Resumen Ejecutivo

El 7 de abril de 2026 la Cámara de Diputados aprobó por 144 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el proyecto que modifica la Ley Marco de los Bomberos de Chile (Ley N° 20.564) y lo despachó al Senado.

El proyecto refunde dos mociones. El Boletín 17.504-22, de la diputada Francesca Muñoz, regula la transparencia y la probidad en la entrega de recursos del Estado. El Boletín 17.801-22, encabezado por el diputado Cristián Araya junto a otros siete parlamentarios, modifica y complementa la misma ley. La Comisión de Bomberos los fusionó en septiembre de 2025 y elaboró una indicación sustitutiva como texto base.

La indicación incorpora obligaciones de transparencia activa, declaraciones de patrimonio para directivos, un agravante penal para delitos cometidos por directivos sobre recursos públicos y un mecanismo que condiciona la entrega de recursos a la rendición de cuentas previa.

Durante la tramitación, varios diputados señalaron que el proyecto no asigna recursos adicionales a Bomberos. En la sesión del 2 de junio de 2026, el Subsecretario del Interior informó que, al 17 de abril, 47 de los 314 cuerpos de bomberos tenían aprobada la rendición de su primera cuota anual y que los recursos de las acreencias bancarias permanecían sin distribuir a la espera de un mecanismo acordado. El Ejecutivo puso urgencia suma a la tramitación en el Senado ese mismo día.

Este informe sigue la tramitación del proyecto entre septiembre de 2025 y junio de 2026, sobre la base de trece sesiones de la Cámara de Diputados.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son trece transcripciones parlamentarias procesadas por parlamento.ai: once sesiones de la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados y dos sesiones de Sala, entre el 2 de septiembre de 2025 y el 2 de junio de 2026. Todas las citas textuales enlazan a la transcripción original.

Las cifras de financiamiento (montos de acreencias bancarias, ejecución presupuestaria, número de rendiciones) provienen de exposiciones de autoridades en esas sesiones: el tesorero nacional de la Junta, el Subsecretario del Interior y la propia Junta Nacional. Se presentan atribuidas a quien las entregó y enlazadas a la sesión. Los montos aproximados se marcan con ~.

Origen y refundición de los boletines

El Boletín 17.504-22 se originó a partir de oficios de fiscalización sobre el uso de recursos en cuerpos de bomberos. En la sesión que abrió la discusión, la diputada Karen Medina, coautora de esa moción, señaló problemas de probidad en varios cuerpos y la duplicidad de rendiciones ante municipios, gobiernos regionales y el Ministerio del Interior.

"No podemos tramitar paralelamente dos proyectos en la misma línea, y en el fondo lo que buscamos hoy día, lo hemos dicho claramente, es fortalecer las medidas o las herramientas que tenga esta institución para evitar seguir con problemas de mala administración de recursos públicos." — Karen Medina, sesión del 2 de septiembre

La diputada Francesca Muñoz solicitó fusionar su moción sobre transparencia con la del diputado Cristián Araya, que modificaba la Ley Marco. La Comisión votó la solicitud de fusión y la aprobó por unanimidad, con diez votos.

El Presidente Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos describió ante la comisión la estructura de la institución: 314 cuerpos con personalidad jurídica propia, cuyo representante legal es cada superintendente. Según señaló, esa estructura limita la capacidad de la Junta para investigar a un cuerpo, una de las materias que el proyecto buscó regular.

Bomberos administra recursos fiscales, municipales y privados. A esas fuentes se sumaron en los últimos años las acreencias bancarias, reguladas por la Ley N° 21.572.

Contenido del proyecto: transparencia, responsabilidad penal y rendición de cuentas

La indicación sustitutiva modificó varios artículos de la Ley N° 20.564. Cuatro materias concentran los cambios.

La primera es la transparencia activa. La Comisión sujetó a los cuerpos y a la Junta a obligaciones de publicidad tomadas de la Ley N° 20.285: directorio, presupuesto, fuentes de financiamiento, estatutos y actas. La presidenta de la comisión, diputada Marcela Riquelme, acotó el alcance a la transparencia activa y dejó fuera la pasiva. La Contralora Dorothy Pérez había señalado en septiembre que el Consejo para la Transparencia no tiene competencia sobre Bomberos, por no ser un órgano de la Administración del Estado, de modo que la obligación debía establecerse por ley.

La segunda es la declaración de intereses y patrimonio de la Ley N° 20.880 para los directivos que manejan fondos, una de las recomendaciones de la Contraloría.

La tercera materia, la sanción penal a directivos que defrauden, se votó y luego se reabrió. El 20 de enero la Comisión asimiló a los directivos a la calidad de funcionario público para perseguir malversación, fraude al fisco y cohecho, por cuatro votos contra uno. Una semana después la comisión reemplazó esa norma. En lugar de la calidad de funcionario público, optó por aumentar en un grado la pena de los delitos de administración desleal y apropiación indebida cuando los cometan directivos sobre recursos públicos o sobre los fondos de la ley de acreencias bancarias, con inhabilitación para ejercer cargos directivos. El reemplazo se aprobó por unanimidad, con once votos.

"Aquí se administran fondos públicos y una inmensa cantidad de dineros públicos, y si no tienen la calidad de funcionarios públicos para los términos de esto, no se les puede procesar." — Maite Orsini, sesión del 20 de enero

El abogado de la Junta, Fernando Recio, objetó la equivalencia con funcionario público por su efecto sobre la captación de voluntarios, en particular en cuerpos pequeños.

La cuarta materia condiciona la entrega de recursos a la rendición. El artículo 6° bis exige que un cuerpo haya rendido los últimos recursos recibidos y tenga aprobada la rendición de los anteriores para acceder a la cuota siguiente. La redacción replica el estándar de las glosas presupuestarias de la Subsecretaría del Interior, según explicó Camilo Grez, de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia.

"Para recibir los recursos de este año, la primera cuota de este año, el Cuerpo de Bomberos tiene que haber rendido, no aprobado, rendido la del año anterior y aprobada la del año ante anterior." — Camilo Grez, sesión del 3 de marzo

Financiamiento y acreencias bancarias

Desde la votación en general, varios diputados observaron que el proyecto no asigna recursos adicionales a Bomberos para cumplir las nuevas obligaciones. El diputado Héctor Barría lo planteó en la sesión del 9 de septiembre.

"Leyendo el artículo no veo dónde se asignarán los recursos adicionales a bomberos para que se hagan cargo de esta tarea. No es una institución del Estado, es una organización de voluntarios que desarrollan una labor profesional." — Héctor Barría, sesión del 9 de septiembre

La principal fuente de crecimiento de los recursos de Bomberos en los últimos años es la ley de acreencias bancarias, la N° 21.572, que asignó a Bomberos los saldos abandonados en el sistema bancario. En enero, el tesorero nacional Rodrigo Muñoz detalló su distribución y montos ante la comisión.

El criterio de reparto asigna el 70% en partes iguales entre los 314 cuerpos y el 30% restante por un factor técnico acordado con la Subsecretaría, basado en un estudio de 2014.

"El 70% de los fondos será distribuido en partes iguales a los 314 cuerpos de bomberos, y el saldo restante se asignará de acuerdo al factor predefinido y acordado con la subsecretaría para cada uno de ellos." — Rodrigo Muñoz, sesión del 13 de enero

El Vicepresidente Nacional de la Junta, Luis Carmach, indicó en abril que la ley de acreencias financia cerca del 30% del presupuesto de Bomberos. En la sesión del 2 de junio se refirió a la importancia de esos recursos para el funcionamiento de la institución.

"De no haber tenido las acreencias bancarias y los resguardos que tomaron los cuerpos de bomberos hasta el día de hoy respecto de la cuota recibida el año pasado, créanme que habría sido imposible mantener el servicio hasta el día de hoy." — Luis Carmach, sesión del 2 de junio

El artículo 6° bis faculta a la Junta para retener transferencias a un cuerpo que no rinda a tiempo. La diputada Maite Orsini observó que una retención podría dejar sin servicio de emergencia a una comuna y propuso que la decisión de retener quedara radicada en el Ministerio del Interior. El artículo 6° bis fue el último en votarse en la Comisión.

En la Sala, el diputado Nelson Venegas señaló que el seguro de Bomberos ante catástrofes permanece en tramitación en la Comisión para el Mercado Financiero.

Votación en Sala y despacho al Senado

El 7 de abril, el diputado Cristián Araya rindió el informe ante la Sala y el proyecto se votó en general y en particular en un mismo acto. Se aprobó por 144 votos a favor. Por no haber sido objeto de indicaciones, quedó aprobado también en particular con la misma votación y se despachó al Senado.

Diputados de distintas bancadas respaldaron el proyecto. El diputado Jorge Guzmán se refirió a la administración de recursos públicos.

"Cuando se administran recursos públicos, la confianza no se presume, se construye con reglas claras." — Jorge Guzmán, sesión del 7 de abril

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó la opinión favorable del Ejecutivo e informó que la urgencia se acordó tras una reunión con la Junta Nacional.

Dos normas concentraron los reparos durante el debate. La primera fue la prohibición de huelga y paralización, fundada en que Bomberos presta un servicio de utilidad pública. El diputado Patricio Pinilla anunció que evaluaba abstenerse por su efecto sobre bomberos rentados sindicalizados, y la diputada Sofía González planteó dudas sobre su compatibilidad con la garantía constitucional de sindicalización. El diputado Fernando Ugarte, bombero, señaló que en Bomberos de Chile no existen bomberos rentados.

La segunda fue la norma que priva de fondos públicos a un cuerpo por la conducta de un directivo. El diputado José Antonio Rivas pidió revisarla.

"La responsabilidad penal en nuestro ordenamiento jurídico es siempre personal. Sanciona conductas individuales, no colectivas. Y aquí, en los hechos, se termina afectando a toda la institución." — José Antonio Rivas, sesión del 7 de abril

Ambos reparos se plantearon en el debate, sin dar lugar a una votación separada. El proyecto se aprobó por 144 votos a favor y pasó al Senado para su segundo trámite.

Ejecución presupuestaria y rendiciones a junio de 2026

El 2 de junio, en una sesión de la Comisión, el Subsecretario del Interior Máximo Pavez entregó cifras de ejecución del presupuesto 2026 de Bomberos.

Al 17 de abril, 47 de los 314 cuerpos tenían aprobada la rendición de la primera cuota y uno la de la segunda. La transferencia de recursos exige rendiciones al día conforme a la Contraloría, y la propuesta de distribución de la Junta no había sido presentada. Pavez señaló que el presupuesto de Bomberos no fue reducido en el ajuste fiscal y vinculó la aprobación de la ley marco con el estándar de rendición.

"Este gobierno no recortó ningún centavo en el recorte del presupuesto que el Ministerio de Hacienda está liderando en el programa de bomberos. Ninguno." — Máximo Pavez, sesión del 2 de junio

"Por eso es importante aprobar la ley marco que el gobierno está urgenciando hoy día, porque la ley marco lo que hace justamente es tratar de imponer obligaciones, subir el estándar de la forma en que se rinde." — Máximo Pavez, sesión del 2 de junio

El Vicepresidente Nacional Luis Carmach atribuyó el retraso a la aplicación retroactiva de una circular de rendición más exigente y a la falta de acuerdo entre los cuerpos sobre un nuevo mecanismo de distribución, lo que llevó a mantener el de 2014 y dejó pendiente la segunda cuota.

El diputado Rivas propuso incorporar en el presupuesto de Bomberos personal rentado para las rendiciones, planteamiento que la diputada Contreras respaldó. Esa medida no forma parte del articulado aprobado.

Estado de tramitación y materias pendientes

Al cierre de este informe, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con urgencia suma desde el 2 de junio de 2026.

Dos materias quedaron planteadas en la Cámara sin votación separada. La primera es la norma que condiciona el acceso a fondos públicos de un cuerpo a la conducta de sus directivos, que el diputado José Antonio Rivas pidió revisar por su efecto sobre toda la institución. La segunda es el financiamiento de la capacidad administrativa para rendir cuentas, planteado por los diputados Héctor Barría y Rivas y no incorporado al texto.

Las cifras de ejecución presupuestaria entregadas en junio (47 de 314 cuerpos con la primera cuota rendida) y la participación de las acreencias bancarias en el financiamiento de Bomberos (cerca del 30% del presupuesto, sobre 39.000 millones de pesos en 2025, según la Junta) son antecedentes de la discusión que continúa en el Senado.

Anexo: Fuentes consultadas