¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 20 de enero, cinco minutos nos separan de las diez de la mañana de esta jornada aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Como es habitual, el día martes es un día de intenso trabajo en comisiones y, por supuesto, lo que va a suceder en breves instantes en la sala de nuestra corporación. La sesión número 113 ha concluido.
De la presente legislatura, y como ha sido habitual en los últimos días, se presenta una tabla bastante extensa que los invito a revisar de inmediato en pantalla. El Senado ha abordado un proyecto que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales. En segundo término, se discutirá una moción que busca regular la identificación y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades en el sistema educativo. Como tercer punto, se presenta una moción que establece un permiso laboral especial para realizar exámenes preventivos de cáncer gástrico.
Los puntos cuatro y cinco buscan eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en ciertos casos. Asimismo, se propone prohibir la subcontratación de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional y, en el sexto lugar, se plantea homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de horas lectivas y no lectivas. Además, se incorporarán tres nuevos puntos como agravantes a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, se buscará mejorar la participación de los directorios de las comunidades de agua y se facultará a los administradores de condominios para emitir certificados de residencia.
Estos son los diversos puntos que se analizarán en esta jornada en la sala de sesiones. Como es tradición, los invitamos a revisar la información relativa a esta labor en nuestros portales, como cámara.cl y en el centro de prensa, donde se encuentran los enlaces a nuestros canales de YouTube e Instagram, así como el ex arroba cámara guion bajo CL, donde se puede recibir toda la información. También está disponible la página del canal donde se pueden ver noticias de prensa y conferencias en vivo de las y los parlamentarios, así como la radio de la Cámara, donde se puede sintonizar y acceder a material de interés tanto cultural como legislativo.
Entrando en materia, las modificaciones del Senado al proyecto que refunde un mensaje y mociones sobre convivencia, buen trato y bienestar de la comunidad educativa tienen como objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Este es el primer punto que se abordará.
En este contexto, el Senado propone que es deber del Estado promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria, así como proponer medidas y orientaciones para erradicar todos los tipos de acoso, violencia y actos de discriminación entre los integrantes de las comunidades educativas. Asimismo, se promoverá el bienestar socioemocional, el aprendizaje y la educación integral en dichas comunidades, propiciando el desarrollo de medidas y orientaciones para la protección de los entornos de los centros educativos.
Respecto a lo que deben hacer los profesionales de la educación, la ley actual establece que tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, así como a que se respete su integridad física, psicológica y moral. El Senado propone modificar este artículo para que se garantice que los profesionales de la educación trabajen en espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se respete su autoridad pedagógica y se resguarde su integridad. En suma, el artículo quedaría establecido de la siguiente manera: los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, así como en espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se respete su autoridad pedagógica y se proteja su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
Los asistentes de la educación también se incorporan a esta precisión de que tienen derecho a trabajar en espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se respete su autoridad como asistentes de la labor pedagógica y se resguarde su integridad física y moral, como se menciona en el artículo anteriormente citado.
Otra disposición que incorpora el Senado señala que son deberes de los equipos docentes y directivos liderar los establecimientos a su cargo sobre la base de sus responsabilidades y desarrollarse profesionalmente. Además, se promueve en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas y el respeto a todas las normas del establecimiento. Asimismo, el Senado agrega que se desarrollarán en las aulas instancias de aprendizaje socioemocional que reconozcan y atiendan las necesidades emocionales individuales y grupales de los estudiantes.
Es importante consignar que, si estas modificaciones son ratificadas en los mismos términos por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto culminará su tramitación legislativa, quedando en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como una más de las leyes de nuestra República.
Como se mencionó, la Cámara, si el tiempo lo permite, recordando que son 120 minutos los dedicados al orden del día, procederá al tratamiento de los proyectos de ley. Se dará paso a un segundo proyecto, cuyo informe ya fue rendido, que aborda a los antiguamente denominados niños superdotados, que actualmente se conocen como niños con altas capacidades. Este proyecto busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión de personas identificadas con altas capacidades y/o potencial de talento, eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo un abordaje integral de dichas capacidades en el ámbito educativo, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios legales o normativos y de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
A continuación, se presentará el segundo informe relativo a los exámenes preventivos de cáncer gástrico.
Ahora conectamos con la sala de sesiones. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 102 se declara aprobada. El acta de la sesión 103 queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la cuenta.
Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos:
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos:
- El que impone a los establecimientos comerciales la obligación de entregar un servicio gratuito de agua potable ordinaria para el consumo de sus clientes.
- El que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERN, suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo de 2025.
- El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural.
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización.
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores.
Informe de la Comisión de Personas.
Mayores y Discapacidad. Recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para eximir al Servicio Electoral del deber de denunciar a personas postradas y electrodependientes por incumplimiento de la obligación de sufragar. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Martínez, Boadilla, Coloma, Lila Yáñez, Ramírez don Guillermo, Sulantay y Teao, y de las diputadas señoras Pérez, doña Marlen, Romero, doña Natalia e Ibáiz, que prohíbe el ingreso, registro y uso de redes sociales a personas menores de 16 años de edad. Finalmente, un proyecto iniciado a moción de los diputados señores Maya y Mirosevic, que modifica la Carta Fundamental para declarar feriado para la región de Arica y Parinacota el día siguiente a la celebración del Carnaval Internacional Andino con la Fuerza del Sol Inti Ch'amampi.
Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, prosecretario.
Sobre la cuenta, puntos varios. No hay varios, presidenta. Sobre la cuenta, la diputada Ahumada tiene la palabra. Sobre la cuenta o punto de reglamento, perdón. No sobre la cuenta. Reglamento. Es para solicitar el traspaso de un proyecto de una comisión a otra. Tiene que solicitarlo por escrito, dice el secretario, y se da cuenta en la sesión.
Diputado Manucheri, punto de reglamento. Gracias, presidenta. Para solicitar que el proyecto número 6 pase primero por la Comisión de Constitución. ¿Hay acuerdo, entonces, que el punto 6 de la cuenta pase a la Comisión de Constitución? No hay acuerdo. En votación.
Han votado todos los diputados y diputadas. Resultado de la votación: por la afirmativa, 19 votos; 40 en contra; 5 abstenciones. Rechazada la solicitud del diputado.
Iniciando el orden del día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mociones y mensajes refundidos sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, correspondiente a los boletines número 16781-04, 16881-04 y 16901-04. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Carolina.
Diputada Carolina Tello. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Creo que es un momento importante poder estar en este trámite que esperamos pueda ser despachado a ley de la República en relación a una temática que es muy sentida en la región que represento, la región de Coquimbo, el Distrito 5. Quiero recordar que este proyecto de ley, respecto de los cuales se han fusionado tres, soy autora de uno que busca dar voz y fuerza a un grupo de estudiantes, la voz del estudiante que lamentablemente vio fallecer por un suicidio a una compañera de curso de tan solo trece años. De ahí surgió la motivación de, con fuerza, venir a contar la historia tanto a la Comisión de Educación de esta Cámara como al Ministerio de Educación y en diversas instancias en las cuales las mismas alumnas pudieron proponer varias de las normativas que quedan incorporadas hoy día en esta ley. Creo que ha sido un ejercicio de participación ciudadana, un ejercicio de dar voz a las y los estudiantes y servir para lo que estamos mandatados, que es dar solución a una temática que, lamentablemente, surge semana a semana. Debemos abordar con fuerza y dar las herramientas para que los niños, las niñas y las comunidades educativas puedan desarrollarse de manera integral, normal y tranquila, y puedan ser personas que, en definitiva, salgan con seguridad y tranquilidad a desenvolverse en los espacios públicos el día que puedan también trabajar y ejercer sus profesiones, contribuyendo a construir una sociedad mejor. Este proyecto sienta las bases de aquello. Se ha hecho un trabajo muy importante, participativo, y quiero felicitar a quienes tuvieron la fuerza de luchar para poder tener hoy día esta ley, que es para ustedes. Francisca y todas tus compañeras que estuvieron presentes aquí en este espacio, hoy día vemos por fin una respuesta del Estado, una respuesta que fue patrocinada por el Ministerio de Educación, por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Espero que podamos tener hoy día la buena noticia de despacharlo como ley de la República. He dicho, muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Tello. Le otorgo la palabra entonces al diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero formular reserva de constitucionalidad del artículo primero, numeral décimo del proyecto que reemplaza el artículo 16E de la Ley General de Educación, el cual infringe el artículo 19, numerales 6, 10 y 11, y el artículo primero, inciso tercero de la Constitución, pues define el contenido de los reglamentos internos, afectando el ideario de los establecimientos educacionales. Este proyecto de ley sobre convivencia escolar, incluso tras las modificaciones introducidas por el Senado, presenta un enfoque que se autodefine como formativo, pero que en la práctica resulta tardío y mal orientado. La dimensión formativa solo cobra sentido cuando opera de manera preventiva, es decir, cuando busca anticiparse a los conflictos y disuadir conductas que afectan la convivencia. Sin embargo, el diseño del proyecto actúa principalmente como una respuesta posterior al conflicto, activándose una vez iniciado un procedimiento sancionatorio, lo que transforma la formación en un mero complemento retórico de un sistema esencialmente reactivo y punitivo. Uno de los problemas estructurales más relevantes es la decisión de elevar a rango legal el contenido mínimo de los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, materia que hasta ahora se regula mediante normas administrativas que son más flexibles. A ello se suma la obligación de incorporar mecanismos de gestión colaborativa de conflictos definidos también en la ley. Esta rigidez, estimados colegas, no solo reduce la capacidad de adaptación de los colegios a sus propias realidades, sino que termina homogenizando forzosamente un sistema que, por definición, es diverso. La convivencia escolar pasa así a estar excesivamente jurídica, con el riesgo de transformar conflictos educativos en problemas legales. Los datos de la superintendencia confirman que la convivencia...
La violencia escolar es el principal foco de denuncias de nuestro sistema, con una tendencia sostenida al alza desde el 23 al 25. La mayoría de los reclamos se relacionan con maltrato entre estudiantes, seguido por denuncias de discriminación y maltrato ejercido por adultos. Esta realidad exige políticas que sean inteligentes, preventivas y focalizadas. No obstante, el proyecto se limita a declaraciones generales sobre prevención sin establecer medidas concretas ni estrategias eficaces para abordar las causas profundas de estos conflictos, desaprovechando una valiosa oportunidad.
A ello se suma una grave falta de coherencia en materia de recursos. El proyecto implica un costo superior a los mil millones de pesos anuales para el Gobierno Central, destinados casi exclusivamente a fortalecer la estructura y capacidad de fiscalización del Estado. No existe financiamiento alguno para apoyar a los establecimientos en el cumplimiento de estas nuevas exigencias. Resulta especialmente crítico que se obligue a contar con equipos de convivencia profesionales especializados, a jornada completa y dedicación exclusiva, sin contemplar los recursos necesarios para su contratación, traslado y costos. El problema, entonces, lo asumen los colegios.
El aumento de la burocracia es otro de los nudos críticos de este proyecto. Aun cuando se han hecho modificaciones, la norma sigue igual. La fijación legal de contenidos mínimos para los reglamentos internos en materia de convivencia vulnera el principio de autonomía de los cuerpos intermedios. En lugar de confiar en la capacidad de las comunidades educativas para definir sus normas, el Estado opta por un enfoque centralista e intervencionista. A esto se suma la ambigüedad en la regulación del apoyo y orientación a los docentes para el ejercicio y protección de sus derechos, lo que abre la puerta a interpretaciones dispares y conflictos. Por estas razones, votaremos en contra.
Muchas gracias, diputado. A continuación, le otorgo la palabra a la diputada Alejandra Placencia, hasta por tres minutos.
Muchas gracias, Presidenta. Quiero partir hablando desde lo que ocurre en las propias escuelas, desde la experiencia diaria que tienen docentes, asistentes de la educación, estudiantes y sus familias. La convivencia escolar hoy día está más exigida que nunca, más que hace algunos años. Hay más conflictos, más desgaste de los equipos educativos y una sensación extendida de que muchas escuelas se están enfrentando solas a problemas que son sociales y no solo dentro del ámbito escolar. Durante mucho tiempo, la respuesta del Estado fue insuficiente o fragmentada. Se pidió a las comunidades educativas que resolvieran situaciones complejas sin apoyo permanente, sin equipos suficientes y sin una política clara de prevención.
Este proyecto de ley responde justamente a esa realidad. Lo que hace es poner la convivencia, el buen trato y el bienestar como parte del derecho a la educación, y no solo un tema secundario. Por eso, fortalece el rol del Estado y es muy valioso. A diferencia de lo que se ha dicho en intervenciones previas, se establecen planes de gestión de convivencia con estándares mínimos, se incorpora un sistema de monitoreo, se crea un programa de bienestar socioemocional y se reconoce el impacto que estos conflictos tienen en las escuelas y en el bienestar de los trabajadores de la educación, que hasta ahora ha sido invisibilizado.
Este proyecto prioriza la prevención, el diálogo y el acompañamiento oportuno. Busca que los conflictos se aborden antes de escalar, con apoyo profesional y con participación de las comunidades. Y cuando estas herramientas no son suficientes, el sistema sigue contando con medidas disciplinarias, que no se eliminan, pero dejan de ser la primera respuesta. Eso es lo que ordena este proyecto, Presidenta: una respuesta más justa, más eficaz y más responsable frente a la convivencia escolar. Hoy, la convivencia escolar se juega entre dos caminos: castigar cuando el problema ya explotó y no tiene solución, o prevenir, dialogar y acompañar a tiempo. Este proyecto elige lo segundo, sin negar las medidas disciplinarias cuando el sistema definitivamente ya no dio el ancho o falló. Fortalece a las comunidades educativas y pone el bienestar como parte del derecho a la educación. Por eso creo que este proyecto responde a una necesidad concreta de las escuelas y sus comunidades. Por eso llamo a la sala a aprobarlo.
Muchas gracias, diputada. A continuación, le otorgo la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Cicardini.
Presidenta, no existe mayor dolor para un padre o madre que ver sufrir a su hijo o hija, verlo acosado, rechazado o violentado solo por ser quien es. Ese dolor se vuelve aún más brutal cuando ocurre en el entorno escolar.
Bajo la pasividad, la incompetencia o directamente la negligencia de adultos responsables, mientras ese niño permanece en un lugar que debía protegerlo, como es la escuela, el espacio al que las familias confían lo más valioso que tienen. Pero hay algo todavía peor: perder a un hijo o una hija, empujado al suicidio por el acoso, con la complicidad por acción u omisión de una escuela o de un sistema que falló de manera inaceptable. Ese dolor lo vivió Marcela Guevara en el año 2019 en Copiapó, una madre que perdió a su hijo, José Matías, un joven trans, acosado, discriminado y abandonado sin la contención de su establecimiento, que estaba obligado a prestar esa protección.
Por eso, en 2020, junto a Marcela y sus hijas, ingresamos la Ley José Matías, un proyecto pensado para prevenir el acoso y educar para salvar vidas. Este proyecto tuvo respaldo transversal y contó con el compromiso explícito del presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del año 2022. Fue aprobado por esta Cámara, pero luego llegó al pantano de la irresponsabilidad de una comisión del Senado donde fue abandonado. Frente a ese bloqueo, en 2024, aceptamos que el gobierno incorporara elementos centrales de la Ley José Matías en un nuevo proyecto de convivencia escolar que esta Cámara volvió a aprobar. ¿Y qué recibimos hoy del Senado? Un proyecto debilitado, mutilado, despojado de herramientas básicas de prevención. Se elimina la obligatoriedad de comités escolares debidamente constituidos, exactamente lo que no existía en el caso de José Matías, como lo constataron la Superintendencia, la Fiscalía y la PDI. Se diluyen responsabilidades porque se reducen sanciones y se debilitan los equipos de convivencia escolar. En la práctica, se vuelve a abrir la puerta del incumplimiento y la impunidad.
Lamento que no esté el ministro de Educación, porque me duele que el gobierno no haya defendido con fuerza estos mínimos en el Senado. Pese a todo, no vamos a actuar con la pasividad que criticamos hacia algunos senadores y senadoras. Vamos a aprobar este proyecto porque, frente a la violencia escolar, algo de protección sigue siendo mejor que nada. Pero esto no es suficiente; no es el estándar que Chile necesita. Vamos a reimpulsar la Ley José Matías original porque el Estado no puede seguir llegando tarde para prevenir, proteger, educar y salvar vidas, y para que nunca más el sistema educativo vuelva a dejar caer a un niño o una niña como pasó con José Matías en la región de Atacama. He dicho.
Muchas gracias, diputada. A continuación, hasta por tres minutos, tiene la palabra la diputada Sara Concha. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto del artículo primero, numeral 10, del proyecto que sustituye el artículo 16E de la Ley General de Educación, por cuanto vulnera el artículo 19, numerales 6, 10 y 11, así como el artículo primero, inciso tercero de la Constitución, al regular excesivamente los reglamentos internos, afectando el proyecto educativo de los establecimientos educacionales, su autonomía y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En segundo lugar, Presidenta, creo que nadie puede estar en contra de la convivencia escolar, del buen trato ni del bienestar de las comunidades educativas. Eso es un punto de partida que compartimos todos en esta sala. Precisamente por esa convicción, resulta legítimo y necesario cuestionar esta iniciativa, tal como fue discutida en la Comisión de Educación y posteriormente también en el Senado. Durante la tramitación de este proyecto de ley, quedó en evidencia que, aun cuando el objetivo declarado del proyecto es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia, existen serias dudas respecto a su efectividad real y sus consecuencias prácticas en los establecimientos educacionales.
Se señaló reiteradamente que el proyecto sobrecarga a las comunidades educativas con nuevas obligaciones administrativas, protocolos y reportes, sin asegurar los recursos, ni el acompañamiento, ni tampoco la capacitación necesaria para la correcta implementación. En la Comisión se advirtió además que muchas escuelas, especialmente las públicas y las rurales, ya enfrentan dificultades estructurales, falta de personal especializado, y, por lo tanto, imponer nuevas exigencias sin fortalecer sus capacidades no mejora la convivencia, sino que más bien la tensiona aún más. También se expresó con preocupación por el enfoque excesivamente normativo y sancionatorio de la iniciativa. La convivencia escolar no se construye únicamente desde la ley ni desde la amenaza y sanciones. Varios senadores expertos plantearon que el proyecto corre el riesgo de judicializar conflictos propios del ámbito educativo, debilitando la autoridad pedagógica y la de los docentes, transformando la escuela en un campo de batalla.
Un espacio de constante vigilancia y temor a la denuncia. Finalmente, Presidenta, se advirtió que esta iniciativa traslada el ámbito educativo a conflictos sociales más amplios, sin hacerse cargo de sus causas estructurales. La violencia escolar no nace solamente en el aula, sino que también refleja realidades familiares, comunitarias y sociales. Por lo tanto, la crítica a este proyecto de ley no es una negación a la convivencia, sino todo lo contrario. Es la defensa de una convivencia auténtica, construida desde una educación que promueva el apoyo, la formación y el respeto a las comunidades educativas, y no desde la sobrecarga normativa ni desde la desconfianza. Muchas gracias, Presidenta.
A continuación, tiene la palabra el diputado Araya, quien solicita un punto de reglamento. Gracias, Presidenta. Buenos días. En el séptimo lugar de la tabla de hoy hay un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, el cual fortalece y perfecciona la ley 20.000 para el combate contra las drogas. Es un proyecto de iniciativa, una moción de los senadores Huenchumilla, Castro, Quintana y Ossandón, y le rogaría a usted que pudiera solicitar a la sala la unanimidad para votarlo con la mera lectura del informe, de manera que podamos avanzar en enfrentar este flagelo social que es el consumo problemático de drogas y el tráfico de drogas. Si la sala tiene a bien, podríamos avanzar en un tema tan importante para el país. Gracias, Presidenta.
¿Hay acuerdo para que el proyecto que plantea el diputado Araya sea votado sin discusión y solo con la rendición del informe? No hay acuerdo. Tiene la palabra a continuación la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, Presidenta. Otro de los flagelos que hemos vivido en las escuelas de nuestro país son las graves consecuencias de los problemas de convivencia escolar: riñas, ataques a profesores y profesoras, y asistentes de la educación. Por lo tanto, no le quitaría al menos la urgencia que tiene la discusión de este proyecto de ley, superponiendo otros proyectos en tabla. Hoy, cientos de niños, quizás miles, están quedando sin escuela a raíz de la catástrofe de los incendios en el sur. Esto también significa quedar sin casa; han perdido familiares, mascotas, y están inmersos en una tragedia descomunal.
Creo que es fundamental mencionar esto dentro de la discusión de este proyecto de ley, porque la escuela se trata de proteger y de alimentar a niños y niñas que muchas veces no cuentan con los recursos económicos necesarios. Este Congreso Nacional tiene el compromiso de acelerar la reconstrucción, sobre todo de las escuelas y de las zonas de miles de afectados en el sur del país, para poder brindar a estos niños y niñas el cobijo que necesitan. Este proyecto de ley lo estuvimos debatiendo durante meses en la Comisión de Educación. Y por qué digo meses, porque, tal como lo mencionaba usted, Presidenta, ha sido un proyecto que ha sido fusionado; incluso discutimos la ley de José Matías y distintas iniciativas parlamentarias que han estado abocadas a abordar los problemas de convivencia educativa.
Cuando discutimos este proyecto de ley, hacíamos mención a la necesidad de constituir consejos escolares con la opinión de toda la comunidad educativa, no solo del director. Muchas veces se nos dijo que los problemas de convivencia queríamos resolverlos con más democracia, que no se arreglaban así y que solo se solucionaban con más recursos. Este proyecto tiene recursos. Lo que le molesta a algunos, y a pesar de que el proyecto ya está mutilado, es principalmente el rol que hay, sobre todo para reglamentar estos reglamentos de convivencia escolar, que son de manera arbitraria y que muchas veces, por la sola idea que tiene el sostenedor sobre lo que debe ser la escuela, no cuentan con el reconocimiento o la colaboración de sus estudiantes o apoderados.
Esto ya lo debatimos en la Comisión de Educación. Cuando se hace una reserva de constitucionalidad, dijimos que se respetaba el derecho preferente de los padres. Sin embargo, aquí hay claramente una decisión de rechazar todo. No lo entendemos; el proyecto ya viene mutilado y es importante avanzar, al menos en algo. Muchas gracias.
La diputada Emilia Schneider tiene la palabra. Presidenta, llama mucho la atención que algunos digan que les importa la violencia en las escuelas, pero se opongan a este proyecto. Es claro que tenemos un problema con la convivencia, la discriminación y la violencia en las escuelas de nuestro país. En sus distintas manifestaciones, afecta gravemente a las comunidades, dañando a sus integrantes y vulnerando derechos. Es un hecho que las denuncias vienen al alza y que esto debe preocuparnos, pero, sobre todo, ocuparnos. Por eso, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó este proyecto. Además, leyes que se enfocan exclusivamente en la sanción, como Aula Segura, no han servido para nada, no han resuelto el problema y naturalizan la lógica de tratar a algunos niños, niñas y adolescentes como manzanas podridas. Yo no creo que lo sean, y creo que es un deber y una responsabilidad de la sociedad que no lo sean, que les demos oportunidades y un futuro posible. Por eso, creo firmemente que este es el camino: no seguir profundizando sanciones contra las y los estudiantes, que por lo demás ya existen.
En el debate de esta ley, me es imposible no recordar a Marcela Guevara, madre de José Matías, joven trans que se quitó la vida por el hostigamiento y la violencia que vivió en su establecimiento educacional. Ella depositó muchas esperanzas en el gobierno y en este Congreso, y le hemos fallado, porque llegamos tarde. Esta ley no es lo que esperábamos para proteger a la comunidad LGBTI en la educación, y porque, lamentablemente, para algunos sectores, sobre todo en la derecha, hablar siquiera de discriminación por orientación sexual, identidad de género u otra consideración simplemente está prohibido. Es increíble que a algunos no les incomode ni un poco que a un niño lo discriminen, que niños y niñas se quiten la vida, que adolescentes crezcan atormentados. Sin embargo, pese a todo, este proyecto da un paso en la dirección correcta. Se recoge la mención de las categorías protegidas de discriminación que está en la Ley de Garantías de la Niñez, que también protege a la diversidad sexual. Por lo tanto, voy a aprobar este proyecto, porque es urgente tener una política actualizada que entregue más herramientas para prevenir y combatir la violencia en nuestras escuelas, liceos y colegios. Pero lo hago con la firme convicción de que pudimos avanzar más en participación, en inclusión, en no discriminación, pero los conservadores de siempre tancaron la pelota. Por eso, no vengan después a decir y apuntar con el dedo que a ustedes les preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, porque cuando discutimos de una herramienta concreta para abordar estos flagelos, para darle más herramientas a las escuelas, para prevenir la violencia, ustedes se niegan e incluso algunos amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Esto me parece inaceptable, Presidenta. Voy a votar a favor con la firme convicción de que necesitamos preocuparnos en serio de la violencia y la discriminación en los establecimientos educacionales. No solo de algunas violencias, sino de todas. He dicho, muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Schneider. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Lilayú. Gracias, señora presidenta. Hoy votamos una ley necesaria y largamente esperada, una ley que corrige prácticas que atentan contra la convivencia escolar, vulnerando derechos y debilitando la autoridad al interior de las comunidades educativas. Durante años se cometieron injusticias graves, especialmente contra estudiantes con necesidades educativas especiales y, de manera evidente, contra estudiantes autistas. Niños y niñas sancionados no por ejercer violencia, sino por desregulaciones emocionales. Incluso se aplicó la ley Aula Segura con criterio pedagógico, llegando a aplicar protocolos policiales, porque sí establecía un reglamento interno mal diseñado. Eso no es orden, eso no es autoridad, eso es un desorden normativo y abandono institucional. Hoy esta ley eleva los estándares y marca un cambio de paradigma. La convivencia escolar deja de ser un anexo administrativo y pasa a ser un eje estructural del sistema educativo con reglas claras, enfoque preventivo y responsabilidad institucional.
Quiero enfatizar tres avances clave. Primero, fortalece la autoridad pedagógica, protege a docentes y asistentes de la educación, garantizando espacios de trabajo seguros, libres de violencia y con respaldo institucional para ejercer su rol. Segundo, ordena el rol del Estado, reduce la lógica punitiva y reactiva de la Superintendencia y traslada el énfasis hacia la Agencia de Calidad, priorizando prevención, monitoreo de estándares y mejora continua. Menos castigos tardíos, más apoyo oportuno y más responsabilidad. Tercero, reconoce y articula marcos legales que no pueden seguir siendo ignorados: la ley de garantías de la niñez y adolescencia y la ley de autismo. Una desregulación emocional no es violencia. La inclusión bien hecha fortalece la convivencia y también el orden escolar.
Señora Presidenta, esta ley no relativiza el orden, lo ordena. Por los estudiantes que fueron injustamente sancionados, por los docentes que necesitan respaldo claramente y por un sistema educativo que debe funcionar con reglas claras, voy a aprobar con convicción. Y no siempre, como dijo con respeto la diputada que me antecedió, también la derecha, también somos sociales, también entendemos que hay otra visión. Así que voto con convicción a favor. Muchas gracias, diputado Lila Yú. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Joana Ahumada.
Gracias, Presidenta. Creo que hoy es necesario avanzar en la protección, y como bien lo decía el diputado Ilabaca, la idea es proteger a los alumnos, proteger el aula, pero también a los profesores. Por su intermedio, Presidenta, al Ministro, quien en más de alguna oportunidad le he hecho saber la situación crítica que se vive en la educación, producto del hacinamiento en las salas. Esto también habla de la vulnerabilidad que enfrentan los alumnos y de la realidad de muchos que viven acoso y abusos. Hablemos de los niños en general; son innumerables las situaciones. Las salas y los colegios, durante mucho tiempo, fueron refugios y protección, y eso debe volver a serlo. Muchos niños pasan mucho tiempo en los establecimientos, generan lazos y vínculos, pero también hay dolores. Esa es una responsabilidad de todos: hacernos cargo de su protección, de su estabilidad emocional y física. No podemos permitir que este tipo de situaciones de abuso y vulnerabilidad ocurran en los establecimientos. Debemos fortalecer las relaciones, el respeto y, sobre todo, la convivencia entre pares. Lamentablemente, en un sinfín de situaciones que se han expuesto y denunciado, incluso niños han perdido la vida. Tenemos la obligación de avanzar, sin diferencias, pensando en los niños y en fortalecer todo ese proceso tan importante que forjará a nuevos jóvenes, nuevos profesionales y nuevos líderes de nuestra nación. Por eso debemos trabajar por la protección de los niños. Hoy este país está al debe, sobre todo en la niñez, y esa es responsabilidad de todos. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputada Ahumada. En el turno siguiente, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Zafiro.
Gracias, Presidenta. Hace varios años, como muchos en esta Cámara, fui estudiante. Luego, al nacer mis hijas y al ser apoderado, reconozco en los colegios una comunidad donde cada integrante es importante y debe ser cuidado. Tanto estudiantes como profesores, auxiliares, inspectores, directores y apoderados merecen cuidado, protección, cordialidad y respeto, un respeto del que nadie puede ser excluido y que el Estado debe garantizar. Por esa razón, hoy estamos llamados a discutir las modificaciones que realizó el Senado a este proyecto de ley, del que amablemente la diputada Erika Olivera me invitó a firmar y acompañarla en esta noble causa de proteger y generar espacios adecuados de convivencia entre todos quienes participan en los colegios y escuelas de nuestro país.
Porque, Presidente, ¿acaso no es justo y necesario que una persona que va a estudiar lo haga con la alegría de mejorar y adquirir conocimiento, y no con el miedo a ser víctima de violencia o acoso por parte de sus pares o profesores? ¿No es justo que el profesor llegue a enseñar con una sonrisa y no con el temor a ser golpeado o humillado por estudiantes o sus propios colegas? Para mí, es de toda justicia que esa cordialidad y armonía se dé en estos espacios de trabajo y aprendizaje. No hago distinción alguna, colegas, entre que el colegio sea público o privado. La autonomía de los colegios debe tener un límite sensato y humano, que a mi entender es el respeto de la dignidad humana. Por esta razón, este proyecto es importantísimo.