En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Esto es artesanal, hasta que llegue la campana oficial, pero no nos quedamos por la campana. El acta de la sesión ciento quince se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 116 queda a disposición de esta comisión. El señor secretario dará lectura al acuerdo.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, queridos diputados y diputadas. Recibieron los siguientes documentos por la comisión. Un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece un plan nacional de búsqueda de verdad y justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Es el proyecto de ley que despachamos en la sesión pasada. Creo que esa es la forma como el Ejecutivo está haciendo presente su patrocinio.
Se recibió también un oficio de Gendarmería de Chile, quien remite un informe exigido por la glosa presupuestaria sobre la atención de salud de personas privadas de libertad mayores de 65 años y/o con enfermedades terminales, correspondiente al cuarto trimestre del 2025. Asimismo, se ha recibido otro oficio del Servicio Médico Legal, que informa sobre las acciones realizadas en el segundo semestre del año pasado. También, en cumplimiento a las glosas presupuestarias, señala la participación del Servicio Médico Legal en la mesa interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Destaca el envío de respuestas técnicas para el pilotaje del banco de huellas genéticas, indicando que el servicio, mediante archivos de perfiles genéticos, realiza toma de muestras biológicas y gestiona búsquedas.
Genéticas ordenadas por tribunales en causas vinculadas a sustracción de menores y adopciones irregulares. También se recibió una nota del señor Gustavo Faúndez, quien se excusa de asistir a esta sesión debido a compromisos previos. Asimismo, se recibió un correo de Antu Quintulén González, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien solicita, junto a un académico de la misma universidad, exponer ante esta comisión los resultados de una investigación sobre los efectos del mecanismo de compra de tierras de CONADI, basada en el caso de la comunidad Contreras de Traiguén. Indica que el estudio dio origen a una tesis y a un libro comunitario recientemente presentado por la propia comunidad. Finalmente, Presidenta, se recibió un pareo entre el diputado Hernán Palma y el diputado Urrutico Echea para la sesión de hoy, así como una nota del Comité Republicano y del Comité Social Cristiano Nacional Libertario Independiente, que comunica que la diputada Chiara Barchiesi reemplazará al diputado Cristóbal Urrutico Echea, y el pareo de los diputados Daniel Ilayú y Emilia Schneider.
Ahora sí, esa es toda la cuenta presente. Bien, respecto del punto cinco que se menciona en la tabla, y atendido que solamente tenemos un invitado para que podamos aprovechar de escucharlo, se toma el acuerdo de escucharlo al final de la tabla.
Vamos a ofrecer la palabra sobre puntos varios. Diputado Orsini, y a continuación el diputado Hernán Palma. Diputado Palma, puede hacer uso de la palabra.
Bien, gracias. Saludo a mis colegas de todos los sectores y también a la Secretaría. Presidenta, en primer lugar, quería tomarme unos pocos instantes para dar las gracias por el percance sanitario que tuve el otro día. Comentarles brevemente que desde hace algún tiempo tengo episodios de apnea que me provocan pérdida de conocimiento, y quiero agradecer la disposición que hubo aquí de mis colegas, en particular de la diputada Sandón y de la diputada Navellán. Ayer le hice una pequeña broma a la diputada, le dije que estaba rojo ese día de falta de aire, y le comenté: "Mire, diputada, yo nací rojo y voy a morir rojo", así que lo que notó no fue nada raro.
Dar las gracias, Presidenta, eso es lo primero. De verdad, sinceramente, porque creo que en esas circunstancias se humanizan las relaciones. Uno ve que hay una respuesta, y creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo por los demás. Eso habla bien de todo el grupo humano que hay aquí.
Presidenta, en segundo lugar, traigo a esta comisión una situación que me tiene muy preocupado y que ha cobrado relevancia pública: la situación de la socióloga Doris Cooper Meyer. Esta socióloga fue declarada interdicta en el año 2019. En este proceso, al parecer, estuvo grave por alguna circunstancia médica en el Hospital Militar. Su padre era un militar connotado y ella tiene una pensión bastante importante. Participó también su hija en este proceso, y finalmente se logró esta interdicción. Desde entonces, ha pasado por cinco hogares o residencias de personas mayores. Lamentablemente, la hija no pagaba la residencia, lo que llevó a que la señora fuera expulsada y tuviera que buscar un nuevo lugar.
Quiero aclarar que ella tiene una pensión sobre tres millones de pesos, lo cual es una excepción en nuestro país. Actualmente, está en una pensión denominada Ángel de la Guarda, ubicada en la comuna de Ñuñoa, a escasas cuadras de su domicilio. Hoy en día, la hija ha perdido la condición anterior de cuidadora, y esta responsabilidad se le ha otorgado a su hermanastro. No tiene más hijos; el único hijo que tenía se suicidó. La casa está siendo ocupada por parientes o personas cercanas, curiosamente, a la administración del hogar. Ayer, una concejala de Ñuñoa fue violentamente expulsada del lugar, y hay grabaciones que lo respaldan.
Insólito que alguien que no tenga ningún control de su impulsividad administre un lugar de personas mayores, con las implicancias que esto puede tener. Quisiera abordar un tema de vulneración de derechos de una persona mayor. Tengo entendido que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género designó una abogada, y también hay una abogada, Pamela Ponce, de la cual tengo una buena impresión, que pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial. Además, hay una asesoría que está siendo proporcionada por el Servicio Nacional de las Personas Mayores (SENAMA).
Presidenta, le solicito que recabe el acuerdo para investigar esta situación, ya que estamos a puertas de un cambio de administración. La vulneración de derechos de las personas mayores es un tema preocupante que trasciende nuestra sociedad. Eventualmente, se podría haber declarado la interdicción de alguien, aunque no sea el caso. Escuché una entrevista reciente en la que, como médico en salud mental, no veo ningún rasgo de interdicción, lo que me sorprende.
Quisiera que todos estén al tanto de este caso, que ha cobrado relevancia pública. Doris Cooper Meyer fue una socióloga que se percató de casos de criminología involucrando psicópatas, como los crímenes de las menores de Alto Hospicio o el caso de Viviana Haeger en el sur de Chile. Ella es una persona connotada que incluso tenía figuración mediática. Por lo tanto, le pido que se recabe el acuerdo para activar todos los dispositivos que, sinceramente, no conozco bien.
He realizado todas las gestiones necesarias: llamé al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), me comuniqué con SENAMA y con el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa, que hoy iba a realizar una visita a este lugar. Es realmente una situación insólita. Aunque la persona estuviera interdicta, no se puede tratar así a las visitas ni hacer apropiación indebida de sus bienes por parte de parientes.
Esa es la situación. El diputado, por su intermedio, me observa con sorpresa; es realmente increíble el caso. No sé si usted lo conoce, colega, pero les ruego que se documenten. Tengo algunos documentos que puedo compartir con la comisión sobre el caso de Doris Cooper Meyer.
Considero que hay una instancia que es la Corporación de Asistencia Judicial, y no es lo mismo que oficie yo a que oficie la Comisión de Derechos Humanos. En segundo lugar, SENAMA es la repartición del Estado que debe vigilar que no se vulneren los derechos de las personas mayores. El Ministerio de la Mujer ha provisto recursos, pero lo enfocaron desde la perspectiva de género y no desde la de las personas mayores.
Ese es el drama, Presidenta. Le agradezco mucho la escucha activa de toda la comisión.
Muchas gracias, Diputado Palma. Sobre este punto, tiene la palabra el Diputado Kaiser.
Muchas gracias, señora Presidenta. Si existen antecedentes suficientes para hacer una denuncia, tendría que ir, si no a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones (PDI), para que realicen un chequeo de si esta persona está siendo efectivamente vulnerada en sus derechos. Es importante tener presente que la única institución con facultades de investigación para establecer si se está cometiendo un ilícito respecto de los derechos de esa persona son las policías. El resto de las instituciones son esencialmente administrativas y no tendrían las atribuciones necesarias.
Desde mi perspectiva, sería más razonable hacer llegar, si existen suficientes antecedentes, una solicitud de investigación a la PDI, que son los únicos que tienen las herramientas para establecer si existe alguna irregularidad.
Finalmente, si le parece, y considerando que hay abogados presentes, puedo compartir la documentación que dispongo, que me ha hecho llegar la gente que ha estado más activa en este tema, para socializarla.
En el grupo de WhatsApp, y que ustedes la puedan revisar. Pero considero que el caso es grave; aquí no estamos hablando de un sector político en particular, sino de una persona mayor, profesional y mediática, cuyos derechos están siendo vulnerados. Sí, diputado Celedón, sobre el punto también. Creo que la sugerencia del diputado Kaiser es pertinente, de agregar entre los destinatarios de esto a la Policía de Investigaciones, ya que podría haber una comisión de un delito.
Perfecto. Efectivamente, aparece con fecha 22 de enero en El Ciudadano que se presentó un recurso de protección a favor de la socióloga y criminóloga Doris Cooper. También recuerdo que conversamos aquí con la diputada Orsini, que en la universidad lo vimos; en mi caso, estudié Derecho y efectivamente en Derecho Penal abordamos algunos temas relevantes.
Diputado Sandón, sobre el punto. Gracias, presidenta. Quiero tener claro si esto está orientado a una mala determinación de la persona, porque se habló de la interdicción, lo que genera dudas. El proceso de interdicción, créame, lo he vivido en mi familia y no es un trámite simple. Involucra a muchos médicos, está el juez, el perito, y no es una cuestión sencilla; debe haber una coordinación considerable de muchas personas para que se asigne una medida así. Estoy de acuerdo con todo lo que se propone aquí, pero debemos evitar hacer juicios apresurados. Recordemos que en esta comisión dimos por cerrado el juicio de Julia Trinil y al final la situación era absolutamente diferente. Somos un medio para que estas cosas fluyan en la medida de lo posible, pero tenemos nuestras limitantes. Como dice el diputado Kaiser, hay otras instancias que son mucho más directas para las personas realmente involucradas en el caso, para que la situación funcione por los carriles que corresponden.
Bien, entonces vamos a esperar que el diputado Palma nos haga llegar toda la documentación que mencionó, para poder determinar si enviamos un oficio o si se hace algún tipo de denuncia, ya que debemos revisar los antecedentes antes de tomar cualquier acción.
Bien, diputada Orsini, sobre puntos varios. Muchas gracias, presidenta. Quiero exponer en esta comisión dos situaciones que me parecen gravemente preocupantes en relación a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. El día 23 de enero, un niño de solo tres años falleció al interior de la residencia Casa Nacional del Servicio de Mejor Niñez, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Otro caso grave ocurrió el 16 de octubre en la residencia Casa Esperanza, donde un niño de 15 años fue apuñalado en una riña por una porción de comida, quedando este último con lesiones gravísimas y parapléjico.
El día de ayer, pude hacer un incidente en sala y oficié al Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio de Mejor Niñez y a la Subsecretaría de la Niñez. Sin embargo, considero pertinente también escuchar el otro lado de la moneda. Creo que es importante que podamos escuchar a las organizaciones autónomas de derechos humanos. En este caso, presidenta, le solicito dos cosas. En primer lugar, que oficiemos a la Defensoría de la Niñez, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Comité para la Prevención de la Tortura, a fin de que informen lo siguiente: primero, sobre el caso del fallecimiento de Brian, si cuentan con informes, registros y antecedentes de visitas realizadas a la residencia Casa Nacional, así como los principales nudos críticos detectados en dichas visitas, en caso de existir. Segundo, si dichos nudos críticos fueron oportunamente comunicados a las autoridades competentes. Y en tercer lugar, si disponen de antecedentes específicos sobre lo ocurrido el 23 de enero en la residencia Casa Nacional, para evaluar si es necesario tomar otro tipo de medidas, como una comisión especial investigadora o una sesión especial de sala. Por lo tanto, solicito esos antecedentes respecto del caso de Brian y del caso del 16 de octubre en Casa Esperanza, así como un oficio a los mismos organismos sobre antecedentes generales.
El caso y sobre las acciones adoptadas por cada institución en el marco de sus atribuciones. Por último, quisiera oficiar en términos generales a las mismas instituciones respecto a la situación general y los principales problemas y nudos críticos desde la entrada en vigencia del Servicio Nacional de Protección Especializada. Si lo tienen a bien, quizás una vez recibido ese oficio y con los antecedentes en mano, citar a estos organismos a esta comisión para que nos puedan dar cuenta de la situación de vulneración a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.
Muchas gracias, presidenta. Muy bien, diputada Maite Orsini, ambos casos de conmoción pública, lo vimos por todos los medios de comunicación, ¿verdad? Creo que es muy relevante lo que usted menciona en relación a los oficios que se han solicitado. Quiero pedir el acuerdo para poder oficiar en los términos que propone, de manera ordenada, la diputada Orsini. Así que, si es que... Bien. Una vez recibidos los antecedentes, ya podremos ir viendo si podemos generar alguna sesión especial.
¿El listado de las instituciones? Son el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Prevención de la Tortura, que estuvieron exponiendo hace poco aquí, y la Defensoría de la Niñez. Esas tres instituciones. ¿Y el Ministerio de Desarrollo Social no podríamos hacer extensivo el oficio para que nos haga llegar los documentos? Sí, pasa que ayer en la sala le pedí a los organismos del Estado el oficio. Pensé en venir aquí a pedir a los organismos autónomos. Podemos repetir los oficios de ayer y solicitar los mismos antecedentes a los organismos del Estado. No tengo problema.
Diputado Kaiser, muchas gracias. En razón de que, evidentemente, la respuesta que va a recibir usted será de manera particular, me gustaría que la comisión también reciba estos antecedentes por parte del Ministerio para tener toda la documentación junta en lo posible y ojalá que respondan. Sí, de todas maneras. ¿Habría acuerdo para agregarlo? Sí.
Diputado Palma, brevemente, es impactante lo que hoy estamos reconociendo en esta comisión. Quería comentarles que trabajé en dispositivos de menores privados de libertad, dependientes de SENAME en su época, actualmente Mejor Niñez. Perdón, me equivoqué, SENAME, Servicio Nacional de Menores. El tema es que, presidenta, hay una ausencia del Estado, porque es constante el uso de elementos para autoherirse o herir a otros niños. Han ocurrido suicidios, homicidios y lesiones graves; que un niño salga parapléjico de una residencia no es menor. Creo que hay una falta de regulación en materia legislativa y estatal, que es una deuda histórica que debemos atender, porque si no, seguiremos lamentando situaciones como esta en distintos dispositivos.
Quería hacer esa acotación. Además, en los casos de infractores de ley, son los famosos pelotazos que tiran desde la calle, siguen lanzando objetos, se posicionan de las casas que están alrededor y lanzan bultos que contienen armas hechizas, piezas para comunicarse, para mantener redes y drogas, etcétera. Es un tema totalmente desregulado. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado Palma. Creo que es un tema muy importante, diputado Orsini, así que le agradecemos que lo haya podido poner aquí en puntos varios. De hecho, fue muy impactante estar al tanto de esas noticias. También desde la Comisión de Familia, es importante replicar algunos de los oficios, así que también lo haremos en la instancia pertinente. Me parece que la diputada Sandón también es parte de la Comisión de Familia, ¿no? Ah, sí, por eso la he visto varias veces.
Bien, entonces, ¿alguien más sobre puntos varios? Bien, pasemos a la orden del día. Tendremos una sesión y un invitado muy relevante, que es conocer los procedimientos, protocolos y el funcionamiento del proceso de identificación de osamentas de personas víctimas de desaparición forzada.
Desaparición forzada durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990 en Chile, que desarrolla el Servicio Médico Legal. Para dichos efectos, se acordó invitar a la directora del Servicio Médico Legal, la doctora Marisol Prado Villegas, acompañada por su jefa de gabinete, María Eugenia París, y la encargada de la Unidad de Víctimas de la Dictadura. También se invitó a la doctora Mireya Matamoros, máster en Antropología y Genética Forense, máster en Microbiología y Química Clínica, quien participará vía telemática; al doctor Gustavo Faúndez Salinas, licenciado en Antropología, mención en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien se ha excusado de asistir; a la doctora Carmen Cerda Aguilar, profesora titular de Medicina Legal de la Universidad de Chile y presidenta de la Comisión Examinadora de Especialidades en Medicina Legal de CONACEM, quien también participará por vía telemática; y al Equipo Argentino de Antropología Forense, que se ha excusado de asistir por motivos previamente señalados.
Asimismo, damos la bienvenida a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Daniela Quintanilla, quien nos acompañó también la semana pasada, y a la abogada del Departamento de Análisis Normativo, Valentina Salazar. Por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, asisten la presidenta Gaby Rivera y la vicepresidenta Lena Salamanca.
Agradecemos a todos los presentes y, en particular, a la directora del Servicio Médico Legal, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su presencia para que pueda hacer uso de la palabra sobre este tema que hemos señalado al inicio al leer la orden del día.
Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, quisiera saludar a todas las diputadas y diputados de esta comisión, a todos los miembros presentes y a los invitados, así como a las personas que están conectadas por Zoom. Agradezco también a la subsecretaria por acompañarnos en esta presentación.
Es un honor para el Servicio Médico Legal poder exponer sobre los procedimientos que llevamos a cabo. Como ustedes saben, somos un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y colaboramos en el Plan Nacional de Búsqueda en estas materias. Además, realizamos múltiples acciones que abarcan pericias en tanatología, clínica y laboratorios de distintos tipos, así como en medicina forense, en su área de especialización de búsqueda, no solo en materia de derechos humanos, sino también en otras unidades.
Nuestra área de laboratorio forense, especializada en la búsqueda de personas óseas y carbonizadas, trabaja de manera coordinada. En el año 2024, creamos una unidad de víctimas de la dictadura, conformada por un equipo multidisciplinario que actualmente cuenta con 15 profesionales, entre arqueólogos, antropólogos, médicos legistas, trabajadores sociales, periodistas, psicólogos, sociólogos y otros técnicos de apoyo. Esta unidad fue establecida principalmente para dar prioridad y rapidez a los casos que permanecían en brecha en materia de derechos humanos y para participar activamente en el aumento de casos que llegan a través de la Brigada ECO de crímenes especiales.
Pero también por las catástrofes vividas en 2014, lamentablemente, en Viña del Mar. Entonces, quisimos separar unidades que realizan labores similares en dos vidas distintas. La labor fundamental es la búsqueda e identificación de víctimas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas de la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, de acuerdo a lo oficiado por los ministros en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones.
¿Cómo llegamos a estos procedimientos y protocolos que les voy a presentar? Estos están sustentados en nueve pilares fundamentales. Entre 2006 y 2007, un panel de expertos acudió al Servicio Médico Legal, impulsado fundamentalmente después del error cometido con las identificaciones del Patio 29. En esa oportunidad, un panel de expertos internacional realizó un levantamiento diagnóstico y emitió una serie de recomendaciones que han sido la base de nuestros procedimientos y protocolos posteriores.
Asimismo, estos protocolos se basan en el Protocolo de Minnesota sobre las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas y en su última recomendación y traducción del año 2016, así como en protocolos de la AFA (American Board of Forensic Anthropology), del American Board of Forensic Odontology, de Interpol, de la Cruz Roja Internacional, y principalmente en la Guía Latinoamericana de Buenas Prácticas para la Aplicación de Antropología Forense, en protocolos de la American Society of Forensic Odontology, y en el Protocolo de Estambul con su última traducción del año 2022, además de las normas ISO del 2001 y 17.025.
Desde 2023 en adelante, iniciamos un proceso en conjunto con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, que es transversal a todo el Servicio Médico Legal, enfocado en el área forense. Este proceso de estandarización y certificación abarca todas las pericias que realiza el Servicio Médico Legal, desde la tanatológica hasta el laboratorio. En el área de Derechos Humanos, así como en Antropología y Arqueología Forense, también hemos realizado este proceso, obteniendo certificaciones y acreditaciones de los procedimientos según normas internacionales ISO del 2001 al 2017 y del 17.025 desde 2017.
Hemos estado llevando a cabo procesos de acreditación de manera constante, año tras año. Se realizó una estandarización de metodologías y fichas según los parámetros internacionalmente reconocidos, así como un manual de procedimientos y procesos periciales. Existen protocolos de trabajo que respetan los estándares establecidos en los protocolos de Minnesota, y hay control de calidad y normas ISO que son transversales a todas nuestras pericias. Desde 2010, hemos implementado el uso reglamentado de cadenas de custodia, que son aplicables a todo el servicio.
Contamos con profesionales con perfiles adecuados, una revisión constante de los currículum y capacitación continua de nuestro personal. Este año, tenemos un seminario internacional para capacitar a nuestros profesionales en estas áreas. Además, tenemos planes de capacitación que se enmarcan dentro de la normativa de nuestro financiamiento como servicio público. También disponemos de un banco de muestras de sangre y muestras póstumas de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que ha tenido dos campañas y que se está ampliando constantemente en cuanto a su número de muestras. Asimismo, mantenemos una política de comunicación con las familias, aunque este no es un rol directo que le corresponde al Servicio Médico Legal.
Está en el programa de derechos humanos, que son los que llevan adelante las comunicaciones con las familias. Nosotros, a través de los ministros en visita y a solicitud de ellos, tenemos un plan de comunicación directo con las víctimas y sus familias. A continuación, aquí están todas las certificaciones; las traje así, pero se las puedo hacer llegar con los títulos correspondientes.
Es importante entender que el trabajo que se realiza en esta área es interinstitucional y se lleva a cabo con varias organizaciones, como el PRAIS, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, el Servicio de Registro Civil, el Plan Nacional de Búsqueda, el Ministerio de Obras Públicas, Sernageomin y, por supuesto, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio, entendiendo que el Servicio Médico Legal está bajo la Subsecretaría de Justicia.
Es fundamental aclarar que las etapas para la identificación de una víctima de desaparición forzada se pueden resumir en cinco etapas. Primero, existe una investigación preliminar, que consiste en toda la documentación que llevamos y archivamos de los testigos y las evidencias documentales. Luego, está la recuperación o asistencia a algún sitio del suceso que haya sido recomendado, ya sea por testigos, por concurrencia, mediante oficio o por los ministros en visita que llevan las causas. Cabe recordar que inicialmente había un solo ministro en visita y que, a partir de 2010, hay un ministro coordinador y nueve ministros en visita. Hasta el año pasado, el ministro Carroza era el coordinador, y hoy hay un cambio en esa función. Estos ministros, mediante oficio, proveen al Servicio Médico Legal todos los antecedentes necesarios para realizar la búsqueda a través de la documentación, y posteriormente se procede a la búsqueda o recuperación.
Después de eso, todas las evidencias, tanto osamentas como otras evidencias biológicas y materiales no biológicos, son llevadas al Servicio Médico Legal, donde se realiza una pericia de laboratorio con la experiencia que poseemos en áreas como la antropología, la arqueología y los laboratorios genéticos. Posteriormente, se inicia el proceso de identificación, si es posible, de las osamentas a través de muestras de ADN y la solicitud de muestras para el Banco Genético de los familiares. Finalmente, se envía un resultado que no siempre es posible obtener.
Contamos con dos disciplinas importantes: la arqueología forense y la antropología forense. La arqueología forense, que se estandariza en Chile a partir de 2007, se enfoca principalmente en el análisis de la evidencia asociada y los sitios del suceso, lo que nos proporciona pistas sobre a quién podría corresponder la evidencia encontrada. Por su parte, la antropología forense se centra en el análisis de restos humanos y su correspondencia antropológica, permitiéndonos determinar aspectos como la edad, el sexo, los ancestros, la estatura y características morfológicas únicas e individualizadas. Esto nos ayuda a contextualizar las evidencias encontradas, ya sea que pertenezcan a una época determinada, sean evidencias patrimoniales, o correspondan a una persona, un niño, un adulto, una mujer o un hombre, lo que, en conjunto con la evidencia documental, nos brinda una primera impresión sobre la identificación que queremos realizar.
Además, contamos con otras disciplinas forenses que intervienen, como la odontología forense, en aquellos casos en que podemos acceder a registros odontológicos o piezas dentarias que no necesariamente existen, y la medicina legal, donde médicos pueden ayudarnos a determinar con mayor certeza científica la causa y las circunstancias de muerte a partir de las evidencias que tenemos.
Lo último que hemos comenzado a desarrollar en el Servicio Médico Legal está relacionado con la genética forense, donde intentamos realizar perfiles genéticos y perfiles de carbono 14 para ayudarnos con la datación y hacer comparaciones de árbol genealógico que faciliten la identificación genética.
Los tipos de análisis que llevamos a cabo incluyen los análisis de radiocarbono, que nos permiten preliminarmente determinar si las muestras encontradas pertenecen al periodo de interés. En este caso, la datación debe indicar que están dentro del periodo 1973-1990, que es nuestro primer descarte. Posteriormente, se informa a los ministros en visita y se determina si estas son muestras del periodo de interés o si deben ser clasificadas como patrimonio por su antigüedad, o bien, enviadas a fiscalía en el caso de ser posteriores a 1990 y no tener una fecha de interés. Por lo tanto, es la fiscalía, tras la reforma, quien se hace cargo de estos casos.
Es importante entender que en el proceso anterior, eran los mismos jueces o ministros en visita quienes se encargaban del proceso completo y entregaban estas causas a los distintos ministros. Después de la reforma, es la fiscalía la que, a través de un oficio de los ministros en visita, recibe estas osamentas para continuar con la investigación. Sin embargo, nosotros, como Servicio Médico Legal, seguimos participando en la investigación de la identificación, ahora en colaboración con la Policía de Investigaciones, que aporta datos para las presuntas desgracias y todo lo relacionado con la recuperación de osamentas que no son del periodo de interés y que deben ser investigadas por la fiscalía, la cual también actúa con nosotros a través de oficio.
En cuanto al análisis genético, hemos avanzado desde los primeros estudios y actualmente realizamos 23 marcadores como control de calidad, lo que nos permite tener una identificación más fehaciente. Trabajamos con análisis de ADN nuclear, ADN mitocondrial y ADN del cromosoma I, buscando hacer la identificación mucho más eficiente.
Quisiera destacar dos aspectos. Primero, desde las últimas búsquedas más significativas lideradas por el ministro Guzmán en relación con los casos de derechos humanos, el número de osamentas que el servicio ha recibido ha sido mínimo. Hemos realizado numerosas búsquedas, pero lamentablemente hemos encontrado muy poco. Lo que hemos hallado no ha sido suficiente en cantidad ni en tamaño para llevar a cabo muchos análisis. Muchas de las osamentas son pequeñas piezas óseas que tratamos de reconstruir a través de diversas pericias antropológicas y arqueológicas, buscando aquellas que estén menos degradadas y que puedan proporcionarnos perfiles más confiables.
Es fundamental tener en cuenta que cada vez que utilizamos una de estas osamentas, esta se pierde para siempre, ya que para obtener información se requiere destruir parte de la osamenta. Por lo tanto, cada vez que realizamos una proyección de identificación con un perfil, ese perfil, si lo logramos obtener, será la única muestra que tendremos.
El trabajo para llegar a un informe pericial completo es multidisciplinario, donde la evidencia y el análisis genético constituyen solo una parte de la identificación, que incluye muchas otras etapas. En primer lugar, se elabora un informe del lugar del hallazgo, en el cual participamos en conjunto con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Tiene mucha experticia sobre este tema y trabaja en conjunto con nosotros en la mesa de hallazgo, que es una instancia donde participan todas las entidades involucradas en un hallazgo de osamenta, desde la Fiscalía hasta los ministros en visita, incluyendo a las policías, Carabineros, el programa, y la subsecretaría. Esta colaboración nos permite buscar documentación o información para poder identificar la osamenta.
Asimismo, contamos con todos los informes de evidencia asociada, los cuales son muy importantes y trascendentales, ya que muchas evidencias nos brindan luces sobre dónde estuvo la persona y cuál es la data, a partir del tipo de ropa. Ustedes saben que las vestimentas y la moda cambian con los años; por lo tanto, una evidencia asociada, como un tipo de ropa o un tejido, puede ser reconocida por los familiares. Esto es fundamental, ya que muchas veces las familias pueden identificar evidencias que son características de las personas que las utilizaban, como un lente o un suéter, incluso antes que nosotros.
También se realiza la autopsia médico-legal para todos los grupos de osamenta y cuerpos que llegan al Servicio Médico Legal. Este procedimiento da a conocer todas las posibilidades que tenemos respecto a las causas de muerte. Además, se elabora un informe odontológico cuando hay presencia o ausencia de piezas dentarias. Es importante destacar que, en la época que estamos investigando, el sustraer piezas dentales como parte de un tratamiento era algo común, lo que también nos entrega señales sobre a quién estamos buscando.
Posteriormente, se lleva a cabo el análisis antropológico y, finalmente, el informe genético en aquellos casos que corresponden, lo que nos permite obtener resultados tanto negativos como positivos. Esto conforma un informe pericial integrado que sistematiza las conclusiones y responde a las preguntas del tribunal. Muchas veces, este informe es un documento que va y viene, ya que al entregarlo a los ministros pueden surgir nuevas preguntas que intentamos responder en informes posteriores. También procuramos que el informe tenga un lenguaje comprensible, dado que es el documento que los ministros en visita utilizarán para hablar con los familiares de las víctimas y explicar los procesos.
El proceso de identificación se basa en la utilización de técnicas de individualización a partir de características únicas del individuo que estamos buscando. Incluye un contexto general de la persona, desde la información histórica, las circunstancias de su desaparición, hasta las características antemortem, datos físicos, médicos, dentales y fotografías, entre otros. Es un proceso comparativo que se realiza con un enfoque multidisciplinario, con un abordaje integral y en equipo, tanto con antropólogos como con laboratorios.
Contamos con un banco de datos genéticos donde podemos elaborar un árbol genealógico de la familia, a través de entrevistas a los familiares, verificación de la identidad del donante con un consentimiento informado y toma de muestras debidamente rotuladas. Trabajamos con los familiares de detenidos desaparecidos y con muestras de sangre donadas voluntariamente a lo largo de todo el país.
Cabe destacar que, con el último proceso de certificación, hemos logrado certificar en la toma de muestras no solo los laboratorios forenses, sino también nuestro laboratorio genético óseo, que no existía en el país hasta el año 2025. A pesar de estar certificados, seguimos enviando estas muestras a laboratorios extranjeros, ya que hay un compromiso de confianza que debemos mantener.