Cámara de Diputados - Hacienda - 20 de enero de 2026

Nos ponemos de pie, entonces, y en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Ha llegado una excusa del señor Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para las sesiones programadas para el día de hoy.

Agradezco la invitación y valoro el interés que la comisión manifiesta sobre esta relevante materia. Lamento excusarme por un compromiso impostergable y en su reemplazo confirmo la presencia del subjefe de departamento de estudios de la gestión del presupuesto, don Pablo Jorquera, quien ya está conectado. Por otra parte, también se ha hecho presente el Presidente de la República para el proyecto que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en relación con el otorgamiento del carácter de Estado Miembro Asociado. Asimismo, se encuentra en discusión inmediata el proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización. Estamos sesionando paralelamente a la sala, donde hay una cantidad considerable de proyectos importantes que no podemos debatir. Se supone que, si están convocados, el Ministro de Hacienda y la Ministra de Salud deben estar presentes. En su defecto, es necesario comunicar si no podrán asistir y quiénes estarán en su lugar. Respecto al proyecto que crea la Empresa de Televisión Nacional de Chile, se busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo por Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo, que es el que está actualmente en tabla. Este proyecto también crea nuevos juzgados de letras de trabajo en Santiago y da cumplimiento al inciso segundo del artículo transitorio de la ley 21.674 del Ministerio de Salud, en las materias que indica. Además, pone fin a las enfermedades de condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de la institución de salud previsional. Cabe recordar que en el mes de julio este proyecto fue devuelto a la sala porque el artículo al que hacía referencia, relacionado con Hacienda y el reaseguro, fue rechazado por la Comisión de Salud. El Ejecutivo ya presentó la indicación correspondiente, y por ello está nuevamente en la Comisión de Hacienda. También el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha remitido documentos que aprueban la modificación del convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Transporte y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Valparaíso. ¿Hay algo más sobre la cuenta antes de que partamos? Diputado Donoso, entiendo que es un proyecto con urgencia y el gobierno desea que lo tramitemos. Sin embargo, es difícil entender por qué no están los invitados, lo cual resulta inentendible. No aceptamos que estén los subsecretarios en lugar de los ministros. Estamos hoy día con una cantidad considerable de proyectos importantes que no podemos discutir, lo que limita nuestra participación. Por lo tanto, pido mayor rigurosidad en saber si efectivamente estarán presentes los titulares. Ayer, al recibir la información, me di cuenta de que el Ministro de Hacienda enfrenta muchos problemas y es comprensible que le resulte complicado asistir. No obstante, es fundamental que se restrinjan estas reuniones paralelas, ya que nos impiden participar adecuadamente en la sala. De hecho, podemos tener nuevamente reunión de Hacienda a las 15:30. Por lo tanto, es necesario confirmar quiénes efectivamente van a asistir.

Nosotros subimos. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que las excusas las recibimos también ahora. No podemos colocar si no van a venir, porque no sabemos si van a venir o no, y el ministro, como sabe, está en la ley de reajuste que se votó ahora en la sala. En representación de la ministra de Salud, viene la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. Diputado Mellado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero hacer una consulta. ¿Hay alguien de Hacienda que esté presente? Sí, Pablo Jorquera. Hay un costo de 185 mil millones anuales, y quisiéramos saber si estaba en el presupuesto. Don Camilo Brauchi, asesor legislativo de la Subsecretaría de Salud Pública, y don Ramiro Andrés Cofré, profesional del Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones en Salud del Ministerio de Salud, están presentes. Además, está el jefe del subdepartamento de estudios de la Dirección de Presupuestos, señor Pablo Jorquera Armijo, quien se conecta por Zoom. Así que tiene la palabra, señora subsecretaria. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto saludarlo, y por su intermedio, también saludo a todos los integrantes de esta comisión. Quisiera comenzar acogiendo la preocupación que han transmitido los diputados presentes respecto a la ausencia de la ministra de Salud. Entiendo que lo óptimo siempre es tener a la máxima autoridad presente en la sala, y estoy segura de que hablo en representación total de la ministra al decir que esto es de la máxima prioridad para ella. De ser posible, no tengo ninguna duda de que estaría aquí presente. Sin embargo, quisiera recordarles que hoy estamos experimentando una situación extremadamente difícil y dolorosa, que debe ser considerada en su interpretación de los hechos, sin que esto se interprete como que es menos importante para el Ministerio de Salud ni para la ministra. La verdad es que agradezco las explicaciones de la subsecretaria, pero no es solo la subsecretaria de Salud. No hay ministro, no hay subsecretario, es un asesor. Esta es la prioridad que le da el gobierno a este proyecto, y ese es el problema. Puedo entender muchas situaciones y estoy contento de que la ministra esté allá, porque este es el gobierno en el que, por incendios, ha muerto más gente en Chile. Eso es aberrante. Está bien que se le dé hoy la importancia necesaria, pero no es solo un problema de Salud y Hacienda. Es un proyecto que está en discusión inmediata, y estamos aquí para abordarlo. Sin embargo, el gobierno no le dio la importancia necesaria. Quisiera reiterar que hoy estamos enfrentando una situación extremadamente difícil y dolorosa de gran emergencia en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía.

Está de ministra de enlace en Bio Bio desde que iniciaron los incendios. Ella se encuentra en terreno, en el sur, trabajando con las personas afectadas para poder dar respuesta que merecen desde el Estado en momentos tan difíciles como este. Entendiendo la inquietud general que pudiesen acoger los diputados, hago este punto sobre la mesa y agradecería que sea considerado. El gobierno no le dio la importancia necesaria. Como se mencionó al inicio, el ministro y la subsecretaria están en reajustes, y el proyecto se verá en la sala. También está presente Pablo Jorquera, a quien acabo de nombrar. Tiene la palabra su secretaria para exponer sobre el proyecto. Muchas gracias, presidenta. Hemos preparado una presentación con el objetivo de exponer las matrices generales de salud. Es importante destacar que esta ley tiene acceso universal, es decir, que los beneficiarios son todas las personas que estén adscritas a cualquier tipo de previsión de salud, como FONASA, ISAPRE, DIPRECA y CAPREDENA. Esto la diferencia de la ley de garantías explícitas de salud, que cubre a personas en FONASA e ISAPRE, lo que constituye un elemento particular y valioso de esta ley. La línea de tiempo que presentamos destaca los principales hitos de la ley, comenzando con la marcha de los enfermos en mayo de 2013, que puso en la luz pública la necesidad de contar con un sistema de cobertura financiera para medicamentos de alto costo. Esto culminó en la promulgación de la ley en junio de 2015. Ese mismo año se emitió el primer decreto, seguido de un segundo, un tercero y un cuarto decreto en los años 2017, 2018 y 2019, y un decreto modificatorio en 2024, que es el que sigue vigente a la fecha. El objetivo de la ley número 20.850 es asegurar el acceso a diagnósticos y tratamientos de alto costo que tengan efectividad probada y que estén declarados mediante decreto dictado por el Ministerio de Salud. La ley establece un plazo máximo para su revisión, que es de tres años. Sin embargo, puede mantenerse y actualizarse el decreto con los mismos contenidos, pero también puede ser actualizado con una periodicidad menor si así lo amerita, ya sea por evidencia científica que considere nuevos medicamentos o innovaciones. Estas son tres variables que, tras la decisión de incorporación de un tratamiento o tecnología, pueden cambiar en el futuro. Es decir, el precio de alto costo puede verse afectado por innovaciones en la medicina, lo que nos permitiría avanzar en la actualización de las coberturas disponibles para las personas sin tener que esperar los tres años. Por eso, se observa que entre 2015 y 2017 pasaron dos años, luego un año, luego dos años, y finalmente un periodo mayor, debido a la extensión del decreto previo. Hoy día hay 71.550 personas beneficiarias.

La mayoría son mujeres, con casi un 65%. Dentro del total de estas 71.550 personas, el grupo etario que tiene una mayor representación son aquellas personas entre los 45 y los 64 años. Hay 27 enfermedades que están cubiertas dentro del decreto, con 67 tecnologías sanitarias garantizadas. Por ello, hablamos de "pares", ya que una determinada tecnología o medicamento de alto costo puede ser un tratamiento efectivo para más de una patología. Cuando nos referimos a "pares", nos referimos a aquellas enfermedades que están cubiertas por una tecnología. ¿Cuáles son los desafíos que nos llevan a esta iniciativa? En primer lugar, las lecciones aprendidas tras 10 años de implementación de esta ley han revelado algunos vacíos legales. Por ejemplo, hay definiciones que son un requisito para asegurar que los diagnósticos y tratamientos incorporados, cuyo precio es considerado de alto costo, puedan disminuir debido al avance de la industria farmacéutica y a nuevos descubrimientos, lo que podría bajar el umbral que los define como de alto costo. También puede haber evidencia que ponga en duda la efectividad de los tratamientos y el precio máximo industrial, que puede disminuir con el tiempo. Además, la ley no establece un procedimiento detallado para la transición de tratamientos entre distintos regímenes de protección, lo que requiere fortalecer la participación de la Comisión de Recomendación Priorizada. También se deben mejorar algunos elementos de los acuerdos de riesgo compartido que estaban inicialmente contemplados en la ley, para que puedan utilizarse de manera más eficaz en beneficio de la salud pública. Estos acuerdos son mecanismos de adquisición innovadores que permiten, sobre todo, adaptarse a sistemas tecnológicos en evolución. Por ejemplo, si un medicamento que está incorporado en el decreto de Ricardo Soto, por ser de alto costo, deja de ser considerado como tal, es necesario establecer un procedimiento para que no se pierda la cobertura de las personas beneficiadas, permitiendo la transición a otro sistema de garantía, como la ley de garantías explícitas en salud. Sin embargo, actualmente no existe un procedimiento específico que lo norme. Asimismo, el precio máximo industrial se define en el momento de la evaluación de la tecnología sanitaria, sin que la ley contemple mecanismos de actualización ni publicación, lo cual es fundamental para otorgar certeza jurídica. Algunas áreas adicionales de mejora incluyen la integración y remuneración de la Comisión de Recomendación Priorizada, que es crucial en el proceso de decisión sobre cuáles son los pares a considerar en el decreto. Esto es especialmente relevante ante tecnologías novedosas que presentan un grado de incertidumbre, tanto en los resultados como en la incidencia de casos que pueden requerir un determinado medicamento. Esto permite negociar con la industria en condiciones más favorables, compartiendo los riesgos de dicha incertidumbre. Finalmente, los desafíos presupuestarios son una parte importante de lo que nos lleva a esta instancia, y están descritos en tres láminas con gráficos. Pasaré rápidamente por las dos primeras, ya que la más ilustrativa es la tercera. A la izquierda de la diapositiva se detallan las fuentes de ingreso del fondo, que incluyen los aportes fiscales anuales. En 2015, estos fueron de 30.000 millones, y en 2016, se incrementaron a 60.000 millones.

El 2017, a 100 mil millones. Además, se permiten donaciones y aportes de la cooperación internacional, y parte del fondo se invierte, generando cierta rentabilidad que también es parte de los ingresos del fondo. Adicionalmente, se contempla el reintegro de las ISAPRES cuando son coberturas que están dentro del seguro de enfermedades catastróficas. Este gráfico muestra el presupuesto ejecutado y el presupuesto disponible anualmente. Observamos una diferencia importante entre el patrón general entre 2016 y 2019, donde el presupuesto ejecutado era menor que el presupuesto disponible. Esto cambia en 2020, cuando se igualan. En 2021, aunque ambos disminuyen, siguen siendo del mismo valor, y esto ocurre en los años subsiguientes: 2022, 2023 y 2024. Es decir, en ninguno de estos años hay una holgura presupuestaria dentro del fondo. Esto se refleja en que los retiros anuales ilustran la situación. La línea azul oscura muestra los ingresos totales del fondo Ricarte Soto, y la línea celeste, los egresos. En 2021, había una gran diferencia o holgura, muy importante si contrastamos los ingresos totales con los egresos, y eso ha ido cambiando paulatinamente hasta el 2026. La DIPRES proyecta que si este patrón continúa, el fondo perdería su sustentabilidad en 2027, lo cual está demarcado en un recuadro color rojo en la proyección a futuro basada en los datos previamente presentados. Esto comienza a evidenciarse desde el año en que se mostraba una mayor dificultad en el balance entre los ingresos y los egresos del fondo, lo que resalta la urgencia de mantener la sustentabilidad del mismo. Asimismo, los retiros anuales no son suficientes para cubrir el gasto efectivo, sin considerar que existe una deuda de arrastre, dado que los gastos han incrementado la disponibilidad presupuestaria para cubrir todos los medicamentos dentro de este sistema. Este gráfico también muestra el déficit que se presenta cada año. La diapositiva que se presenta ilustra la dificultad en el balance entre los ingresos y los egresos del fondo. Por ello, es urgente mantener la sustentabilidad financiera para evitar que se materialicen las proyecciones adversas, a menos que se realicen cambios en el manejo de esta ley. El fondo presupuestario de la ley reitera que la holgura presupuestaria será insuficiente para financiar garantías a partir de 2027. Además, un informe extraordinario de 2021 de la DIPRES señala que esta falta de holgura se debe al aumento de los gastos fijos en el tiempo y a la baja rentabilidad del fondo. Esta información plantea que la actual forma de financiamiento de la ley N°20.850 es insuficiente para el crecimiento de la demanda, ya que cada vez hay más beneficiarios sujetos a este derecho y a la cobertura de nuevas tecnologías. Por tanto, para atender este diagnóstico, los contenidos del proyecto de ley, o al menos sus líneas matrices, son los siguientes: tiene tres ejes. El primero es un eje financiero, cuyo objetivo es aumentar los recursos del fondo. El segundo es un eje de optimización, que busca asegurar el uso eficiente de los recursos para dar sustentabilidad al sistema. Estamos convencidos de que no es suficiente.

Aumentar los recursos, sino que también dar un mejor uso de ellos. El eje 3 sobre el elemento participativo dentro de la ley realiza cambios a la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada, y también entrega nuevas competencias a otra instancia de participación muy relevante en esta ley, que es la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Dentro del eje financiero, se propone un aumento del aporte fiscal que implica un incremento del 85% de los recursos permanentes, aumentando de 100.000 millones a 185.000 millones. En segundo lugar, se regula la transición entre sistemas, desde la ley Ricarte Soto al sistema de garantías explícitas en salud. Esto es muy importante porque hoy día todos los medicamentos y la tecnología sanitaria que están dentro de Ricarte Soto no tienen copago; se cubre el 100% de lo administrado, es decir, del medicamento. Sin embargo, los otros gastos asociados, como las consultas médicas y el diagnóstico, también deben ser considerados. Además, se sugiere aumentar el límite actual del gasto anual con respecto a lo que está disponible en el fondo, que actualmente es un 80%, y que esto se eleve a un 90% para poder utilizar esos fondos en la financiación de garantías, manteniendo, de todas maneras, cierta parte del fondo para inversión y para generar ingresos secundarios. El impacto esperado de estas medidas es la sostenibilidad financiera extendida. Para la optimización, este proyecto de ley incorpora varios puntos. En primer lugar, fortalece el rol de la Subsecretaría de Salud Pública en el monitoreo continuo del umbral de alto costo, de modo que cuando un medicamento deje de ser considerado de alto costo, pueda ser excluido de este sistema de garantías. También se establece la supervisión constante de la efectividad basada en evidencia científica, en caso de que nueva información muestre que la efectividad estimada ha cambiado, lo que podría poner en duda dicha efectividad. Para ello, se realizarán informes anuales sobre la variación de precios y la seguridad de los medicamentos. Asimismo, se garantiza la continuidad de los tratamientos para los pacientes actuales. Disculpen, vamos a hacer una pausa, ya que se prevé una falla en la sesión.

Vamos a suspender. Como las consultas médicas, el diagnóstico y el seguimiento, eso no está cubierto por Ricarte Soto. Entonces, hay que resolver ambas cuestiones. ¿Qué ocurre cuando un medicamento que está en Ricarte Soto transiciona a la garantía explícita en salud? Hay que asegurarse de que la cobertura del medicamento siga estando protegida en su 100%, porque actualmente hay un copago en la ley GES. Además, es fundamental que se entregue la protección financiera que GES sí proporciona en los diferentes elementos adicionales al medicamento, incluyendo las consultas médicas. Esto difiere en algunos problemas de salud, ya que no todos los pacientes tienen desde la sospecha hasta el diagnóstico, la confirmación y el tratamiento, pero sí la gran mayoría, al menos en lo que respecta al diagnóstico, cosa que hoy día en Ricarte Soto no está garantizado. Dentro de las exclusiones por pérdida de eficacia, es necesario que se establezca un procedimiento regulado, así como la continuidad de los tratamientos para los pacientes actuales.

Vamos a reanudar entonces. Lo siento, pero estamos ahí abajo también. Tiene la palabra. Nada que disculpar, presidente. Nosotros entendemos perfectamente sus necesidades. Estábamos, entonces, en este eje de optimización para la sustentabilidad del fondo. Como le había mencionado, esto implica un rol de la Subsecretaría de Salud Pública para hacer un monitoreo continuo de los costos de los medicamentos, de modo de identificar cuando un cierto medicamento disminuye del umbral que lo define como de alto costo, así como la supervisión de efectividad constante y también de seguridad. Todo esto se traducirá en informes anuales de la variación de estas variables recién descritas. Asimismo, se requiere la regulación de las transiciones entre sistemas, dado que las coberturas financieras son distintas en ambos. Por ello, se necesitan reglas explícitas sobre cómo hacer la transición de un medicamento que previamente estaba garantizado por la ley Ricarte Soto para que pueda estar cubierto por la ley GES. También es fundamental resolver las dudas que existen respecto a la población que está sujeta al beneficio de los copagos asociados y cuáles son las prestaciones específicas que sí tienen protección financiera en ambos regímenes. Finalmente, es importante asegurar la continuidad de los tratamientos para los pacientes actuales. En caso de que un medicamento se deje de financiar vía Ricarte Soto, esto afectaría a potenciales nuevos beneficiarios, pero no a aquellos que ya están recibiéndolo. Por último, la transparencia es esencial en este proceso.