En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de hoy. El acta de la sesión 195 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta.
Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: comunicación del jefe del Comité Mixto de Diputados Radical Liberal, por la que se informa que el diputado Luis Maya será reemplazado en esta sesión por la diputada Giovanna Ahumada. Correo electrónico del asesor de gabinete del Ministro de Educación, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión, ya que ha sido citado a la Comisión de Educación del Senado para continuar con la votación en particular del proyecto de ley que otorga titularidad a los profesionales de la educación. Considerando el objeto de la citación, se señala que estará presente el asesor ministerial Juan Cristóbal Cantuarias para tomar conocimiento de los argumentos que se expongan y responder a las consultas que se formulen durante la sesión. También se excusa la subsecretaria Alejandra Arratia por encontrarse citada a la segunda sesión del Comité de Ayudas Tempranas, convocada para el día de hoy a las 17:00 horas, en el marco de la emergencia por incendios forestales que afecta a zonas del sur del país.
Ordinario 68 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 749 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación en que quedarán los establecimientos educacionales que no serán traspasados al Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Respecto del administrador profesional de Ancud, cuyo plazo expira pronto, se solicita nombrar administradores profesionales en Quillón, Quinchao y Queilén. Se mencionan planes de pago de la deuda previsional, garantizar el pago de remuneraciones y el entero de las cotizaciones previsionales, así como planes de apoyo para establecer una mesa de trabajo técnico-pedagógico con la Dirección de Educación Pública, y el aumento del presupuesto anual del FAEP, del PIE y de la SEP en las comunas de Castro, Alcaue y Ovejas.
Ordinario 69 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficios 834 y 991 de esta Comisión, por los que se solicitó informar acerca del estado de avance del estudio de impacto vial indispensable para la aprobación de un proyecto de reconstrucción de la Escuela E-15 Ricardo Silva Arriagada de Arica, perteneciente al Servicio de Educación Pública de Chinchorro.
Ordinario 100 de la Subsecretaría de Educación, en respuesta a oficio 854 de esta Comisión, por el que se ofició al ministerio para consultar sobre el estado de avance de la situación de inestabilidad laboral en la que se encuentran los psicopedagogos, solicitando que se informe también sobre el número de psicopedagogos que cumplen funciones en establecimientos educacionales en el país y en qué condiciones las realizan.
Ordinario 41 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 931 de esta Comisión, por el que se solicitó referirse al mal estado en que se encuentran los establecimientos educacionales de la comuna de Los Ángeles, específicamente la Escuela Arturo Alessandri Palma y la Escuela Pedro Ruiz Aldea.
Ordinario 111 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 943 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca del desarrollo de estudios o trabajos relacionados con la actualización del Decreto 211 de 2009 del Ministerio de Educación, que se refiere a la nivelación de estudios para educación básica y media para adultos sin escolaridad.
Ordinario 95 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 969 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca del resultado de la solicitud de retiro del libro "Detectives" en el museo, el cual abordaría materias impropias para estudiantes de educación básica.
Ordinario 104 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 970 de esta Comisión, por el que se solicitó adoptar medidas tendientes a resolver la problemática que aqueja a los tutores sombra, quienes brindan apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales y que, anteriormente, podían ejercer esta función solo con su enseñanza media completa, pero actualmente requieren un título técnico para su desempeño.
Ordinario 57 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 983 de esta Comisión, por el que se solicitó remitir el plan de seguridad de los establecimientos educacionales bajo la dependencia del SLEP de Santa Rosa, especialmente respecto al encargado de vigilancia y protección, indicando el perfil y quiénes detentan dicho cargo, señalando si corresponde a un profesional del SLEP o son trabajadores de la educación de cada establecimiento.
Ordinario 32 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 1017 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de la atención de cuatro personas, dos de ellas funcionarios del ministerio, a quienes se dedicaban a la venta de certificados de estudios falsos para obtener licencias de conducir, que serían alrededor de 5.000. En esta línea, se informa si estos hechos solo han ocurrido en la región de Higgins y si se están utilizando instituciones de educación de adultos para esta falsificación.
Ordinario 61 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 1021 de esta Comisión, por el que se solicitó informar detalladamente acerca del funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé desde enero de este año a la fecha, así como la dotación y los recursos que se han incorporado en esta nueva administración.
Ordinario 98 de la Subsecretaría de Educación, en respuesta a oficio 1022 de esta Comisión, por el que se solicitó informar detalladamente acerca de las materias que se indican en relación con el Ordinario 2610 de agosto de 2025, emitido por la División de Educación General, donde se entregan orientaciones a los establecimientos educacionales para el apoyo a estudiantes que requieren asistencia en las actividades de la vida diaria en el contexto educativo.
Ordinario 102 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual se da respuesta a oficio 103 de esta Comisión, solicitando informar acerca de la manera en que se está aplicando en la práctica el oficio ordinario 2841, con especificación de si realmente se traduce en mejores condiciones de reconocimiento y laborales para los psicopedagogos.
A continuación, daré cuenta de los oficios de los alcaldes respecto del oficio solicitado por el diputado Rey. Se ha recibido respuesta del alcalde de Licantén, de Macul, de Pelluhue y de Talagante, así como de los conservadores de bienes raíces de Castro y de La Serena. Luego, respecto a los servicios locales de educación pública, se recibió respuesta de Santa Corina y de Santa Rosa. También se recibió un correo electrónico de la Academia y del Centro de Estudios de la Sexualidad de Chile. De hecho, la psicóloga y escritora señora Vinka Jackson informa que no podrá asistir a esta sesión por motivos de salud y solicita reagendar su participación.
Finalmente, se recibió un correo electrónico del señor Daniel Rankovic, por medio del cual denuncia una grave omisión de la función pública por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, que mantiene paralizada la implementación del artículo 143 de la Ley de Migraciones. Adjunta una carta firmada por el jefe de la división jurídica del ministerio, en respuesta a una solicitud de transparencia, en la que el ministerio confiesa una omisión de suma gravedad para la gestión pública, vulnerando derechos fundamentales de un gran número de personas, afectando especialmente a profesionales chilenos y extranjeros que estudiaron en el exterior y que actualmente no pueden ejercer su profesión por falta de un reglamento.
Esto es la cuenta presentada. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra. No hay palabras.
Entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Emilia Schneider, Félix Bugueño, Andrés Giordano, Cosme Mellado, Vlado Mirosevic, Erika Olivera, Alejandra Plasencia, Marcela Riquelme, Camila Rojas y Juan Santana, que modifica la ley N° 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar, en prevención del abuso sexual infantil. El número de boletín es el 17.025-04 y está en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple.
Vamos a escuchar a los siguientes invitados. Quiero recalcar que cada uno de los invitados, debido a la cantidad de participantes, tendrá un máximo de diez minutos. Si se extienden, tendré que pedirles que terminen su presentación, ya que luego de eso vendrán preguntas y reflexiones tanto de los invitados como de los diputados y diputadas, para que ustedes también puedan contar con un tiempo de respuesta. Para que lo tengan bien presente.
La diputada Concha ha solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el punto, creo que es importante, además de que los invitados tengan claro los minutos de exposición, que también para nosotros se establezca un límite, para evitar que cada parlamentario se extienda demasiado en las respuestas que esperamos de nuestros invitados. Si bien existe la posibilidad de que nos envíen las respuestas por escrito, tenerlas aquí es mucho más productivo.
También solicito a los diputados y diputadas que no interrumpamos la exposición de los invitados, ya que cada uno de nosotros tendrá un tiempo para comentar, y es importante que se diga todo lo que cada uno siente que tiene que expresar.
En primera instancia, vamos a escuchar al abogado del área legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, al señor Gustavo Baehr Neira. Muy bienvenido a esta sesión de Comisión, tiene la palabra por diez minutos.
Correcto, se escucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada presidenta de la Comisión, honorable diputada doña Mónica Arce. Agradezco la invitación a exponer sobre este proyecto de ley y saludo también, por su intermedio, a los diputados y diputadas presentes, a la Secretaría y a quienes siguen esta discusión.
Hemos sido invitados a entregar nuestra opinión fundamentada en el contexto de la discusión general del proyecto de ley, en una etapa que exige pronunciarse sobre las ideas matrices o fundamentales del mismo, lo que involucra necesariamente sus fundamentos, su articulado y todos los elementos estructurales de esta moción.
Respecto a los fundamentos del proyecto de ley, independiente de un tema que ya ha sido abordado ampliamente en las discusiones, que es la prevención del abuso sexual infantil, podemos identificar tres ejes principales en su fundamentación. En primer lugar, la educación sexual como un supuesto derecho humano consagrado a nivel internacional; en segundo lugar, las dificultades en la implementación que señala el proyecto de ley de la ley N° 20.418; y, finalmente, la existencia de una demanda ciudadana en esta materia.
Respecto al primer elemento, es necesario precisar, con rigor jurídico, que las fuentes citadas en el proyecto de ley no poseen fuerza vinculante para el Estado de Chile. El informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, el documento de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y otros instrumentos citados en la moción tienen un valor técnico y jurídico muy relevante, incluso político, pero no constituyen fuentes de derecho internacional que sean obligatorias para el Estado de Chile, conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, debe señalarse con claridad que ningún tratado internacional ratificado por Chile consagra expresamente el derecho humano a la educación sexual integral. El proyecto construye dicho derecho mediante una interpretación coordinada de otros derechos y de otros instrumentos aplicables en Chile, como la educación, la salud y la información, que sí se encuentran reconocidos, elaborando por una vía interpretativa un derecho que no ha sido jurídicamente consagrado por la comunidad mundial y, en este caso, aplicable para nuestro país.
Esto no es menor, estimados diputados, porque si se sitúa la educación sexual dentro del catálogo de derechos humanos sin un respaldo normativo claro, se debilita el lenguaje y el discurso tan importante de los derechos humanos, cuyo valor radica en la delimitación, en la jerarquía y en el consenso mundial que existe entre los Estados al respecto. Llamar derecho a toda aspiración, por legítima que sea, termina por vaciar de contenido un concepto, el de los derechos humanos, que tanto como sociedad nos ha costado construir.
En cuanto al diagnóstico que hace la moción sobre la ley N° 20.418, que señala que esta normativa tendría dificultades para su implementación, llama la atención que el análisis efectuado, sea correcto o no, no se traduzca en medidas que se relacionen con el articulado. Las tensiones institucionales, la externalización del servicio, el modelo de mercado que se acusa a esta ley o los problemas de financiamiento no son abordados por la propuesta. Esto permite preguntarse legítimamente si la crítica en su fundamentación a estos problemas que tiene la ley N° 20.418 se realiza con el ánimo de mejorarla o si se utiliza como pretexto para introducir, por vía de reforma, un determinado modelo de educación sexual.
En cuanto al articulado, nos gustaría señalar lo siguiente: el fondo del debate no es si estamos de acuerdo o no con la educación sexual; esa no es la discusión de fondo. Muchos estamos de acuerdo con una positiva y prudente educación en sexualidad que considere al ser humano en su plenitud y respete los proyectos educativos de los establecimientos, así como el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos.
El problema de fondo, el quid de la discusión, es que el proyecto no solo impone un modelo distinto al anterior en materia de educación sexual, incorporando conceptos discutibles como el de género y otros de contenido indeterminado y susceptibles de una amplia interpretación, como el de afectividad, desde la más tierna infancia. Adicionalmente, omite mecanismos de disenso que resguarden efectivamente los derechos de los niños y adolescentes, de los padres y de los establecimientos educacionales. Educar en sexualidad, estimados diputados y por su intermedio, presidenta, no es un acto neutro cuando se incorporan contenidos en los que existe un legítimo espacio para discrepancias, y más aún cuando estos se imparten de manera obligatoria durante todo el ciclo educativo.
Se está adoptando una determinada concepción antropológica del ser humano. Y conviene ser claros: aquí no se está discutiendo sobre cuestiones de género, ni si alguien puede percibirse de una determinada manera; eso es otra discusión. Lo que aquí se debate es si el Estado puede imponer obligatoriamente un modelo formativo específico sin mecanismos eficaces de disenso, los cuales muchos padres de distintas realidades socioeconómicas, culturales y religiosas pueden discrepar legítimamente.
Para ilustrar este punto, me gustaría traer un caso de la justicia norteamericana muy reciente, dictado por la Corte Suprema en el año 2025, el caso Mahmoud versus Taylor. En 2022, en el estado de Maryland, se incorporaron libros de contenidos LGBT en cursos de lengua y literatura inglesa, incluyendo material para educación preescolar, básica y media. Inicialmente, se estableció un sistema de notificación previa a los padres y de exclusión voluntaria. Sin embargo, en 2023, la junta escolar de ese estado cambió el criterio. Un grupo de diversos padres, que tenían en común que todos sus hijos se educaban en escuelas públicas, acudió a la justicia y, lamentablemente, perdió en todas las instancias. La última a la que acudieron fue a la Corte Suprema, y esta, el 27 de junio de 2025, falló a favor de los padres, considerando que la medida adoptada por la junta escolar había vulnerado sus derechos y su libertad religiosa, la cual admite poder enseñar una visión de la sexualidad basada en responsabilidad y virtud, entre otras cosas.
En la sentencia, el voto de mayoría señaló que "el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos sería una promesa vacía si no se aplicara también en las escuelas públicas". Este caso demuestra que, incluso en sistemas educativos públicos y sociedades tan pluralistas como la norteamericana, la imposición obligatoria de determinados contenidos en materias morales controvertidas encuentra límites constitucionales claros.
Para ir cerrando, considerando lo expuesto, estimamos que el proyecto pierde de vista el fin último de la educación, que es conducirla hacia el mayor bien integral de la persona. Como señala la Constitución en el artículo 19, número 10, el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Al reducir la enseñanza de la sexualidad a una mera transmisión de información, se dejan en segundo plano dimensiones esenciales de la sexualidad, como la responsabilidad y la virtud.
Asimismo, el proyecto vulnera garantías básicas, en particular la libertad de enseñanza, el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos, y la autonomía de los cuerpos intermedios. Todas estas son normas constitucionales que nos obligan como legisladores y ciudadanos. Al imponer de manera obligatoria, a lo largo de todo el ciclo educativo, una determinada concepción de la sexualidad, la afectividad y el género, se desconoce la diversidad de proyectos educativos propios de una sociedad plural y se omiten mecanismos efectivos de consentimiento y disenso que permitan considerar los contenidos impartidos con el respeto a los derechos parentales. El rol del Estado es colaborar con la función educativa en los niños, en la cual los padres son los primeros y más importantes responsables.
Muchas gracias por esta oportunidad, estimada Presidenta. Le damos las gracias a don Gustavo Baez Neira, abogado del área legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia. Vamos a recibir ahora a la directora ejecutiva de la Fundación Valientes, la señora Carla Ljubetic Grez, quien se encuentra conectada a la sesión. Señora Carla, ¿nos puede oír?
Vamos a pasar, entonces, con nuestro siguiente invitado, la directora ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile (UMICH), la señora Carol Espinaza. Señora Carol, muy bienvenida a esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludo a los honorables diputados presentes en esta discusión y a quienes nos escuchan en esta sesión. Agradecemos la invitación para exponer nuestra opinión sobre este proyecto que modifica la ley N° 20.418 para promover una educación integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. Como organización UMICH, nos importa esta inclusión, ya que desde 2011 hemos realizado un trabajo con cientos de niños, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad en varias regiones del país. Actualmente estamos con voluntarios...
He estado activo en dos campamentos en la región metropolitana, comuna de La Florida, y en la quinta región en San Felipe. Además de eso, desde el 2012 al 2019, antes de la pandemia, estuvimos capacitando a líderes de infancia de todo el país en distintas áreas, una de ellas precisamente en prevención de abuso sexual infantil. En mi caso personal, me formé como monitora en sexualidad y afectividad en niños y adolescentes a través del programa Teen Star, en asociación con la Pontificia Universidad Católica.
Por ello, valoramos enormemente que se ponga en discusión la prevención del abuso sexual infantil. Las cifras que ustedes ya conocen avalan la necesidad de tomar cartas en el asunto, considerando el aumento de delitos relacionados con la producción, almacenamiento y difusión de material sexual infantil, con un incremento del 81% en seis años desde 2019, según cifras del Ministerio Público. Además, la Defensoría de la Niñez reportó en 2024 un aumento del 89%, con 858 niños víctimas de explotación sexual infantil, incluyendo proxenetismo, facilitación y difusión de material. Esto significa que el abuso sexual infantil va más allá de familiares o entornos cercanos al niño; hoy se extiende a una industria pornográfica internacional y a empresas dedicadas a la prostitución o explotación infantil, así como al grooming y la extorsión sexual.
La prevención del abuso sexual infantil debe considerar también la integración y persecución de estas agrupaciones delictivas, así como el seguimiento de cada denuncia, no como ocurre hoy, donde tres de cada cuatro se archivan, según el informe de la Fundación Amparo y Justicia de agosto de 2025. Esto amerita, señores diputados, una evaluación y la necesidad de aplicar una condena efectiva. Como organización, quiero enfatizar que aborrecemos todo abuso sexual infantil y jamás estaremos del lado de los abusadores. Sin embargo, este proyecto no es una ley o un programa sobre prevención; es una modificación a la ley 20.418, que establece normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, ampliando los contenidos de educación sexual, afectividad y género a todo el ciclo educativo.
Presidente, ¿podríamos realmente prevenir el abuso sexual infantil? Creemos que una modificación a la ley no es la mejor opción. Lo que se necesita es una ley específica o enfatizar talleres y programas de prevención para toda la comunidad escolar, ya que, según estudios, estos son los que tienen mayor efectividad en cuanto a prevención, especialmente en cuatro áreas. Estos talleres enseñan a los niños a utilizar estrategias de autoprotección, a decir que no y a pedir ayuda, discerniendo entre lo que pueden callar y lo que no, aumentando significativamente la comprensión de las señales de abuso. Además, no se olvidan de lo aprendido en estos programas específicos de prevención.
Por otro lado, si realmente queremos prevenir el abuso, la formación debe hacerse junto con las familias. Si bien hay una alta proporción de abusos que ocurren en el entorno familiar, eso no significa que sean, por definición, los padres del niño. No podemos generalizar ni instalar la idea de que los padres o las familias son sospechosos por naturaleza. Por el contrario, debemos hacerlos parte, escucharlos e incorporarlos activamente en las políticas y programas de prevención. La gran mayoría de madres, padres y tutores cuidan, protegen y buscan el mayor bienestar para sus hijos. Si los consideramos aliados en lugar de adversarios, las estrategias de prevención serían más eficaces, legítimas y respetuosas de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Quiero plantear un tercer punto a partir de una experiencia. En 2016, dos niñas de cuarto básico durante el recreo corrieron llorando a los brazos de la psicopedagoga del colegio Batalla de la Concepción de la comuna del Bosque, Evelyn Fernández Soriano. Las niñas, llorando, decían: "no quiero crecer, no quiero crecer". En un taller dictado por personal de salud del consultorio, les hicieron recrear posiciones sexuales y les enseñaron a poner condones con plátanos. Fue tanto el daño causado que sus padres decidieron cambiarlas de escuela. Por supuesto que no vamos a generalizar, pero tampoco podemos olvidar lo ocurrido en la charla de sexualidad a alumnos de quinto básico en Arica en marzo de 2024, donde, sin criterio alguno, a niños de 10 años se les sometió a preguntas explícitas sobre sus experiencias sexuales.
La Secretaría de Salud Pública en ese entonces incluyó un procedimiento disciplinario al colegio por incumplimientos de lineamientos oficiales. También se menciona el caso en Talcahuano, en 2023, donde un operativo realizado por el Ministerio de Salud incluyó tocaciones y preguntas íntimas a alumnos de quinto básico, lo que fue descrito por algunos como una intervención con connotación sexual.
¿Por qué señalo estos casos? Porque hablar de biología, del funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano, de la reproducción y de la prevención, es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Hablemos de prevención y desarrollemos programas y talleres al respecto. Sin embargo, ampliar por ley el concepto de contenidos, incluyendo afectividad y género a todo el ciclo educativo, no tiene que ver con prevención. Estos conceptos imponen una única teoría de la sexualidad que no necesariamente es compartida por todas las familias chilenas ni por todos los proyectos educativos existentes en nuestro país. Es una postura sesgada que nos preocupa, ya que se impone por ley sin respetar las distintas cosmovisiones que conviven en Chile, especialmente cuando se trata de todo el ciclo escolar.
Vivimos en un país democrático donde, por cierto, hay libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, y donde la pluralidad de proyectos educativos enriquece a la sociedad. Imponer solo una mirada sobre la sexualidad nos hace retroceder, lo cual no me parece adecuado. La actual ley habla de educación sexual en los establecimientos, según sus principios y valores, y busca una sexualidad responsable que se alinee con cada proyecto educativo y las convicciones y creencias que adopte e imparta cada colegio en conjunto con los apoderados. Para mí, la ley está bien, pero podríamos agregarle un enfoque en la prevención del abuso sexual infantil o incorporar programas específicos sobre este tema, o incluso discutir una ley que abarque la persecución de industrias pedófilas y de pornografía infantil, aunque tal vez, debido a la premura del proyecto, eso sea difícil de definir.
Es importante recordar que las creencias religiosas forman parte de la cultura de un país y dan origen a cosmovisiones que merecen ser respetadas. Al incorporar el concepto de afectividad y género en la ley, se fija una única perspectiva sobre la vida, la sexualidad y la convivencia humana, reduciendo la diversidad de enfoques legítimos existentes en nuestra sociedad. Por ello, considero imprescindible que esta modificación sea revisada. Es necesario suprimir la referencia a afectividad y género, fortalecer explícitamente el rol de los padres, familias o tutores, especialmente en el ciclo preescolar y básico, y resguardar no solo la pluralidad de proyectos educativos, sino también la diversidad de creencias y cosmovisiones de las familias chilenas, propias de una sociedad verdaderamente libre y democrática.
Muchas gracias. A continuación, agradezco a la señora Espinaza, directora ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile, UMICH. Se encuentra ahora la señora Carla Ljubetic Grez. Un momento, por favor.
Señora Carla, le daremos la palabra a la diputada Schneider. Presidenta, muchas gracias. Saludo por su intermedio a nuestros invitados y a los integrantes de la comisión. Mi sugerencia, si usted lo tiene a bien, es que realicemos tres exposiciones y luego un lapso para preguntas, ya que tenemos alrededor de seis o siete exposiciones hoy. Va a ser complicado hacer todas las preguntas de una intervención de un diputado a cada uno de nuestros invitados, dado el tiempo que nos queda.
Por lo tanto, propongo que, tras la exposición de la señora Carla, hagamos una ronda de preguntas y luego continuemos con las otras exposiciones y realicemos otra ronda de preguntas. Sin embargo, la verdad es que no nos da mucho tiempo para eso, porque muchas veces ustedes también desean hacer una contrapregunta. Como se nos cayó un invitado, preferiría que agrupemos las preguntas para todos los invitados, ya que no todos van a preguntar a cada uno de ellos. Es netamente por la situación que hemos tenido.
Señora Carla, muy bienvenida a esta sesión de comisión. Tiene la palabra por diez minutos.
Señora Presidenta de la Comisión, muy buenas tardes, autoridades presentes, honorables diputadas y diputados. Mi nombre es Carla Ljubetic Grez, soy psicóloga clínica infantojuvenil, especializada en salud mental comunitaria y en diagnóstico y prevención del abuso sexual infantil. Hoy me encuentro aquí en calidad de directora ejecutiva de Fundación Valientes. Valientes es una organización sin fines de lucro que trabaja por promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez. Desde 2018 hemos trabajado junto a más de 160 comunidades educativas, llegando a más de 11.000 niñas, niños y adolescentes, 4.000 madres, padres, cuidadores y cuidadoras, y más de 2.000 docentes, asistentes de la educación y equipos directivos.
Mi intervención considera esta vasta experiencia de trabajo junto a escuelas y liceos en diferentes regiones de nuestro país, reconociendo sus fortalezas y también sus dolores en la importante tarea de construir una educación que promueva el desarrollo pleno de la niñez. Quisiera comenzar con una pregunta que puede parecer simple o quizás extraña de hacer en este contexto, pero que puede generar una reflexión que nos ayudará en el debate: ¿Por qué se hundió el Titanic? La respuesta a esta pregunta no es solamente que chocó con un gran iceberg. El Titanic se hundió porque quienes dirigían su navegación solo vieron la punta de este iceberg y no lograron dimensionar la enorme masa de hielo que se encontraba bajo la superficie.
Hoy, lamentablemente, como país podemos decir que estamos enfrentando una situación similar a la de este barco. En Chile, cuando hablamos de violencia en la niñez y, sobre todo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, solemos reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Cuando aparece un caso en la prensa o en los medios, cuando hay una denuncia judicial, o cuando una niña, un niño o un adolescente ya fue profundamente vulnerado en sus derechos. Y eso es solamente la punta del iceberg. Lo que vemos son los casos más graves, los más visibles, los que ya no se pudieron ocultar o los que lograron ser denunciados. Pero bajo el agua hay una realidad mucho más grande, más silenciosa y persistente, que además sostiene estas formas de violencia.
Bajo el agua están aquellos niños y niñas que no saben nombrar lo que les ocurre, aquellos que no saben que su cuerpo tiene límites o que aún no tienen el lenguaje para poder comunicarlo, que no saben que pueden decir que no, o que incluso tienen miedo a decir que no, y que no saben a quién acudir cuando un adulto o un par cruza esos límites. La evidencia en estas materias es clara, y me imagino que en las distintas conversaciones ya se han puesto sobre la mesa las diferentes cifras de nuestra realidad. Lejos de disminuir, sabemos hoy día que las denuncias por violencia sexual aumentan, y que, a su vez, con el nuevo desarrollo de las tecnologías, vemos nuevas formas de expresión de estas violencias en el mundo digital, incluso ahora con la inteligencia artificial.
Hoy día, un 27% de las personas jóvenes declara haber sufrido algún tipo de violencia sexual alguna vez. Un 61% de quienes han sido víctimas de abuso no informó lo ocurrido a una persona o a una institución. Además, sabemos que la Defensoría de la Niñez nos muestra que el 42% de niños, niñas y adolescentes identificó la falta de educación sexual como uno de sus principales problemas. No porque quieran adelantarse, sino porque la desinformación los deja solos y solas frente al riesgo, y porque quieren comprender lo que les ocurre en sus relaciones y también en sus entornos. El abuso sexual infantil no ocurre por ignorancia de las víctimas, pero la desinformación sí facilita que ese abuso se mantenga en silencio.
En Valientes siempre decimos que como país hemos avanzado en identificar las diferentes formas de violencia y desigualdades, pero estos avances han estado la mayoría de las veces enfocados en el mundo adulto. Durante décadas, como sociedad, hemos enfrentado este iceberg solamente desde la reacción tardía: más sanciones, más castigo penal, más indignación pública. Todo eso es y ha sido necesario, pero también es y ha sido insuficiente. Que estemos hablando de esto aquí hoy día es una de las muestras de ello. Es como intentar reforzar el casco de este barco después del choque, sin cambiar la ruta de navegación. La pregunta, entonces, también es por qué seguimos esperando para actuar y no empezamos a actuar a tiempo.
Esta reforma nos da una oportunidad de corregir eso. ¿Qué es lo que nos propone realmente? Este proyecto de ley no es una gran revolución curricular ni tampoco una innovación educativa muy avanzada, menos una imposición ideológica o una amenaza a la libertad de enseñanza. Es algo mucho más básico y fundamental.
Es una urgencia. Esta reforma lo que nos propone es que la educación sexual deje de estar limitada a la enseñanza media y se extienda a todo el ciclo educativo, con contenidos que sean pertinentes y adecuados a las edades, basados en evidencia científica y con un foco explícito en la prevención del abuso sexual infantil. Esta reforma es simplemente mejorar lo que hoy día tenemos para poder empezar a llegar a tiempo. Dicho de otra forma, y siguiendo esta metáfora, propone que la prevención ocurra antes del choque, y prevenir implica necesariamente educar antes, no después. Para que esto realmente ocurra en todo el ciclo educativo, debemos asegurarnos de poder cumplir con estos objetivos. Esto no vulnera la niñez, la protege.
Desde nuestra experiencia como fundación, podemos confirmar que esta reforma busca fortalecer lo que tenemos. Las escuelas en Chile ya están obligadas a contar con planes de sexualidad, afectividad y género; esos planes existen, están mandatados por el Ministerio de Educación y forman parte de los instrumentos de gestión educativa. Sin embargo, el problema es que la institucionalidad que los respalda no es lo suficientemente profunda para orientar el trabajo de las escuelas en esta materia. No basta solamente con la existencia de este instrumento, sino que debe considerar a todo el ciclo educativo y desarrollar los contenidos necesarios para promover el desarrollo pleno y prevenir las diferentes formas de violencia en la niñez, entre ellas el abuso sexual infantil.
Desde Valientes hemos trabajado con decenas de comunidades educativas en distintas regiones del país, acompañándolas en el desarrollo de este importante instrumento de gestión. La experiencia ha sido muy clara: cuando los planes de sexualidad, afectividad y género están bien diseñados, con objetivos claros, contenidos adecuados a cada etapa y un foco explícito en la prevención de la violencia sexual, se transforman en una herramienta poderosa, no solo para estudiantes, sino también para docentes y familias. Hoy, los equipos educativos quieren acompañar y proteger, pero muchas veces no cuentan con marcos institucionales claros que orienten su quehacer.
La evidencia internacional ha sido consistente en esto: los países que han incorporado una educación sexual temprana, progresiva y preventiva logran mayor detección de abusos, mayor denuncia y menor normalización del abuso. Suecia, Canadá, Países Bajos y Alemania, entre otros, entendieron hace décadas que el silencio no es neutral y que la educación en estas temáticas no sexualiza, sino que entrega herramientas de protección. Chile no está improvisando; está alineándose con estándares internacionales de derechos de la niñez y con su propia legislación, como la Ley de Garantías de la Niñez, que busca garantizar, entre otros, el derecho a recibir una educación en sexualidad, afectividad y género.
Por último, para cerrar mi intervención, quiero dirigirme a esta comisión. Hoy sabemos que este debate genera temores y confusiones, a menudo alimentadas por la desinformación y campañas de deslegitimación, y es comprensible tener dudas al respecto. Sin embargo, quiero ser clara: no educar es una forma de descuidar la niñez. La falta de educación sexual preserva el silencio, y el silencio es el espacio donde el abuso crece, se repite y se perpetúa. Esta reforma no elimina el rol de las familias; al contrario, permite fortalecer su participación mediante la construcción de buenos instrumentos de gestión, como el Plan de Sexualidad Afectiva y de Género. No desconoce los proyectos educativos, sino que mantiene sin modificar lo que alude a las creencias y valores de cada institución. Esta reforma no busca uniformar realidades distintas, sino que todas las realidades sean realmente protectoras, estableciendo un mínimo ético y preventivo para que ningún niño o niña quede desprotegido por el lugar donde nació o estudia.
Honorables diputadas y diputados, hoy ustedes están tomando decisiones sobre la navegación de este barco. Pueden optar por seguir mirando solamente la punta del iceberg y reaccionar cada vez que el país se estremece por un nuevo caso de abuso, o pueden ayudarnos a mirar bajo el agua, a cambiar el rumbo y evitar que el choque ocurra o siga ocurriendo. Prevenir el abuso sexual infantil no es una opción política, es una responsabilidad del Estado y un deber con la niñez que tenemos hoy día en nuestro país. Muchas gracias.
A continuación, le damos la palabra a la investigadora Viviana Álvarez Velasco, quien es miembro del Departamento de Coordinación de Educación Sexual, en representación de la organización Una Mirada.
De la Secretaría de Educación de la Nación Argentina también se encuentra conectada por Zoom, así que le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de comisión. Tiene la palabra por diez minutos.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el recibimiento y gracias por darme esta oportunidad también a Una Mirada. Si me permitieran, voy a tratar de compartir pantalla, si esto fuera posible. A ver si logro hacerlo desde aquí. ¿Ustedes me dirán si pueden verlo?
¿Pueden visualizar así? Sí, estamos viendo su presentación, señora Villanueva.
En primer lugar, quisiera comentar que voy a trabajar específicamente en la comparativa con el caso argentino. He escuchado atentamente las ponencias anteriores y hay algunas con las que verdaderamente coincido, y hay otras en las que siento algo así como que vengo del futuro y puedo hablar acerca de lo que fue la implementación de la educación sexual en nuestro país, con las diferencias, por supuesto, que tiene la idiosincrasia de una nación con la otra, pero que no afecta a la cuestión de base de la ley en sí.
Contarles y mostrarles que nosotros tenemos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, desde el año 2006. Este año, esta ley está cumpliendo ya 20 años desde su promulgación. En principio, esta ley, en su articulado, no presenta ninguna alusión a cuestiones de género ni a la perspectiva de género. Tiene un articulado que es muy claro, preciso y respetuoso de la familia y de las condiciones personales, lo cual está establecido en el artículo 5 de la ley.
Además, la adaptación de los contenidos debía desarrollarse en el contexto sociocultural de la institución educativa que lo llevara adelante. Aún con esto, y a pesar de contar con un articulado tan claro y preciso, nos hemos encontrado con dificultades importantes en la implementación.
En primer lugar, ha habido una interpretación de la ley absolutamente sesgada, donde la perspectiva que se le ha dado es de género. Existe un incumplimiento absoluto en el articulado de la ley y de la Constitución. Otra de las cuestiones que hemos enfrentado es la presión muy fuerte sobre los docentes en la implementación. Si bien la ley establece que es de aplicación obligatoria desde el nivel inicial, que corresponde a la edad de entre cuatro y cinco años, hasta el nivel secundario y el superior, se ha ejercido una presión considerable sobre los docentes en la aplicación de determinados contenidos, sin darles el espacio ni el lugar adecuados.
Al contexto sociocultural e incluso al contexto de las convicciones de las familias o de los miembros de la institución donde se está desarrollando la educación sexual. Y por último, otro de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país en estos veinte años de implementación es el uso de materiales inapropiados para la educación sexual.
Cuando se desarrolló la ley en su inicio, se establecía que, en un término no menor a dos años desde su promulgación, se iban a determinar los contenidos o los lineamientos curriculares, así como las estrategias de trabajo. Estos contenidos configuraron ejes de trabajo. Sin embargo, no se definieron en su inicio, entre 2008 y 2010-2011, cuando se reunió un consejo encargado de desarrollar los contenidos y las estrategias curriculares. Esto se vio alterado en 2018, con una resolución que otorgó obligatoriedad a contenidos de educación sexual, lo que evidenció una inconstitucionalidad. La ley, al igual que la Constitución, en ningún momento permite establecer contenidos obligatorios. Constitucionalmente, tampoco se puede obligar en este sentido, ya que existe un derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos y una libertad de cátedra. Por lo tanto, no es correcto establecer contenidos mediante resolución, ya que una resolución no puede prevalecer sobre una ley o la Constitución.
Esta situación desvirtuó el contenido original y el espíritu de la ley, otorgando a ciertas dimensiones una prioridad que no estaba marcada en su articulado. Los objetivos y principios determinados inicialmente fueron, en efecto, menoscabados por esta resolución.
Además, los lineamientos curriculares fueron diseñados con una única perspectiva, la perspectiva de género, a pesar de que la ley no menciona que esta deba ser considerada. La ley establece que se procure continuamente la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Sin embargo, esta perspectiva de género afectó considerablemente, ya que se presentó una mirada claramente a favor de las mujeres y en detrimento de los varones. Esto se evidenció en todos los materiales enviados a las instituciones educativas, no solo por el Ministerio de Educación de la Nación, sino también por los ministerios o direcciones provinciales.
Es importante señalar que existe una diferencia entre Chile y Argentina en este contexto, dado que Argentina es un país federal. Si bien contamos con un gobierno nacional y un Ministerio de Educación nacional, por la Constitución, las provincias tienen autonomía en la implementación de estas políticas.