Resumen Ejecutivo

Alcance: 25 sesiones citadas tras revisar 3.408 | Agosto 2025 a Agosto 2026

La Orden TED/864/2026 prorrogó Almaraz I y II hasta el 8 de junio de 2030. Aplaza el primer cierre previsto, pero mantiene 2035 como fecha final del parque nuclear español. Este informe examina cómo se llegó a esa decisión y qué deja abierto para las demás centrales.

Hallazgos principales

1. Almaraz abrió una flexibilidad planta por planta. La autorización llegó tras la solicitud de sus titulares y el informe favorable del CSN. No modificó las fechas restantes.
2. El apagón amplió el debate técnico. Las cámaras discutieron control de tensión, frecuencia, inercia y recuperación del suministro. El corpus no atribuye el apagón a una sola tecnología.
3. La presión fue territorial. Extremadura concentró el debate sobre empleo y base fiscal. Cataluña discutió sustitución de potencia y emergencias. Castilla-La Mancha defendió el papel industrial de Trillo.
4. La UE amplió las opciones. La Comisión promovió inversión, diversificación del combustible ruso y SMR. La decisión sobre licencias, calendario y mezcla energética siguió en manos nacionales.
5. Costes y residuos condicionan cada extensión. La continuidad requiere seguridad, capacidad de almacenamiento, financiación de Enresa y acuerdo sobre cargas e inversiones.

Conclusión clave

La decisión de Almaraz resuelve el primer vencimiento, no el futuro completo del parque. España mantiene 2035, pero ahora dispone de un precedente para revisar cada central. Las siguientes decisiones dependerán de seguridad, sustitutos eléctricos, costes, territorio y residuos.

Nota sobre fuentes y datos

El corpus reúne sesiones completadas entre el 25 de agosto de 2025 y el 25 de agosto de 2026. Se revisó el texto hablado, no los términos añadidos por el buscador. El anexo contiene solo las 25 sesiones citadas en el análisis.

Las cifras dichas por parlamentarios o comparecientes se presentan como atribuciones, no como datos propios. El estado jurídico y técnico se actualizó con fuentes del BOE, CSN, Enresa y Comisión Europea consultadas hasta el 27 de agosto de 2026.

El apagón cambió la pregunta, pero no produjo una respuesta técnica única

La actividad priorizada alcanzó su mayor frecuencia entre marzo y junio de 2026.

La discusión nacional pasó de preguntar cuándo cerrar a preguntar qué servicios deben sustituirse. En noviembre, el Congreso debatió la prórroga de Almaraz y la autoridad gubernamental sobre la mezcla energética. Las posiciones enfrentaron costes y residuos con continuidad y estabilidad (Congreso, 13 de noviembre).

Días después, la Comisión de Transición Ecológica volvió a unir nuclear, seguridad eléctrica y revisión de la política climática (Congreso, 19 de noviembre).

Las comisiones sobre el apagón ampliaron esa disputa. Un compareciente atribuyó a las centrales potencia de cortocircuito y control de frecuencia (Senado, 5 de marzo). Otro señaló que la inercia no explicó por sí sola el colapso y recordó salidas del mercado por precio (Senado, 23 de marzo).

El Congreso recogió la misma colisión técnica. Una comparecencia describió la nuclear como estable, pero menos flexible para ciertos controles dinámicos de tensión (Congreso, 20 de abril). En junio se discutió si Almaraz y Trillo ayudaron, quedaron fuera por precio o dificultaron la recuperación (Congreso, 23 de junio).

El corpus no permite atribuir el apagón a una sola tecnología. Sí muestra que la estabilidad del sistema pasó a condicionar la evaluación del calendario nuclear.

La discusión política siguió siendo binaria. Dos jornadas en el Congreso defendieron el cierre pactado y cuestionaron el coste de prolongar las plantas (30 de enero; 16 de febrero). La Comisión de Industria registró la posición contraria del PP y Vox (16 de junio).

En la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el Gobierno defendió renovables, almacenamiento e interconexiones. También admitió que escucharía propuestas necesarias para el suministro (26 de junio).

El centro del conflicto está en los territorios que alojan las centrales

La actividad autonómica no se distribuyó de manera uniforme. De las 77 sesiones priorizadas, Extremadura concentró 20 y Cataluña 19. Castilla-La Mancha tuvo menos sesiones, pero un debate denso.

Comunidad Valenciana, Galicia, Illes Balears y Castilla y León no superaron el umbral de relevancia media. El universo sí incluyó todas sus sesiones completadas.

Extremadura trató Almaraz como una decisión territorial antes que tecnológica. El Gobierno regional vinculó continuidad, suministro y empleo. La oposición añadió el coste de nuevas plantas y la transición de Campo Arañuelo (29 de mayo).

El pleno respaldó la continuidad y discutió qué plan económico existiría si el cierre seguía su curso (28 de mayo).

Castilla-La Mancha situó Trillo dentro de la política industrial. El debate de febrero contrapuso generación firme, estabilidad y empleo a la sustitución por renovables y almacenamiento. Las cifras sobre producción regional y peso nuclear fueron aportadas por los intervinientes y requieren lectura como argumentos parlamentarios, no como medición independiente (19 de febrero).

Cataluña añadió la velocidad de sustitución de Ascó y Vandellòs. Una sesión discutió si el despliegue renovable llegaría antes que los cierres (25 de marzo).

La segunda variable fue la preparación territorial. El Síndic expuso carencias en planes municipales, comunicaciones y recursos de emergencia (18 de mayo). El Govern confirmó que planifica el reemplazo con renovables, almacenamiento y redes (29 de mayo).

Las comunidades sin centrales operativas discutieron otra cuestión. La Comisión Mixta sobre Insularidad registró una propuesta de SMR para Canarias y una respuesta que rechazó trasladar ese modelo al archipiélago (21 de abril). El episodio muestra la distancia entre usar los SMR como argumento nacional y contar con una ruta territorial, regulatoria y financiera para instalarlos.

La Unión Europea amplió el espacio nuclear sin decidir por España

El marco europeo se movió hacia una neutralidad tecnológica más explícita. En noviembre, la Comisión combinó seguridad de suministro, inversión y reducción de dependencias. Almaraz llegó al debate, pero la respuesta mantuvo la competencia estatal sobre la mezcla energética (ITRE, 20 de noviembre).

La política europea separó seguridad y clausura, dependencia rusa y combustible gastado. ITRE discutió financiación para cooperación, cierre y residuos (28 de enero).

La comisión examinó combustible VVER, enriquecimiento y alternativas apoyadas por Euratom (23 de marzo). También abordó el combustible gastado como pasivo de clausura y posible recurso futuro (24 de marzo).

El Consejo mostró que la financiación nuclear divide a los Estados. Rumanía, Polonia, Estonia y Croacia pidieron más instrumentos europeos. Otros reservaron los fondos para renovables, hidrógeno y edificios, salvo seguridad, investigación y residuos (TTE, 16 de marzo).

La UE abrió puertas financieras, pero no creó una obligación común de construir o prorrogar centrales.

Almaraz también llegó a PETI. La comisión examinó una misión a Extremadura y Castilla-La Mancha sobre el cierre y sus efectos territoriales. El conflicto pasó al control político europeo, sin convertirse en una decisión vinculante (PETI, 15 de abril).

En julio, la Comisión describió instrumentos de apoyo a inversión nuclear y garantías para SMR. También reiteró que casi toda la inversión y la elección de tecnología quedan en manos nacionales (ITRE, 14 de julio).

La Comisión estimó en su programa nuclear ilustrativo necesidades de inversión de 241.000 millones de euros hasta 2050. También anunció una garantía de 200 millones para movilizar inversión privada en SMR. Estos instrumentos amplían opciones, pero no sustituyen las decisiones españolas sobre licencias, costes y calendario.

Los costes y los residuos deciden qué significa una prórroga

Almaraz muestra el procedimiento real de una prórroga. Sus titulares solicitaron el 30 de octubre de 2025 operar ambas unidades hasta 2030. El CSN informó favorablemente el 16 de julio de 2026, con límites y condiciones de seguridad.

La Orden TED/864/2026 concedió la renovación hasta el 8 de junio de 2030. El BOE indica que esta decisión no cambia el cierre completo del parque en 2035. La evaluación del CSN concluyó que el ATI-100 ofrece capacidad de almacenamiento hasta la nueva fecha.

El argumento económico tampoco tuvo una cifra común. Los defensores atribuyeron a las plantas menores precios, empleo industrial y estabilidad. Sus detractores añadieron inversiones, residuos, desmantelamiento y posibles garantías de precio.

Las jornadas nacionales reunieron la posición antinuclear. Extremadura y Castilla-La Mancha expusieron el valor territorial de las plantas (30 de enero; 19 de febrero).

La gestión de residuos marca el límite temporal. En el Senado se discutió si los contenedores y almacenes estarían disponibles ante las primeras fechas de cierre (12 de febrero). Enresa prevé almacenamiento temporal descentralizado en cada emplazamiento y el inicio del almacén geológico profundo en 2073 (Enresa).

El debate europeo sobre Ignalina mostró que clausura, combustible gastado y financiación permanecen durante décadas después de dejar de producir (ITRE, 24 de marzo). Una prórroga aplaza parte del desmantelamiento, pero acumula combustible y modifica las aportaciones. Un cierre mantiene la obligación financiera y logística aunque termine la generación.

Tres futuros dependen de decisiones distintas

Mantener las fechas restantes y el cierre total en 2035

Esta es la ruta vigente después de la prórroga de Almaraz. Conserva las demás fechas y acelera sustitutos antes de cada retirada. Cataluña trabaja con ese supuesto en su planificación (29 de mayo).

La prueba no es solo la potencia renovable instalada. También importa la disponibilidad de almacenamiento, redes, interconexiones, respuesta de demanda y generación gestionable. Las comisiones del apagón añadieron control de tensión, frecuencia, inercia y recuperación del servicio (20 de abril).

Revisar el calendario completo

Almaraz crea un precedente procesal, no una extensión automática. Cada cambio futuro exigiría solicitud empresarial, informe del CSN y decisión ministerial. Ascó, Cofrentes, Vandellòs II y Trillo mantienen sus fechas mientras no exista otra resolución.

La discusión parlamentaria añade tributos regionales, tasa de residuos, inversiones y reparto de costes. La presión territorial sobre Almaraz anticipa conflictos similares (Extremadura, 29 de mayo; PETI, 15 de abril).

Abrir una ruta de nueva nuclear o SMR

El corpus recoge promoción política y apoyo europeo, pero no una decisión española de construcción. Los SMR aparecen en Canarias como propuesta disputada (21 de abril) y en ITRE como destino posible de garantías europeas (14 de julio).

La estrategia europea de SMR busca los primeros proyectos europeos a comienzos de la década de 2030. Esta ruta exigiría emplazamiento, licencia, ingresos, cadena de suministro, combustible y solución de residuos. Sus plazos no sustituyen la decisión sobre las centrales existentes.

Conclusiones

El periodo no produjo un consenso nuclear. Sí produjo una primera modificación: Almaraz seguirá hasta 2030. La decisión aplaza el primer cierre, pero conserva 2035 como final del parque.

Almaraz resolvió el caso inmediato, no el calendario completo. Las próximas decisiones serán planta por planta. Deberán coordinar seguridad, sustitutos eléctricos, fiscalidad, empleo territorial y residuos.

La UE cambia el entorno, no la competencia. Sus instrumentos pueden apoyar seguridad, diversificación de combustible y SMR. España conserva la decisión sobre su mezcla energética.

Anexo: Fuentes Consultadas

Diario Oficial

Fuentes oficiales externas