En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones números 135 y 136 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 137 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta.
Oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa sobre las medidas aplicadas en el llamado 2025 del Programa de Protección de Patrimonio Familiar DS 255, relativas a proyectos de eficiencia energética en la comuna de Chillán, en el marco de la presentación efectuada por la Junta de Vecinos Brisa del Bicentenario de dicha comuna, incluyendo exenciones y ajustes transitorios por los requisitos de postulación, así como la disponibilidad de recursos para la región de Ñuble y el estado del proceso de selección correspondiente.
Circular N° 38 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 28 de octubre de 2025, por la cual se instruye a los servicios de vivienda y urbanización a actualizar y uniformar los procedimientos de fiscalización, uso, recuperación y restitución de viviendas fiscales y subsidiadas, estableciendo protocolos, etapas y medidas administrativas y judiciales para el control del correcto uso de los subsidios habitacionales y la recuperación de inmuebles en caso de incumplimientos.
Se recibe también un correo electrónico de la señora Paul Cibo Irijuica, funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual adjunta documentación relacionada con los casos de restitución de viviendas efectuadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de dicha región, así como con viviendas que cuentan con decreto de demolición a raíz de socavones, particularmente respecto de las familias de la población La Vicuña y de aquellas afectadas por contaminación de polimetales que fueron relocalizadas en el año 2015 desde el sector Cerro Chuño a Punta Norte. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, dicha información tiene carácter de reservada, por cuanto contiene datos personales y sensibles, tales como domicilio particular y RUT de las personas afectadas, quedando en consecuencia el detalle de los referidos antecedentes bajo custodia de la Secretaría de esta Comisión.
Oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa el avance correspondiente al mes de diciembre de 2025, en cumplimiento de la Glosa 22, inciso primero, numeral 12 de la Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al cuarto trimestre de 2025, relativo a los gastos por arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles destinados a dependencias institucionales, indicando montos mensuales y enlaces a los contratos respectivos.
Oficio de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, por el cual remite información en cumplimiento del artículo 14, número 12 de la Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al cuarto trimestre de 2025, relativa a los inmuebles que dicha subsecretaría mantiene en arriendo para el funcionamiento de sus dependencias.
El mes de diciembre de 2025, en cumplimiento de la glosa 23 de la Ley 21.772 de Presupuestos del Sector Público, se detallan las denuncias, querellas y gestiones realizadas por los servicios de vivienda en materia de usurpaciones y delitos asociados a inmuebles fiscales y subsidiados, así como el estado actual de dichas acciones.
Se recibió un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el cual se remiten informes trimestrales en cumplimiento de la glosa 9 de la partida de dicho ministerio, relativos al cronograma de llamados, número de llamados y fechas de postulación del programa habitacional anual, así como al número de beneficiarios, acompañando antecedentes del programa habitacional año 2025 y el calendario de llamados y postulación a subsidios habitacionales.
Asimismo, se recibió un oficio del Gobierno Regional de Coquimbo, en cumplimiento del artículo 14, inciso primero, numeral 12 de la Ley 20.722 de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, relativo a los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles destinados a dependencias institucionales, detallando montos mensuales y enlaces de respaldo de los contratos respectivos. También se recibió un oficio del Gobernador Regional de Valparaíso, en cumplimiento del mismo artículo.
Agradecemos al abogado don Andrés. ¿Algunas observaciones sobre la cuenta? No hay. Hemos dejado los puntos varios para el final, así que ahora vamos a recibir a las dirigentes que vienen de Arica.
Esta sesión tiene por objeto recibir a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Verónica Ibacache Parraguez, para que entregue una propuesta para solucionar la problemática relativa a los desalojos realizados en la comuna de Arica, según lo acordado en la sesión especial celebrada en dicho lugar.
Asiste telemáticamente el director regional del Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, señor Carlos Baeza Villar. Se encuentran invitadas la señora Gabriela Chamorro Castro y Patricia Choquehuanca Nina, en representación de la agrupación "Arica No Se Desaloja".
Nosotros íbamos a escuchar a la jefa de la División Jurídica; sin embargo, ella nos entregó un documento, lamentando que no haya podido conectarse. La señora Jeannette Tapia me había señalado que iba a tener la posibilidad de participar, pero ahora indica que se encuentra acompañando a la subsecretaria. Por lo tanto, no podrá asistir a esta sesión.
Hacer explicativa esta propuesta que envía por escrito. Así que yo les quiero pedir a los diputados aquí presentes, que tuvimos la oportunidad de estar en Arica, que puedan emitir su opinión al respecto, para ver qué establecemos de acuerdo con respecto a estos casos que todavía tenemos sin respuesta. La sesión pasada tuvimos inconvenientes, dado que se estaba votando el reajuste y, por lo tanto, no pudimos terminar la sesión. Dimos inicio solamente, y ahí ella estuvo dando una breve explicación, en la cual también varias preguntas quedaron para el día de hoy.
Ofrezco la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuál fue la razón de que no vino la asesora jurídica del ministerio? Señorita Janet Tapia, para que pueda señalarnos qué fue lo que ocurrió. Diputados, buenas tardes, a los invitados también. Verónica, en este caso, tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida.
Usted define... Sí, presidenta. Me parece inaceptable e inexcusable los motivos, y sobre todo que se haya avisado cinco minutos antes de la sesión. Yo creo que es una falta de respeto, no solamente a las personas, a quienes, incluso cuando a mí me tocó estar de presidente de la comisión, vimos el primer tema que usted ha tomado, presidenta, con mucha seriedad y responsabilidad. Usted hizo sesionar a la comisión en Arica, por lo tanto, a mí me gustaría que se exija también la presencia y que se dé respuesta. Hemos recibido mucha información, hay varios diputados de la región y las dirigentes quienes se han contactado con nosotros. Me parece que la excusa agrava la falta, presidenta. Aquí tenemos que dar una solución y decir que la decisión ya se tomó. Creo que no es una respuesta razonable, sobre todo cuando estamos tratando de buscar soluciones. Insisto, usted tomó la determinación, presidenta, de sesionar en Arica, con todo lo que ello significa. Por lo tanto, creo que si no quiere venir, que por lo menos nos mande una respuesta por escrito.
Diputados, buenas tardes, a los invitados también. Verónica, por su cargo de jefa de la división jurídica, está en este momento trabajando en las materias relativas a la reconstrucción, por lo que no tenía posibilidad de ir presencialmente ni de conectarse. Ella lo explicó, y además la respuesta del ministerio ha sido la misma desde la primera sesión en Arica. Tenemos disponibilidad para revisar los casos que no están con sentencia ejecutoriada, que es lo que señala el informe de Verónica en este caso. La respuesta por escrito es necesaria, ya que no quieren comparecer a esta comisión. Presidente, yo sé que usted no la puede obligar, pero me parece bien poco serio.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Enrique Lee. Presidente, primero que todo, quisiera recordar la comisión anterior en relación a una exposición del señor ministro que quedó inconclusa porque tuvimos que regresar a sala. Esa exposición, ministra, alcancé a escuchar parte de ella, la primera parte. En la unión anterior, que era escuchar la propuesta del ministerio, y que ahora la mandan por escrito. Presidenta, la jefa jurídica, como abogada que es, debe tener claridad de que esta propuesta necesita también interpretación y por eso tiene que estar presente ella para hacerle las consultas.
Como antecedente, nos remitimos al punto más pequeño de todos, que es el nueve, donde figura la propuesta. Esta propuesta menciona, por ejemplo, la necesidad de reunirse con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a fin de revisar la situación actual. Alcancé a escuchar parte de la exposición de la ministra, antes de que se interrumpiera, y me parece de la máxima gravedad. Es una falta de respeto que un poder del Estado no pueda tolerar a otro, especialmente para defender las bases de la institucionalidad democrática.
El señor ministro Carlos Montes, a quien respeto por su trayectoria política y su edad, parece estar o muy mal asesorado, o definitivamente, ya no está en condiciones de liderar una cartera tan importante como es la de Vivienda. Entiendo que él señaló que iba a enviar su exposición por escrito o a presentar una queja, pero no alcancé a entender si sería a la comisión o a la presidencia de la misma. Al respecto, presidenta, me gustaría escuchar su opinión.
Sobre la materia de fondo que nos motiva a reunirnos, es fundamental revisar los casos que hoy nos convocan. Si eso no es faltar el respeto, entonces escuchar a una persona que permanentemente lo hace y que llega a esta comisión exigiendo respeto, es inaceptable. Hoy día, el ministro ni siquiera está presente, al igual que la jefa jurídica. Si vamos a quitar las casas a personas por no haber estado presentes en reuniones, entonces también deberíamos cuestionar la ausencia del ministro en las ocasiones en que los parlamentarios lo han requerido.
Presidente, nosotros tuvimos al director del INDH en Arica, y él fue muy claro al respecto. Entonces, ¿qué va a pasar con las órdenes de desalojo que están judicializadas? Ese es el motivo más urgente que nos convoca hoy. El señor ministro comenzó su exposición la semana anterior diciendo que se le había faltado el respeto, pero ha faltado el respeto no solo a esta comisión, sino al país. Él no tiene una cuenta de ahorro en la que reparte recursos propios; está distribuyendo los recursos de todos los chilenos, que buscan salvaguardar los problemas de vivienda de quienes aspiran a un sueño digno.
Nos habla de faltar el respeto cuando, en primer lugar, él mismo ha faltado el respeto a esta comisión y a su presidenta. Como comisión, no podemos permitir que se le falte el respeto a la presidenta, quien representa a los trece diputados que la integran. Además, le recuerdo al ministro que me dejó esperando una reunión que él se comprometió a sostener conmigo para revisar los casos. Si vamos a quitar las casas a personas por no haber estado presentes en fiscalizaciones, entonces también quitémosle el cargo al ministro, que ha estado ausente en múltiples ocasiones.
Asimismo, debemos cuestionar la ausencia de la directora de SERVIU, que no ha sido localizada por las dirigentas en más de tres oportunidades. Propongo que elaboremos un protocolo para que, si no encontramos a las autoridades de SERVIU, podamos despojarlas del cargo, tal como el ministerio está pretendiendo con esta propuesta. Las familias en Arica afectadas seguirán sufriendo el desalojo y el despojo de sus viviendas. A mí no me da ninguna garantía, presidenta, y le solicito a usted que se tomen las medidas necesarias.
Presidenta, que tome los acuerdos que sean necesarios. No tengo dudas de que los integrantes de la comisión los respaldarán para salvaguardar de verdad los intereses de las familias. Lo que nos urge hoy día es el despojo, el desalojo de las viviendas, así como otros casos graves que usted escuchó en Arica, de todos los dirigentes y todas las afectadas. Esa es la posición que expongo, presidenta. No pertenezco a esta comisión, pero reemplacé en la sesión en Arica al diputado Fuenzalida y represento al distrito donde están los principales afectados.
Gracias, presidenta. Propongo que elaboremos un protocolo en el que, si no encontramos a las autoridades del SERVIU, podamos despojarlas del cargo, así como el ministerio está pretendiendo despojar de sus viviendas a estas personas. He leído la propuesta, presidenta, y considero que es jurídicamente inviable. Sin la presencia de la jefa de jurídico, es imposible aceptar este escrito, ya que carece de sustento. Si aceptamos esta propuesta, esto seguirá avanzando.
Reafirmando lo que decía el diputado Lee, es impresentable que la directora jurídica del SERVIU no haya cumplido con el compromiso asumido. Existía un acuerdo de que, a la semana siguiente de la sesión en Arica, se presentara un planteamiento serio y se estudiaran cada uno de los casos. Ella se comprometió a ello; nadie la obligó. Sin embargo, en la sesión pasada no tuvimos respuesta, solo que iba a estudiar los casos nuevamente, y hoy no está presente.
Me da la impresión de que estas personas están esperando que el gobierno termine su mandato para traspasar el problema al próximo gobierno. La inactividad e inoperancia que han demostrado son realmente abismantes y requieren una llamada de atención por parte de esta comisión, tanto al ministro como a la subsecretaria y a la directora jurídica del SERVIU. Las familias no pueden seguir esperando; necesitamos una respuesta. Los procesos legales siguen avanzando y podrían encontrarse con que ya no serán 45 casos, como se mencionó, sino que podrían ser el doble.
Por lo tanto, creo que debemos enviar una nota de protesta o sanción al ministerio, con copia al Presidente de la República, aunque le quede poco tiempo en el cargo, y seguramente se irá de vacaciones en unos días más. Es fundamental que planteemos nuestra posición de manera seria, como una protesta por la actitud que ha tenido el ministerio en esta situación.
Gracias, presidenta. ¿La señorita Janet se encuentra por ahí?
Se encuentra conectada en el Ministerio la señora Janet Tapia. Yo quería preguntarle a usted, o a alguien de ahí del ministerio, si nos puede explicar brevemente sobre la circular 38 del 28 de noviembre. ¿Usted podrá hacerlo?
La circular 38 regula el tema de la recuperación de viviendas, tanto de carácter administrativo como judicial. Hasta el día de hoy, las distintas entidades tenían sus propias resoluciones, y se decidió centralizar todo mediante un instructivo del ministro. Ahora se reconocen los mismos criterios que estaban establecidos anteriormente, pero en un único documento.
Se establece que para recuperar las viviendas, conforme a lo que establece la ley, debe realizarse un proceso de fiscalización que incluye al menos tres fiscalizaciones. Posteriormente, se constituye el título ejecutivo, y con ese título se solicita, en un juicio ejecutivo, que la persona devuelva el subsidio. En caso de no poder devolver el subsidio, se produce el remate de la vivienda, como en todos los juicios hipotecarios, y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) se adjudica la vivienda, ya que tiene la primera opción. Luego de eso, se debe llevar a cabo todo el proceso de readjudicación de las viviendas conforme a la normativa.
Ofrezco la palabra. Yo le iba a hacer unas consultas, pero hágaselas. Siguiendo sobre lo mismo que usted está consultando a la señora Janet, para que nos explique cuál es el fundamento de esta circular. Se supone que está repitiendo algo que ya estaba instruido. ¿Por qué se emite una nueva circular? ¿Cuál es la voluntad, cuál es la motivación de esta nueva circular, que además es de noviembre del año pasado, cuando ya han habido varios procesos entre medio?
El ministro estimó pertinente fijar criterios comunes, ya que, como los Serviu son autónomos, podían tener otros procedimientos. Entonces, él pidió a un equipo, del cual yo no participo porque veo el tema legislativo, que trabajara en la circular.
Lo que señala la señora Janet, como no ha leído la totalidad de esta circular, son procedimientos distintos a los que se están aplicando en Arica. Por eso le preguntaba, pero como ella señala que no fue parte de esta discusión, aquí lo que se señala, y lo que observamos en la comisión, es cómo se llevaban a cabo los nombramientos de los fiscalizadores, especialmente los ministros de fe. La señora directora también indicó que todos salían a fiscalizar, pero al salir todos a fiscalizar, alguien debió otorgar el mandato como ministro de fe, y eso, por lo menos en la ley, no se señala. Los ministros de fe son notarios, oficiales del registro civil y funcionarios del ministerio. No sé si esa facultad se la otorgó la subsecretaria o el ministro, que son sus superiores. Por lo tanto, había muchas observaciones al respecto.
La situación que ocurrió desde agosto hasta diciembre de este año, y estando esta circular ya en diciembre, las personas no debieran haber estado solicitándose estos juicios ejecutivos con los procedimientos que se llevaban a cabo. Por lo tanto, considero que es necesario revisar el actuar del ministerio, y en particular del SERVIU en Arica, ajustándose a lo que el ministro instruyó. De lo contrario, se estaría incurriendo en una falta administrativa por parte del ministro y sus superiores.
Existen numerosas observaciones al respecto. En cuanto a las denuncias, la circular establece que las personas que deseen denunciar deben inscribirse en una página web, indicando claramente su nombre y el motivo de la denuncia, para que el ministerio pueda tomar conocimiento de ello. Además, en esta página se contempla la fiscalización, la cual deberá contar con el nombramiento de un ministro de fe, lo que no se entendía debido al desorden administrativo interno del ministerio, que carecía de un procedimiento administrativo único.
Se espera que a partir del 28 de noviembre, cada uno de los SERVIU reciba instrucciones claras del ministro para aplicar esta circular de manera efectiva. Sin embargo, como nos indicó la señora Ibacache, hay temas de carácter legislativo que deberán ser resueltos por ustedes. También mencionamos que existen resoluciones que pueden ser procedimientos administrativos intermedios, tal como el instituto de derechos humanos lo ha señalado. Aquí no hay procedimientos intermedios, y las personas que fueron notificadas, o más bien, ni siquiera notificadas, no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso. Nunca pudieron defenderse ante el servicio, y posteriormente no fueron informadas de la posibilidad de presentar algún recurso de reposición ante el SERVIU. Ninguna de estas opciones estuvo disponible, lo que las llevó a un juicio ejecutivo.
Esto refleja cómo actúan los bancos o las financieras, y por ello muchas personas se encuentran hoy en la calle. Además, no se ha considerado un enfoque que contemple los aspectos sociales y culturales, lo que también podría implicar una falta administrativa de los funcionarios. Si se llegara a revisar esta situación, seguramente se enviarán antecedentes a la Contraloría, donde también habrá observaciones al respecto.
Es fundamental que esta circular sea acompañada de un instructivo mucho más claro, ya que la interpretación actual permite que se actúe de manera arbitraria. Las fiscalizaciones deben realizarse en tres visitas, y la ley establece claramente que estas visitas deben realizarse dentro de un plazo determinado. Sin embargo, en algunos casos, las visitas a personas desalojadas ocurrieron en años distintos, como 2020, 2023 y 2024.
Por lo tanto, consideramos que es vital que a partir de noviembre todos los SERVIU puedan abordar la situación social, cultural y territorial de las personas, ya que existen diversas formas en las cuales se puede habitar. Esta circular debe incorporar más antecedentes, ya que no refleja adecuadamente la realidad territorial, cultural ni social. Estamos ante el actuar de una financiera, un banco, y las viviendas deben cumplir un objetivo social.
Social, y por lo tanto no está esa mirada social ni en esta circular ni en las leyes que se modificaron de la ley Corvi el año 2014, la ley de vivienda. A partir de ahora, con este instructivo, nuevamente se dejan fuera todas estas variables que son importantes considerar.
Ofrezco la palabra al diputado Barría. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, quiero solidarizar con la situación que están pasando las familias de la zona norte, donde, a través de la presidenta de la Comisión, pudieron estar en terreno visibilizando esta situación junto a los respectivos parlamentarios. Me sumo a que debemos incorporar una serie de elementos que rompen estas estructuras a veces monolíticas, donde cuesta tanto conseguir una vivienda, pero después de la noche a la mañana te la quieren quitar. Eso no puede ser. Familias que demoraron diez, quince o más años para lograr su vivienda, luego, a través de un par de actos administrativos, pretenden quitársela.
Comparto lo que señala nuestro senador; debiera existir esa misma medida. Si te visitan y no estás, pierdes tu casa. Muchas de las personas están hoy día en la calle. Por otro lado, no había una mirada con el criterio social y cultural que se requiere. Hay muchas personas que son aymaras y que están desalojadas. También hay casos sociales, como el de una persona no vidente, que consideraron que su casa era una bodega. La mirada del fiscalizador debe observar si la persona estaba o no en su casa, pero aquí también se sobrepasó el límite, ya que se debe considerar la forma en que la persona está viviendo y su situación social.
De cinco años, ya no tienen la fuerza suficiente para trabajar en el campo y van a quedar en la calle. Por lo tanto, no tienen otra posibilidad de dar la pelea previamente o en paralelo para obtener su casa. A esas familias no podemos obligarlas a vivir en su hogar, porque trabajan en el campo. Pero cuando dejen de trabajar, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a parar? Es un tema que se puede remediar con cartas y oficios, pero necesitamos tener esa mirada explícita y que no quede al arbitrio de una persona que puede tener buena voluntad.
Si te solicitan comparecer ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y no vienen, debieran perder su cargo. Agregar el componente social que menciona nuestra presidenta es fundamental. En nuestra región de Los Lagos no estamos ajenos a lo que está ocurriendo. Allí tenemos personas de 45 a 50 años que trabajan en un fundo lejos de la ciudad, desplazándose dos o dos horas y media. Estos son temas que conocemos con la diputada Emilia Nuyado, somos del mismo territorio. Ellos deben postular a una vivienda, porque cuando tengan 60 o 65 años, ya no tendrán la fuerza suficiente.
No podemos obligarlas a irse a la ciudad de la noche a la mañana, porque su sustento está allá, pero cuando son mayores, necesitan un lugar donde vivir. Muchas gracias, Presidenta.
En relación a esto, señora Yanet y al equipo que le acompaña, uno pudiera ver que esto no debiera ocurrir a partir del 28, porque el Serviu, dentro del procedimiento que se incorpora, debe designar al funcionario que recepcionará las denuncias y fiscalizará. La fiscalización puede originarse por denuncia directa de ciudadanos en la web, o derivarse de la verificación realizada por las entidades patrocinantes en el marco del Plan de Acompañamiento Social. Se deben acompañar pruebas y antecedentes que sustenten la denuncia.
Llegar y presentar cualquier denuncia, o hacerlo de manera anónima, implica que no se asume responsabilidad. Una vez recepcionada la denuncia, se registran, analizan y verifican los antecedentes que la sustentan, así como el nombramiento del ministro de fe. Este nombramiento es de suma importancia, ya que el ministro de fe es responsable de certificar la infracción, determinando si la persona habita o no en la vivienda y los antecedentes pertinentes. Estos antecedentes son remitidos al departamento jurídico respectivo del SERVIU para iniciar el juicio ejecutivo.
Una vez confirmados los antecedentes que sustentan la denuncia, se informa al fiscalizador para que efectúe las visitas correspondientes. Es necesario realizar tres visitas, y en cada una de ellas se debe entregar un aviso que explique los derechos de los beneficiarios denunciados. Si durante la tercera visita no se encuentra al beneficiario o a algún miembro del grupo familiar, se dejará un tercer aviso con el fin de otorgar al denunciado la oportunidad de presentar ante el SERVIU cualquier antecedente que le permita acreditar que habita en la vivienda, ya sea personalmente o a través de algún miembro de su grupo familiar declarado al momento de la postulación.
El diputado Barría ha señalado que, al momento de la postulación, hay personas que pueden demorar entre 5 y 20 años. Esto es problemático, ya que una persona puede tener una convivencia conyugal y, si no se encuentra en la vivienda, no significa que no esté trabajando o que no entienda la situación. Por lo tanto, es fundamental que se realicen todos los procedimientos necesarios para acreditar la ocupación de la vivienda.
Para ello, se establece un plazo de diez días hábiles para presentar los descargos. Si se comprueba que la vivienda es habitada por el beneficiario o algún integrante del grupo familiar declarado, se deberá dictar una resolución absolutoria, la cual se informará tanto al denunciante como al denunciado. En caso contrario, es decir, si se determina que no habita en la propiedad ni alguno de los miembros de su grupo familiar, se procederá a remitir la información a las unidades jurídicas del SERVIU para que se inicie el proceso judicial correspondiente, ingresando la demanda ante el tribunal civil.
Esta circular, que se emitió a fines de noviembre, deja constancia del estado de ocupación de las viviendas denunciadas. Sin embargo, muchas personas no conocieron el tipo de actas relacionadas con estas fiscalizaciones, ya que no se les informaba adecuadamente. Esta situación se ha presentado en Arica, donde el SERVIU tenía a su directora con amplias facultades para definir y actuar, lo que generó un desempeño colectivo que implicaba cumplir metas de fiscalización.
Es importante destacar que, a pesar de las irregularidades, no se ha reconocido un procedimiento administrativo adecuado, lo que ha llevado a que se establezcan estas situaciones de manera deficiente. Para las fiscalizaciones posteriores, la fecha de publicación de la circular señala que los resultados se consignarán en un acta de fiscalización, la cual deberá ser suscrita por los fiscalizadores en terreno, dejando constancia del estado de ocupación de las viviendas dentro del desempeño colectivo.
Lo que tenemos que hacer es, por eso, tan importante que la señora Ibacache nos pueda aclarar esta circular, pero también el compromiso que ella hizo allá. En el caso del instituto, esos 48 casos no estaban ni en la primera ni en la segunda instancia para poder llegar a algún avenimiento o establecer un acuerdo, sino que son casos que están ya prácticamente en la Corte Suprema, y que, por lo tanto, ellas van a estar con desalojo. En este contexto, debiera el ministerio, y en este caso la señora del Serviu, haber solicitado lo que ese día solicitaba usted, diputado Lee, que es prácticamente desistir de lo que yo consideré que estaba en un mal procedimiento, porque aquí no había un procedimiento administrativo; hoy día lo tienen, pero no lo tenían antes. Entonces, si esto ya estaba desde el 28, ¿por qué no también ese día la señora Ibacache nos entregó esto allá en Arica? Porque nosotros fuimos el ocho de enero; íbamos a ir en diciembre, pero por falta de quórum tuvimos esas dificultades.
Creo que hay que hacer mucho y quiero escuchar ahora a las dirigentas. Si hoy día no está la señora Ibacache, creo que en la próxima sesión, al menos debiera decirnos qué va a pasar con respecto a esto y cómo se va a aplicar, porque, de lo contrario, puede estar muy bien guardado y presentado a los parlamentarios, pero en los Serviu esta normativa no se está aplicando, señorita Janet.
Ofrezco la palabra a la señora Gabriela. Buenas tardes, estimada presidenta Emilia, diputado, muchas gracias nuevamente por recibirnos. Esta es la sexta vez que estamos aquí con esta problemática; la séptima fue en Arica. El problema, estimados diputados, es que nuestras familias en estos momentos se encuentran en la calle. Antes de entrar a la comisión, tuvimos un llamado de dos familias angustiadas que recibieron un parte policial indicando que las van a sacar con fuerza pública. Imagínese, vinimos el catorce y no hubo solución; ahora va a ser lo mismo.
¿Y sabe cuál es lo más grave? Es que la situación sigue sin resolverse. No ha parado nada, no quiere tener un diálogo ni siquiera con los derechos humanos. Durante estos dos años de lucha, hemos presentado todas las cartas al ministro Monte, las cuales se le han entregado en mano y también se han hecho llegar. Nunca nos dio una solución; solamente pedíamos que se viera nuestra verdad, lo que teníamos en nuestras carpetas.
El problema no es de las familias, lamentablemente, es del sistema; se equivocaron. No podemos dejar a nuestras familias, que incluyen personas de tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer mañana? ¿Ya van a estar tres personas más en la calle? Después, pasado mañana, otras cinco más. Ya va a ser la próxima comisión y será lo mismo, porque se ve que no hay respeto por esta familia.
Aquí tenemos todas las cartas que hemos mandado. A la señora Gladys le hemos tocado la puerta de todas las maneras, le hemos enviado cartas, y nunca recibió a la familia para darle una solución. Cada familia fue a Serviu y se justificó con pruebas de trabajo médico, pero ella a nadie escuchó. ¿Qué es lo que hacía la señorita? Les decía: "Váyanse, dejen sus llaves porque no tienen nada que hacer". Por eso, cada persona se siente vulnerable y angustiada.