1. Resumen Ejecutivo

El 17 de junio de 2026, la Comisión de Gobierno del Senado aprobó por cuatro votos a cero que el Estado deberá capturar los datos biométricos de todo extranjero mayor de 18 años y, si el cuartel policial no tiene la máquina, trasladar a la persona hasta una que la tenga (Sesión del 17 de junio de 2026). Cinco semanas antes, el mismo Senado se había trabado en un empate de cinco votos a cinco y no logró designar al consejo de la agencia encargada de fiscalizar precisamente ese tratamiento de datos (Sesión del 12 de mayo de 2026).

Las dos sesiones tratan piezas distintas de un mismo proceso. El Congreso tramita y aprueba usos de identificación biométrica en múltiples frentes (migración, pensiones, venta de alcohol por aplicación, estadios, transporte aéreo, tarjetas SIM, firma electrónica), mientras el marco horizontal que regula ese uso todavía no está operativo. La Ley N° 21.719 de protección de datos personales, que por primera vez define el dato biométrico como dato sensible, entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 (Sesión del 12 de mayo de 2026). La Agencia que debe aplicarla no tenía consejo designado a mediados de año. El proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, que prohíbe la identificación biométrica remota en tiempo real, sigue en primer trámite (Sesión del 12 de marzo de 2025).

La revisión de 26 sesiones entre enero de 2025 y julio de 2026 registra tres patrones. Primero, en seguridad y migración la biometría es texto de ley aprobado, no solo propuesta. Segundo, los usos biométricos sectoriales se tramitan por separado, en proyectos distintos, sin un estándar común de consentimiento, custodia o proporcionalidad entre ellos. Tercero, varias sesiones registran fallas o vacíos del sistema: la huella del adulto mayor que el banco ya no reconoce y el registro biométrico de niños migrantes que, según la Defensoría de la Niñez, no se implementó.

Fuente: elaboración propia a partir de las sesiones del Congreso citadas en este informe (transcripciones de parlamento.ai).

2. Seguridad y control migratorio

En 2025 y 2026, el eje de seguridad y control migratorio es el único donde la biometría pasó de propuesta a norma aprobada. La secuencia documentada es la siguiente.

El 29 de enero de 2025 el Senado despachó, por 25 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto que autoriza el tratamiento de datos biométricos para identificar a pasajeros del transporte aéreo (Boletín 16.434-15). El texto modifica la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones para habilitar, según leyó la senadora Ximena Órdenes, la adopción por la PDI de "cualquier dispositivo o medio tecnológico idóneo para tal efecto, incluyendo el tratamiento de datos biométricos" en el control de quienes entran, salen o se trasladan por vía aérea (Sesión del 29 de enero de 2025). En la audiencia previa, el Ministerio del Interior había sido explícito sobre la infraestructura detrás: el sistema AVIS, descrito por el gobernador Rodrigo Mundaca como un "sistema automatizado de identificación biométrica facial, dactilar y por voz" (Sesión del 8 de enero de 2025).

Según lo expuesto en la comisión, el sistema ya opera en la frontera norte y se financia con recursos de los gobiernos regionales, no del nivel central. El costo aproximado que se mencionó fue de 22.000 millones de pesos, cubierto vía rebajas presupuestarias regionales: Valparaíso aportó 1.898 millones, Antofagasta 1.466 millones, Coquimbo 1.384 millones. El funcionario de Interior Rafael Collado lo describió así:

"el sistema es simplemente un sistema de autenticación biométrica, que permite tanto enrolamiento como la revisión de personas ya enroladas. Por lo tanto... el sistema es multipropósito, o sea, sirve para lo del norte... como también sirve para la autenticación biométrica en aeropuertos. Es que es el mismo sistema." — Rafael Collado, Ministerio del Interior, Sesión del 8 de enero de 2025

El sistema es multipropósito, según Interior: sirve para la frontera, el aeropuerto y el control interno. La misma tecnología reaparece un año después en el proyecto de expulsión migratoria.

El Boletín 16.836-06, que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar la expulsión administrativa, fue aprobado en general por el Senado el 7 de abril de 2026 por 35 votos contra 1. Entre sus objetivos centrales, según relató la sala, está "el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular", con una medida concreta: "autorizar a la PDI para obtener los datos biométricos de las personas extranjeras mayores de 18 años que se encuentren en condición migratoria irregular" (Sesión del 7 de abril de 2026). Varios senadores lo respaldaron en la discusión. El senador Pedro Araya lo describió así:

"finalmente, se incorpora el registro biométrico de personas en situación irregular, una herramienta indispensable para cualquier política seria respecto al control migratorio." — Pedro Araya, Sesión del 7 de abril de 2026

En la discusión particular, el 17 de junio, la comisión endureció el diseño. Aprobó por unanimidad una indicación que reemplaza "se podrá trasladar" por "se trasladará": si la unidad policial no cuenta con el sistema biométrico, el traslado del extranjero a la unidad más cercana con la tecnología deja de ser facultativo y pasa a ser obligatorio, por un máximo de 24 horas (Sesión del 17 de junio de 2026). Cuando el senador Becker preguntó si el país tiene suficientes máquinas para cumplir ese plazo, el subsecretario del Interior describió el plan:

"lo que se está trabajando actualmente es que la policía, en todos los cuarteles policiales, es capaz de registrar fotográficamente a las personas, tomar sus huellas dactilares, y el proyecto consiste en poder utilizar a nivel central un motor que nos permita procesar esa fotografía tomada en los cuarteles policiales y también sus huellas digitales." — Subsecretario del Interior, Sesión del 17 de junio de 2026

El registro biométrico migratorio también tiene una historia administrativa previa a la ley. En la Comisión de Constitución del 22 de julio de 2025, el ministro de Justicia Jaime Gajardo detalló que desde 2023 el Registro Civil empadrona a extranjeros indocumentados imputados tomando "huellas dactilares y fotografía de rostro"; hasta marzo de 2025 se habían recibido más de 13.000 solicitudes y otorgado 11.013 identificadores provisorios (Sesión del 22 de julio de 2025). En esa sesión Gajardo fijó la premisa que atraviesa todo el eje:

"por orden del tribunal, se decreta el enrolamiento de esta persona y se le toman sus datos biométricos, que al final son los datos relevantes para esto, porque que nosotros tengamos las huellas dactilares y el registro de la persona biométrica es lo relevante de cualquier registro público de identidad." — Jaime Gajardo, Ministro de Justicia, Sesión del 22 de julio de 2025

La capacidad instalada detrás de estas normas ya es considerable. En la Comisión de Derechos Humanos del 15 de abril de 2026, el Registro Civil describió una cadena de sistemas: el AFIS dactiloscópico resuelve el 97% de las consultas de forma instantánea y realizó 61.822 consultas para el Servicio Médico Legal en 2025, sobre una base que llega a los 29 millones de personas; la identificación facial coteja desde 2014 y, según su director, "hoy día con un 30% del rostro se puede llegar a una identificación muy cercana"; y el organismo declaró estar "en condiciones de avanzar en el registro del IRIS" como tercer elemento (Sesión del 15 de abril de 2026).

Fuente: cifras citadas por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en la Sesión del 8 de enero de 2025 (transcripción de parlamento.ai).

Sobre este despliegue conviven dos advertencias de sentido opuesto. Una es operativa: en Antofagasta, el Consejo Regional descubrió que 1.466 millones de pesos aprobados para el sistema de identificación biométrica ABIS de la PDI "nunca llegaron", y ofició a la Dirección de Presupuestos para saber dónde está el dinero (Sesión del 5 de junio de 2026). La otra es garantista: ante la Comisión de Gobierno, la representante del Sistema de Naciones Unidas pidió cautela con el uso de datos biométricos en el proyecto migratorio, "que los datos sean sensibles, que hay reglas claras para manejar estos", con atención especial a los niños (Sesión del 9 de junio de 2026).

El plan del Ejecutivo confirma que el frente seguirá creciendo. El ministro de Seguridad Pública, Carlos Martín Arrau, fijó como meta al 2027 la "biometría de personas en los pasos que concentran al menos el 50% del flujo migratorio, por ejemplo, Chacayuta", con una inversión estimada entre 60.000 y 80.000 millones de pesos (Sesión del 3 de junio de 2026).

En paralelo, el registro biométrico de niños migrantes figura como una carencia. En el mismo período, el Defensor de la Niñez señaló que el registro biométrico de los menores haitianos ingresados en vuelos charter no se implementó. Desde fines de 2023 la Defensoría ofició de forma reiterada al Servicio Nacional de Migraciones por su avance:

"el 2024, oficiamos al Servicio Nacional de Migraciones precisamente para que nos diera cuenta del avance de la implementación del registro biométrico que a lo menos iba a contribuir a acreditar de manera fehaciente la identidad de niños y niñas en contexto de movilidad que llegaron a Chile. Sin respuesta." — Defensor de la Niñez, Sesión del 17 de junio de 2026

Así, el registro biométrico obligatorio del migrante adulto se aprueba en el mismo período en que la Defensoría reporta sin implementar el registro biométrico de los niños migrantes.

3. Protección de datos: Ley 21.719, la Agencia y la Ley de Inteligencia Artificial

El marco general que regula el tratamiento de datos biométricos se compone de tres piezas, y las tres estaban aprobadas o en trámite pero aún sin aplicación efectiva en el período revisado.

La primera es la Ley 21.719 de protección de datos personales, que por primera vez trata el dato biométrico como dato sensible y crea una Agencia de Protección de Datos. Su vigencia se fijó para el 1 de diciembre de 2026. El problema apareció en la designación del primer consejo directivo. El 12 de mayo de 2026, las comisiones unidas de Constitución y Economía del Senado votaron la terna de candidatos y el resultado fue un empate de 5 a 5, repetido (Sesión del 12 de mayo de 2026). En esa misma audiencia quedó claro para qué se necesita la Agencia. El candidato Matías Larraguibel describió el mandato técnico:

"el artículo 14 quáter exige una evaluación de impacto cuando se usa biometría o datos sensibles. Para evaluar bien eso, hay que conocer cómo funcionan los sistemas de reconocimiento facial, cómo se almacenan y qué pasa si se filtran." — Matías Larraguibel, candidato a consejero, Sesión del 12 de mayo de 2026

El órgano que debe exigir esa evaluación de impacto no estaba constituido a la fecha en que el Congreso aprobaba nuevos usos biométricos.

La segunda pieza es la Ley de Inteligencia Artificial (boletines 16.821-19 y 15.869-19 refundidos), donde la biometría recibió el tratamiento más restrictivo de todo el período, aunque solo en el papel de un proyecto aún en primer trámite. El 12 de marzo de 2025 la Comisión de Ciencias aprobó, por 9 votos y 1 abstención, incluir entre los usos de riesgo inaceptable la "identificación biométrica remota en espacios de acceso público en tiempo real" (Sesión del 12 de marzo de 2025). La prohibición, sin embargo, trae una excepción para las autoridades de seguridad pública y persecución penal, y las indicaciones para acotarla (exigir autorización de un juzgado de garantía, restringirla a bienes nacionales de uso público) fueron rechazadas. En el debate, el diputado Johannes Kaiser marcó la tensión de fondo:

"el hecho de que el Estado pueda controlar o saber en todo momento y en todo lugar qué persona está circulando... Yo quiero apelar a los colegas para que no voten a favor de una norma que abre espacio para un control de tipo chino sobre la sociedad." — Johannes Kaiser, Sesión del 12 de marzo de 2025

El propio Ejecutivo reconoció que la vigilancia biométrica ya está en marcha por la vía administrativa: mencionó el proyecto piloto CITIA del Ministerio del Interior, que "ya se está utilizando, por ejemplo, para placas patentes, pero que puede tener aplicaciones también en identificación de personas" (Sesión del 12 de marzo de 2025). Ese mismo día, en la sesión de la tarde, la comisión aprobó prohibir la construcción de bases de datos de reconocimiento facial "mediante la extracción indiscriminada, masiva y sin el consentimiento de las personas" (letra F, 6 a 3) y la inferencia de emociones por IA (letra G, 6 a 1) (Sesión del 12 de marzo de 2025). Ese límite está contenido en un proyecto que a la fecha de corte seguía en primer trámite.

La tercera pieza es la frontera conceptual del marco: los neurodatos. En la Comisión de Ciencias del 13 de abril de 2026, el debate sobre el proyecto de neuroderechos (Boletín 13828-19-S) giró alrededor de si los datos cerebrales caben o no dentro de la categoría de dato biométrico. La académica María Isabel Cornejo propuso, siguiendo a la UNESCO, llamarlos "datos biométricos cognitivos"; el neurobiólogo Rafael Yuste advirtió que ni siquiera el reglamento europeo alcanza:

"lo más cercano que se menciona en el GDPR es biometría. Con lo cual, desde nuestro punto de vista... no existe protección jurídica seria con respecto a los datos neuronales." — Rafael Yuste, Sesión del 13 de abril de 2026

El académico Carlos Amunátegui señaló el vacío: "la ley de datos recién aprobada no consideró, misteriosamente, los neurodatos". Según los expositores, la Ley 21.719 no incorporó los neurodatos como categoría específica.

4. Adultos mayores y autenticación biométrica

En el eje de personas mayores, la biometría aparece en las sesiones como barrera de acceso, no como vigilancia.

En la Comisión de Personas Mayores del 9 de junio de 2026, la diputada González relató que pensionados de Catemu no podían retirar su dinero en el banco porque el sistema ya no reconocía su huella:

"las personas mayores... comienzan a perder también el registro de su huella dactilar. Entonces quería solicitar si existe la posibilidad de que pudiésemos enviar un oficio al banco." — Diputada González, Sesión del 9 de junio de 2026

Según lo expuesto, con la edad se pierde el registro de la huella, lo que bloquea el retiro de la pensión en el banco. El proyecto de ley sobre la materia es el Boletín 17.765-35, que "establece mecanismos biométricos alternativos para la autentificación de adultos mayores y personas con discapacidad". El diputado Guzmán recordó que fue presentado el 7 de agosto de 2025 y pidió ponerlo en tabla (Sesión del 9 de junio de 2026); una semana después, la comisión anunció que sería el próximo proyecto en discutirse, con invitación al Registro Civil (Sesión del 16 de junio de 2026). A la fecha de corte, el proyecto seguía sin discusión de fondo.

La urgencia ya había producido un parche por otra vía. El 4 de marzo de 2026 la Cámara aprobó, por 114 votos, una resolución que pide al Ejecutivo eximir a los adultos mayores "de la obligación de registrar huella dactilar cuando esta no sea legible", disponiendo "métodos alternativos de validación de identidad" (Sesión del 4 de marzo de 2026). Una resolución de la Cámara no obliga al Ejecutivo; solo formula una petición. El proyecto de ley con fuerza vinculante, el Boletín 17.765-35, seguía sin discusión de fondo a la fecha de corte.

5. Economía, trabajo y consumo

Fuera de la seguridad, la biometría entra a la vida cotidiana sin un proyecto que la nombre como objeto central. Aparece incrustada en normas sobre otras cosas: firma electrónica, venta de alcohol, tarjetas SIM, control de asistencia. En todas, el patrón es el mismo: la ley no fija la tecnología, la delega al reglamento o al privado.

El caso más claro es la modernización de la firma electrónica (Boletín 18.286-03, que modifica la Ley 19.799). En la Comisión de Economía del 23 de junio de 2026, el subsecretario Karlfranz Koehler explicó que las tecnologías de autenticación evolucionarían por reglamento, y usó la propia biometría del Congreso como ejemplo: "cuando uno entra aquí al Congreso o al estadio, hay un sistema de autentificación biométrico" (Sesión del 23 de junio de 2026). La diputada Cucumides puso sobre la mesa el reverso del método:

"si un ciudadano es suplantado digitalmente o hay un error en su firma, o incluso, lamentablemente, es hoy día tomado de rehén y su cara biométricamente incluso puede ser, porque ya lo existe con las huellas digitales... ¿Qué resguardos específicos contempla el proyecto para evitar fraudes de identidad que destruyen el patrimonio de personas vulnerables?" — Diputada Cucumides, Sesión del 23 de junio de 2026

El proyecto no regula los datos biométricos en su articulado; la diputada Cucumides los planteó a la vez como método de autenticación y como riesgo de fraude.

La venta de alcohol por aplicación repite el esquema. El Boletín 17.963-11, que obliga a acreditar la mayoría de edad del comprador, fue aprobado en general por 8 votos a cero (Sesión del 5 de mayo de 2026). El Ejecutivo se negó a fijar un método único para no quedar rígido frente a la tecnología, y su abogado nombró la biometría entre las opciones: "hoy ya existe la tecnología como el reconocimiento facial, identificadores biométricos o simplemente demostrar el número de serie o el carnet" (Sesión del 2 de junio de 2026). La representante del gremio de aplicaciones señaló que las plataformas ya aplican un "filtro biométrico" aleatorio y un "reconocimiento facial periódico" para validar a sus repartidores (Sesión del 5 de mayo de 2026).

En telecomunicaciones el patrón es explícito hasta la confesión. El registro obligatorio de tarjetas de prepago (Boletín 12042-15) contempla verificación de identidad con "huella digital o reconocimiento facial", pero el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya contó por qué la ley no la define:

"no me fuerces a definir hoy día la biometría porque esto va cambiando. Entonces lo dejamos para el reglamento." — Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, Sesión del 7 de enero de 2025

En varios de estos proyectos la definición de la tecnología biométrica se remite al reglamento, no se fija en la ley.

El trabajo es el ámbito donde este uso difuso genera conflicto. En el Ballet Folklórico Nacional, la instalación de un control biométrico de asistencia derivó en una disputa laboral: según los trabajadores, el enrolamiento de la huella se volvió condición de pago (Sesión del 22 de junio de 2026).

"mientras no marques con la huella, no enroles tu huella, yo no te voy a pagar el líquido. Entonces, si no te enrolas, no te pago. Y no nos pagaron nunca." — Evelyn Hernández, representante de funcionarios del BAFONA, Sesión del 22 de junio de 2026

En el sistema de capacitación laboral, en cambio, el control biométrico por huella se presentó como mecanismo antifraude (Sesión del 5 de mayo de 2026). El mismo mecanismo (control de asistencia por huella) aparece en una sesión como herramienta antifraude y en otra como condición de pago en disputa.

6. Salud

En salud, la biometría avanzó hasta el borde de la ley y se detuvo por una cuestión de admisibilidad. Durante la tramitación del reajuste del sector público (Boletín 18036-05), el diputado Leonardo Soto presentó una indicación para autorizar el tratamiento de datos biométricos con el fin de verificar la identidad en licencias médicas, bonos, consentimientos informados y prestaciones de salud, para personas desde los 14 años:

"quedará permitido tratar datos biométricos con la finalidad de verificar la identidad de los titulares de datos para emitir, tramitar, gestionar y controlar licencias médicas... y en general, para la verificación de la identidad de las personas que intervengan en las prestaciones, aseguramiento, financiamiento y cobertura en materia sanitaria y social." — Indicación del diputado Leonardo Soto, Sesión del 12 de enero de 2026

La mesa la declaró inadmisible por constituir una nueva atribución. El fondo, el uso de biometría para verificar identidad en licencias médicas y prestaciones, no llegó a votarse.

7. Conclusiones

En el período revisado, la biometría se tramitó repartida en discusiones separadas: una ley migratoria, un proyecto de firma electrónica, una resolución sobre pensionados, un conflicto laboral en el Ballet Folklórico Nacional. Cada eje la abordó por su cuenta, sin un estándar común de consentimiento, custodia o proporcionalidad entre proyectos.

En el plano temporal, el Congreso aprobó usos biométricos con votación (25 a 0 en transporte aéreo, 35 a 1 en la expulsión migratoria, 4 a 0 en su cláusula biométrica) antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.719 (1 de diciembre de 2026), cuya Agencia no había sido designada, y antes de que avanzara la Ley de IA, que contiene el único límite explícito a la identificación biométrica remota y sigue en trámite.

Tres proyectos concentran la decisión pendiente. El Boletín 16.836-06 fija, en su despacho, la captura biométrica obligatoria de extranjeros. El Boletín 17.765-35 define si los adultos mayores tendrán mecanismos alternativos de autenticación cuando su huella deja de leerse. Y la tramitación del articulado de la Ley de IA determina si la excepción de seguridad pública a la prohibición de identificación biométrica remota se mantiene o se acota con control judicial.

A la fecha de corte, ningún proyecto establece un estándar transversal de tratamiento de datos biométricos; la regulación queda repartida entre cada ley sectorial y el criterio que fije la Agencia de Protección de Datos una vez constituida.

Nota sobre fuentes y datos

Este informe se apoya en 26 sesiones de comisiones y salas de la Cámara y el Senado, transcritas por Parlamento.ai y citadas con enlace verificable. Cada cita textual proviene de la transcripción de audio de la sesión respectiva y fue contrastada contra la fuente. Las cifras atribuidas a autoridades (montos, votaciones, volúmenes de consultas) se reproducen tal como fueron expuestas en sala y se enlazan a su fuente. Las publicaciones del Diario Oficial se indican por separado y con enlace al PDF. Los nombres propios provienen del audio y se corrigieron a su grafía formal cuando la transcripción los registró con error.

Anexo: Fuentes Consultadas

Diario Oficial