Senado - Hacienda - 27 de enero de 2026

Muy buenas tardes, en nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda. ¿La cuenta, secretaria? No tenemos cuenta, presidente. Muy bien, la idea es pronunciarnos sobre el proyecto.

Que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de la tarifa en el Transantiago. Este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, que ha tenido algunas indicaciones. Aprovechando la ocasión, damos la bienvenida al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien nos acompaña por Zoom. Le pediríamos, Ministro, que explique el proyecto. Después, revisaremos los pronunciamientos propios de la Comisión y, si hay alguna indicación que no proceda, especialmente aquellas en las que no ha habido unanimidades, le solicitamos que nos lo haga saber. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien, gracias. Agradezco esta oportunidad de poder presentar. Lamento no estar presente con ustedes, pero la agenda se definió a última hora. Este es un proyecto de ley que busca establecer, como indica su título, medidas y nuevos mecanismos para enfrentar un fenómeno que ocurre especialmente en la ciudad de Santiago: la evasión del pago de la tarifa del transporte público. Este fenómeno escandaliza a todo el país y nos preocupa, no solo por sus consecuencias financieras, sino también por lo que significa en términos culturales y de convivencia en el uso de un servicio público determinado. El Ministerio ha estado trabajando intensamente para reducir la evasión, y hemos tenido algunos éxitos. Los indicadores de evasión que hemos medido con una nueva metodología, implementada por el gobierno anterior, muestran que en el primer semestre de 2023 teníamos un 45,8% de evasión en buses. Al incorporar el metro, el sistema presenta una evasión mucho menor, pero solo en buses, la cifra fue del 45,8%. Sin embargo, hemos logrado reducirla sistemáticamente, cerrando el semestre pasado con un 34,9%. Aunque esto no nos deja tranquilos, es evidente que aún queda mucho por trabajar. Sin embargo, hemos disminuido 11 puntos porcentuales desde la primera medición. El plan de activación no quisiera detenerme demasiado, ya que entiendo que tienen un tiempo limitado. Hemos trabajado en diversas dimensiones: fiscalización, control de acceso, incorporación de nuevas tecnologías de pago, como el código QR, control de acceso a las zonas pagas, campañas de información y coordinación con múltiples actores, incluidos los propios operadores. Esto ha permitido, poco a poco, ir reduciendo la evasión, constituyendo un descenso que considero sustancial, ya que pasar de un 45,8% a un 34,9% es una baja muy relevante, especialmente en un contexto donde el pago ha ido al alza. Esto también corrobora que nuestros esfuerzos han dado resultados en cuanto a la cantidad de personas que efectivamente pagan, no solo en la reducción de quienes no lo hacen. Este proyecto de ley ya está en su segundo trámite constitucional, ha pasado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Transporte del Senado. Se estructura en torno a cinco pilares que buscan fortalecer la lucha contra la evasión tarifaria. Por una parte, se contemplan alternativas de pago para los pasajeros, la generación de nuevos procedimientos administrativos para un cobro más efectivo de las multas, el fortalecimiento de los efectos de caer en el registro de pasajeros infractores y la pérdida de ciertos derechos, los temas asociados a la seguridad de quienes deben controlar la evasión, y finalmente, aumentar la eficacia en el control de la evasión en los distintos servicios de transporte público. Para que se hagan una idea, este es el procedimiento de una persona que ingresa al transporte público. La persona se encuentra en la primera fila, en la segunda fila está el proceso asociado al fiscalizador, y en la tercera, la división de fiscalización, que es la encargada de llevar adelante esta tarea. Cuando una persona ingresa al transporte público, un fiscalizador le pregunta: "¿Usted pagó o no pagó?" Si pagó la tarifa, la persona continúa en el bus; pero si no paga, lo que establece esta nueva ley es que no se le multará de inmediato.

Una nueva herramienta que estamos generando permite a los pasajeros en el bus pagar lo que se denomina una tarifa recargada, que es un monto significativamente superior a la tarifa original, actuando como una suerte de sanción por no haber pagado la tarifa correspondiente. Si la persona decide, como ocurre en algunas ciudades europeas, pagar de inmediato esta tarifa recargada, podrá continuar en el bus, aunque habrá pagado, por supuesto, un monto mucho mayor. En caso de que la persona decida no pagar, será bajada del bus y se le notificará la infracción. Normalmente, esto lleva al juzgado de policía local, y ahora también forma parte de las novedades de la ley en el sistema CATI que hemos implementado en la División de Fiscalización del Ministerio para el pago de la multa. Si la persona paga la multa, el procedimiento se cierra; sin embargo, si no lo hace, quedará registrada como pasajero infractor por un periodo de cinco años. Actualmente, el registro de pasajeros infractores tiene una duración de tres años, y el proyecto de ley propone aumentarlo a cinco, además de incrementar las sanciones asociadas a esta infracción. Este proceso completo incluye nuevas alternativas de pago para los pasajeros, como la tarifa recargada, que será un monto superior al que se paga en el validador. Por ejemplo, si la tarifa es de 870 pesos y una persona es sorprendida sin haberla pagado, deberá abonar al menos 20 veces ese monto, cifra que se definirá a nivel reglamentario. Los recursos recaudados a través de esta tarifa recargada se destinarán a financiar parte de los costos del sistema. El nuevo procedimiento establece que si el pasajero paga, permanece en el bus; si no paga, se remiten los antecedentes para la aplicación de la multa. Es importante destacar que se habilitarán nuevas personas para constatar el no pago y notificar la infracción, incluyendo a funcionarios de Metro y de EFE. Actualmente, Metro lamenta no contar con la facultad para constatar el no pago y notificar la infracción, y este proyecto de ley busca corregir esa situación, otorgando dicha facultad. Además, se habilitarán diversos tipos de personas para cobrar esta tarifa recargada, como inspectores fiscales, municipales, personal de Metro, EFE y los propios prestadores de transporte público. Es relevante mencionar que esta estrategia de cobro recargado es común en otros países, especialmente en Europa. En relación al monto de 20 veces la tarifa, es pertinente considerar si este guarismo es habitual en los países que estamos analizando. Un número más elevado podría resultar en una mayor resistencia al pago por parte de los infractores. Por ello, se debe encontrar un equilibrio: el monto debe ser lo suficientemente alto para disuadir conductas evasivas, pero también lo suficientemente bajo para que los pasajeros opten por esta alternativa. Coincido en que 20 veces podría ser un piso, y se definirá la cifra final a través de un análisis más exhaustivo en el reglamento. La idea es que el número permita ese equilibrio entre la disuasión y la posibilidad de que los pasajeros opten por cumplir con su obligación de pago. No podemos fomentar conductas que lleven a la comodidad de eludir el pago.

Realmente cumpla un rol y haya personas que lo usen. Se entiende, ¿no? Se entiende, pero no sé por qué intuitivamente tiendo a pensar que ese punto de equilibrio está más cerca del 10 que del 20. Denle una vuelta ustedes, sigan nomás, ministro. Siendo bien francos, al principio pensábamos en 40, pero entiendo el punto de que, claro, si es demasiado alto, nadie lo paga. La gente va a preferir que le pasen la multa y pasar por el sistema sancionatorio asociado a la multa. Nosotros creemos que 20 es un número razonable. Si hoy día es 870 pesos, lo estamos llevando a cerca de 17 mil pesos. Este es un número que además fue conversado y estructurado junto con la Dirección de Presupuestos, quienes fueron parte del diálogo para llegar a ese consenso. Sigo adelante. Respecto de los nuevos procedimientos administrativos del cobro de multas, un ámbito que el proyecto resuelve es que muchas veces el cobro de las multas se va a trámite en los juzgados de policía local, que están saturados de procedimientos y la cantidad de multas que les llegan, producto de la evasión, son altas. Estamos aprovechando este espacio para poder ocupar un sistema que tenemos aprobado por la Ley CATI, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Este sistema permite tratar infracciones, como el pasarse una luz roja o el exceso de velocidad, de forma automatizada, sin pasar por los juzgados. Queremos utilizar esa misma ley para descongestionar los juzgados de policía local respecto de las multas de evasión. Creemos que es una buena alternativa que además recibió una opinión muy favorable de la Corte Suprema, registrada en la tramitación del proyecto. Esta dimensión busca hacer que el sistema de control sea más eficaz. Tercero, estamos hablando del fortalecimiento del registro de pasajeros infractores, que es el lugar donde llegan las personas que, habiendo sido sorprendidas evadiendo la tarifa, no pagan la multa correspondiente, es decir, están en total rebeldía. Estas personas van a este registro y lo que hoy día hace es que se les impide sacar un permiso de circulación, una licencia de conducir, y les impide la devolución de impuestos que pudiese corresponder. Ahora, se retiene el impuesto a la renta. Cada uno de estos es una eliminación de un derecho, que se les devolverá en cuanto paguen la multa. Es sencillo. La gente que considere que esto es excesivo, lo único que tiene que hacer para volver a sacar su permiso de circulación es pagar la multa correspondiente. En este proyecto de ley estamos haciendo dos cosas: por una parte, agregando que esas personas no pueden sacar ni pasaporte, ni permiso de residencia, ni ingresar a espectáculos de fútbol profesional. Además, estamos extendiendo el tiempo de duración de las personas en el registro de tres a cinco años. En términos de seguridad, estamos endureciendo algunas sanciones relacionadas con los delitos de lesiones y amenazas, producto de ser fiscalizado y sancionado por la evasión tarifaria. Actualmente, la pena por el delito de lesiones y amenazas se encuentra agravada respecto de inspectores fiscales del ministerio, del personal de ferrocarril y de Metro, quienes realizan servicios de fiscalización, así como del personal contratado por empresas operadoras de servicios de transporte público que verifican el pago en zonas pagas. Estamos agregando dentro de ese grupo al personal de conducción, que a veces tiene un rol, como cerrar la puerta trasera cuando la gente deja de bajar, y por lo tanto son víctimas o potenciales víctimas de agresiones. También estamos incluyendo a los fiscalizadores municipales, de modo que si se les agrede, se agrava la falta. A modo de ejemplo, producto de esta ley, una lesión grave con resultado de incapacidad de más de 30 días pasaría de 541 días a tres años, y de tres años y un día a cinco años, si efectivamente el resultado es de incapacidad de una persona. Finalmente, se agrega como prohibición el ejercicio del comercio ambulante en instalaciones de Metro, lo cual es importante, ya que Metro, en ocasiones, ha enfrentado una avalancha de vendedores ambulantes en sus redes y no siempre tiene las facultades para retirar a esas personas.