Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 26 de enero de 2026

Entonces, en el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 198, perdón, se da y de la sesión 199 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ahora, nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos: un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Este proyecto de ley es una moción de las diputadas señoras Bravo, doña Marta Pérez, doña Marlene Weiss, y de los diputados señores Borques, Conejo, Leal, Moreira, Saldantay, Teao y von Mühlenbrock, y modifica el Código del Trabajo para imponer al empleador la obligación de proveer capacitación en reanimación cardiopulmonar a los trabajadores en los establecimientos que indica. Asimismo, se recibió un oficio de la Directora de Presupuesto, mediante el cual informa que respecto de la situación de los beneficios históricos obtenidos por las trabajadoras de la Fundación Integra a través de sucesivas negociaciones, tales como bonos, reajustes y otros beneficios laborales, no dispone de la información requerida, señalando que la Subsecretaría de Educación Parvularia es el organismo competente en la materia, razón por la cual ha derivado la solicitud a dicha Subsecretaría. También se presentó un oficio, fechado el 20 de enero, del Presidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, mediante el cual remite la glosa número 6 relativa al informe de pensiones de inutilidad pagadas durante el segundo semestre. Un oficio del Subsecretario del Trabajo informa respecto de la glosa número 10 de la Subsecretaría del Trabajo, correspondiente a la Partida 15, Capítulo 01, Programa 01 de la Ley 21.796 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016. Adicionalmente, se recibió un oficio del Ministro del Trabajo y Previsión en el mismo sentido, así como otro oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual informa respecto de las glosas. También se recibió un correo electrónico de fecha 22 de enero del señor Néstor Sáez Zambrano, presidente de la Agrupación de Ex Contratistas y Ex Trabajadores de ENACAR, mediante el cual solicita ser recibido en audiencia pública a fin de exponer antecedentes relativos a los presupuestos de pensiones de gracia aprobados por el legislador en diversos años a favor de trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón en Acar Lota, los que, según señala, no habrían sido efectivamente percibidos por sus beneficiarios originales. Finalmente, se presentó un oficio del Director Nacional del Trabajo subrogante, mediante el cual remite el informe correspondiente a la glosa N° 7 de la Dirección del Trabajo, y otro oficio del mismo director, mediante el cual se transmite el informe correspondiente a la glosa número 8.

De la gestión del trabajo, relativo al cuarto trimestre del año 2025, y una carta del presidente de la Asociación Bancaria, mediante la cual agradece la invitación cursada por la comisión y excusa su participación en la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables previamente adquiridos. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Perfecto, no hay palabras sobre la cuenta, así que pasamos a la orden del día. Diputado, tiene la palabra. Nosotros aprobamos aquí en la comisión el proyecto de ley que moderniza y resuelve algunos vacíos que tenía la regulación laboral de los funcionarios del Congreso que dependen de los parlamentarios de las bancadas. Sin embargo, este proyecto aún no se ha puesto en tabla. Para que rija para los nuevos contratos, debe estar publicado como ley antes del 11 de marzo. Por lo tanto, le solicito que haga las gestiones necesarias con los comités para que se pueda incluir en la tabla, dado que esto es de fácil despacho. Todo depende del presidente de la corporación para que se considere como tal, lo cual no debería presentar problemas. La razón es que debe estar aprobada y promulgada antes del 11 de marzo. Debe ser aprobada en esta sala, pasar al Senado, ser firmada por el Presidente de la República y estar publicada en el Diario Oficial. Si no se realizan alguno de estos trámites en las dos cámaras durante el mes de enero, no alcanzará a regir a tiempo, lo que no era el espíritu de lo que buscamos. Por eso, le pedí la palabra en varios, para ver si puede gestionar con el presidente de la corporación para que esto se resuelva. Gracias, diputado Undurraga. Tomaré efectivamente el punto y me comprometo a conversar con el presidente de la corporación. También les pido a cada uno que conversen con los diversos comités para agilizar este proceso. Además, aprovecharemos para comentárselo al Ejecutivo, ya que si este fuera un proyecto con discusión inmediata o alguna urgencia, favorecería que en el segundo trámite constitucional pudiera ser visto en los tiempos adecuados, dado que hay un acuerdo transversal. Continuamos con el objeto de la orden del día, que es continuar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Todo esto corresponde al boletín número 18044-13, calificado con urgencia suma a esta sesión. Como ha sido la tónica, estaba invitado el ministro Don Giorgio Bocardo Bossoni, quien se ha excusado, así como el señor Pablo Chacón Cancino, su secretario del Trabajo, y el señor Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional Bancaria, así como el señor José Manuel Bena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, quienes también se han excusado. Les hacemos la invitación para pasar adelante, ya que serán los primeros en exponer. ¿Don Grandón, le acompaña alguien más? Por favor, tomen asiento. Agradecemos también la presencia del director del trabajo, don Sergio Santibáñez, quien nos acompaña en esta oportunidad. Francisco Tapia está telemático. Aprovecharemos para tomar el acuerdo de que don Francisco Tapia Guerrero, abogado y director del Departamento del Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pueda exponer de manera telemática. Tomamos el acuerdo para ello. Entonces, le damos la palabra al señor Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional Bancaria, quien asiste junto a las señoras Andrea Marchant, de la Federación del Retail Financiero y consejera nacional de la CUT, y Janine Tardón Bustamante, vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria CONABAN y presidenta del sindicato Servipag, para que se refieran al proyecto de ley que hoy nos convoca. Tiene la palabra, don Roberto.

Vicepresidenta de la Conavim. Quisiera que partiera la exposición Andrea respecto del tema de la negociación ramal. Tiene la palabra, señorita Andrea. Buenas tardes, honorables diputados. Por su intermedio, mi nombre es Andrea Marchant, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y vicepresidenta de la Federación del Retail Financiero en Chile. Como les comentaba mi compañero, nosotros queremos exponer y es relevante comentarles lo que significa para nosotros como trabajadores y como central unitaria poder tener un nuevo sistema estructural de negociación ramal en nuestro país. Este es un mecanismo para las organizaciones sindicales que permite negociar pisos mínimos de trabajo, lo que se ha expuesto anteriormente por otros compañeros de la CIFICAR, y busca mejorar los derechos laborales, salariales y de todo tipo. Sabemos que el modelo actual en Chile está excesivamente centrado en la empresa, con una baja cobertura de aproximadamente un 20% de los trabajadores que actualmente negocian colectivamente. Esto genera una alta desigualdad salarial dentro de los sectores productivos, un debilitamiento sindical, especialmente en las pymes y la subcontratación, y una competencia empresarial basada en la reducción de los costos laborales. En el sector bancario, que es lo que nos compete hoy, nos encontramos con un mercado altamente concentrado, donde pocos grupos económicos controlan la mayor parte. Estos grupos obtienen altas utilidades sostenidas en el tiempo. Actualmente, enfrentamos una profunda transformación digital, automatización, inteligencia artificial y banca digital, lo que ha producido despidos masivos en los bancos, lo que nos preocupa enormemente. Además, los trabajadores están sometidos a una alta presión por metas y productividad. La negociación ramal es necesaria en nuestro sector porque corrige asimetrías del poder y permite negociar frente a estos conglomerados financieros. Establece, como les decía, pisos mínimos comunes de salarios, bases, bonos, jornadas y metas razonables. Nos protege frente a la digitalización en las reglas sectoriales sobre reconversión laboral, capacitación y movilidad interna. También evita la competencia vía precarización e impide que algunos bancos mejoren resultados reduciendo derechos laborales, lo que afecta la salud mental y el bienestar de los trabajadores, estableciendo estándares comunes sobre metas, presiones comerciales, desconexión digital y prevención del burnout. Además, amplía derechos a trabajadores externalizados. Nuestro sistema financiero está bastante precarizado en algunos sectores. Yo vengo de la Federación del Retail Financiero, que incluye la tarjeta CMR, la tarjeta Líder BCI y la tarjeta Cencosud, que han migrado a un sistema bancario. Esto genera una rama distinta dentro del mismo sector, y tenemos negociaciones colectivas muy diferentes a las de los trabajadores bancarios. Es por eso que necesitamos poder tener negociaciones colectivas multinivel para ajustar estos pisos mínimos y que tanto nuestro sector como los otros podamos establecer estos pisos mínimos comunes. Por ejemplo, en relación a la ley de 40 horas, no todos los bancos asumieron de inmediato esta normativa; solamente algunos de los bancos más grandes lo hicieron. Las federaciones de retail financiero todavía no estamos en 40 horas. Por lo tanto, la negociación ramal sería muy factible en este sector, ya que podría haber mantenido un piso mínimo que toda la banca pudiese adoptar de forma inmediata. Mi compañero se va a extender más, Roberto, te cedo la palabra. Sé que ustedes han recibido algunos organismos técnicos y han escuchado.

Bien, aparte de los empleadores, quisiera presentar nuestra visión desde la perspectiva de los trabajadores bancarios, que es técnica y no únicamente ideológica en relación con la negociación ramal. Debo señalar que el 95% de los trabajadores en los bancos y en el sistema financiero son profesionales, y algunos son técnicos. Como confederación bancaria, realizamos nuestro propio estudio sobre la negociación ramal, en el cual analizamos las sociedades que han implementado este tipo de negociación. Observamos que esas sociedades tienen menos informalidad que nosotros y una mayor proporción de su población en la clase media, que se encuentra bien ajustada a la economía del país. En estos países, más del 90% de las empresas son pymes. Deberíamos considerar que si esos países cuentan con negociación ramal, se esperaría que se cumplan las afirmaciones que frecuentemente escuchamos de los representantes de los empresarios. Sin embargo, la realidad es diferente, ya que muchos de esos países tienen tasas de inflación más bajas que las nuestras, cercanas al 3%, e incluso algunas son inferiores. Lo más relevante es que estamos, debido al modelo de relaciones laborales que hemos tenido, aproximadamente 25 años atrasados en cuanto a sueldos. Cuando se habla de negociación ramal, tendemos a referirnos a países como Alemania, Dinamarca, Suecia y algunos de Oceanía. No obstante, los invito a que nos comparemos con naciones como Nueva Zelanda, cuyo PIB es menor al de Chile, aproximadamente 260 mil millones de dólares anuales frente a nuestros cerca de 300 mil millones. Sin embargo, el PIB per cápita de Nueva Zelanda casi nos triplica, y ellos también tienen negociación ramal. Muchos compatriotas nuestros emigran allí en busca de mejores oportunidades. El sueldo mínimo en Nueva Zelanda supera los 2 millones de pesos chilenos, alcanzando cerca de 2.300.000 pesos, a pesar de ser un país con menos recursos que Chile. Si se me pidiera mencionar las fortalezas de Nueva Zelanda, diría que gran parte de su economía se basa en las exportaciones, especialmente en la producción de carne y lana. Chile, en cambio, es mucho más rico en recursos, como cobre, agricultura y mar. Sin embargo, los trabajadores en Chile ganan considerablemente menos. En el sector bancario, un trabajador recién ingresado puede ganar cerca de 3 millones de pesos chilenos. Esto plantea la pregunta: ¿por qué los bancos y las grandes empresas financieras permanecen en Chile? Si nos dirigimos a Uruguay, donde el 98% de las empresas son pymes y su principal riqueza proviene de la producción de carne, encontramos que un trabajador bancario allí gana aproximadamente 2.400.000 pesos chilenos. En el banco en el que trabajo, también tenemos presencia en Uruguay, y no se contempla salir de allí. El promedio de los salarios en operaciones bancarias en Uruguay es de 3 millones de pesos, lo que significa que sus sueldos nos triplican y cuatriplican. Esto lleva a la reflexión de que, en teoría, las pymes de esos países deberían estar en crisis y los bancos deberían abandonar esos mercados, pero la realidad es otra. En cuanto a la informalidad, en Chile tenemos una tasa del 27%, mientras que Nueva Zelanda presenta un 15% con negociación ramal. En términos de desempleo, la tasa en Nueva Zelanda es cercana al 5%, mientras que en Chile se sitúa en alrededor del 8% o 9%. Es cierto que ha existido negociación ramal, pero ha beneficiado principalmente a los empresarios, quienes se agrupan en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la Asociación de Bancos y en la Sofofa, definiendo los sueldos que luego no se reflejan en las negociaciones colectivas a nivel de empresa. Hemos olvidado que la relación debería ser entre empleadores y trabajadores, pero en Chile existe una desconexión que es necesario abordar.

Una gruesa capa ejecutiva. Esos ejecutivos no son los empresarios. Manejan los sueldos, que a veces son de quince o veinte millones de pesos mensuales, y además tienen un bono anual de doscientos o trescientos millones de pesos. Los CEOs pueden recibir entre cuatrocientos y quinientos millones de pesos en bonos anuales. Esto desbalancea los sueldos del resto, ocupando el 60% o más de lo que gastan las empresas en ese ítem, dejando el resto para la gran masa de los trabajadores. Las grandes empresas en Chile dan trabajo a aproximadamente el 50% de los trabajadores. De ese 50%, más del 60%, casi el 70%, se lo llevan estos ejecutivos. Cuando hay negociación ramal, lo que va a suceder no es que los empresarios dejen de pedir su 15% de rentabilidad a fin de año; se lo van a pedir igual, y probablemente pedirán aún más. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que esos ejecutivos, que no son los empresarios, ya no podrán ganar esos sueldos de veinte millones y quizás ganen quince, porque vamos a transparentar cuáles son las rentas. Asimismo, es posible que ya no se lleven bonos de cuatrocientos millones, sino de doscientos cincuenta. Lo que podría ser terrible para ellos, puede ser muy positivo para la gran parte de la sociedad que es clase trabajadora. También quiero decirles que Chile no puede seguir anclado a un sistema de relaciones laborales como el de la primera mitad del siglo XX, porque el trabajo ha cambiado y seguirá cambiando. Como sociedad, debemos movernos hacia la tecnología y la innovación. La gracia de la negociación ramal es que proporciona a las pymes una plataforma permanente para conversar con el Ejecutivo sobre sus necesidades, sin ser representadas cada vez por la CPC, que no defiende los intereses de las pymes. De hecho, muchas de nuestras empresas, porque me considero parte de las grandes, a veces les pagamos a esas pymes a 180 días, y si ocurre algún inconveniente, simplemente no les realizamos el pago. Las pymes requieren otras cosas, pero principalmente, ¿qué necesitan? Es fundamental que se creen nuevas fuentes de trabajo en conjunto entre las empresas, el Estado y los trabajadores. Cuando se les otorgan garantías estatales, se les proporciona capital de trabajo y acceso al Fogape, pero lo que realmente les falta es capital de trabajo. Aunque tengan acceso al crédito, no lo utilizarán para innovación ni para adquirir nuevas tecnologías. La negociación ramal permite que los trabajadores y las empresas de las pymes puedan solicitar en conjunto al Estado créditos o acceso a créditos, porque no basta con el dinero; deben saber dónde adquirir esa tecnología y los trabajadores necesitan capacitación sobre su uso. Así, ambos pueden pedir al Estado la modernización necesaria para que este los apoye. Existen herramientas como CORFO y otras que podrían ayudar a conseguir esa innovación y tecnología. Por lo tanto, un consejo de salarios como el que propone el nuevo proyecto brinda esa plataforma a las pymes. En relación con las grandes empresas, quiero plantear aspectos que no siempre son de relación directa entre empleadores y trabajadores. Ustedes saben que tenemos un sistema integrado de impuestos, o semi integrado. Cuando los empresarios reciben utilidades de la empresa, no pagan impuestos sobre esas utilidades porque ya lo hicieron en la empresa. Sin embargo, al trabajador se le paga habitualmente la gratificación legal, que se divide por doce en el sueldo, completando así su remuneración.

Otro tema. Pero, ¿por qué el trabajador paga impuestos por esa gratificación? Si son las mismas utilidades que está recibiendo el empresario, solo que se las reparten de otra manera. Son las utilidades de la empresa que se pagan a través de la gratificación legal. A mayor voluntad que tuvieran los empleadores, no pueden hacer nada al respecto. Entonces, yo no le puedo pedir eso al empleador, pero sí podemos, en conjunto, empleadores y trabajadores, decirle al Ejecutivo: "Mire, esto pasa y nosotros queremos que la gratificación sea libre de impuestos, igual como la tienen los empresarios". En muchos países, el bono de término de negociación o bono de término de conflicto que reciben los sindicatos no es imponible ni tributable, porque no es una remuneración, ni es producto del trabajo ni del contrato con el trabajador. Además, muchas veces, cuando esto sucede, el contrato de trabajo está suspendido por la huelga. ¿Y por qué tributa? Algunos podrían decir que el empleado está recibiendo un ingreso. Está bien, pero no es producto del trabajo, es fruto de una negociación anexa. Por más que mi empleador quiera pagarme lo líquido, no puede, pues hay una ley que dice que debe ser imponible y tributable. Pero si nos juntamos los empleadores y los trabajadores y decimos: "Oye, no, nosotros queremos que este bono sea líquido", eso es una mejor herramienta para el empleador. Al ofrecer un mejor bono, un bono líquido, se convierte en una mejor herramienta de negociación. Y, por supuesto, para el trabajador es conveniente, porque con ese bono muchas veces se da el pie para una casa o se pagan los estudios de un hijo en la universidad. Hoy día, solo el ocho por ciento de los trabajadores negocia colectivamente, y esto ni siquiera va a mover un punto la inflación. Por eso necesitamos negociación ramal, necesitamos innovar en el tema de las relaciones laborales. Principalmente, porque el cambio tecnológico es tan fuerte. Este teléfono que adquirí el año pasado ya está obsoleto, y esto cada vez va a ser más fuerte. Hay un montón de cajeros automáticos que no son atendidos por personas en los supermercados y en otros lugares. Hay muchas tareas que realizan los robots, principalmente en el sector donde trabajamos. Con la introducción de la inteligencia artificial, un técnico o especialista de un área contable hoy puede desarrollar un robot que automatiza tareas, ni siquiera necesita un informático para hacerlo. En el corto plazo, la gran mayoría de los trabajadores profesionales van a estar en esa posición, y van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Necesitamos la negociación ramal para reinsertar a esas personas en el mismo sector donde tienen experiencia, porque no salen de las empresas por ser malos, sino porque se reducen los puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitamos capacitación y programas permanentes de reinserción y recolocación de esos trabajadores. Cada vez que una empresa despide a un trabajador, otras empresas pierden un cliente. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo resiste la economía eliminando puestos de trabajo? ¿Hasta qué punto le entregamos el control a las máquinas respecto de tareas que necesitan control humano? Esto puede parecer algo muy a futuro. Para terminar, quiero compartir una reflexión. No sé si han visto videos de lo que ocurre durante los tsunamis, especialmente en Oceanía. En esos videos, se puede ver a la gente en la playa observando cómo viene la ola, mientras otros les gritan que salgan. Sin embargo, muchos permanecen ahí y, lamentablemente, muchos de ellos mueren ahogados, porque la ola llega más rápido de lo que pensaban y no alcanzan a escapar. Hoy día, nosotros estamos parados en la playa, en la playa de la innovación y la tecnología.

Y la inteligencia artificial. Yo les quiero pedir que no nos quedemos en la playa. Les quiero pedir que avancemos, que innovemos y que nos pongamos de acuerdo con los tiempos, y tengamos negociación ramal por sector, que cada sector defina lo que necesita entre empleadores y trabajadores para poder afrontar el cambio tecnológico. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto, por su exposición. Andrea, también muchas gracias. No sé si hay alguna palabra que usted quiera complementar la exposición. Un saludo a todos los presentes: diputados, presidente, subsecretario. Solamente quiero complementar que, justamente, lo que ha expuesto el presidente de la confederación, de verdad, yo que soy del apoyo al giro bancario, somos como los hermanos menores de la banca. De hecho, Servipag son los dueños de Banco Chile y BCI, y el presidente del directorio es el señor José Manuel Mena. De alguna manera, nosotros estamos viendo cómo, desde que llegó la pandemia, en nuestro sindicato único había más de mil trabajadores; hoy estamos quedando trescientos. Están arrasando, así como que estamos al frente de la playa, y hay gente que ha entregado 25 años y no sabe qué hacer porque quedó fuera, porque no hubo esta reconversión. No somos solamente trabajadores que salieron y se acercan y dicen: "No sé qué hacer". Aquí, el 15 de enero, fueron más de cien trabajadores fuera, más de sesenta sucursales cerradas. Obviamente, muchos vigilantes privados; todos sabemos la nueva ley de seguridad privada, la 21.659, que establece normas sobre cómo deben estar las sucursales presenciales. Y uno se pregunta: ¿por qué ese vigilante privado, que es de un lugar físico y sabe de seguridad, no se le dio las capacitaciones para, por ejemplo, ciberseguridad? No hay interés. Entonces, cuando uno ve la televisión y dice: "Oye, mucha informalidad, tiene que crecer el empleo", resulta que la realidad es otra. De verdad, el sistema está siendo macabro. Y esto lo hablo desde el alma, de un tema que estoy viviendo día a día. Ustedes, que son los legisladores, son los que van a abordar este tema, y sé que van a escuchar a gente muy experta en esto. Yo no tengo tanta experiencia; soy joven, tengo mi edad, pero soy joven como dirigente sindical, y me he dado cuenta de cómo se está arrasando. Uno se pregunta: ¿desde dónde quiero estar el día de mañana? Porque uno de los principios del Código Laboral es que la gente necesita tener estabilidad. Yo sé que los jóvenes, mi hijo egresado, me dice: "Mamá, a mí me gusta moverme", pero tiene 23 años. Ya salió de ingeniería en economía, todo el asunto comercial de Andrés Bello. Pero yo le digo que no; nosotros, que somos adultos, queremos estar en este buque que son los empleadores, el Estado y los trabajadores. Es la única manera de que se logre el principio básico de la estabilidad. De alguna manera, se deben dar herramientas, y lo mínimo que necesitan los trabajadores de seguridad para seguir adelante es rescatar las reconversiones y las capacitaciones. Eso es lo que debemos apuntar hacia el futuro, el futuro que todos nosotros queremos, y no ideologizar este tema. Yo siempre les digo a los trabajadores que aquí no existe esta cosa de derecha ni izquierda; somos trabajadores.

¿Están junto con el empleador en una conversación? Y eso con el Estado como garante, este tripartito, y representado, obviamente, por la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, aquí se necesita conversación, y ojalá lo puedan entender. Yo soy de Cerrillo, y hay mucha gente que dice que los trabajadores se necesitan, pero lo hablan de ahí, en el patio, con los amigos. Y aquí tengo una posibilidad, que estoy al frente de ustedes. De verdad, se necesita, de alguna manera, proteger. Se viene una avalancha realmente de muchas desvinculaciones, y la gente pierde la confianza. Eso quería complementarles. Muchísimas gracias a los tres: don Roberto Grandón, doña Andrea Marchant y Jeanine Tardón. Les agradecemos, quédense porque al final de la siguiente exposición vamos a abrir un espacio de eventuales preguntas y reflexiones. Pero le vamos a dar ahora la palabra a don Francisco Tapia Guerrero, abogado, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene la palabra, don Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Quiero aclarar que no soy el director del Departamento de Derecho del Trabajo de la facultad, soy profesor de la facultad y coordino el programa de magíster en mención laboral, pero mi opinión no representa la de la facultad. Quería hacer esa precisión. También quiero destacar, señor presidente, el magnífico trabajo que han realizado los colegas que elaboraron el proyecto, específicamente la colega Silvana Guzmán y el colega Francisco Neira, quienes han hecho un trabajo muy minucioso. No obstante, la complejidad del tema, que no ha sido fácil durante muchos años, ciertamente nos invita a debatir sobre estos asuntos que normalmente no hay mucha voluntad de discutir. Lo cierto es que estamos frente a un modelo sindical establecido hace casi cincuenta años, en 1979, diseñado en un contexto distinto. Como bien lo mencionaban los señores dirigentes sindicales, el mundo ha cambiado, y las relaciones laborales también, así como el modo productivo. Sin embargo, seguimos con este modelo que, al menos en lo que respecta a la unidad de contratación, sigue siendo el mismo. No es la primera vez que discutimos este tema. Recuerdo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en su primer mandato, la comisión del ministro Andrade, que desgraciadamente no prosperó. Sin embargo, sí hubo una comisión de salario digno. Antes, con el presidente Lagos, también hubo una propuesta de reforma sindical que, por razones políticas, no consideró cambios estructurales en la negociación colectiva ni en la correlación de fuerzas, pero que sí terminó con una ley relevante, la ley 19.759 de 2001, que entre otras cosas consagró, entre comillas, el tema de los derechos fundamentales del trabajo. Hemos discutido este tema anteriormente, y quiero señalar el caso de la propuesta del ministro Hugo Gálvez Gajardo en 1984, que fue debatida sobre todo a nivel académico, aunque desde el punto de vista institucional no llegó a discutirse en las comisiones legislativas de la época. El ministro Gálvez Gajardo, que también había sido parte del gobierno del presidente Alessandri Rodríguez, postulaba sacar la negociación colectiva del ámbito de la empresa, no al nivel ramal, como él mismo lo declaraba, pero sí a propósito de una serie de casos que hoy día se parecerían a ciertos sectores de la economía o incluso a los grupos empresariales.

No ha sido indiferente todo esto a la necesidad de revisar y discutir el ámbito de la contratación colectiva y la unidad de negociación. Además, contamos con experiencias históricas que son interesantes en esta materia. La más clásica es la que se refiere a la ley de sindicalización campesina de 1967, la Ley N° 16.625, del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, siendo Ministro de Trabajo don William Tayer Arteaga. Esta ley estableció la negociación comunal y emergió un campesinado organizado después de 40 o 50 años de negativa al derecho a la negociación colectiva. De hecho, eran muy pocos los sindicatos que existían en el año 1964, y desde luego, muy pocas las negociaciones colectivas en ese tiempo. Tres años después, se multiplicaron enormemente, sin que hubiera, por cierto, una amenaza de ruptura en la agricultura. Además, fueron creadas las comisiones tripartitas en el gobierno de Frei, a través de la Ley N° 17.074, una ley de reajuste. Estas comisiones tripartitas, en el año 1974, pasaron a ser negociaciones colectivas tripartitas, acuerdos con carácter obligatorio mientras estuviera suspendida la negociación colectiva. Por lo tanto, el decreto ley N° 670, que era el primero y que era voluntario, pasó a ser una negociación colectiva de eficacia erga omnes con el decreto ley N° 765. Quiero también hacer presente que dos de los más grandes juristas del trabajo, ambos desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros, han optado por modelos distintos a los que tenemos hoy. Me refiero al profesor Emilio Morgado Valenzuela, quien falleció el año pasado, y fue director regional de la OIT en América, un destacado académico. El profesor Morgado, hasta su última obra del año 2021, postuló el modelo instaurado en el Convenio 91 de la OIT, que admitía la negociación voluntaria en los distintos niveles y unidades de contratación. Asimismo, debo reconocer que debo atenuar el entusiasmo respecto al profesor William Tayer, quien fue Ministro de Trabajo en uno de los gobiernos que más ha avanzado en términos de legislación social, con la legislación sindical, la estabilidad en el empleo y la prevención de accidentes laborales. En su obra "Trabajo, Precio y Revolución" del año 1967, después de dejar el ministerio, postulaba críticamente la negociación por empresa, más bien el conflicto colectivo por empresa, y decía que había que sacar el conflicto de la empresa. Posteriormente, en sus otras obras y en colaboración con el profesor Patricio Novoa Fuenzalida, se dedicó a cotejar las diferencias del nuevo sistema impuesto en 1971. De manera que tenemos una trayectoria que permite afirmar que hay muchas alternativas. De hecho, el abogado Francisco Neira, quien cité en una reciente obra, estudia las negociaciones atípicas que se han dado en la experiencia chilena en sectores específicos como los forestales o la minería. También tenemos otros casos, como las conocidas negociaciones colectivas del sector panificador. Por lo tanto, estamos hablando de posibilidades de discutir modelos alternativos para enfrentar una época difícil, en donde no sabemos hacia dónde vamos ni a dónde llegaremos. Se está viendo, como lo mencionaron muy bien los señores dirigentes, de qué forma esto está alterando las relaciones de trabajo y, desde luego, el modo productivo.