Cámara de Diputados - Educación - 28 de enero de 2026

En el nombre de Dios y la Patria se da inicio a esta sesión de comisión. Las actas de las sesiones 196 y 197 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido un reemplazo; la diputada Emilia Nuyado reemplazará por la sesión al diputado Arturo Barros. Es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Emilia Schneider, Félix Bugueño, Andrés Giordano, Cosme Mellado, Vlado Mirosevic, Erika Olivera, Alejandra Placencia, Marcela Riquelme, Camila Rojas y Juan Santana.

y que modifica la ley N° 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. El boletín es el N° 17.025-04, está en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple. En razón de lo anterior, vamos a escuchar a los siguientes invitados, quienes tendrán un tiempo de 10 minutos para exponer. Quiero darle la bienvenida a la Agrupación Padres Ciudadanos. En representación de ellos está la exdirectora de diversas clínicas abortivas de la organización Planned Parenthood y actual coordinadora del alcance global de la organización, así como presidenta de la Coalición Latina de Arizona, la señora Mayra Rodríguez, quien se encuentra conectada por Zoom. ¿Me escucha, señora Mayra? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Le doy la palabra por diez minutos. Muy bienvenida a la sesión de comisión. Gracias, honorables diputados y diputadas, gracias por la oportunidad de comparecer ante ustedes. Mi nombre es Mayra Rodríguez. Durante 17 años trabajé para Planned Parenthood, organización conocida internacionalmente como la IPPF, que es el centro abortista y de tratamientos transgénero más grande del mundo. No vengo a opinar desde afuera, vengo a testificar desde dentro del sistema que inspira el modelo que hoy se quiere implementar en Chile mediante la modificación de la ley N° 20.418. Este proyecto afirma que amplía la educación sexual integral durante todo el ciclo educativo, con un enfoque sanitario y científico. Es una herramienta clave para prevenir el abuso sexual. Ese objetivo es legítimo; todos queremos proteger a los niños, pero mi testimonio existe precisamente para advertirles que este enfoque no solo no protege a los niños, sino que pone en mayor riesgo al menor. El proyecto parte de una premisa central: que más educación sexual temprana impartida por el Estado a proveedores externos reduce la violencia y el abuso sexual infantil. Mi experiencia demuestra lo contrario. El abuso sexual infantil no ocurre por falta de información sexual, ocurre por asimetría de poder, por adultos que cruzan límites y por menores que no tienen adultos protectores presentes, informados o involucrados. Cuando se saca a los padres de la conversación, no se fortalece al niño; se le deja solo frente a un sistema impersonal. Durante años implementé programas de educación sexual integral, y quiero ser muy clara: excluir a los padres no fue positivo para los menores. Vi de manera cotidiana cómo niños y adolescentes acudían a solicitar anticonceptivos a escondidas de sus padres, amparados en políticas de confidencialidad que priorizaban el acceso por sobre la protección integral. Muchos de estos menores no conocían su historial médico, no conocían su historial familiar, no sabían si tenían condiciones de salud que les ponían en riesgo. Aun así, el sistema los trataba como adultos capaces de tomar decisiones médicas complejas sin acompañamiento familiar. Eso no es cuidado, eso es un abandono institucional. Un menor no tiene la madurez neurológica ni emocional para evaluar los riesgos médicos a largo plazo. Fui testigo de reacciones adversas graves, complicaciones que no fueron detectadas a tiempo, y fui testigo de menores que perdieron la vida porque nadie evaluó adecuadamente sus riesgos. No por maldad individual, sino por un modelo que prioriza la confidencialidad sobre la seguridad. El proyecto que ustedes analizan no corrige este problema, lo profundiza. El propio documento reconoce que la ley N° 20.418 nació desde el Ministerio de Salud, no desde la educación ni la familia, y eso es clave. Cuando la educación sexual se diseña desde un enfoque sanitario, el menor deja de ser un niño a proteger y pasa a ser un objeto de intervención médica. En la práctica, la educación sexual integral se convierte en normalización de decisiones médicas tempranas, adelanto de contenidos y disolución de límites claros. Esto hipersexualiza al menor. La hipersexualización no educa, confunde y no fortalece límites, los debilita. Debo decir algo difícil pero necesario. Durante años promoví y enseñé a niños a mentir a sus padres. Se nos decía que era por su bien, que era protección y que era empoderamiento. Hoy sé que fue un error profundo. Enseñar a un menor a ocultar información a su familia rompe la red de protección más importante que tiene, normaliza el secreto y abre la puerta a más abusos, no a menos. Un abusador se beneficia del secreto, nunca de la transparencia. Se repite una y otra vez el mismo resultado: confusión sobre el cuerpo, confusión sobre los límites.

Confusión sobre la autoridad, confusión sobre a quién acudir cuando algo no está bien. Un menor confundido no está protegido. El documento reconoce que Chile ya vivió la externalización de programas, proveedores con agendas, contenidos erróneos y falta de supervisión efectiva. Mi experiencia confirma que esto no es una falla accidental, es una consecuencia directa de un modelo mal implementado. Ampliar este modelo no corrige el problema. Hoy no estoy aquí para justificar mi pasado, estoy aquí para evitar que el daño continúe. Trabajo activamente para que el daño provocado a los menores retroceda, para que se corrijan políticas que se presentaron como progreso y para que no se repitan errores que han costado la vida en el país en el que vivo hoy. Honorables diputados y diputadas, si realmente queremos prevenir el abuso sexual infantil, debemos fortalecer las familias, no sustituirlas. Debemos enseñar límites, cuidado y denuncia, no promover la sexualización temprana. Es fundamental reconocer que no todo lo que se presente como educación integral protege. Por todo lo expuesto, con respeto pero con firmeza, les pido que voten en contra de este proyecto. He visto demasiada devastación en el país en el que hoy radico, devastación de la que fui parte durante 17 años. Les pido que consideren que este enfoque no ha funcionado aquí. Nos ha costado mucho retroceder los daños causados a los niños en Estados Unidos y en otros países donde se ha implementado educación similar. Muchísimas gracias, y aquí estoy si tienen preguntas. A continuación, le damos la palabra a la señora Mayra Rodríguez. Les pedimos que se mantengan conectados, por favor, porque vamos a dar la palabra a los distintos expositores, y luego puede que los diputados o diputadas tengan algunas consultas o reflexiones respecto de su presentación. Le damos la palabra ahora al cofundador del movimiento DisforiaMente, señor Santiago Ormazábal Vivanco, quien también se encuentra conectado a esta sesión. Entiendo que también está presente el señor Nael Condel, en su calidad de persona transexual y activista por una salud mental objetiva y ética. Le damos la palabra a don Santiago Ormazábal Vivanco. Muy buen día, bienvenido a la sesión de educación. Buenos días, no sé si se me escucha. Sí, se escucha fuerte y claro. Don Santiago tiene diez minutos para exponer. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los honorables parlamentarios presentes y a todas las personas que nos acompañan. Comparezco ante esta comisión en representación de la agrupación DisforiaMente, que es un movimiento ciudadano cuyo objetivo es resguardar el libre desarrollo de los niños y adolescentes que manifiestan algún grado de disforia de género, promoviendo su bienestar mediante un abordaje prudente, responsable y acorde a su etapa de desarrollo. Nuestro trabajo no se limita exclusivamente a materias de transición médica y sus riesgos, sino que sostenemos una mirada integral que considera el impacto normativo, educativo y cultural que este tipo de iniciativas genera en la infancia. Por ello, valoramos tremendamente la invitación, a pesar de algunos intentos por limitar nuestra voz en el debate. Creemos firmemente que, cuando se legisla sobre niñez, la diversidad de miradas no son obstáculos, sino garantías democráticas. Hoy nos convoca el proyecto que, a nuestro juicio, avanza sin resolver aspectos esenciales y sin hacerse cargo de las consecuencias reales que su implementación podría generar en el desarrollo de los menores. Quisiera comenzar señalando algo fundamental: la prevención del abuso sexual infantil es una causa legítima, urgente y transversal. Nadie en su sano juicio podría ponerlo en duda, y es que estamos hablando de uno de los delitos más graves que puede sufrir un ser humano, cuyas consecuencias suelen extenderse durante toda la vida. Precisamente por ello, los instrumentos legislativos destinados a enfrentarlo deben analizarse con máximo rigor técnico y ético. El proyecto que hoy se discute modifica la ley 20.418 con el objetivo de fortalecer la prevención del abuso sexual infantil a través de la educación sexual. Hasta aquí, el propósito parece claro y ampliamente compartido. Sin embargo, al revisar su articulado, surge una primera inquietud sustantiva: el proyecto establece como contenido obligatorio la enseñanza completa sobre sexualidad, afectividad y género, sin definir qué se entiende por este último concepto. No se establece un marco teórico, pedagógico ni científico que delimite su aplicación, y esa omisión no es menor.

Sabemos que, desde el punto de vista legislativo, cuando un concepto no se define, su interpretación queda sujeta a otras normativas vigentes y al marco administrativo existente. En la práctica, entonces, el Congreso estaría legislando un término, pero no su contenido. Esto implica que una materia altamente sensible, dirigida a menores de edad, queda expuesta a interpretaciones cambiantes o a recomendaciones internacionales que, aunque no sean vinculantes, siempre resultan políticamente influyentes. Más aún si consideramos que el concepto de género ha sido progresivamente asociado a nociones como identidad de género, expresión de género y diversidades de género, categorías que no cuentan con un consenso científico transversal y que se encuentran en permanente debate académico, médico y psicológico, especialmente cuando se trata de menores de 14 años. En este contexto, se advierte una confusión creciente entre los procesos naturales del desarrollo humano y la incorporación de terminología de carácter activista. Por tanto, cuando el Estado incorpora este concepto en la formación escolar sin definirlo, no actúa desde la neutralidad, sino que traslada al sistema educativo un debate adulto inconcluso y profundamente ideologizado. Aquí surge una pregunta legítima que esta comisión, por su intermedio, Presidenta, debiese hacerse con toda honestidad: ¿cuál es la relación concreta, directa y verificable que existe entre la enseñanza del concepto de género y la prevención del abuso sexual infantil? Si el objetivo del proyecto es prevenir el abuso, resulta razonable exigir que cada contenido incorporado tenga una relación clara, proporcional y demostrable con dicho fin. La prevención del abuso infantil se sustenta en elementos ampliamente conocidos, como la educación en límites corporales, la diferenciación entre el contacto adecuado e inadecuado, la identificación de conductas abusivas, la detección temprana y la denuncia oportuna. Ninguno de esos elementos requiere, de manera necesaria, la incorporación del concepto de género como categoría teórica. Por ello, cuando este concepto se introduce sin definición, sin justificación pedagógica explícita y sin delimitar su normativa, es legítimo preguntarse si realmente se está fortaleciendo la prevención o si se está ampliando el proyecto hacia ámbitos que exceden su finalidad original. A ello se suma una dimensión psicoemocional que no puede ser ignorada. La infancia y la adolescencia son etapas del desarrollo identitario muy profundas, caracterizadas por la exploración, la duda, la inseguridad y la búsqueda de pertenencia, así como por juegos de roles y confusiones de roles. Introducir tempranamente categorías identitarias complejas o autorreferenciales, sin el debido contexto madurativo o sin la madurez cognitiva necesaria, puede generar confusión, ansiedad e incluso malestar psicológico, especialmente en niños y adolescentes con mayor vulnerabilidad emocional. Culturalmente, se ha instalado la idea de que toda incomodidad con el propio cuerpo, con los roles o con los estereotipos implica necesariamente una identidad trans. Sin embargo, esta lectura simplista no solo es incorrecta, sino que puede ser potencialmente dañina, ya que puede inducir a interpretaciones identitarias apresuradas y erróneas. Es fundamental tener claro que no toda incomodidad corporal o identitaria es disforia, no toda la disforia es persistente y no todas las personas con disforia terminan siendo personas trans o buscan transicionar. Asimismo, el proyecto incorpora el concepto de afectividad, incluyendo orientaciones sexuales como contenido educativo, sin delimitar con claridad su pertinencia según la edad. Esto abre un flanco especialmente sensible, ya que la sexualización temprana ha sido advertida por profesionales de la psicología como un factor que puede dificultar la identificación de casos de abuso. La exposición precoz a contenidos sexualizados puede debilitar los llamados diques de contención emocional, dificultando que un niño identifique una situación abusiva o logre verbalizarla oportunamente ante un adulto protector. La prevención del abuso sexual infantil no se logra adelantando contenidos propios de las etapas posteriores del desarrollo, sino fortaleciendo el vínculo adulto-niño, la confianza, con límites claros y el autocuidado. Si bien el proyecto señala que la información deberá entregarse conforme a la edad y al grado de desarrollo, nuevamente nos encontramos ante una fórmula amplia que no presenta definiciones técnicas ni concretas. Por todo lo anterior, estimamos que este proyecto, tal como está formulado, no distingue adecuadamente entre educación preventiva y adoctrinamiento conceptual, ni entre protección efectiva y exposición temprana. No define conceptos esenciales, no fija límites claros y termina generando confusión.

Configurando un marco amplio, difuso y potencialmente riesgoso para el bienestar físico y psíquico de los menores. Además, este proyecto se construye sobre una base de alta deseabilidad social, al presentarse como una iniciativa destinada a prevenir el abuso infantil, una causa que, con toda razón, nadie se atrevería a cuestionar. Sin embargo, precisamente por esa alta carga social, se vuelve aún más necesario examinar con rigor su contenido real. Porque cuando una iniciativa se reviste con una finalidad incuestionable, el debate democrático corre el riesgo de inhibirse, y cualquier observación crítica puede ser interpretada erróneamente como una oposición al objetivo que se declara. Por eso, señora Presidenta, es justamente que está sucediendo esto en esta discusión. Quien cuestiona este proyecto no está cuestionando la prevención del abuso sexual infantil, sino que está cuestionando la forma en que, bajo ese propósito legítimo, se incorporan conceptos vagos, no definidos y altamente debatidos, sin el nivel de precisión que una ley dirigida a menores de edad exige y demanda. Por esto, el llamado que hacemos a esta comisión, por su intermedio, Presidenta, es a legislar con claridad, con definiciones precisas, con límites normativos claros y con una mirada genuinamente centrada en el interés superior del niño. Consideramos, por tanto, que este proyecto, con todo respeto, no está a la altura y llamamos a rechazar. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a don Santiago Ormazábal Vivanco, cofundador del movimiento Euforiamente. En representación de la Organización de la Sociedad Civil Defendiendo Chile, el experto en prevención de abuso sexual infantil y miembro activo de la mesa de trabajo de la Organización Padres Unidos de la República de Argentina, el psicólogo clínico y escritor, señor Ezequiel Baigorria, quien se encuentra también conectado a la sesión. Muy buen día, don Ezequiel. Tiene diez minutos para exponer. Buen día a todos los diputados y a esta honorable mesa. Solo para presentarme, soy psicólogo clínico preventor de abuso sexual infantil. Fui formado en la Fundación E.Pa.Si, que tiene más de 20 años de experiencia y más de 3.000 casos de abuso sexual infantil trabajados. Estuve exponiendo hace seis años en este mismo lugar, de forma presencial, viajé a Chile para hablar sobre esto mismo y también en un debate sobre la ley de Educación Sexual Integral (ESI). Solo para agregar, en esa ponencia hice un análisis del material que se utiliza en Argentina para la formación de docentes en ESI. No repetiré lo que ya dije hace seis años, sino que quiero ampliar esa ponencia, sobre todo con la experiencia que hemos tenido después. Pasaron seis años, pero la ley sigue vigente, la manera de enseñar se ha mantenido y los resultados han sido en aumento, lamentablemente, muy desfavorables. En primer lugar, quiero destacar que no estamos en contra de la educación sexual; considero que es muy necesaria y fundamental, especialmente para la prevención del abuso sexual infantil. Sin embargo, esta educación debe ser muy cuidada, filtrada, protegida y analizada. El material tiene que ser revisado por expertos. No se trata de un capricho o de una convicción religiosa, sino de una realidad: el abuso sexual infantil existe en abundancia. El problema radica en que la educación sexual no puede ser ideologizada, no puede contener materiales que no sean acordes a la edad de los niños y no puede fomentar prácticas que no son saludables. En primer lugar, no existe un solo país en el mundo que tenga un filtro adecuado para que un pedófilo pueda acceder a este tipo de contenido.

No hay un solo país, incluso en los más avanzados que consideramos del primer mundo, que tenga un filtro que impida que un agresor sexual tome contacto con los niños. No hay en Argentina, ni en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Canadá. Lo cierto es que, según el perfil del agresor sexual, siempre buscará ingresar a lugares donde tenga acceso a una mayor cantidad de niños. Cuanto más niños haya a su disposición, más posibilidades tiene de cometer la agresión sexual, que es lo que busca un pedófilo. Por eso, la educación sexual integral (ESI) planteada de esta manera, cuando no hay resguardo en el contenido, cuando se deja de lado a los padres y no se incluye a la familia, deja a los niños en un estado de vulnerabilidad. En lugar de prevenir los casos de abuso, prepara el escenario para que se cometan, facilitando el acceso para que un pedófilo pueda tener contacto con ellos. Esto lo definimos como grooming institucionalizado, es decir, el Estado, desde la institución escolar y desde la educación, facilita el acceso a los niños para que un agresor sexual pueda tener contacto con ellos. Este es el punto más grave de la ESI. Aquellos que promueven un proyecto de ley de educación sexual, en primer lugar, deberían explicar claramente qué filtros van a utilizar para que un agresor sexual no tenga acceso a los niños. No hay ningún proyecto de ESI que lo explique en ningún lugar del mundo. Los promotores de la ESI no proponen filtros porque hay una pedagogía que se basa en derribar la única barrera que un niño tiene para ser contenido: el pudor y el derecho a la intimidad. Esto aísla al niño del contacto con su familia, lo cual lo hace mucho más vulnerable. En Argentina, aunque no hay datos oficiales, se puede comprobar que la mayor cantidad de abusos sexuales dentro de una institución se cometen en el ámbito escolar. La escuela es el ámbito de mayor riesgo de abuso sexual infantil. Hay un desplazamiento histórico; lo que antes sucedía en los clubes o en las iglesias, donde los niños eran vulnerables, hoy se ha trasladado a las escuelas. Si rastreamos noticias de los últimos seis meses en Argentina, Chile, Perú y en cualquier país de Latinoamérica, encontraremos muchos casos de abuso en colegios que han sido denunciados. La escuela se ha convertido en un ámbito de riesgo para los niños porque el abuso se vuelve institucionalizado, no hay un filtro adecuado para que el depredador sexual tenga acceso a ellos y, además, los docentes no tienen una formación adecuada en abuso sexual infantil y en prevención de abuso sexual. En Argentina, hubo una diputada que difundió una noticia falsa sobre un aumento en la detección de casos de abuso a través de la ESI. Eso no es verdad, nunca sucedió. Existen casos detectados, pero no hay un aumento en la detección; lo que sí hay es un aumento de abusos, porque los padres recién ahora están comenzando a animarse a denunciar. La mayoría de las veces que hay casos de abuso sexual, se han dado dentro del marco de las clases de ESI. Finalmente, la ESI se convierte, en términos de Louis Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Se utiliza para la transmisión de una ideología, y según Althusser, los regímenes totalitarios utilizan distintos aparatos ideológicos, como el ejército.

Y como otras funciones más, una de ellas es la escuela. La escuela tiene como función principal asegurar la reproducción de una ideología impuesta por el Estado mediante el convencimiento de las personas. Por lo tanto, hay una transmisión ideológica. Como bien decía Santiago, los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) no son realmente integrales, ya que se presentan desde una única perspectiva. Para que algo sea integral, debe abordar el tema desde múltiples enfoques, no desde uno solo. Todos los materiales de ESI están elaborados desde la perspectiva de la ideología de género y no contienen otra visión. Si realmente se desea ofrecer una educación sexual integral, debería incluir, por ejemplo, la opción de que una persona pueda tener una única pareja o la posibilidad de optar por la abstinencia durante la adolescencia hasta el matrimonio. Sin embargo, estas alternativas no se plantean, lo que impide que los jóvenes puedan decidir libremente lo que realmente quieren. Así, deja de ser integral y se convierte en una imposición ideológica autoritaria. Los niños no son considerados como sujetos de derecho, sino como objetos de deseo, a través de la hipersexualización. Para concluir, no estoy aquí para diagnosticar un daño, sino para abrir el paraguas y ofrecer un escudo. En Argentina, la experiencia nos ha enseñado que la ESI es una calle sin salida y que solo multiplica los estragos psicológicos en nuestros niños, exponiéndolos en un lugar donde deberían estar más seguros, que es la escuela. La escuela deja de ser un lugar seguro. Por eso, pasamos de la preocupación a la acción desde Padres Unidos, armando una red federal de padres, profesionales de la salud, abogados y maestros. Abrimos los ojos en la escuela y comenzamos a actuar como un muro de contención contra la sexualización y el adoctrinamiento. No nos quedamos con la queja, sino que trabajamos en un proyecto de reforma de la ley de ESI en Argentina, porque es necesario reformarla; la ley ha funcionado como un caballo de Troya. Don Ezequiel, disculpe que lo interrumpa, pero para que vaya cerrando, ya lleva 11 minutos, por favor. Bueno, perdón. Por último, solo quiero advertir que es fundamental que la educación sexual incluya a la familia para que sea realmente integral. Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra a la directora de la Academia de Psicología Forense y Estudios Estratégicos, a la señora Margarita Rojo. ¿Tiene una presentación? Mientras la señora Margarita puede hacernos llegar la presentación, le vamos a ceder la palabra a la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, señora Marcela Aranda. Muy bienvenida a la sesión de la comisión. La esperamos, no se preocupe.

Señora Marcela, muy bienvenida. Tiene diez minutos para exponer, tiene que encender el micrófono. Deme cinco segundos para partir. Señora Presidenta, honorables diputados y diputadas, agradezco esta instancia y la posibilidad de comparecer ante esta comisión. Comparezco ante esta comisión como directora y fundadora del Observatorio Legislativo Cristiano, organización de la sociedad civil con más de 20 años de trabajo en materia de infancia, familia y análisis legislativo, con participación directa en debates nacionales e internacionales sobre políticas de educación sexual, vida, familia y equidad de género. Debo comenzar señalando, con respeto y sentido institucional, que mi presencia no estaba originalmente considerada en la nómina de invitados. Fui incorporada con posterioridad, luego de haber dirigido una carta formal en la que manifesté mi preocupación por una exclusión que estimé podía constituir discriminación arbitraria en términos de la Ley 20.609. Hago esta mención no como un reproche, sino como un antecedente relevante en un debate que precisamente trata sobre pluralismo, garantías y participación. En materias tan sensibles como infancia, conciencia y formación, la legitimidad del proceso legislativo descansa también en que se escuchen de manera real y no meramente formal las distintas voces de la sociedad civil. Desde ese lugar, comparezco hoy con espíritu de colaboración, con respeto por esta corporación y con la convicción de que el deber del Congreso no es solo legislar, sino también resguardar que este acto se realice dentro de los estándares más altos de igualdad, deliberación democrática y responsabilidad frente al país. Mi comparecencia es técnica, jurídica y estratégica. Vengo a advertir, con fundamentos verificables, que el proyecto actualmente en discusión no constituye una política real de protección de la infancia, sino la utilización de la causa del abuso sexual infantil como vehículo para introducir un modelo ideológico de educación sexual que desplaza el marco jurídico vigente, debilita el derecho preferente de los padres y expone a niños y niñas a riesgos psicológicos, institucionales y culturales graves. Esta diferencia no es semántica, es estructural, es jurídica y es determinante para el futuro de la infancia de Chile. Hay un hecho básico e indiscutible sobre el origen del proyecto. Este no se funda en los tratados internacionales vinculantes ratificados por Chile, sino expresamente en el informe A/65/162 del Relator Especial de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, y en estándares técnicos elaborados por UNESCO y redes sociales, como manifiesta la moción del proyecto. Esto solo ha hecho valerse jurídicamente en eludir el examen crítico de estos fundamentos, porque cuando un proyecto de ley involucra un informe pilar con carácter doctrinario, este deja de ser opinión académica y pasa a operar como soporte normativo indirecto. Y este informe no es neutral. El propio relator declara que sitúa la educación sexual en el marco del patriarcado y del control cultural de la sexualidad, desde una perspectiva de género y diversidad. Es decir, parte de una teoría social específica, no de un consenso jurídico internacional. Además, el informe adopta como definiciones centrales directrices técnicas de UNESCO, invoca los principios de Yogyakarta, que no son tratados ni han sido adoptados ni siquiera por Naciones Unidas, y cita bibliografía asociada al Kinsey Institute, cuya genealogía científica ha sido ampliamente cuestionada por graves problemas metodológicos y por el uso de datos provenientes de abusadores sexuales. Este es el andamiaje doctrinario del proyecto: no tratados, no consenso internacional, no obligaciones jurídicas, una construcción ideológica presentada como estándar. Mi tesis central es que esto no es protección, es desplazamiento ideológico utilizando el abuso sexual infantil. Este proyecto no se estructura desde una comprensión real del abuso sexual infantil. No parte del agresor, no parte de la criminología, no parte de la reincidencia, no parte de la evaluación del riesgo, no parte de la persecución penal, no parte de la psicotraumatología; parte de la educación. Y ese punto es decisivo, porque el abuso sexual infantil no es en su esencia un problema de falta de información sexual, es un delito de poder, de sometimiento y daño psíquico profundo. Por eso, una política real de prevención se construye desde la identificación temprana de los agresores, del control de reincidencia, de filtros institucionales estrictos, del fortalecimiento de la persecución penal, de protección especializada y focalizada, de intervención familiar y clínica. Nada de eso es el eje de este proyecto. El proyecto desplaza el problema, desde quien daña hacia quien debe adaptarse, desde el delito hacia la formación, desde la protección hacia la intervención cultural. Este desplazamiento no es ingenuo, constituye una estrategia legislativa: utilizar una causa moralmente incuestionable, que es el abuso infantil sexual, como ancla emocional para introducir un modelo ideológico de educación sexual integral, cuya arquitectura ya está constituida a nivel internacional. Aquí operan tres mecanismos claros. El primero, confusión deliberada de planos: se equipara la prevención del delito sexual, que pertenece al ámbito penal, familiar y clínico, con la introducción temprana de contenidos sexuales, identitarios y eróticos en la formación formal.