Resumen ejecutivo

El Boletín 17.329-09 entró a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara el 17 de junio de 2025 con la presentación del diputado Víctor Pino y siete meses después llegó a Sala con respaldo unánime: 9 votos a favor en comisión (2 de septiembre) y 128 a favor, 0 en contra en la votación de Sala del 12 de enero de 2026. Cuatro meses más tarde, en el Senado, ese consenso se rompió en lo técnico. En la primera sesión del segundo trámite, el 6 de mayo de 2026, los dos organismos llamados a aplicar la futura ley (Ministerio de Obras Públicas y Superintendencia de Servicios Sanitarios) enumeraron en voz alta una lista de defectos del texto que llegó desde la Cámara: superposición de títulos habilitantes, ausencia de definición de la autoridad competente, conflictos con la concesión sanitaria, delegación excesiva al reglamento y un modelo de financiamiento incierto.

La tensión que define el proyecto está ahí. La Cámara aprobó un texto que su propio relator de la SISS, el superintendente Jorge Rivas, sintetizó en la frase: "No vemos del todo claro un incentivo que diferencie esta ley respecto de lo que ya tenemos hoy día". El reuso de aguas servidas tratadas en Chile no está prohibido (de hecho ya ocurre en Antofagasta y se piloteó en Coquimbo). El problema es que las barreras económicas y regulatorias no se mueven con el articulado aprobado. El compromiso del Ejecutivo de presentar indicaciones, que se anunció primero para fines de abril, sigue sin fecha cierta al 22 de mayo.

Qué regula el proyecto: articulado, alcance y exclusiones

El Boletín 17.329-09 ingresó como moción parlamentaria a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y, tras siete meses de tramitación, fue despachado en Sala el 12 de enero de 2026 con un texto de cinco artículos permanentes y un transitorio. Su objeto es habilitar y regular la reutilización de las aguas residuales tratadas que hoy se descargan al mar a través de los emisarios submarinos del país, sin tocar a los servicios sanitarios rurales y excluyendo expresamente el consumo humano.

El diagnóstico que el proyecto pretende abordar

Las cifras que se repitieron a lo largo de la tramitación y que el propio articulado intenta atacar son las que entregaron las instituciones técnicas en audiencias entre julio y agosto de 2025:

• 33 emisarios submarinos a lo largo de la costa chilena, de Arica a Puerto Montt (cifra de la SISS presentada por ACADES en la sesión del 1 de julio).
• 21% del agua tratada nacional se descarga al mar por esos emisarios, equivalente a 8,2 m³/s (ECONSSA, 22 de julio; DGA, 12 de agosto).
• 270 millones de m³/año vertidos al océano sin reutilización (Centro UC, 8 de julio).
• 6% del agua tratada se reutiliza efectivamente, de los cuales 4% proviene de emisarios y 2% de Copiapó (ECONSSA).
• Concentración en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso.
• En Coquimbo, el 72% del agua tratada va al mar (1.200 L/s); en Antofagasta, 1.325 L/s repartidos entre cuatro emisarios (Aguas Antofagasta, Gobernador de Coquimbo, 5 de agosto).

Articulado despachado por la Cámara

Lo que el proyecto deja fuera

Consumo humano. La exclusión es expresa. La diputada María Luisa Cordero, médica, sintetizó el reparo sanitario en la sesión del 7 de octubre: "Como médica, me preocupa que en Chile, con la corrupción instalada por décadas, terminemos con chilenos consumiendo agua contaminada con heces". Pino respondió manteniendo la exclusión: "En ningún caso para el consumo humano. Sé que en otros países ya se utiliza para el consumo humano, pero lo que plantea el diputado Moreno no me parece mal: que podamos habilitarlo para otros usos que hoy quizá no tenemos en la retina".

Servicios sanitarios rurales (APR). El art. 3 los exime remitiéndolos a la Ley 20.998. Ese estatuto está siendo objeto de un proyecto paralelo del Ejecutivo (Bol. 17.877-33) que el Senado discute en la misma comisión.

Modelo tarifario y financiero. El rechazo del art. 5 (convenio para minería) y el rechazo por 3-2-3 de la indicación de Pino que bloqueaba el traspaso del costo a tarifa de clientes regulados dejan sin definir quién absorbe el sobrecosto del tratamiento secundario adicional. Alberto Undurraga anunció en Sala el 12 de enero que el Senado debe corregirlo: "Vamos a aprobar esto en el entendido de que en el segundo trámite parlamentario debe ser mejorado".

Emisarios privados (no sanitarios). El proyecto no distingue régimen para emisarios fuera del régimen sanitario.

Atribuciones nuevas de fiscalización. El texto remite implícitamente a la SISS, sin dotarla de potestades adicionales (observación que Jorge Rivas formuló en el Senado).

El reglamento posterior: lo que la ley delega

El artículo transitorio entrega al reglamento, con plazo de un año desde la publicación de la ley, la definición concreta de los parámetros de calidad del agua reutilizada por tipo de uso, los procedimientos de autorización y los requisitos mínimos de sanidad. Esa delegación es uno de los puntos que la DGA cuestiona técnicamente en el Senado, como se detalla en la sección siguiente.

Trámite legislativo: ocho meses en la Cámara, cuatro de espera en el Senado

El proyecto se presentó en la Cámara el 17 de junio de 2025 como moción de los diputados Víctor Pino (autor principal), Yovana Ahumada, Marta González, Emilia Nuyado, Erika Olivera, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio. En la sesión inicial Pino describió el universo del problema: 33 emisarios submarinos en la costa de Chile que vierten aguas con tratamiento primario, con un caso central en La Serena-Coquimbo donde "el emisario submarino entrega 1.200 litros por segundo, lo cual equivale prácticamente a la demanda total de la ciudad" (Pino). La sesión definió la lista de invitados (MOP, MMA, Minsal, SISS, ANDESS/CADES, académicos UC, Aguas Antofagasta) y solicitó informe comparado a la Biblioteca del Congreso.

Las seis sesiones siguientes en la Comisión de Recursos Hídricos articularon una ronda de audiencias en orden técnico. ACADES, representada por su presidente Alberto Kresse, abrió la fase el 1 de julio con un punto que se repetiría a lo largo de la tramitación: "la barrera al reuso no es tecnológica, es económica y regulatoria". El 8 de julio los académicos Daniela Rivera y Guillermo Donoso del Centro UC cuantificaron el universo: cerca de 270 millones de m³ al año vertidos al mar, el 21% del agua tratada del país, con concentración en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso. Donoso advirtió el costo del salto tecnológico: pasar a tratamiento secundario implicaría "un aumento de 2 a 4 veces en CAPEX y de 3 a 5 veces en OPEX".

El 22 de julio la sanitaria estatal ECONSSA Chile, representada por Álvaro Arroyo (gerente general) y Fernando Velásquez (gerente de desarrollo), aportó el dato más citado luego: solo el 6% del agua tratada se reutiliza efectivamente. Antofagasta tiene en marcha un proyecto de 900 L/s para minería, "único en Latinoamérica" según Arroyo; Mejillones licita reuso para una planta de hidrógeno verde; Calama entrega a Codelco. La audiencia del 5 de agosto sumó al Gerente de Aguas Antofagasta (Carlos Méndez), al Gobernador de Coquimbo (Cristóbal Juliá) y al asesor BCN Eduardo Baeza. Méndez planteó la regla de oro del financiamiento: "No hay más forma de hacerlo. O lo pone el Estado, o lo pone el privado, o lo ponen los clientes vía tarifa".

La sesión del 12 de agosto cerró el círculo institucional. La jefa de la División de Políticas Saludables del Minsal, Camila Silva Olivares, dijo que el Ministerio "no tendría mayores competencias en las autorizaciones que pudiesen vislumbrarse a través de este proyecto de ley", remitiendo la fiscalización a la SISS. El director nacional de la DGA, Rodrigo Sanhueza, confirmó las cifras: "Aquí está hoy día en discusión el boletín, es justamente qué hacemos con el 21 % que se descarga al mar". El 2 de septiembre la comisión aprobó el proyecto en general 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, tras escuchar a ANDESS (Juan Pablo Feliú y Cristian Brito) y a la académica de la Universidad San Sebastián Tatiana Celume, que dejó un alcance crítico: "La presente ley autoriza el reuso. Aquí yo haría un alcance porque en la actualidad no existe una imposibilidad legal de reutilizar las aguas; de hecho, se reutilizan. Entonces sería importante que quizás lo importante sería regular la reutilización".

La votación en particular se hizo en dos sesiones. El 7 de octubre la comisión despachó los artículos 1° a 3° con indicaciones del propio Pino y del diputado Benjamín Moreno: se amplió el destino del agua a "riego, uso industrial y otros usos, exceptuando el consumo humano", se redefinió el "titular" como propietario o adjudicatario de la concesión y se ajustó el estándar técnico de referencia (de "superior" a "equivalente" a la tabla N° 1 del DS N° 90/2000). El 14 de octubre cerró la votación. Tres decisiones marcaron el texto que pasó a Sala: aprobación del reemplazo íntegro de los artículos 4 y 6 por indicaciones de Pino, rechazo total del artículo 5 (que obligaba a la minería de "alto impacto" a suscribir convenio con un tercero) y, sobre todo, rechazo por 3-2-3 de la indicación de Pino que impedía traspasar el costo del tratamiento a tarifa de los clientes regulados. Pino quedó designado diputado informante.

En Sala los tiempos se desordenaron. El 7 de enero de 2026 el diputado Daniel Manouchehri pidió en dos oportunidades adelantar el proyecto al tercer lugar de la tabla del orden del día; en ambas la presidencia constató que no había unanimidad. El boletín fue tratado finalmente el 12 de enero. Pino rindió el informe; intervinieron Félix González (Partido Ecologista Verde), Carolina Tello (DC, por Coquimbo, en reemplazo de María Francisca Bello), Alberto Undurraga (DC), Roberto Arroyo (Biobío) y Nathalie Castillo (Coquimbo). Undurraga adelantó la línea de salida: "Vamos a aprobar esto en el entendido de que en el segundo trámite parlamentario debe ser mejorado". El proyecto se aprobó en general por 128 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y, por no haber sido objeto de indicaciones, se entendió aprobado en particular con la misma votación. Se despachó al Senado.

El Senado recibió el oficio al día siguiente, 13 de enero, en una mención breve dentro de la cuenta: el proyecto pasó a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Pasaron casi cuatro meses sin movimiento sustantivo. La primera sesión del segundo trámite fue el 6 de mayo de 2026, bajo la presidencia de la senadora Yasna Provoste. Allí cambió el tono.

Las dificultades

Cuatro problemas atraviesan la tramitación, todos planteados en sesiones distintas y todos sin resolución al 22 de mayo. El primero son los reparos técnicos del Ejecutivo expresados en la primera sesión del Senado. Cuando el texto llegó a la comisión de Yasna Provoste, el asesor del ministro de Obras Públicas (DGA) Hipólito Sañartu enumeró los problemas en una sola intervención. El primero fue jurídico: "Utiliza un sistema de concesiones, pero también utiliza un sistema de autorizaciones. Tendríamos en el fondo dos títulos habilitantes eventualmente respecto de un mismo objeto, lo que a mí, desde el punto de vista netamente jurídico, me causa cierta contradicción". El segundo, de diseño normativo: "Considero que este proyecto de ley entrega demasiada materia al reglamento". El tercero, de coordinación: superposición con la concesión sanitaria de disposición de aguas servidas, con las concesiones marítimas otorgadas para los emisarios y con la nueva ley de desalación. El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, agregó una observación que aún no se había explicitado en el primer trámite: "En Chile hay 33 emisarios submarinos de aguas residuales urbanas. Este proyecto de ley no hace la distinción de los distintos emisarios submarinos". Y formuló el dilema central: "Hoy día, con las legislaciones que tenemos, la verdad es que nada impide que se haga la reutilización, pero ¿por qué no se está haciendo? Porque tiene un costo muy alto". La conclusión, en una frase: "No vemos del todo claro un incentivo que diferencie esta ley respecto de lo que ya tenemos hoy día".

La segunda dificultad es el modelo de financiamiento que la propia Cámara dejó abierto. El artículo 5 que la Cámara rechazó completo proponía obligar a la minería de "alto impacto" a suscribir convenios; el diputado Benjamín Moreno lo objetó por indefinición ("alto impacto" y "grandes volúmenes" no estaban delimitados) y por superponerse al artículo 1°. Pino intentó cerrar el flanco tarifario con una indicación que impedía traspasar el costo del tratamiento a la tarifa de los clientes regulados, citando el precedente de la Ley 21.075 sobre aguas grises. El asesor BCN Eduardo Baeza respaldó el precedente en la sesión: "El argumento que se utilizó allí es que no se puede traspasar a tarifa el costo cuando las aguas que provienen del servicio sanitario, específicamente el alcantarillado, se destinan a un negocio no regulado". La indicación fue rechazada 3 a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Moreno explicó por qué no apoyó el bloqueo: "Si no pueden traspasar el costo de tratar estas aguas al precio, simplemente no podrán invertir, sobre todo si las inversiones son caras". Undurraga, en Sala, anunció que la corrección tendría que venir del Senado.

La tercera dificultad es la del propio Ejecutivo. En la sesión del Senado del 6 de mayo, Provoste fijó la cronología: "El Ejecutivo, en una sesión acá, planteó que las indicaciones iban a ser ingresadas a fines de abril. Ya estamos en mayo y en la última sesión el representante del Ejecutivo planteó que iban a tomarse un poco más de tiempo para esto". Sañartu, por el MOP, comprometió "una minuta conjunta" con la SISS pero no aceptó fecha definitiva ni acogió la propuesta de instalar una mesa técnica formal. Al 22 de mayo, las indicaciones no se han presentado.

La cuarta dificultad es de cobertura territorial. El senador Carlos Kuschel (Chiloé, Llanquihue, Aysén) pidió que la comisión escuchara a APRs y federaciones del sur antes de cerrar las indicaciones: "En mi zona tenemos problemas de agua potable rural en distintos estados de avance algunos proyectos. Incluso hay proyectos en que se han construido los pozos y no hay sistemas de distribución". La senadora Cicardini trajo el caso del emisario de Huasco, Atacama: "Durante muchos años ha sido un problema ambiental que va de la mano con malos olores, con incomodidad en la comunidad, con un problema sanitario evidente". El diseño del proyecto, centrado en las descargas masivas del Norte Chico, no necesariamente conversa con las realidades hídricas del extremo sur o de las cuencas atacameñas, donde el problema es de provisión, no de descarga.

Estado al 22 de mayo de 2026

El acuerdo de comités informado el 6 de mayo, que preveía votar en general el proyecto en Sala "la próxima semana", no se materializó. Entre el 7 y el 22 de mayo la Sala del Senado tuvo seis sesiones ordinarias y especiales y en ninguna se incluyó el Bol. 17.329-09 en tabla: los temas tratados fueron designación de senadores (Bol. 2728-14), Subsistema de Inteligencia Económica (Bol. 15.975-25), seguridad y orden público (Bol. 18.156-04) y cuenta pública de TVN, entre otros. El plazo de indicaciones, que se abre solo después de la votación general, sigue sin iniciarse.

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía sesionó el 13 y el 20 de mayo y dedicó ambas instancias a recibir opiniones sobre el Bol. 17.877-33, el proyecto del Ejecutivo que moderniza la Ley 20.998 sobre servicios sanitarios rurales. Las audiencias adicionales por excepción al reglamento que se habían acordado para el Bol. 17.329-09 con invitados de Kuschel y Cicardini no se realizaron en esa ventana. La minuta conjunta MOP-SISS comprometida por Sañartu y Rivas tampoco se ha presentado, y el Ejecutivo no ha ingresado sus indicaciones.

El proyecto entra a la sexta semana en el Senado con dos calendarios congelados al mismo tiempo: el de Sala (que necesita la votación general para abrir el plazo de indicaciones) y el del Ejecutivo (que comprometió las indicaciones para fines de abril y luego para "un poco más de tiempo" sin nueva fecha). La observación de Rivas en mayo ("no vemos del todo claro un incentivo que diferencie esta ley respecto de lo que ya tenemos hoy día") queda como pregunta abierta hasta que alguno de los dos calendarios se desbloquee. La corrección del traspaso a tarifa que Undurraga anunció en Sala como tarea del Senado, y que la propia comisión de origen rechazó por un voto, depende de ese mismo trámite.

Actores: quién impulsa, quién observa, quién aplicará la ley

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se basa en 13 transcripciones parlamentarias procesadas y almacenadas en parlamento.ai entre el 17 de junio de 2025 y el 6 de mayo de 2026. Once tienen relevancia alta (la sesión discute sustantivamente el boletín), una tiene relevancia media (recepción procedimental en el Senado, sin debate) y una tiene relevancia baja (Sala Cámara del 7 de enero, donde solo hubo solicitudes de Reglamento sin votación). Todas las citas textuales enlazan a la transcripción de origen. Los datos cuantitativos que aparecen entre comillas o atribuidos a un orador provienen de las propias exposiciones de los invitados en sesión.

Anexo: fuentes consultadas