El acta de la sesión número 137 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 138 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Don Andrés, el señor secretario, dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta:
Oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa sobre el estado y plazos de los llamados a postulación de los programas de mejoramiento de viviendas y barrios, y de protección de patrimonio familiar. Se señala que los procesos del año 2024 fueron revisados y corregidos debido a inconsistencias detectadas, adoptándose medidas para su reformulación en 2025. Se adjunta minuta elaborada por la División de Política Habitacional con la información requerida.
Oficio de la directora del SERVIU de la región de Arica y Parinacota, por el cual informa sobre la nómina de funcionarios habilitados como ministros de fe para la fiscalización de viviendas con subsidio habitacional, las metas asociadas a dichas fiscalizaciones y las resoluciones administrativas dictadas para dar cumplimiento a la Ley 20.738 y al DS número 49. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, dicha información tiene carácter reservado, ya que contiene datos personales y sensibles, tales como el RUT de los funcionarios, quedando en consecuencia el detalle de los antecedentes bajo custodia de la secretaría de esta comisión.
Oficio de la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que no es posible complementar el informe entregado en la sesión del 21 de enero, ya que la paralización de todos los procesos de fiscalización y de recuperación de viviendas que se encuentran en fase administrativa, y que dicen relación con la obligación de habitar viviendas sociales, no fue planteada ni tampoco incorporada a la propuesta realizada. Lo único que se planteó fue que en los juicios en donde se encontraba decretado el lanzamiento próximo a solicitar, podía acordarse con la familia la fecha para llevar a cabo el lanzamiento, ya que el SERVIU no podía incumplir la sentencia ejecutoria que dio origen a ese resultado.
Oficio de la directora del SERVIU de la región de Arica y Parinacota, por el cual informa la situación administrativa y judicial de la señora Patricia Choquehuán Calina, relativa a fiscalizaciones por no ocupación efectiva de vivienda con subsidio habitacional. Las resoluciones dictadas en el procedimiento sancionatorio y el estado actual de la causa confirman la aplicación de la normativa vigente.
Oficio del subsecretario de Bienes Nacionales, por el cual remite informes sobre el estado de las regularizaciones de bienes raíces acogidos a la Ley 21.000, caletas pesqueras a nivel nacional, con especial referencia a aquellas ubicadas en la provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de presupuestos del sector público para el año 2025.
Oficio del Gobierno Regional de Los Ríos, por el cual remite informes sobre los gastos en arriendos de bienes inmuebles correspondientes al cuarto trimestre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025.
Oficio de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual remite informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, relativo a los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles.
Oficio de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por el cual informa en cumplimiento del artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025, los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2025.
Oficio de la Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, por el cual remite la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, relativa a los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles.
Oficio de la Fiscalía Nacional Económica, por el cual remite información relativa a los gastos asociados al arriendo de oficinas para el funcionamiento de sus dependencias, correspondientes al período octubre-diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Oficio de la Subsecretaría de Evaluación Social, por el cual informa que no se registraron gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles durante el cuarto trimestre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Comunicación del Jefe de Bancada del Comité Republicano, por el cual informa que el diputado Benjamín Moreno reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Finalmente, comunicación de la Secretaría Legislativa, por la cual se informa que el diputado Cristian Moreira Barros reemplazará al diputado Juan Fuenzalida Cobo en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, Presidenta.
Diputados, ¿hay alguna observación sobre la cuenta? No hay. Esta sesión tiene por objeto, en el punto uno, recibir a la señora jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Verónica Ibacache Parragués, para que se refiera a la aplicación de la circular número 38, del 28 de octubre de 2025, por la cual se instruye a los servicios de vivienda y urbanización a actualizar y uniformar los procedimientos de fiscalización, uso, recuperación y restitución de viviendas fiscales y subsidiadas, así como a la propuesta de solución a la problemática relativa a los desalojos realizados en la comuna de Arica.
Asisten telemáticamente el director regional del Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, señor Carlos Baeza Villar. ¿Está conectado, don Carlos? Sí. También están conectadas las señoras Gabriela Chamorro Castro y Patricia Choquehuanca Nina, en representación de la agrupación "Arica No Se Desaloja". Asimismo, la señora Verónica Ibacache Parragués está presente, al igual que la señora Janet Tapia y don Carlos Araya, quien estará para responder en el segundo punto.
Vamos a dar la palabra a la señora Verónica. Como no tuvimos la oportunidad en la sesión pasada debido a la excusa que usted nos señaló, antes de darle la palabra, le voy a dejar la introducción a una de las dos dirigentas para que puedan referirse a esta materia. Posteriormente, revisaremos el documento que es importante analizar, que es la circular 38. Señora Gabriela o señora Patricia, ¿quién desea comenzar?
Hola, buenas tardes, señora Emilia, buenas tardes a los diputados. Acá estamos con Gabriela, una vez más, esperando una respuesta de la señora Verónica. Ojalá que sea una respuesta positiva, ya que, como bien saben la mayoría de los diputados, en la región las familias ya no saben más qué hacer. Esta semana se han notificado a más de cinco familias, y los juicios han seguido su curso sin detenerse. Tampoco la señora Gladys ha llamado a ninguna de las personas en los casos que tenemos. Ella prácticamente se está burlando de nosotros, porque mientras esperamos una respuesta, los casos judiciales continúan.
Ya no sabemos qué más hacer. La señora Brígida, en estos momentos, se encuentra muy enferma, es una adulta mayor de 79 años, y está en cama porque ya le llegó el aviso de desalojo. La señora Janet está en una situación similar, también con una depresión atroz. De verdad que nuestras familias están desesperadas, diputado y señora Emilia.
De acuerdo, señora Patricia. Señora Gabriela, ¿desea agregar algo?
Hola, estimada Emilia, muy buenas tardes, estimados diputados. Como decía Patricia, lo que estamos viviendo aquí es una tormenta que ya se ha prolongado durante mucho tiempo, casi dos años. Hemos estado lidiando con esta situación durante un periodo considerable.
Pidiendo respuesta y ayuda para la familia, lo cual no ha sucedido, y como dice Patricia, tenemos a la familia en estos momentos en la calle, en cualquier momento llega la fuerza pública y los saca de su hogar. Esperamos que la señora Verónica Ibacache Parraguez, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos pueda dar una respuesta amable y una resolución para estas familias.
Gracias, señora presidenta. Saludo a los integrantes de la comisión y a las dirigentes presentes. En relación con los puntos sobre los cuales se me ha invitado a esta comisión, puedo informar lo siguiente. Respecto del primer punto, que se refiere a la aplicación de la circular N° 38, esta circular fue suscrita por el ministro de Vivienda y por la señora subsecretaria de Vivienda, y se dictó como una instrucción a los servicios de vivienda y urbanización de todas las regiones. Esta circular es de fecha 28 de noviembre de 2025, y la instrucción precisa en ella es que los servicios de vivienda y urbanización deben actualizar sus procedimientos de fiscalización y recuperación de viviendas, además de establecer un protocolo en el siguiente sentido.
Primero, se señala como una obligación para todos los servicios que deben establecer un plan anual de fiscalización. En segundo lugar, se debe establecer un contenido mínimo de los procedimientos o protocolos regionales, entre otros, el canal de denuncias, la designación del equipo de fiscalización, la etapa de ingreso, análisis, gestión y registro de denuncias, así como la fiscalización de viviendas con sus respectivas etapas, la recuperación de viviendas o restitución de beneficios, y las gestiones posteriores a la recuperación de vivienda. Esta instrucción es para que los servicios de vivienda y urbanización actualicen sus procedimientos vigentes a esa fecha y dicten las modificaciones que correspondan.
Es importante señalar que los SERVIU, de acuerdo a la normativa orgánica que los rige, son instituciones autónomas que se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tienen personalidad jurídica propia de derecho público y patrimonio distinto al fisco. Desde que la ley N° 17.635 se modificó en 2014, han ido dictando sus propios procedimientos de fiscalización en conformidad con lo dispuesto en la ley. Básicamente, lo que hacen los SERVIU es volcar lo que está establecido en la ley en su procedimiento regional.
Por lo tanto, en relación a esto, y dado que la ley se encuentra vigente en las condiciones que conocemos desde 2014, tanto los SERVIU han tenido la obligación de fiscalizar, así como las familias han tenido y tienen la posibilidad de presentar sus descargos, justificaciones y documentos. En definitiva, lo que hace la circular es que estos procedimientos se actualicen y se uniformen de la manera que se señala en dicha circular. Esto es, en términos generales, lo que puedo señalar respecto a la circular N° 38, sin perjuicio de las consultas u observaciones que quieran hacerme al respecto. No sé si desean que continúe con los puntos inmediatamente.
Lo importante es que continúe con el punto para que posteriormente le otorgue la palabra también al director regional de Derechos Humanos. Sin embargo, continúo con los otros puntos que se le consultan para poder hacer un análisis y ver qué camino hay que seguir con respecto a este problema que todavía nos siguen exponiendo las dirigentes de Arica.
Perfecto, señora presidenta. Sigo entonces. Con respecto al segundo punto, que dice relación con plantear la propuesta de solución a la problemática relativa a los desalojos realizados en la comuna de Arica, no voy a reiterar todo lo que ya se ha señalado por parte del Ministerio de Vivienda, tanto en los informes que he enviado como en los anteriormente expresados en las comisiones en las que he asistido. Sin embargo, es necesario señalar que, con respecto a la propuesta ya realizada por este ministerio, y para que se tenga conocimiento de las acciones que se han ido realizando en este tiempo, puedo informar lo siguiente.
En la propuesta que nosotros habíamos realizado, que no ha sido satisfactoria ni para las familias ni para la comisión, hemos propuesto hasta el momento revisar los casos no judicializados y aquellos que se encuentran en etapas procesales que permitan llegar a un avenimiento. En este sentido, debo informar a la comisión que efectivamente el SERVIU de la región de Arica ha avanzado en este punto y, hasta la fecha, tenemos tres casos ya solucionados y con avenimientos, que son los casos de la señora Carla Aguilar, de la señora Carmen Crisóstomo y de la señora Viviana Mamani.
En los casos de la señora Carla Aguilar y de la señora Carmen Crisóstomo, los avenimientos ya se encuentran firmados y aceptados por las personas. Por lo tanto, debo dar cuenta de estas gestiones que han sido exitosas hasta la fecha. En el caso de la señora Carla Aguilar, es dable señalar que la misma beneficiaria confirmó que no vive en la vivienda; sin embargo, se llegó a un avenimiento dado que el menor de edad que se encontraba declarado en el núcleo familiar al momento de la postulación se encuentra actualmente viviendo con otro adulto no declarado en la vivienda. La misma beneficiaria reconoció que vive desde hace un tiempo en la ciudad de Puerto Montt y tuvo que viajar a Arica para firmar el avenimiento, el cual se logró en atención a la situación del menor de edad.
En relación con la señora Carmen Crisóstomo, también se llegó a un avenimiento, y se constató que, con anterioridad a esta fecha, ya se le había propuesto un acuerdo por parte del SERVIU de Arica, el cual fue rechazado por la abogada de la defensa de la señora Crisóstomo. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y el avenimiento se encuentra firmado. El tercer caso es el de la señora Viviana Mamani, que también se encuentra solucionado.
En relación a la otra propuesta que habíamos realizado sobre la reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para revisar los casos, efectivamente se logró una coordinación reciente. Esta reunión está siendo coordinada por los gabinetes del ministro y del director nacional del INDH, quien entiendo que hará las citaciones correspondientes a su representante regional. Esta reunión quedó fijada para el día de mañana a las 11:30 de la mañana.
Finalmente, en relación a la otra parte de la propuesta que tenía que ver con el envío del protocolo de la circular, eso ya se cumplió.
Y la comisión tuvo por recibido ese protocolo. Ahora, además de lo anterior, quisiera informar algunas acciones adicionales que se han llevado a cabo hasta la fecha. En relación con los oficios que envió la comisión a la directora de Arica, informo que este fue respondido, siendo el oficio 1917 del 2026, y también fue respondido y enviado el oficio 19-14 del 2026 que me fue enviado a mí.
Por último, es importante señalar que la propuesta realizada por este ministerio no ha sido satisfactoria para la comisión, y dado que a la fecha no se han atendido los argumentos jurídicos de base que sustentan y restringen la propuesta, se ha determinado, en conjunto con el SERVIU de Arica, el envío de los 48 casos y de todos sus antecedentes con las carpetas completas de fiscalización y de los antecedentes judiciales a la Contraloría Regional, para que se pronuncie respecto de los procedimientos aplicados. Asimismo, se ha solicitado la factibilidad de revisar los casos que se encuentran con sentencia ejecutoriada, tal como ha insistido la comisión y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Eso es cuanto puedo informar, señora Presidenta, a la fecha del día de hoy por parte del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, señora Verónica. Otorgo la palabra a don Carlos Faesa, director regional del Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota.
Gracias, Presidenta. En nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quiero manifestar nuestra preocupación, especialmente por el avance de los casos que nos han reportado en la región, lo cual afecta a las familias que están solicitando la revisión de sus situaciones. Agradezco las palabras de doña Verónica respecto a los avances y las coordinaciones interinstitucionales que hemos podido establecer.
En relación a la reunión programada para mañana a las once y media, me han confirmado que se ha logrado consolidar. En este contexto, tenemos listos los análisis de los 48 casos y la situación de cada uno de ellos. También hemos elaborado una propuesta de trabajo que podemos presentar en esta reunión bilateral con el gabinete.
Es fundamental seguir de cerca la situación de las familias, y me preocupa la ejecución de los casos en este momento. Al haber estos 48 casos que serán revisados por la Contraloría, como lo ha informado doña Verónica, considero que es un buen proceso de transparencia. Sin embargo, es crucial encontrar alguna solución provisional para las personas en estos procesos, con el fin de aliviar la angustia que están viviendo. Independientemente del resultado de los análisis, que podría indicar que se cumple con la norma y no hay vulneración de derechos, es necesario atender la situación actual de las familias, que están atravesando momentos difíciles y enfrentando presiones que atentan contra su integridad.
Poder saber si hay alguna posibilidad de que, mientras se realicen estas reuniones y se lleven a cabo las acciones de revisión de cada uno de los casos, así como un pronunciamiento de la Contraloría respecto al tema, se puedan detener algunos procesos, especialmente desalojos. Esto es fundamental mientras se analizan los casos, con toda la documentación sobre la mesa y los análisis jurídicos y administrativos correspondientes.
Al mismo tiempo, y para concluir mi presentación, señora Presidenta, tenemos una minuta preparada con un análisis de la circular N° 38, de 28 de octubre de 2025, que viene a estructurar este trabajo en base a los procedimientos de revisión de viviendas. Esta circular busca regularizar y estandarizar los procesos, y también se incluye un análisis jurídico que establece lineamientos en base a derechos humanos.
Eso por mi parte, señora Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados. Señora Gabriela y señora Patricia, ¿están presentes? Les ofrezco la palabra para que, posteriormente, los diputados y diputadas puedan hacer consultas.
Señora Presidenta, en este intermedio, escuchamos a la señora Verónica. Sabíamos que había un movimiento con la señora Carmen, quien se encuentra en segunda instancia. Hago hincapié en lo que dice don Carlos Baeza respecto a que, mientras se revisan las carpetas, mañana hay una reunión que esperamos sea fructuosa. Luego, nuestras carpetas irán a la Contraloría. La pregunta es: ¿qué sucederá con los desalojos, dado que las personas ya están notificadas? No sabemos si la fuerza pública intervendrá mañana o pasado. Todos los vecinos tienen la misma inquietud sobre lo que pasará con quienes ya están desalojados.
Por su intermedio, Presidenta, si gusta, puedo responder. Ofrezco la palabra a la señora Verónica. Gracias, señora Presidenta. Informo que, si bien es cierto que los procedimientos judiciales no se han paralizado, los desalojos, entendiendo como el acto de desalojar a las familias de sus viviendas, están detenidos desde diciembre. Lo que no se ha detenido son los procedimientos judiciales; pueden haber llegado notificaciones de las resoluciones, pero los lanzamientos propiamente tales están detenidos desde diciembre.
Señora Verónica, en noviembre desalojaron a don Juan Sánchez, del conjunto Culiñanco 1535, Vista Horizonte. Ayer, ese departamento fue asignado a la señora Maite Campuzano Barrasa. Según la resolución 351 de fecha 23 de septiembre, a esa señora se le asignó su departamento en julio. Si a don Juan lo desalojaron en noviembre, ¿cómo es posible que su departamento ya estuviera asignado en julio? ¿Todos los departamentos ya están asignados? Esto está documentado en la página y en la resolución correspondiente.
De fecha de julio, el Ordinario 2576 de 29 de julio de 2025, la Directora de SERVIU propuso que se le asigne un departamento a la señora Maite Campuzano Barraza. Sin embargo, don Juan aún está en su procedimiento judicial, lo que plantea la pregunta: ¿qué nos queda a nosotros? Nuestros departamentos, como se ha mencionado, ya están asignados. Si a don Juan lo desalojaron en noviembre con la fuerza pública y ahora nos enteramos de que su departamento ya estaba asignado en julio, ¿todos nuestros departamentos ya están asignados?
Hay una inquietud por parte de las dirigentas, ¿podría usted contestar esta pregunta, por favor? ¿Por qué se llevan a cabo esos procedimientos con tanta antelación? ¿Está esto dentro de los protocolos que nos entregó la Circular N° 38?
Voy a contestar por partes, señora presidenta. En primer lugar, la pregunta que me hicieron ya la respondí en relación con los lanzamientos que están detenidos desde diciembre. Respecto al caso puntual que mencionan las dirigentas, no tengo la respuesta en este momento, ya que no conozco los antecedentes a cabalidad. Sin embargo, esos antecedentes pueden ser revisados en la reunión que se sostendrá mañana con el Instituto.
Ahora bien, la Circular N° 38 no establece este tipo de criterios o decisiones. No me consta que sea así y tendría que revisar los antecedentes que mencionan las dirigentas para poder dar una respuesta fundamentada. Por lo tanto, como no tengo constancia de la situación, prefiero revisar los documentos y, eventualmente, si la comisión lo desea, puedo informar sobre el caso en particular.
En cuanto a si la circular determina algún procedimiento, efectivamente, tal como mencioné, uniforma el procedimiento y establece contenidos mínimos que deben tener los procedimientos de fiscalización y recuperación de viviendas de los SERVIU regionales. Sin embargo, no llega a un detalle de esa naturaleza. Está establecido en la ley cuál es el plazo para que el SERVIU solicite al Ministerio de Vivienda la asignación de la vivienda recuperada a través de un juicio.
Agradezco, señora Verónica. A mí me quedan muchas dudas respecto a lo que exponen las dirigentas. Entiendo que esta es la cuarta sesión y es preocupante, ya que lo que señalan es que todavía hay personas que van a seguir siendo desalojadas. Usted indicó que eso no está ocurriendo desde diciembre, pero también se debe considerar que la directora del SERVIU tiene facultades por la autonomía que usted mencionó. Sin embargo, el superior de esta institución es el ministro, por lo tanto, ella no puede tener autonomía para tomar decisiones.
Si se le hubiese indicado a la señora que podría haber pedido al tribunal dejar sin efecto los desalojos hasta el pronunciamiento de la Contraloría, pero usted ya respondió que eso no está ocurriendo. Lo que señalan las dirigentas es que esto sigue ocurriendo y que, además, las viviendas se encuentran asignadas con antelación.
La inquietud que se presenta es relevante, y para ello sería conveniente solicitar vía oficio aquellos antecedentes que usted pueda remitir, tal como se ha señalado. En relación a los cuarenta y ocho casos que se iban a discutir, se ha demorado mucho tiempo. ¿Cuándo se realizó esa reunión? Hace poco, mencionó usted, menos de veinticuatro o cuarenta y ocho horas, no lo sé, y se van a reunir posteriormente.
La preocupación que tiene el instituto, al igual que las dirigentas, es qué sucederá con estos casos, ya que prontamente estarán las notificaciones de desalojo. Asimismo, como se envía a la Contraloría, era importante para nosotros, y esa era la petición de las dirigentas, haber tenido una revisión y no haber llegado a los desalojos. La única autoridad con la autonomía para solicitar que se dejen sin efecto estos desalojos es la directora del SERVIU, y también su superior jerárquico, que es el señor ministro. Por lo tanto, esa es mi pregunta, porque no habría nadie más, independientemente de que estén en esa tercera instancia.
Señalamos que la vivienda es un derecho social, y muchas de aquellas familias que la obtuvieron, como usted bien señaló, se ven afectadas. La circular 38, que es reciente del 28 de noviembre, explicita claramente qué es lo que debe realizarse a partir de esa fecha. Por lo tanto, con ese procedimiento aclaratorio de la circular 38, ya no debiéramos tener más personas desalojadas, y SERVIU no debería actuar con tanta autonomía, sino que de acuerdo a los procedimientos administrativos que se plantean.
Estimo que a partir de esa fecha ya no nos encontraremos con las situaciones que hemos visto en Arica, ni en O'Higgins, ni en la región de Los Lagos, ni en la región de Los Ríos, tampoco en la Araucanía. Sin embargo, la diputada que posteriormente hará las consultas nos hizo llegar dos oficios que se le reenviaron. Ojalá haya podido revisarlos en la sesión pasada, ya que había realizado consultas en sesiones anteriores del año 2024, y no se le había respondido sobre situaciones de desalojo.
Me preocupa, señora Verónica, que cuando usted estuvo en Arica exponiendo, yo le pregunté personalmente si tenía un procedimiento de carácter nacional. Por ello, le pedimos que este protocolo sea expuesto en la sesión siguiente, en la cual usted, por razones de agenda, no pudo participar. Este documento estaba disponible desde el 28 de noviembre, y nosotros nos reunimos con usted en el mes de enero. Todas las exposiciones que se hicieron y que presentó la Seremi estaban basadas en definiciones totalmente distintas a las de este procedimiento o protocolo, como usted lo llama, es decir, la circular del ministro número 38.
Esto significa que nunca se ha aplicado. En consecuencia, en los meses de agosto, septiembre y octubre, a la fecha no debiéramos tener ningún desalojo, porque lo que establece la circular, y usted lo sabe, es que debe haber transparencia en cómo se llevan a cabo las fiscalizaciones. Sin embargo, en la presentación de la directora del SERVIU se indicó que ellas salían a fiscalizar, y los nombramientos los hacía directamente ella. No sé quién la nombró ministro de fe, y en esta circular se especifica claramente quiénes debieron ser los ministros de fe, quienes deben tener transparencia absoluta y no tener conflicto de interés respecto al desempeño que tienen.
La directora señaló que estas fiscalizaciones se enmarcan dentro del desempeño colectivo, lo cual significa que ella estaba cumpliendo metas. Por lo tanto, todas esas observaciones eran ajustadas a definiciones de la autonomía de la directora, lo que nos da la razón y también hizo que las dirigentas fueran bastante críticas. En este contexto, me sumé a estas observaciones, y es importante mencionar que la página web donde se deben realizar las denuncias indica que las personas que denunciaron nunca se inscribieron en nada. De acuerdo a la circular N° 38, existe la posibilidad de que la persona que va a hacer la denuncia se inscriba en la página web, defina cuál es su denuncia y proporcione sus datos, ya que de esta manera se garantiza transparencia respecto a cómo debe llevarse a cabo el proceso.
Ante esta situación, señora Verónica, y considerando todo lo que ha sucedido hasta ahora, mi consulta a esta comisión es que se pida a los diputados que se dirijan a la Contraloría. La abogada de la secretaría me colaborará en la redacción de esta solicitud. Teniendo en cuenta que existe una circular del mes de noviembre, en diciembre nos encontramos con situaciones de procedimientos que pueden ser considerados arbitrarios, no en el sentido de arbitrariedad, sino en relación a la autonomía de las facultades de la directora del SERVIU de Arica. En vista de que el 28 de noviembre ya existía esta circular para los SERVIU a nivel nacional, esto puede ser considerado por la Contraloría como una arbitrariedad, dado que se han presentado reclamos.
Es necesario preguntarse por qué el ministerio no contaba anteriormente con una circular ni con procedimientos administrativos claros. Hoy día nos encontramos con 48 casos que la misma directora del SERVIU envió a la Contraloría; estos 48 casos debieron haber sido resueltos en las instancias intermedias de los procedimientos administrativos que debió haber establecido el SERVIU. Por lo tanto, la señora Contralora también debe responder qué es lo que ha fallado, ya que las personas desalojadas no tuvieron la posibilidad de llevar a cabo, como lo indican los abogados, un debido proceso para poder presentar antecedentes, que en la circular N° 38 sí pueden hacerlo.
Asimismo, es relevante cuestionar por qué ha habido tanta demora por parte del señor ministro para implementar esta circular y establecer procedimientos claros para todo Chile. Nos encontramos con una situación de abuso, y lamentablemente hemos tenido que escuchar a muchas personas que no han visto incorporada su situación laboral y sociocultural. Hay muchos aymaras que están siendo desalojados, así como también personas trabajadoras entre los 48 casos que revisamos, quienes fueron expuestos por cada uno de ellos en Arica.
Por lo tanto, propongo enviar la copia de la circular de fecha 28 de noviembre, junto con todos los casos que el Instituto nos ha enviado como antecedentes, así como todos los antecedentes que tienen las dirigentas, para acompañar en consulta a la Contraloría nacional y a la Contraloría regional. De esta manera, podremos obtener mayores antecedentes que nos permitan determinar si los procedimientos realmente se ajustan a las facultades propias que tiene una directora o un director del SERVIU. Esta es la duda que tengo: ¿por qué sucedió esto? Si no, no estaríamos en sesiones. Agradezco a los diputados y diputadas por permitirnos sesionar y buscar una solución, y espero que prontamente puedan tener la reunión con don Carlos del Instituto de Derechos Humanos para avanzar en este tema y mantener informadas a las dirigentas.
Lo que nos puede dejar tranquilos, solamente, como usted dijo, señora Verónica, y eso quiero que lo volvamos a escuchar. Usted mencionó que desde diciembre a la fecha no se están realizando desalojos. Por lo tanto, como están esperando el pronunciamiento de la Contraloría, esos casos debieran estar suspendidos en respuesta. De la misma manera, respecto a los 48 casos que ustedes consultaron a la Contraloría, queremos también hacer la consulta a la Contraloría Nacional y Regional, con los antecedentes que dispone el Instituto para que sea complementario al oficio que vamos a llevar. Así que solicito el acuerdo.
Diputados, ofrezco la palabra. La diputada... Sí, solo ofrezco la palabra al diputado. Algunos comentarios. La verdad es que efectivamente es como la cuarta reunión que estamos analizando este tema, entendiendo la situación compleja de las familias de Arica, más de 40 familias. Siento que estamos en el mismo lugar. Al leer la circular N° 38, como usted muy bien dice, de fecha 28 de noviembre del 25, uno debe entender que hay una circular que ordena a los funcionarios actuar de una cierta manera, y que, obviamente, ellos tienen que regirse como funcionarios por la circular que el ministerio envía a través de la subsecretaría.
Lo que está ocurriendo hoy es tremendamente doloroso para las familias, y, por supuesto, ojalá no hubiese ocurrido. Sin embargo, no veo claridad respecto a hacia dónde va esto, cuál es la vía de solución, si hay voluntad o no. Porque, como es la cuarta reunión, ya no voy a repetir lo que he dicho en las anteriores. Escuché con mucha atención lo que usted plantea, presidenta, y es lo mismo que hemos planteado desde la primera reunión. Me gustaría saber si el ministerio tiene alguna solución para esto, porque podemos tener cuatro reuniones más y seguir sin una respuesta clara sobre lo que va a ocurrir con estas familias y cuál es la posición del ministerio. Por un lado, esta circular obliga a los funcionarios a hacer algo que deben hacer, y si lo hacen o no, ellos también tendrán consecuencias. Entonces, creo que estamos dando vueltas en un círculo sin llegar a ninguna parte.
Diputada Karen Medina, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a la comisión y a los invitados. Me gustaría referirme a un oficio levantado en la región por un caso que nos llegó a la oficina parlamentaria, relacionado con la misma situación. Quisiera saber si tienen datos sobre cuántos casos podemos tener en la región del Biobío, ya que el reclamo de la familia es por un procedimiento arbitrario, donde no tuvieron la posibilidad de defenderse. Cuando esta instancia se daba, ya tenían que recurrir a un abogado, y entendiendo que muchas de estas familias se encuentran en una situación económicamente precaria, recurrir a un abogado es complicado. Por lo tanto, encontraban que no tenían el apoyo ni la información necesaria ante estos procedimientos. Así que eso me gustaría preguntarle a don Carlos Araya, presidenta, sobre la cantidad de casos que pudiéramos tener en la región del Biobío específicamente, y pedir que se responda también el oficio, porque lo emitimos hace tiempo y no hemos tenido respuesta.
Don Carlos, ¿podrá usted responder a la diputada Karen Medina sobre este caso? Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludo también a los diputados y a los vecinos presentes. No tenemos la respuesta completa, hay regiones que no han informado, pero quizás podríamos hacer una respuesta parcial con lo que ya tenemos. En este momento no tengo información sobre si Biobío respondió o no. Podríamos ofrecer una respuesta con las regiones que han respondido y complementar posteriormente una vez que todos terminen de reportar su situación.