Resumen Ejecutivo

Este informe analiza la situación del Servicio Médico Legal (SML) de Chile a partir de 14 sesiones parlamentarias celebradas entre noviembre de 2024 y marzo de 2026 en la Cámara de Diputados, el Senado y comisiones mixtas.

El Congreso ha abordado la situación del SML desde tres ángulos principales: (1) la identificación de restos de víctimas de la dictadura, donde persisten cuellos de botella burocráticos que impiden avanzar pese a contar con capacidad técnica y un banco genético de más de 6.000 muestras; (2) la discusión presupuestaria 2026, que revela un servicio en transición hacia un nuevo edificio que triplicará su infraestructura pero que enfrenta brechas periciales en toxicología, psiquiatría y salud mental; y (3) conflictos laborales internos, con dirigentes sindicales destituidos que han llevado reclamaciones a la OIT.

El debate parlamentario muestra un consenso transversal sobre la importancia del SML, pero profundas divisiones sobre cómo resolver sus problemas estructurales. El proyecto de ley que "Modifica la ley N° 20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos" (Boletín 17.095-17) fue finalmente aprobado en la Cámara de Diputados con 59 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, pasando a segundo trámite constitucional en el Senado.

Las fuentes parlamentarias no registran aún debate específico sobre la crisis reciente de hacinamiento de cuerpos y deficiencias en morgues difundida por medios de comunicación, lo que sugiere que el tema está pendiente de ser abordado por las comisiones del nuevo periodo legislativo.

Sesiones Analizadas

Identificación de Víctimas de la Dictadura y el Boletín 17.095-17

El cuello de botella burocrático

El debate más extenso sobre el SML en el periodo analizado gira en torno al proyecto de ley que "Modifica la ley N° 20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos" (Boletín 17.095-17), originado en moción del diputado Johannes Kaiser, que busca facultar al SML a identificar de oficio los restos humanos bajo su custodia.

El problema central que motivó el proyecto es estructural: el SML no puede iniciar procesos de identificación sin una orden judicial previa. Como reveló el propio diputado Kaiser en la sesión del 15 de septiembre de 2025:

"Durante el proceso de investigación en una comisión investigadora por el tema de detenido desaparecido, el Servicio Médico Legal nos dijo que no podía identificar sin orden judicial. Entonces lo que nosotros hemos descubierto es que tú tienes un problema burocrático."

Esta limitación ha resultado en que restos humanos permanezcan sin identificar por más de dos décadas. En la misma sesión se señaló:

"Después de 20 años con estos restos en poder del Servicio Médico Legal, después de 20 años en que se generó un banco de datos genético para poder identificar, no se han hecho las pericias que corresponden, no se ha avanzado de manera sistemática en la identificación."

El banco genético subutilizado

Un dato revelador surgió en la sesión del 6 de noviembre de 2024 de la Comisión de Derechos Humanos, donde la Directora Prado del SML explicó el proceso técnico de identificación. El diputado Kaiser planteó que existe un banco de datos genético con más de 6.000 muestras de familiares de víctimas, creado por encargo de la Presidenta Bachelet circa 2007, que no ha sido utilizado de manera sistemática precisamente por la falta de órdenes judiciales generales.

La Directora Prado explicó la diferencia técnica entre reconocimiento e identificación:

"Para identificar lo que nosotros necesitamos es comparar. Comparar el perfil que podemos hacer de ADN con alguna familia [...] El llegar a esa familia es la necesidad que tenemos de que otros organismos que no sean el Servicio Médico Legal puedan vincular esta osamenta de interés a alguna causa."

El debate en Sala y la aprobación del proyecto

El proyecto generó un extenso debate parlamentario a lo largo de múltiples sesiones. En la Sesión de Sala del 11 de agosto de 2025 se rechazó una primera votación (38 a favor, 45 en contra, 1 abstención), pero el proyecto continuó su tramitación. Los argumentos principales en contra fueron:

La diputada Gazmuri señaló que no se podía reducir el proceso a un trámite administrativo:

"No podemos reducir este proceso a un mero trámite administrativo, desvinculándolo del contexto en que ocurrieron estas desapariciones. Cada uno de esos restos representa una vida truncada, una familia que aún busca respuestas."

Se argumentó que el proyecto podría constituir una "ley de punto final" que activaría plazos de prescripción penal al identificar restos sin causa judicial abierta, eliminando la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables.

Por su parte, el sector que apoyaba el proyecto sostuvo que la inacción del Estado constituye complicidad:

"El Estado y quienes voten en contra de la identificación se hacen cómplices del secuestro permanente."

Finalmente, en la última sesión del periodo legislativo 2022-2026, el 4 de marzo de 2026, el proyecto fue aprobado con 59 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, pasando a segundo trámite constitucional en el Senado. Como se señaló en Sala:

"El Servicio Médico Legal podrá identificar a las personas o los restos de personas que se encuentran en su poder, sin esperar que llegue una orden expresa del juez. Este proyecto cumplirá ahora su segundo trámite constitucional en el Senado."

Catastro y estado actual

En la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Derechos Humanos del 28 de enero de 2026, la directora del SML presentó el estado del catastro: 1.233 protocolos de osamentas bajo custodia del servicio y 195 víctimas identificadas genéticamente a la fecha. El SML cuenta con certificaciones ISO, protocolos de cadena de custodia desde 2010 y capacidad de análisis con ADN nuclear, mitocondrial y del cromosoma Y.

La directora también informó sobre el caso emblemático del señor Celaya Suazo, identificado entre 2018 y 2020 a partir de una tibia encontrada en Curacaví, que ilustra la complejidad del proceso: datación por carbono 14, investigación judicial, excavación arqueológica y análisis genético.

Errores históricos y condenas

El SML ha reconocido los errores de identificación del Patio 29. La Directora Prado señaló en la sesión del 6 de noviembre de 2024:

"Hemos sido uno de los primeros en pedir perdón por las malas identificaciones, pero los errores han sido producto de las técnicas que teníamos en esos momentos."

Además, el SML ha sido condenado judicialmente al pago de reparaciones millonarias por mantener cuerpos sin identificar. En la sesión del 15 de septiembre de 2025 se señaló:

"Familias han interpuesto acciones legales contra el Servicio Médico Legal y el Servicio Médico Legal ha sido condenado a reparaciones millonarias en razón de no haber identificado a personas que se encontraban en su poder."

Presupuesto e Infraestructura

Presupuesto 2026

En la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos del 15 de octubre de 2025, la directora del SML presentó la formulación presupuestaria para 2026:

"La formulación presupuestaria del Servicio Médico Legal plantea, para el año 2026, un aumento del 5,7% respecto del presupuesto."

El presupuesto 2025 del SML es de aproximadamente 69 mil millones de pesos. Los recursos adicionales se destinan principalmente a la habilitación del nuevo edificio y a la continuidad de la atención forense.

Nuevo edificio institucional

El dato más relevante de la discusión presupuestaria es la construcción de un nuevo edificio institucional en Isabel Riquelme, que representará un crecimiento del 201% en infraestructura:

"La infraestructura del Servicio Médico Legal crecerá en alrededor de un 201% respecto de la actual, que hoy se distribuye en tres edificios de la Región Metropolitana. Pasaremos de 8.190 m² a aproximadamente 24.678 m²."

Actualmente el SML opera desde tres edificios en la Región Metropolitana: Alameda, Avenida Perú y Avenida La Paz (Independencia). El costo de habilitación, operación y traslado al nuevo edificio supera los 3.800 millones de pesos. El Ministro de Justicia explicó que la disminución del subtítulo 31 de inversión se debe precisamente al término de la obra:

"La disminución del presupuesto se explica principalmente porque terminamos el edificio del Servicio Médico Legal en cuanto a la obra."

Además, se contemplan obras para las sedes de Coyhaique, Quillota y la reciente inauguración de San Antonio.

Brechas periciales

La directora del SML detalló un plan de reducción de brechas periciales 2024-2026, con una meta de reducir más del 95% de las brechas identificadas en 2023. Las áreas críticas son:

• Exámenes toxicológicos.
• Pericias clínicas, principalmente en responsabilidad médica.
• Pericias psiquiátricas y de salud mental, donde existe escasez de especialistas que obliga a la contratación a honorarios.

El servicio mantiene atención forense 24/7 para levantamiento de fallecidos, autopsias en horarios inhábiles y atención a víctimas de agresiones sexuales a nivel nacional.

Rol operativo en seguridad ciudadana

Más allá de su función tradicional, el SML ha asumido nuevas responsabilidades operativas. En la Comisión de Seguridad Ciudadana del 21 de julio de 2025, se informó que el SML participa en operaciones masivas del banco de huellas genéticas para extranjeros indocumentados imputados por crimen organizado, procesando aproximadamente 500 personas al mes en coordinación con el Registro Civil y Gendarmería, conforme a la Ley 21.694 de reincidencia.

Conflictos Laborales y Gestión Institucional

Destituciones sindicales y reclamaciones ante la OIT

La Comisión de Trabajo del 14 de octubre de 2025 recibió a cuatro funcionarios del SML destituidos que presentaron reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Rodrigo Ceballos, presidente de la Asociación de Funcionarios del SML, señaló:

"Represento cuatro reclamaciones ante la OIT de cuatro funcionarios destituidos que están acá presentes."

Los afectados califican las destituciones como "políticas" y denuncian persecución sindical. Según un dirigente presente:

"Se han perseguido dirigentes sindicales del Servicio Médico Legal [...] cuyos sumarios e investigaciones no acreditan evidencia ni prueba."

Entre los reclamantes se encuentran José Morales (expresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SML), Lucía Carrasco y Rosa Cerda (exdirigentes del SML).

Politización del servicio

En la Sesión de Sala del 5 de agosto de 2025, el diputado Cristian Araya (Republicanos) denunció en tiempo de incidentes la politización del SML, señalando que es un organismo que maneja información sensible a nivel judicial —víctimas de delitos, autopsias, causas penales— y que requiere profesionales seleccionados por mérito y con autonomía profesional. El diputado Kaiser, por su parte, afirmó en la sesión del 15 de septiembre de 2025 que el SML "es controlado en este momento políticamente por el Partido Comunista".

Condiciones laborales durante la pandemia

En la Comisión de Salud del 20 de enero de 2025, Fernando Rivero, presidente de la Asociación del SML, expuso las condiciones laborales durante la pandemia COVID-19: protocolos especiales para entrega de fallecidos, altos índices de contagio entre funcionarios y la solicitud de descanso reparatorio equiparable al otorgado a otros servicios de salud. Se mencionó que en 2021 el SML fue excluido del beneficio de descanso reparatorio y que un Proyecto de Resolución con 125 firmas de diputados solicitó al Ejecutivo otorgarlo, sin resultado.

Actores Involucrados

Conclusiones

1. El SML enfrenta una crisis multidimensional. Los problemas del servicio no se reducen a infraestructura o presupuesto, sino que abarcan limitaciones legales (dependencia de órdenes judiciales), brechas periciales (toxicología, psiquiatría), conflictos laborales (destituciones sindicales con reclamaciones ante la OIT) y una carga de trabajo creciente derivada de nuevas funciones en seguridad ciudadana.

2. La transición al nuevo edificio es el cambio estructural más significativo. El crecimiento del 201% en infraestructura (de 8.190 m² a 24.678 m²) podría resolver parcialmente los problemas de almacenamiento y capacidad operativa, pero requiere un presupuesto de habilitación superior a 3.800 millones de pesos y una gestión de cambio institucional que aún está en curso.

3. La aprobación del Boletín 17.095-17 abre una vía para resolver el cuello de botella. Existen más de 1.233 protocolos de osamentas bajo custodia del SML y un banco genético con más de 6.000 muestras de familiares que no se utiliza de manera sistemática. Tras un largo debate y una primera votación fallida, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto (59 a favor, 40 en contra), que ahora debe ser tramitado por el Senado en segundo trámite constitucional.

4. Los conflictos laborales debilitan la capacidad institucional. Las destituciones de dirigentes sindicales y las reclamaciones ante la OIT reflejan un clima laboral deteriorado que compromete la estabilidad del servicio en un momento de transición crítica.

5. La crisis reciente de hacinamiento de cuerpos en morgues aún no ha sido abordada en el Congreso. Los problemas difundidos por medios de comunicación —falta de capacidad de almacenamiento, refrigeradores insuficientes, vulneraciones a la dignidad de personas fallecidas— no aparecen como tema específico en las sesiones analizadas, lo que sugiere que será un tema prioritario para las comisiones del nuevo periodo legislativo (2026-2030).

Anexo: Fuentes Consultadas