En nombre de Dios y la patria, damos inicio a esta sesión de comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos.
La urgencia calificada de suma está presente para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que regula los aspectos del funcionamiento de las escuelas especiales de lenguaje.
Comunicación del jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado en esta sesión por el diputado Carlos Mesa. Comunicación suscrita por el diputado Sergio Bobadilla y la diputada Emilia Schneider, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión.
Ordinario 232 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 977 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de si el aumento del aporte del empleador al sistema de pensiones en un 1% significará un aumento de recursos de la subvención para los establecimientos educacionales que no hayan sido traspasados todavía a los SLEP.
Ordinario 196 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 1004 y 1007 de esta Comisión, por los que se solicitó informar acerca de los hechos ocurridos al interior de la Escuela Básica Miguel de Cervantes de Santiago, en la cual un estudiante menor de edad, víctima de bullying, quedó con graves lesiones tras quedar empalado en una estructura, especificando las medidas de acompañamiento adoptadas respecto del alumno y su familia, tanto en el ámbito físico como emocional, y remitir la investigación realizada respecto de los hechos ocurridos, así como de las sanciones aplicadas.
Ordinario 194 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 1008 y 1009 de esta Comisión, por los que se solicitó informar acerca de los hechos ocurridos al interior del Liceo Bicentenario de la comuna de Los Ángeles, donde un auxiliar falleció por una descarga eléctrica, e informar si existen denuncias previas que tengan relación con la infraestructura del establecimiento, riesgos laborales u otras materias asociadas a la seguridad de la comunidad.
Ordinario 180 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1015 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas indicadas respecto a la instalación pública de Los Álamos, que será traspasado próximamente, y que corresponden a inquietudes de los funcionarios de Maule Sur.
Ordinario 189 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1036 de esta Comisión, por el que se solicitó disponer la realización de estudios acerca de la calidad del agua y los suelos del jardín infantil ubicado en la población Bajos de Mena, Villa Ferroviaria, ya que existe preocupación de los apoderados de que existan metales pesados en el agua potable.
Ordinario 200 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1050 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas que se han adoptado para prevenir nuevos hechos de violencia en los establecimientos educacionales, particularmente en aquellos donde se han cometido hechos delictivos.
Ordinario 208 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1086 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de la naturaleza de la contratación con la Fundación Semilla, entidad con la que se estaría trabajando en el plan de recuperación de los liceos emblemáticos.
Ordinario 33 del alcalde del Quisco, que da respuesta a oficio 1163 de esta Comisión, también del alcalde de San Pedro de Atacama, que responde a oficio 1328, y de la alcaldesa subrogante de Santa Cruz, oficio 1334, por lo que dan respuesta a la solicitud de oficio del diputado Rey.
También, oficio 66 del director ejecutivo del SLEP Andalién Costa, mediante el cual da respuesta a oficio 1080 de esta Comisión, porque se le solicitó remitir actas y acuerdos obtenidos en las distintas reuniones sostenidas entre ese SLEP y la coordinadora del colegio de profesores, a informar acerca del estado de cumplimiento efectivo de los acuerdos establecidos con el fin de contribuir a la mejora de las relaciones entre el cuerpo docente y el sostenedor.
Ordinario 67 del director nacional de Senda, mediante el cual da conformidad a la ley de presupuestos del sector público año 2025, informa respecto a las glosas presupuestarias que indica y el articulado 14 correspondiente al cuarto trimestre y segundo semestre de 2025.
Ordinario 30 del director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se establece la ley de presupuestos del sector público, año 2025, remite compromiso presupuestario correspondiente al cuarto trimestre de 2025 de la glosa 04, programa 01, capítulo 05, partida 06, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, carta abierta del Consejo de la Sociedad Civil de Chile por Derechos Humanos a las fases embrionaria, fetal, niñez, adolescencia y familia, en la que proporcionan sus argumentos y solicitan a la Comisión de Educación rechazar el proyecto de ley ESI que modifica la ley 20.418.
Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. Vamos a escuchar.
A los siguientes invitados. En representación de la Sociedad Chilena de Pediatría, Sochipe, el doctor Claudio Cisternas Santalla, quien es miembro del directorio. Muy bienvenido, don Claudio. Tiene la palabra hasta por diez minutos. Por favor, encienda su micrófono. ¿Trae presentación?
Quiero saludar a la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Arratia Martínez, en representación del Ejecutivo, quien nos ha acompañado en todas las audiencias y casi todo el período. La acompaña el abogado Juan Cristóbal Cantuarias.
Muy buenas tardes. Vengo en representación de la Sociedad Chilena de Pediatría, el doctor Jorge Carrasco, presidente, no pudo asistir, y yo soy miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, la cual está compuesta por trece directores que representamos a todos los pediatras de Chile. Agradecemos la invitación para exponer en representación de nuestra sociedad, una institución científica con más de 100 años de historia, cuyo mandato principal es la protección de la salud, el desarrollo integral y los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
La intervención que realizamos se basa estrictamente en la evidencia científica disponible. Nuestra postura está fundamentalmente sustentada en esto, no en opiniones personales ni ideológicas. El proyecto de ley que hoy se discute propone modificar la ley N° 20.418 con el objetivo de promover una educación sexual integral en el sistema escolar, poniendo especial énfasis en la prevención del abuso sexual infantil. Desde la pediatría, esta orientación resulta plenamente coherente con un enfoque moderno de salud pública.
Es importante señalar que la educación sexual integral, tal como es definida por organismos internacionales como la OMS y la UNESCO, no se limita a contenidos biológicos ni a la sexualidad genital. Se trata de un proceso educativo progresivo, adecuado al desarrollo, que aborda dimensiones como el autocuidado, la corporalidad, la afectividad, el respeto por los límites personales, el consentimiento y la prevención de la violencia.
La evidencia científica acumulada durante las últimas dos décadas es consistente en demostrar que los programas de educación sexual integral no adelantan el inicio de la actividad sexual ni aumentan las conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran efectos protectores claros, entre ellos una mayor capacidad para reconocer situaciones abusivas, una mayor probabilidad de revelación temprana y una mejor búsqueda de ayuda.
Desde el punto de vista epidemiológico, el abuso sexual continúa siendo un problema grave de salud pública. Estudios nacionales e internacionales indican que una proporción significativa de estos abusos persiste en nuestra sociedad.
Ocurre en el entorno intrafamiliar o cercano, lo que limita las posibilidades de detección precoz por parte de la familia. En este contexto, el sistema educativo se transforma en un espacio clave de observación, detección y activación de redes de protección. La pediatría clínica nos muestra de manera reiterada las consecuencias del abuso sexual infantil no detectado oportunamente: trastornos de salud mental, conductas autolesivas, dificultades escolares, trastornos psicosomáticos y mayor riesgo de enfermedades crónicas en la vida adulta. La prevención primaria y secundaria, por tanto, no es una opción, sino una obligación ética y sanitaria.
Es importante señalar que este proyecto de ley no introduce una ruptura con el ordenamiento jurídico vigente; por el contrario, viene a reforzar y operacionalizar principios ya consagrados en nuestra legislación. La Ley 21.430 sobre Garantía y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia establece de manera explícita el deber del Estado de prevenir toda forma de violencia sexual y de garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile y con rango supralegal, reconoce el derecho de los niños a ser protegidos contra toda forma de abuso sexual y a recibir una educación orientada al desarrollo pleno de su personalidad, sus capacidades y su dignidad.
Desde esta perspectiva, la educación sexual integral (ESI) no constituye una intromisión indebida en el rol de las familias, sino una acción complementaria y equitativa del Estado, orientada especialmente a proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. Como Sociedad Chilena de Pediatría, consideramos fundamental que la implementación de esta política pública cumpla ciertos criterios técnicos: pertinencia según la etapa del desarrollo, formación adecuada de los equipos docentes, articulación con el sistema de salud y protocolos claros de derivación y protección.
Finalmente, quisiéramos enfatizar que la ausencia de educación sexual basada en evidencia no es neutral. La omisión educativa incrementa la vulnerabilidad, profundiza las desigualdades y expone a niños y niñas a riesgos evitables. Desde la pediatría entendemos que proteger a la infancia implica actuar antes del daño, y en ese sentido, la educación sexual integral constituye una herramienta necesaria, proporcionada y respaldada por la evidencia científica. Agradecemos la oportunidad de presentar esta visión técnica y quedamos disponibles para responder las consultas que la Comisión estime pertinentes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchísimas gracias, don Claudio Cisterna, miembro del directorio de SOCHIPE (Sociedad Chilena de Pediatría). Le damos la palabra ahora al profesor, psicólogo y orientador, señor Sebastián Troncoso. Bienvenido a esta sesión de Comisión. ¿Trae presentación? Tiene la palabra hasta por diez minutos.
Compadezco ante esta honorable Comisión en calidad de ciudadano, orientador educacional, profesor, psicólogo y padre, con el objetivo de manifestar de manera fundada y respetuosa mi opinión personal y profesional sobre la modificación de la propuesta de la Ley N° 20.418. Luego de haber revisado los antecedentes, estimo que esta iniciativa no resulta razonable ni pertinente, no porque el tema sea irrelevante, sino porque el sistema educativo chileno ya cuenta con marcos suficientes y lo que hoy falta no son normativas, sino más conversación, más comunidad, más fortalecimiento de la familia y de la escuela.
Como orientador educacional, y qué bueno que hayan representantes del Ministerio de Educación, quiero señalar que el sistema escolar chileno ya dispone de espacios formales, protegidos y pedagógicamente adecuados para abordar estas materias. Precisamente, los programas de orientación con sus ejes de crecimiento personal y relaciones interpersonales, junto a la política nacional de convivencia escolar, la Ley 21.120 y las orientaciones vigentes en educación senoafectiva, permiten generar diálogo, reflexión y acompañamiento, respetando los ritmos del desarrollo y la diversidad de las comunidades.
No imponen respuestas cerradas, sino que abren un marco de conversación, lo que es coherente con una visión universalista del desarrollo humano y no una mirada particularista que prioriza ciertas realidades sobre otras. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse legítimamente: ¿por qué más leyes? ¿Por qué más cuerpos normativos? ¿Por qué más obligaciones? Si el desafío actual no es normativo, el desafío actual es relacional, es formativo, es comunitario.
Desde el rol docente, quienes ejecutan las políticas a cargo son los profesores, y ellos enfrentan un costo psicosocial. Es necesario enfatizar que hay una carga significativa en la salud mental de los docentes. Según el Estudio Nacional de Salud Docente de la Universidad de Chile, en el año 2022, más del 67% de los profesores presentaron síntomas de agotamiento emocional, y la ausencia por licencias médicas ligadas a la salud mental alcanzó el 40% del total del sector.
La ampliación obligatoria de contenidos altamente sensibles, sin la formación especializada suficiente, sin apoyo institucional permanente y sin espacios reales de reflexión personal, provoca en los profesores un incremento del estrés, una sensación de instrumentalización en políticas públicas y un temor a las sanciones administrativas. Si un profesor enseña algo que a un alumno le parece inapropiado, se presenta una queja que puede derivar en un sumario administrativo, lo que genera un estrés adicional y afecta directamente el ejercicio docente.
Desde esta mirada, el proyecto no cuida a quienes cuidan ni considera el impacto psicosocial en quienes sostienen el sistema educativo, que somos los profesores. En cuanto a la libertad de los proyectos educativos, Chile reconoce la diversidad de estos y sus respectivos enfoques antropológicos, valóricos y pedagógicos legítimos, que constituyen el corazón de la libertad de enseñanza que disfrutamos hoy en nuestro país.
La modificación propuesta tensiona esta libertad al avanzar hacia contenidos obligatorios definidos desde marcos conceptuales específicos, reduciendo la capacidad de los establecimientos educacionales para contextualizar, priorizar y dialogar según su comunidad. Asimismo, se debilita el derecho de elección de las familias, quienes optan por estos proyectos educativos y esperan que sus convicciones sean respetadas. Una educación verdaderamente inclusiva no homogeniza, sino que permite la coexistencia de miradas, promoviendo el diálogo y no la imposición.
Desde la psicología y el desarrollo evolutivo, es fundamental recordar que la infancia y la adolescencia son etapas de exploración, de plasticidad y de construcción progresiva de la identidad. La evidencia científica muestra que la mayoría de las exploraciones identitarias tempranas no se consolidan. Estudios longitudinales han indicado que cerca del 70 al 85% de los niños con inconformidad de género desisten espontáneamente en la adolescencia, identificándose finalmente con su sexo biológico.
Este proyecto fundamenta parte de sus modificaciones en la prevención del abuso infantil. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que los programas efectivos de prevención del abuso se centran en cuatro pilares fundamentales: el fortalecimiento de las habilidades de autoprotección, el reconocimiento de los límites corporales, la detección de situaciones de riesgo y la comunicación con adultos significativos, según la Organización Mundial de la Salud. Las revisiones sistemáticas indican que el abuso sexual infantil ocurre, mayoritariamente, en contextos intrafamiliares o de confianza, donde el agresor no necesariamente se verá influido por los currículos escolares. Por lo tanto, no existe evidencia robusta de que la educación sexual, tal como se plantea en este proyecto, reduzca su incidencia. Utilizar la prevención del abuso como justificación para imponer una determinada visión antropológica constituye un interés superior del niño.
Una desviación del principio de proporcionalidad en la política pública. Desde la psicología del desarrollo y la neurociencia se advierte que la exposición temprana y sistemática a contenidos sexuales complejos puede generar tres efectos en los niños: aumento en la ansiedad, confusión identitaria y favorecimiento de la hipersexualización precoz, lo que interfiere en las tareas evolutivas propias de la infancia. Desde el principio de la precaución clínica, ampliamente reconocido en salud mental infantil, la prudencia, la gradualidad y el acompañamiento familiar resultan estrategias mucho más protectoras que la institucionalización temprana de contenidos complejos y controversiales.
Desde el rol de padre, porque también soy padre, el derecho preferente que tengo y la responsabilidad innegable que me otorga el Estado de Chile son fundamentales. La legislación chilena reconoce explícitamente mi derecho preferente y el deber de educar a mis hijos, así como la patria potestad y la responsabilidad en la formación valórica. Esto no es un privilegio arbitrario, sino una responsabilidad jurídica y ética, y el Estado cumple su rol subsidiario y colaborativo, no sustitutorio. Cuando el Estado avanza en definir contenidos sensibles sin el involucramiento real de las familias, se rompe el equilibrio entre la escuela y el hogar, debilitando uno de los principales factores protectores del desarrollo infantil: la familia.
Resulta especialmente preocupante que, antes de que estas modificaciones legales sean aprobadas, existan circulares y orientaciones emanadas del mismo Ministerio de Educación y de la Superintendencia, como la circular 812 y la 781, que operan en la práctica como mandatos obligatorios para los establecimientos. Esto genera inseguridad jurídica, presión indebida sobre los proyectos educativos e implementación de facto sin que el debate legislativo haya concluido.
Si bien el proyecto invoca evidencia científica actualizada, esta no representa evaluaciones de impacto en contextos socioculturales comparables a Chile y no distingue adecuadamente los tramos etarios desde criterios clínicos y pedagógicos. La iniciativa se apoya más en declaraciones normativas internacionales que en evidencias empíricas contextualizadas, lo que contradice los estándares de la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia.
En síntesis, no estoy en contra de abordar estas temáticas, estoy en contra de hacerlo mal, apresuradamente, sin priorizar las verdaderas urgencias que hoy viven las comunidades educativas y las familias chilenas. Al ser invitado a esta comisión, Presidenta, recibí una carta en la que terminaba con un saludo: "Dios le guarde a usted", y lo agradezco. Me pongo en el lugar de cada uno de los legisladores que están aquí, y le pido a ese mismo Dios que ustedes invocan al iniciar la sesión que les dé sabiduría, porque lo que hoy propongan, y voten por su intermedio, Presidenta, va a afectar generaciones. Y ese mismo Dios, en el nombre de quien partimos, dice: "Ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños". El cuidado de los niños no es cosa de juego, sino algo muy serio.
Por lo mismo, creo que debemos mirar nuestra historia. Chile tiene experiencias en políticas educativas con buenas intenciones, pero mal ejecutadas. En 1997, con bombos y platillos, surgió la jornada escolar completa.
Don Sebastián, le pido que se dirija respecto al proyecto que estamos viendo, no a otros proyectos, pero también le digo que está pasado en el tiempo para que pueda cerrar, por favor. Es fundamental redirigir los esfuerzos del Estado hacia el fortalecimiento real de las familias, los docentes y las comunidades educativas, con prudencia y políticas verdaderamente basadas en la evidencia.
Muchas gracias. Agradezco su exposición. Después realizaremos una ronda en la que los diputados y diputadas podrán hacer preguntas y reflexiones, y ustedes podrán cerrar con un par de minutos cada uno, por si queda algo en el tintero o desean hacer una reflexión adicional. Le damos la palabra ahora al presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios FIDE.
La señora María Alejandra Vargas Vergara, presidenta de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios FIDE, tiene la palabra hasta por diez minutos.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación. En mi calidad de representante de los padres, madres y apoderados, vengo a expresar nuestra perspectiva respecto al proyecto de ley que busca reponer la educación sexual integral en el sistema escolar, el cual hemos rechazado en múltiples ocasiones. Hemos entregado cartas al nuevo presidente de la República, señor Boric, con 43.000 firmas en rechazo a esta iniciativa.
Este proyecto claramente pretende reemplazar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, permitiendo que el Estado, a través de la escuela, desarrolle una ideología que hemos rechazado en reiteradas oportunidades. No hay una clara intención de promover una educación que incluya a los padres. ¿Dónde están los padres en esta ley? ¿Quiénes son los primeros educadores de nuestros hijos? Somos nosotros, los padres, quienes buscamos dónde y cómo educarlos, con quién educarlos, y les transmitimos nuestros valores, ideologías, pensamientos e historia. Cada uno educa desde su propia experiencia y desea que su historia no se repita.
Observamos que la intención del proyecto no considera a los padres, y lamentablemente no contamos con el respaldo del Ministerio de Educación. Cada vez vemos que nuestro derecho a educar se desvanece; con el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ya se ha perdido, y ahora con la Educación Sexual Integral (ESI) también nos quieren dejar atrás. No nos parece sano que el Estado asuma nuestro rol.
Los padres somos quienes damos los primeros pasos en la educación de nuestros hijos, quienes les brindamos las prevenciones necesarias sobre a dónde deben ir, quiénes deben tratarlos y cómo deben abordar diversas situaciones. ¿No sería mejor incluir a los padres en esta educación sexual y capacitarlos para que puedan ayudar y apoyar a sus hijos? ¿No es preferible que los padres sigan educando a sus hijos desde el hogar, proporcionándoles la prevención que necesitan?
Los padres son quienes están con sus hijos a diario y pueden ver lo que les sucede. Si no lo hacemos de manera adecuada, ¿es el Estado el garante de que nuestros hijos reciban una buena educación y tengan las oportunidades de ser educados de la mejor forma posible? Creemos que el camino correcto es que el Estado no reemplace nuestro rol.
Se argumenta que los niños pueden ser mejor protegidos físicamente con una buena educación en autoprotección, y estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué no hacerlo a través de los padres? ¿Acaso somos los padres tan faltos de criterio para educar a nuestros hijos? Somos nosotros quienes enseñamos a los niños a ir al baño, a lavarse los dientes, a caminar y a hablar. Somos los padres quienes los llevamos a la escuela para que aprendan a escribir y a orientarlos hacia una educación superior. Sin embargo, ¿no estamos capacitados para educarlos en temas sexuales y orientarlos en una sexualidad sana? Somos nosotros quienes gestamos durante nueve meses y tenemos la responsabilidad de guiarlos en todos los aspectos de su vida.
¿Y después alguien más tiene que educarlos en este camino? Somos nosotras las que parimos y queremos que nuestros hijos tengan el mejor futuro en la vida. ¿Por qué no nos apoyan en esto y podemos seguir adelante? En lugar de ello, nos sacan de esta solución. Cuando se dice que la neurociencia no aporta, que los niños necesitan a sus padres para seguir, necesitan reglas, normas y un camino claro. La neurociencia sí dice eso. Estudié el cerebro inteligente y emocional para poder ayudar a mis hijos, en la educación y en el fortalecimiento de sus roles, en poder saber decir no. Para eso me eduqué, para educar a mis hijos. Y sí, la neurociencia ayuda en eso, especialmente en los primeros contenidos.
Creo que dejarnos fuera de este rol no nos conviene. Nosotros, como padres y apoderados, inculcamos a nuestros hijos el respeto a las minorías, el respeto a la persona, al anciano y al que es diferente. Pedimos que estas minorías nos respeten a nosotros. No queremos que se trate de integrar a nuestros hijos una ideología de género que no deseamos. En este proyecto de ley, estimadas diputadas y diputados, debe ser rechazado una vez más. Debe primar el derecho constitucional que tenemos los padres, madres y apoderados de ser los primeros educadores de nuestros hijos y elegir libremente los proyectos educativos donde educarlos. Esperamos ser escuchados por ustedes y rechazar la Educación Sexual Integral (ESI) como la presente. Agradecemos a los padres de Chile, porque el futuro de Chile son nuestros hijos, y nosotros somos los primeros educadores.
Quizás no sea lo que estoy hablando, tan basado en todas las leyes y en todo lo que ustedes están escuchando a mis costados. Pero aquí está una madre que ha educado seis hijos, que ninguno ha sido un violador ni ha sido violado, que ninguno ha sido un drogadicto ni vende drogas, que son chicos de bien, ingenieros y buenos ciudadanos. Hoy en día eso se necesita: tener buena gente, y tener buena gente no solamente como ciudadanos, también los que están aquí en el gobierno. Necesitamos a buena gente que se ponga la mano en el corazón y que piense que no solamente están hablando de leyes, números y cifras, están hablando de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos. Por eso les rogamos que rechacen la ESI.
Muchísimas gracias, señora María Alejandra Vargas Vergara, por su exposición. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados del Colegio FIDE. A continuación, le damos la palabra a la presidenta de la Agrupación de Padres y Apoderados por la Educación Especial de Chile, la señora Ingrid Rojas Silva. Muy bienvenida.
Muy buenas tardes a todos. Señora presidenta de la Comisión, honorable diputada doña Mónica Arce, junto con saludar a través de su intermedio a las diputadas y diputados presentes, quisiera agradecer enormemente la invitación a esta sesión y poder brindar nuestra opinión desde la realidad de la educación especial. Me presento ante ustedes como mamá, pero no como una mamá común, sino más bien como una mamá especial. Expongo ante ustedes mi corazón. Como miles de familias, hemos sido bendecidos con personitas muy especiales, al igual que cualquiera de ustedes que tiene la dicha de ser padres. Nuestro único deseo es el bienestar y felicidad de nuestros hijos. Conseguir este objetivo es nuestra tarea diaria. Los niños y niñas que asisten a la educación especial son tan diversos, con mundos individuales y percepciones de la vida únicas. Cada niño es un mundo diferente.
Nos encontramos con una infinidad de diagnósticos distintos, pero hay algo que los define: su inocencia. Por la condición de la mayoría de ellos, se convierten en seres más vulnerables, y como padres estamos atentos a cualquier amenaza que los pueda acechar. Por lo mismo, estamos constantemente pendientes y preparándolos para que puedan enfrentar de la mejor manera alguna situación peligrosa. Muchos de nuestros hijos con necesidades educativas permanentes y, muchas veces, con otras condiciones asociadas, tienen dificultades para aplicar el sentido común frente a diversas situaciones cotidianas. Para ellos es negro o blanco, no hay matices intermedios; es sí o es no. Su mente trabaja de un modo distinto al común.
Nosotros, los padres, somos quienes mejor los conocemos. Como madre, puedo identificar con solo mirarlo lo que puede estar pasando por su cabecita, y aun así hay momentos en que nos cuesta. La mayoría de nuestros hijos que asisten a la educación especial son dependientes y lo serán toda su vida. Por eso, nuestro rol como padres es decidir qué es lo mejor para ellos, decidir su futuro muchas veces. El derecho preferente de los padres y la libertad de elegir la educación de nuestros hijos, entre otros ámbitos, es fundamental. Elegimos a qué establecimiento educacional los llevamos, que cumpla con las expectativas que requerimos como familia, principalmente con personal idóneo para satisfacer las necesidades especiales de nuestros hijos y prepararlos lo mejor posible para enfrentar la vida futura.
Un aspecto muy importante, y que es el motivo por el cual fui invitada a dar mi opinión en el día de hoy, es la modificación al proyecto de ley de educación sexual integral. Como padres y apoderados de educación especial, este es un tema sumamente delicado. La educación sexual que podamos entregar a nuestros hijos dependerá de múltiples factores. Cada niño o niña es un mundo diferente; pueden tener la misma edad y características similares, pero su forma de ver la vida puede ser totalmente distinta. Es complejo abordar este tema con ellos, porque siempre prevalecerá nuestro rol protector.
Cuando llegan a la adolescencia, se nos presenta una problemática mayor: su despertar sexual. Debemos prepararlos para esta etapa, ojalá con ayuda de especialistas, pediatras, psicólogos, terapeutas, etcétera. Algunos tendrán este despertar antes y otros se pueden demorar más. Debemos evitar riesgos de embarazo, ya que la mayoría de ellos no estarán capacitados para cumplir el rol de padres. Esta responsabilidad será siempre de los padres, de ningún ente ajeno y mucho menos del Estado. Sí podemos requerir guías y apoyos para enfrentar situaciones que se presenten.
Los padres no somos superhéroes, aunque muchas veces quisiéramos serlo. Decidir qué es lo mejor para nuestros hijos con necesidades especiales permanentes es nuestro rol y responsabilidad. No existe en el mundo nadie que los conozca mejor que nosotros, los padres, y salvaguardar su inocencia es nuestra lucha. No despertemos necesidades antes de tiempo; respetemos sus tiempos. No se puede imponer una ley que deje fuera los derechos de los padres, bajo ninguna circunstancia, sobre todo cuando se trata de niños y niñas que asisten a la educación especial. Necesitamos garantía de que los contenidos entregados respetarán sus tiempos y desarrollo emocional, pero sobre todo, sus condiciones especiales.
La toma de estas decisiones siempre debe estar acompañada de especialistas. Los padres necesitamos ser parte de este proceso por todo lo anteriormente expuesto. ¿Cómo nos protegemos del abuso sexual? Sin duda, es nuestra mayor preocupación, como lo haríamos con cualquiera de nuestros hijos, reforzando en aquellas áreas más complejas y siempre respetando sus tiempos, necesidades y características de su condición, y con la ayuda del colegio y especialistas. No tengo dudas de que todos los aquí presentes quieren lo mejor para nuestros hijos, pero no olviden que el primer educador somos los padres.
No he venido ante ustedes con tecnicismos ni tampoco con términos legales; he venido como madre, dejando mi corazón expuesto ante ustedes. La vida me dio un regalo maravilloso. Les pido a ustedes cuidarlo y respetarlo. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación a la señora Ingrid Rojas Silva, quien es presidenta de la Agrupación de Padres y Apoderados por la Educación Especial de Chile. Le damos la palabra ahora.
Al coordinador del Área Políticas Sociales de la Asesoría Técnica Parlamentaria (ATP) de la Biblioteca del Congreso Nacional, al señor Luis Castro Paredes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, a la presidenta, a todos los parlamentarios, diputadas y diputados, así como a los invitados, y en particular al Ejecutivo presente.
Vamos a realizar una exposición breve, pero con un objetivo bien preciso. El propósito es revisar la evidencia comparada de forma sintética y analizar algunas alternativas para otorgar viabilidad legislativa a un objetivo de esta naturaleza. Para ello, realizaremos un análisis técnico del proyecto de ley, a la luz del informe solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional y del principal marco normativo de la educación en el país, que es la Ley General de Educación.
Nos basamos en un informe técnico solicitado a la biblioteca por esta comisión en el marco del estudio de este proyecto. Comenzaremos con el diagnóstico normativo actual. Se observa un tránsito de la reacción frente al abuso sexual infantil hacia la prevención. Chile cuenta con normativa de reacción y procedimientos, así como orientaciones ministeriales desde el año 2012. Sin embargo, lo que constituye un mandato normativo obligatorio son las resoluciones para enfrentar los casos de abuso sexual infantil en el entorno escolar o familiar del niño. Existen protocolos de actuación para realizar denuncias.
El punto central, y la principal justificación de este proyecto de ley, es la falta de una arquitectura de prevención pedagógica sistemática. Esto se refleja en que, en primer lugar, la Ley General de Educación, como se verá en los artículos 28, 29 y 30, no incluye objetivos generales de forma explícita para la prevención del abuso sexual infantil. Además, la ley N° 20.418, en su artículo 1, restringe la obligatoriedad de programas de educación sexual solo a la educación media. Como consecuencia, la educación parvularia y básica, que son las etapas de mayor vulnerabilidad de los niños, dependen de la voluntad del sostenedor para desarrollar sus propios programas de prevención del abuso sexual infantil. Esto ha generado una gran dispersión y diversidad en el país, donde algunas escuelas cuentan con programas y otras no.
¿Qué dice la evidencia internacional sobre lo que funciona? La base de esta información proviene nuevamente del informe de la BCN, que recoge un metaanálisis de Puente 2022, donde se sistematizan 20 programas globales de Alemania, Estados Unidos, Australia, así como de Sudamérica, incluyendo casos de Ecuador y Perú, y de Canadá. El principal hallazgo es que existen programas realmente efectivos.