Cámara de Diputados - Personas Mayores - 20 de enero de 2026

Desde esa línea, porque yo digo todo el conocimiento.

Bien, en nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 128 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 129 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimada Presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados. En esta oportunidad, Presidenta, hemos recibido cinco documentos. Una nota de la Policía de Investigaciones de Chile, quien informa que su Director General no podrá asistir a esta sesión debido a que debe desplazarse a las zonas afectadas por los megaincendios forestales en Ñuble y Biobío para monitorear el despliegue institucional. En su reemplazo, y dada la relevancia de esta sesión, asistirán altas autoridades de la institución, incluyendo a la subdirectora de Inteligencia, el subdirector de Ciencias y Análisis Criminal y otros jefes nacionales que están en la minuta, señora Presidenta. Un segundo documento es de la Fundación Chilena para la Discapacidad, mediante el cual presenta un análisis del grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile, concluyendo que, pese a avances normativos relevantes, persisten aún brechas estructurales de gobernanza, accesibilidad, participación y monitoreo. Señala que el país se encuentra en una etapa declarativa más que transformadora, requiriendo coordinación intersectorial, datos desagregados, accesibilidad universal y participación vinculante de las organizaciones de personas con discapacidad. Adjunta un informe detallado del semáforo de cumplimiento. En tercer lugar, Presidente, una nota de la bancada Frente Amplio Independiente, que comunica el reemplazo de la diputada Carolina Marzán por la diputada Marta González durante esta sesión. Otra del Comité Republicano, por la que informa que el diputado Álvaro Carter reemplazará a la diputada Catalina del Real. Y finalmente, Presidente, una nota del Ministro del Trabajo, quien se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse en discusión en el Senado el proyecto de reajuste al sector público, pero señala que concurrirá en su representación el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Estamos eventualmente esperando un reemplazo de la diputada Carla Morales para esta sesión. Apenas llegue, yo se la comunico. Y sería toda la cuenta. Muchas gracias. Entonces, damos la palabra sobre la cuenta. No hay palabra. Varios. Yo en varios quiero hacer dos solicitudes, una en particular que tiene que ver con hacer mención de un proyecto que cayó en nuestra comisión a solicitud de la sala, el boletín 16159-07, donde la diputada Riquelme.

Hizo la solicitud a nuestra comisión para poner este boletín en discusión. Así es que, para tomar acuerdo y ponerlo entre los proyectos para iniciar discusión, creo que es importante recabar acuerdo. Este tema es de priorización de las personas mayores. ¿Qué pasó a Constitución? ¿De Constitución lo mandaron a esta comisión? Exactamente. Va a ser la última sesión de la próxima semana. ¿Habría acuerdo? Muy bien, entonces vamos a tomar acuerdo. Muchas gracias. En otro punto, es solicitar a la ministra de Salud, porque entiendo que respecto al programa Más AMA, el decreto exento aún no se ha formalizado y está a la espera. Esto es complejo, sobre todo para esta comisión. Hacemos desde ya una solicitud formal, pero también un oficio para que la ministra Aguilera nos pueda responder a la brevedad. ¿Les parece? Sí, oficiamos. Adelante, diputada Morales. Primero, saludar a todos los invitados a la comisión y, por supuesto, a mis colegas. Quiero pedir a la comisión cuántos oficios de los que hemos enviado se han respondido, porque creemos que hacemos el oficio y esperamos una respuesta, y no siempre se responde. Este tema lo venimos levantando hace mucho tiempo y me parece que la ministra hoy día está como enlace en Biobío, la región que yo represento, donde están los incendios. Vamos a poder tener una respuesta, a lo mejor a través del oficio, si no nos han respondido los anteriores. Por eso le pregunto, para poder agilizar y dar respuesta pronto a las personas que nos preguntan a diario en nuestros distritos. Presidente, la consulta sobre los oficios no respondidos. Solamente voy a hacer dos comentarios. Primero, recordar que los organismos públicos o instituciones públicas no tienen una obligación legal de responder los oficios. Usualmente, la costumbre es que lo respondan, y generalmente se tolera un plazo de treinta días. Después de eso, usualmente pedimos cuenta. Sin embargo, llegó hace ocho meses un oficio de la Contraloría General de la República hacia la Cámara, indicando que ellos podían tomar una suerte de tutela por los oficios no respondidos. Ya hemos hecho esto en la Comisión de Derechos Humanos con resultados muy positivos. Esto significa, en esencia, mandar una nota a la Contraloría General de la República generando un reclamo y solicitando la aplicación de eventuales sanciones constitucionales a aquellos que no respondan. Esas son las consecuencias. Lo pongo a consideración de la comisión; si la comisión lo acuerda, puedo despachar un oficio a la Contraloría. Creo que, dada la importancia y el trabajo que se ha hecho de manera transversal en la comisión, donde incluso en la discusión de presupuesto llegamos a acuerdos, la diputada Rojas también trajo respaldo respecto del correo que se envió para dar apoyo a lo expuesto en la discusión. Sin embargo, entiendo que hoy día seguimos al debe con la ministra.

El decreto exento es urgente. Si no tenemos respuesta y tampoco cada vez que citamos a la ministra ha asistido a esta comisión, entonces creo que no nos queda otra opción que enviar una solicitud a la Contraloría para que se respondan los oficios, que han sido bastante numerosos durante mucho tiempo. No sé si tomar el acuerdo es la opción. ¿Habría acuerdo? Bien, se envía entonces oficio a la Contraloría. Muchas gracias. Si no tenemos otro punto vario, vamos a dar inicio al primer punto. Quiero agradecer esta asistencia tan concurrida de parte de todos ustedes. Tuve la oportunidad de encontrármelos en la Comisión de Gobierno Interior, justamente por el mismo tema, así es que es relevante y muy importante para esta comisión poderlos escuchar y ver en qué podemos ser un canalizador o generar un aporte desde nuestro rol. Para este objeto, ha sido invitado el Ministro de Trabajo y Previsión Social, quien se ha excusado de asistir, y en su representación concurre el Subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. También están presentes el Director de Previsión Social, don Juan José Cárcamo, y el Director General de la Policía de Investigaciones, así como la Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, la Prefecta General Consuelo Peña. Bienvenida. También está el Prefecto General Rodrigo Fuentes y el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Prefecto Inspector Ernesto León. Estamos bien concurridos. Voy a nombrarlos a todos y de ahí vamos a partir con la palabra. El Jefe Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, Prefecto Jorge Jef; el Comisario Julio Cerda Recabarren; la Comisario Javiera Reyes; el Subcomisario Francisco Toledo; y la Asistente Técnica Rocío Prieto, que está presente. Era importante nombrarlos a todos y agradecerles su asistencia. Le vamos a dar entonces la palabra primero a don Claudio. Adelante. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión, a los diputados y diputadas presentes. Quería hacer primero una introducción, previo a darle la palabra al Director del Instituto de Previsión Social. Mencionar que el caso que estamos viendo de la Pensión Garantizada Universal tiene su precedente en la Pensión Básica Solidaria del año 2008. En ese año ya se establecieron ciertos requisitos, primero para la concesión y posteriormente para la mantención de la Pensión Básica Solidaria. Entre otros requisitos, además de tener un registro social de hogares, se encontraba el requisito de residencia, que es el que nos lleva a la situación que vamos a analizar. Establece que las personas, para poder acceder y mantener la pensión básica solidaria, deben tener una residencia de al menos 20 años, continuos o discontinuos, de los cuales los últimos cinco deben ser continuos. Además, no deben salir del país durante un período superior a 180 días, continuos o discontinuos, dentro de un año calendario. Ante cualquier incumplimiento, se debe extinguir el beneficio de la pensión señalada, la cual no se recupera sino hasta 270 días después de haber regresado al país y de haber cumplido nuevamente con la condición de residencia, ante lo cual se puede volver a solicitar este beneficio. Digo esto porque cuando se creó la ley, no existían las posibilidades de generar una corroboración del cumplimiento de esa norma. Por lo tanto, se optó por un mecanismo muy utilizado en normas de características similares, que es la declaración jurada, es decir, la persona declara que cumple con el requisito. Sin embargo, en el año 2022, a raíz de la situación...

Cambia este concepto. La ley 21.419 establece que ya no se acepta la declaración jurada, sino que impone una obligación al Instituto de Previsión Social de corroborar que las personas con Pensión Garantizada Universal (PGU) están cumpliendo con el requisito de permanencia en el país. Asimismo, se establece que el Instituto debe realizar una revisión anual del cumplimiento de los requisitos vigentes para todas las pensiones que tengan una antigüedad superior a tres años, y que dicha revisión debe ser de carácter general. Digo esto como introducción porque, a raíz de ello, quiero darle la palabra al director para que nos relate específicamente lo que ocurrió en este caso. Buenas tardes, presidenta. Saludarla a usted y, por su intermedio, a los honorables diputados y diputadas que forman parte de esta comisión. Agradezco la invitación, ya que esto nos permite esclarecer una situación que fue de público conocimiento y es importante tener una visión objetiva y real de los hechos aquí ocurridos. Para ello, he preparado una pequeña presentación. Como contexto general, quisiera contarles que el Instituto de Previsión Social administra, concede y paga diversos beneficios de previsión social y de seguridad social que son relevantes para la población chilena. Además, tenemos a nuestro cargo la cobranza previsional y la recaudación de cotizaciones previsionales, así como la red de atención ChileAtiende, que tiene convenio con 32 instituciones del Estado y funciona como una ventanilla única que atiende distintas prestaciones de los servicios públicos. Actualmente, estamos brindando orientación e información sobre 2.500 trámites diferentes en nuestras diversas plataformas de atención. Por lo tanto, el Instituto de Previsión Social tiene a su cargo cinco áreas estratégicas. La primera de ellas está vinculada con la concesión y mantención de beneficios de la previsión social y la seguridad social. Estamos hablando de que el Instituto concede anualmente alrededor de 750.000 beneficios. En materia de pago, actualmente estamos superando los 4 millones de pagos mensuales de distintos beneficios, incluyendo los 2,2 millones de PGU que se pagan mensualmente. En cuanto a la recaudación, recaudamos 11.000 millones de pesos al año de aquellos empleadores que aún cotizan por trabajadores que se quedaron en alguna caja de previsión y no fueron a una administradora de fondos de pensiones. Desde agosto del año pasado, hemos recaudado alrededor de 70.000 millones de pesos por concepto del Seguro Social, que es de cargo del empleador. En materia de orientación y atención a la ciudadanía, este es uno de los servicios que más público atiende a nivel nacional. Actualmente, estamos interactuando con 230 millones de personas al año, principalmente a través de la página web de ChileAtiende, que es la tercera página más visitada en todo Chile. Hemos realizado 5,5 millones de atenciones presenciales en una red de 202 sucursales del IPS ChileAtiende y atendemos a 3,2 millones de personas, principalmente a través del call center. Cada vez que se implementa una nueva política pública, las personas llaman al 101. También hemos incorporado una sucursal virtual, creada durante la pandemia, que ha tenido muy buenos resultados, y ofrecemos atención a través de redes sociales. Recientemente, hemos desarrollado un chatbot que permitirá una mayor interacción con la ciudadanía.

El Seguro Social Previsional está en marcha, y actualmente hemos recaudado 287 mil millones de pesos por este concepto. En septiembre, logramos pagar de manera exitosa todos los beneficios a los mayores de 82 años que cuentan con la Pensión Garantizada Universal (PGU), así como a aquellos que reciben otros beneficios del Pilar Solidario, alcanzando un total de 767 mil personas que vieron mejorados sus ingresos en ese mes. En enero, estamos pagando los beneficios vinculados con el Seguro Social, referidos a años cotizados y la compensación por expectativa de vida, lo que corresponde a un total de 1.372.000 beneficiarios. Hasta la fecha, hemos pagado el 90% de estos beneficios y completaremos el resto en los próximos días. Esto se menciona para dimensionar la envergadura de los macroprocesos que realiza el Instituto mes a mes para cumplir con los distintos desafíos que tenemos hacia la comunidad. En materia de PGU, en enero de 2023 teníamos 1.790.000 beneficiarios, cifra que ha ido creciendo. Estamos concediendo alrededor de 20.000 PGU por año, y actualmente ya contamos con 2.244.000 beneficiarios. Respecto a cómo se accede a la PGU, es importante recordar que no es un beneficio automático, sino que debe ser solicitado. La persona puede realizar esta solicitud a través de distintos canales: en las municipalidades, en el área de desarrollo social, en alguna sucursal de Chile Atiende, en las AFP, en las compañías de seguros, y muchas personas hoy día lo hacen online a través de la página de Chile Atiende. Para acceder a este beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos: tener 65 años o más, pertenecer al 90% de más bajo ingreso, haber residido en Chile durante 20 años (contando desde los 20 años de edad hasta la fecha de la solicitud), y haber residido en los últimos cuatro de los cinco años previos. Además, no se debe tener una pensión autofinanciada que supere 1.252.000 pesos. Cuando la persona solicita el beneficio, el Instituto recurre a distintas fuentes de información para obtener los datos necesarios que permiten definir el puntaje de focalización previsional (PFP). Si la persona tiene un PFP inferior a 5.000, califica para la PGU. Para ello, interactuamos permanentemente con el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, la Superintendencia de Pensiones y otros organismos. Este proceso se desarrolla en un plazo máximo de 30 días, tras el cual se concede el beneficio y se procede al pago. Actualmente, la mayoría de los pagos se realizan a través de transferencias electrónicas, siendo la cuenta RUT la más utilizada, mientras que solo el 20% de los beneficiarios opta por el pago presencial. En cuanto a la revisión de la mantención del beneficio, el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene la obligación de realizar esta labor, tanto mensualmente como anualmente. La ley 21.419 establece que es una obligación del IPS llevar a cabo esta tarea, respaldada por el reglamento 52 y la norma de carácter general 319, que sustentan la labor habitual del Instituto. Existen actualmente 25 causales que pueden extinguir una PGU, no solo por razones de residencia, sino también por otras causas, siendo las más comunes el fallecimiento del beneficiario y la pérdida de focalización, fundamentalmente cuando cambian los ingresos de las personas. Respecto al requisito de residencia, que es el tema objeto de esta reunión, la ley 21.419 establece claramente que el Instituto deberá extinguir la PGU en aquellos casos en que los beneficiarios hayan salido más de 180 días, continuos o no, durante un año calendario. La norma de carácter general 319 también establece esta misma facultad.

Hacer una revisión anual para todas aquellas Pensión Garantizada Universal (PGU) que tengan más de tres años desde la concesión es obligatorio. Esto no se había realizado anteriormente, ya que la propia ley establece que debía hacerse, siendo la primera de ellas la ley del 2022, que estipula que la revisión se debía llevar a cabo el 1 de febrero de 2025. Por lo tanto, recientemente se realizó por primera vez una revisión completa del stock. El reglamento de la PGU, específicamente el número 52, establece claramente que, con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito de residencia, que se encuentra en la letra C del artículo 10 de la ley 21.419, el Instituto de Previsión Social requerirá a la Policía de Investigaciones de Chile la información que esta registre sobre entradas y salidas del territorio de la República. Sin perjuicio de lo anterior, los solicitantes del beneficio de la PGU podrán acreditar el cumplimiento de dicho requisito mediante otros medios de prueba. Esto significa que el Instituto, para tomar esta medida, debe recurrir a la información de la PDI, pero también permite que, si un usuario considera que no está de acuerdo con esa información, tiene el derecho a presentar mecanismos para demostrar lo contrario. Para ello, contamos con un convenio vigente con la PDI desde el año 2020. Respecto a lo ocurrido, que fue de público conocimiento, dado la normativa que mencioné, teníamos que en enero de 2025 solicitar a la PDI la información de más de dos millones de beneficiarios de PGU y verificar si durante el 2024 algunas de estas personas se ausentaron más de 180 días del territorio. Esta solicitud se reiteró y trabajamos en conjunto; en agosto formamos una comisión y, personalmente, visité al director nacional de la PDI. Por diversas razones, la información llegó en noviembre, lo que nos dejó solo el mes de diciembre para notificar y cumplir con la normativa, ya que estamos supervisados tanto por la Superintendencia de Pensiones como por la Contraloría General de la República. En ese sentido, se enviaron cartas a 7.293 beneficiarios de PGU, ya que en algunos medios se mencionaron 13.000, lo cual no es correcto. De estas notificaciones, hemos recibido formalmente 78 reclamos. Sin embargo, debido a la información que circuló en la prensa y de algunos parlamentarios, se percibió que muchas personas no habían incurrido en esta falta. Por lo tanto, decidimos rápidamente suspender esta medida. Esto lo supimos el martes 13, y al día siguiente se eliminó la suspensión. Se notificó a todas las personas para que hicieran caso omiso de la carta, que no tenía ninguna repercusión, y habilitamos inmediatamente el pago, el cual se realizó el día viernes 16 de enero, completándose así para todos los beneficiarios. Actualmente, hemos realizado reuniones con la Superintendencia de Pensiones y tenemos un acuerdo con la PDI para fortalecer este mecanismo de verificación y replantear esta normativa. Esta fue la primera vez que se llevó a cabo de manera masiva, y dado los resultados, es evidente que dentro de los 7.000 casos también puede haber personas que no cumplan con los requisitos. Sin embargo, en vista de que había personas a las que injustamente se les estaba extinguiendo el beneficio, decidimos revertir esta situación de manera ágil. Ahora, vamos a replantear este procedimiento, lo cual debemos hacer con la autorización de la Superintendencia, ya que el IPS no tiene facultades para modificar el procedimiento por sí solo. Hasta ahora, lo que teníamos que hacer era lo que acabo de relatar: realizar este chequeo anual del stock y notificar y extinguir dentro del año calendario. Ahora, procederemos a implementar un doble chequeo.

En este caso, estamos solicitando autorización para que, una vez que la Policía de Investigaciones (PDI) nos informe sobre una persona que se ausentó el año pasado durante todo el segundo semestre, podamos verificar con otras bases de datos si efectivamente estuvo o no en el país. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud, para confirmar si la persona recibió atención médica, fue vacunada o participó en algún acto eleccionario y votó. Esto demostraría que la persona estuvo aquí y no está en falta. Estamos pidiendo también que se amplíen los plazos y que no se adopte una medida tan drástica, sino que se otorgue un tiempo de al menos tres meses a la persona para que pueda comprobar su presencia en el país, considerando que son personas de avanzada edad y muchas de ellas con problemas de salud. Es fundamental dar las facilidades necesarias para que este proceso se realice de manera razonable. Además, solicitamos que el plazo comience a contar desde que la PDI nos entregue la información, para evitar la presión que enfrentamos al final del año por cumplir con la normativa. Perdón, solo para que quede claro, ¿a quién se lo están pidiendo? A la Superintendencia de Pensiones. En ese trabajo estaremos en los próximos meses. Por ahora, la medida ha quedado suspendida. Esperamos, en un plazo razonable de entre 30 y 60 días, poder establecer este nuevo procedimiento y revisar nuevamente estos casos, cumpliendo con la normativa, pero sin vulnerar los derechos de aquellos que no tienen este problema y que podrían verse injustamente afectados. Muchas gracias. Antes de dar la palabra, ¿alguien desea hacer alguna intervención? No. Perfecto, entonces procederemos a dar la palabra. Consuelo, adelante. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a la mesa, honorables diputados y diputadas. Primero, quiero señalar que mi director envía sus excusas, ya que actualmente se encuentra en la región del Biobío, acompañando a los colegas que están desarrollando trabajo en esa zona. Quiero comentarles que, efectivamente, nuestra institución, desde el año 2020, tiene un convenio que permite entregar información al Instituto de Previsión Social (IPS) respecto de las solicitudes que se realizan. Desde ese año, la cantidad de personas que se informaba no superaba las 100.000 anuales. Sin embargo, el año pasado, como bien mencionó el director, esta cifra aumentó a dos millones de personas, lo que implica una descarga masiva de datos desde los registros de migración. Para que tengan una idea de la magnitud de estos datos, esos dos millones de personas representan más de once millones de movimientos migratorios. Somos conscientes de que nuestros sistemas pueden presentar errores, y a continuación les graficaré en qué pueden consistir. En las consultas uno a uno, o en las solicitudes de datos que se nos pedían en años anteriores, el protocolo que tenemos nos permite verificar la posibilidad de que alguna persona no corresponda al viaje asignado. Esto lo podemos hacer en consulta uno a uno directamente con el país de destino, gracias a los convenios que mantenemos con otros países de la región y del extranjero. Esta descarga de datos nos permitió darnos cuenta de que el margen de error, que supera el 0,08% del total, podría significar un problema grave para los usuarios afectados. Esto llevó al director a tomar contacto inmediato y a dar instrucciones para que generáramos canales de trabajo en caso de que se presentaran consultas respecto de las dudas que pudieran tener sobre los viajes, así como a establecer mesas de trabajo directamente con el IPS.

En ese sentido, me gustaría explicarles que el estrés generado en los sistemas respecto a la cantidad de datos nos llevó a darnos cuenta de que nuestros protocolos no estaban siendo suficientes ante un número tan elevado. Por ejemplo, el sistema integrado que mantenemos con Argentina, en específico en el Paso Libertadores, presenta diferencias significativas en la forma de registro entre ambos países. No nos proporciona un paso de uno a uno y, además, los datos no llegan a través de descargas semanales, lo que implica que nosotros debemos reconvertir la información para ingresarla en nuestros sistemas. La mayoría de los registros erróneos ha sido consecuencia de sobrescritura o problemas de sistema que se han presentado. La intención de nuestra institución es, por supuesto, tener datos más concretos y certeros que nos permitan generar un protocolo de consulta independiente, que sea más sencillo de detectar. Entendiendo que no podemos influir en los sistemas de Argentina, hemos llegado a un acuerdo y se está trabajando en un desarrollo que permitirá tener un registro certero en cada una de las avanzadas de nuestro país, así como la integración de datos de otros sistemas nacionales de forma directa y uno a uno. Este desarrollo está en curso y se espera que comience en marzo, con la instalación de algunos pasos fronterizos como mecanismo de prueba. Por eso, me acompaña el jefe nacional, quien ha estado más estresado que el sistema en estos últimos días, pero con la idea de que esto funcione, especialmente considerando que alguien pudiera verse afectado por los datos que tenemos la obligación de manejar. Quiero dar a conocer a la mesa que, efectivamente, la institución está preocupada por esta situación, motivo por el cual se han generado mesas de trabajo. Esta gran descarga de datos anteriores nos llevó a darnos cuenta de que podrían existir errores, aunque estos son mínimos en relación al número total. Sin embargo, podrían significar un problema para alguien, y eso es lo que queremos evitar. Ahora, doy la palabra a los diputados. Diputada Rojas. Sí, presidenta, gracias. Saludo a quienes nos acompañan esta tarde. La información que se ha presentado me queda bastante clara y considero que es útil que el director del IPS haya especificado las fechas, aclarando que, de acuerdo a un cumplimiento de la ley interna, se da cumplimiento a la fecha del 2025. Sin embargo, hay un punto que me gustaría esclarecer. Con el instructivo, el IPS solicita información a la PDI, y esta señala que proporciona la cantidad porque solo en 2025 se evaluará a más de dos millones de personas, no antes, ya que la ley establece que ese es el periodo que debe considerarse. Tengo más dudas respecto del futuro que de la situación que ya ocurrió, porque se tomó una decisión rápida que, lamentablemente, afectó a personas. Por eso es nuestra preocupación como comisión. Nos inquieta que, si hay una persona afectada, debemos preocuparnos como representantes. Mi duda es la siguiente: de los dos millones que se analizan, finalmente son siete mil las personas notificadas. Entonces, respecto al procedimiento futuro, la revisión debería centrarse en ese número, sobre las personas que podrían haber incumplido los 180 días estando fuera del país. Pregunto si, para este procedimiento específico, se revisará nuevamente a los más de dos millones o se focalizará en los siete mil que fueron notificados.