Bien, iniciamos esta sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, correspondiente a hoy, miércoles 21 de enero. Agradecemos, obviamente, la presencia de nuestros invitados: la señora directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, doña María Soledad Tapia, y del subdirector jurídico, don Felipe Ruiz, que nos acompaña también. Por ahí está don Manuel Ibarra, bienvenido, y también contamos con la presencia de Vicente, quien es un visitante habitual de nuestra comisión por parte de la subsecretaría.
Efectivamente, teníamos un especial interés en conversar respecto de esta iniciativa, de esta moción, en relación con las visiones que se tienen y el impacto que tiene, en general, la necesidad de avanzar en algún mecanismo de regulación para enfrentar el tema de la pesca ilegal. En ocasiones anteriores, hemos recibido presentaciones de entidades, incluso internacionales, como la propia FAO.
Exponiendo sobre este tema, el alcance y el efecto que tiene la pesca ilegal en el mundo, que mueve no solamente verdaderas organizaciones mafias dedicadas a esta actividad, sino también una enorme cantidad de recursos. En nuestro país, lo que más nos preocupa como comisión es cómo establecemos mecanismos y acciones que permitan realizar una actividad que evidentemente se lleve a cabo dentro de los rangos normales de controles adecuados. Siempre estamos recibiendo denuncias sobre diferentes prácticas de pesca ilegal.
A pesar de las diversas invitaciones que hemos realizado, no hemos podido llegar al control de monitoreo que tiene Sernapesca, que está tan cerca de nosotros, para conocer la plataforma de seguimiento que ustedes utilizan para la situación de las embarcaciones. Sin embargo, hemos visto con preocupación hechos que nos alertan, especialmente por los peligros asociados a la población. La extracción de recursos con restricciones de consumo ha resultado en más de un fallecido debido a estas prácticas.
Hace algún tiempo, analizamos con dedicación la situación del traspaso de recursos salmonídeos de rechazo de plantas de proceso, que terminaban reencauzados hacia otros procesos. Hubo un reportaje sobre el refinamiento de productos desechados, donde se aplicaba un ahumado para reducir los niveles de olores asociados a este tema. El mayor drama radica en la ausencia o pérdida de controles sanitarios en relación al consumo de la población.
En general, las acciones sistemáticas de traspaso de pesca ilegal entre las respectivas regiones abundan, y este proyecto no aborda el fondo del problema de la pesca ilegal. La cuestión es cómo mejoramos los mecanismos de control. Por ello, escucharlo respecto a este particular es fundamental. Solo suspenderemos durante tres minutos para una pequeña actividad relacionada con la situación, y retomaremos inmediatamente la sesión.
En ese marco, de acuerdo a lo que hemos contextualizado previamente, lo que buscamos es sintetizar el interés de la comisión en atender cualquier acto relativo, y nos habría gustado mucho haber iniciado un trámite de una norma más amplia respecto de este asunto.
El tema de la pesca ilegal no solo se refiere a la situación dentro de nuestro país, sino también a las implicancias que tiene desde el ámbito exterior cuando se realiza pesca en aguas territoriales. A continuación, le damos la palabra a la señora María Soledad Tapia, directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en estas materias. Hemos preparado una breve presentación de contexto. Es importante señalar que el uso del posicionador satelital es una herramienta estratégica y de seguridad que utiliza la autoridad marítima para garantizar la seguridad de la vida en el mar.
Este es un tema complejo, ya que la ley actualmente se aplica principalmente a las embarcaciones mayores de 15 toneladas, que son las que deben utilizar el posicionador satelital. Las naves menores no están obligadas a usarlo, lo que dificulta que la autoridad fiscalizadora sepa dónde se encuentran pescando. Queremos hacer una distinción importante: cuando se emplea el Vessel Monitoring System (BMS), puede haber un mal uso del sistema, es decir, personas que interfieren dolosamente con el sistema, lo cual es considerado un delito. También puede ocurrir que el sistema se apague o se averíe, lo que debe ser comprobado con la autoridad marítima.
Es relevante señalar que, hasta la fecha, no se ha detectado ninguna nave artesanal o industrial involucrada en un hecho malicioso o doloso. Lo que hemos observado son naves que ingresan a la primera milla de pesca y que, al estar equipadas con el posicionador satelital, podemos detectar rápidamente. Entre 2020 y 2025, solo hemos registrado un caso de una nave industrial que apagó su posicionador, pero no se ha reportado ninguna intención dolosa en este caso.
Es fundamental que podamos mostrar la presentación que hemos preparado, ya que proporciona más contexto y permitirá abordar de mejor forma las preguntas que puedan surgir. Además, es importante mencionar que, junto al BMS, estamos utilizando el sistema AIS con la autoridad marítima, que está diseñado para detectar la ubicación de naves de mayor tonelaje, cumpliendo con normas internacionales.
En cuanto a las estrategias que podrían implementarse, sería valioso considerar medidas que actúen como herramientas disuasivas. Aunque no hemos detectado casos de mal uso en los últimos años, creemos que establecer sanciones elevadas podría incentivar el cumplimiento de la normativa.
En términos prácticos, durante el periodo de 2020 a 2025, no se han detectado naves industriales involucradas en delitos, salvo la mencionada que apagó su sistema sin intención dolosa. Si se considerara una medida que implicara la pérdida del permiso en caso de intención dolosa, sería una herramienta disuasiva valiosa para nosotros. Sin embargo, reitero que, hasta ahora, solo hemos tenido un caso aislado.
No fue en el fondo una acción dolosa. En el caso de las naves menores que no están obligadas a tener posicionador satelital, ¿les sirve el celular? Porque los celulares pueden rastrearse. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, presidente, por su intermedio, puedo responder al senador Kutcher. Actualmente, la tecnología está disponible y, como usted menciona, una de las alternativas podría ser el uso del celular. Es necesario acondicionarlo para una señal específica, pero se podrían buscar alternativas económicas que provean herramientas de seguridad y fiscalización en materias de pesca. No es necesario contar con una estructura tan grande, dado que este sistema existe desde el año 2000 y la tecnología ha avanzado considerablemente, por lo que podrían explorarse nuevas alternativas. Habría que estudiarlas, sí, pero es una posibilidad.
Cuando se trató este tema anteriormente, el gran cuestionamiento era los altos costos que involucraba la instalación de estos sistemas para las naves menores. Le doy la palabra, entonces, a la directora para que realice su presentación. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer una breve presentación para mencionar el despliegue institucional, las herramientas que nos provee la ley, la estrategia y las herramientas de fiscalización que tenemos, así como algunos resultados relevantes en un periodo de tiempo para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de este sistema.
La misión del servicio es contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos. Es de suma relevancia influir en los comportamientos sectoriales, por lo que es importante contar con herramientas disuasivas que influyan en el comportamiento de los agentes sectoriales. Ellos ponderan qué tan grave puede ser no cumplir con la normativa. La visión de nuestra institución es ser un servicio protagonista, innovador y articulador en el logro de una actividad pesquera y acuícola sustentable, buscando que nuestros equipos sean cada vez más competentes, motivados y comprometidos. Actualmente, somos 1.200 personas que trabajamos en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a lo largo de 52 oficinas y trabajamos en red con muchas instituciones, como la Subsecretaría de Pesca, INDESPA y FOP, que nos proveen datos valiosos para la toma de decisiones científicas.
En cuanto a la actividad pesquera, actualmente contamos con cerca de 96 naves industriales, alrededor de 600 embarcaciones artesanales y 605.000 personas inscritas en el registro pesquero artesanal. Esto representa toda la cadena de valor, desde cómo se mueven los productos desde su origen, pasando por el transporte, hasta la actividad acuícola, que puede llevarlos directamente a centros de comercialización en el país. También es importante considerar que las materias de salud internas no son supervisadas por el Servicio Nacional de Pesca, sino por la parte de salud de nuestro país. Sin embargo, en lo que respecta a exportaciones, nosotros debemos certificar la parte sanitaria. En exportaciones, se manejan más de 8.000 millones de dólares, y el último dato que tenemos indica que cerca de 6.000 millones de dólares corresponden únicamente a la acuicultura del salmón.
Hoy en día, también trabajamos en aumentar el consumo per cápita, que varía entre 15,8 y 17,8, considerando algas y otros productos. En el ámbito del consumo interno, se mueven cerca de 1.400 millones de dólares en nuestro país. Ha habido una mejora, pero no es una mejora significativa en el consumo. Por ejemplo, podemos observar que hay países que tienen cifras mucho más altas. Sería importante considerar una campaña nacional de promoción del consumo de alimentos del mar, que involucre a la ciudadanía en la preocupación por la legalidad de lo que compran. Así, al fortalecer y realizar acciones en esta dirección, también sería beneficioso trabajar con la ciudadanía a través de campañas de consumo interno.
¿Quiere hacer alguna consulta? En esta misma lámina, en los ocho mil ochocientos millones de dólares, están incorporadas todas las exportaciones industriales y en el consumo interno, 1.400 millones, es decir, exportamos siete veces más de lo que consumimos. Lo que nos preocupa en realidad es que, cuando se hizo la última norma de modificación de la ley de fraccionamiento, uno de los grandes debates y argumentaciones, incluso ideológicos, giró en torno al famoso tema del consumo humano. Este se transformó en una discusión permanente respecto del sustento y del sentido que tenía la ley de fraccionamiento.
Efectivamente, es importante considerar si hay alguna tendencia en materia del consumo interno y cómo podemos cambiar esa realidad. Hay países que sabemos que no consumen nada en el día y que, eventualmente, consumen algún producto del mar. Sin embargo, nosotros, teniendo toda nuestra riqueza pesquera, vamos en un sentido contrario. Sería bueno tenerlo presente. Podría crecer, y también es fundamental considerar las tendencias mundiales que aumentan, como el consumo de productos congelados, ya que la gente busca algo rápido y económico para cocinar. Los congelados han aumentado exponencialmente en el consumo interno, pero también son muy importantes los productos frescos. Por ello, se hace énfasis en la pesca artesanal, que puede proveer estos productos a precios mucho más accesibles que otros como los congelados.
Sin embargo, tenemos un nivel de consumo nacional que está por debajo de lo que podría ser, considerando que somos un país pesquero. Lo que llama la atención es que, a pesar de ser un país marítimo y potencia en materia pesquera, estamos alimentando al mundo, pero no estamos ingresando el producto pesquero a la mesa de los chilenos y chilenas. Esto es un contrasentido. Como bien señala el señor Kuchel, llama profundamente la atención el enorme desfase que hay entre el consumo y el impacto del consumo externo.
En cuanto a los 8.800 millones de dólares de exportación, se estima que un 80-90% proviene de la industria salmonera, es decir, cerca de 6.000 millones. Este es un tema relevante, ya que nuestra zona, donde se encuentran los tres parlamentarios presentes, es evidentemente productora de salmón. Aquí se produce gran parte de esos 8.800 millones de dólares en exportaciones, lo que genera interés sobre qué se está haciendo con este tema y hasta qué punto estamos impactando al mundo.
Además, hay un gran esfuerzo por llegar con productos frescos a 137 países, y sin embargo, no estamos logrando que estos productos lleguen a la mesa de los consumidores chilenos. Este es un desafío que debemos abordar, tanto por el estímulo interno como por el reconocimiento del impacto significativo de la industria acuícola en nuestro país.
Otro tema importante a considerar es el consumo de aceites, como el omega-3, que se consume en pastillas y es sumamente importante para toda la etapa de ciclo de vida del ser humano, especialmente para las madres durante el embarazo y los niños en crecimiento. También hay estudios que indican que el omega-3 ayuda a prevenir algunas enfermedades. En Arica, por ejemplo, tenemos una de las plantas que produce el aceite de pescado más fino del mundo, Golden Omega, que es una empresa destacada en este ámbito.
Muchas veces no todos saben que nosotros producimos los mejores aceites refinados en temas de consumo humano. Es un dato absolutamente nuevo en esta comisión. De hecho, hemos lamentado mucho la tramitación de la ley de fraccionamiento, Vicente. Había un viejo dicho que decía "más apretado que sardina en lata", y resulta que la sardina en lata, de repente, desapareció del mercado, y curiosamente uno encuentra sardinas de afuera. Hay países que dependen de nuestra sardina. Entonces, ¿cuál es el contrasentido de esto? Es lo que discutíamos también con el subsecretario en una comisión anterior, respecto a que la ley de fraccionamiento traspasó una cantidad importante de cuotas al mundo artesanal, y se supone que eso es la antesala para llegar al consumo en el hogar. Si hay una brecha en este sentido, ¿dónde va a ir a parar, entonces, este gran volumen de pesca? Fue una discusión que no abordamos en el momento en que estábamos haciendo el fraccionamiento; estábamos enfrascados en cómo dividir y distribuir, pero no medimos el impacto de ese traspaso y hasta qué punto el mundo artesanal estaba preparado para esta realidad.
Llama profundamente la atención el enorme impacto que tienen recursos pesqueros que pueden tener otro destino, que se transforman simplemente en harina de pescado. Por eso, la promoción del consumo interno va enlazada a un encadenamiento en la cadena productiva, con mejoras en plantas de elaboración y en la generación de productos de valor y de consumo humano. Todo esto está interconectado, como bien usted menciona.
En cuanto a la estrategia propiamente tal, nosotros tenemos un plan nacional de fiscalización. Es importante señalar que este plan busca cambiar el comportamiento de los agentes viales mediante medidas preventivas, acompañándolos en el cumplimiento pesquero. Realizamos programas de acompañamiento en las caletas, detectamos por qué no cumplen o por qué tienen mayores infracciones, y trabajamos con programas especiales como "Caleta Más Cerca" para mejorar esta situación. Además, tenemos una priorización estratégica en los riesgos bajo la sustentabilidad, el impacto en las comunidades y el interés público. En base a esto, se estructura una serie de programas de fiscalización, algunos de alcance nacional y otros regionales, dado que cada región tiene sus particularidades y es necesario hacer cambios de énfasis.
En el plan nacional, hemos realizado algunas modificaciones respecto al año pasado, introduciendo breves cambios en los programas especiales y enfatizando aspectos regionales, muchas veces en respuesta a las observaciones que nos hacen diputados y senadores sobre preocupaciones especiales de ciertos sectores.
Es importante mencionar el riesgo de marea roja, que no solo es relevante ahora, sino que también para Semana Santa, ya que históricamente hemos tenido problemas en esa época. En el área técnica, hay un programa especial en acuicultura que, aunque no se menciona aquí, está incluido en la fiscalización por las mortalidades masivas. Uno de los efectos de los florecimientos algales nocivos son las mortalidades masivas en los centros de cultivo. Hemos trabajado los últimos tres o cuatro años en un programa especial donde se reúnen los servicios públicos con competencias diversas y se prepara a los centros de acuicultura. Por ejemplo, la autoridad marítima exige ciertas condiciones a las naves que van a sacar las mortalidades, para que esta extracción sea lo más rápida posible.
Hay lugares donde se transforma la mortalidad, en algunas plantas especiales que están en los lagos y otras en Biobío. Existe toda una cadena y un sistema de gobernanza en estas materias que, si usted tiene a bien, senador, podemos enviarle o explicarle en una reunión aparte, no hay ningún problema, porque es algo bastante eficiente. Estamos en coordinación entre la parte privada y la parte pública. Todas las empresas tienen programas para atender estas emergencias, los cuales son revisados por distintas instituciones. Además, estamos unidos en un programa general con la nueva institucionalidad, que es SENAPRED, en torno a lo que se debe dictaminar en caso de emergencias, para evitar que se repitan hechos ocurridos en años anteriores, donde hubo una mortalidad masiva de salmones con cuestionamientos hacia la industria y el sector público, lo que no beneficiaba a nadie, ya que se cuestionaba toda la institucionalidad, incluida la parte privada.
Lo que se ha hecho ahora es mejorar los planes. Todos los centros de acuicultura tienen planes que deben ser revisados y actualizados, y esto se trabaja en conjunto con la autoridad marítima y otras instituciones que verifican el cumplimiento de estos sistemas. Entonces, ¿qué sucede si se activa la marea roja ahora? Hay un plan especial que se activa de inmediato; de hecho, ya está activado. Nos deben informar inmediatamente cuando comienzan a aparecer indicadores de mortalidad para poder hacer proyecciones sobre lo que podría ocurrir. Hay exigencias a las empresas para el retiro de estas mortalidades; no pueden dejarlas ahí, deben retirarlas de inmediato, y la autoridad marítima verifica las condiciones de estas operaciones con las naves.
O sea, hay toda una estructura que está funcionando hoy día para evitar que ocurran hechos tan dramáticos como las muertes de salmones u otros incidentes. En la parte de pesca, como bien menciona, en el mes de abril, que se acerca Semana Santa, se realizan en los centros de cultivo monitoreos de programas de sanidad de moluscos bivalvos, donde se hacen muestreos para determinar los niveles de toxinas. Cuando estos niveles empiezan a elevarse, activamos inmediatamente los avisos, y salud, por ejemplo, cierra esos espacios y se realiza un movimiento para acreditar estrictamente el origen legal de esos recursos con certificados sanitarios, especialmente en la macrozona sur-austral y sur. Esto está muy coordinado y funciona bien, pero estos aprendizajes deben mencionarse, ya que fueron producto de hechos trágicos ocurridos hace algunos años.
Agradezco que el año pasado esto resultó excelente; no hubo ningún episodio complicado. Espero que este año también resulte bien con todas las medidas preventivas, por eso lo menciono. A propósito de la fiscalización que realizan, el sistema del mundo exportador de la pesca está diseñado para cumplir estándares muy altos. Sin embargo, llama profundamente la atención la reiterada sanción a empresas, por problemas de no declaraciones de determinados manejos de antibióticos y el tema de los residuos. Siempre hemos dicho que, particularmente nosotros, que somos de estas regiones, queremos que la industria prospere, pero también que las comunidades en las que están insertas se beneficien y que haya un desarrollo de actividades que esté plenamente compatibilizado con las condiciones del medio ambiente.
Se observa una historia de sanciones a diferentes empresas en este sentido, y creo que sería bueno enfrentarlo de otra manera. Nuestros competidores son países que están a otro nivel, y los riesgos de pérdida son significativos. De hecho, se ha hablado recientemente de los salmones de sangre, por la muerte de muchos buzos que, por diversas razones, ocurren cada cierto tiempo. Quien quiera poner leña al fuego en este tema tendrá motivos para hacerlo.
Señalar que nosotros tenemos programas especiales de fiscalización de los centros de cultivo de acuicultura, destinados principalmente a la producción de salmónidos. Es relevante mencionar que hemos observado algunos cambios de comportamiento, pero, como bien usted indica, hay sanciones que se repiten. Lamentablemente, en estos temas no hay una diferencia de marca; si hay uno que no cumple, todos caen. Este es un tema de imagen que debemos cuidar, ya que, independientemente de que algunas empresas no cumplan con ciertos estándares, todas son catalogadas de la misma manera a los ojos de la ciudadanía. Además, como bien usted menciona, esto conlleva riesgos de pérdidas en los mercados internacionales, dado que la situación funciona con la misma sensibilidad que la bolsa, dependiendo de las noticias y los acontecimientos del mercado. Por lo tanto, es importante trabajar en este aspecto.
Contamos con distintos programas en temas de acuicultura que, si ustedes lo desean, podemos abrir para su análisis, conocimiento y crítica. Estamos siempre dispuestos a que nos revisen y consideren mejoras, así que no hay ningún problema en ese sentido. Estos son solo algunos de los programas que tenemos; por ejemplo, también hemos implementado programas especiales en relación a la sobreproducción, un tema que ha estado bastante en boga. Hemos mejorado considerablemente nuestros procedimientos internos y otros aspectos, lo que proporciona certeza a la ciudadanía sobre el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales en estas materias. También es fundamental proporcionar esta certeza a la Contraloría General de la República.
En el informe sobre los 19 programas especiales en el ámbito de las pesquerías, ustedes tienen una cantidad significativa de información que sería útil compartir con la comisión en relación a las fiscalizaciones, niveles y ubicaciones, para poder identificar los detalles. Nosotros podemos hacer llegar esta información a la comisión, quedando como un compromiso.
Dentro de las estrategias que tenemos como institución pública, está la generación de una red de trabajo colaborativo para maximizar nuestros resultados. Esto es muy importante y se formaliza a través de una resolución administrativa que nace en 2023, consolidando el trabajo conjunto con la Armada, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal. Este trabajo está organizado y se lleva a cabo al menos dos veces al año, replicándose en las regiones. Es crucial señalar que, al realizar fiscalizaciones en conjunto, abordamos materias que pueden no ser de nuestro alcance, pero sí lo son para otros organismos que nos acompañan, lo que nos permite ser más efectivos y eficientes como Estado.
Finalmente, es importante abordar el tema del combate al crimen organizado, que usted mencionó al inicio de esta sesión. Hace 10 o 15 años, las infracciones normativas en pesca y acuicultura se centraban en la extracción ilegal de recursos que eran comercializados directamente. Sin embargo, actualmente hemos detectado organizaciones compuestas por tres o más personas que operan como empresas delictivas, generando toda una logística para delinquir. No solo se dedican a la extracción, sino que también cuentan con logística, transporte y centros de comercialización. Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Público en estas materias y hemos implementado programas especiales. Asimismo, colaboramos con la Policía de Investigaciones y la Armada, que tiene una línea especial de trabajo en la Policía Marítima. Gracias a estos esfuerzos, hemos logrado desmantelar, en el año pasado, una cadena de distintas personas involucradas en estas actividades delictivas.
Como crimen organizado, fue detectado en el terminal pesquero metropolitano y se desmanteló completamente, teniendo raíces de trabajo incluso en los lagos y en otras regiones. Por ello, se realizó un trabajo en conjunto y simultáneo en varias regiones del país, incluyendo Valparaíso y Los Ríos, donde hemos tenido resultados muy exitosos. Esto es relevante, ya que hemos tenido que cambiar nuestras estrategias; ya no podemos seguir pensando de manera irresponsable que se mantienen las mismas formas de delinquir o de pescar. La pesca ilegal y todo lo relacionado con materias de pesca y acuicultura ilegales son muy lucrativas, por lo tanto, los negocios que se pueden realizar son bastante exitosos en esos términos, y por ello es fundamental fortalecer los mercados legales a través de herramientas como la trazabilidad.
La estrategia que hemos implementado se centra en la gestión del cumplimiento, promoviendo el cumplimiento de los distintos actores. Esto implica primero determinar las principales sanciones y las razones por las cuales no están cumpliendo, y luego ejercer planes de acompañamiento para que estos potenciales infractores no incurran en faltas, sino que sean guiados hacia el cumplimiento. Contamos con el programa "Caleta Más Cerca", que se enfoca en la gestión de cumplimiento en caletas rurales que no cumplen con la normativa. Además, hemos instaurado el "sello azul", que se otorga a restaurantes y centros de comercialización que cumplen con toda la normativa, lo que también nos permite enlazarnos con la ciudadanía a través de campañas comunicacionales que generan conciencia sobre la importancia de comprar en lugares autorizados, evitando riesgos sanitarios y posibles enfermedades.
Asimismo, hemos desarrollado una red de colaboración denominada "Centinelas del Mar", donde trabajamos con ciudadanos comunes, policías e instituciones públicas. Esta iniciativa busca educar a la población, especialmente en verano, para evitar intervenciones humanas que puedan afectar a la fauna marina y para proteger a las personas de mordeduras o ataques, así como de la contaminación con enfermedades.
Estamos en constante búsqueda de mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, hemos implementado la certificación de desembarque mediante inteligencia artificial, lo cual ha demostrado ser muy efectivo. Un inspector del Servicio Nacional de Pesca, en una hora, puede certificar entre 100 y 400 kilos, mientras que la inteligencia artificial puede procesar fácilmente cuatro toneladas en el mismo tiempo. Esto no solo mejora nuestros controles, sino que también beneficia a los usuarios al ofrecer un costo menor en el precio de certificación.
Finalmente, hemos establecido convenios regionales, como en Aysén, donde tenemos un programa de protección de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos mediante fiscalización aérea, que ha sido muy exitosa en la detección de naves que realizan pesca ilegal. A través de la recopilación de fotografías y material en los puntos de fiscalización, se tramitan casos en los tribunales, logrando resultados positivos. En Ñuble, también hemos implementado un programa de fiscalización de pesca ilegal en colaboración con el gobierno regional, que nos ha proporcionado recursos, incluyendo drones.
Computadores y otras herramientas nos facilitan la fiscalización, pero de esta forma también encadenamos temas relevantes, como la pesca recreativa, el desarrollo del turismo y otras formas de generar virtuosidad en el uso de los recursos públicos, con impacto en las regiones y beneficios probados en distintas materias. En los ríos, también tenemos la fiscalización de la pesca ilegal, principalmente enfocada en potenciar la pesca recreativa. Para ello, utilizamos drones, camionetas y distintos tipos de equipamiento que nos han brindado los gobiernos regionales, mejorando nuestras labores de fiscalización en terreno.
Entrando en la materia, las herramientas de fiscalización se dividen en lo que ocurre en la zona de pesca, los puntos de desembarque y los controles carreteros. La fiscalización en la zona de pesca incluye el monitoreo satelital de las embarcaciones a través del BMS, donde desde el año 2000 se ha incorporado la parte industrial como obligación. Actualmente, todas las naves mayores de 15 metros están sujetas a esta normativa, y desde 2013 se implementó el dispositivo de registro de imágenes para el monitoreo electrónico, que es obligatorio desde 2020 para todas las naves industriales. Estamos trabajando intensamente para que cerca de 500 naves artesanales adopten este sistema, mediante programas piloto diseñados por la Subsecretaría de Pesca.
En cuanto a la certificación de desembarque, esta se realiza cuando las embarcaciones llegan a puerto, a través de puertos autorizados y utilizando inteligencia artificial en un programa piloto que está en funcionamiento. También contamos con sistemas habilitados de pesaje, donde nuestros certificadores verifican que lo declarado en el desembarque sea efectivamente pesado y medido, conforme a lo que establece la ley.
Es importante destacar que las herramientas de fiscalización no son iguales para la flota extractiva artesanal y la industrial. Las naves industriales cuentan con herramientas de gestión como el monitoreo satelital, bitácora electrónica, registro de imágenes para evitar descartes, certificación de desembarque, trazabilidad y acreditación de origen legal. En el caso de las lanchas transportadoras, el monitoreo satelital y la bitácora electrónica son voluntarios, mientras que el registro de imágenes, la certificación de desembarque y la trazabilidad son obligatorios.
Las embarcaciones mayores de 12 metros, cuando son pelágicas, tienen monitoreo satelital obligatorio, aunque la bitácora electrónica es voluntaria. A medida que disminuye la eslora, la certificación de desembarque se mantiene, pero la trazabilidad y la acreditación se convierten en las únicas herramientas transversales en todos los casos.
Respecto a los resultados del control del BMS, este sistema es de alta confiabilidad y constituye una prueba irrefutable en los tribunales. Cuando se detecta un incumplimiento mediante el sistema de monitoreo satelital, los tribunales nos dan plena razón, revisando nuestros informes y permitiendo que las contrapartes efectúen sus descargos ante la detección de incumplimientos.
Es relevante señalar que, desde hace casi seis años de la entrada en vigencia de la normativa, no se ha detectado ningún caso de incumplimiento grave relacionado con acciones dolosas sobre el sistema de BMS. Si el BMS se apaga por motivos ajenos, eso no se considera un delito, pero sí se procede a revisar el incumplimiento junto con la Autoridad Marítima.