1. Resumen ejecutivo

Las dos semanas examinadas dejaron una decisión concreta sobre participación electoral y dos proyectos de interés directo para las personas con discapacidad y sus familias que todavía requieren nuevas votaciones. El Senado aprobó en general, por 33 votos favorables, el boletín 18.003-35, que busca evitar que el Servicio Electoral denuncie por no votar a personas electrodependientes registradas y a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 80% debidamente acreditado. La iniciativa sigue en segundo trámite constitucional. Se abrió plazo de indicaciones hasta el 8 de octubre, a las 12:00, y falta su discusión particular. El proyecto preserva el derecho a sufragar; aborda la carga de tener que justificar posteriormente la inasistencia ante un juzgado de policía local.

En la Cámara, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó solo en general, por 12 votos a favor y ninguno en contra ni abstención, el proyecto del Día Nacional de la Teletón y del Encuentro Familiar, boletín 18.231-35. La discusión particular quedó pendiente porque debe resolverse cómo fijar la fecha. La Secretaría General de la Cámara planteó una objeción sobre el uso de una ley para establecer días conmemorativos y propuso que el Presidente determine el día mediante decreto. Teletón defendió una fecha cierta para organizar con anticipación la transmisión y las actividades. La comisión tiene citada la continuación del debate particular para el 29 de septiembre.

El proyecto de compensación por pañales y medicamentos, 18.255-31, avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que votó los artículos de su competencia. Sigue en primer trámite constitucional. La Sala lo incluyó en su tabla del 23 de septiembre, pero la transcripción disponible de esa sesión no registra una votación del proyecto; por ello, este informe no lo presenta como aprobado por la Cámara. El debate dejó dos problemas operativos que interesan a la Fundación: cómo acreditar compras cuando los comprobantes no identifican al adquirente y cómo resguardar la voluntad de la persona mayor con dependencia cuando cobra el beneficio una persona cuidadora.

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara abrió otra línea de seguimiento. Acordó pedir antecedentes sobre las residencias de personas mayores y solicitó al Ejecutivo explicar cómo responderá a las observaciones recientes del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discusión se vinculó expresamente con la próxima ley de Presupuestos 2027. Aún no hay una decisión presupuestaria que pueda atribuirse a esa sesión.

El monitoreo abarcó 94 sesiones completadas entre el 11 y el 24 de septiembre, incluidas todas las sesiones disponibles de ambas comisiones especializadas. Seis sesiones sostienen los hechos desarrollados aquí; el resto se revisó para detectar cruces temáticos. Las fechas programadas se presentan separadas de las sesiones ya realizadas. El texto explica cada resultado por sí mismo, pues sus destinatarios pueden no tener acceso a los enlaces de Parlamento.ai.

2. Estado de los proyectos y acuerdos al 24 de septiembre

Los estados y plazos se contrastaron con las fichas oficiales del Senado para 18.003-35, 18.231-35, 18.255-31 y 17.981-35, consultadas el 24 de septiembre.

Para leer la tabla, aprobación en general significa respaldo a la idea de legislar. La votación particular revisa el texto de los artículos y las indicaciones, que son propuestas de modificación. Una aprobación en comisión tampoco reemplaza la votación de la Sala de la respectiva cámara. Por eso, los tres proyectos con votos registrados en este informe permanecen en trámite.

3. Día Nacional de la Teletón y del Encuentro Familiar (18.231-35) obtuvo aprobación general en comisión de la Cámara

La sesión del 22 de septiembre concentró el trabajo de la comisión especializada en la ventana examinada. Su asunto principal fue el boletín 18.231-35, ya aprobado por el Senado y actualmente en la Cámara. La propuesta busca dar reconocimiento al Día Nacional de la Teletón y al Día Nacional del Encuentro Familiar. El debate se concentró en el instrumento jurídico para fijar la conmemoración y en la estabilidad de su fecha.

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, sostuvo que fijar un día nacional por ley podría contrariar el criterio institucional de la Cámara sobre las materias propias de ley. Sugirió conservar un marco temporal en noviembre y dejar que el Presidente determine la fecha mediante decreto supremo. La directora de Teletón, María José Zaldívar, señaló que una fecha previsible es necesaria para coordinar canales de televisión, organizaciones y actividades en todo el país. Parlamentarias plantearon que la fórmula reglamentaria podría quitar certeza a ese trabajo. Después de una suspensión para examinar alternativas, la comisión decidió votar únicamente la idea de legislar. El resultado fue unánime: 12 votos favorables, ninguno en contra ni abstenciones. La fórmula de fecha, así como las indicaciones, siguen abiertas. La citación del 29 de septiembre anuncia la discusión y votación particular; esa actividad aún no ha ocurrido al corte de este informe.

El presidente de la comisión señaló en esa sesión que espera concluir la tramitación antes de la jornada de la Teletón de comienzos de noviembre. Se trata de un objetivo expresado durante el debate, sujeto a las votaciones que faltan en la Cámara y a cualquier revisión posterior que corresponda. La aprobación general del 22 de septiembre significa que la comisión respaldó la idea de legislar; todavía no fijó el texto de los artículos.

Solicitudes sobre personas cuidadoras, residencias y Presupuesto 2027

En la cuenta de la misma sesión, la diputada Sofía González solicitó un espacio futuro para exponer un proyecto de permiso laboral para personas cuidadoras de personas con enfermedad terminal. Fue una solicitud de audiencia, sin discusión ni acuerdo legislativo sobre ese proyecto. Conviene identificar el boletín y seguir la eventual incorporación a tabla antes de atribuirle un avance.

En la misma sesión, la comisión acordó pedir información a Salud y Desarrollo Social sobre las condiciones, autorizaciones y brechas de plazas en residencias de personas mayores, tras el incendio de Pitrufquén. El subsecretario de Servicios Sociales comprometió antecedentes y disposición a volver a la comisión. Este seguimiento tiene relación con la calidad y continuidad de los cuidados, aunque la sesión no estableció nuevas prestaciones para personas con discapacidad.

La comisión también conectó la agenda de discapacidad con el presupuesto. La diputada Ana María Gazmuri expuso en los puntos varios del 22 de septiembre su lectura de las observaciones finales que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad formuló a Chile. Señaló que el Comité manifestó preocupación por reducciones de gasto y de programas, y pidió evaluar el efecto de las decisiones fiscales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Propuso que el Ministerio de Desarrollo Social explicara su respuesta y la agenda legislativa asociada, incluida la posibilidad de una ley integral de discapacidad. La comisión acordó solicitar una respuesta escrita e invitar al ministerio a exponer. El acuerdo abre una instancia de fiscalización; no implica que el Ejecutivo haya presentado esa ley ni que el Presupuesto 2027 tenga partidas ya definidas.

En la misma reunión, un diputado pidió agendar una revisión del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, conocido como PACAM. Solicitó examinar el retiro y consumo efectivo de sus productos, sus costos y alternativas de cobertura. La presidencia se comprometió a poner el asunto en tabla cuando las urgencias legislativas lo permitan. Todavía no hubo una sesión dedicada al programa ni una decisión sobre cambios en sus prestaciones.

4. Denuncias por no votar de personas electrodependientes y con discapacidad (18.003-35) obtuvo aprobación general en el Senado

La Sala del Senado votó el 22 de septiembre el boletín 18.003-35 en su segundo trámite. La ley vigente puede eximir de multa a ciertas personas que no concurren a votar, pero la denuncia automática ante el juzgado de policía local puede obligarlas a acreditar después una situación que el Estado ya conoce. El proyecto busca que SERVEL cruce registros públicos pertinentes antes de presentar esas denuncias, respecto de personas electrodependientes inscritas y personas con discapacidad acreditada igual o superior al 80%. La discusión expuso dudas sobre la interoperabilidad de los registros, el tratamiento de datos sensibles y la capacidad operativa del servicio. El respaldo en general de 33 senadores no resuelve todavía el detalle de ese intercambio de información. El plazo de indicaciones, fijado al 8 de octubre a las 12:00, es la oportunidad inmediata de ajustar ese diseño.

5. Fiscalización de residencias de personas mayores tras el incendio de Pitrufquén

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado sesionó el 23 de septiembre para recibir antecedentes sobre la fiscalización de establecimientos de larga estadía para personas mayores. La Subsecretaría de Salud Pública informó, como datos preliminares de sus registros, 993 residencias con autorización sanitaria vigente y un catastro cercano a 500 recintos sin autorización. Señaló que se registraron 1.658 visitas de fiscalización entre 2023 y septiembre de 2026, de las cuales 1.023 tuvieron observaciones. La autoridad precisó que el número corresponde a visitas, no a establecimientos únicos, y que se estaba actualizando el levantamiento territorial. La SEREMI de Salud autoriza, fiscaliza y puede sancionar; SENAMA desarrolla programas, orientaciones y acompañamiento. La comisión no votó un proyecto en esta sesión. Para una agenda de cuidados, el siguiente dato relevante será el catastro consolidado y las medidas efectivamente ejecutadas, no solo las anunciadas.

La Subsecretaría de Salud Pública explicó en esa sesión que una observación de fiscalización puede dar lugar a un sumario sanitario o, si existe riesgo inminente, a una clausura. Añadió que las autoridades sanitarias regionales estaban actualizando el estado de los sumarios y de las solicitudes de autorización pendientes. Informó la publicación de un listado de residencias autorizadas, con actualización semanal, e instrucciones para reforzar las visitas. Estos anuncios no muestran todavía cuántos recintos fueron regularizados, sancionados o cerrados después del incendio. Durante el debate se pidió información de seguimiento y se planteó la dificultad de proteger a residentes cuando se ordena cerrar un establecimiento.

Durante esa misma sesión, una representante estudiantil de la comunidad sorda describió barreras para acceder a intérpretes en servicios de salud. Su intervención se vinculó al lanzamiento de una Mapoteca Accesible en la Biblioteca del Congreso. Es una señal de implementación que puede orientar futuras preguntas de fiscalización, pero no equivale a un acuerdo de la comisión ni a una nueva norma.

6. Compensación por compra de pañales y medicamentos (18.255-31) avanzó en Hacienda de la Cámara

El boletín 18.255-31 propone una bonificación mensual por compras de pañales y medicamentos, calculada en referencia al IVA pagado, con requisitos y topes. Según la explicación del Servicio de Impuestos Internos ante Hacienda el 21 de septiembre, la persona pagaría el precio completo al comprar y luego recibiría un reembolso si cumple los requisitos. El servicio tendría que verificar los comprobantes electrónicos de las adquisiciones. Para medicamentos, el Ejecutivo explicó que también se contrastarían la receta y la persona que solicita el beneficio. La forma de presentar solicitudes y de fiscalizarlas dependería en parte de un reglamento posterior. El beneficio aún no rige porque el proyecto sigue en trámite.

En esa misma sesión, SENAMA se detuvo en la regla que permitiría a una persona cuidadora recibir el beneficio por una persona mayor con dependencia. Solicitó resguardos para que ese mecanismo respete la voluntad de quien recibe el cuidado y evite abusos patrimoniales. También advirtió que pedir teléfonos inteligentes, acceso a internet, documentos electrónicos y seguimiento digital de la solicitud puede dejar fuera a personas mayores que cumplen los requisitos. La observación importa para la Fundación porque la accesibilidad del procedimiento determina si el beneficio podrá cobrarse efectivamente.

La representante del Servicio de Impuestos Internos informó en la sesión del 21 de septiembre que, entre las boletas electrónicas emitidas en 2025, solo 36% identificaba a quien recibió la boleta. Los comprobantes de pago con tarjeta que reemplazan a la boleta tampoco suelen identificar a la persona compradora. Por eso, la información tributaria disponible no permite por sí sola vincular toda compra con quien pide el reembolso. Diputados preguntaron además por la relación entre el límite fiscal de US$100 millones y la demanda esperada. Algunos solicitaron ampliar los productos cubiertos a fórmulas alimentarias especiales o anteojos; el Ejecutivo respondió que, con el mismo presupuesto, ampliar la lista reduciría el monto o la cantidad de personas atendidas. Esa ampliación no se votó en la sesión. Son posiciones planteadas en el debate, no conclusiones sobre el desempeño de un programa que aún no existe.

La Comisión de Hacienda votó el 22 de septiembre los artículos de su competencia. Los artículos 1, 2, 9, 11, 12 y 13 fueron aprobados por 10 votos a favor y 2 en contra. El artículo 8, relativo al financiamiento, se votó por separado junto con una indicación del Ejecutivo y resultó aprobado por 9 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. La indicación modifica el orden de atención de solicitudes cuando la ejecución presupuestaria alcanza o supera el 70% de los recursos del período. Desde ese umbral, el reglamento deberá prever una priorización que considere, entre otros factores, la vulnerabilidad socioeconómica del Registro Social de Hogares. Hasta entonces, el texto contemplaba resolver según el orden de presentación hasta agotar el límite. La pregunta práctica para la Fundación es si el reglamento y el sistema de comprobantes permitirán acceder al beneficio sin imponer cargas difíciles a personas con discapacidad o a sus cuidadoras. Esa respuesta aún no está cerrada.

La Sala de la Cámara recibió el informe de Hacienda e incluyó el proyecto en su tabla del 23 de septiembre. La transcripción disponible no registra que se haya votado el boletín 18.255-31. En consecuencia, el avance comprobado en esta edición es de comisión, no una aprobación del primer trámite por la Sala. También se contrastó el estado con la ficha oficial de tramitación.

7. Inclusión de personas con discapacidad en la Ley del Deporte (17.981-35 y 18.176-35) recibió urgencia simple

La cuenta de la Sala del 23 de septiembre informó una urgencia simple presentada por el Ejecutivo para los boletines refundidos 17.981-35 y 18.176-35. Ambos modifican la Ley del Deporte. La presentación de SENADIS ante la Cámara explica que buscan explicitar un trato equivalente para personas con discapacidad física, mental o sensorial en la promoción de actividades deportivas; las mociones también examinan el acceso al deporte adaptado. La urgencia impulsa la tramitación; no es una aprobación ni una modificación del articulado. Las fichas oficiales de ambos boletines los mantienen en segundo trámite constitucional ante la Cámara.

Otros proyectos y leyes bajo seguimiento

Otros asuntos de la línea de base siguen siendo pertinentes, aunque el barrido de sesiones del período no arrojó una votación nueva que deba atribuirse a ellos. El boletín 17.765-35 busca establecer mecanismos biométricos alternativos para autenticar a personas mayores y personas con discapacidad cuando la huella dactilar no es una vía adecuada. Permanece en primer trámite de Cámara tras su informe de comisión de agosto. Los boletines refundidos 17.979-35 y 18.560-35 proponen mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de la ley sobre personas autistas. Siguen en primer trámite de Senado, en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. El boletín 17.674-35 propone estacionamientos preferentes en centros comerciales para personas cuidadoras y continúa en esa comisión.

Las normas ya vigentes requieren otro tipo de seguimiento. La Ley 21.545 reconoce derechos y deberes de inclusión para personas autistas en salud, educación y vida social. La Ley 21.835 ajustó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, amplió el plazo de sus reglamentos a doce meses y obliga al Ministerio de Desarrollo Social a informar trimestralmente a las comisiones parlamentarias mientras alguno permanezca pendiente. En estos casos corresponde comprobar la dictación de reglamentos, los informes y la ejecución de programas, sin presentar esas leyes como proyectos aún en trámite.

Fechas anunciadas para los proyectos en trámite

Al cierre no aparece una citación futura publicada de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado dentro de la ventana de agenda consultada. Ello puede cambiar; el calendario anterior recoge únicamente hitos verificables al 24 de septiembre.

8. Próximas decisiones sobre Teletón, pañales, denuncias electorales y cuidados

La primera revisión debería confirmar qué fórmula acuerda la Cámara el 29 de septiembre para la fecha de la Teletón. Importa conocer si el articulado deja una fecha fija o entrega su determinación a un decreto presidencial. La segunda es comprobar si la Sala vota el proyecto de pañales y medicamentos y, de ser así, con qué texto lo envía al Senado. En ese texto habrá que revisar quién puede solicitar el reembolso en nombre de otra persona, qué documentos servirán para acreditar la compra y cómo se tramitará la solicitud sin acceso digital.

La tercera revisión corresponde a las indicaciones que se presenten al proyecto sobre denuncias electorales antes del 8 de octubre. El punto a comprobar será qué registros podrá consultar SERVEL, quién actualizará los datos y cómo se evitará que una persona comprendida por la excepción deba justificar igualmente su inasistencia ante un juzgado. En inclusión deportiva, la urgencia simple hace necesario seguir la próxima citación y el texto que se discuta, aunque aún no hay un resultado que comunicar.

La fiscalización de residencias y la discusión presupuestaria también requieren documentos posteriores. En la primera, habrá que comparar el catastro actualizado con el listado público de establecimientos autorizados y las decisiones sobre recintos observados. En la segunda, corresponde leer la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a la comisión y luego las partidas de discapacidad del proyecto de Presupuestos 2027. La sesión del 22 de septiembre dejó ambas solicitudes planteadas, pero no sus respuestas.

Esta hoja de ruta separa votos ya emitidos, diferencias aún abiertas y sesiones anunciadas. Los cambios de estado posteriores al corte deberán verificarse de nuevo antes de comunicar un resultado como definitivo.

9. Nota de cobertura y fuentes

Se enumeraron las sesiones completadas de Chile en dos tramos, del 11 al 17 y del 18 al 24 de septiembre, ambos bajo el límite de 100 resultados de la API. Se revisaron contexto de citación y transcripción de las 94 sesiones. El anexo lista las seis sesiones parlamentarias realizadas y citadas en el análisis; el enlace del 29 de septiembre corresponde solo a una citación futura. Los estados procesales se contrastaron con el servicio oficial de tramitación del Senado el 24 de septiembre. Para explicar el alcance de normas y proyectos se consultaron también textos de la Biblioteca del Congreso y una presentación pública de SENADIS. La agenda futura está sujeta a cambios. Cuando una cifra proviene de una autoridad que compareció a una comisión, está atribuida a esa exposición y no se presenta como auditoría independiente.

Anexo. Sesiones citadas