Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 20 de enero de 2026

En nombre de Dios y la Patria, se inicia la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Quiero partir saludando a la senadora Ensberger, al senador Kutcher, quien está en reemplazo del senador Cruzcoque, al senador Alfonso Urresti y al senador Pedro Araya. Saludo también al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, y a la Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas. A propósito del tema que nos convoca, los candidatos a ministros: la señora Alejandra Figueroa, el señor Andrés Bordalí y el señor Ricardo Pérez. Quiero señalar que tenemos como único tema en la tabla el poder escuchar a quienes han sido propuestos por el Presidente de la República para los distintos cargos dentro de los tribunales ambientales.

Señora Presidenta, sus señorías, muy buenos días. Señor Ministro, señora Ministra, candidatos y candidatas, muy buenos días a todos ustedes. En esta sesión corresponde ocuparse acerca de los oficios presidenciales números 1524, de 1 de diciembre de 2025, y 24 y 25, ambos de 6 de enero de 2026, mediante los cuales Su Excelencia el Presidente de la República ha propuesto, respectivamente, nombrar como Ministro Titular Abogado del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Santiago, al señor Ricardo Pérez Guzmán; como Ministro Titular Abogado del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Valdivia, al señor Andrés Bordalí Salamanca; y como Ministra Titular Licenciada en Ciencias del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Santiago, a la señora Alejandra Figueroa Fernández. Estos oficios están signados con los boletines números S-2689-05, S-2698-05 y S-2699-05. De estos oficios, señora Presidenta, se dio cuenta en la sala del Senado en sesiones de 2 de diciembre de 2025 y de 6 y 7 de enero de 2026, respectivamente. Cabe hacer presente que, de acuerdo con el inciso sexto del artículo segundo de la Ley N° 20.600, que creó los tribunales ambientales, para ser aprobadas las solicitudes de que se trata por esta Corporación, se requiere el voto conforme de los tres quintos de los senadores en ejercicio. Para el adecuado conocimiento de estos asuntos, han sido invitados, como usted señaló, señora Presidenta, especialmente a esta sesión, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo; la señora Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas; y los candidatos, señores Pérez Guzmán y Bordalí Salamanca, y la señora Figueroa Fernández. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Su artículo quinto establece tres tribunales ambientales. En lo que interesa a esta relación, señora Presidenta, el Tercer Tribunal Ambiental tiene asiento en la comuna de Valdivia y ejerce su competencia territorial en las regiones de Ñuble, del Bío Bío, de la Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena. El Segundo Tribunal Ambiental, a su turno, con asiento en la comuna de Santiago, ejerce su competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule. En cuanto a la composición de los tribunales ambientales, cabe consignar que cada uno de ellos está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes. Dos de los ministros titulares deben tener el título de abogado, haber ejercido la profesión al menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero será un licenciado en ciencias, con especialización en materias medioambientales y con al menos diez años de ejercicio profesional. Por su parte, uno de los ministros suplentes debe ser abogado y el otro licenciado en ciencias. Es dable recordar que no podrán integrar los tribunales ambientales quienes en los dos años anteriores a su nombramiento hayan desempeñado el cargo de Ministro o Subsecretario del Medio Ambiente, Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, Director del Servicio de Evaluación Ambiental o Superintendente del Medio Ambiente, así como cualquier otro cargo directivo de las mencionadas instituciones en el mismo período. El cargo de Ministro Titular es de dedicación exclusiva y es incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión, remunerada o no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en las que este tenga participación por aportes de capital. Asimismo, es incompatible con todo cargo de elección popular, exceptuándose de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta por doce horas semanales. Los ministros suplentes tienen las mismas incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los titulares, exceptuándose de estas limitaciones los empleos docentes y las funciones o comisiones académicas en establecimientos públicos o privados de la enseñanza superior, media y especial, siempre que no afecten la dedicación prevista en la ley. En los antecedentes que se acompañan al oficio número 1524 de Su Excelencia el Presidente de la República, se hace presente que el señor Ricardo Pérez Guzmán es abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Administrativo General de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de Chile, y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En cuanto a su experiencia laboral, el postulante se ha desempeñado como encargado de la sección jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la Revista de Ciencias Penales, abogado de la Municipalidad de Conchalí, abogado investigador de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema y relator abogado del Segundo Tribunal Ambiental, entre otros aspectos. El candidato ha efectuado una serie de publicaciones académicas, entre las cuales destacan las siguientes: "El heredero intestato como querellante", comentario a la sentencia ROL 2203-2012 del Tribunal Constitucional, y "La prueba obtenida en la justicia castrense y su control en sede procesal penal".

Sentencia rol 222-92-12 del Tribunal Constitucional y la eficacia del plan de reparación del daño ambiental a nueve años de su aprobación, entre otros. Según consta en los antecedentes que se adjuntan al oficio número 24 de Su Excelencia el Presidente de la República, el señor Andrés Bordalí Salamanca es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, cargo que ejerce desde el año 2020. Previamente, fue prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral y director de la Escuela de Graduados de la misma facultad. El señor Bordalí Salamanca es autor de diversas publicaciones en materia medioambiental, entre las que destacan los libros "Contencioso Administrativo Ambiental", "Litigación Ambiental" y "Tutela Jurisdiccional del Medio Ambiente", así como artículos de revistas académicas relativos a la tutela cautelar del contencioso administrativo chileno, a los interesados y legitimados activos en el contencioso administrativo ambiental, y la carga y valoración de la prueba en el contencioso de reclamación ante los tribunales ambientales, entre otros. Finalmente, los antecedentes que se adjuntan al oficio número 25 de Su Excelencia el Presidente de la República dan cuenta que la señora Alejandra Figueroa Fernández es licenciada en Ciencias con mención en Biología y bióloga con mención en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, ambos títulos obtenidos en 1998. A su vez, posee el grado de Magíster por la Universidad de Heidelberg, Alemania, en el año 2001. En lo tocante a su experiencia laboral, la postulante ha desempeñado, entre otras actividades, los cargos de coordinadora del programa de salud ambiental en el Instituto de Salud Pública, profesional del Departamento de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, jefa de la Unidad de Ecosistemas y luego jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del mismo ministerio, coordinadora nacional de humedales del mismo ministerio, y socia y fundadora, directora de Capital Natural S.P.A. La candidata, además, ha publicado diversos artículos y libros propios de su área de especialización profesional y del ámbito académico. Entre ellos destacan su autoría o coautoría en la "Guía para la Conservación y Manejo Sustentable de Humedales Andinos", el documento "Citos Ramsar en Chile", "Conservación de los Ecosistemas Acuáticos Continentales en Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos", "Guía para la Conservación de las Turberas de la Patagonia", "Biodiversidad, Género y Cambio Climático, Propuestas Basadas en Conocimiento", "Ley de Humedales Urbanos, su aplicación para la Conservación de los Humedales Urbanos" y "Chile Crea Futuro, reportes de expertos para cuatro grandes fenómenos de cambio". Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. Agradezco el tiempo concedido. Quiero compartir con ustedes algunos elementos que me permiten llegar a este espacio de decisión para definir el cargo de Ministra Titular de Ciencia del Segundo Tribunal Ambiental. A lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de vincularme al conocimiento científico y a la investigación aplicada, al tiempo que he desarrollado conocimiento desde el diseño e implementación de instrumentos de política pública y leyes en materia ambiental. Siendo parte de diversos espacios profesionales desde el Estado, organizaciones con desempeño ambiental y científico, como asesora, consultora y docente, he tenido la fortuna de profundizar mi conocimiento, a la vez que reconocer la importancia de escuchar y comprender a todos los actores que participan de la institucionalidad ambiental o que se vinculan con esta. Conozco sus virtudes y problemas, así como su avance, no ajeno a dificultades. Si los tribunales ambientales fueron creados para resolver controversias medioambientales al amparo de la ley 19.300 que les dio vida, es pertinente dar una señal clara a la sociedad sobre el rol impecable que estos tribunales deben ejercer, y ese sería mi propósito en caso de ser nombrada. La judicatura se ve desafiada a responder jurídica y científicamente a fenómenos que se expresan en la mayoría de los casos de forma sinérgica y que crean nuevas complejidades ambientales y sociales.

Proyectos y casos que acogen los tribunales ambientales no son evaluados desde la perspectiva del conocimiento y la experiencia, lo que puede transformarse en incertidumbre y falta de predictibilidad en la línea jurisprudencial. Desde mi experiencia, lo anterior no solo exige dominar una disciplina científica o un área del conocimiento, y quiero poner énfasis en ello. Los sistemas naturales conviven y son transformados por la sociedad, no se comportan linealmente. Los eventos pueden ser repetitivos, pero los efectos y las respuestas de los ambientes socioecológicos son diversas; comprender esto es relevante. Por ello, la complementariedad entre lo normativo y el conocimiento científico, así como la experiencia en el quehacer de la institucionalidad ambiental, al tiempo que la relación de esta con otros órganos del Estado, permite atender buena parte de los desafíos que impone la judicatura. Creo que mi trayectoria profesional puede apoyar el trabajo del Segundo Tribunal Ambiental. He tenido la oportunidad de colaborar con el Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Medio Ambiente, entregando información oportuna sobre materias consultadas. Mi experiencia no se limita a una región o localidad; he tenido la oportunidad de conocer la diversidad social y ecológica de este país, así como los diversos desarrollos locales y productivos. He dictado leyes, participado en la evaluación de proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, desarrollado guías técnicas y contribuido a la creación de sistemas de monitoreo en biodiversidad y al fortalecimiento de alianzas público-privadas, integrando comités en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, entre otros. Esto me permite tener una visión integral, no perfecta probablemente, pero suficiente para abordar los desafíos del Segundo Tribunal Ambiental, que no solo acoge causas de las cuatro regiones de la zona central del territorio que le competen, sino también de otras con proyectos o causas interregionales. Un antecedente que vale la pena considerar en relación al quehacer del Tribunal Ambiental es el de las sentencias que fueron objeto de casación. En 2025, diecisiete sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Ambiental fueron objeto de casación, y para el 92% de estas se confirmó la sentencia dictada por la judicatura especializada por parte del Tribunal Supremo. De estos datos, es posible suponer que la casación merma el trabajo de la judicatura especializada, creada para resolver controversias en las materias que le son de su competencia, a la vez que se amplían plazos, se crea incertidumbre y se agota el sistema. Es importante entender que existen condiciones sinérgicas que podrían ocasionar efectos no deseados sobre el medio ambiente. Los resultados de la controversia, a mi juicio, no solo deben entenderse como una tarea cumplida, sino como una forma de fortalecer al Estado, a los tribunales y al sistema público en general, brindando confianza y claridad en cada fallo, y generando un entendimiento claro sobre estos resultados que guían y sientan precedentes. La ciencia que se desarrolla en el país por diversos grupos de investigación es de un alto nivel. Quienes hemos participado en estos espacios sabemos la importancia de contar con información actualizada, pública y de calidad. Los tribunales ambientales deben ser consumidores de la mejor información y conocimiento científico en las esferas que les son de interés. Cada vez hay más conocimiento, aunque siempre insuficiente, pero décadas de aprendizaje, bases de datos, recopilación de información, creación de plataformas y centros de investigación especializados con diversos equipos en las distintas disciplinas deben apoyar la tarea del Tribunal Ambiental, sin duda. Es relevante para el Estado y la sociedad contar con información confiable y respuestas congruentes, apegadas no solo a lo normativo, sino a la veracidad de la información. Por último, la compleja condición climática que vivimos planetariamente, donde Chile no es ajeno, se evidencia de manera clara para las personas a través del cambio de patrones de temperatura y precipitaciones, sequías y olas de calor. Sin embargo, este es el termómetro que nos anuncia la gravedad. Han pasado muchas cosas donde silenciosamente vamos perdiendo ambientes saludables para nuestro bienestar, para la atenuación de las temperaturas, la reducción del riesgo de desastre, y cómo no mencionarlo, existen consecuencias negativas para la economía local, aumentando los riesgos financieros para las empresas, entre otros. Vivimos con incertidumbre y altas expectativas por parte de la sociedad.

Las respuestas que deben entregar las instituciones, entre ellas el Tribunal Ambiental, y adicionalmente no puedo dejar de mencionar el nuevo marco de la institucionalidad ambiental, que nos ofrece oportunidades y desafíos. Sin duda, los tribunales ambientales serán una pieza clave en este engranaje virtuoso. Debemos tener conciencia y claridad en la toma de decisiones sobre la magnitud de los impactos en los que se desenvuelve la sociedad. El desarrollo sustentable y la creación de un bienestar económico son aspectos relevantes, pero indisolubles del bienestar de la naturaleza. La mejor herramienta es construir un camino de la mano de un medioambiente saludable. Prueba de ello se da en la voluntad de actores privados que adhieren a compromisos materiales para reducir los riesgos y las dependencias con la naturaleza, y han buscado acuerdos y oportunidades. Nada es más importante que comprender esta sana interacción entre naturaleza y sociedad. Por último, quisiera compartir con ustedes mis compromisos finales, en caso de ser acogido mi nombramiento por esta comisión y luego en la sala del Senado. Me interesa crear y fortalecer espacios de trabajo colaborativos, transparentes e inclusivos, donde sea posible agotar el análisis brindado por la evidencia, el conocimiento y la experiencia, facilitar la comprensión de las materias ambientales tratadas por el Tribunal Ambiental en su labor especializada, así como la solución de controversias con calidad y en tiempo. Por todo lo anterior, me comprometo a fortalecer la justicia ambiental en el fiel cumplimiento de las funciones que establece la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, y la Ley de Bases del Medio Ambiente. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias a usted por su exposición. Vamos a darle la palabra a los otros dos candidatos y luego le daremos la palabra a los senadores. Entonces, le doy la palabra al señor Andrés Bordalí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos los miembros de esta comisión. Gracias por recibirnos esta mañana y quisiera también agradecer al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de sus ministras de Medio Ambiente y Justicia, por mi nominación. Voy a hablar brevemente de algunos antecedentes personales que considero relevantes y luego daré una breve visión de la justicia ambiental, tal como la percibo. Respecto a mis antecedentes personales, este año 2026 cumplo 30 años de trabajo académico ininterrumpido en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, donde he realizado actividades de pregrado y posgrado, así como una labor importante de investigación científica en temas como organización judicial, justicia administrativa y justicia ambiental. Obtuve el título de abogado en 1992, como se mencionó, estudié en la Universidad de Chile, y en el año 2001 terminé mi doctorado en la Universidad de Valladolid, en España, con una tesis doctoral titulada "La tutela jurisdiccional de los intereses ambientales". Quizás fue la primera tesis doctoral en Chile, o una de las primeras, en referirse a cómo deben tutelarse los intereses ambientales en los tribunales de justicia. Este trabajo académico lo he combinado en ocasiones con otras labores profesionales. He sido dos veces abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valdivia y, en mi calidad de académico, frecuentemente se me piden informes en derecho y opiniones legales en conflictos de cierta complejidad técnica. Dentro de esos informes en derecho que he realizado para organismos públicos y empresas privadas, destaco a Codelco, la Universidad de Chile, el Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Educación. También he asesorado a varias empresas privadas en materia de minería, telecomunicaciones, transmisión eléctrica y salmoneras, entre otras. Dicho esto, paso a esbozar cuál es mi visión sobre la justicia ambiental. En estos tiempos, creo que lo más importante que uno debe destacar respecto de cada juez o de la justicia en general es resaltar los valores de independencia, imparcialidad y probidad. Por otro lado, una buena justicia ambiental debe contar con los conocimientos técnicos suficientes.

Correctamente la judicatura. Respecto a la independencia y cómo vinculo estos valores de independencia, imparcialidad y probidad con mi persona, debo decir que no milito ni he militado nunca en un partido político, no tengo ningún tipo de vinculación con ONG ambientalistas, ni con grupos económicos o empresas. Nunca he sido un abogado de empresa, al menos en los últimos treinta años. Respecto a la imparcialidad, hay que poner atención, ya que uno como juez es esclavo de la ley. Esto significa que no comparto la visión de otros colegas que se dedican al activismo judicial. A mí no me gusta el activismo judicial. Creo que la manera correcta de ejercer la judicatura es apegarse lo más posible a la ley y a la Constitución, así como a todo el ordenamiento jurídico que se dicta conforme a esta. Además, considero que el valor de la probidad es fundamental. Por lo tanto, cualquier juez de la República debe estar ajeno a cualquier tipo de vinculación económica, servicios o favores que puedan ofrecerle los ciudadanos que utilizan el sistema de justicia. La probidad es, sin duda, el valor más importante en la judicatura. Dicho esto, quiero referirme a algunos aspectos técnicos relacionados con la justicia ambiental y el derecho ambiental. La primera pregunta que uno puede hacerse es: ¿qué es el derecho ambiental? A mi modo de ver, el derecho ambiental es una especificación de otras ramas del derecho, principalmente del derecho administrativo y del contencioso administrativo. En las disputas que se presentan en los tribunales ambientales, el conocimiento más relevante se refiere a estas áreas. Marginalmente, existen otros conocimientos jurídicos que conforman el derecho ambiental, como la responsabilidad civil extracontractual en relación con el daño ambiental, y es esencial tener conocimiento de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile sobre la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Esto implica que los conocimientos o atributos particulares del derecho ambiental son limitados. Destaco algunos principios que han surgido y son importantes en la operatividad del derecho ambiental, como el principio preventivo y precautorio. Creo que estos principios son centrales y han enriquecido los conocimientos más generales del derecho administrativo, civil y del derecho internacional público. En cuanto a mi experiencia, he desarrollado una labor investigativa significativa en materia de derecho administrativo, contencioso administrativo y justicia ambiental. Sin embargo, ningún abogado puede afirmar que sabe todo el derecho. La misión que tenemos los abogados, y en este caso también un juez, es estudiar constantemente el derecho, las cuestiones que desconocemos y las modificaciones legales que surgen con el tiempo. Mi experiencia como investigador en la Universidad Austral de Chile, donde he participado en más de siete proyectos FONDECYT en estos temas, me ha proporcionado las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo de juez ambiental. Finalmente, para ser breve y dar espacio a preguntas de los honorables senadores, tengo una especial preocupación por la eficiencia en el trabajo de la justicia ambiental. Todos somos testigos de que el mundo político está preocupado por acelerar la tramitación de proyectos a través de la administración del Estado, especialmente en el Servicio de Evaluación Ambiental. Creo que la judicatura también puede colaborar en este proceso. Los jueces, aunque no somos actores políticos, podemos contribuir a lograr mayor eficiencia. Por ejemplo, en la gestión de causas judiciales, podemos apurar las audiencias y los plazos de desarrollo, así como la redacción de las sentencias ambientales. Considero que hay demoras que no se justifican y que el aporte que podemos hacer a esta preocupación nacional por una justicia ambiental más eficiente es fundamental. Todo esto es un aspecto que debemos desarrollar.

Todo esto que estamos hablando dentro del concepto de desarrollo sostenible tiene siempre dos variables: el crecimiento y el desarrollo económico. Soy un convencido de que los países progresan con mayor crecimiento y desarrollo económico, y que la empresa privada tiene un papel fundamental en este proceso. Creo que este es el pilar que no debemos olvidar en el desarrollo sostenible. Asimismo, es perfectamente posible que un crecimiento y desarrollo económico basado en la empresa privada sea compatible con la protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Los países desarrollados han demostrado que esto es posible, y creo que Chile puede lograr un desarrollo económico fortaleciendo la empresa privada, pero protegiendo también al medio ambiente y a los ecosistemas. Agradezco a don Andrés Bordalí y le doy la palabra al candidato Ricardo Pérez. Buenos días, señora Presidenta. Por su intermedio, saludo a las honorables senadoras y senadores de la República, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la señora Ministra del Medio Ambiente. Quisiera agradecer al Presidente de la República por su nominación y a esta comisión por la oportunidad de comparecer ante ustedes. Concurro ante esta comisión con un profundo sentido de responsabilidad institucional, consciente de lo que implica asumir la magistratura en uno de los órganos especializados del Estado, en un contexto en que el país enfrenta relevantes desafíos ambientales, sociales, económicos y climáticos. No voy a reiterar en detalle mis antecedentes curriculares, que ustedes ya conocen, sino que me centraré en explicar cuál ha sido mi experiencia en los tribunales ambientales y de qué manera esa trayectoria constituye el fundamento y la garantía de mi desempeño en caso de ser nombrado Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental. Mi vida profesional ha estado enteramente vinculada a la judicatura. En 2009 ingresé como abogado investigador a la Dirección de Estudios de la Excelentísima Corte Suprema, y tras casi cuatro años en ese cargo, asumí en 2013 como relator del recién creado Segundo Tribunal Ambiental, que en ese entonces era el único tribunal del país con competencia en todo el territorio nacional y que inicialmente funcionó hasta agosto de 2013 en el Centro de Justicia de Santiago. Durante el tiempo que he ejercido como relator, he trabajado estrechamente con cerca de once ministros que han integrado el tribunal desde su creación, participando activamente en un alto porcentaje de las causas que se han tramitado en él, desde aquellas que establecieron los primeros criterios jurisprudenciales hasta las más recientes en materia de sanciones ambientales, daño ambiental, humedales urbanos, evaluación ambiental, entre otras materias. Quisiera relevar, además, que en el Segundo Tribunal Ambiental el cargo de relator no se limita estrictamente a esa función, sino que comprende también las tareas propias de un abogado asistente. Esto ha implicado una labor constante de investigación jurídica, sistematización normativa y jurisprudencial, análisis exhaustivo de los antecedentes y elaboración de insumos jurídicos técnicos fundamentales para la adecuada resolución de cada uno de los conflictos sometidos al conocimiento del tribunal. El ejercicio de estas funciones exige una coordinación permanente con los asesores científicos del tribunal, lo que me ha proporcionado una experiencia de trabajo interdisciplinario y una comprensión de la lógica del análisis técnico-científico que caracteriza a esta judicatura especializada. Todo lo anterior me ha otorgado algo que es difícil de reemplazar: memoria institucional, criterio jurídico formado en la práctica y una comprensión integral del funcionamiento real del Segundo Tribunal Ambiental. Esto ha ido decantando en una convicción simple, pero no por ello menos exigente: la justicia ambiental debe ser técnicamente sólida, jurídicamente rigurosa, clara en su fundamentación y prudente en sus efectos. Esta experiencia práctica es precisamente la que me llevó a profundizar mi formación académica, culminando un doctorado en Derecho con una investigación centrada en el deber de reparación ambiental y los instrumentos de reparación del daño ambiental, no como un ejercicio teórico aislado, sino como una reflexión sistemática a partir de los problemas reales que he conocido durante más de una década por mi labor en el tribunal. Con ese recorrido y desde esa mirada, quisiera referirme brevemente a cuál creo que puede ser mi aporte hacia el futuro del tribunal, tanto en el plano jurisdiccional como en el plano de la gestión institucional. En lo jurisdiccional, mi compromiso es contribuir a una judicatura que se caracterice por sentencias claras, sólidamente fundamentadas y técnicamente responsables.

Certeza y previsibilidad a todos los actores del sistema. Creo firmemente que la coherencia en los criterios y la calidad de la argumentación son condiciones indispensables para fortalecer la confianza en esta jurisdicción especializada. Ese trabajo debe realizarse, además, desde una comprensión muy exigente del rol judicial, con plena independencia, estricta imparcialidad y sujeción al marco legal vigente. El juez ambiental, como todo juez, no está llamado a sustituir al legislador ni a la administración, sino a ejercer un control jurisdiccional riguroso, prudente y fundado en derecho. Del mismo modo, me parece esencial compatibilizar ese estándar de calidad con una tramitación oportuna y eficiente de las causas, entendiendo que una justicia que llega tarde también deja de cumplir adecuadamente su función. Todo ello con respeto irrestricto al principio de legalidad, con un ejercicio no personalista de la función y plenamente consciente de que se trata de una judicatura colegiada que exige deliberación, acuerdos y responsabilidad institucional compartida. En este contexto, y ya en un plano más concreto, de ser nombrado ministro, me interesa contribuir a consolidar ciertos criterios que el Tribunal ha venido desarrollando en los últimos años. En particular, estimo relevante fortalecer la práctica ya adoptada por el Segundo Tribunal Ambiental, siguiendo en este punto la experiencia del Tribunal de Valdivia, de que tanto la elaboración como el seguimiento de los planes de reparación en los casos en que se acoge una demanda por daño ambiental permanezcan bajo el control jurisdiccional del propio Tribunal. Asimismo, me parece importante seguir profundizando el uso de mecanismos de acuerdo y conciliación en esta materia, promoviendo una actuación proactiva del Tribunal orientada a la obtención de soluciones integrales y efectivas a los conflictos socioambientales, siempre dentro del marco de nuestras competencias legales. Por otra parte, respecto a mi aporte en la gestión institucional del Tribunal, quiero señalar que, como el relator más antiguo, me ha correspondido subrogar al secretario abogado y asumir interinamente ese cargo en distintos períodos. En esas etapas pude constatar directamente que un buen clima organizacional y una administración eficaz son condiciones indispensables para el adecuado funcionamiento jurisdiccional. De esa experiencia surgió la convicción de que era necesario impulsar un proceso de modernización del Tribunal, el que se inició en 2020 con la elaboración e implementación de planes estratégicos y de gestión, cuyos resultados han sido valorados por la propia Corte Suprema. Esa experiencia me otorga hoy una perspectiva particularmente adecuada para seguir consolidando la dirección y gestión interna del Tribunal. Mi compromiso es proyectar esos avances y contribuir a la implementación y consolidación del Plan Estratégico Institucional para el período 2025-2029, con objetivos claros: fortalecer el acceso efectivo a la justicia ambiental, seguir reduciendo los tiempos de tramitación, profundizar el modelo de gestión de personas, consolidar un ambiente laboral saludable e impulsar un sistema moderno de gestión de la información y del conocimiento. En concreto, me interesa continuar avanzando en la disminución de los tiempos de tramitación, especialmente las demandas por daño ambiental, y explorar de manera responsable el uso de herramientas de inteligencia artificial debidamente protocolizadas que permitan optimizar el manejo de expedientes cada vez más complejos. Del mismo modo, considero fundamental seguir poniendo en el centro a las personas que trabajan en la institución, cuidando el ambiente laboral y manteniendo los buenos indicadores internos que actualmente presenta el Tribunal en este aspecto, pues un buen clima laboral es condición estructural para que esta institución cumpla correctamente su función jurisdiccional. En definitiva, honorables senadoras y senadores, y con esto concluyo, como el relator más antiguo de la judicatura ambiental, he pasado los últimos trece años de mi vida profesional en el corazón del Tribunal al que hoy aspiro a servir como ministro titular, lo que me ha permitido conocer de primera mano sus virtudes, sus dificultades y sus desafíos. Si esta Comisión y el Senado tienen a bien aprobar mi nombramiento, asumiré esa responsabilidad con experiencia probada, con criterio jurídico formado y con un compromiso absoluto con el funcionamiento serio, independiente e imparcial del Tribunal, contribuyendo siempre a un clima de respeto, profesionalismo y cooperación institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su presentación. Voy entonces a darle la palabra a los senadores, a la senadora. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludo a los senadores y senadoras presentes, también a los tres nominados por el Presidente de la República para que puedan ejercer los cargos de titular.

Presidenta, muy breve, solo señalar que, tal como se ha podido apreciar en los antecedentes que ha presentado el señor secretario de la comisión, los tres candidatos cumplen ampliamente con los requisitos establecidos en la ley para ser ministros titulares y ministra titular de los distintos tribunales ambientales de nuestro país. Es importante recalcar que los tres también cuentan con sólidas formaciones académicas y largas trayectorias profesionales que, sin lugar a dudas, van a complementar y enriquecer el trabajo que desarrollan los tribunales ambientales para los cuales son propuestos. Además, de las tres exposiciones se evidencia que son candidatos que aplicarán de manera objetiva e imparcial y tienen plena conciencia de lo que significa el ejercicio de la jurisdicción ambiental. Esto es fundamental, especialmente en el contexto de los principios y fundamentos del derecho ambiental, lo que se requiere para magistrados de tribunales tan importantes como los ambientales. Agradezco la presentación de cada uno de los expositores y, más que realizar preguntas individuales, me gustaría hacer un par de comentarios que espero puedan ser respondidos. Considero que las tres presentaciones han sido muy bien logradas. Asimismo, hay una sabia combinación de candidatos que han trabajado en los tribunales ambientales y otros que provienen del ámbito académico, con experiencia en la docencia y en el ámbito ambiental. En cuanto a los procedimientos de nombramiento, creo que hay un inconveniente desde el punto de vista jurídico. Los tribunales ambientales son inéditos y, aunque hemos creado una nueva jurisdicción, ya hay una buena cantidad de años de funcionamiento. El proceso de nominación y renovación de nuevos candidatos es, en ocasiones, demasiado azaroso. Contamos con la alta dirección pública, la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Senado, lo que responde a una estructura fundacional que, aunque era adecuada en su momento, parece estar agotada. Me gustaría conocer su opinión sobre la posibilidad de simplificar este procedimiento, tal vez alargar los períodos y no tener que renovar constantemente, o incluso saltar algunas etapas del proceso, como la alta dirección pública. Espero sus comentarios al respecto. Muchas gracias.