Bien, iniciamos esta sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, de hoy miércoles 21 de enero. Agradecemos la presencia de nuestros invitados: la señora directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, doña María Soledad Tapia, y su director jurídico, don Felipe Ruiz. También nos acompaña don Manuel Ibarra, así como Vicente, quien es un visitante regular de nuestra comisión por parte de la subsecretaría.
Efectivamente, teníamos un especial interés en conversar respecto de esta iniciativa, en particular sobre las visiones que se tienen y el impacto que tiene en relación con la necesidad de avanzar en algún mecanismo de regulación para enfrentar el tema de la pesca ilegal. En sesiones anteriores, hemos recibido presentaciones de entidades, incluso internacionales, que han abordado esta problemática.
Y el alcance y el efecto que tiene la pesca ilegal en el mundo, que mueve no solamente verdaderas organizaciones y mafias dedicadas a esta actividad, sino también una enorme cantidad de recursos. En nuestro país, lo que más nos preocupa como comisión es cómo establecemos mecanismos y acciones que permitan realizar una actividad que evidentemente se lleve a cabo dentro de los rangos normales y con controles adecuados. Siempre estamos recibiendo denuncias sobre diversas prácticas de pesca ilegal.
A pesar de las diferentes invitaciones que hemos realizado, no hemos podido llegar al control de monitoreo que tiene SERNAPESCA, que está tan cerca de nosotros, para conocer esa plataforma de seguimiento de la situación de las embarcaciones. Sin embargo, hemos visto con preocupación hechos que nos alertan, especialmente por los peligros asociados al tema de la población. La extracción de recursos que tienen restricciones de consumo ha resultado en más de un fallecido debido a estas prácticas.
Hace algún tiempo, observamos con atención la situación del traspaso de recursos salmonídeos de rechazo en plantas de proceso, que terminaban reencauzados hacia otros procesos. Hubo incluso un reportaje sobre el refinamiento de productos desechados mediante un ahumado para reducir los niveles de olores asociados, lo que pone de manifiesto la ausencia o pérdida de controles sanitarios en relación al consumo de la población.
En general, respecto a las acciones sistemáticas de traspaso de pesca ilegal entre las respectivas regiones, este proyecto no aborda el fondo del problema de la pesca ilegal, pero plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de control. Por ello, deseamos escuchar su opinión sobre este particular.
Contamos con tres minutos para una pequeña actividad respecto a la situación, y luego retomaremos inmediatamente la sesión. En ese marco, de acuerdo a lo que hemos contextualizado previamente, lo que buscamos es sintetizar el enorme interés de la comisión en atender cualquier acto relativo, y nos habría gustado mucho haber iniciado un trámite de una norma más amplia.
Gracias, señor presidente. No solamente se trata de la pesca ilegal dentro de nuestro país, sino también de las implicancias que tiene desde el ámbito exterior, en relación a la pesca en aguas territoriales de nuestro territorio. Le damos la palabra a la directora, señora María Soledad Tapia, respecto a su opinión sobre este particular.
Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en estas materias. Hemos preparado una breve presentación de contexto. Es importante señalar que el uso del posicionador satelital es una herramienta estratégica y de seguridad que utiliza la autoridad marítima para la seguridad de la vida en el mar. Este es un tema complejo, ya que la ley actualmente se aplica principalmente a embarcaciones mayores de 15 metros, que son las que deben utilizar el posicionador satelital. Las naves menores no lo utilizan actualmente, lo que dificulta que la autoridad fiscalizadora sepa dónde se encuentran pescando.
Queremos hacer una distinción importante que consideramos que ustedes deben tener en cuenta: cuando se emplea el posicionador satelital, conocido como Vessel Monitoring System (VMS), hay dos tipos de situaciones. En primer lugar, puede haber un mal uso doloso del sistema, que actualmente se considera un delito. En segundo lugar, puede ocurrir que el sistema se apague o se dañe por motivos que deben ser comprobados con la autoridad marítima y con nuestro servicio, lo que resulta en la pérdida de señal cuando la embarcación está en zona de pesca.
Es relevante destacar que, hasta la fecha, no hemos detectado ninguna nave artesanal o industrial involucrada en un hecho malicioso o doloso, es decir, no ha habido intención de mal uso del sistema. Lo que hemos detectado son naves que ingresan a la primera milla para pescar, y gracias al posicionador satelital, podemos identificarlas rápidamente. Entre 2020 y 2025, solo hemos registrado un caso de una nave industrial que apagó su posicionador, pero no hay más casos reportados. Esto es fundamental para que lo tengan en cuenta.
Si es posible, me gustaría que nos ayudaran a mostrar una presentación que hemos preparado, que es breve y tiene como objetivo proporcionar más contexto para que puedan abordar mejor las preguntas que deseen formular. Además, es importante mencionar que, junto con el sistema VMS, también estamos utilizando el AIS (Automatic Identification System) junto con la autoridad marítima, que es un sistema diseñado para detectar la ubicación de naves, principalmente de mayor tonelaje, y que cumple con normas internacionales.
Por último, consideramos que sería valioso que se propusiera el uso del sistema como una herramienta disuasiva, a pesar de que no hemos detectado irregularidades en todos estos años. Creemos que es una buena medida, ya que también serviría como un incentivo para el cumplimiento, dado que las sanciones serían elevadas de acuerdo a la propuesta. En términos prácticos, durante el periodo mencionado, no se han detectado naves industriales con intenciones dolosas, salvo el caso ya mencionado. Si se considerara implementar una medida que estipule que, en caso de intención dolosa, se pierda el permiso, sería valioso para nosotros, ya que reforzaría la disuasión. Sin embargo, reitero que, hasta ahora, no hemos detectado ningún caso de este tipo.
Lo que apagó no fue en el fondo una acción dolosa. En el caso de las naves menores que no están obligadas a tener posicionador satelital, ¿les sirve el celular? Porque los celulares pueden rastrearse. Gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, presidente, por su intermedio, puedo responder al senador Cutcher. Actualmente consideramos que la tecnología está disponible, y como usted menciona, una de ellas puede ser el celular. Hay que acondicionarlo para una señal específica, pero se podrían buscar alternativas económicas que provean herramientas de seguridad y también permitan fiscalizar resultados relevantes en un período de tiempo, para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de este sistema.
La misión del servicio, y seré breve, es contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos. Para nosotros es de suma relevancia influir en los comportamientos sectoriales. Por eso mencionaba que es importante tener herramientas disuasivas, ya que son una forma de influir en el comportamiento de los agentes sectoriales. Ellos ponderan qué tan grave puede ser si no cumplen la normativa. La visión de nuestra institución es ser un servicio protagonista, innovador y articulador en el logro de una actividad pesquera y acuícola sustentable, buscando que nuestros equipos sean cada vez más competentes, motivados y comprometidos.
Actualmente somos 1.200 personas que trabajamos en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a lo largo de 52 oficinas, y trabajamos en red con muchas instituciones, como SUPESCA, INDESPA y FOP, que nos proveen datos valiosos para la toma de decisiones científicas.
En cuanto a la actividad pesquera, tenemos cerca de 96 naves industriales y aproximadamente 8.600 embarcaciones artesanales, con 605.000 personas inscritas en el registro pesquero artesanal. Esto representa toda la cadena de valor, desde cómo se mueven los productos desde su origen hasta su transporte y comercialización en el país. Es importante considerar que las materias de salud no las ve el Servicio Nacional de Pesca, sino la parte de salud de nuestro país. Sin embargo, en lo que respecta a exportaciones, nosotros certificamos la parte sanitaria. Actualmente, las exportaciones superan los 8.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 6.000 millones corresponden a la acuicultura, específicamente al salmón.
Hoy día, el consumo per cápita es un tema en el que la Subsecretaría de Pesca trabaja junto con otras instituciones para aumentar el consumo por persona, que varía entre 15,8 y 17,8, considerando algas y otros productos. Internamente, se mueven cerca de 1.400 millones de dólares en consumo. Ha habido una mejora, pero no es significativa. Por ejemplo, en comparación con otros países, nosotros tenemos un consumo de 18, mientras que otros tienen 24, 30 o incluso 40.
Sería importante considerar una campaña nacional de promoción del consumo de alimentos del mar, ya que involucra a la ciudadanía en el proceso de asegurarse de que lo que compran sea legal. Cuando fortalecemos y realizamos acciones de esta manera, es beneficioso trabajar con la ciudadanía a través de campañas de consumo interno.
Perdón, directora, el senador Cutcher desea hacer algunas consultas. En esta misma lámina, en los 8.000 millones de dólares están incorporadas todas las exportaciones. En el consumo interno, 1.400 millones, lo que significa que exportamos siete veces más de lo que consumimos. Esto es una preocupación, especialmente considerando que cuando se realizó la última modificación de la ley de fraccionamiento, hubo un gran debate al respecto.
Argumentaciones y hasta algunos casos ideológicos también han surgido en torno al famoso tema del consumo humano, que se ha transformado en una discusión permanente respecto del sustento y del sentido que tenía la ley de fraccionamiento. Efectivamente, es relevante preguntarse si hay alguna tendencia en materia del consumo interno y cómo podemos cambiar esa realidad. Existen países que no consumen productos del mar en su día a día, mientras que nosotros, teniendo toda nuestra riqueza pesquera, vamos en un sentido contrario. Sería importante tenerlo presente.
Además, hay que considerar las tendencias mundiales, que han llevado a un aumento en el consumo de productos congelados, ya que la gente busca opciones rápidas y económicas para cocinar. Sin embargo, también es fundamental destacar la importancia de los productos frescos, y por ello se hace énfasis en la pesca artesanal, que puede proveer estos productos a precios mucho más accesibles que los congelados. Esto nos lleva a un nivel de consumo nacional que, lógicamente, está por debajo de lo que podría ser, considerando que somos un país pesquero.
Es llamativo que, mientras Chile es un país marítimo y potencia en materia pesquera, no estamos ingresando el producto pesquero a la mesa de los chilenos y chilenas, lo cual resulta un contrasentido. Como bien señala el señor Cuches, llama profundamente la atención el enorme desfase que existe entre el consumo interno y el impacto del consumo externo. En cuanto a las exportaciones, de los 8.800 millones de dólares, un 80% a 90% corresponde a la industria salmonera, con cerca de 6.000 millones de dólares provenientes exclusivamente de esta industria.
Este es un tema relevante, especialmente para nosotros, los tres parlamentarios presentes, ya que nuestras zonas son evidentemente productoras de salmón. Aquí se genera gran parte de esos 8.000 millones de dólares en exportaciones, lo que nos lleva a cuestionar hasta qué punto estamos impactando al mundo con esta actividad. Es sorprendente saber que el salmón está presente en 137 países, mientras que no estamos llegando a la mesa de los chilenos. Este es un desafío que debemos abordar desde ambas perspectivas: el estímulo interno y el reconocimiento del impacto significativo de la industria acuícola en nuestro país.
Otro tema importante a considerar es el consumo de aceites, como el omega-3, que se consume en pastillas y es sumamente relevante para todas las etapas de la vida humana, especialmente para las madres embarazadas y los niños en crecimiento. También hay estudios que sugieren que el omega-3 ayuda a prevenir algunas enfermedades. En Arica, contamos con una de las plantas que produce el aceite de pescado más fino del mundo, Golden Omega, una empresa destacada que produce aceites refinados de alta calidad para consumo humano. Este es un dato que resulta nuevo en esta comisión y que no habíamos escuchado anteriormente.
Lamentamos mucho la tramitación de la ley de fraccionamiento, recordando un viejo dicho que dice que es "más apretado que sardina en lata". Curiosamente, la sardina en lata ha desaparecido del mercado, y nos encontramos con que hay países que dependen de nuestra sardina. Esto nos lleva a reflexionar sobre el contrasentido de nuestra situación actual.
La ley de fraccionamiento traspasó una cantidad importante de cuotas al mundo artesanal, y se supone que eso es la antesala para llegar al consumo en el hogar. Si hay una brecha en este sentido, ¿dónde va a ir a parar, en definitiva, este gran volumen de pesca? Esta fue una discusión que no abordamos en el momento en que estábamos realizando el fraccionamiento; estábamos enfrascados en cómo dividir y distribuir, pero no medimos en ningún minuto el impacto de ese traspaso ni hasta qué punto el mundo artesanal estaba preparado para esta realidad. Llamaba profundamente la atención, especialmente en el norte, el enorme impacto que tienen recursos pesqueros que podrían tener otro destino y que se transforman simplemente en harina de pescado.
Se ha promovido el consumo interno, lo cual está enlazado a un encadenamiento en la cadena productiva de mejoras de plantas y elaboración, generando productos de valor y de consumo humano. Todo esto va interrelacionado, como bien se menciona.
En cuanto a la estrategia propiamente tal, contamos con un plan nacional de fiscalización. Es importante señalar que este plan busca cambiar el comportamiento de los agentes sectoriales mediante medidas preventivas, acompañándolos en el cumplimiento de la normativa pesquera. Por ejemplo, realizamos programas de acompañamiento en las caletas, donde detectamos las razones por las cuales no cumplen o tienen mayores infracciones, y trabajamos con programas especiales, como "Caleta Más Cerca", para mejorar esta situación.
Además, tenemos una priorización estratégica en los riesgos relacionados con la sustentabilidad, el impacto en las comunidades y el interés público. En base a esto, se estructura una serie de programas de fiscalización, algunos de alcance nacional y otros regionales, adaptados a las particularidades de cada región.
En el plan nacional, hemos realizado algunas modificaciones respecto al año pasado, ajustando programas especiales y enfatizando aspectos regionales, en respuesta a las observaciones que nos hacen diputados y senadores sobre preocupaciones específicas de ciertos sectores.
Quisiera referirme también al riesgo de marea roja, que no solo es relevante en este momento, sino que se anticipa un aumento del riesgo para Semana Santa, una época en que históricamente hemos enfrentado este fenómeno. Es importante mencionar que, en el ámbito técnico, existe un programa especial en acuicultura que, aunque no se detalla aquí, está incluido en la fiscalización por las mortalidades masivas, que son uno de los efectos de los florecimientos algales nocivos en los centros de cultivo.
Hemos trabajado en los últimos tres o cuatro años con un programa especial donde se reúnen los servicios públicos con competencias diversas, así como con los centros de acuicultura. La autoridad marítima exige ciertas condiciones a las naves que van a realizar la extracción de mortalidades, para que esta sea lo más rápida posible. También existen lugares donde se transforma esa mortalidad, en plantas especiales ubicadas en los lagos y en la región del Biobío.
Hay toda una cadena y un sistema de gobernanza en estas materias. Si usted lo considera pertinente, senador, podemos enviarle más información o explicarle en una reunión aparte, ya que es un proceso bastante eficiente en el que estamos coordinados entre el sector privado y el público. Todas las empresas tienen programas para atender estas emergencias, los cuales son revisados por las distintas instituciones. Además, estamos unidos en un programa general con la nueva institucionalidad, SENAPRED, para dictaminar las emergencias y evitar que se repitan hechos ocurridos en años anteriores.
Donde hubo una mortalidad masiva de salmones, se presentaron distintos cuestionamientos hacia la industria y hacia el sector público, lo que finalmente no le hacía bien a nadie, ya que se cuestionaba toda la institucionalidad, incluida la parte privada. Lo que se ha hecho ahora es mejorar los planes. Todos los centros de acuicultura tienen planes que deben ser revisados y actualizados, y esto se trabaja en coordinación con la autoridad marítima y otras instituciones que verifican el cumplimiento de estos sistemas.
Entonces, ¿qué sucede si se activa la marea roja? Hay un plan especial que se activa de inmediato; de hecho, ya está activado. Nos deben informar inmediatamente cuando comienzan a aparecer los indicadores de mortalidad, para que podamos hacer las proyecciones sobre lo que podría ocurrir. Además, hay exigencias a las empresas para el retiro de estas mortalidades; no pueden dejarlas ahí, deben retirarlas de inmediato, y la autoridad marítima verifica las condiciones de estas operaciones con las naves.
Hay toda una estructura funcionando hoy día para evitar que ocurran hechos tan dramáticos como las muertes de salmones. En la parte de pesca, como bien se menciona, en el mes de abril, que coincide con la Semana Santa, se realizan monitoreos en los centros de cultivo, que son parte de los programas de sanidad de moluscos bivalvos. Se llevan a cabo muestreos para determinar los niveles de toxinas, y cuando estos niveles comienzan a elevarse, activamos inmediatamente los avisos. Salud, por ejemplo, cierra esos espacios y se realiza un movimiento para acreditar estrictamente el origen legal de esos recursos con certificados sanitarios, especialmente en la macrozona sur-austral y sur. Esto está muy coordinado y funciona bien, aunque estos aprendizajes son producto de hechos trágicos ocurridos en años anteriores.
Quiero agradecer que el año pasado resultó excelente, sin ningún episodio complicado o grave, y espero que este año también se mantengan las medidas preventivas. A propósito de la fiscalización que realizan, el mundo exportador de la pesca está diseñado para cumplir estándares muy altos. Sin embargo, llama la atención las reiteradas sanciones que se aplican a empresas, precisamente por problemas de no declaraciones de determinados manejos de antibióticos y residuos.
Siempre hemos manifestado que, especialmente quienes somos de estas regiones, queremos que la industria salmonera prospere, pero también que las comunidades donde se inserta se beneficien. Es fundamental que el desarrollo de esta actividad esté plenamente compatibilizado con las condiciones del medio ambiente. Observamos una historia de sanciones a diferentes empresas en este sentido, y creo que sería beneficioso enfrentar esto de otra manera. Nuestros competidores son países que están a otro nivel, y los riesgos de pérdida de mercados son reales.
Por su parte, tenemos programas especiales de fiscalización de los centros de cultivo de acuicultura, principalmente destinados a la producción de salmónidos. Hemos visto algunos cambios de comportamiento, pero, como se menciona, hay sanciones que se repiten. En estos casos, no hay distinción; si una empresa no cumple, todas son catalogadas de la misma manera ante la ciudadanía, lo que afecta la imagen de la industria. Esto, a su vez, conlleva riesgos de pérdidas en mercados internacionales.
Esto funciona igual que la bolsa, con mucha sensibilidad a lo que está sucediendo con las noticias o los mercados, por lo que es importante trabajar en ello. Nosotros contamos con distintos programas en temas de acuicultura que, si ustedes lo desean, podemos abrir para su análisis, conocimiento y crítica; no hay ningún problema al respecto. Siempre estamos dispuestos a que nos revisen y consideren mejoras u observaciones sobre aspectos que quizás no estamos viendo.
En este contexto, tenemos programas especiales, por ejemplo, en temas de sobreproducción, que ha sido un asunto relevante. Hemos mejorado considerablemente los procedimientos internos y otras áreas, lo que proporciona certeza a la ciudadanía de que estamos cumpliendo con nuestros objetivos institucionales. También es fundamental dar esta certeza a la Contraloría General de la República.
En el informe de los 19 programas especiales en el ámbito de las pesquerías, ustedes tienen una cantidad de información que sería beneficioso compartir con la comisión en relación a las fiscalizaciones, niveles y ubicaciones, para así poder identificar detalles relevantes. Nos comprometemos a hacer llegar esta información a la comisión.
Dentro de las estrategias que tenemos como institución pública, se encuentra la generación de una red de trabajo colaborativo para maximizar nuestros resultados. Este esfuerzo está consolidado en una resolución administrativa de 2023, donde trabajamos en conjunto con la Armada, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal. Este trabajo está organizado y se realiza al menos dos veces al año, replicándose en las regiones. Es importante señalar que, al realizar fiscalizaciones en conjunto, abordamos materias que pueden no estar en nuestro alcance, pero sí en el de nuestros socios en estas labores, lo que nos hace más efectivos y eficientes como Estado.
Un tema que no es menor y que usted mencionó al inicio de esta sesión es el combate al crimen organizado. Hace 10 o 15 años, las infracciones normativas en pesca y acuicultura se centraban en la extracción ilegal de recursos y su comercialización directa. Sin embargo, actualmente hemos detectado que existen organizaciones compuestas por tres o más personas que operan como empresas delictivas, generando toda una logística para delinquir. Esto implica que no solo están involucrados en la extracción, sino que también cuentan con logística, transporte y centros de comercialización.
Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Público en estas materias y contamos con programas especiales. En colaboración con la Policía de Investigaciones y la Armada, que tiene una línea especial en la Policía Marítima, hemos llevado a cabo exitosas operaciones que han desmantelado redes de crimen organizado. El año pasado, se detectó una cadena de personas involucradas en estas actividades en el terminal pesquero metropolitano, que fue completamente desmantelada, y se establecieron conexiones con otras regiones, como Los Lagos y Valparaíso, donde también hemos tenido resultados positivos.
Es por ello que hemos tenido que adaptar nuestras estrategias, ya que sería irresponsable pensar que las formas de delinquir se mantienen inalteradas. La complejidad de la pesca ilegal y otros aspectos relacionados requiere un enfoque renovado y más robusto.
Las actividades de pesca y acuicultura ilegales son muy lucrativas. Por lo tanto, los negocios que se pueden realizar en este ámbito son bastante exitosos, lo que justifica la necesidad de fortalecer los mercados legales a través de herramientas como la trazabilidad.
La estrategia que hemos implementado se centra en la gestión del cumplimiento, promoviendo la adherencia de los distintos actores involucrados. Esto implica, en primer lugar, determinar las principales causas de incumplimiento y, posteriormente, establecer planes de acompañamiento para que los potenciales infractores puedan regularizar su situación.
Contamos con el programa "Caleta Más Cerca", que se enfoca en la gestión de cumplimiento en caletas rurales que han sido identificadas como no cumplidoras. A través de este programa, brindamos apoyo para mejorar sus prácticas. Asimismo, hemos instaurado el "sello azul", que se otorga a restaurantes y centros de comercialización que cumplen con la normativa, lo que también nos permite enlazarnos con la ciudadanía. Las campañas comunicacionales que hemos llevado a cabo han sido muy exitosas, generando conciencia sobre la importancia de adquirir productos en lugares autorizados, evitando así riesgos sanitarios y posibles intoxicaciones.
Además, hemos desarrollado una red de colaboración denominada "Centinelas del Mar", que involucra a ciudadanos, policías e instituciones públicas. Esta red tiene como objetivo educar a la población sobre la fauna marina, especialmente en épocas de verano, para prevenir intervenciones humanas que puedan perjudicar tanto a la fauna como a las personas.
Estamos en constante búsqueda de mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, hemos implementado la certificación de desembarque mediante inteligencia artificial, una herramienta que ha demostrado ser altamente efectiva. Un inspector del Servicio Nacional de Pesca, en condiciones óptimas, puede certificar entre 100 y 400 kilos de productos en una hora. En contraste, la inteligencia artificial puede procesar hasta 4 toneladas en el mismo tiempo, lo que representa una mejora significativa en la eficiencia. Estamos a la espera de modificaciones en la certificación que permitan incentivar su uso a un costo menor, beneficiando así a todos los involucrados.
Hemos establecido convenios regionales, como el programa de protección de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos en Aysén, que incluye fiscalización aérea para detectar embarcaciones que realizan pesca ilegal. Este programa ha sido exitoso, y los casos detectados se tramitan en los tribunales correspondientes. En Ñuble, también hemos implementado un programa de fiscalización de pesca ilegal en colaboración con el gobierno regional, que nos ha proporcionado recursos como drones y equipos informáticos para mejorar nuestras labores de fiscalización.
Finalmente, en Los Ríos, continuamos con la fiscalización de la pesca ilegal, enfocándonos en potenciar la pesca recreativa y utilizando diversas herramientas, como drones y vehículos, facilitados por los gobiernos regionales, para optimizar nuestras labores en terreno.
Que hay zona de pesca, ¿cierto? Después viene cuando ya llegan a los puntos de desembarque. Me referiré principalmente a esta, pero también están los controles carreteros, donde realizamos mucha fiscalización. En la zona de pesca, el monitoreo satelital de la embarcación se lleva a cabo a través del BMS, donde desde el año 2000 se incorpora la parte industrial como obligación, y ya están ingresando todas las naves mayores de 15 metros. A partir de 2013, se implementó el dispositivo de registro de imágenes para el monitoreo electrónico, que es obligatorio desde 2020 en todas las naves industriales. Actualmente, estamos trabajando intensamente para que cerca de 500 naves artesanales adopten este sistema, mediante programas piloto diseñados por la Subsecretaría de Pesca. De esta forma, damos cumplimiento a la normativa, aunque en un proceso de prueba y error para el sector artesanal.
En cuanto a la certificación de desembarque, esta se realiza al llegar a puerto, con la certificación de los puertos autorizados a través de un programa piloto que utiliza inteligencia artificial. También contamos con sistemas habilitados de pesaje, donde nuestros certificadores de desembarque verifican que lo declarado en el desembarque sea correcto y que todo sea pesado o medido, conforme a lo que señala la ley.
Es importante destacar que las herramientas de fiscalización no son iguales para la flota extractiva artesanal y la flota extractiva industrial, por lo que se hacen estas distinciones. Las naves industriales cuentan con todas las herramientas de fiscalización: monitoreo satelital, bitácora electrónica, registro de imágenes para evitar descartes, certificación de desembarque, trazabilidad y acreditación de origen legal. Las lanchas transportadoras también están sujetas a monitoreo satelital, aunque la bitácora electrónica es voluntaria, al igual que el registro de imágenes, mientras que la certificación de desembarque y la trazabilidad son obligatorias.
En el caso de las embarcaciones mayores de 12 metros, que son pelágicas, el monitoreo satelital es obligatorio, mientras que la bitácora electrónica es voluntaria. A medida que disminuye la eslora, solo se requiere la certificación de desembarque en algunos casos, y la trazabilidad y acreditación se convierten en requisitos transversales.
Respecto a los resultados del control del BMS, este es un sistema de alta confiabilidad. Cuando afirmamos que se ha detectado un incumplimiento mediante el sistema de monitoreo satelital, los tribunales nos dan plena razón, revisando nuestros informes y permitiendo que las contrapartes efectúen sus respectivos descargos ante la detección de ciertos incumplimientos. Entre los incumplimientos generales, se destacan las naves que ingresaron a la primera milla.
Es fundamental señalar que, desde hace casi seis años de la entrada en vigencia de la ley, no se ha detectado ningún caso de incumplimiento grave, es decir, no ha habido acciones dolosas donde se interfiera el sistema BMS para proporcionar información incorrecta.
Eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias, directora. Vicente, ¿tiene alguna opinión desde la subsecretaría respecto al particular?
Presidente, por su intermedio, solo mencionar que respecto al boletín en específico, ya estamos en la fase de votación en particular. Este es un boletín que conocimos desde que ingresamos a la subsecretaría en el año 2022, y es bastante corto. Hemos conversado con los distintos asesores para tratar de mejorar la redacción, pero entendemos que va en la dirección correcta.