En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Esto es artesanal, hasta que llegue la campana oficial. El acta de la sesión ciento quince se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 116 queda a disposición de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, queridos diputados y diputadas.
Se recibieron los siguientes documentos por la comisión. Un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece un plan nacional de búsqueda de verdad y justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Este es el proyecto de ley que despachamos en la sesión pasada. Yo creo que esa es la forma en que el Ejecutivo está haciendo presente su patrocinio.
Se recibió también un oficio de Gendarmería de Chile, quien remite un informe exigido por la glosa presupuestaria sobre la atención de salud de personas privadas de libertad mayores de 65 años y/o con enfermedades terminales, correspondiente al cuarto trimestre del 2025. Asimismo, se ha recibido otro oficio del Servicio Médico Legal, que informa sobre las acciones realizadas en el segundo semestre del año pasado. También en cumplimiento a glosas presupuestarias, señala la participación del Servicio Médico Legal en la mesa interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Destaca el envío de respuestas técnicas para el pilotaje del banco de huellas genéticas, indicando que el servicio, mediante archivos de perfiles genéticos, realiza toma de muestras.
Y gestiona búsquedas genéticas ordenadas por tribunales en causas vinculadas a sustracción de menores y adopciones irregulares. También se recibió una nota del señor Gustavo Faúndez, quien se excusa de asistir a esta sesión debido a compromisos previos. Asimismo, se recibió un correo de Antu Quintulén González, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien solicita, junto a un académico de la misma universidad, exponer ante esta comisión los resultados de una investigación sobre los efectos del mecanismo de compra de tierras de CONADI, basada en el caso de la comunidad Contreras de Traiguén. Indica que el estudio dio origen a una tesis y a un libro comunitario recientemente presentado por la propia comunidad.
Finalmente, se recibió un pareo entre el diputado Hernán Palma y el diputado Urritico Echea para la sesión de hoy, así como un pareo de los diputados Daniel Ilayú y Emilia Schneider. Esa es toda la cuenta presente.
Respecto del punto cinco que se menciona en la tabla, y atendido que solamente tenemos un invitado para que podamos aprovechar de escucharlo, se toma el acuerdo de que lo escuchemos al final de la tabla. A continuación, se ofrecerá la palabra sobre puntos varios. Diputado Orsini, y a continuación el diputado Hernán Palma. Diputado Palma, puede hacer uso de la palabra.
Bien, gracias. Saludo a mis colegas de todos los sectores y también a la Secretaría. Presidente, en primer lugar, quería tomarme unos pocos instantes para dar las gracias por el percance sanitario que tuve el otro día. Comentarles brevemente que desde hace algún tiempo tengo episodios de apnea que me provocan pérdida de conocimiento. Quiero agradecer a la disposición que hubo aquí, de manera transversal, de mi colega Celedón, del colega Lagomarsino, de usted, de la diputada Ossandón y también de la diputada Naveillán. Ayer le hice una pequeña broma, le dije a usted que estaba rojo ese día de falta de aire, y le comenté: "Mire diputada, yo nací rojo y voy a morir rojo", así que lo que notó no fue nada raro.
Dar las gracias, presidente, eso es lo primero. De verdad, sinceramente, porque creo que en esas circunstancias se humanizan las relaciones. Uno ve que hay una respuesta y creo que cualquiera de nosotros o nosotras haría lo mismo por los demás, y eso habla bien de todo el grupo humano que hay aquí.
En segundo lugar, traigo al seno de esta comisión una situación que me tiene muy preocupado y que ha cobrado relevancia pública, que es la situación de la socióloga Doris Cooper Meyer. Esta socióloga fue declarada interdicta en el año 2019. En este proceso, al parecer, estuvo grave por alguna circunstancia médica en el hospital militar. Su padre era un militar connotado y ella tiene una pensión bastante importante. Participó también su hija en este proceso, y finalmente se logró esta interdicción. Desde entonces, ha pasado por cinco hogares o residencias de personas mayores. Lamentablemente, la hija no pagaba la residencia, y la expulsaban a esta señora, quien tenía que buscar una nueva. Son residencias bastante caras.
Quiero aclarar que ella tiene una pensión sobre tres millones de pesos, lo cual es una excepción en nuestro país, no es la regla. Actualmente, está en una residencia denominada "Ángel de la Guarda", que se encuentra en la comuna de Ñuñoa, a escasas cuadras de su domicilio. Hoy día, la hija ya perdió la anterior cuidadora, y este cuidado se le otorgó a su hermanastro. No tiene más hijos, ya que el único hijo que tenía se suicidó. La casa está siendo ocupada por parientes o personas cercanas, curiosamente a la administración del hogar. Ayer, una concejala de Ñuñoa fue violentamente expulsada del lugar, y hay grabaciones de este incidente.
...es insólito que alguien que no tenga ningún control de su impulsividad administre un lugar de personas mayores, con las implicancias que esto puede tener. Quería traer a colación un tema de vulneración de derechos de una persona mayor. Tengo entendido que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género designó una abogada, así como también hay una abogada, Pamela Ponce, de la Corporación de Asistencia Judicial, de la cual tengo una buena impresión. Además, entiendo que el Servicio Nacional de las Personas Mayores (SENAMA) está brindando asesoría en esta situación.
Presidenta, le solicito que se recabe el acuerdo para investigar esta situación, ya que estamos a puertas de un cambio de administración, y el tema de la vulneración de derechos de las personas mayores es preocupante y transversal en nuestra sociedad. Es alarmante que se haya declarado la interdicción de alguien sin que sea el caso. Recientemente escuché una entrevista donde, como médico en salud mental, no veo ningún rasgo de interdicción, lo cual me sorprende.
No sé si todos están al tanto de este caso, pero ha ido cobrando relevancia pública. Doris Cooper Mayer, quien fue socióloga, se perició en casos de criminología involucrando psicópatas, como los crímenes de las menores de Alto Hospicio o el caso de Viviana Heger en el sur de Chile. Ella es una persona connotada que incluso tuvo figuración mediática. Por lo tanto, le pido que se recabe el acuerdo para activar todos los dispositivos necesarios, ya que no los conozco bien.
He realizado gestiones, llamé al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), me comuniqué con SENAMA y con el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa, que hoy iba a visitar este lugar. Es realmente una situación insólita. Aunque la persona estuviera interdicta, no se puede tratar así a las visitas ni hacer apropiación indebida de sus bienes por parte de parientes. Esa es la situación. El diputado, por su intermedio, me mira con sorpresa; es realmente increíble el caso. No sé si usted lo conoce, colega, pero les ruego que se documenten. Tengo información que puedo compartir en la comisión sobre el caso de Doris Cooper Mayer.
Considero que hay instancias como la Corporación de Asistencia Judicial y la Comisión de Derechos Humanos que deben involucrarse. Además, SENAMA es la entidad estatal encargada de vigilar que no se vulneren los derechos de las personas mayores. El Ministerio de la Mujer ha provisto recursos, pero se ha enfocado desde una perspectiva de género y no desde la de las personas mayores. Estoy abierto a sugerencias sobre otras instancias que la comisión considere pertinentes.
Agradezco mucho la escucha activa de toda la comisión. Muchas gracias, Diputado Palma. Sobre este punto, tiene la palabra el Diputado Kaiser.
Muchas gracias, señora Presidenta. Si existen antecedentes suficientes para hacer una denuncia, tendría que dirigirse, si no a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones (PDI), para que se realice un chequeo sobre si esta persona está siendo efectivamente vulnerada en sus derechos. Es importante recordar que la única institución con facultades de investigación para establecer si se está cometiendo un ilícito respecto de los derechos de esta persona son las policías. Las demás instituciones son esencialmente administrativas y no tendrían las atribuciones necesarias.
Desde mi perspectiva, es más razonable hacer llegar, si existen suficientes antecedentes, una solicitud de investigación a la PDI, que son los únicos que cuentan con las herramientas para establecer si existe alguna irregularidad, lo que podría llevar a otras instituciones a involucrarse en el proceso. Brevemente, si les parece, dado que aquí hay abogados, puedo compartir la documentación que tengo, que me ha hecho llegar la gente que ha estado más activa en el tema, para socializarla.
En el grupo de WhatsApp, y que ustedes la puedan revisar, considero que el caso es grave. Aquí no estamos hablando de un sector político en particular, sino de una persona mayor, profesional y mediática, cuyos derechos están siendo vulnerados. Diputado Celedón, en relación a este punto, creo que la sugerencia del diputado Kaiser es pertinente, de agregar entre los destinatarios de esto a la Policía de Investigaciones, dado que podría haber una comisión de un delito.
Efectivamente, he revisado que con fecha 22 de enero se presentó un recurso de protección a favor de la socióloga y criminóloga Doris Cooper. También recuerdo que, en conversaciones con la diputada Orsini, se abordó este tema en la universidad. En mi caso, estudié Derecho y, efectivamente, en Derecho Penal vimos una serie de aspectos relevantes.
Diputado Sandón, sobre este punto, gracias, presidenta. Quiero tener claro si esto está orientado a una mala determinación de la persona, ya que se mencionó la interdicción. Este proceso no es simple; lo he vivido en mi familia y requiere la intervención de muchos médicos, el juez y peritos. No es un trámite sencillo; debe haber una confabulación de muchas personas para que se asigne una medida de este tipo. Estoy de acuerdo con lo que se propone, pero debemos evitar hacer juicios apresurados. Recordemos que en esta comisión dimos casi por cerrado el juicio de Julia Trujillo y, al final, la situación era absolutamente diferente. Somos un medio para que estas cosas fluyan, pero tenemos limitantes. Como dice el diputado Kaiser, hay otras instancias más directas para quienes están involucrados en el caso, para que el proceso funcione adecuadamente.
Esperaremos que el diputado Palma nos haga llegar la documentación que mencionó, para determinar si enviamos un oficio o si se hace algún tipo de denuncia, ya que debemos revisar los antecedentes antes de tomar cualquier acción.
Diputada Orsini, sobre puntos varios, muchas gracias, presidenta. Quiero exponer en esta comisión dos situaciones que me parecen gravísimas en relación a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. El día 23 de enero, un niño de solo tres años falleció en la residencia Casa Nacional del Servicio de Mejor Niñez, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Otro caso grave ocurrió el 16 de octubre en la residencia Casa Esperanza, donde un niño de 15 años fue apuñalado en una riña por una porción de comida, quedando este último con lesiones gravísimas y paraplejía.
El día de ayer, pude hacer un incidente en sala y oficié al Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio de Mejor Niñez y a la Subsecretaría de la Niñez. Sin embargo, considero pertinente escuchar también el otro lado de la moneda. Es importante que podamos oír a las organizaciones autónomas de derechos humanos. En este sentido, presidenta, solicito dos cosas. En primer lugar, que oficiemos a la Defensoría de la Niñez, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Comité para la Prevención de la Tortura, para que informen lo siguiente: primero, sobre el caso del fallecimiento de Brian, si cuentan con informes, registros y antecedentes de visitas realizadas a la Residencia Casa Nacional, así como los principales nudos críticos detectados en dichas visitas, en caso de existir. Segundo, si esos nudos críticos fueron oportunamente comunicados a las autoridades competentes. En tercer lugar, solicito antecedentes específicos sobre lo ocurrido el 23 de enero del año 2026 en la Residencia Casa Nacional, para evaluar si es necesario tomar otro tipo de medidas, como una comisión especial investigadora o una sesión especial de sala. Por lo tanto, pido esos antecedentes respecto del caso de Brian y del caso del 16 de octubre en Casa Esperanza, así como un oficio a los mismos organismos sobre antecedentes generales.
¿El caso? Y sobre las acciones adoptadas por cada institución en el marco de sus atribuciones. Y por último, quisiera oficiar en términos generales a las mismas instituciones respecto a la situación general y los principales problemas y nudos críticos desde la entrada en vigencia del Servicio Nacional de Protección Especializada. Y si lo tienen a bien, quizás una vez recibido ese oficio y con los antecedentes en mano, citar a estos organismos a esta comisión para que nos puedan dar cuenta de la situación de vulneración a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.
Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, diputada Maite Orsini. Ambos casos son de conmoción pública, lo vimos por todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y creo que es muy relevante lo que usted menciona en relación a los oficios que se han solicitado. Yo quiero pedir el acuerdo aquí para poder oficiar en los términos que propone, muy ordenadamente, además la diputada Orsini. Así que, si es que... Bien.
Una vez recibidos los antecedentes, ya podremos ir viendo si podemos generar alguna sesión especial. ¿El listado de las instituciones? Son el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Prevención de la Tortura, que estuvieron exponiendo hace poco aquí, y la Defensoría de la Niñez. Esas tres instituciones. Ok, y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no podríamos hacer extensivo el oficio para que nos haga llegar los documentos?
Diputado Orsini, yo ayer en la sala le pedí a los organismos del Estado el oficio. Entonces pensé en venir aquí a pedir a los organismos autónomos. Ahora sí, podemos repetir los oficios de ayer y pedir los mismos antecedentes a los organismos del Estado. No tengo problema.
Diputado Kaiser. Muchas gracias. En razón de que evidentemente la respuesta que va a recibir usted será de manera particular, a mí me gustaría que también la Comisión reciba estos antecedentes por parte del Ministerio para tener toda la documentación junta en lo posible y ojalá que respondan. Gracias. Sí, de todas maneras. ¿Habría acuerdo para agregarlo?
Sí, diputada Palma. Sí, yo muy brevemente, es impactante lo que hoy día estamos reconociendo en esta comisión. Muy brevemente quería comentarles que trabajé en dispositivos de menores privados de libertad, dependientes de SENAME en su época, actualmente Mejor Niñez.
Disculpa, Servicio Nacional de Menores, me equivoqué. El tema es que, Presidenta, aquí hay una ausencia, yo diría, en alguna medida del Estado, porque es constante el uso de elementos para autoagredirse o agredir a otros niños. Han ocurrido suicidios, homicidios y también lesiones graves; es decir, que un niño salga parapléjico de una residencia no es menor.
Entonces, creo que hay una falta de regulación en materia legislativa y también en materia estatal, que es una deuda histórica que debemos atender, porque si no, seguiremos lamentando situaciones como esta en distintos dispositivos. Solamente quería hacer esa acotación.
A lo que se suma que en los casos de infractores de ley son los famosos pelotazos, que tiran desde la calle, siguen lanzando objetos, se posicionan de las casas que están alrededor y lanzan objetos, bultos en los cuales van armas hechizas, piezas para comunicarse, para mantener redes y drogas, etcétera. O sea, es un tema que está totalmente desregulado.
Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Palma. Creo que es un tema muy importante, diputada Orsini, así que le agradecemos que lo haya podido poner aquí en puntos varios. De hecho, fue muy impactante, como le mencionaba, estar en conocimiento de esas noticias.
También desde la Comisión de Familia, por cierto, es importante replicar algunos de los oficios, así que también lo haremos en la instancia pertinente. Me parece que la diputada Sandón también es parte de la Comisión de Familia, ¿no? Ah, sí, por eso la he visto varias veces.
Bien, entonces, ¿alguien más sobre puntos varios? Bien, entonces vamos a pasar a la orden del día. Vamos a tener una sesión y un invitado muy relevante, que ha sido un tema muy importante en esta comisión, que es conocer los procedimientos, protocolos y el funcionamiento del proceso de identificación de osamentas de personas víctimas de desastres.
La desaparición forzada durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990 en Chile es un tema que desarrolla el Servicio Médico Legal. Para dichos efectos, se acordó invitar a la directora del Servicio Médico Legal, la doctora Marisol Prado Villegas, acompañada por su jefa de gabinete, María Eugenia París, y la encargada de la unidad de víctimas de la dictadura, la doctora Mireya Matamoros, máster en antropología y genética forense. También se invitó al doctor Gustavo Faúndez Salinas, licenciado en Antropología, mención en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien se ha excusado de asistir por motivos que ya se leyeron en la cuenta. Asimismo, participa la doctora Carmen Cerda Aguilar, profesora titular de Medicina Legal de la Universidad de Chile y presidenta de la Comisión Examinadora de Especialidades en Medicina Legal de CONACEM, quien también participará por vía telemática. El equipo argentino de Antropología Forense se ha excusado de asistir por motivos que también se señalaron en la cuenta.
Además, le damos la bienvenida a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Daniela Quintanilla, quien nos acompañó también la semana pasada, y a la abogada del Departamento de Análisis Normativo, Valentina Salazar. Por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, asisten la presidenta Gaby Rivera y la vicepresidenta Lena Salamanca.
Agradecemos a todos los presentes y a quienes participan de manera remota. Es un honor contar con la presencia de la directora del Servicio Médico Legal, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia para que pueda hacer uso de la palabra sobre este tema que señalamos al inicio cuando leímos la orden del día.
Muchísimas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, quisiera saludar a todas las diputadas y diputados de esta comisión, así como a todos los miembros presentes y a los invitados, y también a las personas que están conectadas por Zoom. Agradezco a la subsecretaria por acompañarnos en esta presentación.
El Servicio Médico Legal, como ustedes saben, es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y colaborador del Plan Nacional de Búsqueda en estas materias. También define múltiples acciones que tienen que ver con pericias que abarcan desde la tanatología hasta la medicina forense, en su área de especialización de búsqueda, no solo en materia de derechos humanos, sino también en otras unidades.
Recientemente, nuestra área de laboratorio forense, especializada en la búsqueda de personas óseas y carbonizadas, ha trabajado de manera intensa, especialmente tras los lamentables hechos del incendio y la catástrofe ocurridos hace unas semanas en Concepción. En el año 2024, creamos una unidad de víctimas de dictadura conformada por un equipo multidisciplinario que actualmente cuenta con 15 profesionales, incluyendo arqueólogos, antropólogos, médicos legistas, trabajadores sociales, periodistas, psicólogos, sociólogos y otros técnicos de apoyo.
Esta unidad fue establecida principalmente para otorgar prioridad, rapidez y exclusividad a los casos que permanecían en brecha en materia de derechos humanos, y para participar activamente en un contexto de aumento significativo de casos que provienen de la Brigada ECO de crímenes especiales.
Catástrofes vividas también en 2014, lamentablemente en Viña del Mar. Entonces, quisimos separar unidades que realizan funciones similares en dos vidas distintas. La labor fundamental es la búsqueda e identificación de víctimas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas de la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, de acuerdo a lo oficiado por los ministros en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones.
¿Cómo llegamos a estos procedimientos y protocolos que les voy a presentar? Estos están sustentados en nueve pilares fundamentales. Entre 2006 y 2007, un panel de expertos acudió al Servicio Médico Legal, impulsado fundamentalmente por el error cometido en las identificaciones del Patio 29. En esa oportunidad, un panel de expertos internacional hizo un levantamiento diagnóstico y formuló una serie de recomendaciones que han sido la base y sustentado nuestros procedimientos y protocolos posteriores.
También se basan en el Protocolo de Minnesota sobre las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas y en su última recomendación y traducción del año 2016, así como en protocolos de la AFA (American Board of Forensic Anthropology), de la American Board of Forensic Odontology, de la Interpol, de la Cruz Roja Internacional, y principalmente en la Guía Latinoamericana de Buenas Prácticas para la Aplicación de Antropología Forense, en protocolos de la American Society of Forensic Odontology y en el Protocolo de Estambul, con su última traducción del año 2022, así como en las normas ISO del 2001 y 17.025.
Desde 2023 en adelante, iniciamos un proceso en conjunto con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, que es transversal a todo el Servicio Médico Legal, enfocado en el área forense y en la estandarización y certificación de los procedimientos. Este proceso es transversal a todas las pericias que realiza el Servicio Médico Legal, desde las tanatológicas hasta el laboratorio, y por cierto, en el área de derechos humanos, antropología, arqueología forense y en el área de búsqueda, que es la que sostenemos hoy día en esta redacción.
Por lo tanto, obtuvimos certificaciones y acreditaciones de los procedimientos según normas internacionales ISO del 2001 al 2017 y del 17.025 desde 2017. Hemos estado realizando procesos de acreditación constantemente, año tras año. Estandarizamos metodologías y fichas según parámetros internacionalmente reconocidos, elaboramos un manual de procedimientos y procesos periciales, y contamos con protocolos de trabajo que respetan los estándares establecidos en los protocolos de Minnesota.
Asimismo, implementamos control de calidad y normas ISO que son transversales a todas nuestras pericias, incluyendo el uso reglamentado de cadenas de custodia desde 2010, que son aplicables a todo el servicio. Contamos con profesionales con perfiles específicos, revisión constante de currículums y capacitación continua. Este año, tenemos un seminario internacional para capacitar a nuestros profesionales en estas áreas.
Además, tenemos planes de capacitación que se enmarcan dentro de la normativa de nuestro financiamiento como servicio público. Contamos con un banco de muestras de sangre y muestras póstumas de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que ha tenido dos campañas y que se está aumentando constantemente en cuanto a su número de muestras. También hemos establecido una política de comunicación con las familias, aunque este no es un rol directo que le corresponde al Servicio Médico Legal.
En el programa de derechos humanos, que lleva adelante las comunicaciones con las familias, nosotros, a través de los ministros en visita y a solicitud de ellos, tenemos un plan de comunicación directo con las víctimas y sus familias.
Gracias. Aquí están todas las certificaciones; las traje así, pero se las puedo hacer llegar con los títulos correspondientes. Es importante entender que el trabajo que se realiza en esta área es interinstitucional, colaborando con varias organizaciones, como el PRAIS, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, el Servicio de Registro Civil, el Plan Nacional de Búsqueda, el Ministerio de Obras Públicas, Serna Geomín y, por supuesto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio, entendiendo que el Servicio Médico Legal está bajo la Subsecretaría de Justicia.
Es importante aclarar que las etapas para la identificación de una víctima de desaparición forzada se pueden resumir en cinco etapas. Existe una investigación preliminar, que consiste en toda la documentación que archivamos de los testigos y las evidencias documentales. Luego está la recuperación o asistencia a algún sitio del suceso recomendado, ya sea por testigos o mediante oficio de los ministros en visita que llevan las causas. Hay que recordar que inicialmente había un ministro en visita y, a partir de 2010, hay un ministro coordinador y nueve ministros en visita. Hasta el año pasado, el ministro Carroza era el coordinador, pero hoy hay un cambio, y son ellos quienes, mediante oficio, proveen al Servicio Médico Legal todos los antecedentes necesarios para llevar a cabo la búsqueda.
Posteriormente, todas las evidencias, tanto osamentas como otras evidencias biológicas o materiales no biológicos, son llevadas al Servicio Médico Legal, donde se realiza una pericia de laboratorio con la experiencia que poseemos en áreas como la antropología, la arqueología y los laboratorios genéticos. Después de esto, se inicia el proceso de identificación, si es posible, a través de muestras de ADN, carbono 14 y la solicitud de muestras para el banco genético de los familiares. Finalmente, se envía un resultado que no siempre es posible obtener.
Contamos con dos disciplinas importantes: la arqueología forense y la antropología forense. La arqueología forense, que se estandariza en Chile a partir de 2007, se enfoca en el análisis de la evidencia asociada y los sitios del suceso, lo que nos ayuda a determinar a quién podría corresponder la osamenta o la evidencia encontrada. La antropología forense, por su parte, se centra en el análisis de restos humanos y su correspondencia antropológica, permitiéndonos entender aspectos como la edad, el sexo, los ancestros, la estatura y las características morfológicas únicas, lo que también nos proporciona un contexto para determinar si estas evidencias pertenecen a una época específica, si son patrimoniales, o si corresponden a un niño, un adulto, una mujer o un hombre. Esto, en conjunto con la evidencia documental, nos brinda una primera impresión sobre la identificación que buscamos realizar.
Además, contamos con otras disciplinas forenses que intervienen, como la odontología forense, en aquellos casos en que podemos acceder a registros odontológicos o piezas dentarias, y la medicina legal, donde médicos pueden ayudarnos a determinar con mayor certeza científica la causa y las circunstancias de muerte a partir de las evidencias que poseemos.
Lo último que hemos empezado a desarrollar en el Servicio Médico Legal tiene que ver con la genética forense, donde podemos intentar hacer perfiles genéticos y perfiles de carbono 14 para ayudarnos con la datación y realizar comparaciones de árbol genealógico que faciliten la identificación genética. Los tipos de análisis que llevamos a cabo son los análisis de radiocarbono, que nos permiten preliminarmente determinar si las muestras encontradas pertenecen al periodo de interés, en este caso, con una datación que nos permita afirmar que están dentro del periodo 1973-1990, que es nuestro primer descarte. Posteriormente, se informan a los ministros en visita y se decide si estas muestras son del periodo de interés o si deben ser enviadas a patrimonio por su antigüedad, o a fiscalía en caso de ser posteriores a 1990 y no tener una fecha de interés. Por lo tanto, es fiscalía la que, tras la reforma, se hace cargo de estos casos.
Es importante entender que, en el proceso anterior, eran los mismos jueces o ministros en visita quienes se encargaban del proceso completo y entregaban estas causas a los distintos ministros. Después de la reforma, es fiscalía la que, a través de un oficio de los ministros en visita, recibe estas osamentas para continuar con la investigación. Sin embargo, nosotros, como Servicio Médico Legal, seguimos en la investigación de la identificación, colaborando también con la Policía de Investigaciones, que aporta datos para las presuntas desgracias y todo lo relacionado con la recuperación de osamentas que no son del periodo de interés y que deben ser investigadas por fiscalía, la cual también actúa con nosotros a través de oficio.
En cuanto al análisis genético, hemos avanzado desde los primeros estudios y realizamos 23 marcadores como control de calidad, que es el máximo de marcadores que nos permite tener una identificación más fehaciente. Trabajamos con análisis de ADN nuclear, de ADN mitocondrial y de ADN del cromosoma Y, buscando hacer la identificación mucho más eficiente.
Quisiera señalar dos aspectos importantes. Primero, desde las últimas búsquedas más significativas que llevó a cabo el ministro Guzmán respecto a los casos de derechos humanos, el número de osamentas que el servicio ha recibido para estos casos ha sido mínimo. Hemos realizado numerosas búsquedas, pero lamentablemente hemos encontrado muy poco. Lo que hemos hallado no ha sido suficiente en cantidad ni en tamaño para llevar a cabo muchos análisis. Muchas de las osamentas son pequeñas piezas óseas que tratamos de rehacer mediante diversas pericias antropológicas y arqueológicas, buscando aquellas que puedan proporcionar perfiles más confiables. Sin embargo, debemos proceder con cautela, ya que cada vez que utilizamos una de estas osamentas, esta se pierde para siempre, dado que para obtener los perfiles se requiere destruir la osamenta. Por lo tanto, cada vez que hacemos una proyección de identificación con un perfil, si logramos obtenerlo, será la única muestra que tendremos.
El trabajo para llegar a un informe pericial completo es multidisciplinario, donde la evidencia y el análisis genético son solo una parte de la identificación, que consta de muchas otras etapas. En primer lugar, contamos con un informe del lugar del hallazgo, en el cual participamos en conjunto con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Tiene mucha expertise sobre este tema y trabaja en conjunto con nosotros en la mesa de hallazgo, que es una instancia donde participan todas las entidades involucradas en un hallazgo de osamenta, desde la Fiscalía hasta los ministros en visita, así como las policías, Carabineros, el programa y la subsecretaría. Esta colaboración nos permite buscar documentación o información para poder llevar a cabo la identificación de la osamenta.
Asimismo, contamos con todos los informes de evidencia asociada, los cuales son muy importantes y trascendentales, ya que muchas evidencias nos brindan pistas sobre dónde estuvo esta persona y cuál es la data, en función del tipo de ropa. Ustedes saben que las vestimentas y la moda cambian con los años, por lo que una evidencia asociada, como un tipo de ropa o un tejido, puede ser reconocida por los familiares. Es fundamental para nosotros que las familias puedan identificar evidencias asociadas que son características de las personas que las utilizaban, como un lente o un suéter, elementos que muchas veces la familia reconoce incluso antes que nosotros.
También está la autopsia médico-legal, que se realiza en todos los grupos de osamenta y cuerpos que llegan al Servicio Médico Legal. Esta autopsia da a conocer todas las posibilidades que tenemos a través de este procedimiento sobre las causas de muerte. Hay un informe odontológico que se elabora cuando hay presencia o ausencia de piezas dentarias, lo cual es relevante, ya que en la época que estamos investigando, el sustraer piezas dentales como tratamiento era algo común, lo que también nos entrega señales sobre a quién estamos buscando.
Luego, se lleva a cabo el análisis antropológico y, finalmente, el informe genético en aquellos casos que corresponden, permitiendo tanto resultados negativos como positivos. Esto conforma un informe pericial integrado que sistematiza las conclusiones y responde a las preguntas del tribunal. Muchas veces, este informe es un documento que va y viene, ya que al entregarlo a los ministros, pueden surgir nuevas preguntas que se intentan responder en otro informe. También nos esforzamos por elaborar un informe que, en sus conclusiones, tenga un lenguaje comprensible, dado que es el documento que los ministros en visita utilizarán para hablar con los familiares de las víctimas y explicar los procesos.
Por lo tanto, para nosotros, el proceso de identificación se basa en la utilización de técnicas de individualización a partir de características únicas del individuo que estamos buscando. Esto incluye un contexto general de la persona, desde la información histórica, las circunstancias de su desaparición, las características ante mortem, datos físicos, médicos, dentales, fotografías, entre otros. Es un proceso, no solo una técnica; es un proceso comparativo que se realiza con un enfoque multidisciplinario, con un abordaje integral y en equipo, tanto con antropólogos como con laboratorios.
Contamos con un banco de datos genéticos donde podemos elaborar un árbol genealógico de la familia, a través de entrevistas con los familiares, verificación de la identidad del donante con un consentimiento informado y toma de muestras debidamente rotuladas. Trabajamos con los familiares de detenidos desaparecidos y con muestras de sangre donadas voluntariamente a lo largo de todo el país. Debo mencionar que, con el último proceso de certificación, hemos podido certificar en toma de muestras no solo los laboratorios forenses, sino también nuestro laboratorio genético óseo, que no existía en el país hasta el año 2025. A pesar de contar con esta certificación, seguimos enviando muestras a laboratorios extranjeros, debido a un compromiso de confianza establecido.