El acta de la sesión 232 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 233 especial se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, le ofrecemos la palabra al secretario de la comisión para que dé informe en relación a la cuenta.
En primer lugar, se informa sobre un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se retira la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en orden a promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. En segundo lugar, se presenta otro oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en el cual se retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que especifica.
En tercer lugar, se recibió una carta del jefe de gabinete del director general de la Policía de Investigaciones, don Eduardo Cerna Lozano, comunicando que, debido a la contingencia nacional que estamos viviendo como país a consecuencia de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el señor director general no podrá asistir a esta sesión, ya que se desplazará a las zonas afectadas para monitorear el despliegue institucional y verificar el nivel de afectación del personal de la PDI. Dado lo anterior, y reconociendo la importancia de la sesión de hoy, asistirán en su representación la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña San Miguel, y el subdirector de Científica y Análisis Criminal, prefecto general Rodrigo Fuentes Azócar, acompañados del jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector Ernesto León Borges, y del jefe nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, prefecto Jorge Felzmann.
En cuarto lugar, se ha recibido un pareo de la diputada Camila Muzante con el diputado Juan Fuenzalida. Esa es toda la cuenta, presidente. Diputadas y diputados, se ofrece la palabra en relación a la cuenta.
Bien, vamos entonces a pasar a revisar la tabla o la orden del día que se tiene para esta sesión. La presente sesión tiene por objeto tratar las siguientes materias, que se subdividen en tres etapas. De las 15:00 a las 16:00 horas, recibiremos al director nacional del Instituto de Previsión Social y al director general de la PDI, con el propósito de que se refieran al cruce de datos entre ambas reparticiones y expliquen por qué motivo 13 mil personas quedaron privadas del cobro de la Pensión Garantizada Universal, conocida como PGU, recientemente, debido a una errónea información que habría enviado la PDI, en el sentido de que habrían salido del país por un plazo que excede el tiempo permitido por la ley.
Para tratar este primer punto de la sesión, han confirmado su asistencia en representación del director general de la Policía de Investigaciones la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña San Miguel. Bienvenida.
Prefecto General Rodrigo Fuentes Azócar, bienvenido. El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector don Ernesto León Bórquez, bienvenido, señor. El jefe nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, prefecto Jorge Felsztyna, bienvenido. El comisario don Julio Cerda Recabarren, la comisaria doña Javiera Reyes Molina, el subcomisario don Francisco Toledo Cisterna y la asistente técnica doña Rocío Prieto Salazar. Asimismo, se encuentra presente el director nacional del Instituto de Previsión Social, don Juan José Cárcamo Hemmelmann, quien es acompañado por el fiscal del organismo, señor Marcelo Díaz Lisboa. También está presente el jefe del Departamento de Gestión de Pagos, don Fernando Arias Contreras, y la jefa del Subdepartamento de Concesión de Sistemas de Pensiones Solidarias, señora Ingrid Marín Álvarez. Bienvenidos a todos.
Vamos a iniciar esta sesión ofreciéndole la palabra al subsecretario de Previsión Social, quien acompaña al director del Instituto de Previsión Social.
Para acceder a la Pensión Garantizada Universal, y en caso de incumplimiento de esas condiciones, se lleva a su extinción. El requisito de residencia, que es lo que estamos evaluando, existe desde el año 2008. Para poder acceder a la Pensión Garantizada Universal, así como antes a la Pensión Básica Solidaria, se requieren 20 años de residencia en el país, de los cuales los últimos cinco deben ser continuos. Estos 20 años pueden ser continuos o discontinuos, y se pierde esta condición cuando se está ausente 180 o más días dentro de un año, que también pueden ser continuos o discontinuos. Solo se puede recuperar esta condición de poder acceder a la PGU cuando se haya regresado al país y se haya permanecido en el país 270 días o más.
Estas fueron las condiciones establecidas en 2008, y en ese momento, considerar el cumplimiento de estas condiciones resultaba un tema complejo. Durante mucho tiempo, hasta la emisión de la ley 21.419, que crea la Pensión Garantizada Universal, se fundamentó el cumplimiento de la condición de permanencia en el país sobre la base de una declaración jurada del beneficiario, en este caso, de la Pensión Básica Solidaria y posteriormente de la Pensión Garantizada Universal.
Cabe destacar que esta no es la única condición por la cual puede haber suspensión del beneficio. El ausentismo o la falta de permanencia es una de ellas, pero también puede ocurrir que la persona incumpla la condición de focalización del beneficio, en este caso, con el porcentaje de vulnerabilidad que exige a través del Registro Social de Hogares. Para tener acceso a la PGU o a la Pensión Básica Solidaria, es necesario cumplir con un cierto porcentaje; hoy día, el 90% más vulnerable es el que tiene derecho a la PGU, y si no se cumple, cuando una persona cambia de puntaje del Registro Social de Hogares, también se produce la suspensión del beneficio.
En el año 2022 se emitió la ley 21.419, que cambió el concepto de pasar de una declaración jurada a la revisión del requisito de permanencia sobre la base de una revisión anual.
De quienes están obteniendo el beneficio, y en ese caso entra la comparación con datos de permanencia de carácter administrativo. Ya no corre la declaración jurada. La ley estableció un plazo perentorio, de que a partir del tercer año de su emisión, ese mecanismo iba a regir, y por lo tanto, en febrero del 2025, esa revisión comenzará a efectuarse por parte del Instituto de Previsión Social. Lo que se está ocurriendo es en estricto cumplimiento de una ley y, a su vez, de indicaciones de la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo fiscalizador del IPS, así como instrucciones de la Contraloría.
Dicho esto, presidente, quisiera darle la palabra al director del Instituto de Previsión Social. Agradecemos las primeras palabras en relación a este tema al señor Claudio Reyes, y a continuación, dejamos con la palabra al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, don Juan José Cárcamo Hemmelmman.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Saludarlo, presidente, por su intermedio, también saludar a todos los honorables diputados y diputadas de esta comisión, así como a las autoridades y jefes de servicio que nos acompañan. Vamos a dar a conocer la situación que nos convoca. Para ello, hemos traído una pequeña presentación que queremos compartir con ustedes.
Un poco de contexto: el Instituto de Previsión Social, como ustedes saben, es un servicio que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Se relaciona preferentemente a través de la Subsecretaría de Previsión Social. A nosotros nos corresponde administrar, conceder y pagar diversos beneficios sociales y previsionales que son muy relevantes para la ciudadanía. Además, nos corresponde recaudar y cobrar cotizaciones previsionales, y administramos la red de atención, conocida como ChileAtiende, que entrega orientación y acceso a más de 2.500 beneficios distintos que corresponden a diversas instituciones del Estado.
Desde el punto de vista de los ejes estratégicos institucionales, nos dedicamos fundamentalmente a la concesión y mantención de beneficios previsionales y de seguridad social. Estamos hablando de 750.000 beneficios que se conceden anualmente. Por otro lado, somos responsables de pagos masivos de distintos beneficios sociales. En la actualidad, estamos superando los 4 millones de pagos de beneficios mensuales. Hasta hace poco, estábamos en 3.600.000 y 3.800.000, y ahora, gracias a la reforma previsional, hemos superado los 4 millones de pagos mensuales, lo que incluye 2,2 millones de pagos de la Pensión Garantizada Universal, que es lo que estamos pagando actualmente.
Asimismo, recaudamos cotizaciones previsionales y gestionamos deudas previsionales. Anualmente, estamos recaudando 11.000 millones correspondientes a personas que siguen cotizando en alguna caja de previsión. A partir de agosto del año pasado, estamos recaudando el 0,9% del seguro social, lo que corresponde a aproximadamente 70.000 millones de recaudación mensual.
En lo que respecta a la atención ciudadana, este es uno de los servicios que mayor cantidad de interacciones tiene con la ciudadanía. Estamos hablando de más de 230 millones de interacciones anuales, con 5,5 millones de atenciones en el canal presencial en las 202 sucursales que tenemos, y 3,2 millones de atenciones en los canales remotos, preferentemente a través del call center 101, que es el call center del Estado. También contamos con una sucursal virtual y atendemos redes sociales.
Respecto a la administración del seguro social, es un rol nuevo que le corresponde al Instituto a través de la reforma previsional. Esto ya es una realidad. En septiembre, logramos pagar más de 740.000 beneficios que incrementaron su monto. A la fecha, llevamos 287.000 millones recaudados por efectos de este seguro, y este mes estamos pagando los dos beneficios fundamentales de la reforma que tienen que ver con el beneficio por años cotizados y el beneficio por compensación por expectativa de vida, lo que favorece a 1.372.000 personas.
Y al día de hoy, estamos completando ya el 90% de todos esos pagos. Esto lo quería señalar, presidente, para dimensionar un poco la envergadura de la labor que le corresponde a esta institución.
Ahora bien, entrando al tema que nos convoca, contarles cómo ha sido la evolución de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es un beneficio de amplia cobertura. Recordemos que se publicó en enero de 2022 y ya entró en régimen en febrero, por lo que tuvimos un mes para echarlo a andar, lo cual fue bastante rápido. Partimos con aproximadamente 1.700.000 beneficiarios y en la actualidad ya estamos llegando a 2.244.000 beneficiarios.
El proceso de solicitud se realiza a través de distintos canales. La persona, al cumplir 65 años, que es el primer requisito para acceder a la PGU, debe también pertenecer al 90% de la población de más bajos ingresos, tener residencia en el país durante 20 años o cuatro de los últimos cinco, y no contar con una pensión propia o autofinanciada que supere el millón 252 mil pesos. Con estos requisitos, la persona puede solicitar este beneficio preferentemente a través de la página web de Chile Atiende, pero también puede hacerlo a través de las municipalidades que están en convenio, las AFP, las compañías de seguros y, por supuesto, la red Chile Atiende.
Una vez que la persona solicita este beneficio, la información es procesada por la División de Beneficios del Instituto de Previsión Social. Para ello, se consultan distintas fuentes de información, como la Superintendencia de Pensiones, el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, el Registro Civil y también a Impuestos Internos para obtener información sobre los ingresos de las personas. En algunos casos, se consulta a la Policía de Investigaciones (PDI), sobre todo en el proceso de revisión, ya que hasta ahora se ha aceptado la declaración jurada para la solicitud.
Posteriormente, se aplica un proceso de concesión, donde se determina un puntaje de focalización previsional (PFP). Si la persona no supera los 5.000 puntos, le corresponde la PGU y se concede. Luego, pasa a pago. Actualmente, el 80% de nuestros beneficiarios reciben sus pagos a través de transferencias electrónicas, mientras que solo el 20% lo hace de manera presencial. Para ello, contamos con dos proveedores principales: Banco Estado y la Caja de Compensación Los Héroes. Este proceso es relativamente rápido; en 30 días se concede la pensión y en los días siguientes se efectúa el pago. Además, la PGU se puede solicitar tres meses antes de cumplir la edad, de manera que la persona pueda tener el beneficio al cumplir los 65 años.
Es importante resaltar que existe un área de mantención, dado que una vez que se paga, también se debe realizar una revisión periódica para verificar si la persona sigue cumpliendo los requisitos para este beneficio. La ley establece un proceso de revisión que puede ser mensual y debe ser anual. Para ello, se consultan las fuentes mencionadas para obtener la información necesaria para realizar este chequeo legalmente requerido. Uno de los aspectos a verificar es el tema de la residencia, es decir, comprobar si las personas que han recibido el beneficio han estado fuera del país por más de 180 días, ya sea de forma continua o no. Esta información se obtiene de la Policía de Investigaciones, que es la institución a la cual recurrimos para estos fines.
Respecto al requisito de residencia, la ley 21.419 establece que si una persona está fuera del país por más de 180 días, pierde el derecho a mantener este beneficio.
Específicamente, lo que corresponde al punto 4.4, que esto lo establece la Superintendencia de Pensiones, señala que el Instituto puede hacer revisión en cualquier oportunidad y puede poner término al beneficio cuando haya concurrido alguna de las causales de extinción. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto de Previsión Social deberá realizar una revisión anual general del cumplimiento de requisitos respecto del beneficio vigente con antigüedades mayores a tres años de su concesión. Además, señala explícitamente que la primera revisión se debe realizar a partir de febrero del año 2025.
Esto es lo que ocurrió hace algunos días y que generó algunas dificultades, ya que esta norma establece, a partir de esa fecha, la obligación de hacer una revisión del stock completo, es decir, de los 2.200.000 beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), para verificar si cumplen o no con este requisito. En el reglamento número 52 de la Superintendencia, se establece claramente en el artículo 14 que, con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de residencia a que se refiere la letra C del artículo 10 de la ley 21.419, el Instituto de Previsión Social requerirá a la Policía de Investigaciones de Chile la información que registre las entradas y salidas del territorio de la República de Chile de los eventuales beneficiarios.
Sin perjuicio de lo anterior, se señala que los solicitantes del beneficio de PGU podrán acreditar el cumplimiento de dicho requisito mediante otros medios de prueba. Es decir, el Instituto tiene la obligación de recurrir a la Policía de Investigaciones para conocer las entradas y salidas de los beneficiarios y establece también un mecanismo de reclamación. Si el usuario no está conforme con esta información, puede demostrar que no ha salido o que sí regresó al país.
Respecto del incidente que tuvo una connotación pública, es importante señalar la secuencia de cómo ocurrió. Dado que estábamos obligados a dar cumplimiento a la normativa vigente, tanto establecida por la ley 21.419 como el artículo 14 del reglamento general 52 y la norma de carácter general 319, en enero del 2025 enviamos toda la base de datos de los 2.200.000 beneficiarios a la PDI para que nos informara si esas personas tenían registro de salida por más de 180 días en el año 2024, ya que era la primera vez que nos correspondía hacer esta revisión.
Posteriormente, la PDI nos informó que estaba preparando la información. En agosto, instalamos una mesa bipartita para colaborar y ayudar a que esto se produjera, dado que los organismos fiscalizadores estaban muy pendientes de que esta normativa se cumpliera. En noviembre, recibimos información respecto de las personas que aparentemente estarían incumpliendo esta normativa y, en diciembre, informamos rápidamente a la Superintendencia que teníamos esta nómina y comenzamos la notificación.
No son 13.000 casos, como se indicó en algunos medios de comunicación. De PGU, son 7.293 casos los que realmente se notificaron, señalando que aparentemente no estaban cumpliendo con el requisito de residencia, ya que habían salido del país. A estos beneficiarios se les dio también la oportunidad de demostrar lo contrario. Posteriormente, recibimos 78 reclamos formales de los 7.000 notificados, donde los reclamantes afirmaron que no habían salido del país. A raíz de lo que observamos en los medios de comunicación, nos dimos cuenta de que había un porcentaje que probablemente había sido afectado por un error, y lo que hicimos inmediatamente fue revertir esa situación.
Reforzar la medida. Por lo tanto, nos pusimos en conversaciones con la superintendencia, ya que dependemos de ese organismo fiscalizador. Pedimos las autorizaciones formales y realizamos una reunión de urgencia para lograr la autorización para revertir la situación. En dos días, dejamos sin efecto la carta y notificamos a cada una de estas siete mil personas que debían hacer caso omiso a la misma, reactivando el pago. Dentro de la misma semana, el día viernes, pagamos a todos estos beneficiarios su Pensión Garantizada Universal (PGU).
Dejamos en pausa esta medida que corresponde hacer reglamentariamente, pero dado que se visualizaban dificultades, el bien principal a cuidar son las personas. No podemos privar de un beneficio a alguien que no tiene falta o que cumple con todos los requisitos. Esto fue lo que primó y se hizo en un tiempo bastante rápido, un récord.
Quiero señalar que las causas de extinción no son solo el tema de residencia; existen 25 causas distintas de extinción, y es habitual que alrededor de 37 mil casos al año no obtengan el beneficio o se extingan por diversas razones. Esto no es algo excepcional, es parte del proceso.
Los resultados fueron que dejamos rápidamente sin efecto esta medida, habilitando los pagos. El día 16 pagamos a todos, a pesar de que de los siete mil notificados, 1.200 no habían recibido su pago. Por lo tanto, del 19 en adelante, le correspondía a todo el resto, y en definitiva, adelantamos el pago a todos el día 16. Se notificó a cada una de las personas sobre esta situación, y ahora estamos trabajando en conjunto con la superintendencia. También reactivaremos una mesa con la Policía de Investigaciones para establecer un nuevo procedimiento de verificación de residencia y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir.
En este nuevo procedimiento, la Policía de Investigaciones realizará un doble chequeo sobre la situación. Además, solicitaremos autorización a la superintendencia para chequear con otras bases de datos. Por ejemplo, si nos informan que una persona estuvo ausente todo el segundo semestre del año pasado, podremos verificar si fue atendida en algún CESFAM o centro de salud. Si la persona fue atendida durante ese período, es indicativo de un error en la información; es decir, la persona estaba en el país. También verificaremos si votó en alguna elección o si buscó atención presencial en alguna sucursal de ChileAtiende.
La idea es hacer más eficiente este proceso y dar más plazo a las personas para apelar a esta medida, evitando notificar y cesar de inmediato. La normativa actual establece un mes para notificar, pero proponemos dar al menos tres meses para que la persona pueda comprobar la veracidad de la situación. El proceso debería comenzar a contar desde que recibimos la información de la PDI, no antes. En esta ocasión, la información llegó en noviembre y, debido a la urgencia de cumplir con la normativa dentro del 2025, se tuvo que actuar rápidamente en diciembre.
Para evitar que situaciones similares se repitan, es fundamental alargar el proceso. Estamos comprometidos a cumplir con la normativa de manera adecuada, siempre pensando en el bienestar de las personas, especialmente considerando que se trata de un grupo etario de 65 años y más, con muchas personas que enfrentan problemas de salud y otras situaciones. Por lo tanto, creemos que este tipo de situaciones no deben volver a ocurrir. Apenas detectamos la situación, actuamos rápidamente para evitar cualquier inconveniente para los beneficiarios de la pensión garantizada universal.
Es lo que quería compartir, presidente. Muchas gracias, don Juan José Cárcamo. Diputadas y diputados, ¿les parece que a continuación conozcamos también la versión de la PDI, que es igualmente importante?
Tener una visión un poco más global de lo que aconteció y después ofrecer la palabra para las consultas que sean necesarias. Así que, si es así, vamos a ofrecer la palabra a la prefecta general Consuelo Peña San Miguel. Usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, quiero pedir excusas principalmente por la ausencia de mi director. Él quería estar aquí, pero en este minuto se encuentra en la octava región, en Ñuble, dadas las circunstancias ocurridas. Le envío un saludo a usted y, por su intermedio, a todos quienes están en la mesa.
Quiero dar a conocer que, efectivamente, como se señaló, a contar del 10 de marzo del año 2020, existe un convenio suscrito entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Instituto de Previsión Social, con la intención de colaborar y entregar los datos que son requeridos para ser chequeados por esa institución. Desde ese año, nosotros como institución hemos ido entregando paulatinamente datos, pero nunca habían llegado a una suma tan importante como la que fue solicitada el año 2025. Por lo general, esto no superaba una suma mayor de 13.500, y eso llevó a que el año pasado se solicitara una carga importante de más de dos millones de personas. Esto se traduce en registros de viajes que superan los 11 millones de movimientos migratorios que estaban registrados.
Es importante señalar que todo sistema de registro de información puede tener un margen de error. Por lo mismo, ante las solicitudes anteriores, tenemos un protocolo de doble chequeo de esa información. Sin embargo, en el caso de esta carga importante, no pudimos detectar el error con ese protocolo establecido. El número de errores que hasta el momento se ha señalado no alcanza el 1% de los registros que entregamos. No obstante, una vez que se tomó conocimiento de que había personas reclamando el error de la información, mi director tomó contacto inmediatamente con el director para generar una actuación de parte de nuestra institución que permitiera solucionar el problema. A partir de esa fecha, se asignaron varias tareas dentro de nuestros registros, principalmente intervenciones técnicas y depuración de la información, para que esos datos fueran certeros y precisos, teniendo en consideración que estamos hablando de personas.
Es relevante para el conocimiento de la mesa, por su intermedio, presidente, que hemos detectado que el paso fronterizo de Libertadores cuenta con un sistema integrado de información. Este sistema señala que uno de los controles es realizado íntegramente por personal de Argentina y sistemas migratorios que son entregados a nuestra institución a través de migración de datos. Esta migración de datos no es inmediata, y eso se debe a que los sistemas que ellos tienen no coinciden con los nuestros en cuanto a parámetros.
Esto nos ha llevado a generar una iniciativa institucional para crear un programa, un sistema de control migratorio que nos permita tener un acceso más rápido y oportuno a la información. Aunque hemos detectado que la migración que nos llega del sistema migratorio de Argentina genera un margen de error, los protocolos que teníamos integrados nos permitían ir detectando primariamente y dándole solución. Como expliqué a la mesa, esta carga masiva de datos de 11 millones de movimientos migratorios nos genera un margen de error que es importante solucionar, y por ello se han integrado mesas de trabajo para abordar esta situación.
No solo con el Instituto, sino con todos los usuarios que nos solicitan movimientos migratorios. Es importante dar a conocer que la Jefatura Nacional de Migraciones, cuyo jefe nacional está presente, ha ordenado la constitución de personal exclusivo para poder chequear uno a uno los requerimientos que se hagan. Esto no solo se refiere a situaciones puntuales, sino también a los requerimientos que se realicen de otras instituciones y de personas naturales que así lo estimen.
Eso, señor Presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas que tengan dudas sobre las exposiciones presentadas. Diputado Mesa, tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Primero, quiero agradecer a los expositores. Me quedó una duda sobre lo que habló el director del IPS. Si a un adulto mayor le llegó una de estas cartas certificadas, se nos indica que ellos son los que deben reclamar para verificar si están cumpliendo con el requisito para mantener el beneficio. ¿Cuál es el procedimiento para que puedan hacer esa reclamación? Nos dicen que los plazos deben ser modificados, por lo que sería útil que nos explique con más detalle cuáles son esos plazos, ante qué autoridad y de qué forma se entrega ese reclamo. Esa es la primera pregunta.
Respecto a lo que señala la PDI, me gustaría que también nos pudiese profundizar sobre las razones que explican el margen de error en la administración de bases de datos. Uno entiende que siempre existe un margen de error; estadísticamente es imposible que no exista. Sin embargo, todo depende de la perspectiva desde la cual se analice. Si consideramos que hay once millones de movimientos migratorios y que trece mil o casi nueve mil, según nos aclara el IPS, representan el 0,00%, debemos tener en cuenta que solo se informaron aquellos que tienen beneficio de PGU. Por lo tanto, ese margen de error no es tan pequeño, sino que es mayor.
Nuevamente, ¿hasta qué punto ese margen de error no está presente en otras actuaciones que la PDI pueda llevar a cabo respecto a la administración de bases de datos? Esta es una duda que queda en el aire. Nuestro sistema de administración de información por parte de la policía encargada de la investigación de delitos es preocupante, especialmente considerando la situación del crimen en nuestro país hoy en día. Me queda esa inquietud. No lo digo con el afán de acusar a la PDI, sino para evidenciar una posible falta de recursos, que podría ser la respuesta a esta situación. Esos recursos pueden ser tanto económicos como humanos.
Para ejemplificar, en un proyecto que en un rato más vamos a continuar votando, respecto de la ampliación de las facultades de la Contraloría General de la República, cada vez que la actual contralora y el anterior contralor han venido, lo que más han solicitado al Congreso y al Ejecutivo son recursos, tanto humanos como financieros, para poder ejecutar su operación. A veces el conocimiento y las ganas están, pero los recursos no alcanzan. Hemos tenido funcionarios de otras reparticiones de gobierno que nos han informado que tienen computadores con licencias que no se actualizan desde hace diez años.
De la época prehistórica y les pedimos resultados actuales. Por lo tanto, presidente, para resumir la pregunta y ser muy concreto, ¿a qué se puede atribuir este margen de error que se genera y que terminó en esta información errada que se entrega al Instituto de Previsión Social (IPS)? Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Berger.
Gracias, señor presidente. Presidente, por su intermedio, hago una consulta al director del Instituto de Previsión Social. Respecto de la primera revisión del primero de febrero, ¿cuál es el número que recibieron desde la Policía de Investigaciones (PDI) este año? ¿Cuándo será la revisión y la posterior notificación a quienes se les podría extinguir el beneficio? Además, ¿qué ocurrirá con las personas que recibieron estos beneficios pese a ser notificadas y que, después de los 180 días, se ratifique su situación? ¿Tendrán que devolver estos montos que fueron percibidos?
También tengo una consulta para Perfecta, que representa a la institución de investigaciones. Si nos puede contar respecto a la información que usted maneja como servicio, si tiene a la mano el número de personas que durante el 2024 salieron del país por más de 180 días. No sé si eso lo informó, pero aparentemente no lo capturé. Eso, presidente, gracias.
Gracias, diputado Berger. Me gustaría preguntar sobre las medidas que se tomarán para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, ¿cómo vamos a prevenir que se repitan estos errores de información, como lo que está ocurriendo en el Paso Libertadores? ¿Cómo podemos evitar este riesgo? Porque al final el tema es muy sensible; fueron nueve mil personas que no recibieron o que no podían recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU), y es complejo. Hay gente que ni siquiera había viajado. Por lo tanto, es importante entender que no es solo que el sistema del Paso Libertadores esté fallando, sino que hay otro problema que desconozco, y sería bueno saber qué tipo de problema es para que no vuelva a suceder. El director, por una información que entiendo se recibió de forma errónea, ha cometido este problema que afecta directamente al bolsillo de las personas que reciben la PGU. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo vamos a evitar que la PDI chequee esta información previamente? ¿Habrá un doble chequeo o algún procedimiento en ese sentido para no afectar al bolsillo de las personas?
Tiene la palabra la directora de la PDI.
Gracias, presidente. Voy a responder primero a su pregunta, que tiene que ver con las medidas que se tomarán. En el contexto de la respuesta, también abordaré las preguntas de los diputados. Lo que señalo es que son once millones de registros de viaje. Esos once millones de registros efectivamente se consultaron y se informaron. De alguna manera, esto significó un aumento considerable respecto de los datos que eran solicitados anteriormente a la institución.
En cuanto a la situación con Argentina, lamentablemente no podemos interferir en lo que refiere a los sistemas de ese país. No obstante, para evitar que ocurran este tipo de errores, estamos trabajando en la estructura de sincronización tecnológica. Esta estructura se está desarrollando institucionalmente. Me acompaña también el jefe nacional que está trabajando con desarrolladores para permitirnos tener un acceso a la información correcta.
Nosotros, como institución, antes de entregar información, chequeamos no solo en nuestros sistemas, sino también en consulta con Gendarmería Argentina respecto a sus registros. Mantenemos una muy buena comunicación con ellos. Cuando hablamos de márgenes de error, efectivamente, se trata de un 0,0%, que es lo que se ha estado manejando.
Son márgenes muy bajos. Cuando las consultas son en una cantidad menor, a nosotros nos permite hacer la revisión uno a uno. En este caso, al tratarse de una carga masiva de información, no nos permitió hacer el uno a uno, pero sí tener en consideración la posibilidad de que pudiese haber un margen de error. Por eso es que se tiene esta comunicación de parte de nuestro director inmediatamente, disponibilizando todos nuestros equipos.
Nosotros ya tenemos una fecha para la puesta en marcha de este sistema, que se está generando a través de los desarrolladores de la PDI, y que partiría en marzo con algunos pasos fronterizos. Lo que pretendemos es llegar a un registro de error cero, principalmente pensando en quiénes son los usuarios de nuestros datos.
No sé si los diputados o diputadas tienen preguntas. Para responder en primer lugar, por su intermedio, presidente, al diputado Mesa, respecto del procedimiento cuando una persona ha notificado una extinción por temas de residencia. El procedimiento actual establece que la única fuente donde la persona tiene que hacer esa reversión es a través de la Policía de Investigaciones, la PDI, donde debe solicitar un certificado de viaje para poder demostrar el error de esa información. La PDI le entrega un certificado de viaje y, con ese certificado, nosotros revertimos la situación y le volvemos a conceder el beneficio desde la fecha en que fue extinguido. Por lo tanto, si hay un periodo ahí, se le paga retroactivo desde la fecha que corresponda.
Ese es el procedimiento normal, pero para este caso, como señalamos, se dejó sin efecto, así que, por lo tanto, esa situación no se produjo y esas personas van a quedar con su pensión habilitada. Enlazo ahora con la pregunta del diputado Berger, que estaba vinculada con eso, respecto del número, como señalamos, el número en este caso para el año 2024, porque esto fue la revisión de las salidas del 2024. Para el 2025 todavía no se ha hecho, porque recién terminó el año y a nosotros, a fines de enero, nos corresponde pedir esa información. Para el 2024 fueron 7.293 casos de Pensión Garantizada Universal (PGU), más 2.427 casos de Aporte Previsional Solidario de Vejez, lo que da un total de 9.710 casos. Esto, por lo tanto, quedó sin efecto.
Ahora, esto no significa que quedó sin efecto temporalmente, ya que podría haber en este grupo de personas quienes no están cumpliendo la normativa. Por lo tanto, se va a realizar un doble chequeo y, seguramente, de aquí a unos 60 días estará disponible. Lo que pretendemos es aplicar un nuevo procedimiento, que significa avisarle a las personas, darles un tiempo para que puedan demostrar y hacer, ojalá, un contrachequeo con otras bases de datos, como el tema de salud, si la persona fue a votar o no, o si asistió a una atención presencial en una oficina.
Hay que hacer nuevos chequeos y eso es parte de lo que vamos a hacer para mejorar el procedimiento. Si hubiera personas que están incumpliendo, quiero señalarlo francamente, tenemos dos versiones: una de la Contraloría General de la República que nos indica que deberíamos ir a cobrar esas pensiones por un presunto pago o cobro indebido. Por otro lado, nuestra área jurídica, aquí está el fiscal, estamos levantando una consulta a la superintendencia, porque creemos que bastaría con la extinción. Como no hay una notificación, no se asistiría al derecho a ir a cobrar esos recursos anteriormente. Pero eso todavía está por verse.
Por lo tanto, hoy no tengo una respuesta concreta, ya que dependerá de lo que definitivamente señale la Contraloría. Si nos obliga a ir a cobrar, tendremos que hacerlo. Si prima otro criterio, bastaría con la cesación. Eso está por definir. Respecto del número de lo que venga, eso también está por verse, porque tendríamos que enviar nuevamente la nómina actualizada, ver cuáles de estas personas ya tienen este beneficio concedido por tres años, y ahí la PDI tendría que hacer nuevamente el estudio para el próximo año calendario. La idea es rehacer este procedimiento con chequeos alternativos y una serie de otros elementos que nos permitan mejorar el sistema.