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El ejecutivo de CONAF informa sobre las condiciones de una eventual declaración de interés científico para extender el área de prohibición minera en el sector del Parque Nacional La Campana y adjunta un anexo con un informe. En cuarto lugar, se presentan varios oficios informando sobre los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Aguas, junto con los documentos respectivos. En quinto lugar, se recibe un correo del jefe de la bancada de Renovación Nacional, en el que se informa que en esta comisión el diputado don Jorge Rathgeb reemplazará a la diputada María Luisa Cordero en la sesión del día de hoy.
Eso es todo, presidente. Me gustaría tocar un tema relacionado con la situación en la región de Ñuble, donde ocurrieron los últimos incendios. Gran cantidad de las familias afectadas son de sectores rurales; algunos se abastecen por punteras y otros por comités de agua potable rural. Por ello, propongo que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Obras Hidráulicas para levantar un catastro sobre cuántas familias han sido afectadas en este momento con el suministro de agua potable y cuáles son los principales requerimientos de dichas familias, ya sean cañerías o copas de agua, en el caso de las punteras.
Es fundamental conocer cómo está planificado enfrentar esta emergencia. Si podemos oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección General de Aguas y también a la Subdere, ya que ellos también generan abastecimiento a través de agua potable, los APR. Si no me equivoco, INDAP también genera algunos sistemas a través de las punteras. Si le parece al resto de los parlamentarios, podríamos solicitarlo no solo para Ñuble, sino también para Biobío.
En primer lugar, continuaremos con la discusión y votaremos en general el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para establecer un estándar mínimo de reducción de aguas no facturadas, correspondiente al boletín N° 17.872-33. Hoy nos acompaña el superintendente subrogante de Servicios Sanitarios, don Gabriel, y el jefe de área de estudios y normas, don Cristian Lillo. En representación de ANDESS asisten los señores Carlos Saavedra, Alejandro Montes y don Patricio Herrera.
Nos acompaña la secretaria del Consejo de Servicios Sanitarios Rurales y Comité de Agua Potable de Quebrada de Alvarado, la señora Macarena del Pilar Toledo. Partiendo en el primer lugar de la tabla, vamos a comenzar por la superintendencia. Don Gabriel, tiene la palabra, tiene el micrófono ahí detrás del computador y apretando el botón.
Gracias, presidente. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Vamos a poner la presentación. Señor presidente, hemos preparado una presentación en relación al proyecto de ley que se está trabajando para establecer un estándar mínimo respecto de las pérdidas o del agua no facturada. En primer término, me gustaría poner algunos elementos de contexto, ya que la opinión de la superintendencia, tras conversaciones con distintos equipos, se da dentro de un marco que considero importante para entender.
Lo primero es que, como sabemos, la prestación de los servicios sanitarios en el ámbito urbano se realiza bajo un marco regulado. Tenemos un régimen de concesiones que otorga a empresas la exclusividad de la prestación de los servicios en un determinado territorio, y esta exclusividad está asociada a una obligatoriedad de servicio. Estas empresas tienen no solo la obligación de prestar el servicio, sino también una serie de responsabilidades, como contar con un plan de inversión y cumplir con un estándar de calidad de servicio, el cual está sujeto a fiscalización.
En el caso específico del servicio de agua potable, los principales elementos de esta calidad de servicio regulada incluyen la calidad del agua, la continuidad del servicio y la presión del mismo. Esos son los factores fundamentales que menciono para aclarar que el estándar de aguas no facturadas o de pérdidas no forma parte de los estándares de calidad de servicio. Los estándares de calidad se relacionan con lo que el usuario percibe del servicio que recibe. Por lo tanto, puede haber variaciones en la cantidad de agua no facturada, pero la legislación no se pronuncia al respecto, siempre que el usuario mantenga la calidad y la presión del servicio.
Por otro lado, en el contexto de estas concesiones, se cobran tarifas a los usuarios, las cuales están reguladas. El procedimiento para determinar estas tarifas se basa en dos principios fundamentales. El primero es el autofinanciamiento, lo que implica que las tarifas deben cubrir todos los costos del prestador. El segundo principio es el de eficiencia, que establece que si una empresa presenta niveles de ineficiencia, ya sea en su inversión o en su operación, el proceso tarifario incluye mecanismos para que estas ineficiencias no se trasladen a los precios que deben pagar los usuarios.
En lo que respecta a las aguas no facturadas o las pérdidas, existen criterios de eficiencia que se utilizan tradicionalmente en los estudios tarifarios. En particular, se considera un 15% en el caso de las pérdidas en las redes, que es el concepto que nos convoca en esta discusión. Sabemos que las empresas pueden tener pérdidas superiores, pero todo exceso no se traslada a la tarifa de los usuarios, ya que el mecanismo de fijación tarifaria solo considera un 15% para determinar los costos que posteriormente originan la tarifa. Estos conceptos son importantes, ya que de alguna manera se establece una señal en la tarifa y lo que se esperaría es que...
La empresa debe ser lo más eficiente posible y ojalá se aproxime a esta señal tarifaria. En paralelo, es importante mencionar que contamos con un esquema de subsidios, dado que las tarifas reflejan los costos totales del servicio. La determinación de las tarifas no considera la capacidad de pago de las familias, y existe este esquema de subsidio que va en ayuda de aquellas familias que enfrentan dificultades para pagar la cuenta de este servicio. Actualmente, alrededor del 11% de las familias a nivel nacional se benefician de este esquema, lo que refleja, en términos generales, los principales pilares en los que se basa la legislación de este sector.
Es fundamental entender de qué hablamos cuando nos referimos a distintos conceptos, como aguas no facturadas, aguas no contabilizadas y pérdidas físicas. Este esquema que ustedes ven aquí, que seguramente encontrarán en la literatura, es un modelo que ha sido internacionalmente consensuado y que refleja el balance de agua que tiene una empresa o un sistema de agua potable. La empresa capta una cantidad de agua y produce una cantidad de agua potable, y pueden ocurrir diversas situaciones.
En primer lugar, si se observa la segunda columna, hay un consumo que está autorizado, que produce la empresa y que, en términos generales, corresponde al consumo de los clientes, de los usuarios, de las familias. También hay pérdidas de agua, que es la primera distinción que se puede hacer: se trata de agua potable que se produce, pero que no llega a los consumos a los que está destinada. Dentro de los consumos autorizados, si se revisa la siguiente columna, se encuentran los consumos de viviendas, familias, industrias y distintas instituciones conectadas a la red que consumen agua. La mayor parte de este consumo es facturado y está asociado a la tarifa de la que hemos hablado, pero también existen consumos o usos que están autorizados y que eventualmente no están facturados, como el uso para el combate de incendios y los usos operacionales, que requieren el consumo de agua potable para el propio sistema. Todo esto está autorizado, pero no se asocia a una facturación.
Por otro lado, tenemos las pérdidas que llamamos pérdidas aparentes, que se relacionan con consumos no autorizados. Hay una incidencia importante, por ejemplo, en los campamentos, y también surgen problemas relacionados con la medición. Muchas veces, el medidor de agua potable en nuestras viviendas no registra todo el consumo, lo que genera diferencias. Estas diferencias de consumo, asociadas a errores de medición, también se reflejan en esta estadística. Finalmente, están las pérdidas reales, que son el grueso donde se espera que la empresa sanitaria actúe y reduzca, asumiendo así su responsabilidad.
La metodología que se aborda para tratar este tema apunta a determinar cuál es la parte que la empresa debe gestionar y, sobre esa base, comenzar a establecer metas y plazos. Dentro de este concepto de balance, observamos las aguas no facturadas, que he destacado, y las aguas no contabilizadas, que son los indicadores más tradicionales que ha venido publicando la superintendencia en los últimos tiempos, especialmente las aguas no facturadas. Por lo tanto, tenemos un indicador que muestra un cierto nivel, pero que aún requiere un mayor afinamiento para entender bien la realidad y apuntar exactamente hacia lo que se desea reducir o gestionar.
En cuanto al indicador de aguas no facturadas en el último tiempo, se observa que hay un valor bastante estable, en torno al 33%. Ha habido años con algunas alzas y bajas, pero no muy significativas, por lo que podemos concluir que se mantiene en un nivel relativamente estable. El propio superintendente ha comentado que el sector sanitario chileno tiene muchas cuestiones que abordar.
Se siente muy orgulloso de los logros alcanzados, especialmente en términos de cobertura y avances en saneamiento. Sin embargo, el nivel de aguas no facturadas representa uno de los desafíos más significativos que, como sector, tanto la superintendencia como las empresas deben abordar para reducir estos niveles.
Esto se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, las empresas tienen un deber de eficiencia para generar menores costos. Aunque la tarifa no reconoce todos estos niveles de pérdidas, que rondan el 30%, sí reconoce niveles más eficientes. Esto implica una pérdida económica asociada a dichas pérdidas. En segundo lugar, estamos enfrentando una condición hídrica compleja en numerosos sistemas, lo que nos obliga a todos a ser más eficientes, especialmente en aquellos sistemas más afectados por la escasez hídrica.
A nivel mundial, el promedio de pérdidas de agua se sitúa entre el 30% y el 35%. En este contexto, el caso chileno no se destaca, a diferencia de otros indicadores. Sin embargo, existen países líderes que han logrado reducir sus niveles de pérdidas a un 10% o menos, lo cual se considera un estándar de liderazgo mundial y es un referente que estamos observando como inspiración para Chile. Al examinar cómo se pueden alcanzar esos niveles, se encuentran diversos factores y elementos que deben ser considerados.
La superintendencia ha mostrado preocupación por este tema desde hace tiempo. En 2021, se realizó un estudio para definir un estándar en la determinación de aguas no facturadas y el balance de aguas, lo que llevó a generar instrucciones para el sector sanitario con el fin de complementar su medición. Se instalaron numerosos macromedidores, que se presentarán en la siguiente lámina.
Además, se llevó a cabo un segundo estudio con el objetivo de analizar experiencias internacionales y proponer estándares de aguas no facturadas y pérdidas que el país podría alcanzar. En 2023, se realizó un análisis crítico para cada una de las empresas, con el fin de determinar el balance de agua y diseñar un concepto de cálculo adecuado. En nuestra primera aproximación a las aguas no facturadas, hemos identificado déficits de medición que se están abordando.
Dentro de las instrucciones emitidas por la superintendencia, lo primero es tener claridad sobre la magnitud del problema y su ubicación. Para ello, se instruyó un plan de macromedición que ha sido completado recientemente, asociado a inversiones significativas por parte de las empresas sanitarias. Esto ya está ejecutado, lo que nos permite contar con un estándar de medición más afinado para diagnosticar el problema.
Este proceso no solo implica la instalación de medidores en lugares específicos del sistema, sino también la implementación de un sistema de certificación y contrastación para asegurar que estos equipos midan correctamente. Asimismo, hemos establecido requerimientos de información periódica a las empresas sanitarias, en particular en dos áreas: el uso de fuentes de agua y la información de facturación. Estos requerimientos han sido estudiados para ser reformados, con el fin de identificar los distintos aspectos del balance de agua y entender mejor nuestra situación actual.
Los indicadores resultantes nos permitirán determinar con mayor precisión los niveles de pérdida y construir balances de agua que cumplan con estándares internacionales, facilitando así una mejor comprensión del problema.
Lo quise mencionar porque el superintendente también lo dijo en una presentación anterior. Hay una serie de medidas que se han incluido, por ejemplo, en los nuevos procesos tarifarios, que desde el proceso tarifario de Esval y el de Aguas Andinas, que son los más recientes, establecen una nueva categoría dentro de las atenciones de emergencia relacionadas con la filtración en vía pública. Muchas veces observamos una fuga visible en la vía pública, y eso no estaba catalogado como una emergencia; es decir, la empresa podía resolverlo en sus tiempos, de acuerdo a su criterio. Ahora se está fijando un estándar para la atención de estas emergencias, de modo que esas aguas no estén corriendo por la calle. Si bien quizás no es la parte más significativa del tema de las pérdidas, es importante destacar.
Entrando más en materia respecto del proyecto, como superintendencia consideramos que hay múltiples factores que determinan las aguas no facturadas y no contabilizadas. Por lo tanto, cualquier iniciativa que se quiera abordar en esta materia debe considerar este conjunto de factores. Por ejemplo, uno de ellos es la calidad de los materiales utilizados para construir nuestras redes. Es importante entender que, dentro de las obligaciones de las sanitarias, existe la obligatoriedad de servicio, lo que implica dar factibilidad a las urbanizaciones, pero las redes son construidas por los urbanizadores y no por las sanitarias. Esto plantea un desafío en cuanto a la revisión de la infraestructura y la certificación de los materiales, aspectos que inciden en el resultado final en términos de agua no contabilizada o no facturada.
Otro factor relevante es la concentración de las viviendas. El indicador de aguas no facturadas es entendible para el público en general, pero no necesariamente es el más adecuado desde un punto de vista técnico. En muchos lugares se recomienda utilizar la cantidad de agua perdida por kilómetro de red, lo que proporciona una perspectiva más precisa que el porcentaje de pérdida en un sistema. Esto se relaciona con la concentración de las viviendas, ya que un sistema con el mismo número de usuarios pero con redes más largas tendrá dinámicas de pérdida distintas.
Las presiones del servicio son fundamentales y afectan significativamente las cantidades de pérdidas. Muchas de las acciones que se toman en las empresas están relacionadas con la gestión de estas presiones. Además, los consumos no autorizados juegan un rol importante en estos índices. En Chile, enfrentamos un aumento de poblaciones en campamentos, lo que genera una presión considerable sobre los sistemas, y la gran mayoría de esos consumos son aguas no facturadas, lo que incrementa el indicador que publica anualmente la superintendencia.
También es relevante considerar la sismicidad de los territorios, ya que esta condición puede afectar las aguas no facturadas. En definitiva, son muchos los factores que explican los niveles de pérdida. La gestión de las empresas sanitarias es uno de los elementos fundamentales que influye en los niveles de agua no facturada.
Al abordar un objetivo de reducción de estas aguas no contabilizadas, es necesario considerar diversas variables, como los plazos para implementar acciones y cómo se financiarán estas iniciativas. También es crucial evaluar los efectos tarifarios que esto tendrá en la población y los criterios de focalización que se utilizarán, priorizando aquellas áreas con mayores problemas de disponibilidad de recursos en comparación con otras donde la situación no es tan crítica.
Digamos, de recurso hídrico. Por lo tanto, hay muchas cosas que uno tendría que considerar. Como superintendencia, estamos convencidos de que debemos buscar una alternativa que equilibre estos distintos factores, sin tomar uno de ellos y mirarlo de manera aislada.
Algunos elementos técnicos que se pueden comentar son que existe un cierto nivel de pérdidas inevitables de agua; es decir, no existen las pérdidas cero. En realidad, el concepto es que hay una pérdida eficiente. Llega un momento en que, efectivamente, va a ser demasiado oneroso llevar el sistema a una pérdida cero, y por lo tanto, lo que interesa es aproximarse al nivel de pérdidas más eficiente para un sistema. Hacia allá van las recomendaciones internacionales.
Otro concepto importante a mencionar es que hay un crecimiento natural de las pérdidas desde que una red se instala. Comenzamos con un cierto nivel de pérdidas al inicio del sistema, y estas irán aumentando con el tiempo, de acuerdo a una serie de factores que se pueden observar, como las variaciones de presión, el desgaste, la antigüedad, eventuales variaciones en las presiones, el tipo de suelo, la sismicidad, etcétera. Esto significa que el hecho de mantener un nivel de pérdidas más o menos estable también requiere un esfuerzo inicial; no es algo que se dé naturalmente, ya que lo habitual es que las pérdidas crezcan.
Con todo esto en mente, ¿cuál ha sido la apuesta de la superintendencia? En junio de 2024 se firmó un acuerdo con muchas empresas sanitarias, la mayoría agrupadas en la Asociación Gremial Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS), que hoy día no nos acompaña, pero también varias empresas que no forman parte de esta agrupación gremial suscribieron el convenio, incluyendo varias concesionarias, como ESMAPA, que es municipal. Este plan propone un enfoque concreto para implementar acciones que permitan reducir los valores que han permanecido estancados en el tiempo.
¿Qué contempla este plan? Primero, hay una priorización de los sistemas. Se están priorizando aquellos que están en localidades que enfrentan problemas de escasez hídrica, así como aquellos sistemas que presentan pérdidas muy altas. Esto nos da un total de 154 localidades de las casi 400 que hay en Chile, correspondientes a 137 sistemas productivos. Se establecieron metas de mediano y largo plazo: una meta de mediano plazo de reducir las pérdidas a un 28,8% y una meta de largo plazo de un 25%.
Actualmente, estamos en mesas de trabajo que analizan en detalle cómo abordar este tema. Hay aspectos relacionados con la materialidad; como se mencionó, continuaremos autorizando los mismos materiales y certificaciones. También hay una mesa que se ocupa de los campamentos, que tiene una incidencia significativa en estos indicadores. Este es un tema que considero mucho más amplio que el sector sanitario, que incluye tanto a las empresas sanitarias como al regulador. Asimismo, hay una mesa trabajando en el tema de financiamiento y cómo esto se considerará desde el punto de vista tarifario. El objetivo es equilibrar estos factores para encontrar una solución adecuada que genere el menor impacto posible en las familias, al mismo tiempo que nos permita alcanzar las metas establecidas en este acuerdo.
En concreto, una de las cosas importantes en las que debemos avanzar es la conformación de los DMA, que es una sigla en inglés que se refiere a sectores de red. Estos sectores estarán aislados y permitirán determinar las pérdidas en cada uno de ellos. Esto requiere un aumento significativo de la infraestructura para gestionar adecuadamente este problema. Este es un estándar mundial y es un tema en el que debemos avanzar.
La mayor cantidad de esfuerzos de inversión se debe realizar a partir de la realidad de cada uno de estos sectores. Inician así las acciones relacionadas con la gestión de presiones y la gestión de la información, dado que los consumos van variando. Al gestionar la información, podemos identificar cuáles sectores están más comprometidos, revisar su materialidad y llevar a cabo una gestión activa y focalizada de las fugas. Asimismo, es fundamental abordar el tema de los campamentos, que son parte de las acciones concretas necesarias para reducir las aguas no facturadas.
Existen casos internacionales que estamos observando, como el de SEDAPAL en Perú, que cuenta con el apoyo de Japón y ha tenido un avance significativo en este ámbito. Esto nos confirma, de alguna manera, las acciones que debemos implementar en la práctica. En Chile, también hemos tenido casos exitosos en localidades como Cabildo, La Calera, Ovalle y Aguas Santiago Poniente, donde se ha realizado un recambio masivo de los arranques, que son las conexiones desde la red hasta los domicilios y que concentran una parte importante de las pérdidas.
A nivel internacional, también estamos analizando ejemplos de Alemania, Países Bajos, Australia y Japón. En conclusión, la reducción de estos indicadores y de las pérdidas en general requiere la implementación de una gestión integral. Por un lado, es necesaria la gestión de presiones, pero también debemos abordar otros temas. Actualmente, las pérdidas superan el 15%, que es el nivel establecido como eficiencia en los procesos tarifarios. Para avanzar, es imperativo realizar inversiones, lo que conlleva un costo que debe ser manejado con cuidado, ya que afecta el bolsillo de todas las personas.
Es fundamental avanzar en un mejor modelamiento hidráulico, sectorizar las redes con DMA y disponer de datos más confiables. Ojalá, dado que esto tiene un costo, las inversiones sean lo más focalizadas posible para obtener los resultados esperados. En definitiva, debemos buscar un esquema que equilibre estos distintos factores: los costos y los beneficios, especialmente en sistemas ubicados en zonas de escasez hídrica. En ese sentido, consideramos necesario explorar cómo abordar esta situación.
Muchas gracias, don Gabriel. Si hay dudas o consultas, no sé si quien lo acompaña, don Cristian, va a exponer también.
Agradezco al presidente y a las personas que están exponiendo de las respectivas reparticiones. Me parece un muy buen proyecto; el agua debemos cuidarla, y las filtraciones que esto provoca en diversas partes de nuestro país son bastante graves. En términos generales, estoy disponible para apoyar, pero quiero dejar constancia de que, lamentablemente, cuando se traducen estas responsabilidades, que considero adecuadas, suele ocurrir que las empresas terminan trasladando estos costos a los consumidores, usuarios o ciudadanos. Por lo tanto, hay que poner mucha atención.
Vamos a mejorar toda nuestra red, realizar más pruebas de humo y generar mayores escuadrones para revisar las poblaciones y las villas, ya que existen numerosas anomalías. Sin embargo, la boleta sube, y eso sería una medida lamentable que afectaría a las familias que ya enfrentan problemas con el agua y la luz. Hay una relación directa en ese proceso que no podemos aceptar. Por lo tanto, es crucial prestar atención a través de usted, presidente de la comisión, y a las personas que están elaborando este proyecto, que no debe ser solo un esfuerzo de buena fe.
Hay que resguardar que si alguien tiene el monopolio del uso de las aguas, estas no pueden despilfarrarse. Es fundamental que su protección llegue como corresponde a cada hogar, a una empresa, donde sea, y que no terminen pagándola los mismos usuarios. Muchas gracias, presidente.
Diputado Pino, presidente, más que nada pido si podemos escuchar también a Andes, por motivo de la discusión, para hacer más clara la conversación. ¿No hay más dudas o consultas? Pasamos a Andes. ¿Quién partiría ahí?
Señor presidente, muy buenos días. Mi nombre es Patricio Rada, soy el gerente de estudios de ANDES, que es la agrupación de empresas de agua potable y saneamiento del país que presta servicios sanitarios en las ciudades de Chile. Lo primero que quiero, por su intermedio, señor presidente, es excusar a la presidenta de ANDES, la señora Lorena Schmitt, quien por fuerza mayor no nos puede acompañar hoy.
En segundo lugar, quisiera, antes de darle la palabra a los especialistas que hoy me acompañan, don Carlos Saavedra y don Alejandro Montes, destacar algunos aspectos relevantes, tal como lo plantea hoy la superintendencia en esta mirada sectorial que incluye tanto al regulador como a las empresas sanitarias. La eficiencia hidráulica en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a la población está en el centro de nuestra preocupación.
Es fundamental gestionar 42.000 kilómetros de redes de agua potable para llegar a 6 millones de hogares. Estos 42.000 kilómetros equivalen a dar siete veces la vuelta a la Tierra, lo que representa un desafío diario. No es lo mismo prestar el servicio en una ciudad como Valparaíso, donde la topografía es muy distinta a una ciudad como Santiago o Osorno, lo que significa que las soluciones para abordar este desafío de disminuir las pérdidas requieren considerar características locales.
No existe una receta única para enfrentarlo. En nuestras conversaciones con otras empresas sanitarias de la región, de América y del resto del mundo, hemos identificado que una de las tres principales preocupaciones es reducir las pérdidas en las redes de agua. Este no es solo un tema local, es un desafío global. Hoy, en un escenario de escasez donde cada gota cuenta, todos los esfuerzos deben estar asociados a buscar esa eficiencia hidráulica.
Quiero destacar que, en esta mirada internacional, al igual que lo ha hecho la superintendencia, las empresas hemos estado observando cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial. El éxito que se puede observar en algunos países, como se mostró en la presentación anterior, se basa en tres pilares. Primero, en medir; no se puede gestionar lo que no se mide. Por lo tanto, el trabajo del regulador de incentivar la instalación de macromedidores en las redes busca precisamente eso: medir para poder gestionar.
Segundo, el largo plazo. Estos no son desafíos que se pueden lograr en cinco, diez o quince años; hay países que han alcanzado importantes estándares en un periodo de hasta cincuenta años. Tercero, es fundamental considerar cómo se financian este tipo de actividades. No importa si la empresa es privada, pública o si se trata de una alianza público-privada; hay una serie de acciones tecnológicas, instalaciones y la transmisión de información que deben ser revisadas e incorporadas en la modelación de estos servicios sanitarios.
En ese sentido, adherimos a la postura de la superintendencia de que esta mirada sectorial, a través del desarrollo de una hoja de ruta que establezca metas a mediano y largo plazo, es un buen instrumento para abordar con la realidad nacional este desafío de las pérdidas de agua. Por último, señor presidente, es importante destacar que no existe un número mágico para esto. Cada sistema, cada servicio de abastecimiento tiene un número óptimo al cual debiera aspirar, y a partir de ese número se deben desarrollar las acciones necesarias para seguir buscando esta eficiencia en un contexto que es muy particular en nuestro país. Las empresas sanitarias, en conjunto con la autoridad, a través de esta hoja de ruta, estamos disponibles para avanzar en esta dirección.
Nosotros no podemos solos. Acá se habló de materiales, se habló de instalaciones. O sea, estas son varias palancas que hay que mover y nosotros estamos disponibles, y eso es lo que justamente ahora nuestros especialistas nos van a compartir en una presentación. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien. Primero que todo, muy buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Mi nombre es Carlos Saavedra, soy ingeniero civil de profesión, con treinta años de experiencia profesional. He sido docente de la Universidad Santa María y de la Universidad Católica, justamente en esta misma área, hidráulica sanitaria, y me ha tocado también ser parte de comisiones de expertos que dirimen discrepancias entre el sector sanitario y la superintendencia.
Por lo tanto, esta presentación la hemos preparado con un poco de perspectiva histórica sobre cómo ha evolucionado el sector y cómo ha cambiado positivamente a juicio nuestro en los últimos cinco o seis años. Es importante para toda la gente que no está tan familiarizada con esto que se entienda que la pérdida de agua se explica por múltiples factores. El primero, obviamente, es la materialidad de las redes y las conexiones que van hacia las casas desde las matrices. La materialidad es relevante, y los casos de éxito que hay en el mundo avanzan mucho en ese sentido, lo veremos más adelante.
Lo segundo son las condiciones de operación. Chile, con su geografía, presenta grandes desafíos. Es muy distinto operar en localidades como Valparaíso o Iquique, con diferencias de cota importantes, que en localidades como Casablanca, donde la topografía es más plana. Esto requiere exigencias y maneras distintas de enfrentar la problemática del abastecimiento de agua potable.
La sismicidad también es un factor a considerar. Sabemos que una cosa son los temblores que uno siente y otra cosa es la estadística que muestra que siempre hay actividad sísmica. Las redes y tuberías sienten esta condición, que no genera problemas importantes, pero sí las somete a un estrés estructural distinto al de otros países que no son sísmicos.
Obviamente, la gobernanza y la capacidad de financiamiento son relevantes. Creemos que todo termina en una definición de estándar. Cuando uno define un estándar, define exigencias y cambios normativos, lo que muchas veces genera costos. La pregunta es: ¿quién paga esa cuenta? ¿Quién asume el aumento de estándares? Como dijo Patricio, gran parte de las redes no las construyen las empresas sanitarias, sino los urbanizadores. Si aumentamos la norma de exigencia en los materiales, el urbanizador traspasará ese costo a los hogares, y, en última instancia, siempre hay alguien que paga esta cuenta.
Por lo tanto, compartimos que hay que ser muy cuidadosos en cómo se aborda la gobernanza y la capacidad de financiamiento, si como sociedad definimos que el estándar debe ser mayor al que tenemos hoy. El entorno socioeconómico y cultural es, sin duda, relevante. Es importante detenerse en el tema de los campamentos, el tema de lo ilícito y el robo de agua que efectivamente existe en la sociedad.
Como mencionó Patricio, no existe una receta única. Dada la complejidad del fenómeno, se requieren múltiples acciones para cada sistema. Las condiciones topográficas, los sismos, la compleja topografía de las ciudades y el estrés estructural permanente son factores que las tuberías sienten, a diferencia de otros lugares. La condición de contexto, el tema de los asentamientos y campamentos son temas integrales, no solo relacionados con la industria sanitaria.
Las razones por las cuales existen pérdidas de agua son multifactoriales, y también las soluciones tienden a ser multisectoriales. Ajustes legales y normativos, como las normas de materialidad, son relevantes al momento de abordar la reducción de pérdidas. Además, debemos considerar cómo resolver como país el tema de los campamentos, donde hay lugares que, según fotos satelitales, muestran que el campamento llega a ser un tercio de la superficie.