Senado - Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación - 19 de enero de 2026

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Tomar asiento. Les damos la bienvenida a los invitados especiales para el día de hoy, así como a los senadores integrantes de esta comisión. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva, a la Biblioteca del Congreso Nacional y al Consejo Futuro. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, un oficio de la Superintendente de Educación Superior subrogante, señora Daniela Geraldine Maureira, con el que da respuesta al deber de información contenido en el artículo 54 de la Ley de Presupuestos del 2026. También hay cartas enviadas por el senador Chahuán, pero él se referirá a estos temas más adelante. Gracias, secretario. Senador Chahuán, tiene la palabra. Presidenta, me gustaría informar sobre dos acciones. La primera es la reunión de trabajo que sostuvimos con el embajador Hernán Bascuñán, director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, y con el embajador Luis Plaza, responsable de la División de Ciencia, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores. La idea básica de esta reunión era relevar la diplomacia científica mediante una coordinación entre la Cancillería, la Academia Diplomática y los espacios impulsados por la Comisión Desafíos del Futuro. Ellos desean vincularse formalmente con la Comisión y han expresado que no cuentan con formación en diplomacia científica, por lo que consideran relevante poder hacerlo a través de nuestra instancia. La segunda acción que quiero informar es que viene una delegación proveniente de la provincia de Mendoza. Estuvo presente el gobernador, la vicegobernadora, así como un grupo de quince dirigentes, empresarios y líderes gremiales, con el objetivo de generar un congreso futuro Chile-Argentina en Mendoza. En este contexto, tuvimos una reunión con la Embajada de Argentina en Chile, donde se discutieron los detalles de esta colaboración.

Yo quiero aprovechar de relevar el trabajo que se ha hecho desde esta misma Comisión de Desafíos del Futuro del Congreso Nacional y felicitar al trabajo del Consejo. Sin ello, no habría sido posible llevar a cabo un Congreso Futuro de esta envergadura. En medio del Congreso, también lanzamos nuestro último libro, y agradezco mucho lo que se ha pedido en este contexto. Quiero destacar el Congreso Futuro de este año, que ha consolidado y expresado bien la trayectoria de los 15 años a nivel nacional, con presencia en todas las regiones del país. En la región de Aysén, tuvimos el Congreso Futuro el día viernes en el Centro Cultural Seina. Estuve presente en dos oportunidades y entiendo que todos los senadores participaron en alguna de las actividades, no solo en las charlas y sesiones temáticas, que fueron cerca de 40, sino también en los distintos talleres que se realizaron. Aprovecho para felicitar al senador Francisco Chaguán, ya que en este contexto se lanzó el libro "Anticipar para Transformar Chile", una iniciativa en un área que siempre ha sido relevante para nosotros, relacionada con la prospectiva. Es una alegría que nuestros colegas, especialmente Francisco, que ha trabajado en este tema durante mucho tiempo, puedan expresar su trabajo a través de este libro. Tuve la oportunidad de acompañar a algunos de los speakers en la Antártica, junto al presidente del Senado. Me parece que es una instancia relevante, entendiendo que el continente antártico es un espacio de investigación icónico. Se abordaron temáticas importantes, como la salud y el envejecimiento, que no habíamos tratado anteriormente. En este sentido, quiero felicitar a Carola y darle un espacio para que nos cuente sobre las coberturas. Tengo la certeza de que este año se superaron las expectativas, lo que habla de la consolidación de este evento como plataforma de divulgación científica. Este año, no solo se ha incrementado la presencia en regiones, sino que también se ha internacionalizado el Congreso Futuro Iberoamericano, con presencia en Marruecos y en el continente africano. Lo que menciona el senador Chaguán sobre trabajar en Mendoza es fundamental para seguir abriendo espacios. China también es otro de los lugares en los que estamos trabajando. Este evento ha logrado irradiar hacia otros países, no solo en términos de divulgación científica, sino también en la creación de contenido y en el ámbito de la diplomacia científica. Carola, te pido que nos cuentes un poco más sobre esto y quiero felicitar a través de ti a todo el equipo. Fue un trabajo impecable. Me impresionó la cantidad de gente que, al menos en los días que participé, circuló por el Centro Cultural Seina. También quiero felicitar a todos los colegas que dieron vida a este evento en la región. Gracias, senadora. Me sumo a sus palabras de agradecimiento al equipo. Muchas veces uno es la cara visible, pero hay equipos enormes detrás, no solo del Consejo de Futuro, sino también de la Fundación Encuentros de Futuro, que hace realidad las gráficas y muchos de los videos que vemos. Tal como usted mencionó, efectivamente, en cobertura hemos incrementado los números iniciales, alcanzando cerca de un 15% en comparación con el año anterior, que ya había subido cerca de un 16%. Esto refleja una consolidación no solo de los equipos de cobertura de prensa, sino también del extraordinario trabajo de quienes refuerzan el equipo del Consejo Futuro para prensa.

Es la primera vez que asisten más senadores, no solo de esta comisión, a eventos paralelos. No solo al libro que se presentó a través del senador Chahuán, sino que también hubo presencia de otros senadores del Senado en otros eventos paralelos, lo que refleja el interés por las temáticas abordadas y las problemáticas que desean escuchar los miembros del Parlamento. Comentarles que se enviaron invitaciones desde la Secretaría de la Comisión Futuro y desde el Consejo Futuro a todos los senadores para participar en sus regiones, con copia abierta a todos los senadores, y también se les ofreció un espacio para intervenir en las palabras inaugurales. Esto significó que efectivamente más senadores, no solo de esta comisión, estuvieran presentes en las inauguraciones de su respectivo Congreso Futuro en las regiones, lo que indica una consolidación y que los otros senadores también sientan como propio el Congreso Futuro. Estamos preparando informes, no solo de prensa, sino también de cobertura por región. En cuanto a los números que circulan en prensa, que indican cerca de 10.000 asistentes presenciales en las regiones, no vamos a hacer un desglose, ya que las realidades son muy distintas. Magallanes es muy diferente a Atacama, que tuvo tres días de Congreso Futuro. Para cuidar que las regiones son distintas y tienen particularidades, podemos hacer llegar esa información de forma interna a ustedes. Estar presentes en todas las regiones también habla de un compromiso de esta comisión y de estos senadores para aportar a cada una de las regiones, asegurando el streaming y la traducción simultánea, que son aspectos costosos de la producción. Prontamente estaremos enviando a la secretaría de la comisión y a los mismos senadores los informes detallados de cada una de sus regiones. Quiero resaltar que el evento, que comenzó en 2011, ha evolucionado y se ha consolidado, siendo parte del orgullo y del trabajo realizado por el Senado de la República. Este es un área que queremos preservar como un sello distintivo. En sus inicios, fue un esfuerzo conjunto entre actores políticos, senadores y científicos de la Academia Nacional de Ciencias, y hoy suma a múltiples actores del sector privado y los medios de comunicación. También quiero destacar el rol de la Fundación Encuentros del Futuro en la realización de este evento. La sesión inaugural también se vio realzada por la presencia del presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kass, lo que refleja el compromiso de que esto se ha constituido en una política de Estado. Entiendo que me han pedido la palabra los senadores Durresti, Chahuán y Coloma, en ese orden. Senador Durresti. Senador Chahuán. Presidenta, había otra notificación, una carta de invitación a los miembros de la comisión por parte de la legislatura argentina, para que el 11 de febrero se lance el Pacto Conciencia en Mendoza. Sería interesante que algún miembro de la comisión pudiera asistir, y ellos están esperando que alguien de la comisión pueda ir o, quizás, un mensaje de la presidenta de la comisión. Básicamente, inspirados en esta comisión, esperan fundar una comisión de Desafíos del Futuro en la legislatura argentina, lo cual es muy importante. Gracias, senador Chahuán. ¿Llegó alguna carta sobre esto? No. Les pido que nos coordinemos para formalizar los canales de información. Senador Coloma. Gracias, presidenta. Quería sumarme a lo que usted planteó respecto al Congreso del Futuro y todo lo que eso implica. La verdad es que son quince años, y varios de los que estamos aquí hemos sido testigos de esa historia y de las dificultades que hemos enfrentado.

Y usted lo dijo de buena manera. Se ha transformado más en una lógica de Estado, donde tanto el presidente saliente como el entrante han estado presentes en un escenario de reflexión que, a esta altura, me conmueve. En un contexto de cortoplacismo frenético, es significativo que se dé un paso hacia una reflexión más profunda. Nos tocó a varios estar en la noche del lunes en La Moneda y se puede apreciar el aporte que los científicos del mundo han realizado, lo que ha transformado la situación en diversas partes. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los que han organizado el último Congreso Futuro, al menos para mí como senador, y ánimo a seguir con esta labor, que siempre es compleja y genera incertidumbres. Entiendo que están presentes la señora María Isabel Sañartu, Bárbara Schneider y Saka Zubik de la Universidad Adolfo Ibáñez. También nos acompaña la directora de GovLab, señora María Paz Hermosilla, bienvenida. Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), está conectado vía Zoom el señor Felipe González, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Marek Hohe. Le vamos a dar la palabra a la directora de GovLab, la señora María Paz Hermosilla. Bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación a todos los honorables senadores. Como se mencionó, soy directora del GovLab, el laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Existimos desde el año 2017 y nos dedicamos a apoyar a organismos públicos en el uso responsable de los datos. Contamos con dos líneas de trabajo: inteligencia artificial responsable y gobierno de datos, que es el tema de la invitación de hoy. Es importante felicitar al gobierno por esta iniciativa. Creemos que es muy positivo que se esté legislando en este aspecto, ya que el tema de los datos es una de las tres reformas habilitadoras para la transformación del Estado. No voy a hablar del empleo público o del gasto público, pero al pensar en la transformación del Estado, hay aspectos que quizás no son tan visibles, pero que tendrán un gran impacto en las políticas públicas, y la reforma de los datos es uno de ellos. Gracias a una reforma integral de los datos, podremos aprovechar su valor para mejorar las políticas públicas. El acceso a datos es un anhelo de varias décadas. He estado luchando por esto durante seis años, pero hay quienes llevan décadas, como el colega José Inostrosa, el director de Gobierno Digital en su época en el INE. Los investigadores han solicitado acceso a datos administrativos desde los años 90, en particular a las encuestas del INE, del Ministerio de Desarrollo Social y a los microdatos de los censos de 1992. En 2006, un comité del INE planteó a la Comisión Nacional de Estadísticas la necesidad de generar un sistema de acceso a microdatos públicos. En 2017, el CEP y su Comisión de Modernización del Estado, así como el Ministerio de Hacienda, también plantearon la necesidad de crear este tipo de sistema. Estos son anhelos de larga data de muchas organizaciones. La Comisión Nacional de Productividad (CNP) en 2022 indicó que no se podía evaluar adecuadamente la política social durante la pandemia debido a la falta de datos. Sin embargo, hemos tenido un gran avance que es importante destacar: el sistema de Registro de Información Social (RIS), que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este sistema integrado de datos, que opera a nivel de desarrollo social, ya va en su tercera ronda de investigaciones. Es una iniciativa que permite a investigadores de universidades acreditadas acceder a la base de datos del Registro de Información Social, que es una base de datos integrada. Hasta la fecha, hay 48 proyectos aceptados, y esta iniciativa comenzó en 2020, manteniéndose entre gobiernos.

Es una iniciativa muy positiva, pero tiene limitaciones, ya que se centra únicamente en la política social. Obviamente, el Estado es mucho más que eso; necesitamos acceso a datos en todos los ámbitos de la política pública. Por ello, hemos creado, en alianza con cuatro universidades, un consorcio, porque este es un tema muy sentido para nosotros. En 2021, firmamos un convenio de colaboración entre la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, con el objetivo de impulsar esta política pública. Así como en su momento se promovió el programa "Chile Crece Contigo" o el matrimonio igualitario, nosotros estamos impulsando esta política pública a través de una agenda de incidencia. Contamos con cuatro centros de investigación afiliados y estamos trabajando juntos hasta 2026; el convenio se firmó por cinco años entre los rectores, pero será necesario renovarlo. ¿Cuál es la realidad? Me imagino que ustedes comparten esta visión: el diseño institucional actual obstaculiza la formulación y evaluación de políticas públicas basadas en la evidencia. Esa es la realidad. No lo facilita; la palabra "obstaculiza" representa bastante bien esta situación. Esta es mi opinión personal y no necesariamente la del consorcio. A los senadores se les ha entregado una minuta con la opinión formal del consorcio. Hoy fui invitada a exponer mi opinión como directora del GOBLAB, y al presentar consideraciones, diferenciaré entre mi perspectiva y la del consorcio. En cuanto a la evaluación de políticas públicas con datos integrados, excluyendo el RIS Investigación, se plantea que, por ejemplo, la DIPRES destina 300 millones de pesos anuales a evaluaciones de impacto. Se propone una evaluación, se crea la base de datos, y el proceso puede demorar seis meses, un año o incluso dos años. Personalmente, me tardé aproximadamente dos años y medio en crear una base de datos sobre malnutrición infantil, en colaboración con la JUNAEF, el MINSAL, FONASA y la Superintendencia de Salud. Este proceso es extremadamente lento. Luego de realizar la evaluación, la base de datos se elimina o nadie más tiene acceso a ella, lo que significa que no sirvió para nada más que para ese caso puntual. Esto es muy ineficiente y representa un gasto innecesario de recursos públicos, ya que se podría hacer de otra manera. El modelo ideal es el siguiente: proponemos una evaluación, creamos una base de datos si esta no existe, y aunque nos tomemos tiempo para crearla, los datos deben estar disponibles de manera segura. Posteriormente, se realiza la evaluación y muchas otras que se proponen, se aprueban, se evalúan, y la base de datos permanece, se actualiza y sirve para la política pública. Este es el modelo que necesitamos implementar, uno que ya se aplica a pequeña escala en RIS Investigación, pero que debe extenderse a todo tipo de política pública. En cuanto a este proyecto de ley, ¿qué aspectos destacables tiene? Primero, busca facilitar que los poderes del Estado compartan datos entre sí. Existen problemas de política pública, como la seguridad o el maltrato infantil, que no se resuelven únicamente en el Poder Ejecutivo. Muchos temas requieren colaboración entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por mencionar algunos. En segundo lugar, se propone reemplazar el actual sistema de convenios, que es ineficiente. He firmado alrededor de diez convenios de acceso para investigadores universitarios a datos del Estado, y nunca me ha tomado menos de un año. Se necesita tener una gran perseverancia para continuar trabajando en este contexto, lo cual no debería ser así. Por lo tanto, la eliminación de los convenios y su reemplazo por la adhesión a términos y condiciones es completamente lógico. En tercer lugar, el proyecto de ley crea espacios de datos sectoriales, algo que ya existe en RIS Investigación y que es necesario en muchos otros ámbitos. Por último, y este es el aspecto al que me dedicaré más, el proyecto de ley establece una infraestructura integrada de datos. ¿Qué es una infraestructura de datos integrados (IDI)? Es un sistema que permite el cruce de datos administrativos, así como de encuestas que manejan diferentes organismos públicos sobre las personas y organizaciones. Su disponibilización permite un acceso seguro y desidentificado para investigadores acreditados, que pueden ser funcionarios públicos, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso Nacional, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, de los departamentos de estudios del gobierno, así como investigadores de centros de estudio, universidades e incluso ONGs. Esto es fundamental para proyectos con fines de interés público.

Son proyectos previamente aprobados, no cualquier cosa, y se realizan estudios e investigaciones de diseño y evaluación de políticas públicas, lo que los convierte en asuntos de interés público. Esto es lo que permite una infraestructura de datos integrada. Ahora, ¿qué componentes debiera tener un Sistema Nacional de Gestión de Datos? Aquí, si hablo a nombre del consorcio, hemos propuesto que un sistema de este tipo debiera contar al menos con tres componentes. En primer lugar, un centro estratégico; partamos por la parte de datos. Debe existir un sistema de datos integrados, una plataforma donde los organismos públicos puedan depositar sus datos y donde podamos tener bases de datos multidimensionales, longitudinales y desidentificadas, a las cuales se pueda acceder de manera segura. Sin embargo, los datos por sí solos no son suficientes. Es necesario contar con un centro estratégico que promueva el uso de estos datos, que fomente la creación de nuevas bases de datos y que difunda las políticas públicas y los hallazgos que son relevantes para la política pública. Sin esta articulación, la base de datos no operará adecuadamente. Se requiere la colaboración de un ecosistema que incluya investigadores, productores de datos y consumidores de la información; el Parlamento, por supuesto, debe ser un gran consumidor de estos hallazgos. Además, es fundamental establecer un sistema de acreditación de investigación. Las personas, tanto funcionarios públicos como de cualquier otra organización que accedan a los datos, deben ser idóneas, capacitadas y entender cómo proteger la privacidad de los datos. No queremos que el Estado se convierta en un "gran hermano"; deseamos que nuestros datos sirvan para combatir enfermedades, pero sin que se exponga información sensible, como el hecho de que una persona tenga una enfermedad específica. En cuanto al proyecto de ley, se enfoca únicamente en la parte de la plataforma, que es solo uno de los tres componentes, y no aborda el centro estratégico ni la acreditación de los investigadores. La realidad es que los países que han implementado estos sistemas con éxito han dedicado esfuerzos considerables al centro estratégico y a la validación de los investigadores. Si no se hace, los datos no se utilizarán solo porque estén disponibles, y no habrá legitimidad ni confianza en el sistema. El proyecto de ley incluyó un informe financiero que indicaba que no habría gasto adicional, y es cierto que la plataforma forma parte del presupuesto del Ministerio de Hacienda de este año, que tiene una licitación en marcha. Estamos muy satisfechos con esta licitación que se encuentra en evaluación. Sin embargo, los recursos para los otros componentes no están contemplados en el presupuesto, lo que representa un aspecto mejorable de la ley. Como ejemplos, en el Reino Unido, el Ministerio de Ciencia financia este ecosistema, incluyendo el centro estratégico y otras partes del sistema. Con fondos de ANIF, se han creado programas que llevan ocho años funcionando, permitiendo financiar tanto a los responsables de datos como a los organismos públicos que integran datos, así como entornos seguros de investigación y a los investigadores. Estos programas financian seis ítems, incluyendo el entorno seguro de investigación, la integración de datos, la limpieza de datos y la capacitación, así como la participación ciudadana. Por lo tanto, tanto Corfo como el Ministerio de Ciencia podrían desempeñar roles importantes en este contexto. Corfo ha creado programas para centros de investigación, y este financiamiento podría provenir de sus fondos o de los de ANID. En Nueva Zelanda, el INE tiene un enfoque similar, con un liderazgo claro en la gestión de datos, donde el jefe del INE actúa como Chief Data Officer. Esto implica una gobernanza diferente, con departamentos que promueven el uso de datos y fomentan la infraestructura necesaria. En conclusión, no basta con crear la plataforma; es esencial abordar todos los componentes necesarios para que el sistema funcione adecuadamente. Desde el consorcio, hemos realizado una estimación de cuántas personas se necesitarían para implementar este sistema, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, que nos ha proporcionado información valiosa sobre su funcionamiento.

Hoy, en el contexto de la investigación, llegamos a la conclusión de que con 16 personas se puede comenzar a operar este sistema, lo que implicaría una inversión aproximada de 850 millones de pesos en recursos humanos al año. Este planteamiento se basa en el volumen actual del Registro de Información Social (RIS), que se centra principalmente en política social. Para iniciar la conversación, es importante destacar que existen tres áreas relevantes; en este momento, la atención está más centrada en la parte de infraestructura, mientras que otros aspectos aún no están desarrollados. En cuanto al RIS, se presenta un organigrama deseable que se aspiraría a tener, pero históricamente se ha trabajado con los recursos disponibles y con personas que dedican solo parte de sus funciones a esta tarea, sin una dedicación exclusiva. Si se quisiera implementar todo esto para el Estado, sería necesario contar con personal completamente dedicado. Respecto a las sugerencias para el proyecto, propongo la creación de un centro estratégico para la coordinación de la infraestructura de datos integrados. No basta con contar únicamente con una plataforma analítica; aunque es un habilitante positivo, no es suficiente. Es fundamental incorporar explícitamente en el lenguaje de la ley la creación de entornos seguros de investigación, un aspecto que actualmente no se menciona en el proyecto. Considero que existen ventajas significativas en alojar estos entornos seguros de investigación en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dado que la evidencia internacional demuestra que los INE en el mundo han asumido esta función, gracias a su experiencia en el secreto estadístico y la protección de datos. Finalmente, es necesario incluir una mención explícita al INE en la elaboración de estándares para el diseño y uso de entornos seguros de investigación. El proyecto de ley solo menciona el gobierno digital, que consultará a otros organismos participantes, pero creemos que el INE debería tener un rol más definido en lo que respecta a la investigación a nivel poblacional o subpoblacional, asegurando que su participación no sea meramente voluntaria. Agradezco la invitación y comparto una minuta titulada "Una IRI para Chile", que es la opinión formal del consorcio, la cual fue elaborada a finales del año pasado y está disponible para los asesores y senadores que deseen revisarla. A continuación, le doy la palabra al señor Felipe González, analista de políticas de gobierno digital de la OCDE, quien se encuentra conectado vía Zoom. Bienvenido, Felipe, tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en esta sesión. Soy chileno, pero trabajo en la OCDE y actualmente me encuentro en Francia, aunque estuve en Chile hasta la semana pasada. Es un gusto poder compartir nuestra perspectiva respecto del proyecto de ley y cómo este se enmarca en un enfoque para crear valor basado en los datos en el sector público. Quisiera realizar esta presentación desde la perspectiva de los estándares de la OCDE. Para la OCDE, uno de los elementos esenciales para la transformación digital del sector público es adoptar un enfoque basado en datos, reconociendo los datos como un activo estratégico. Esto implica establecer políticas, mandatos, liderazgos y recursos para gobernar los datos de manera efectiva y explotarlos con el objetivo de generar valor público. Al mismo tiempo, se busca reducir el intercambio de datos entre el sector público y entidades externas, como el sector académico o investigadores, así como garantizar la protección de datos. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar en esta discusión y espero que nuestras contribuciones sean de utilidad para el avance del proyecto de ley.

Felipe, le quiero sugerir que si desea, puede sacar la cámara, ya que tenemos algunos problemas para escucharlo. ¿Me confirma que me escuchan bien? Sí, estamos bien. Retomando, el sector público, impulsado por los datos, también los aplica de manera estratégica para transformar políticas y servicios. Nos enfocamos y recomendamos cómo utilizar los datos para ofrecer mejores servicios. Por ejemplo, las instituciones del sector público pueden intercambiar datos para simplificar la vida de las personas. La posibilidad de contar con un RUT único permite que nuestra información fluya de manera más natural y armónica entre las instituciones, aunque no siempre esto se refleja en políticas o sistemas que faciliten el acceso y el intercambio ágil de datos. Esta política, orientada por los datos, busca establecer esfuerzos para abrir datos de mejor manera y que estos sean reutilizados tanto dentro como fuera del sector público. Adopta un enfoque proactivo para proteger los derechos de las personas, garantizando su control sobre el uso de datos, la protección de la privacidad, el consentimiento y la seguridad de la información. Todo esto actúa como un habilitante de mayor eficiencia administrativa y confianza pública. Desde la perspectiva de la OCDE sobre cómo establecer o diseñar una política de sector público impulsada por los datos, lo aproximamos a través de tres dimensiones. La primera es una sólida gobernanza de datos, que debe contar con un mandato claro, una visión y una estrategia, así como los recursos y capacidades necesarios para una implementación efectiva. Es fundamental contar con un marco normativo que habilite a las instituciones para utilizar los datos de manera óptima, estableciendo infraestructuras seguras, escalables y sostenibles a largo plazo. Además, es esencial anticipar y planificar mejor las políticas y servicios públicos, entregando estos de manera proactiva e integrando distintos prestadores de servicios bajo la modalidad de eventos de vida. También se debe mejorar la evaluación y monitoreo, como mencionaba María Paz en su presentación. El último elemento, que es un pilar esencial, se centra en crear confianza pública en el uso de datos por parte del sector público. Esto implica adoptar un enfoque ético respecto a cómo se utilizan los datos y quién los utiliza, así como tomar los resguardos necesarios para la privacidad y el consentimiento. La nueva ley de protección de datos personales contribuirá significativamente a fortalecer el sector público chileno, adoptando principios de transparencia en la gestión y uso de datos, y fomentando la seguridad de las transacciones digitales, incluyendo la gobernanza y el intercambio de datos.