Aprovecho para saludar a las y los diputados presentes, a las autoridades y a nuestros invitados que están a la espera de poder asistir a la audiencia. El acta de la sesión número 199 se da por aprobada y la sesión número 200 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos: un oficio emitido por la Corte Suprema, a través del cual entregan su opinión respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Además, se informa que la diputada señora Giovanna Ahumada reemplazará al diputado señor Cristian Labbe en esta sesión.
El último documento es un estudio titulado "Dinámicas de Conflicto Laboral y Diálogo Social en Chile", del académico de la Universidad de Chile, señor Pablo Pérez Ahumada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito a la secretaría que envíen estos informes al chat de la comisión, de manera que durante el receso legislativo, los parlamentarios y parlamentarias puedan tenerlos a disposición para su estudio.
Se ofrecen palabras sobre la cuenta. No hay intervenciones. Pasamos a puntos varios. Diputado González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. He solicitado la palabra porque, lamentablemente, la madrugada de este día martes, en la región de Los Lagos, en el estuario del Reloncaví, ocurrió una emergencia marítima, una tragedia. Una embarcación con ocho tripulantes, el catamarán Coñimó Uno, se vio involucrada en esta tragedia. Lamentablemente, se han reportado pérdidas humanas.
Sufrió un naufragio, se hundió y hay personas desaparecidas. En la actualidad, están los equipos de emergencia en el lugar. Hoy, lo más importante es poder rescatar los cuerpos; también hay sobrevivientes. Sin lugar a dudas, es fundamental fiscalizar qué ocurrió. Por ello, presidente, solicito que la Dirección del Trabajo tome carta en el asunto y analice a profundidad las condiciones laborales de esta embarcación que prestaba servicio a un centro de cultivo. Todo lo que está ocurriendo está bajo estrictas medidas de investigación, pero es crucial clarificar si se había fiscalizado o no, y es importante que la Dirección del Trabajo actúe frente a esta tragedia.
Aprovechando que el director está presente, le pido que se comprometa a dirigir esta investigación desde el punto de vista laboral. Gracias por su intervención, diputado González. A pesar de que contamos con el director del Trabajo aquí presente, vamos a recabar el acuerdo para enviar esto en un oficio formalmente, de manera que se cumpla con el procedimiento de esta comisión.
Quiero recordarles que hemos despachado un proyecto de ley sobre salud y seguridad en el trabajo, con indicaciones unánimes. Sería interesante que podamos hacer un esfuerzo conjunto, tanto de la oposición como del gobierno, para acelerar las urgencias y que se discuta en sala. También solicito al presidente de esta corporación que garantice que, a la vuelta del receso legislativo, podamos enviar ese proyecto para su discusión en segundo trámite.
¿Algún punto varios adicional? No. Aprovecho para mencionar que, a propósito de nuestros acuerdos de la última sesión respecto al proyecto de ley que busca regular la jornada de los trabajadores del sector audiovisual y cinematográfico, se ha formado una mesa para intentar arribar a un acuerdo en los plazos establecidos. La próxima reunión será este jueves; los detalles están en el chat.
En segundo lugar, quiero oficiar al Ministerio de Justicia por una situación preocupante. La empresa Netmóvil, distribuidora de Transbank, despidió a 60 trabajadores en diciembre y aún no ha pagado los finiquitos. Netmóvil se desentendió y los mandó a hablar con la mandante, pero Transbank les dijo que no tenían responsabilidad alguna. Los trabajadores tuvieron que acudir a la Inspección, pero ninguna de las empresas se presentó al comparendo citado.
Espero que los parlamentarios y parlamentarias que deseen participar en la discusión sobre la votación programada para esa fecha puedan incorporarse. Dicho esto, solicito unanimidad para dos oficios que enunciaré brevemente. Primero, hace varios años, esta Cámara aprobó de manera transversal una resolución para que los trabajadores del Servicio Médico Legal tuvieran el descanso reparatorio que se legisló en 2022 para los trabajadores de la salud, tanto del sector público como privado. En esa ocasión, los funcionarios del Servicio Médico Legal quedaron excluidos porque su dependencia es el Ministerio de Justicia. Tuvimos un debate al respecto y se aprobó, a pesar de que no son dependientes del Ministerio de Salud, ya que cumplieron un rol fundamental durante la pandemia. Todos coincidimos en que esa distinción era absurda, pues estuvieron igualmente expuestos y con la misma sobrecarga que el resto.
Sin embargo, desde el año 2022 no han tenido una respuesta administrativa; se les ha tramitado desde aquella época, habiendo permanentemente una suerte de tirada de pelota que va desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. Por lo mismo, yo quisiera que oficiemos a las tres instituciones que acabo de mencionar, pidiendo explicaciones por esta demora, que es una cuestión bastante simple, pero que ha tomado cuatro años y que afecta a una cantidad reducida de trabajadores y trabajadoras.
Respecto de las fechas y de las soluciones a esta resolución, que además se les había comprometido, los trabajadores acudieron a solicitar información. No es necesario explicar la desesperación que tuvieron ante estas circunstancias, sobre todo considerando que los juicios, ustedes bien saben, están tardando meses y años a causa del atochamiento de las audiencias preparatorias.
Básicamente, tenemos un problema en el caso de la Región Metropolitana, pero no me cabe duda de que esto es un problema nacional. La demora de las audiencias preparatorias y de los juicios de los tribunales laborales se está transformando en un tema altamente preocupante. La pregunta es si estamos en presencia de una vulneración del debido proceso y del objeto particular de la reforma del proceso laboral. Por esto mismo, me gustaría que oficiáramos al Ministerio de Justicia para que nos informe si tienen conocimiento de estas demoras, cuáles son las gestiones que se han realizado y si han mantenido diálogo con el Poder Judicial.
Situaciones como las que se constatan en el caso de Netmóvil, cuyo extrabajador ni siquiera puede postular a otros trabajos a causa de la falta de finiquitos, son totalmente indignantes. Han habido proyectos de resolución que buscan un tercer tribunal laboral en la Región Metropolitana, pero también entiendo que a lo largo del país existen temáticas similares. Por lo tanto, quiero recabar la unanimidad para estos dos oficios de resolución.
Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, correspondiente al boletín N° 18.044-13, calificado con urgencia de suma. Como es costumbre, en esta sesión tenemos invitados al señor Pablo Chacón Cancino, Subsecretario del Trabajo, al director del Trabajo, don Sergio Santibáñez, y a la señora Rosario Navarro Betteley, Presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).
Voy a pedir, antes de que podamos tener cualquier riesgo de quórum, el acuerdo para que aquellos invitados que no pueden exponer presencialmente lo hagan de manera telemática. Así que tomamos de acuerdo también. Dicho eso, le vamos a dar la palabra a la señora Rosario Navarro, entendiendo que asiste en su representación telemáticamente el señor Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, y al señor Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas. Tienen la palabra.
El señor Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en esta comisión y retomar nuestra presentación. En aras del tiempo, voy a resumir y recordar algunos de los puntos centrales que alcanzamos a exponer en la sesión pasada.
Lo que hicimos fue revisar el marco general en el cual se presenta este proyecto de ley, señalando que, en primer lugar, es necesario sostener la perspectiva de SOFOFA. Esta iniciativa tiene un impacto negativo en el mercado laboral al imponer una negociación sectorial obligatoria para todas las empresas de un sector o subsector. Esto nos preocupa, ya que no se hace cargo de la gran diversidad productiva del país y de la realidad que enfrentan también las pequeñas y medianas empresas.
Un segundo punto que señalamos es el contexto laboral actual, con más de 30 meses de desempleo por sobre el 8%, una informalidad que afecta a uno de cada cuatro trabajadores y una brecha cercana a los 300.000 empleos respecto de los niveles previos a la pandemia. Expusimos también cómo el mercado laboral, esto es algo central en nuestro análisis, está atravesando transformaciones.
Señor Presidente, en este contexto, es importante destacar la irrupción de nuevas tecnologías y los cambios demográficos que enfrenta nuestro país. Desde nuestra perspectiva, lo que se requiere es una mayor flexibilidad en el empleo formal. En cuarto lugar, advertimos que la acumulación de reformas laborales recientes y las que están en carpeta han incrementado el esfuerzo en términos de costos laborales, lo que puede tener impactos negativos en el crecimiento y en la capacidad de creación de empleo. Esto obliga a diseñar cualquier nueva reforma con especial prudencia.
En quinto lugar, es relevante señalar cómo la tasa de sindicalización y la cobertura de instrumentos colectivos han aumentado en Chile en los últimos años. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la OCDE que han implementado sistemas de negociación multinivel, en Chile la realidad es distinta. En este sentido, la alta heterogeneidad productiva de nuestra economía hace que en un mismo sector convivan grandes, pequeñas y medianas empresas, siendo las pymes las que representan el 98.6% de las empresas del país y generan alrededor del 50% del empleo.
Con este marco general, comenzamos a revisar los impactos concretos que nuestra mirada podría generar con este proyecto en materia de salarios, informalidad y desempleo, afectando tanto a trabajadores como a empleadores en su implementación. Precisamente en este punto, quisiera dar la palabra al director de políticas públicas de SOFOFA, don Rodrigo.
Tiene la palabra, don Rodrigo.
Gracias, señor Presidente. En medio de esta discusión, es fundamental retomar los impactos que podría generar un mecanismo de negociación multinivel, a la luz de la evidencia internacional y la literatura existente. En este sentido, hemos encontrado evidencia respecto a cinco o seis dimensiones que son relevantes para analizar los posibles impactos en materia de salarios, informalidad, desempleo, productividad y la heterogeneidad en las pequeñas empresas.
En primer lugar, respecto al impacto en los salarios, un esquema de negociación ramal con efectos generales tiene el riesgo de fijar condiciones salariales que no reflejan adecuadamente la heterogeneidad entre las empresas. Esto lo discutimos en la sesión anterior, en relación con la riqueza y diversidad de las empresas en nuestro país, considerando su tamaño y grado de productividad. La capacidad que tiene el mercado y las empresas para absorber estos ajustes influye en el empleo y la formalidad, dependiendo de diversos factores. Es crucial entender cómo la heterogeneidad juega un rol importante en este contexto.
Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que, en la mayoría de los casos, esto se traduce en aumentos en los costos laborales, lo que puede resultar en menores niveles de contratación. A largo plazo, esto podría llevar a una moderación de los salarios reales y a la viabilidad económica de las empresas, especialmente aquellas con menor capacidad de ajuste y adaptación.
Agradezco la atención y espero que esta discusión nos permita avanzar en la comprensión de los desafíos que enfrentamos en la implementación de este proyecto.
Los impactos de la modificación del Código del Trabajo no son homogéneos y dependen de la estructura productiva y el grado de organización sindical. En particular, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen menor capacidad de adaptación, lo que las convierte en las más afectadas por las nuevas exigencias laborales. Estas exigencias, que implican un mecanismo de negociación colectiva multinivel, pueden resultar en costos prohibitivos, especialmente para aquellas empresas con márgenes de ganancia reducidos.
Parte del ajuste que estas empresas podrían realizar sería transitar hacia la informalidad, lo que les permitiría enfrentar estos mayores costos sin comprometer completamente su operación. Este fenómeno podría profundizar la disminución de la capacidad de creación de empleo, un desafío que ya enfrenta Chile, y tiende a incrementar el desempleo, como se ha evidenciado en países como Sudáfrica, España e Italia.
El impacto de estas medidas depende principalmente de la capacidad de reacción de la oferta y la demanda, así como de las elasticidades del mercado. Los nuevos trabajadores que queden en la informalidad enfrentarán un mayor nivel de vulnerabilidad y tendrán un acceso limitado a redes de protección social, lo que tendrá un impacto significativo en sus condiciones de vida.
La magnitud del efecto en materia de informalidad estará relacionada con el aumento de los salarios. Estudios previos sugieren que, en el contexto de una negociación colectiva que incremente los salarios en un 5%, la informalidad podría elevarse en un 12,5% para los hombres y un 9,3% para las mujeres. Actualmente, los niveles de formalidad en nuestro país rondan el 27%, lo que implicaría que llevar la tasa a un 30% podría sumar alrededor de 280.000 trabajadores adicionales a la fuerza laboral informal.
Asimismo, la tercera variable a considerar es el desempleo. Las rigideces asociadas a la negociación colectiva pueden obstaculizar la innovación y la productividad, desalentando la adopción de nuevas tecnologías. Las empresas con menor capacidad financiera son las más afectadas, ya que, al agruparse en un mismo sector, se generan diferencias estructurales en productividad y en la adopción de innovaciones.
A largo plazo, estos ajustes se reflejan en caídas del empleo formal, lo que se traduce en una menor capacidad de creación de empleo y, por ende, un aumento del desempleo. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, estas pueden enfrentar nuevos costos derivados de cambios regulatorios y laborales, lo que podría ser insostenible para su operación.
Finalmente, respecto a la productividad, existe evidencia abundante sobre el impacto que puede tener la negociación colectiva. Este impacto se manifiesta principalmente a través de dos canales de acción, que requieren un análisis más detallado en futuras discusiones.
Innovación y la adopción de nuevas tecnologías están asociados, evidentemente, a los aumentos de costos laborales. Además, existe una brecha salarial que se reduce en la medida en que los márgenes se aprietan, lo que resulta en menos incentivos, tanto para innovar como para invertir en capital humano. Por lo tanto, se pierde ese canal mediante el cual se pueden comentar algunos elementos concretos que propone el proyecto de ley.
Agradezco su intermedio, señor presidente. Luego de escuchar los impactos del proyecto de ley detallados por Rodrigo Mujica, procederé a comentar brevemente ciertas observaciones particulares al proyecto.
En primer lugar, existe el riesgo de que se negocien empresas de diferente tamaño bajo un mismo estatuto. En este sentido, queremos destacar que el diseño propuesto en el proyecto de ley no considera el tamaño de las empresas para la negociación colectiva sectorial, lo que no es neutral y perjudica tanto a trabajadores como a empleadores. Como se ha indicado, las pymes no tienen la misma capacidad de adaptabilidad que las grandes empresas para absorber los mayores costos laborales, reorganizar sus jornadas, salarios u otras condiciones laborales que se puedan pactar. Esto genera brechas y competencias desalineadas entre las empresas de un mismo sector.
En materia general de las empresas, es importante señalar que Chile tiene una estructura productiva diversificada y muy divergente, no solo entre distintos sectores, sino también dentro de un mismo sector, en cuanto a tamaño y productividad. Los marcos regulatorios con condiciones más rígidas pueden generar restricciones a la contratación o estructuras salariales y jornadas laborales poco adaptables, afectando así los incentivos para la innovación, lo que explica en parte la heterogeneidad que observamos en las empresas hoy en día. Estas son algunas evidencias que hemos podido levantar y que pondremos a disposición de la comisión, señor presidente.
Quisiera dar paso a la tercera y última sección de nuestra presentación, que se refiere a que la negociación quedaría sujeta a decisiones tomadas por terceros que negociarían por los trabajadores sin que estos tengan un control real sobre las condiciones laborales mínimas que se hayan negociado en esa negociación sectorial.
Un segundo punto que queremos destacar es que el proyecto establece importantes limitaciones a la facultad de administración de la empresa. Actualmente, el Código del Trabajo establece claramente que no se puede negociar de forma colectiva sobre ciertas materias que afectan la facultad del empleador para organizar, dirigir o administrar la empresa, según lo establecido en su artículo 306. Sin embargo, el proyecto elimina este límite y permite que a nivel sectorial se regulen materias estratégicas, como la productividad, la innovación y la sostenibilidad ambiental, entre otras, tal como se menciona en su artículo 409, letras F e I.
Esto abriría la puerta a que ciertos acuerdos sectoriales puedan restringir decisiones propias de cada empresa, sin considerar la realidad específica de cada una.
Por último, es relevante mencionar que la negociación sectorial será obligatoria y los acuerdos que se suscriban tendrán efectos erga omnes, es decir, efectos generales para todas las empresas de un sector, una vez que se publique este acuerdo en el Diario Oficial. Esto implica que a las empresas de un sector o subsector económico se les aplicarán los mismos estándares mínimos en cuanto a remuneraciones, jornadas, sistemas de teletrabajo, entre otros, sin distinguir realmente entre grandes y pequeñas empresas en su capacidad para absorber los mayores costos laborales y reorganizar sus condiciones laborales en la negociación colectiva sectorial.
El proyecto permite pactar ciertas condiciones para aplicar de manera diferenciada, progresiva o diferida a los acuerdos sectoriales, según se establece en su artículo 409, letra g. Esto dependerá de la voluntad de las partes de incluir o no este tipo de menciones en el acuerdo sectorial, y no son cláusulas obligatorias. Por lo tanto, en la práctica podría ocurrir que un acuerdo sectorial se aplique progresiva o diferidamente a una empresa, como una PyME, por ejemplo. Sin embargo, estas condiciones no son automáticas ni garantizadas, y dependen de lo que las partes acuerden en el acuerdo sectorial. Esta obligatoriedad y la poca flexibilidad del nuevo sistema, al establecer condiciones mínimas de trabajo para todo un sector económico, podrían representar un problema para aquellas empresas que no puedan unirse o cumplir con las condiciones pactadas.
Un cuarto punto que nos preocupa en torno al proyecto es la ambigüedad existente en materia del derecho a huelga. Actualmente, la huelga está claramente regulada en el Código del Trabajo y se les aplicarán los mismos estándares mínimos en cuanto a remuneraciones, jornadas y sistemas de teletrabajo, sin distinguir realmente entre el tamaño de la empresa, el nivel de productividad o la capacidad económica de las distintas empresas que hayan negociado ese acuerdo. En este sentido, consideramos que el proyecto no contempla cláusulas obligatorias de apertura o de salida, como sí ocurre en otros países de la OCDE, que permiten sistemas de flexibilidad para que las empresas puedan tener medidas de salida ante escenarios de crisis económica o cambios.
Aunque el proyecto incluye ciertas condiciones para aplicar de manera diferida o progresiva un acuerdo sectorial, persiste la ambigüedad en materia del derecho a huelga. Este nuevo derecho a huelga, reconocido en el artículo 212, se regula para la defensa y protección de los intereses de los trabajadores, y al ubicar la norma en este lugar del Código del Trabajo, se podría abrir la puerta a la interpretación de que el derecho a huelga se está intentando extender más allá de los niveles intermedios o sectoriales. Este riesgo se ve reforzado por el hecho de que en el proyecto se otorgan amplias facultades a las partes para regular las formas, las reglas y los plazos de la negociación, lo que podría habilitar huelgas de alcance sectorial o intermedio.
Un quinto punto que queremos destacar es que el proyecto no define qué se entiende por sector o subsector económico para efectos de la negociación colectiva sectorial. Se remite al Clasificador Chileno de Actividades del Instituto Nacional de Estadística, un instrumento diseñado para fines estadísticos y no regulatorios. Esto puede llevar a la generación de agrupaciones artificiales de empresas bajo un mismo proceso de negociación sectorial, agrupaciones que pueden ser muy distintas. Por ejemplo, en la industria del hidrógeno verde, se podrán fijar condiciones importantes, como el reemplazo de integrantes de las comisiones y la metodología para determinar estadísticamente la representatividad, entre otras materias, lo que introduce cierta discrecionalidad en un elemento central del sistema como es la representatividad.
Otro tema relevante que consideramos importante es la eliminación de la norma que permite a las empresas principales mantener la continuidad de los servicios en caso de que una empresa contratista o subcontratista ejerza su derecho a huelga. Bajo el diseño propuesto, podría ocurrir que se incluyan actividades tradicionales, como el suministro de electricidad, gas o aire acondicionado, lo que evidencia diferencias productivas, tecnológicas y organizacionales muy estructurales entre estas industrias. Por lo tanto, consideramos que este mecanismo para agrupar las empresas en sectores económicos no sería el más indicado.
Un sexto punto que también nos preocupa del proyecto de ley es la nueva institucionalidad que está creando, ya que la negociación colectiva sectorial se realiza a través de consejos sectoriales y comisiones subsectoriales. Estos organismos tienen amplias facultades para negociar en materias laborales relevantes, lo que genera el riesgo de una representación incompleta de los diferentes actores del sistema. A esto se suma que aspectos clave de la determinación de la representatividad, tanto sindical como gremial, quedan entregados a ciertos reglamentos del Ejecutivo, lo que podría permitir que una empresa contratista o subcontratista ejerza su derecho a huelga. Esto podría implicar que, en caso de huelga de una empresa contratista, se paralicen completamente las actividades y se afecte a terceros que no son parte del conflicto colectivo, como la empresa principal, lo que afectaría a partes más allá de las involucradas en la negociación.
Un octavo punto que queremos levantar es nuestra preocupación por el hecho de que el proyecto entrega a la Dirección del Trabajo la facultad para ordenar el reintegro de trabajadores en caso de que considere que existen indicios suficientes de una práctica antisindical. Es fundamental señalar que la promoción del empleo formal, el aumento de la productividad y la adaptabilidad deben estar en el centro de esta discusión, especialmente considerando el profundo cambio que se avecina en el mercado laboral y en el sector productivo en Chile y en el mundo. Reglas homogéneas para sectores heterogéneos, así como barreras o rigideces al empleo formal, elevan aún más los costos de contratación, lo que puede generar efectos negativos en el empleo, en los salarios, en la informalidad y también en la productividad.
Por lo tanto, es crucial que la calificación de una situación jurídica compleja, como la existencia de una práctica antisindical, corresponda exclusivamente a los tribunales laborales. Trasladar esta facultad a una autoridad administrativa excedería su rol fiscalizador y podría generar dudas en materia de certeza jurídica y debido proceso.
Finalmente, se han planteado cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto, particularmente en relación con el artículo 19, número 16 de la Constitución, que reconoce que la negociación colectiva debe realizarse con la empresa en que laboran los trabajadores. Por lo tanto, el proyecto, al inducir una negociación colectiva sectorial obligatoria con efectos generales, se apartaría de este diseño constitucional vigente.
Muchas gracias, señor presidente. Para concluir, quisiéramos insistir en que cualquier reforma laboral debe tener en su centro la promoción del empleo formal y la adaptabilidad. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Agradecemos la invitación y el espacio que se nos ha brindado. Mañana les haremos llegar la transcripción de lo que hoy hemos presentado.
En cuanto a los aspectos que abordaremos, primero, una característica de la minería para entender cómo le afecta el proyecto; segundo, referencias a antecedentes, fundamentos y objetivos del mismo. Ahora, le damos la palabra al señor Carlos Urenda Aldunate, quien asiste en representación de don Joaquín Villarino Herrera, del Consejo Minero. Le pedimos que tome asiento y realice los comentarios que considere pertinentes respecto a este proyecto. Tiene la palabra, don Carlos Urenda.
Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Creemos que las herramientas laborales que se discuten deben mirar hacia el futuro y abordar adecuadamente las necesidades y preferencias del mundo del trabajo, sin reflejar una desconexión entre lo que se propone y la realidad productiva que estamos testimoniando.
Avanzar hacia una negociación colectiva multinivel consideramos que es estructuralmente inconveniente, ya que va en sentido contrario a lo que Chile requiere hoy: flexibilidad, mayor competitividad y una efectiva promoción del empleo formal. Agradecemos profundamente el tiempo de los honorables miembros de esta comisión y a todos quienes participan en esta sesión. También extendemos nuestro agradecimiento a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) por su presentación. Les solicitamos que, si no han sido enviadas ya, remitan sus documentos a la secretaría para que estén a disposición de las y los parlamentarios.
En esta intervención, nos referiremos a los antecedentes, fundamentos y objetivos del proyecto, antes de entrar en el contenido específico. Es fundamental compartir nuestra visión sobre la negociación colectiva supraempresa, lo cual facilitará la comprensión de por qué algunas normas no son de nuestro agrado y evitará la necesidad de profundizar en fundamentaciones extensas respecto a ciertas disposiciones que observaremos más adelante.
Se ha realizado una crítica genérica al proyecto en su conjunto, aplicable a cualquier sistema de negociación colectiva, ya sea ramal o sectorial. Sin embargo, es necesario analizar con respeto la propuesta específica que se presenta aquí.
Respecto a la minería, queremos señalar que nuestra minería chilena está compuesta por empresas artesanales, pequeñas, medianas y grandes. Es importante mencionar que dentro de estos segmentos existen realidades diversas en términos de productividad, remuneraciones, localización geográfica y condiciones de trabajo. La incidencia del trabajo de los contratistas en nuestro sector es significativa, estando estrechamente vinculada a la empresa mandante.
Contamos con un 80% o más de sindicalización y nos enorgullece haber alcanzado acuerdos a nivel de empresa con el sistema actual, sin necesidad de intervención de terceros. Esto refleja que venimos a opinar desde un sector que no teme a los sindicatos fuertes ni a la negociación colectiva. Hemos operado en este esquema de manera efectiva durante muchos años y consideramos que ha funcionado adecuadamente.
Además, contamos con una comisión sectorial minera que forma parte del Consejo Superior Laboral, donde mantenemos un diálogo tripartito. Aunque este diálogo está lejos de ser una negociación normal, nos reunimos mensualmente para discutir temas de interés común, impulsamos iniciativas y alcanzamos acuerdos que han resultado beneficiosos. Esta es una de las pocas experiencias positivas de diálogo social en Chile, que aunque presenta altos y bajos, es destacable en términos generales.
Finalmente, al abordar los antecedentes, fundamentos y objetivos del proyecto, hay afirmaciones que consideramos cuestionables, como la necesidad de superar el diseño institucional del denominado plan laboral.
Habiendo pasado una considerable cantidad de años con tantas reformas sustantivas en materia de negociación colectiva, considero que la situación actual no se condice con la realidad. Existen diversas citas bibliográficas y estudios que respaldan el modelo propuesto en el proyecto. Sin embargo, al examinar esos mismos documentos, encontramos que, por ejemplo, en dos tercios de los países de la OCDE, la negociación colectiva tiene lugar predominantemente a nivel de la empresa. Muchos países de la OCDE han dado pasos hacia la descentralización, es decir, hacia la negociación a nivel de empresa en las últimas décadas. Por lo tanto, se pueden encontrar fundamentos para respaldar un cambio en esta materia desde ambas perspectivas.
Adicionalmente, hay numerosos estudios que sugieren que negociar a nivel de empresa es más conveniente. En los fundamentos del proyecto se menciona que el principal motor de esta reforma es la ampliación efectiva de la cobertura de la negociación colectiva. Sin embargo, creemos que esto no debe ser un objetivo en sí mismo, sino que debe considerarse en función de lograr resultados equilibrados entre productividad y beneficios laborales. No consideramos que el aumento de la cobertura de la negociación colectiva sea un valor supremo que deba ser perseguido sin más.
Por otro lado, como ya lo ha señalado la SOFOFA, el tema constitucional debe ser revisado previamente y de manera formal, ya que podríamos enfrentar sorpresas al final de la tramitación. Siempre hemos sostenido que la negociación debe realizarse al interior de la empresa.
Además, es evidente que esta iniciativa, por su naturaleza y los efectos que conlleva, requiere un tiempo razonable para su discusión. En la primera sesión, varios de ustedes mencionaron que este asunto merece un mayor tiempo de conversación, y estoy de acuerdo.
Pasando a la tercera parte de la presentación, me gustaría compartir la opinión del Consejo Minero sobre la negociación que trasciende el ámbito de la empresa, que puede ser multinivel o ramal, pero que no se limita únicamente a la empresa. Lo planteamos no por pretensión, sino porque creemos que se entenderá mucho mejor por qué algunas normas del proyecto pueden no ser del agrado de todos.
Consideramos que una negociación que se realiza fuera del contexto de la empresa tiende a generar acuerdos que no reflejan las particularidades de las distintas empresas, que pueden variar en tamaño, productividad y otros factores. Por definición, cuando se lleva a cabo una negociación en este contexto, el mejor resultado que se puede alcanzar es un promedio, donde algunos quedarán en una mejor situación de la que les corresponde y otros en una peor. A largo plazo, estas soluciones no son sostenibles.
En el caso de las empresas de menor tamaño o con un mayor riesgo financiero, esta situación puede llevarlas a salir del mercado, a pasar a la informalidad o incluso a acelerar una sustitución de trabajo por capital. Las intervenciones de la autoridad deben limitarse a corregir errores o faltas, sin promover una u otra iniciativa o influir en un sentido u otro.
Asimismo, la participación de tantas personas en un proceso que maneja información sensible comercialmente conlleva riesgos significativos para la libre competencia. También hay factores relacionados con la idiosincrasia que deben considerarse, ya que esta situación puede llevar a las empresas a salir del mercado o a pasar a la informalidad, lo que podría resultar en un proceso negativo.
Es fundamental reflexionar sobre estas cuestiones y su impacto en el futuro de la negociación colectiva en nuestro país.