Le pido a todos ponerse de pie, por favor. Bien. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta.
Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al Boletín N° 17.006-01.
También se ha recibido la copia de un oficio del Subsecretario de Agricultura, por el cual, en conformidad con lo dispuesto en la glosa número 5 del Programa 1 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025, remite información sobre los avances en materia del Plan de Seguridad y Autonomía Alimentaria, incluyendo los avances y conclusiones de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, indicando las vías de acción, programas, recursos comprometidos e instituciones públicas que ejecutarán las medidas para aumentar los niveles de seguridad y autonomía alimentaria del país.
En tercer lugar, se presenta una copia de un oficio del Subsecretario de Agricultura, por medio del cual, de acuerdo con lo dispuesto en la glosa número 2 del Programa 1 de la Ley de Presupuestos, remite información sobre las actividades desarrolladas por parte de las agregadurías agrícolas, con detalles acerca de las gestiones que están desarrollando en torno a favorecer la vinculación, fortalecimiento de la investigación, innovación tecnológica y cooperación internacional con los actores públicos y privados de su representación. Esto incluye información sobre los avances en la implementación del Programa Nacional Integral de Emprendimiento e Innovación para Jóvenes Rurales, que debe contener el estado de avance, los objetivos, la población que quedará cubierta, requisitos de acceso, los servicios involucrados y los costos y fuentes de financiamiento.
Asimismo, se ha recibido una comunicación de la Directora Ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, en cumplimiento de lo dispuesto en la lógica de cooperación internacional, considerando el presupuesto asociado, donde se indica que las entidades receptoras podrán considerar como beneficiarios a pequeños agricultores, crianceros, salineros y cooperativas agrícolas o salineras, entre otros.
En cuarto lugar, se presenta la copia de un oficio del Subsecretario de Agricultura, por medio del cual, de conformidad con lo dispuesto en la glosa número 9 sobre emergencias agrícolas del Programa 1 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, remite información sobre los gastos asociados a esta asignación, las compras del Estado y los recursos destinados con directo beneficio a la agricultura familiar campesina, desagregados por región y sector económico.
Finalmente, se ha recibido un correo del Director Nacional de INDAP, por medio del cual se da cumplimiento a lo establecido en la glosa 24, correspondiente al presupuesto de dicha institución, informando sobre los grados de incumplimiento de convenios o contratos de prestación de servicios, así como el plan de rectificación o cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos convenios.
También se ha recibido un correo de la Cámara Chilena de la Construcción, solicitando audiencia a la comisión con la finalidad de exponer sobre el proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento que señala, con el objeto de aportar una visión técnica y otros antecedentes a la discusión sobre la recalificación de sitios prioritarios.
También un correo del gabinete de la Ministra de Agricultura, por medio del cual excusan su participación en la sesión de hoy, ya que ella y el director de CONAF se encuentran en terreno apoyando los trabajos en las zonas afectadas por los incendios en la zona sur del país. En cuanto la emergencia esté controlada, están dispuestos a participar en la sesión que se cite a tal efecto. Sin embargo, insisten en que todos los esfuerzos y equipos están volcados al trabajo en terreno en este momento.
Asimismo, se recibió un correo del gabinete del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, en el cual excusan su asistencia a la comisión debido a la emergencia y el estado catastrófico que enfrenta el país por los incendios forestales. También se comunicó, a través de un correo de los jefes de la bancada PPD y del jefe de bancada del Frente Amplio, el reemplazo temporal de la diputada Carolina Marzán por la diputada Marta González en esta Comisión de Agricultura para la sesión del día de hoy.
Adicionalmente, se recibió un correo de la Secretaría de la Comisión Bicameral encargada de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación del avalúo fiscal de predios rurales, especialmente aquellos destinados a la producción agrícola. Se cita a una sesión especial para el día 21 de enero, de 11 a 12:30 horas, en la sala 7 del tercer piso de la Corporación en el Senado, en Valparaíso, con el objeto de conocer la opinión del Ministro de Hacienda, don Nicolás Grau Veloso, respecto al proceso de revalúo de predios agrícolas.
Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Rathgeb. La última correspondencia indica que se cita sesión para la comisión bicameral, programada para mañana de 11 a 12:30 horas.
Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra sobre la cuenta? Yo tengo palabras sobre la cuenta. En primer lugar, respecto del oficio recibido hoy para renovar la urgencia del proyecto de ley de parcelaciones, quiero expresar que me parece nuevamente una vergüenza y una irresponsabilidad por parte del Gobierno, lo que demuestra la falta de interés en avanzar en este proyecto. Presentar una renovación de urgencia cuando ya no hay plazo es inaceptable.
Esta comisión ya aprobó la idea de legislar, demostrando voluntad de trabajo. El estancamiento actual no es responsabilidad de los diputados, sino de la falta de capacidad del Ejecutivo para articular consensos con los diversos sectores políticos representados en esta instancia. Rechazo la delegación de responsabilidad. No aceptamos que la propuesta de crear equipos transversales sea utilizada para ocultar la falta de liderazgo ministerial en la tramitación legislativa ordinaria. Exigimos que, en adelante, el Gobierno asuma su rol de colegislador con la seriedad y presencia que la protección del territorio rural demanda.
En respuesta sumisiva de fecha 13 de enero, los integrantes de esta comisión manifestamos nuestro profundo malestar ante lo que consideramos un intento de eludir la responsabilidad del Ejecutivo en la tramitación del Boletín Nº 17.006-01. Precisamos lo siguiente: es inaceptable que se reproche un escaso avance en 18 meses cuando el Gobierno no ha mantenido una calificación de urgencia constante que permita priorizar este debate frente a otras materias. Lamentamos que durante la discusión los ministros hayan delegado su asistencia en asesores técnicos, restando peso político a la mesa y dificultando acuerdos en un tema que ustedes mismos califican de gravedad.
Muchas gracias, señor secretario. Tenía ese punto sobre la tabla. También tengo un punto relacionado con el punto 4 de la tabla, donde se nos envía, tal como debe hacerlo siempre, la información referida a la glosa 9 del presupuesto sobre emergencias agrícolas. Respecto a esto, quiero mencionar que, en el tema de emergencia, envié un oficio el día domingo al Ministerio del Interior, que fue dirigido a la Subsecretaría de Hacienda, solicitando información que considero relevante para esta comisión. Estoy interesado en conocer todos los fondos de emergencia que existen, que son varios. No se trata solamente del FES, sino también de los fondos aprobados para distintas emergencias en las leyes de presupuesto, con votaciones extraordinarias, y del fondo establecido por el presidente Piñera para emergencias relacionadas con el terremoto de 2010, que tiene la capacidad de recibir fondos de particulares y de otros gobiernos.
Terremoto del año 2010, que tiene la capacidad de recibir fondos de particulares, de otros gobiernos, etcétera. Estoy solicitando información sobre cuántos fondos quedan disponibles en cada uno y en qué se han gastado. Sabemos que los fondos que maneja el Ministerio del Interior han sido utilizados en buena medida; el año pasado se extrajo una considerable cantidad de recursos para el pago de deuda del país.
En segundo lugar, al menos en Malleco, y el diputado Ratia podrá corroborarlo, hemos enfrentado el problema de que los camiones aljibe, que reparten agua potable, no han recibido el pago correspondiente en el tiempo debido. Esto ha generado un riesgo sanitario, ya que hay personas que no han recibido agua durante 8, 10 meses o más. Esta situación me preocupa especialmente para el verano, porque los camiones aljibe no solo distribuyen agua potable, sino que también son utilizados en casos de emergencia. Por lo tanto, si no hay fondos disponibles para emergencias, malamente podremos contar con los recursos necesarios para enfrentar estas situaciones.
He solicitado esta información de manera particular y, una vez que reciba la respuesta, la haré llegar a la comisión, ya que considero que es relevante en el contexto de emergencias de incendios, emergencias agrícolas, etcétera.
Por último, respecto a esta citación de la comisión bicameral, le pido al diputado Ratia que me acompañe a la reunión de mañana. Es fundamental que podamos determinar qué haremos con el tema del avalúo, ya que más que las contribuciones, es un asunto relacionado con las tierras agrícolas que hoy están tomadas y que no han podido ser trabajadas, donde los propietarios deben seguir pagando sus contribuciones.
Quiero recordar que hay una zona que no es netamente agrícola, sino más bien turística, diputado Ratia, que es la zona de Quidico, donde se han quemado más de 70 casas. Todos los propietarios de esas viviendas no han podido reconstruir, y los dueños de terrenos no han podido hacer nada, básicamente porque ese sector está completamente tomado, pero esa gente sigue obligada a pagar contribuciones. Creo que este es uno de los temas que debemos abordar en la comisión.
Me había solicitado la palabra la diputada Noyao. Presidenta, por dos temas: uno es el que usted menciona respecto a los pagos que debieran realizarse a las personas que realizan el transporte de agua a través de camiones aljibe. Le pediría que haga un alto en las discusiones de los proyectos y convoque al encargado de la división de emergencias del Ministerio del Interior, para que pueda exponer cuáles son las dificultades que enfrentan y por qué. Esto no solo ocurre en la región de la Araucanía, sino también en la región de Los Ríos, en la región de Los Lagos y, supongo, en el Biobío.
Quiero solicitar la aprobación de la comisión para que en la última sesión de enero, que es la del próximo martes, podamos también considerar la posibilidad de pedir la asistencia a esta comisión. Esto depende del subsecretario del Interior, pero como probablemente estará ocupado con las emergencias, sería importante contar con la presencia de la subsecretaria de Hacienda, ya que siempre se argumenta que no hay fondos. Queremos saber qué sucede con esos recursos. Pido el acuerdo para poder citar a estas autoridades para la próxima comisión. ¿Les parece? Acordado.
Que ella pudiera venir para que dé cuenta respecto a la resolución emitida por el Ministro de Hacienda, el Ministro Grau, el 22 de diciembre, en la cual se establece cómo debieran llevarse a cabo aquellos procedimientos donde los pequeños productores quedan excluidos de hacer su iniciación de actividades. Sin embargo, estos deben inscribirse en un registro que llevará el Servicio de Impuestos Internos, específicamente en el registro de actividades de subsistencia, para que se pueda explicar claramente y también se pueda convocar al Servicio de Impuestos Internos, a la INDAP y tal vez a la CONADI, dado que están los programas PDTI, PRODESAL y PADI. Muchas personas esperaban que esta comisión pudiera entregar la información, pero oficialmente le compete a la subsecretaria, a la directora del Servicio de Impuestos Internos y a estas instituciones que son las que deben desarrollarla con los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina y de los pueblos indígenas. Por lo tanto, señora Presidenta, sería importante también establecer un segundo acuerdo.
Gracias, diputada Nuyado. En pos de que en la sesión del próximo martes alcancemos a todos, yo convocaría para el tema anterior y para este tema a la subsecretaria de Hacienda y al director de Impuestos Internos. El resto de los servicios tienen la obligación de informar, y por lo tanto podemos oficiar para que ellos informen a los usuarios sobre cosas que no han sucedido. Es importante tener claridad respecto a cómo va a operar este tema para que nosotros mismos podamos hacer llegar la información.
Además, me parece que corresponde, dado que el presidente anunció que había firmado un decreto que produce una serie de beneficios para los afectados por los incendios en la región de Ñuble y en la región de Bío Bío. Quiero agregar un punto para preguntarle a las dos autoridades mencionadas por qué motivo se excluye a las comunas de la región de Malleco, en la región de la Araucanía, que son igualmente afectadas por los incendios. Lo razonable es que si va a haber un beneficio para los afectados por incendios, sea tal como siempre dice el diputado Rathgeb, por comuna más que por región. En la región del Bío Bío y en la región de Ñuble hay varias comunas que no se han visto afectadas, mientras que en la región de La Araucanía hay comunas que sí se han visto afectadas. Por lo tanto, el decreto debería ser para todas las comunas afectadas.
El diputado Rathgeb me ha pedido la palabra. No, solamente para complementar lo que usted había señalado, Presidenta, respecto de los reavalúos de los predios de bienes raíces. Recordemos que con la aprobación de la ley de reajuste del sector público venían algunos artículos relacionados con esa postergación, así como el no pago de contribuciones para predios ocupados sin la voluntad de su propietario. Esto también se aprobó, pero la idea es que se transforme en una ley permanente y no solo en situaciones de carácter puntual. Teniendo en consideración que los predios ocupados, si bien es cierto, quedan exentos de contribuciones cuando están ocupados sin la voluntad de su propietario, no quedan exentos de renta. Muchas personas tributan por renta presunta y, por lo tanto, no pagan contribuciones, pero deben pagar igual impuesto a la renta. Así que persiste el problema respecto de esa situación puntual. Espero que mañana podamos sacar un pronunciamiento.
La Comisión Bicameral se reúne para avanzar respecto a temas que seguramente serán responsabilidad del próximo gobierno. Gracias, Presidenta. Agradezco también al diputado Ráchiev.
En relación a la información correcta, si vamos a tener citados a CONADI, INDAP y eventualmente a PRODESAL, es fundamental que todos los servicios estén presentes, ya que de lo contrario la sesión no logrará su objetivo, que es escuchar a todos los actores necesarios. Además, para la próxima sesión debemos continuar con el tema de los invitados, especialmente en lo que respecta a la diversidad y la urgencia renovada sobre parcelaciones, que también debe estar en tabla.
Si nos dedicamos a invitar a un gran número de personas para un solo tema, lo que realmente necesitamos es saber cómo funciona el sistema para que cada servicio entregue la información correcta, lo cual me parece poco eficiente. Ellos pueden estar presentes telemáticamente, pero no participando activamente en la reunión de la comisión. Está bien, los podemos invitar, pero solo para que escuchen. Se toma el acuerdo.
Vamos a pasar a la tabla. En el primer punto, lo voy a modificar, ya que a las cuatro de la tarde tenemos más invitados por el tema de incendios, por lo que ese asunto lo dejaremos para más adelante. Para esta sesión, tenemos invitados a la ministra de Medio Ambiente, quien se excusó, así como al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Jorge Riesco, y al abogado Marco Rivero Keller, quienes están presentes y a quienes les doy la palabra para que expresen su opinión sobre el proyecto de ley que estamos tratando.
Muchas gracias, Presidenta. Estando el presidente presente, agradezco la invitación y el interés de los asistentes en este proyecto. No quisiera iniciar mi presentación sin hacer referencia a los terribles incendios que afectan a la zona sur. Normalmente, estamos en la zona norte, donde los incendios son raros, pero nos duele mucho lo que está sucediendo con nuestros compatriotas.
Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley originado en la moción del diputado Moreno, que modifica la ley N° 21.600, la cual crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento correspondiente.
Prácticamente en un fin de semana, esos incendios causaron el fallecimiento de todos los que perdieron la vida en accidentes en la minería durante todo el año pasado. Son situaciones difíciles, y la verdad es que hemos tomado un compromiso de ir en ayuda de todas esas personas. Se agradece, porque toda la ayuda es más que importante. El dolor debe ser muy grande y hay muchos costos asociados. Hemos estado en contacto con bomberos que están trabajando en la zona para ver qué es lo que necesitan en términos de reposición de materiales, y la verdad es que es admirable el esfuerzo que están realizando. Llamamos ayer en la noche y hoy en la mañana, y siguen en el terreno. Hay que sacarse el sombrero ante esos chilenos que hacen tanto por los demás. Esperemos que esta situación termine pronto y que podamos reconstruir rápidamente. Desgraciadamente, ante tantas necesidades, vamos a tener que destinar importantes recursos humanos y materiales para ese efecto.
La actividad sigue, y debemos ocuparnos de la situación de precios que tenemos, respaldando aquellas iniciativas que fortalezcan nuestra actividad y, por el contrario, tratando de aminorar los efectos negativos que pueda tener. En este contexto, me permito hacer una exposición acerca de este proyecto de ley, que concretamente busca requerir que no se avance en la determinación de sitios prioritarios mientras no se apruebe el reglamento que está previsto en el artículo 29 permanente de la ley N° 21.600.
La exposición quedará en mayor detalle para quienes deseen ahondar en el tema. No quiero extenderme en demasía, sé que el tema que viene es importante, así que iré rápidamente y probablemente no cubriré todos los aspectos. En aras del tiempo, hemos tenido una visión muy crítica de esta ley, especialmente en la etapa de aplicación e implementación de las normas legales. Entendemos que esta ley lleva ya dos años promulgada y, sin embargo, al momento de enfrentar la determinación de sitios prioritarios, que se intentó hacer a partir de agosto o septiembre del año pasado, hemos analizado en profundidad varias disposiciones. Algunos ejemplos de normas inconvenientes son prácticamente imposibles de implementar.
En materia de infracciones, la ley establece varias imprecisiones que hemos puesto de manifiesto en otras comisiones de esta Cámara. No abundaré más en este punto, pero hemos estado muy atentos y solo para ilustrar nuestra presentación, hay un abarcamiento de los sitios y ejemplos de normas inconvenientes, como la aprobación de planes de restauración ecológica para áreas que han sido declaradas como degradadas. Esto tiene una serie de problemas y puede tener un impacto significativo en muchas actividades de diversos sectores productivos. Hacemos énfasis en la minería, pero también hay toda una agricultura y agricultura de subsistencia, incluso en lugares más áridos, que están vinculadas a la cultura rural. Además, se encuentran las recategorizaciones de humedales y sitios Ramsar.
También tienen un impacto significativo en el caso de los humedales, donde existen restricciones que afectan al sector minero, traducidas en la imposibilidad de desarrollar proyectos directamente sobre humedales que lleguen a constituir sitios prioritarios. Las medidas de compensación de biodiversidad se tornan muy difíciles, o prácticamente imposibles, de implementar.
Hay un abarcamiento de los sitios prioritarios que es muy importante. Un ejemplo de ello es el sector La Roblería, en la Cordillera de la Costa Norte y Coyocalán, donde operan entre 32 y 34 pequeños mineros con distintas faenas, las cuales están señaladas con puntos rojos y resultan totalmente cubiertas por el área prioritaria que se indica en color amarillo. En la región metropolitana, el sector El Roble también presenta esta situación, donde todos los puntos rojos corresponden a faenas registradas que son propiedad de pequeños mineros y que resultan afectadas. En la región de Valparaíso, se observa un abarcamiento similar en varios de los sitios prioritarios definidos en esta región, como en la cordillera El Melón, zona de Cabildo y Ocatemu.
Para ilustrar nuestra experiencia, creo que es útil analizar los fundamentos del proyecto. Las consultas públicas para la macrozona norte, centro y sur fueron publicadas los días 3, 4 y 5 de septiembre, respectivamente. Los plazos de consulta fueron inicialmente breves, dada la cantidad de faenas abarcadas. Solicitamos una extensión de plazo, la cual se otorgó por prácticamente 15 días. Fue un proceso difícil, pero logramos reunir mucha información. Durante el proceso de consulta pública, nos percatamos de que existían varias objeciones que se podían plantear.
En esta lámina se resumen incluso las normas que el propio Ministerio había establecido para llevar a cabo las consultas, las cuales no se respetaron. Me concentro en la última observación, que es que las consultas se realizaron sin la correspondiente dictación del reglamento de sitios prioritarios, contemplado en el artículo 29 de la ley. Por lo tanto, toda la discusión y la propuesta de sitios prioritarios carecían de un sustento asociado a normas objetivas, concretas y previamente promulgadas.
Logramos coincidir con varios gremios y manifestar nuestra preocupación. Durante la preparación de nuestros antecedentes, notamos una transversalidad enorme en las inquietudes generadas por la consulta, así como en algunas disposiciones de la ley, especialmente por la falta de reglamentación de muchas de estas.
El estado actual del proceso, de acuerdo a la comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, indica que no se avanzará en la definición de este primer listado hasta que todos los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad. Entendemos que se han colectado más de 3.000 observaciones en la consulta, y persisten dudas sobre qué artículo prima, si el artículo 29 o el artículo octavo transitorio.
Con la dictación del reglamento, la propuesta legislativa viene a subsanar y darle coherencia al artículo 29 permanente de la ley N° 21.600 y al artículo octavo en esta materia, clarificando lo que creemos ha sido el espíritu claro al momento de legislar, que exige la existencia de un reglamento que fije las condiciones bajo las cuales se pueden definir en la consulta. Existen dudas acerca de qué es lo que prima, si el artículo 29 permanente o el artículo octavo transitorio que facultó esta consulta. Creemos que, además, no se han dado las condiciones para que esa consulta se vuelva a reanudar.
Al analizar las disposiciones en armonía del artículo 29 con el artículo octavo transitorio, llegamos a la conclusión de que hay una aparente contradicción, pero esta debe resolverse con la dictación del reglamento que fije las condiciones bajo las cuales se pueden definir y declarar la calidad de sitio prioritario. Sin embargo, consideramos que el proyecto se queda algo corto, ya que, si se analiza el artículo quinto transitorio, que habla de la homologación de algunos sitios que tenían denominaciones como santuarios de la naturaleza u otro grado de protección, se advierte que los reglamentos bajo los cuales esa homologación debería poder hacerse tampoco se han dictado. Por lo tanto, en la implementación de la ley falta una cantidad de reglamentación considerable para garantizar que el grado de arbitrariedad administrativa en dicha implementación quede adecuadamente limitado.
Existen muchas materias que quedan claras en nuestra posición, presidenta. Muchas gracias.
Aprovecho para solicitar que se apague el micrófono, para que los demás puedan hablar, y que se nos haga llegar la presentación, que me parece muy interesante para todos los diputados. El diputado Moreno me pidió la palabra.
Gracias, presidenta. Respecto a lo último que señala don Jorge, el objetivo del proyecto es abordar materias que quedan sujetas a reglamentación cuya dictación está pendiente, tales como la clasificación de ecosistemas según estado de conservación, la elaboración, aprobación y aplicación de planes de manejo para ecosistemas clasificados como amenazados, la declaración de áreas degradadas y la elaboración, aprobación y ejecución de planes de restauración ecológica. Estas son obligaciones que podrían derivar de las declaraciones que están pendientes de hacer, no solo en sitios prioritarios, sino también en las homologaciones de áreas protegidas, la exigencia de medidas de compensación de biodiversidad, la elaboración de planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas, y la inscripción, validación y exigibilidad de contratos de retribución por servicios ecosistémicos, que son muy importantes en el sistema de protección.
Asimismo, se requiere la elaboración y revisión de planes de manejo, la creación y modificación, la reclasificación o desafectación de áreas protegidas privadas, que es una materia especialmente delicada, así como el otorgamiento de concesiones y permisos al interior de áreas protegidas del Estado. Para todos estos instrumentos se requiere la dictación de algún reglamento, y ninguno de los cuales se ha publicado hasta la fecha. Por lo tanto, consideramos que el proyecto viene a subsanar una deficiencia en la interpretación, que no se observa en la letra ni en el texto de la ley, pero que ha sido necesaria dada la implementación que se ha hecho de este proyecto de ley.
La exposición ha dejado claro que el objetivo del proyecto se relaciona con el octavo transitorio, dado que no se advirtió dentro del Ministerio de Medio Ambiente el traspaso grosero de la voluntad legislativa en la dictación de los sitios prioritarios. Muchas personas vinieron a exponer, y no creímos necesario elaborar un proyecto para recordarle al Ministerio de Medio Ambiente que debe respetar el espíritu de la ley y el orden de los reglamentos. Desde diversas industrias, como la pesca y la agricultura, han recibido con buenos ojos esta iniciativa, pero lo principal es enviar una señal clara: el ministerio no puede actuar arbitrariamente con este poder del Estado por motivos ideológicos.
Agradezco al diputado Moreno por su intervención y también a la presencia de don Jorge. Quisiera hacer una acotación sobre una preocupación que no está explícita en el texto, pero que es fundamental. Es increíble que tengamos que legislar para recordarle al ministerio que debe respetar la ley. Dado que se han excedido en la materia de los sitios prioritarios, consideramos urgente abordar este tema. Esto también es una señal política; si hay alguien del ministerio escuchando, que sepa que no nos quedaremos de brazos cruzados si intentan eludir el espíritu de la ley o los reglamentos. Si es necesario, presentaremos proyectos de ley reiteradamente para exigir que se dicten los reglamentos correspondientes y evitar el uso indebido de la ley.
Este es el primer paso, y no estamos exentos de poder hacerlo en otros reglamentos que tiene la ley de biodiversidad. Consideramos que este es el aspecto principal para no alargar más el debate. Entiendo que hay preocupaciones desde la Corporación de la Madera, la industria inmobiliaria y otras áreas.
Sin embargo, la única preocupación al tratar de enderezar la implementación de la ley es que la propuesta legislativa no señala un plazo. El nuevo gobierno se encontrará con que el plazo para la dictación de la mayoría de los reglamentos ya ha vencido, salvo este, que aún está pendiente, junto con el del artículo quinto transitorio, que se refiere a la homologación. Esto es complicado, ya que la autoridad asumirá con un plazo ya vencido. ¿Cuál será la obligación que se le exigirá en términos de implementación de la ley si el plazo estaba vencido antes de asumir? Quizá sería prudente aclarar de una vez cuáles son los plazos definitivos de implementación de la ley para tranquilidad de todos.
Agradezco nuevamente, don Jorge, por su intervención. Tiene toda la razón. Espero que, dentro de lo que será un gobierno de emergencia, se reconozca que el tema medioambiental es fundamental. Esto no debe significar la destrucción de industrias, sino que debe aportar positivamente. Trabajaremos con el diputado Moreno para evitar que el próximo gobierno enfrente problemas relacionados con la falta de reglamentos dictados. Es lamentable para nosotros, como diputados, darnos cuenta de que, al sacar adelante proyectos de ley, lo hacemos con la mejor intención de que en los reglamentos se clarifiquen ciertos aspectos.
Darnos cuenta de que si no metemos todo en un proyecto de ley que termina siendo una cosa eterna, nos pasan un gol de media cancha. Y yo, de verdad, no es solamente en esta área y en este tipo de proyectos donde lo hemos visto; lo hemos visto en todas las áreas, por lo menos en todas las comisiones en que participo. Esto nos indica una lección: de repente hay que ser un poco más realista y confiar menos en la eventual bondad de la gente.
Muchísimas gracias por su presencia aquí. Entonces, estimados diputados, a continuación vamos a escuchar respecto del proyecto, que solamente consistirá en escuchar lo que se va a exponer, dado que no han venido ni los autores del proyecto de ley, el diputado Moreno. ¿Estaba pidiendo la palabra? No. Ah, ya.
Ok, entonces vamos a pasar inmediatamente al otro punto de la tabla, señor secretario. Ahí está, don Cristian, tiene la palabra. Le pido que sea muy acotado, porque no están los mocionantes aquí, y tenemos un tema sumamente relevante respecto de las emergencias por los incendios que tenemos en el sur de Chile. Así es que le doy la palabra a don Cristian.
Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve. Entiendo que no están los diputados mocionantes del proyecto. Lo único que podemos comentar en general son nuestras observaciones sobre el proyecto. Queremos expresar que valoramos la iniciativa que pretende proteger la salud de los niños y estamos de acuerdo con dicho principio, y por lo tanto, con el objetivo de este proyecto.
La evidencia científica es clara en que el enfoque que se debería adoptar al momento de diseñar políticas públicas y abordar los problemas de las enfermedades no transmisibles son políticas que aborden los entornos alimentarios. Además, la evidencia ha manifestado que una de esas medidas es la regulación de la publicidad. No vinieron los mocionantes, y tampoco la subsecretaria de Salud Pública, pero sí está don Cristian Cofré, respecto del proyecto de ley originado en moción de los diputados y diputadas Helia Molina, Francesca Muñoz, Patricio Rosas y Marisela Santibáñez, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de proteína animal procesada.
Así es que le doy la palabra a don Cristian. Se nos cayó, don Cristian. Ok, entonces vamos a pasar inmediatamente. También pensamos que ampliar el alcance de la ley de publicidad actualmente vigente y las restricciones del marketing permitiría proteger no solo a los niños, sino también a los adolescentes, quienes se ven expuestos a publicidad de alimentos dirigidos a menores de 18 años. Por lo tanto, en general, podemos reforzar que valoramos esta iniciativa y su objetivo.
Tenemos algunos comentarios específicos que en su momento podríamos hacerles llegar para contribuir a fortalecer dicho proyecto. También es importante mencionar que estos comentarios se relacionan con políticas públicas que abordan los entornos alimentarios. La evidencia científica ha demostrado que el marketing de alimentos no saludables afecta negativamente a los niños y adolescentes, y la regulación del marketing es una estrategia clave para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, tales como el cáncer, que es uno de los objetivos que se plantean dentro de este proyecto de ley.
Asimismo, consideramos que es fundamental ampliar y fortalecer dicho proyecto, y también mencionar que estos comentarios están relacionados con la información que ya ha sido manifestada por la subsecretaria en otros proyectos de ley, como el proyecto de ley de productos ultraprocesados.