Cámara de Diputados - Obras Públicas - 27 de enero de 2026

Ya.

El acta número 37 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La sesión 148 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Estimado secretario, si hay cuenta, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 27 de enero de 2026. En primer lugar, un oficio de la Subsecretaría de Transportes referido a la glosa 4, letra B, sobre fiscalización y centro automatizado de infracciones en plantas de revisión técnica, en el que se acompaña un consolidado por regiones correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Asimismo, se presenta un oficio de la Subsecretaría de Transportes, referido a la glosa 06 de la partida Red Movilidad, en el que se acompaña una minuta sobre la factibilidad de extensión a las comunas de Calera de Tango, Buin y Paine. También se incluye un oficio de la Dirección de Vialidad, mediante el cual se responde sobre proyectos de inversión, detallando las obras ejecutadas y los montos comprometidos en las obras para la Ruta N-689, sector Las Quilas, Región del Ñuble. Adicionalmente, se presenta un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, que responde sobre la ejecución de obras para los ríos Copiapó y Salado, en las comunas de Copiapó y Chañaral, respectivamente. Otro oficio de la Dirección de Vialidad informa sobre los recursos contemplados para el diseño del pavimento de la Ruta N-835 de la Región de Ñuble. Asimismo, se incluye un oficio de la Dirección Nacional de Vialidad que informa sobre las obras de mantención y reparación de la Ruta N-335 de la Región de Ñuble. Por último, se presenta un oficio del Subsecretario de Transportes, que informa sobre la glosa 08 del cuarto trimestre, referido a la partida Red de Movilidad. Se excusa para la presente sesión el señor Marcelo Valenzuela, quien manifiesta su disposición a concurrir a una próxima sesión. Asimismo, se excusa el señor Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, para asistir a la presente sesión. Esto constituye toda la cuenta, señor presidente. Vamos a entrar a la orden del día. Se presenta un mensaje en primer trámite constitucional y urgencia calificada de suma, que modifica la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, para permitir la creación de medios de radios públicas nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico, Boletín 18.011-15. Los invitados son el presidente de ANARCICH, señor César Ramos; la presidenta de ANAMICH, señora Fresia Ramírez; y el presidente de ARCHI, don Cristian Gálvez. El señor Marcelo Valenzuela se excusó, al igual que el señor Óscar Cabello. Comenzaremos entonces con la presentación de don Cristian Gálvez Plaza, en representación de ARCHI. Le pedimos que pase usted, acompañado de quien desee, para su presentación por un espacio de aproximadamente diez minutos. Bienvenidos.

Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados. Muy buenas tardes. Como presidente de ARCHI, agradezco la oportunidad de expresar nuestra visión sobre el boletín 18.011-15, para profundizar en las graves implicancias jurídicas de este proyecto. Me acompaña Sebastián Zárate, nuestro abogado y fiscal. Nuestra postura hoy es clara: aceptamos la radio pública, pero no a costa de vulnerar la institucionalidad ni la destrucción del ecosistema de los medios locales. Como ustedes ven en la diapositiva, tenemos frente a nosotros un mensaje que busca modificar las reglas del juego de las telecomunicaciones para crear una reserva de mercado estatal. El proyecto reserva la banda de 86 a 88 MHz exclusivamente para organismos públicos, entregando concesiones por más de 25 años renovables. Y lo más grave, mediante asignación directa, es decir, sin el concurso público que garantiza transparencia para todos los sectores de este ecosistema. Nos vamos a saltar la diapositiva tres, porque esa la va a ver nuestro abogado. Antes de entrar en lo jurídico, debo plantear una cuestión de responsabilidad política. Este proyecto ingresó el 5 de diciembre del 2025, solo a 60 días del cambio de mando. Estamos hablando de un gasto público y creación de servicios, iniciativas exclusivas del Presidente, presentadas a última hora para que los administre un gobierno entrante que no participó en su diseño. En democracia, esto no ocurre, por el principio de descontinuidad legislativa. Aunque esto es legal presentarlo, creemos que carece de la legitimidad democrática. Dicho esto, la forma no es lo grave. El fondo es que el proyecto tiene vicios constitucionales insalvables que detallará ahora nuestro abogado, Sebastián Zárate. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, también saludo a la comisión. Nuestro análisis del proyecto concluye que, de acuerdo a la redacción, nos parece que constitucionalmente es un proyecto que, con todo respeto, es inviable, porque presenta serias colisiones en virtud de los principios constitucionales que informan nuestro sistema. Hay un problema también que se señala respecto de la discontinuidad, que es algo que probablemente será objeto de futuras reformas, esperamos que sea así. Pero fundamentalmente, nuestra preocupación ronda en virtud del artículo 19, número 21 de la Constitución, que habla sobre el Estado empresario, porque sin duda esta es una actividad del giro empresarial, de acuerdo a cómo está configurado el artículo 19, número 21, que reserva de forma subsidiaria al Estado la tarea empresarial, todo aquello que no pueda ser desarrollado por los particulares bajo ciertas exigencias. Una de esas exigencias es que primero se incorpore el quórum calificado, que es necesario que se resguarde al momento de ser votado este proyecto, quórum calificado que tendrá que ser evaluado después de acuerdo a las mayorías que existan en el próximo Congreso. En segundo lugar, nos parece preocupante, y aquí hay un defecto que ha sido analizado también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es esta especie de carta en blanco, un cheque en blanco respecto de la posibilidad de crear nuevas empresas. El proyecto menciona a Carabineros y a TVN, lo cual genera inquietudes sobre el alcance de estas disposiciones.

Necesariamente, se debe realizar una reforma a la ley de Carabineros, sin que ello implique una reforma a la ley de TVN. Este tema ha sido objeto de una amplia discusión; sin embargo, lo más preocupante es que se menciona a cualquier otro órgano público, lo cual es inadmisible desde el punto de vista constitucional. Cada empresa del Estado, y en esto la jurisprudencia tanto judicial como del Tribunal Constitucional ha sido clara, debe contar con autorizaciones específicas, conforme a una ley de quórum calificado que crea una empresa pública con nombre específico, razón social y atribución legislativa. La creación de una empresa genérica como esta carece de sustento constitucional y, por lo tanto, podría haber sido objeto de cuestionamiento, incluso en términos de admisibilidad. En segundo lugar, la regla constitucional debe guardar una cierta preeminencia del quehacer de los particulares en todas las actividades. Por ello, se considera el quehacer empresarial no solo desde un enfoque económico, sino como un concepto amplio que la Constitución contempla. Las reglas deben aplicarse de manera equitativa para todos, pero el Estado se reserva una serie de privilegios en este ámbito, como la exención de derechos y la no obligación de pagar por el uso del espectro, salvo en lo que respecta a la venta de publicidad. Esto plantea un problema respecto a la configuración de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, desde una perspectiva económica, se consideran mercados de dos lados, donde no solo hay venta de publicidad, sino también una exposición de contenidos a una audiencia. Los medios públicos, aun cuando cuenten con financiamiento y no vendan publicidad, están captando la atención de la audiencia y compitiendo con ella. Esto puede no ser tan visible en grandes cadenas de medios, pero sí lo es en regiones, afectando a los medios que forman parte de nuestra red de radios asociadas a ARCHI, que son 1.200 a lo largo del país. Esta situación genera problemas serios debido a las diferencias en la asignación directa de frecuencias, sin concurso público, tal como lo hacen las radios. Además, existe un ancho de banda, conocido como la banda china, que estará específicamente reservado para el Estado empresario. El proceso de renovación se extiende al máximo permitido por la ley, que es de 25 años, pero sin los trámites que deben seguir nuestros radiodifusores, quienes, aunque tengan un derecho preferente, deben participar en todo este proceso. Esto genera un impacto significativo en el mercado que nuestro presidente se referirá. Es importante señalar que, como se ha mencionado, si la radio pública no vende publicidad, no compite con nosotros. Este es un error, ya que los medios de comunicación competimos en dos tipos de mercado: el económico y el de la audiencia. Aquí radican nuestras diferencias con una radio pública, ya que competimos por la audiencia y por el avisaje. Si el Estado entra con costos subsidiados, sin pagar el espectro ni los equipos, utilizando equipos fiscales, captura audiencia y nos quita el piso, especialmente a las radios locales. Muchos diputados de regiones son conscientes de la importancia de las radios locales. Para nosotros, esto se traduce en un dumping, permitiendo la venta de publicidad y habilitando este proyecto, lo que causa un daño significativo a nosotros como radios pequeñas. ARCHI representa más de 1.200 radios, de las cuales más de 1.000 son de regiones, desde Arica a Punta Arenas. No contamos con tantas cadenas.

Somos pequeñas empresas, incluso familiares, que estamos aquí. En resumen, lo que queremos es que ARCHI valide esta iniciativa, pero requerimos de tres correcciones estructurales de este proyecto: una ley específica para cada empresa estatal con autonomía real, y que el Estado pague y compita por el espectro igual que todos. Es fundamental realizar un estudio de mercado y evaluar el impacto antes de asignar frecuencias, para evitar que se quiebren las radios de regiones. Señores diputados, creo y afirmo que las radios de Chile son un patrimonio de confianza pública. No arriesguemos esta confianza con un proyecto jurídicamente inválido y económicamente dañino, que perjudica a las radios pequeñas. Gracias, presidente. Si me permite, quisiera añadir un elemento muy importante relacionado con la prohibición del monopolio estatal de los medios de comunicación, que se establece en nuestra Constitución, artículo 19, número 12. Este monopolio debe entenderse no solo como un único oferente de bienes o servicios, sino como cualquier agente que afecte la economía en detrimento de la sana competencia de los demás, y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Agradezco su presentación. En cuanto al tema de la eventual inconstitucionalidad de este proyecto, me gustaría conocer la opinión del abogado secretario, ya que considero que es el punto más fuerte que se ha presentado. Señor presidente de la comisión, el control de constitucionalidad lo realiza la oficina correspondiente, y este proyecto ya ha pasado dicho control, por lo que es constitucional. Diputado Mulet, gracias, señor presidente. Buenas tardes a los representantes de ARCHI. Valoro mucho su presentación. ARCHI es una organización muy importante que agrupa a las radios regionales, especialmente a las independientes y a las pequeñas y medianas empresas. Es una organización histórica que ha defendido la radiodifusión durante muchas décadas. Mi consulta es si han tenido diálogo con el Gobierno respecto a este proyecto de ley. El Gobierno nos indicó que hubo una mesa de trabajo con las radios comunitarias, pero la autoridad que vino aquí mencionó que no hubo acuerdo con ellas. Quisiera saber si hubo diálogo con ARCHI y si este tuvo conclusiones. Efectivamente, el año pasado tuvimos reuniones. Este proyecto tiene dos caminos. El primero es el de la radio pública, donde nos oponemos a que cualquier ente público tenga una radio. Tal como está el proyecto, cualquier entidad pública podría tener una radio, ya sea una municipalidad, un gobierno regional o un CESFAM, y no solo Televisión Nacional y Carabineros, que era lo que se había discutido. En este punto estamos en desacuerdo con la subsecretaría. Sin embargo, sí trabajamos en conjunto para abrir el espectro, y comenzamos la banda que llegará a Chile, donde habrá cuatro segmentos: uno para la radio pública, que incluye a TVN y Carabineros; otro para las radios comunitarias; uno más para las radios AM que pasarán a FM, que son al menos 26 en Chile; y uno para lo comercial.

En ese punto estamos de acuerdo, no tenemos problema, si nuestro único desencuentro es la radio pública. Muchas gracias por su presentación. Vamos a invitar, entiendo que ha llegado la señora María Pía Matte. María Pía, por favor, si se acerca por acá. Bienvenida, ella es directora de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Muy bien, bienvenida. Si desea, puede invitar a su acompañante. Agradezco esta invitación. Aproveché de escuchar un poco lo que decían nuestros colegas de la ARCHI. Lo primero que quiero señalar es que, a propósito de la modificación de la ley de radios comunitarias en 2010, impulsada por la presidenta Bachelet y posteriormente por el presidente Piñera, se suspendió la posibilidad de que las municipalidades pudieran tener radios comunitarias. Esto se debió a una cuestión enrarecida respecto a quién realmente manejaba esas radios. ¿Eran comunitarias, eran de la comunidad o eran del alcalde de turno? Sin desmerecer al alcalde, es fundamental considerar cómo se producían esos contenidos. Como Movimiento de Radios Comunitarias y Asociación de Radios Comunitarias, hemos estado vinculados durante muchos años al derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y la comunicación. En ese sentido, sabemos categóricamente que una de las falencias fundamentales de esta ley y de esta propuesta es la ausencia de una ley de medios públicos en Chile. Existen entidades como Televisión Nacional y Carabineros de Chile, pero debiera haber una ley que sostenga y robusteza la idea de medios públicos. ¿Qué significa tener medios públicos? Significa aportar a la diversidad y a la pluralidad en una sociedad más democrática, donde los distintos actores no estén impedidos de participar y de ser parte de una programación. Para ello, se requiere una ley. Aquí no hay una ley de medios públicos en Chile; se intenta avanzar dando un poco a este y un poco a aquel, pero eso no resuelve las dificultades que enfrentamos. La experiencia latinoamericana en los últimos 15 o 20 años ha demostrado que los medios públicos, tanto en Ecuador como en algunos casos en Argentina, han terminado siendo medios del gobierno de turno. La ley de medios en Argentina, por ejemplo, se convirtió en una pelea con Clarín, sin favorecer realmente a los medios públicos o del tercer sector. En Ecuador, hoy día no hay medios, ya que prácticamente todos son plataformas, y el espectro radioeléctrico quedó dividido de manera que no asegura la diversidad. El derecho internacional establece que debe haber un espectro gestionado por el Estado, donde se entreguen concesiones y se asegure la máxima diversidad posible. Sin embargo, en Ecuador se determinó que un tercio del espectro debía ser del Estado, lo que resultó en un monopolio estatal. Este no es el camino que debemos seguir. Chile efectivamente requiere más diversidad mediática. Estamos enfrentando dificultades respecto a los cambios internacionales de la convergencia, ya que hoy las plataformas radiales y de medios de comunicación facturan más que el propio gremio de la radio, incluyendo la radio comercial. Esto afecta a todas las radios, incluidas las comunitarias, que además tienen prohibido vender publicidad. Por lo tanto, lo primero que consideramos fundamental es la creación de una ley que asegure un desarrollo claro y propositivo en este ámbito.

Lo más transparente posible sobre una ley que debiera ayudar y promover esta diversidad de país, esta diversidad de lenguaje, esta diversidad de ideas políticas y culturales en el debate público. También creemos que esta ley debe ser tratada con mucha más transparencia de lo que fue tratada hasta ahora. Nosotros estuvimos, fuimos parte, dijimos que no estábamos de acuerdo, pero debiera tratarse de manera mucho más amplia y cercana, abordando estos temas. Esto está todo en el sistema interamericano de derechos humanos, y fue elaborado por las distintas relatorías. Es fundamental poder legislar sobre medios de comunicación. El tema de quién decide cómo se hace un medio público es crucial. ¿Quién decide cuál es la programación de ese medio público? Muchas voces académicas han señalado que los medios públicos debieran interceder más acerca de la calidad de la programación. Efectivamente, la BBC tiene una programación de primera y muchos medios públicos europeos son mejores que los privados, pero esa no es la única razón para tener medios públicos, ya que los privados también pueden ofrecer buena programación. Se trata de que estas nuevas plataformas públicas tengan la capacidad de juntar, ver y proyectar, pero, primero que nada, no deben depender del poder ejecutivo. El poder ejecutivo no debe decidir acerca de los nombres y ejecutivos que participen en estos medios; no debe haber nominaciones a dedo. La experiencia concreta está ahí, y tenemos poca experiencia con medios públicos. Contamos con Televisión Nacional de Chile, pero nunca hemos tenido la experiencia de radio, salvo la de Carabineros. América Latina ha transitado en este ámbito, y los medios públicos han sido confundidos con medios del gobierno de turno, lo que ha resultado en un panorama complejo y aminorado para lo que realmente deben ser los medios públicos. Estos deben tener una direccionalidad, una ley, un estatuto, y claridad sobre su financiamiento: ¿de dónde proviene el dinero? ¿Cómo van a vivir los medios públicos? ¿Tendrán que vender publicidad o se sustentará solo con lo que entrega el Estado? Estos parámetros no son claros en la propuesta actual, que solo contempla una reserva de espectro. Nos extraña que las posibilidades de haber cambiado la ley de radios comunitarias no hayan resultado en tres aspectos fundamentales: la venta de publicidad, el mejoramiento de la capacidad de transmisión y el transmisor. Presentamos el proyecto de ley desde el primer día del gobierno, pero la impresión que tenemos es que aquí se legisla solo cuando las instituciones tienen algún vínculo con el gobierno de turno, lo cual no puede continuar siendo así. Nuestro país enfrenta dificultades con las transnacionales de la comunicación, no con los medios nacionales. El problema no es Radio Bio Bio, Radio Cooperativa, El Mercurio o La Tercera; hoy día es lo que nos está invadiendo como sistema mediático, y de eso debemos protegernos como país. Por eso, una ley de medios públicos debiera tener una soberanía de mucho mayor estatus que la que tiene actualmente. Se agradece mucho su presentación, señora María Villa Mata. No sé si hay alguna consulta. Bien, muchas gracias. Presidente, me parece muy claro el análisis que hace la señora María, y estoy completamente de acuerdo. Uno esperaba que estas discusiones se hubieran dado, como señalaba ella, al inicio de este gobierno, y por lo tanto estamos casi al final. Como también observa ARCHI, es importante considerar en qué condiciones se llevará a cabo este nuevo sistema, si es que esta radio será realmente pública y qué contenido se les asignará, ya que podría ser el contenido del gobierno de turno. No sé cuáles serán las experiencias en otros países que pudieran servir de referencia.

A lo mejor nos brinda una tranquilidad, o tal vez nos complica mucho más, cuando ha sido el Estado quien ha definido las radios públicas. No sé, como lo que usted misma observaba, señora María, respecto a si las radios comunitarias pudieran estar a cargo de los municipios. También hay una observación que hacía con respecto al alcalde de turno, que todavía no se ha resuelto, y que también tuvimos una dificultad cuando nos tocó revisar una radio de Rapa Nui. Exactamente, sí. Todas estas cuestiones, por cierto, deben ser discutidas; este es el mejor lugar para hacerlo. Sin embargo, indudablemente creo que hay mucha propaganda que dice que vivimos en un país sin libertad de expresión, porque solo hay un sector de medios. Se supone que puede ser cierto, pero lo que creo es que la solución para el problema no puede ser una solución peor que el problema en sí. A mí solo me queda una duda de lo que he alcanzado a escuchar. ¿Qué tan vinculantes fueron las opiniones de ustedes? Porque llega acá un proyecto por urgencia, y yo de verdad suponía que había mucho más consenso. De las dos presentaciones, lo que veo es que hubo un trabajo, pero me queda la duda de cuánto de ese trabajo, del aporte que ustedes hicieron, fue vinculante para traernos el proyecto tal cual nos llegó. Pero aquí habrá un debate por delante extenso y largo, así que a la vuelta de marzo seguramente la nueva administración verá si continúa o no con las urgencias de este proyecto, o si hay posibilidades de cambios más profundos para poder consensuar de mejor manera. Muchas gracias por su presentación. ¿Quién tenemos ahora? Don Óscar Cabello. Le pido que tome asiento y escuchamos su presentación. Señor Presidente, buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación para entregar mi opinión sobre este proyecto. Brevemente, para quienes no me conocen, soy ingeniero eléctrico, mi especialidad son las telecomunicaciones y también tengo algo de experiencia en la parte de energía. Llevo muchos años trabajando en la industria de las telecomunicaciones y me imagino que por esa condición me invitaron a dar mi opinión. Si me dieran quince minutos, tengo un pequeño análisis de contexto que es interesante para ustedes. Como antecedente, la Ley de Telecomunicaciones vigente, la N° 18.168, define cinco tipos de servicios: libre recepción o radiodifusión, que es el que nos convoca; servicios públicos, como la telefonía móvil y el acceso a Internet; servicios limitados, que son servicios para empresas; servicios de aficionado o radioaficionados; y servicios intermedios, que son servicios de apoyo a los demás servicios. Aparte de estos, la ley también define los servicios complementarios, que se prestan libremente sobre los servicios públicos y que no requieren autorización, aunque Subtel sí los puede normar. Asimismo, dentro de lo que es radiodifusión, la ley reconoce actualmente como una subcategoría a los servicios de radiodifusión de mínima cobertura, que fueron mejorados y perfeccionados con la Ley N° 20.433, que es la ley de radiodifusión comunitaria ciudadana. La radiodifusión sonora emplea muchas bandas, pero hay dos que son las más importantes: la radiodifusión AM, que está entre 540 y 1600 kHz, que es la onda larga o media, y la FM, que hoy día va de 76 a 108 MHz. Es importante tener presente que esta banda, hasta hace pocos años, iba de 88 a 108, y al despejarse la televisión, que se trasladó a otra banda, se pudo ampliar la banda de FM. Ahora, es relevante señalar que este nuevo rango de 76 a 88, que se está agregando, muy pocos receptores hoy día lo tienen disponible, ya que los receptores que tenemos en el país son modelos que se venden todavía y tienen entre 5 y 15 años, limitándose al rango antiguo de 88 a 108, sin incluir la parte nueva. El proyecto de ley exige que los nuevos receptores que se vendan en el país incorporen esta parte. Bueno, el proyecto de ley es...