Cámara de Diputados - Mujeres y Equidad de Género - 28 de enero de 2026

Queda reglamentariamente aprobada el acta de la sesión ciento veintiocho. Se pone a disposición de las diputadas integrantes de la Comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Superintendencia de Educación, mediante el cual, en respuesta a oficios de esta comisión, remite información en relación con denuncias de acoso laboral, violencia de género y ausencia de medidas de protección en establecimientos educacionales de la región de Los Ríos. Se detallan dos casos principales. El primero corresponde al Instituto Técnico Profesional de Llifén, administrado por la Municipalidad de Futrono, y el segundo caso corresponde a la Escuela Rural Puringue Rico, administrada por el SLEP de Valdivia. Asimismo, se menciona un oficio del Ministerio de la Mujer, mediante el cual se remite un informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre y cuarto trimestre del 2025, correspondiente a la Glosa 07 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, la Glosa 06 del programa Mujer y Trabajo y la Glosa 05 del programa Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres. También se incluye una comunicación de la bancada UDI, mediante la cual se informa que el diputado Daniel Lilayú reemplazará en esta sesión a la diputada Flor Baice. Además, se presenta un oficio de la Directora Nacional del Trabajo, que remite un informe de la Glosa número 7 de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la ley 21.643 sobre prevención y protección contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Un oficio reservado al Ministerio de la Mujer responde a un oficio de la Comisión en relación con el fallecimiento de doña Camila González Ñanco, enfermera del CESFAM Clara Estrella de la comuna de Los Espejos, quien presuntamente habría tomado la decisión de quitarse la vida como consecuencia de hostigamiento laboral. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? No. Bien. Como lo vimos la semana pasada, tenemos la necesidad de invertir el orden de la tabla y poner los puntos varios primero. Para eso, vamos a solicitar el acuerdo para unos oficios pendientes anunciados la semana pasada. Primero, a la Defensoría de la Niñez, para que evalúe si la solicitud de la Contraloría General de la República, efectuada mediante el oficio número 3818 del 2026, dirigido a los servicios de salud, donde se habría requerido información individualizada y sensible de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAI), vulnera la legislación vigente. Se solicita que emita un pronunciamiento formal sobre su legalidad y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, determine si corresponde ejercer acciones legales o administrativas, y recomiende estándares de mayor celeridad posible. Finalmente, se solicita la firma y publicación de la actualización de la norma técnica que regula la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con el objeto de resguardar la correcta implementación.

Fortalecimiento de este derecho ya consagrado en la ley, lo que ha sido solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones feministas de derechos sexuales y reproductivos y del ámbito de la salud. Son esos tres oficios que quedaron pendientes para tomar acuerdo la semana pasada. Tomamos el acuerdo en general para enviar los tres oficios acordados. Bien, vamos a pasar entonces. Sí, por favor, diputada Mix. Muchas gracias, presidenta. Varias organizaciones me han alertado de algo muy preocupante: se trata de la demora en la firma de la actualización de la norma técnica que regula la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Y si bien las mismas organizaciones reconocen que el Ministerio de Salud ha avanzado en el proceso de actualización de la norma, no hay respuesta formal sobre su legalidad y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se debe determinar si corresponde ejercer acciones legales o administrativas y recomendar estándares de fiscalización compatibles con la protección reforzada de la niñez. Asimismo, solicito a la Contraloría General de la República que explique el fundamento jurídico que habilitaría a requerir datos sensibles de menores de edad, conforme a las medidas de resguardo de confidencialidad adoptadas. Es necesario reconsiderar el requerimiento, adecuándolo a información anonimizada y general, y evaluar el impacto de dicha actuación en los derechos fundamentales de la niñez. Por último, solicito a la ministra de Salud que, con la mayor celeridad posible, firme y publique la ley de IVE. Nos preocupa que esta exigencia se siga postergando, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Insistamos en el mismo oficio para que sepan que lo estamos solicitando. Muchas gracias. Gracias, diputada. Eso era justamente lo que estábamos viendo, porque es importante que ese compromiso de trabajo y de certeza para que las mujeres puedan ejercer sus derechos quede claro en este gobierno, ¿cierto? Muchas gracias, presidenta. Saludo a nuestros invitados que van a sumarse después a esta mesa. Quisiera traer a colación una situación que se arrastra desde lo que fue la mesa de género y COVID, que surge del Senado y en la que participaron muchas organizaciones feministas. En ese momento, yo no era diputada, pero participé de esa instancia. Se emitió una declaración en relación a la situación que estaban viviendo muchas mujeres, criminalizadas por el uso medicinal de cannabis, a raíz de denuncias de exparejas por motivos de violencia de género, de despecho, utilizando esta herramienta. Lo hicimos ver en su momento, ya que la senadora Adriana Muñoz encabezaba esta situación, la cual se repite. Nosotros aprobamos y se promulgó el 23 de mayo de 2023 la norma que regula el uso medicinal del cannabis y el cultivo para estos usos, la cual no ha tenido ninguna bajada ni protocolo. En estos meses, presidenta, me ha tocado recibir denuncias de mujeres, incluso en condición de discapacidad, que a pesar de contar con sus recetas vigentes han sido allanadas con violencia, perturbando el hogar a los niños menores, con todo el trauma que esto significa, sometiéndose a procesos, incluso a veces pidiendo prisión preventiva. Hemos tenido que poner recursos de protección, y esto sigue ocurriendo. Cuando vemos que basta una denuncia anónima, que muchas veces esconde situaciones de violencia de género, se desencadena este proceso. Quisiera solicitar, desde la mirada de que las mujeres están siendo principalmente afectadas por esto, que se consensúe un oficio en el que se haga la bajada del protocolo para que la ley no sea letra muerta.

Y que para mí son temas que entiendo que van en la línea del tema medicinal, cierto, que fue aprobado por este Congreso. A veces, en estas materias me cuesta un poco dar acuerdo. No en el tema medicinal, porque de eso estamos hablando, no de otra cosa. Quería corroborar que es solo en esa línea, porque en lo demás, de verdad, siempre he votado en contra o me he abstenido cuando se trata de proyectos que tienen que ver con... Si pudiéramos consensuar un oficio en que se haga la bajada del protocolo para que la ley no sea letra muerta, porque no hay nada que mine más la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, si ciñéndose estrictamente a las normas aprobadas y legisladas en este Congreso, eso no impide la vulneración de derechos que han vivido. Entonces, un oficio solicitando, desde esta mirada de perspectiva de género, que se puedan hacer las bajadas y los protocolos a las policías, para que actúen de manera correcta y no sigan vulnerando derechos humanos. La forma en que interrumpen en los hogares es una vulneración de derechos humanos, a pesar de que los pacientes cuentan con toda la acreditación necesaria que la ley exige. Eso, Presidenta, quería pedir si pudiéramos tener el consenso de oficiar en ese sentido. Muy importante, diputada Gasmuri. ¿Les parece si acordamos el oficio? Acordado. Diputado Olivera, ¿quería hacer algún punto varios? No, no, no, se lo presento. Es solo por el oficio que se acordó. Lo que pasa es que ayer le comentaba a la diputada Gasmuri porque ando buscando firmas para poder hacer entrega y envío de la solicitud. Me he abstenido cuando se trata de proyectos que tienen que ver con el tema del alcohol, por mi formación, más que nada, por lo que predico también. Pero entiende que es solo eso, si es solo eso no tengo problema. Gracias. Perdón, ¿puedo una...? Solo, diputado Olivera, no se preocupe, está solo remitido a eso y les voy a precisar que al Ejecutivo vamos a enviar el oficio al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Seguridad Pública. Nos estamos refiriendo a la norma de la ley 21.575, que es solo de uso medicinal, nada más. Perfecto. Diputada Mix, ¿un último punto varios? Sí, gracias, Presidenta. A propósito de violencia de género, a través de la prensa nos enteramos de una disputa que involucra a una parlamentaria de este Congreso con su marido o exmarido. Eso lo vemos a diario, sabemos que es real y hay violencia en muchos hogares donde no se atreven a denunciar. Pero más allá de aquello, Presidenta, lo que a mí me preocupa y quiero pedirles un oficio por eso, es que en muchas oportunidades, en la reunión de comités, planteé dos cosas. Una, que hay parlamentarios que usan baliza, que no están autorizados a usar balizas, porque se supone que solo los integrantes de la mesa pueden tener vehículos que son de propiedad de la Cámara y que tienen baliza. Y dos, también oficié en una oportunidad respecto al uso de guardaespaldas o de personal de policía, tanto de la PDI como de carabineros. Lo que ocurrió, al menos lo que salió en la prensa en la denuncia, es que estos guardaespaldas o personal de protección policial que tiene esta parlamentaria habían actuado contra la ley, finalmente, sin una orden de un ministerio o del tribunal, para sacar a su marido de la casa. A mí me preocupan los límites de esto que estamos hablando. No podemos, además, como parlamentarios, utilizar esas garantías para bien personal, sin un respaldo de un actuar de los tribunales. Quiero pedir, si es que es posible, que podamos oficiar a Carabineros para que explique.

Que se está dando de este personal en tiempos que necesitamos de un ministerio, de un tribunal para sacar a su marido de la casa. Entonces, yo entiendo que hay un conflicto ahí, y no se puede tomar partido en el mismo. Lo que a mí me preocupa es que no debemos usar esos privilegios que ya existen, y además, hasta ahora no sé por qué ella los tiene, porque se supone que quienes han sufrido alguna amenaza o han estado expuestos a una situación grave, deben solicitarlo a través de un procedimiento establecido. Este personal se ha involucrado sin una orden judicial, lo cual es preocupante, especialmente en tiempos en que necesitamos al personal en la calle. En segundo lugar, quisiera saber si ese procedimiento fue efectivamente investigado por ellos. Gracias, diputada. ¿Usted tiene alguna consulta para precisar? ¿Tiene claridad si los funcionarios son de Carabineros? En este caso particular, sí, eran Carabineros. Perfecto. Entonces, vamos a oficiar a Carabineros de Chile para que clarifique el procedimiento que se realizó y, al mismo tiempo, la destinación de funcionarios como medida de protección a una diputada en particular. ¿Les parece? Acordado. No solo se debe abordar el tema de las balizas, sino también el acto temerario que a menudo se presenta, ya que algunos vehículos vienen a una velocidad que sobrepasa la permitida. Sería bueno saber cómo desde el Congreso se fiscaliza o se establece un control sobre esto, para entender por qué algunos sí y otros no. Si todos usáramos balizas, estaría bien, pero siempre bajo la normativa que nos corresponde a todos los ciudadanos, que es mantener la velocidad adecuada. ¿Les parece? Acordado. ¿Algún otro punto? No. Bien. Diputada Olivera, respecto al primer punto que tocó la diputada Mix sobre las balizas, sería importante saber, porque muchas veces no hay cómo fiscalizarlo. Yo también he estado en la ruta y soy quien conduce mi vehículo, y me ha tocado ver en muchas ocasiones este tema. No solo el uso de balizas, sino que es fundamental que todos mantengamos la velocidad que corresponde en cualquier lugar de la ruta. Gracias, presidenta. Lo que sucede es que, por lo menos durante un año, he estado pidiendo exactamente lo que acaba de solicitar la diputada Olivera en la reunión de comité, que se envíe un instructivo a todos los parlamentarios indicando que está prohibido el uso de balizas. He visto a más de uno pasar por el lado, y si se ven involucrados en un accidente donde pueda salir dañado un civil, al final todos somos culpables. He planteado esto en múltiples ocasiones. En su momento, el presidente Castro se comprometió a enviar una nota a todos los parlamentarios explicando que el uso de balizas está prohibido, y que los únicos vehículos autorizados a tener balizas son aquellos que entrega la Cámara para la mesa. Pero cuéntenlos, por favor, son muchísimos. He insistido mucho en esto, y deben estar los registros, las actas de las reuniones de comité, donde he solicitado que se prohíba o que se tomen medidas contra aquellos que están cometiendo esta irregularidad. Por eso, me sumo a la propuesta de volver a solicitarlo.

Eso más que pedírsela a nosotras, yo creo que solicitemos el que se envíe esta nota indicando cuáles son las obligaciones de tránsito que también tenemos los diputados y diputadas, porque si hay alguna normativa especial que habilite o no, yo creo que no lo hay. Cierto, y que se refuerce que son infracciones de tránsito, ya que en caso de exceso de velocidad es gravísima, por las implicancias que puede tener además en carretera. ¿Les parece que entonces acordemos enviarle a la mesa, al presidente Castro, que haga la comunicación a todos los diputados y diputadas? Diputada, ¿sobre el punto? Sí, presidenta, es que quizás sería bueno también pedirle al presidente que no solo se lo envíe a cada diputado, porque no todos revisan sus correos, sino que lo haga llegar a todas las comisiones, para que en algún punto de la cuenta se dé a conocer a los parlamentarios. Mientras más voces haya que transmitan el mensaje, mucho mejor. Y que quede además público, porque se hace público al momento de leer la cuenta. Antes de comenzar, vamos a pasar entonces a la orden del día. La secretaría tiene una comunicación para la comisión. Se acaba de recibir una nota por la cual se está comunicando que el diputado Cristian Moreira reemplazará a la diputada Natalia Romero en esta sesión. Entonces, si hay unanimidad para aceptar el reemplazo, ¿les parece aceptar por unanimidad el reemplazo? Bien, acordado. Ahora sí, vamos a pasar a la orden del día para recibir a doña Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, CONFUSAM, con el objeto de tratar la situación en la que se encuentran las funcionarias de la atención primaria de salud y el estado de implementación de la Ley Karin y de la Ley Integral para erradicar la violencia contra las mujeres en este tipo de espacios. La acompaña don Pablo Salinas Gómez, dirigente nacional de la CONFUSAM. Doña Gabriela, muy bienvenida. La vamos a escuchar con atención. Si trajo una presentación, la vamos a poner en pantalla. Le vamos a dar quince minutos para su exposición como máximo y luego vamos a abrir la ronda de opiniones y consultas. Primero que nada, saludar a las señoras, señoritas diputadas y diputados. Agradecer que a nuestra organización se le haya invitado para que conversemos y veamos la situación que hoy día nos afecta con respecto a la Ley Karin, que para nosotros fue algo positivo que esta ley se aprobara. Sin embargo, en la práctica, la realidad de lo que vivimos es preocupante. La violencia psicológica temprana está presente en el 71% de los casos. También se registraron otras medidas, como separación física en los lugares, que es un 43%, trabajo remoto, un 5%, y suspensión de funciones, un 4%. Las denuncias bajo esta ley se presentan en tres instancias: ante el empleador, que son nuestros alcaldes; en las direcciones de trabajo, que son las corporaciones municipales; y en la Contraloría, que tiene que ver con los departamentos de salud.

Generando tres procesos con dificultades particulares que impiden realmente su efectividad. Las dificultades que hemos tenido ante nuestros empleadores, las municipalidades, han demostrado ser ineficaces en la aplicación de la ley, así como en capacitar a los funcionarios sobre la misma. La ley se aprobó, pero en la práctica, la realidad que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la salud municipal, representados por nuestra organización, Confusam, ha sido bastante polémica, dado que no se consideran muchas situaciones. Con respecto a este antecedente, queremos señalar que la ley 21.643 se dictó con el propósito de erradicar el acoso y la violencia laboral, mejorando así el ambiente en los lugares de trabajo. Sin embargo, ¿se ha cumplido? No, la ley ha resultado ineficaz. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección del Trabajo, a nivel nacional se registraron más de 44.212 denuncias entre agosto de 2024 y junio de 2025. Los datos indican que las medidas más aplicadas fueron la atención psicológica temprana y reglamentos enfocados en la prevención del acoso. Cuando las denuncias involucran a las jefaturas y a los directivos municipales, suelen ser presentadas ante la Dirección del Trabajo, organismo que inicia la investigación correspondiente. El problema, en opinión de nuestra organización, es que los procedimientos de investigación desarrollados por las inspecciones del trabajo no contemplan las mismas reglas que los procesos llevados por el empleador. No hay fiscales, ni presentaciones de descargo, ni reposiciones por parte del inculpado, además de no respetarse los plazos legales previstos en la misma ley, que son de 30 días corridos, excediéndose excesivamente los tiempos de tramitación. Esto ocurre principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y en la Octava Región, Biobío. Esta ineficacia en la aplicación de la ley ha generado una ola de denuncias, muchas veces carentes de sustento, provocando un colapso en la cantidad de sumarios que se están realizando en las comunas, lo que resulta en retrasos más allá de los plazos establecidos por la ley para este tipo de procesos. Existe una total ausencia de fiscales especializados con enfoque de género, así como falencias en materias preventivas y reglamentarias. Esta demora incide negativamente en la protección de los derechos de las víctimas, ya que la adopción de medidas de resguardo en su favor suele concretarse semanas después del ingreso de la denuncia, en circunstancias en que el Código del Trabajo establece que debe hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a su interposición. Hemos tenido dificultades por denuncias que hemos presentado en la Contraloría, cuestionando la imparcialidad del procedimiento. Ante esta situación, los funcionarios y funcionarias afectadas se ven en la obligación de interponer denuncias de tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo para obtener alguna medida que los proteja. Para las víctimas de hostigamiento contratadas bajo nuestra ley a plazo fijo, el futuro puede ser aún más complejo.

Que hemos hecho en la Contraloría. Dicha entidad suele remitir el conocimiento de la denuncia a la municipalidad involucrada, razón por la cual corresponde, generalmente, al alcalde o alcaldesa adoptar las medidas pertinentes. Sin embargo, en los hechos, esto no ocurre. Tal procedimiento resulta lesivo de derechos, pues la víctima debe someterse a una investigación interna que no garantiza la objetividad e imparcialidad del proceso. Si bien estos trabajadores y funcionarias cuentan con algunos derechos, como no ser precalificados, trasladados o movidos de puesto, lo cierto es que, al llegar a fin de año, son objeto de represalias encubiertas. Esta práctica recurrente se traduce en la no renovación de sus contratos para el año siguiente, y a nivel nacional, los municipios incurren en esta medida. Un hecho que quisiera destacar, que escuché atentamente de la diputada Plasencia al inicio, es el primer suicidio por maltrato laboral en la atención primaria. Ante la pasividad de las municipalidades para proteger a las víctimas, algunos trabajadores toman decisiones drásticas que incluso han llevado al suicidio. Tal es el caso de una trabajadora de la Municipalidad de Lo Espejo, quien se quitó la vida en diciembre de 2025, mientras estaba en un contexto de maltrato laboral en el CESFAM Clara Estrella. Tras este doloroso hecho, las y los funcionarios se movilizaron buscando respuesta en el municipio. Por su parte, se inició un sumario que aún está en curso. Nuestro gremio ha prestado asesoría jurídica tanto a la familia como a la federación a la cual ella pertenecía, y a la fecha estamos a la espera de la decisión de su familia sobre si presentarán una querella criminal por denegación de auxilio en contra de quienes correspondan por el hecho que provocaron. En conclusión, por los antecedentes expuestos y en opinión de nuestra CONFUSAM, que es la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal de Chile, si bien la existencia de la llamada Ley Karin es un avance, su aplicación en la práctica dista mucho de representar un recurso efectivo para denunciar, castigar y, mucho menos, erradicar el maltrato y el abuso en nuestros espacios de trabajo. El exceso de dilatación en los procesos, la tendencia a encubrir a la jefatura y a los directivos, así como la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas, son factores que confluyen en que las denuncias queden sin respuesta. Nos alegramos infinitamente como organización por esta ley, pero hoy día no somos parte de lo centralizado; dependemos de los municipios y de los alcaldes. Existen buenos alcaldes y alcaldesas que acogen y son sororas con las mujeres, pero en este país, cuando esto proviene de la jefatura de cargos superiores, el que más se castiga es al que denuncia. Y eso lo vivimos nosotros en la atención primaria. Por esta razón, solicitamos...

Con todo el respeto, y eso lo vivimos nosotros en la atención primaria. Por eso solicitamos, con la humildad de nuestra organización, mejorar la implementación de esta ley, porque así no podemos seguir quienes cumplimos una función pública. Muchas gracias. La verdad es que es parte de lo que nos toca escuchar cuando vienen las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que, por supuesto, apoyaron desde un inicio el que esta ley pudiera entrar en vigencia. Le damos nuevamente la palabra a la diputada Olivera. Agradezco a CONFUSAM por venir a plantearnos este diagnóstico respecto de la implementación de la Ley Karin. Como todos saben, esta ley se tramitó largamente en este Congreso y tuvo sus diferencias y dificultades, pero nace de una realidad que hoy día, lamentablemente, seguimos enfrentando. Las dificultades de la implementación son las que nos debieran interesar, justamente porque siempre las leyes pueden mejorar. Una vez que están siendo implementadas, es cuando se ven los baches y a veces algunos vacíos. No sé si alguna de las diputadas quiere hacer una pregunta o expresar una opinión. Diputada Olivera, vamos a abrir la palabra y a juntar algunas preguntas para luego darles nuevamente la palabra. Es importante señalar que no se piensa, como primera instancia, en erradicar el maltrato o el acoso laboral, sino que se enfoca en la prevención. Lamentablemente, estamos bajo una cultura a nivel de sociedad en donde el maltrato existe y ha existido, guardado bajo la alfombra. ¿Qué hizo esta ley? Vino a visibilizar esta problemática. Una vez que se implementa, lo primero que debía ocurrir era que íbamos a ver un aumento en el número de denuncias, lo que seguramente nos dejaría cortos en cuanto a la fiscalización. La fiscalización es crucial porque la ley es clara: no solo habla de prevención, sino también de investigación y sanción, siendo esta última la última instancia. Por ello, es fundamental la fiscalización, ya que cada institución, cada empresa y cada organismo es el encargado de velar por su cumplimiento. La Ley Karin, que este año cumple su segundo año desde que entró en vigencia, aún no cumple su primer año de implementación, lo cual se cumplirá en agosto. Hago este paréntesis, presidenta, porque todos sabemos que las leyes se levantan, y yo soy autora de la Ley Karin, siendo su principal autora Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado. Esta ley ha enfrentado muchas críticas desde antes de su aprobación, incluso sin conocerse bien cómo iba a funcionar. Creo que la mayor problemática que podemos dimensionar hoy día tiene que ver con varios aspectos que se han mencionado, pero también con otros. Es una ley nueva y, al pensar en ella, no se considera el principal organismo al que se recurre, que es la Dirección del Trabajo. Solicito, si a la comisión le parece bien, que se pida una supervigilancia a las municipalidades o a los organismos donde puedan intervenir, para que cada institución cumpla con su deber de velar por la implementación de esta ley.

Y fiscalizar por qué se están llevando a cabo los protocolos y si se están cumpliendo con los reglamentos. Solicito que se realice una supervigilancia para saber qué es lo que está ocurriendo. Menciono esto, presidenta, porque en el ámbito del deporte, cuando legislamos sobre el acoso, el maltrato y el abuso, también enfrentamos una cantidad exponencial de denuncias que sacaron a la luz todo lo que ocurría. Cada institución, cada organismo, es el encargado de implementar los protocolos de acuerdo al lugar de trabajo donde cada uno de los trabajadores o trabajadoras desarrolla su labor. Las municipalidades quedaron obligadas a acogerse a esta normativa, pero si no están cumpliendo, hay que preguntarse por qué. ¿Qué haría yo? Pedirle a la Dirección del Trabajo, que es la principal autoridad en este ámbito, que supervise qué está ocurriendo. Nos hemos enfrentado a problemas similares: las capacitaciones no existían, el reglamento no se aplicaba y los protocolos no se implementaban. Me imagino que aquí ocurre lo mismo. Por ello, comenzamos a solicitar al Instituto Nacional de Deportes, que es el ente a cargo, que supervigile a las federaciones y organizaciones para entender por qué no está funcionando. Creo, presidenta, que la ley no es mala y la voy a defender. He escuchado a algunos parlamentarios criticarla, pero es fundamental mejorar en los espacios que les corresponden a los municipios. Debemos identificar las debilidades para que se transformen en fortalezas. Por lo tanto, propongo que le preguntemos a las instituciones y organismos correspondientes cuántas fiscalizaciones han realizado y qué está ocurriendo. Uno de los problemas importantes es la cantidad de funcionarios competentes para esto, y es necesario mejorar la ley de presupuesto, asegurando que haya más recursos comprometidos. Esto debe ser entendido tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, que varía con el tiempo. Hay muchas cosas que debemos ir mejorando en el camino, pero la Ley Karin, y lo digo con firmeza, no es una mala ley. En Chile, estamos acostumbrados a no someternos a los cambios; le tenemos miedo a los cambios. Todo esto parte de la necesidad de un cambio cultural, que hemos mencionado en el proceso de tramitación de esta ley. En nombre de Claudia Salgado, quien ha estado muy preocupada y en constante conversación sobre el futuro de la Ley Karin, hago un llamado al futuro Congreso: si hay que mejorar la ley, busquemos cuáles son sus falencias, pero no levantemos el tema para eliminarla o calificarla de mala. Creo firmemente que ninguna ley es mala si somos capaces de buscar mejoras. Gracias, presidenta.