Aprovecho de saludar a las y los diputados presentes, a las autoridades y a nuestros invitados que están a la espera de poder asistir a la audiencia. El acta de la sesión número 199 se da por aprobada y la sesión número 200 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos: un oficio emitido por la Corte Suprema, a través del cual entregan su opinión respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel.
Asimismo, se informa que la diputada señora Giovanna Ahumada reemplazará al diputado señor Cristian Labbe. Por último, señor presidente, se ha recibido un conjunto de informes remitidos por el señor Giorgio Boccardo, Ministro del Trabajo.
El primero de ellos es un estudio coordinado con la OIT, bajo la dirección del profesor Damián Grimshaw. El segundo es un estudio encargado por la OCDE, cuya coordinación es de Sandrine Cazes. Ambos expusieron en esta comisión en sesiones anteriores. El último se denomina "Dinámicas de Conflicto Laboral y Diálogo Social en Chile", del académico de la Universidad de Chile, señor Pablo Pérez Ahumada. Esa es toda la cuenta, señor presidente.
Muchas gracias, secretario. Le solicito a la secretaría que envíe estos informes al chat de la comisión, de manera que durante el receso legislativo y parlamentario los puedan tener a disposición para estudiarlos. ¿Se ofrecen palabras sobre la cuenta? No. Puntos varios, sí. Diputado González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. He solicitado la palabra porque, lamentablemente, la madrugada de este día martes, en la región de Los Lagos, en el estuario del Reloncaví, ocurrió una tragedia. Una embarcación con ocho tripulantes, el catamarán Coñimó Uno, sufrió un naufragio y se hundió, dejando personas desaparecidas. En este momento, los equipos de emergencia están en el lugar y lo más importante es poder rescatar a los cuerpos; también hay sobrevivientes.
Es fundamental esclarecer qué ocurrió y por ello quiero pedirle, presidente, que la Dirección del Trabajo tome cartas en el asunto y analice a profundidad las condiciones laborales de esta embarcación, que prestaba servicio a un centro de cultivo. Todo lo que está ocurriendo está bajo estrictas medidas de investigación, pero es importante clarificar si se había fiscalizado o no. La Dirección del Trabajo debe actuar frente a esta tragedia, y aprovecho que el director está presente para solicitar su compromiso en dirigir esta investigación a nivel nacional.
Gracias por su intervención, diputado González. A pesar de que contamos con el director del trabajo aquí presente, vamos a recabar el acuerdo para enviar esto en un oficio formalmente, de manera que se cumpla con el procedimiento de esta comisión.
Aprovecho también para recordar que hemos despachado un proyecto de ley sobre salud y seguridad en el trabajo, con indicaciones unánimes. Sería interesante que podamos hacer el esfuerzo, y se lo pido formalmente a la oposición y al gobierno, para que se aceleren las urgencias y se discuta en sala. Asimismo, al presidente de esta corporación, para garantizar que a la vuelta del receso legislativo podamos enviar ese proyecto de ley a segundo trámite.
¿Algún punto varios adicional? No. Quiero mencionar que el señor Francisco del Río me ha informado que, a propósito de nuestros acuerdos de la última sesión respecto al proyecto de ley que busca regular la jornada de los trabajadores del ámbito audiovisual y cinematográfico, se ha constituido una mesa para intentar arribar a un acuerdo en los plazos establecidos. La próxima reunión será este jueves, y ojalá los parlamentarios y parlamentarias que deseen participar en la discusión sobre las indicaciones puedan incorporarse.
Dicho esto, solicito la unanimidad para dos oficios que enunciaré brevemente. Primero, hace varios años que en esta Cámara aprobamos de manera transversal una resolución para que los trabajadores del Servicio Médico Legal tuviesen el descanso reparatorio que se legisló en el año 2022 para los trabajadores y trabajadoras de la salud, tanto del sector público como privado. En esa ocasión, los funcionarios del Servicio Médico Legal quedaron fuera debido a su dependencia del Ministerio de Justicia. Tuvimos un debate al respecto y logramos la aprobación, a pesar de que no son dependientes del ministerio.
Salud, porque cumplieron un rol fundamental durante la pandemia, y estábamos todos de acuerdo en que esa distinción originalmente era absurda, ya que estuvieron igualmente expuestos y con la misma sobrecarga que el resto. Sin embargo, desde el año 2022 no han tenido una respuesta administrativa; se les ha tramitado desde aquella época, habiendo permanentemente una suerte de tirada de pelota que va desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. Por lo mismo, yo quisiera que oficiemos a las tres instituciones que acabo de mencionar, pidiendo explicaciones por esta demora, que es una cuestión bastante simple, pero que ha tomado cuatro años y que afecta a una cantidad reducida de trabajadores y trabajadoras.
Respecto a las fechas y a las soluciones sobre esta resolución, que además se les había comprometido, no es solo que la aprobamos aquí. En segundo lugar, quiero oficiar al Ministerio de Justicia por una situación preocupante. Para que lo sepan, la empresa Netmóvil, que es una distribuidora de Transbank, despidió a 60 trabajadores en diciembre y todavía no ha pagado los finiquitos. Netmóvil se desentendió, mandando a los trabajadores a hablar con la mandante, pero Transbank les dijo que no tenían responsabilidad alguna sobre esto. Los trabajadores tuvieron que acudir a la Inspección del Trabajo, pero ninguna de las empresas se presentó al comparendo que fue citado.
No es necesario explicar la desesperación que tuvieron los trabajadores en estas circunstancias, sobre todo considerando que los juicios, ustedes bien saben, están tardando meses y años debido al atochamiento de las audiencias preparatorias. Básicamente, tenemos un problema en la Región Metropolitana, pero no me cabe duda de que esto es un problema nacional. La demora de las audiencias preparatorias y de los juicios de los tribunales laborales se está transformando en un tema altamente preocupante. La pregunta es si estamos en presencia de una vulneración del debido proceso y del objeto particular de la reforma laboral.
Por esto mismo, me gustaría que oficiáramos al Ministerio de Justicia para que nos informe si tienen conocimiento de estas demoras, cuáles son las gestiones que se han realizado y si han mantenido diálogo con el Poder Judicial. Finalmente, situaciones como las que se constatan a propósito del caso de Netmóvil, cuyo extrabajador ni siquiera puede postular a otros trabajos debido a la falta de finiquitos, son totalmente indignantes. Han habido proyectos de resolución que buscan establecer un tercer tribunal laboral en la Región Metropolitana, pero también entiendo que a lo largo del país existen temáticas similares. Así que quiero recabar la unanimidad para estos dos oficios.
Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en el mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, correspondiente al Boletín N° 18.044-13, calificado con urgencia de suma. Como es costumbre, en esta sesión tenemos invitados al señor Pablo Chacón Cancino, Subsecretario del Trabajo; al director del Trabajo, don Sergio Santibáñez; a la señora Rosario Navarro Betelli, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA; al señor Joaquín Villarino Herrera, presidente ejecutivo del Consejo Minero; a la señora Ana Lamas Aguirre, encargada de la ramal de la minería de la CUT; y al señor Horacio Fuentes González, encargado de la ramal de la industria de la CUT.
Como bien es sabido, esta es una sesión que tuvimos que suspender la semana pasada, así que, en honor al respeto de las ponencias, vamos a iniciar de nuevo aquellas que se encontraron interrumpidas. Voy a pedir, antes de que podamos tener cualquier riesgo de quórum, el acuerdo para que aquellos invitados que no pueden exponer presencialmente lo hagan de manera telemática.
Dicho esto, le damos la palabra a la señora Rosario Navarro Betelli, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, entendiendo que asiste en su representación telemáticamente el señor Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, y el señor Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas. Tienen la palabra.
Buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta comisión y retomar nuestra presentación. En aras del tiempo, voy a resumir y recordar algunos de los puntos centrales que alcanzamos a exponer en la sesión anterior, para luego retomar la presentación desde donde alcanzó a quedar. Lo que hicimos en la sesión pasada fue revisar el marco general en el cual se presenta este proyecto de ley, señalando que, en primer lugar, es necesario sostener la perspectiva de SOFOFA. Esta iniciativa tiene un impacto negativo en el mercado laboral al imponer una negociación sectorial obligatoria para todas las empresas de un sector o subsector, y eso nos preocupa, ya que no se hace cargo de la gran diversidad existente.
Productiva del país y de la realidad que viven también sectores como las pequeñas y medianas empresas. Un segundo punto que señalamos es el contexto laboral actual, con más de treinta meses de desempleo por sobre el ocho por ciento. Una informalidad que afecta a uno de cada cuatro trabajadores y una brecha cercana a los 300 mil empleos respecto de los niveles previos a la pandemia. Expusimos también cómo el mercado laboral, esto es algo central en nuestro análisis, está atravesando transformaciones profundas por la irrupción de nuevas tecnologías y cambios demográficos. Por lo tanto, lo que requiere el país, en nuestra perspectiva, es más adaptabilidad para acompañar estas transformaciones del mercado laboral y de la realidad productiva, en contraposición a regulaciones que pueden introducir rigideces que impidan esa adaptabilidad.
En tercer lugar, destacamos la alta heterogeneidad productiva que tiene la economía chilena, donde en un mismo sector conviven grandes, pequeñas y medianas empresas. En Chile, las pymes representan el 98.6% de las empresas del país y generan alrededor del 50% del empleo formal. En cuarto lugar, advertimos que la acumulación de reformas laborales recientes y las que están en carpeta ha significado un aumento en los costos laborales, lo que puede tener impactos negativos en el crecimiento y en la capacidad de creación de empleo, obligando a diseñar cualquier nueva reforma con especial prudencia.
En quinto lugar, también presentamos cómo la tasa de sindicalización y la cobertura de instrumentos colectivos han aumentado en Chile en los últimos años, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la OCDE que han implementado sistemas de negociación multinivel. En esos países, donde estos sistemas operan, existen contextos muy distintos al chileno y mecanismos de flexibilidad y adaptabilidad que este proyecto o nuestra realidad no incorporan.
Con este marco general, señor presidente, comenzamos a revisar los impactos concretos que nuestra mirada podría generar este proyecto en salarios, en informalidad y en desempleo, afectando tanto a trabajadores como a empleadores en la implementación de esta política. Precisamente en este punto es donde nos corresponde retomar nuestra exposición. Por lo que, por su intermedio, señor presidente, quisiera dar la palabra al director de políticas públicas de SOFOFA, Rodrigo Ponce.
Tiene la palabra don Rodrigo. Muchas gracias, presidente. En medio, como decía Rodrigo Yáñez, la idea es retomar los impactos que podría generar un mecanismo de negociación multinivel, a la luz de la evidencia internacional y la literatura existente al respecto, así como la evidencia levantada específicamente en el marco de la discusión de este proyecto de ley.
Respecto a estos posibles impactos en materia de salarios, informalidad, desempleo, productividad, impacto en las pequeñas empresas y también respecto a la heterogeneidad, en primer lugar, el impacto en los salarios de un esquema de negociación ramal con efectos generales tiene el riesgo de fijar condiciones salariales que no reflejan adecuadamente la heterogeneidad entre las empresas. Esto lo comentamos la semana anterior, respecto de la riqueza y diversidad de las empresas en términos de tamaño y grado de productividad. La capacidad que tiene el mercado y las empresas de absorber estos ajustes tiene impactos negativos en el empleo o en la formalidad, dependiendo de diversos factores. Es muy importante entender cómo la heterogeneidad juega un rol crucial en esto.
Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que en la mayoría de los casos esto se traduce en aumentos en costos laborales, lo que conlleva menores niveles de contratación y, a la larga, una moderación de los salarios reales, lo que permite que las empresas mantengan su viabilidad económica. Esto impacta de mayor forma en algunas empresas en particular, que son aquellas con menor capacidad de ajuste y adaptación, especialmente las pequeñas. Estos impactos no son homogéneos y dependen también de la estructura productiva y el grado de organización sindical. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, tienen menor capacidad de adaptación y, por lo tanto, representan una proporción significativa de los efectos de estas reformas.
Así que, Mayor, en relación con los sectores laborales que producen mayor informalidad, es importante destacar que las exigencias salariales que implica un mecanismo de negociación colectiva multinivel pueden generar costos prohibitivos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener márgenes ajustados. Parte del ajuste que realizan estas empresas puede llevarlas a transitar hacia la informalidad, como una forma de enfrentar estos mayores costos sin comprometer del todo su operación. Estos nuevos trabajadores, lamentablemente, quedarían en la informalidad, lo que conlleva un mayor nivel de vulnerabilidad y un acceso limitado a redes de protección social, impactando significativamente a las personas.
La magnitud del efecto en materia de informalidad dependerá del aumento de los salarios. Existen evidencias concretas, a partir de estudios anteriores, que analizan la elasticidad de la informalidad respecto a los salarios. En el marco de una potencial negociación colectiva que incremente los salarios en un 5%, se podría estimar que la informalidad podría elevarse un 12,5% en el caso de los hombres y un 9,3% en el caso de las mujeres. Considerando los niveles actuales de informalidad en nuestro país, que rondan el 27%, esto implicaría llevar la tasa a niveles del 30%, lo que se traduciría en aproximadamente 280.000 trabajadores adicionales en la economía informal.
La tercera variable que analizamos tiene que ver con el desempleo. Al igual que en los casos anteriores, las rigideces asociadas a la disminución de la oferta laboral pueden profundizar la baja capacidad de las empresas para crear nuevos empleos, lo que tiende a incrementar el desempleo. Este impacto depende, sobre todo, de la capacidad de reacción de la oferta y la demanda, así como de las elasticidades. A largo plazo, los ajustes se reflejan en caídas del empleo formal y en mayores barreras al empleo, lo que, en última instancia, implica una menor capacidad de creación de empleo y, por ende, un aumento del desempleo en la economía.
La cuarta variable revisada se relaciona con las pequeñas y medianas empresas (pymes). No me detendré en este punto, ya que ha sido abordado con profundidad en ocasiones anteriores. Sin embargo, es crucial señalar que las empresas pequeñas o aquellas con menor capacidad de adaptación frente a cambios regulatorios, laborales o de otro tipo, asociados a acuerdos colectivos de negociación, pueden enfrentar nuevos costos que no pueden soportar, dado sus márgenes estrechos y procesos productivos aún en consolidación. Esto también se aplica a empresas en etapas tempranas, que pueden reforzar las asimetrías existentes en comparación con las empresas medianas y grandes.
El quinto punto se refiere a la productividad, donde también hay abundante evidencia sobre el impacto que puede tener la negociación colectiva. Esto se manifiesta principalmente a través de dos canales de acción. Primero, se observa una reducción de los incentivos en materia de innovación y adopción de nuevas tecnologías, asociados a los aumentos de costos laborales. Además, existe una brecha salarial que se reduce en la medida en que los márgenes se aprietan, lo que resulta en menos incentivos para innovar y para invertir en capital humano. Esto, a su vez, limita el canal mediante el cual la innovación y las ganancias de productividad son recompensadas a quienes las generan, desalentando la adopción de nuevas tecnologías y procesos.
Finalmente, en términos generales sobre las empresas, es importante destacar que Chile cuenta con una estructura productiva diversificada y muy heterogénea, no solo entre distintos sectores, sino también dentro de un mismo sector en cuanto a tamaño y productividad. Los marcos regulatorios con condiciones más rígidas, como en el caso de la negociación colectiva, pueden afectar de manera diferenciada a las empresas, generando competencias desalineadas y exacerbando las brechas existentes.
Puede generar restricciones a la contratación o estructuras salariales y jornadas laborales que son poco adaptables, afectando así los incentivos para la innovación. Esto también explica la heterogeneidad que observamos en la actualidad. Existen evidencias a la luz de estudios internacionales y de lo que hemos podido levantar, que pondremos a disposición de la comisión.
Quisiéramos dar paso a la tercera sección y última de nuestra presentación, que se centra en comentar algunos elementos concretos que propone el proyecto de ley. Para ello, presidente, tiene la palabra.
Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Luego de escuchar los impactos del proyecto de ley detallados por Rodrigo Mujica, procederemos a comentar brevemente ciertas observaciones particulares al proyecto de ley.
En primer lugar, existe el riesgo de negociar empresas de diferente tamaño bajo un mismo estatuto. El diseño propuesto en el proyecto de ley no considera el tamaño de las empresas, lo que no es neutral y perjudica tanto a trabajadores como a empleadores. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no tienen la misma capacidad de adaptabilidad que las grandes empresas para absorber los mayores costos laborales, reorganizar sus jornadas, salarios u otras condiciones laborales que se puedan pactar en la negociación colectiva sectorial. Aunque el proyecto permite pactar ciertas condiciones para aplicar de manera diferenciada, progresiva o diferida a los acuerdos sectoriales, en su artículo 409, esto dependerá de la voluntad de las partes de incluir o no este tipo de menciones en el acuerdo sectorial, y no son cláusulas obligatorias. Por lo tanto, en la práctica, podría ocurrir que un acuerdo sectorial se aplique progresiva o diferidamente a una pyme, pero esta quedaría sujeta a decisiones tomadas por terceros que negociarían por ellas, sin tener un control real sobre las condiciones laborales mínimas que se hayan negociado.
Un segundo punto que queremos destacar es que el proyecto establece importantes limitaciones a la facultad de administración de la empresa. Actualmente, el Código del Trabajo establece claramente que no se puede negociar de forma colectiva sobre ciertas materias que afectan la facultad del empleador para organizar, dirigir o administrar la empresa, según su artículo 306. Sin embargo, el proyecto elimina este límite y permite que a nivel sectorial se regulen materias estratégicas, como la productividad, la innovación y la sostenibilidad ambiental, en su artículo 409. Esto podría abrir la puerta a que ciertos acuerdos sectoriales restrinjan decisiones propias de cada empresa, sin considerar la realidad específica de cada empleador.
En tercer lugar, es relevante señalar que la negociación sectorial será obligatoria y los acuerdos que se suscriban tendrán efectos erga omnes, es decir, efectos generales para todas las empresas de un sector, una vez que se publique el acuerdo en el Diario Oficial. Esto implica que a las empresas de un sector o subsector económico se les aplicarán los mismos estándares mínimos en cuanto a remuneraciones, jornadas y sistemas de teletrabajo, entre otros, sin distinguir realmente entre el tamaño de la empresa, el nivel de productividad o la capacidad económica de las distintas empresas que hayan negociado ese acuerdo. Consideramos que el proyecto no contempla cláusulas obligatorias de apertura o de salida, como sí ocurre en otros países de la OCDE, lo que permitiría a las empresas tener medidas de salida ante escenarios de crisis económica o cambios.
Por último, nos preocupa que exista cierta ambigüedad en materia del derecho a huelga. Actualmente, la huelga está claramente regulada y asociada en el Código del Trabajo.
A la negociación colectiva a nivel de empresa, dentro del contexto de la negociación colectiva reglada en el artículo 345 del Código del Trabajo. Sin embargo, el proyecto incorpora un nuevo reconocimiento al derecho a huelga en el artículo 212, inmediatamente después de definir los tres niveles de la negociación colectiva: sectorial, intermedia y de empresa. Este nuevo derecho a huelga se regula para la defensa y protección de los intereses de los trabajadores, y al ubicar la norma en este lugar del Código del Trabajo, se podría abrir la puerta a la interpretación de que la huelga se está intentando extender más allá del nivel de la empresa, a niveles intermedios o sectoriales. Este riesgo se refuerza considerando que en el proyecto la negociación intermedia y sectorial se le otorgan amplias facultades a las partes para regular las formas, las reglas y los plazos de la negociación colectiva, lo que podría habilitar huelgas de alcance sectorial o interempresarial.
Un quinto punto que queremos destacar es que el proyecto no define qué se entiende por sector o subsector económico para efectos de la negociación colectiva sectorial. En este sentido, el proyecto se remite al Clasificador Chileno de Actividades del Instituto Nacional de Estadísticas, un instrumento diseñado para fines estadísticos y no regulatorios. Esto podría llevar a la generación de agrupaciones artificiales de empresas bajo un mismo proceso de negociación sectorial, agrupaciones que son muy distintas. Por ejemplo, en el caso de la industria del hidrógeno verde, bajo el diseño propuesto podría ocurrir que se incluyera dentro de actividades tradicionales como el suministro de electricidad, gas o aire acondicionado. Es evidente que existen diferencias productivas, tecnológicas y organizacionales muy estructurales entre estas diferentes industrias, y consideramos que este mecanismo para agrupar las empresas en sectores económicos no sería el más adecuado.
Un sexto punto que también nos preocupa del proyecto de ley es la nueva institucionalidad que se está creando. La negociación colectiva sectorial se realiza a través de consejos sectoriales y comisiones subsectoriales, organismos que tienen amplias facultades para negociar en materias laborales relevantes. Por lo tanto, existe el riesgo de que haya una representación incompleta de los diferentes actores del sistema. A esto se suma que aspectos clave de la determinación de la representatividad sindical quedan entregados a ciertos reglamentos del Ejecutivo, que podrán fijar condiciones importantes como el reemplazo de integrantes de las comisiones, la renovación y la metodología para determinar estadísticamente la representatividad, lo que introduce cierta discrecionalidad en un elemento central del sistema.
Otro tema relevante del proyecto es que se está eliminando la norma que permite a las empresas principales mantener la continuidad de los servicios en caso de que una empresa contratista o subcontratista ejerza su derecho a huelga. Esto podría implicar que, en caso de huelga de una empresa contratista, se paralicen completamente las actividades y se afecte a terceros que no son parte del conflicto colectivo, como la empresa principal, lo que afectaría a partes más allá de las involucradas en la negociación.
Un octavo punto que queremos plantear es la preocupación por el hecho de que el proyecto entrega a la Dirección del Trabajo la facultad para ordenar el reintegro de trabajadores en caso de que considere que existen indicios suficientes de una práctica antisindical. Hacer este análisis y calificar una situación jurídica compleja, como la existencia de una práctica antisindical, son atribuciones que corresponden exclusivamente a los tribunales laborales. Por lo tanto, trasladar esta facultad a una autoridad administrativa excedería su rol fiscalizador y podría generar dudas en materia de certeza jurídica y debido proceso.
Por último, se han planteado cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto, particularmente en relación con el artículo 19, número 16 de la Constitución, que reconoce que la negociación colectiva es con la empresa en que laboran los trabajadores. Por lo tanto, el proyecto, al inducir una negociación colectiva sectorial obligatoria con efectos generales, se apartaría de este diseño constitucional vigente. Muchas gracias, señor presidente. Para concluir, quisiéramos insistir en que cualquier reforma laboral debe tener en su centro la promoción del empleo formal, el aumento de la productividad y la adaptabilidad.
Profundo cambio que se avecina en el mercado laboral y en el sector productivo en Chile y en el mundo. Reglas homogéneas para sectores heterogéneos, barreras o rigideces al empleo formal elevan aún más los costos de contratación, lo que puede generar efectos negativos en el empleo, en salarios, en la informalidad y también en la productividad. Por lo tanto, y considerando la realidad a la que nos aproximamos en esta transformación productiva, creemos que las herramientas laborales que se proponen deben mirar hacia el futuro y abordar adecuadamente las necesidades y preferencias del mundo del trabajo, sin reflejar una desconexión con la realidad productiva que estamos testimoniando.
Avanzar hacia una negociación colectiva multinivel consideramos que es estructuralmente inconveniente y va en sentido contrario a lo que Chile requiere hoy: flexibilidad, mayor competitividad y una efectiva promoción del empleo formal. Agradecemos el tiempo de los honorables miembros de esta comisión y también a todos quienes participan. Agradecemos a SOFOFA por su presentación y solicitamos que la envíen, si es que no ha sido enviada ya, a la secretaría para tenerla a disposición de las y los parlamentarios.
Vamos a dar paso, como ha sido la costumbre, a todas las exposiciones. Por lo tanto, es el turno del señor Carlos Urenda Aldunate, quien asiste en representación de don Joaquín Villarino Herrera, del Consejo Minero. Le pedimos que tome asiento y haga los comentarios que considere pertinentes respecto a este proyecto. Tiene la palabra don Carlos Urenda.
Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Muchas gracias por la invitación. Sé que están apurados y con alta demanda por venir, así que se agradece este espacio. Mañana les vamos a hacer llegar la transcripción de lo que hoy les voy a presentar.
Quisiera referirme a cuatro aspectos. Primero, las características de la minería, para poder entender cómo lo afecta el proyecto. Segundo, abordaremos los antecedentes, fundamentos y objetivos que no son el contenido mismo del proyecto. Tercero, antes de entrar en el contenido del proyecto propiamente tal, compartiré nuestra visión sobre la negociación colectiva supraempresa, lo que facilitará entender por qué algunas normas no nos gustan y evitará profundizar en fundamentaciones extensas respecto a algunas normas que más adelante podamos observar. Finalmente, entraremos al contenido mismo del proyecto.
Se ha hecho una crítica muy genérica al proyecto en general de cualquier sistema de negociación colectiva ramal o sectorial, pero merece el mínimo respeto analizar la propuesta específica que se está aquí planteando.
Respecto a la minería, queremos señalar que nuestra minería chilena está compuesta por empresas artesanales, pequeñas, medianas y grandes. Dentro de estos segmentos de tamaño, hay una realidad completamente distinta en productividad, remuneraciones, localización geográfica y condiciones de trabajo. Es importante destacar que la incidencia del trabajo de los contratistas es muy significativa y está estrechamente vinculada a la empresa mandante.
Contamos con un 80% o más de sindicalización y queremos expresar con orgullo que nuestro sector ha sido exitoso en llegar a acuerdos a nivel de empresa con el sistema actual, sin la necesidad de intervención de terceros. Esto significa que venimos a opinar y comentar desde un sector que no le teme a los sindicatos fuertes ni a la negociación colectiva. Esa es nuestra vida normal, y hemos manejado este esquema de manera efectiva durante muchos años, lo que ha funcionado bastante bien.
Esas son las precisiones que quería compartir.
Ustedes van a entender tal vez por qué lo dije cuando entremos a analizar algunos puntos del proyecto. Nosotros, de hecho, tenemos una comisión sectorial minera que es parte del Consejo Superior Laboral, donde mantenemos un intenso diálogo tripartito. Está lejos de ser una negociación normal, ni mucho menos, pero nos reunimos todos los meses para conversar sobre distintos temas de interés común, impulsamos ciertas iniciativas, llegamos a acuerdos, y eso ha sido muy beneficioso. Por lo tanto, de las pocas experiencias positivas de diálogo social que desgraciadamente hay en Chile, tenemos una que, a pesar de sus altos y bajos, es bastante destacable en términos generales.
Entrando ahora a la segunda parte de la presentación, que se refiere a nuestros comentarios sobre antecedentes, fundamentos y objetivos del mensaje que precede al contenido de los artículos, podemos señalar lo siguiente: hay afirmaciones que nos parecen al menos cuestionables. Por ejemplo, afirmar que se debe superar el diseño institucional del denominado plan laboral, habiendo pasado tantos años con reformas sustantivas en materia de negociación colectiva, no se condice con la realidad.
Existen varias citas bibliográficas de estudios y fuentes que respaldan el modelo propuesto en el proyecto. Sin embargo, al revisar esos mismos documentos, descubrimos que algunos de ellos indican que en dos tercios de los países de la OCDE, la negociación colectiva tiene lugar predominantemente a nivel de la empresa. Muchos países de la OCDE han avanzado hacia la descentralización, es decir, hacia la negociación a nivel de empresa en las últimas décadas. Por lo tanto, se encuentran fundamentos para ambos lados que respaldan un cambio en esta materia. También tenemos otros estudios que sugieren que negociar a nivel de empresa es más conveniente.
En cuanto a los fundamentos, se menciona textualmente que el principal motor de esta reforma es la ampliación efectiva de la cobertura de la negociación colectiva. Creemos que esto no debe ser un objetivo en sí mismo; debe considerarse para lograr un equilibrio entre productividad y beneficios laborales. No consideramos que el aumento de la cobertura de la negociación colectiva sea un valor supremo que deba ser perseguido sin más.
Por otro lado, como ya lo indicó la SOFOFA, el tema constitucional debe revisarse previamente y de manera formal, ya que podríamos enfrentar sorpresas al final de la tramitación. Siempre hemos sostenido que la negociación en el marco de la constitución debe realizarse al interior de la empresa. Finalmente, esta iniciativa, por su naturaleza y efectos, debe tomarse el tiempo razonable para ser discutida. En la primera sesión, varios de ustedes lo mencionaron: esto merece un mayor tiempo de conversación, sin duda.
Pasando ahora a la tercera parte de la presentación, que aborda nuestra opinión como Consejo Minero sobre la negociación que va más allá de la empresa, que puede ser multinivel o ramal, pero que no se limita solo a la empresa. Lo planteamos no por pretenciosos, sino porque creemos que se entenderá mejor por qué algunas normas del proyecto pueden no ser de nuestro agrado.
Consideramos que una negociación que se realiza fuera de la empresa tiende a generar acuerdos que no se ajustan a las particularidades de las distintas empresas, que pueden variar en tamaño, productividad y otros factores. Por definición, cuando se lleva a cabo una negociación en ese contexto, el mejor objetivo al que se puede llegar es lograr un resultado agregado, que, por su naturaleza, será un promedio en el que algunos quedarán mejor de lo que debieran y otros peor. A largo plazo, estas soluciones no son beneficiosas.
En el caso de las empresas de menor tamaño o con un mayor riesgo financiero, esta situación podría llevarlas a salir del mercado, a pasar a la informalidad o incluso a acelerar un proceso de sustitución de trabajo por capital que no corresponde aún. Esto podría desencadenar un proceso negativo que debemos considerar.
Llegan a estos acuerdos que no son coherentes con las particularidades de los agentes que negocian. Esto ocurre en parte importante porque la negociación no la tienen los mismos que son afectados. Ese poder de negociación se delega total o parcialmente en organizaciones distintas, y esas personas pueden ser muy bien intencionadas, pero pueden tener objetivos adicionales y también tienen menos conocimiento de la realidad por la cual están negociando.
Por otra parte, esto da espacio para que las autoridades puedan intervenir y empezar a influir en los proyectos y en las conversaciones. Nosotros creemos que, mientras más lejos se mantenga el Estado de una negociación entre empleadores y trabajadores, el resultado será más eficiente. Las intervenciones de la autoridad deben ser para corregir errores o faltas, pero no deben promover una u otra iniciativa ni influir en uno u otro sentido.
Adicionalmente, habiendo tantas personas participando en un proceso y manejando información tan sensible comercialmente, los riesgos para la libre competencia son muy importantes. También hay factores que tienen que ver con la idiosincrasia, porque alguien podría decir que en otros países funciona bien. No estamos diciendo que la negociación colectiva ramal sea mala; lo que afirmamos es que no es lo adecuado para Chile. Tal vez en contextos con otra idiosincrasia, otra estructura social y organizaciones que han funcionado durante años, podría tener sentido y funcionar. Sin embargo, creemos que tratar de construir instituciones que negocien por otros cuando no existen va a tomar tiempo, mucho tiempo, y generará muchas complicaciones.
Nuestra regulación legal es bastante densa y detallada; hay mínimos casi para todo. Por lo tanto, creer que con este sistema vamos a poder ganar obteniendo distintos mínimos no es así, porque ya lo hay y hay poco margen para negociar. No vemos en el proyecto un espacio que diga que si los trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo, pueden pactar una jornada que no esté contemplada en el código, por ejemplo. No observamos nada de eso.
Respecto a los países nórdicos, es cierto que tienen este sistema y funcionan, siendo los más ricos y más igualitarios, pero la causalidad no está clara. No hay una comprobación de que exista una causalidad; ocurren simultáneamente en algunos casos, pero no hay evidencia que lo respalde. De hecho, hay países muy desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido, así como varias naciones asiáticas, que también negocian de manera descentralizada, es decir, por empresa. Por lo tanto, esto no necesariamente tiene que ver con el sistema en sí, sino que puede relacionarse con un sistema educacional más desarrollado y un Estado más potente. No hay que simplificar y afirmar que los países nórdicos son ricos porque tienen este sistema; hay que considerar el contexto.
Para concluir, vamos a pasar al contenido del proyecto mismo. ¿Podría tener un vaso de agua, por favor? Muchas gracias. Aquí no podemos entrar a picar un poco más fino. Estamos claros que el Gobierno ha sido muy enfático en señalar que esto no es una negociación sectorial propiamente tal, sino una negociación multinivel. Habrá tres sectores: uno será sectorial, otro a nivel de acuerdos marco, pero la negociación por empresa se mantendrá. Esto puede ser una buena corrección de un sistema que consideramos no es adecuado, pero al leer el proyecto, se da cuenta de que...