiciones quedaron sobre la mesa, y son la agenda que hereda el nuevo Congreso

El informe de gestión no se limitó a informar el fracaso del dictamen. Dejó constancia de en qué punto quedó la discusión, y ese registro es lo más concreto que produjo el período sobre inteligencia artificial.

Lo que quedó pendiente son cuatro definiciones. La primera, una clasificación de riesgo que deban acreditar los desarrollos productivos de IA. La segunda, el tratamiento de la posible vulneración de derechos fundamentales por su uso. La tercera, la obligatoriedad de la responsabilidad humana en los procesos llevados a cabo con inteligencia artificial. La cuarta es la más precisa de todas.

"El refuerzo del derecho de los usuarios a exigir una revisión humana en caso de haber sido afectados por procesos automatizados con el uso de inteligencia artificial." — Informe de gestión de la comisión, sesión del 23 de junio de 2026

Las cuatro apuntan en la misma dirección. Ninguna busca frenar el desarrollo de la tecnología, que la ley vigente promueve; todas buscan acotar sus efectos sobre las personas. Es la diferencia entre una norma de fomento, que el Perú ya tiene, y una de garantías, que no llegó a votarse.

El calendario agrega presión. La comisión cerró su gestión el 23 de junio y el nuevo Congreso bicameral juramenta el 24 de julio. Estas cuatro definiciones no llegaron a dictamen en la legislatura que terminó, de modo que el punto de partida de la siguiente no es un texto acordado sino un acta de lo que faltó discutir.

3. El Ejecutivo hizo por vía administrativa lo que el Congreso no dictaminó

Mientras la ley esperaba, la tecnología entró al Estado por otra puerta, y no de forma improvisada. El reglamento de la Ley 31814 está aprobado desde el 9 de septiembre de 2025, con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como autoridad competente. El 1 de mayo de 2026, siete semanas antes de la sesión de la comisión, el gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, obligatoria para toda la administración pública y las empresas del Estado, que introduce la figura del Oficial de Inteligencia Artificial en las entidades y crea un catálogo nacional de modelos y datos.

Esa arquitectura no apareció en el Congreso. En las 43 sesiones revisadas no hay una sola mención a la Estrategia Nacional ni al reglamento. La comisión que debatía cómo ajustar la ley cerró su gestión sin referirse a las normas que, mientras tanto, ya estaban ordenando el uso de la IA en el Estado.

El despliegue concreto llegó al Pleno por casualidad. El 24 de junio se citó una resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos que incorpora nuevos módulos de consulta dentro de un sistema que ya está funcionando.

"Los avances que recientemente viene impulsando la propia SUNARP a través de la resolución 00072-2026, por la que ha aprobado la implementación de nuevos módulos de consulta de precedentes de observancia obligatoria y acuerdos del Tribunal Registral dentro de su plataforma de inteligencia artificial, facilitando el acceso a dicha información para registradores, abogados, notarios y ciudadanos." — Intervención en el Pleno del 24 de junio de 2026

La mención es breve y su propósito era otro, argumentar sobre la difusión de precedentes registrales. El sistema al que alude tiene nombre, JULIO, funciona con inteligencia artificial generativa y admite búsquedas en lenguaje natural. Sus módulos rigen desde el 30 de mayo de 2026, tres semanas antes de que el Congreso lo nombrara al pasar. La Estrategia Nacional lo recoge como uno de sus cinco casos emblemáticos de IA en el sector público.

El mismo día, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la inteligencia artificial apareció desde el ángulo contrario. La discusión era la reforma integral del Código Penal, y el argumento para reemplazarlo fue el desfase entre el código de 1991 y la realidad de 2026.

"Este código penal no comprendía la ciberdelincuencia, no comprendía los delitos empresariales y de alta complejidad, no comprendía el uso correcto de la inteligencia artificial y la criminalidad transnacional." — Exposición en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 24 de junio de 2026

La IA entra ahí en una enumeración, junto a los criptoactivos y a las redes sociales, como una de las cosas que no existían cuando se escribió la norma vigente. No hay propuesta de tipificación en el material revisado. Hay un reconocimiento de vacío.

Las dos menciones dicen lo mismo desde lados opuestos del Estado. Una administración pública que ya la aplica, con estrategia nacional y reglamento propios, y un sistema penal que declara no alcanzarla. En el medio, un Congreso que aprobó la ley de fomento en 2023 y que no logró dictaminar las garantías.

4. El único diagnóstico de fondo lo trajo una invitada, no un congresista

La parte sustantiva de la única sesión sobre IA no la aportó un congresista sino una invitada. Alma Cuya Velarde, educadora y académica vinculada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expuso ante la comisión un argumento que no giró en torno a la tecnología sino a quién se beneficia de ella. Su punto de partida fue una pregunta.

"Con frecuencia escuchamos hablar de productividad, innovación, automatización y competitividad. Todos estos son conceptos importantes, sin embargo, existe una pregunta que con frecuencia olvidamos. ¿Al servicio de quién debe estar el desarrollo tecnológico?" — Alma Cuya Velarde, sesión del 23 de junio de 2026

De ahí derivó dos riesgos concretos para el Perú. El primero es la desigualdad. En un país donde la educación básica, técnica y universitaria arrastra limitaciones, sostuvo, la inteligencia artificial "podría convertirse en un factor adicional de exclusión" si sus beneficios se concentran mientras amplios sectores quedan sin acceso a formación tecnológica.

El segundo riesgo es la dependencia. La expositora describió un desarrollo concentrado en pocos países y corporaciones, y advirtió que países como el Perú corren el riesgo de quedar como consumidores de tecnología ajena. La consecuencia que extrajo excede lo económico.

"La soberanía de una nación depende cada vez más de su capacidad para producir conocimiento, formar talento e invertir en los procesos de innovación." — Alma Cuya Velarde, sesión del 23 de junio de 2026

Sobre el rol del Congreso su propuesta fue acotada, y contrasta con la ambición de la ley que la comisión no logró dictaminar.

"El Congreso puede desempeñar un papel importante promoviendo una reflexión pública permanente sobre los impactos sociales de la inteligencia artificial. No necesariamente para regular cada innovación tecnológica, sino para establecer principios que protejan el derecho a un trabajo digno, la transparencia, la responsabilidad ética y el bien común." — Alma Cuya Velarde, sesión del 23 de junio de 2026

Su conclusión desplazó el problema fuera del ámbito tecnológico. La mejor política pública frente a la inteligencia artificial, dijo, sería probablemente una educación de calidad capaz de formar ciudadanos críticos. La exposición se apoyó en Magnifica Humanitas, la encíclica del Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial, presentada en el Vaticano el 25 de mayo de 2026, y citó una declaración de Sam Altman, según la cual entre el 30% y el 40% de las tareas económicas que hoy realizan personas podrían pasar a sistemas de IA en los próximos años. Esta última es una referencia de tercero y se recoge tal como fue atribuida en la sesión.

Su diagnóstico sobre la dependencia tecnológica coincide con lo que el Ejecutivo formalizó siete semanas antes en la Estrategia Nacional, y que ningún congresista mencionó en el debate.

5. Qué observar en los próximos meses

Quien siga este tema tiene cuatro frentes abiertos, y ninguno depende de que el Congreso vuelva a hablar de inteligencia artificial.

El primero es la comisión que herede la materia. El Congreso bicameral que juramenta el 24 de julio deberá constituir sus comisiones, y el equivalente de Ciencia, Innovación y Tecnología definirá si retoma los ajustes a la Ley 31814 o si el debate reinicia desde cero. La señal a vigilar es si las cuatro definiciones que quedaron sin dictaminar reingresan como proyecto de ley con número propio, o si se diluyen.

El segundo es la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es obligatoria para la administración pública desde mayo de 2026 y exige que las entidades designen un Oficial de Inteligencia Artificial. Cuántas lo hagan, y en qué plazo, es el indicador más concreto de si la estrategia opera o queda en el papel. El Catálogo IA Perú que la norma crea es el otro punto observable.

El tercero es el despliegue en entidades. La plataforma de la SUNARP es uno de los cinco casos que la estrategia reconoce, lo que implica que hay al menos cuatro más en marcha. Cada nuevo sistema de IA que entre en operación en el Estado sin una ley de garantías vigente amplía la distancia que este informe describe.

El cuarto es el proyecto de nuevo Código Penal. Si avanza, será la primera vez que el ordenamiento peruano defina conductas asociadas al uso de inteligencia artificial. La discusión de junio dejó constancia del vacío, no de cómo llenarlo.

Conclusiones

En un mes de actividad parlamentaria, la inteligencia artificial ocupó una sesión de cuarenta y cinco minutos y dos menciones sueltas. El dato no mide desinterés sino secuencia. La legislatura terminaba, la comisión hacía su balance y el tema apareció en el momento en que ya no había margen para legislarlo.

Lo que el período deja no es una norma sino un inventario de lo que falta. Cuatro definiciones sin dictaminar, de las cuales tres son de garantías y una es de procedimiento. Un Código Penal en reforma que reconoce por escrito no alcanzar a la tecnología. Y una ley de promoción vigente que, sin esos ajustes, sigue fomentando el uso de la IA sin fijar las condiciones que la propia comisión consideró necesarias.

Al lado de ese inventario hay otro que sí se completó. Reglamento en septiembre de 2025, estrategia nacional obligatoria en mayo de 2026, oficiales de inteligencia artificial en cada entidad, catálogo nacional de modelos y una plataforma de IA generativa operando en el registro público desde el 30 de mayo. Todo por vía administrativa, sin pasar por el Congreso, y sin que el Congreso lo nombrara una sola vez en 43 sesiones.

Ahí está el punto que el nuevo Congreso bicameral heredará al instalarse, y no es solo una ley pendiente. Cuando el Ejecutivo define quién responde por un sistema automatizado, qué se cataloga y bajo qué estándar, las cuatro definiciones que la comisión dejó abiertas dejan de ser una hoja en blanco. Ya hay respuestas provisionales escritas en resoluciones ministeriales. La pregunta que queda para la nueva legislatura no es si legislar sobre inteligencia artificial, sino si legislar sobre algo que, mientras tanto, se resolvió sin ella.

Anexo: Fuentes consultadas

Las 40 sesiones restantes del período fueron revisadas y no registran menciones a inteligencia artificial ni a los términos afines empleados en la búsqueda.