Muy buenos días. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Saludamos a toda la Comisión de Vivienda y a nuestros invitados, quienes serán presentados a continuación. Recordemos que esta es una sesión seminario, por tanto, partimos formalmente y contamos con quórum para iniciar la sesión.
Antes de proceder con las presentaciones, secretario, ¿puede informar?
Sí, señor presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas en los que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Esto es en cumplimiento de lo establecido en las glosas de la Ley de Presupuesto.
A su turno, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo ha enviado el siguiente documento: un cuadernillo de reflexión elaborado a partir del seminario "Integración, Movilidad y Territorio".
Sobre la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, realizada en diciembre de 2025. Por otra parte, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados remitió para conocimiento y fines que se estime pertinente, copia del acta de la sesión especial celebrada por dicha instancia en la comuna de Arica el 8 de enero pasado, en que se abordó como eje central la problemática de los desalojos y fiscalizaciones de viviendas sociales en la región, derivados de la aplicación retroactiva de la Ley 17.635. Además, se recibió una comunicación del señor Ministro de Bienes Nacionales en respuesta a un oficio de esta comisión, con información sobre transferencias de terrenos fiscales para el programa Plan de Emergencia Habitacional en la localidad de Neltume. Los antecedentes pertinentes ya fueron despachados a sus correos electrónicos.
Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Puntos varios. Muy bien, primero agradecerles la presencia en esta sesión de la Comisión Seminario. Esto era un compromiso que asumimos en su momento cuando tramitamos la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional, que estábamos con cierta urgencia por los plazos, porque en el fondo vencía el 31 de diciembre del 2025. Entonces, en el último trimestre del año empezamos a discutir con la comisión, llegamos a un consenso muy transversal en la Comisión de Vivienda, en diálogo con el Ministerio de Vivienda, sobre la necesidad de prorrogar el Plan de Emergencia Habitacional. Esto implicaba que teníamos que sacar adelante una ley muy simple, pero que tenía que pasar por ambas cámaras, y todos los trámites en muy poco tiempo, y teníamos esa urgencia.
En ese contexto, surgió la idea de generar en enero un seminario más tranquilo, con más tiempo y más reposado, para poner el foco en lo que ha sido la experiencia del Plan de Emergencia Habitacional durante estos prácticamente cuatro años: los logros, los avances, las dificultades, y una evaluación no solo cuantitativa, sino también cualitativa. La diversidad de regiones está presente, ya que esta comisión la integran cinco senadores de distintas regiones de Chile, lo que permite incorporar experiencias diversas.
Podremos tener un diálogo del más alto nivel con nuestros invitados, quienes nos podrán dar luces sobre cómo se observa esta implementación del Plan de Emergencia, y sobre todo pensando en el futuro, con el gobierno que asuma, el presidente electo José Antonio Kast, a partir de marzo, quien tendrá esta herramienta disponible. Ya está aprobado ese proyecto de ley y hay otros proyectos que hemos aprobado en la comisión, que son herramientas disponibles para el siguiente ciclo.
Voy a presentar a nuestros invitados y vamos a ir moderando, dando las palabras. Agradecemos la presencia del profesor Luis Eduardo Bresciani, arquitecto y profesor asociado a la Pontificia Universidad Católica de Chile. También está por llegar Cristian Monckeberg, quien fuera Ministro de Vivienda y Urbanismo en el gobierno del expresidente Piñera. Asimismo, nos acompaña Paola Jirón, doctora en Planificación Urbana Regional y Presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, y la profesora Beatriz Mella, doctora en Planificación Urbana y Transporte, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, Hábitat y Descentralización de la Universidad Andrés Bello.
Este seminario se está transmitiendo por TV Senado y ha generado un gran interés, considerando que la hora de venir a Valparaíso era muy compleja. Por ello, decidimos hacerlo en modalidad online para que la gente pueda conectarse y verlo en vivo. Agradecemos la presencia del Ministro Carlos Montes, a quien le vamos a dar la palabra inmediatamente como introducción, y también le dará la palabra a su equipo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Partimos con usted, Ministro. Adelante. Muchas gracias, Presidente. Creo que al final de un período es bueno hacer reflexiones.
Me cuesta mucho determinar qué decir y qué no, porque son tantas las materias y los tiempos son bastante breves. Por ello, quisiera hacer una breve introducción y luego ceder la palabra a Daniela Flifi, quien es la encargada del plan nacional de emergencia habitacional para que lo desarrolle.
Primero, es importante recordar que el plan de emergencia surgió en esta comisión durante el período anterior, tras un intenso debate con diversas opiniones de otros actores, y finalmente fue aprobado por unanimidad. En segundo lugar, el plan abarca un conjunto de aspectos, tal como está formulado en la ley; no se limita solo a la meta, que tiende a ser reducida. Los principios inspiradores se centran en la necesidad de las familias sin hogar, especialmente en un país donde el ingreso per cápita supera los 30.000 dólares. Por ello, el plan de emergencia busca replantear la relación entre vivienda, barrio y ciudad, avanzando hacia ciudades justas, humanas y equilibradas.
Es fundamental repotenciar el rol del Estado como articulador de los esfuerzos habitacionales y urbanos, con una perspectiva planificadora a largo plazo, y no limitarse a trabajar en plazos de uno o dos años. Asimismo, es necesario revalorar la dimensión social de la política habitacional y urbana, tanto en el protagonismo de las familias y organizaciones sociales como en los esfuerzos para crear comunidades.
La estrategia utilizada se basó en partir de lo que ya teníamos, de las capacidades y condiciones preexistentes. A pesar de que hubo propuestas en el ministerio para realizar reformas radicales mediante decretos, decidimos avanzar a partir de lo existente e introducir cambios gradualmente, lo que considero fue una opción acertada.
Los desafíos del ministerio, de manera sintética, son cinco. El primero, que explicará Daniela, es la producción de 260.000 viviendas y dejar 100.000 en construcción. El segundo desafío busca articular distintos aspectos del desarrollo, principalmente elevando y fortaleciendo la capacidad productiva. Debemos trabajar para producir entre 100.000 y 120.000 viviendas al año, lo que nos permitirá abordar el déficit habitacional y el crecimiento de la demanda. En este proceso, también debemos transformar gradualmente el modelo habitacional y urbano.
Esquemáticamente, esto significa recuperar y fortalecer el rol del Estado en dos aspectos: planificar en términos de tiempo y metas, y articular a los actores involucrados, ya que el Estado tiene la responsabilidad de unificar en torno a objetivos nacionales comunes. El segundo aspecto, que no desarrollaré en detalle, es diversificar las formas de acceso a la vivienda. Hemos trabajado en diversas modalidades, algunas con mejores resultados que otras, acumulando experiencia en el ámbito de la vivienda.
La tercera línea para aumentar la capacidad y transformar el sistema es robustecer la formación de un banco de suelo público, habiendo alcanzado más de 2.000 hectáreas procesadas y acumuladas. En cuarto lugar, es necesario modernizar la producción nacional. Un aspecto clave es la vivienda industrializada; actualmente, contamos con 23 empresas que han comenzado a producir, algunas de ellas enfocadas en sectores de ingresos más altos, pero también en vivienda pública.
Le damos la bienvenida a Cristián Monckeberg, exministro de Vivienda, quien se une como panelista. Esta idea de modernizar la producción nacional implica un conjunto de procesos de cambio tecnológico, con 47 modelos certificados en la actualidad. Actualmente, tenemos más de 14.000 viviendas en ejecución y un potencial de producción industrial que podría alcanzar las 25.000.
Hemos tomado como referencia la experiencia turca, que ha demostrado una notable capacidad de expansión. La relación del ministerio con el ámbito empresarial es un tema fundamental que debemos cambiar. El ministerio debe conocer el costo de producción de las viviendas, el cual debe ser transparente, así como la rentabilidad. Este es un sistema semipúblico, donde el valor se fija por el Estado al determinar el tipo de vivienda que desea, pero no se conoce la diferencia de costos entre empresas, lo que afecta la competencia.
Finalmente, es crucial fortalecer la capacidad administrativa del Estado, un aspecto que aún no hemos explicado en profundidad.
Hemos realizado nueve cambios en los decretos, todos orientados a distintos aspectos que tienen que ver con cómo se produce más eficientemente y evitar diversas dificultades. No voy a repetir lo que se aprobó recientemente en relación a la planificación aquí en el Congreso. El séptimo punto es modificar las alternativas de financiamiento de la política de vivienda. En este aspecto, no hemos logrado un avance significativo; sigue siendo principalmente un tema de presupuesto, y no hemos encontrado la manera de vincular la producción de vivienda pública con los fondos de inversión. Existen distintas alternativas, siendo la securitización lo más avanzado, a partir de un equipo que contratamos para este propósito, pero no hemos logrado avanzar en ello.
Es fundamental que las comunidades, las familias y las organizaciones sociales recuperen su condición de actores, no solo como clientes del sistema, sino como productores de vivienda, junto a la empresa y al Estado. Este fin de semana tuvimos una jornada muy enriquecedora con 600 dirigentes sociales discutiendo estos temas.
El segundo desafío es aumentar la capacidad productiva y transformar el sistema. El tercer desafío se centra en el desarrollo de ciudades justas. No entraré en todos los detalles que esto implica, pero es esencial planificar la inversión público-privada de manera más global y conjunta. Se requiere trabajar con un horizonte que trascienda incluso a un solo gobierno. Se ha decidido, y esto merece una reflexión histórica, que se instalen centros comerciales en las ciudades, lo cual determina el desarrollo, por ejemplo, de Santiago o de las autopistas. Estas decisiones no se ligan a una perspectiva más integral.
En cuanto a los terrenos en la zona urbana, no hemos adquirido terrenos fuera de esta área, lo cual es un viejo debate. Comprar terrenos más baratos implica luego llevar servicios como salud y educación, lo que claramente no ha cambiado con el decreto de Saltera, aunque sí ha impactado la vida de las personas. En un país con un ingreso per cápita de 35 mil dólares, no puede ser que las familias lleguen a vivir en viviendas y que los servicios lleguen mucho tiempo después, a veces cinco o diez años. Aunque hubo escasos recursos, existió planificación y diversas maneras de cambiar esta lógica.
Es crucial revalorar los parques urbanos, ya que son espacios fundamentales de encuentro. Todos los programas que tenemos de construcción de barrios y vida, como "Quiero mi barrio", han avanzado significativamente y requieren integrarse en una perspectiva de construcción de ciudad. Un aspecto nuevo y relevante es la seguridad, que es un tema muy serio hoy en día en todo lo que se construye. Las condiciones de seguridad y el tipo de diseño se deterioran rápidamente.
El cuarto desafío es hacernos cargo de las viviendas que están en malas condiciones y que necesitan ser mejoradas, reparadas o reconstruidas. Hasta la fecha, se han mejorado 284 mil viviendas en este gobierno, con otras en proceso. No entraré en más detalles, ya que esto tiene múltiples dimensiones. En segundo lugar, el tema de la reconstrucción es crucial. Actualmente, el Ministerio tiene a su cargo 43 proyectos de reconstrucción en Chile, de los cuales 27 corresponden a gobiernos anteriores, incluso del 27F. La experiencia demuestra que no tenemos un Estado en condiciones de asumir esta responsabilidad, lo cual va más allá de un problema de gestión; es un asunto de facultades y capacidades. No se puede pretender tener ritmos distintos cuando nos demoramos en la licitación de los muros de contención, que en algunos casos ha tomado hasta 11 meses.
En relación a los campamentos, hay 1.432 en total, de los cuales un 30% son ocupados por migrantes. Aquí enfrentamos distintos tipos de desafíos. Me gustaría, en algún momento, explicar lo que estamos tratando de implementar en el caso Sentinela en San Antonio, que es un enfoque cooperativo para la construcción. También hay viviendas que han tenido que ser demolidas. En esta zona, tomé la decisión de demoler Mirador 1 y 2, y aún no hemos podido comenzar la reconstrucción debido a los trámites necesarios, ya que estas viviendas estaban en condiciones críticas. En el caso de Talca, también hubo que demoler las Américas por su deterioro.
Finalmente, el último desafío que hemos ido acumulando es mejorar el Estado, convirtiéndolo en un servicio al bien común. El Estado debe ser para lo público y lo común, no en contra de lo privado.
El concepto de estatista versus privado es un concepto antiguo. Hoy día se requiere pensar en un Estado que sea capaz de articular en torno a bienes comunes. En el Ministerio hay un equipo valioso, sin embargo, el concepto de planificación aún no está suficientemente impregnado. Se responde a los proyectos, pero no desde una perspectiva a largo plazo. La ley que se acaba de aprobar busca precisamente fortalecer esta capacidad de pensar en el largo plazo. Los alemanes planifican sus ciudades a 60 años; nosotros, en cambio, ni siquiera lo hacemos por uno o dos años, lo que indica un problema que debe ser abordado.
Es necesario realizar cambios en la organización del Ministerio. Existe un desafío en la coordinación del aparato central entre las divisiones y las regiones. Por ejemplo, en Aysén, tenemos un SERVIU y una SEREMI en una región pequeña; debería haber un solo servicio que articule adecuadamente. Esto no es fácil, y aunque el trabajo interministerial ha funcionado relativamente bien, la relación entre los comités y los SERVIU requiere ser repensada.
En este contexto, quiero mencionar que hemos trabajado con un consejo asesor del plan de emergencia, donde algunos de los presentes han participado. Este consejo ha estado compuesto por aproximadamente 40 personas, lo que ha sido bastante potente.
Ahora, en relación a los cinco desafíos que se enmarcan en el plan, queremos informar sobre su evolución. Agradezco al Ministro por su intervención y doy la bienvenida a la Senadora Yasna Proboste.
A continuación, Daniela, por favor, procede con la presentación.
Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes y a quienes nos escuchan. En la pantalla pueden ver el avance del plan de emergencia habitacional al cierre de diciembre. Hasta esa fecha, hemos entregado 247.003 viviendas, hay 118.479 en ejecución y 69.346 viviendas por iniciar con subsidio asignado. Esto arroja un volumen total de viviendas en gestión hoy día en el Ministerio de 434.828.
Cabe señalar que el plan de emergencia habitacional, más allá de las cifras, ha establecido un propósito y un compromiso con la ciudadanía que nos ha permitido incrementar la capacidad productiva del Ministerio, reconociendo distintas demandas, formas de organización, tipos de tenencia y ciclos de vida. Estamos abordando este desafío considerando que la vivienda debe cumplir con ciertas características: debe ser digna y adecuada, responder a un estándar y tener un enfoque de derechos humanos, lo que implica un estándar técnico, acceso a servicios y una adecuada localización.
Si desglosamos este avance en términos de los tipos o ámbitos de producción que estamos impulsando, un 72% corresponde al ámbito de construcción, casi un 15% a la adquisición de vivienda, un 9,8% a leasing y arriendo, considerando arriendo para adultos mayores y arriendo a precio justo, y un 2,7% de este volumen de viviendas ya entregadas corresponde a FOGAES.
En cuanto al estado de situación de cada una de las regiones, observamos que hay un avance inferior al 85% en la macrozona norte, salvo Arica, que ya lleva más de un 95% de avance y espera cumplir la meta en enero. Las regiones de la macrozona norte han enfrentado mayores dificultades; sin embargo, dentro de las que están en rojo, cabe destacar que Atacama, Valparaíso y Metropolitana ya tienen un avance superior al 75%. Las nueve restantes han cumplido sus respectivas metas, y aquellas que ya han alcanzado sus objetivos se han impuesto nuevas metas.
Por lo tanto, mantienen su capacidad de producción al alza y la estrategia de diversificación programática y de cobertura territorial. En cuanto al Banco de Suelo Público, al cierre de diciembre ya son más de 2.500 hectáreas, específicamente 2.520 hectáreas, que han sido provistas para este banco, parte del cual incide directamente en el Plan de Emergencia Habitacional, y el restante será de utilidad para los futuros planes que se desarrollen en los próximos gobiernos. Por lo tanto, el Banco de Suelo también apuesta por una lógica de transición hacia una política de Estado y un abordaje de la vivienda desde una gobernanza más robusta, a través de acciones que incluyen el suelo fiscal, suelo privado y suelo público.
El ámbito intersectorial ha requerido una acción y gestión con distintos ministerios y servicios, incluyendo el Consejo Asesor mencionado por el Ministro, así como las Direcciones de Obras Municipales, las empresas, las entidades desarrolladoras y las entidades de gestión rural. Se ha logrado avanzar para que estos órganos de administración del Estado intervengan con mayor celeridad en el proceso de producción habitacional, evidenciando un enfoque intersectorial que es planificado, preventivo y permanente.
A continuación, se presentan dos láminas que detallan las gestiones asociadas a estos distintos ámbitos del intersector, incluyendo las empresas sanitarias y eléctricas. Es importante señalar que se ha realizado un trabajo significativo, especialmente en la cartera de términos, donde estamos abocados al cumplimiento de la meta en febrero, asociada a las conexiones eléctricas, así como en el ámbito del transporte, en lo que respecta a los informes de mitigación vial, y en obras públicas en las Direcciones de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección General de Aguas (DGA) y Vialidad. En el área de salud, también contamos con un convenio de colaboración para la agilización de procesos de autorización de funcionamiento de sistemas particulares de agua potable y aguas servidas, entre otras gestiones, que incluyen acciones arqueológicas de carácter preventivo y el trabajo con la Comisión de Arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales, así como en el ámbito medioambiental en las declaraciones de impacto ambiental.
Con todo este esfuerzo, que requiere más tiempo para ser detallado, hoy se observa que más de 500 proyectos están resueltos, lo que ha permitido que más de 102.000 viviendas agilicen sus plazos de tramitación. Esto resalta la importancia de la capacidad regulatoria del Estado, considerando que el desarrollo de proyectos habitacionales requiere la convergencia de distintas normativas y necesidades, así como el compromiso asumido, generando una gobernanza que permita adecuadas condiciones urbanísticas, ambientales y sociales de los proyectos en un marco de protección del interés público.
En el ámbito social, el Ministro destacó un encuentro con dirigentes, que ha impactado en más de 13.000 personas a lo largo del país desde la creación del Centro de Formación, Diálogo y Participación Ciudadana. A esto se suma el trabajo con el Consejo Asesor del Plan de Emergencia, que ha otorgado mayor transversalidad y pluralismo a la implementación de este plan. Hemos trabajado en difusión y transparencia; está activo el programa radial "Partamos por Casa" en la Radio Cooperativa, como uno de los ejemplos de difusión, así como los reportes periódicos al Congreso y a la ciudadanía, que pueden consultarse en las glosas 2, 4 y 20, donde se encuentran los reportes detallados del plan de emergencia.
En cuanto a la cobertura territorial, actualmente 336 comunas del país tienen al menos una vivienda en gestión en los distintos ámbitos de trabajo del plan. Se ha avanzado en lugares tan distantes como Villa O'Higgins, Primavera, Cabo de Hornos en la región de Magallanes, así como en las islas de Juan Fernández y Rapa Nui en Valparaíso, entre otros ejemplos. Además, se ha implementado un plan de habitabilidad insular en la región de Los Lagos, que ha beneficiado a 75 familias en comunas como Curaco de Vélez, Quellón, Puqueldón, Chaitén y Calbuco, dentro de un plan de carácter regional que se inserta en el Plan Nacional.
y que va considerando las particularidades geográficas, territoriales y culturales. En este cuadro, no entraremos en detalles, pero se presenta el desglose por línea de aquellos estados por iniciar, en ejecución y terminados, que arrojan un volumen de 247.000 viviendas ya entregadas. El programa de integración social y territorial ha entregado más de 85.000 viviendas, mientras que el fondo solidario ha superado las 90.000.
Los planes urbano-habitacionales han sido centrales para coordinar el Plan de Emergencia con el Plan Ciudades Justas. En cuanto a la habitabilidad rural, hay más de 9.700 viviendas ya entregadas a lo largo del país, tanto en su versión individual como en modalidad de proyectos colectivos. En el Sistema Integrado de Subsidios enfocado a sectores medios, se han terminado o entregado más de 27.000 viviendas hasta diciembre. En el ámbito de trabajadores, hay 929 viviendas en gestión, y en vivienda municipal, 121 viviendas en gestión.
En arriendo a precio justo, se han terminado o entregado 1.052 viviendas, lo que permite que las familias no destinen más del 25% de sus ingresos por concepto de arriendo. Ejemplos en la región metropolitana incluyen el proyecto Plaza Alcanzable y el condominio Justicia Social 1 en Recoleta. En cooperativas, se ha avanzado en instalar la temática en el ministerio, promoviendo la participación directa, la ayuda mutua y la autogestión. Se han realizado seminarios y hay 121 viviendas en gestión, esperando que esto avance con mayor celeridad en los próximos años.
En línea de ejecución directa, Serviu tiene más de 5.600 viviendas en gestión. En el ámbito de la industrialización, ya son 24 las empresas industrializadoras certificadas y 45 los modelos de vivienda aprobados, con más de 2.600 viviendas terminadas y más de 14.000 en distintos niveles de gestión. Este es un ámbito que ya está instalado y se espera que se fortalezca.
Se pueden observar distintas tipologías de vivienda asociadas a la línea de industrialización, incluyendo viviendas pareadas, en altura, aisladas y destinadas al área rural. En cuanto a las viviendas de loteo, hay 144 terminadas o entregadas, y en microradicación, 3.600, con ejemplos en Valparaíso, Coyhaique y Arica. En arriendo permanente para personas mayores, se han provisto más de 14.200 viviendas, y en viviendas tuteladas, 141 viviendas han sido terminadas o entregadas.
Todo lo mencionado tiene un enfoque de género y cuidados, junto con los centros comunitarios de cuidado y protección, de los cuales ya hay 38 terminados o entregados. Algunos proyectos han incorporado diseños inclusivos y participativos, como el proyecto Cumbres de Girasoles, que cuenta con dormitorios especiales para niños y niñas con condiciones del espectro autista.
También se han desarrollado proyectos con pertinencia indígena, tanto en la zona norte como en la zona sur, así como proyectos destacados por su calidad arquitectónica y urbana, como el condominio Santa Teresa, que ha recibido el premio Aporte Urbano. Este esfuerzo de incrementar la producción habitacional también contribuye al ámbito urbanístico y arquitectónico de la vivienda social.
La ley FOGAE actúa como un apoyo orientado a familias para obtener un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda, a lo que se suma el subsidio al dividendo. Por último, con la prórroga de la ley, se busca agilizar e incrementar la construcción de viviendas, siempre con la lógica de modernizar la gestión del ministerio y del Estado en su conjunto. Esperamos garantizar la continuidad de los proyectos habitacionales en curso, que representan un volumen significativo de aquellos que están en ejecución y que se espera terminen dentro del próximo semestre o dentro del año. Además, se busca robustecer todo lo relacionado con la gestión de suelo.
Muchas gracias, Presidente. Quiero agregar que estamos entregando unos cuadernillos, ya que en cada una de las materias presentadas hay temas de reflexión. Sobre vivienda industrializada, tuvimos un seminario con distintas opiniones, así como sobre el censo y su impacto en la política habitacional, y la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Esto conecta con una nueva forma de sistematizar el conocimiento sobre las necesidades de las familias, que es algo que debemos profundizar cada vez más.
Agradezco también el trabajo de la biblioteca, en especial a Verónica, quien siempre nos acompaña en la gestión de este seminario, así como a todos los equipos del Senado y de TV Senado que están transmitiendo este evento en vivo.
Con esta introducción, pasamos a la presentación del Ministerio. La idea es que en un primer bloque, dos de nuestros expositores puedan reaccionar y plantear sus puntos de vista en relación al fortalecimiento del marco institucional en vivienda y ciudad. No queremos solo hablar de vivienda, que es una necesidad evidente, sino también del déficit habitacional, la producción de vivienda, la productividad del MIMBU, el banco de suelo, y cómo todo esto dialoga con la construcción de ciudades más justas e inclusivas.
Contamos con la presencia del arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Luis Eduardo Bresciani, y del ex Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quienes compartirán sus reflexiones sobre el fortalecimiento del marco institucional. Posteriormente, en un segundo bloque, daremos la palabra a Paula Jirón y Beatriz Mella.
Adelante, profesor Luis Eduardo Bresciani.
Muchas gracias, senadores. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación. Siempre es una oportunidad poder opinar y tener un debate al cierre de un período legislativo y al inicio de un nuevo gobierno. Saludo al Ministro y a todos los presentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Quiero reconocer el trabajo notable que ha realizado el Ministro Montes al instalar una serie de agendas. Es cierto que hay temas pendientes y aprendizajes que implicarán ajustes internos, pero lo importante es dejar instalada una agenda y una política pública. En este sentido, esto es un tema de Estado y no meramente ministerial.
La ley que dio paso al Plan de Emergencia Habitacional, que es la Ley de Integración Social y Urbana, tiene un objetivo mucho más amplio. Reconoció un debate importante en el gobierno de la Presidenta Bachelet, donde el tema de la integración social se convirtió en una política. Posteriormente, el Ministro Monckeberg, en su calidad de primer Ministro, le dio un fuerte impulso a esta agenda, que fue reconocida y fortalecida a través de esta ley.
Es fundamental avanzar en la institucionalización, lo cual es lo que se espera de todos los gobiernos: no partir de cero ni inventar la pólvora, sino dar pasos hacia una forma institucional. A pesar de que el tema de vivienda puede ser visto como sectorial, es uno de los problemas más integrales que enfrenta la sociedad chilena.
Si consideramos el déficit habitacional, el crecimiento vegetativo, las familias de clase media con problemas de acceso a la vivienda, los campamentos y el déficit cualitativo, se estima que cerca de 1.300.000 personas ya tienen una casa, pero habitan en barrios que requieren reformas importantes. Esta ley también reconoce que cerca de cuatro de cada diez chilenos enfrentan alguna carencia habitacional que afecta su vida cotidiana, su desarrollo económico y la calidad de sus barrios.
Esto es un problema estructural, como mencionó el Ministro. No debemos verlo como un tema sectorial ni como meros números sobre cuántas unidades se han logrado. Además, es importante destacar que el problema habitacional de hoy es muy diferente al de hace veinte años, que era más estanco y podía resolverse con instrumentos específicos. Hoy en día, es un desafío mucho más multidimensional.
Diversa de la que teníamos probablemente hace veinte años atrás, que se podía abordar con dos programas. Hoy día eso es muy difícil; es diversa territorialmente, en tipos de familia y en trayectorias familiares a lo largo del tiempo. En este sentido, la instalación de esta ley abrió un espacio para ampliar esta visión sectorial a un tema de Estado.
Desde el punto de vista general, el plan de emergencia habitacional se enfrentó a esta realidad y lo convirtió en un sentido de crisis. La crisis de la vivienda no es exclusiva de Chile; es una crisis que se ha evidenciado en varios seminarios y que está presente en la mayoría de las sociedades desarrolladas actualmente. Es una crisis grave que afecta a diversas dimensiones sociales. Este plan lo recogió. Durante estos cuatro años, se retomó la política pública diseñada en el gobierno anterior, se convirtió en agendas y se instalaron una serie de temas que, me parece, llegaron para quedarse.
La idea de reforzar el tema integral a través del concepto de viviendas de interés público, y no solo de vivienda social o para clase media, es fundamental. El Estado debe hacerse cargo no solo desde un ministerio, sino que los municipios y los gobiernos regionales también deben involucrarse, aunque a veces se ven reticentes a hacerlo. Además, el sector privado tiene un rol crucial en este proceso.
La propuesta del banco de suelo, la diversificación programática y la habilitación normativa son esenciales para convertir los planes reguladores en herramientas efectivas para planificar el desarrollo de la vivienda, en lugar de simplemente regular con otras agendas en mente. El tema de la industrialización, mencionado por el Ministro, es un desafío gigantesco que recién comienza, y se espera que los incentivos del Estado permitan una mayor participación del sector privado.
El sector privado tiende a preferir lo que ya conoce, pero es necesario innovar. La regeneración de barrios deteriorados, que no solo enfrenta problemas de calidad física e infraestructura, sino también de organización social, es uno de los temas más críticos que este plan debe seguir abordando.
Las cifras hablan por sí solas: se ha alcanzado casi un 95% de cumplimiento de las metas. Hace unos meses, muchos dudaban de que se lograrían, y sin embargo, se ha cumplido. Esto merece reconocimiento por la capacidad de gestión y el esfuerzo realizado. En materia de déficit cualitativo, se ha avanzado en temas de microdensificación, planes de regeneración y el establecimiento del banco de suelos.
Es importante destacar que se ha establecido un nuevo estándar en la calidad de los barrios y de la vivienda. La vivienda social ha dejado de ser un estigma; hoy es algo deseado y representa calidad urbana. Me tocó estar muchos años en el Ministerio de Vivienda y me hubiera encantado contar con estos tipos de barrios en ese entonces.
Sin embargo, aún existen desafíos y problemas. Hay desigualdades en el desempeño entre distintas regiones; algunas han superado las metas, mientras que otras aún tienen un camino por recorrer. Además, el tema de los campamentos es serio. Es fundamental dar tiempo al esfuerzo que se está realizando en San Antonio, donde hay aprendizajes sobre cómo gestionar estos espacios. Chile no tenía experiencia en la gestión de campamentos; los programas anteriores tendían a reubicarlos sin una solución real.
Es crucial no estigmatizar los campamentos y convertirlos en sujetos de política pública. En cuanto al banco de suelo, aún hay mucho por innovar en las formas de acceder a terrenos, ya sea a través de cooperativas o de suelo privado en concesión. Muchos de los instrumentos discutidos en esta comisión, que hoy son parte de un plan de emergencia a cuatro o cinco años, deberían convertirse en instrumentos permanentes. La idea de que estos instrumentos se integren a la política permanente es un gran desafío y no puede ser transitorio. Hay aprendizajes significativos en planificación urbana y gestión que debemos seguir desarrollando.
Barrio, industrialización, regeneración de barrio, incorporación del sector privado, convenios con los municipios y convenios con gobiernos regionales que debieran no ser parte de un plan de emergencia y de esfuerzos transitorios, sino ser parte formal de la Ley General de Urbanismo y de las capacidades que tienen los servicios de vivienda y urbanización. Solo para terminar, creo que me quedan como cinco minutitos.
Me parece que los grandes desafíos, tomando en cuenta las innovaciones de los últimos años que debieran ser parte del envión que viene, se pueden resumir en cinco. Coincido en varios de los puntos planteados por el Ministro y voy a mencionar algunas ideas sobre temas que se han discutido y que considero necesario reforzar y mantener.
Los cinco desafíos son, en primer lugar, ampliar la capacidad del Estado para la producción de vivienda. Si sumamos el déficit de 490.000 que entregó el censo, más el crecimiento vegetativo, que hoy día representa cerca de 130.000 hogares al año, de los cuales se podría decir que aproximadamente 100.000 son sectores sujetos a política pública, estamos hablando de que para cumplir la meta de eliminar el déficit en diez años, debiéramos estar produciendo, como dijo el Ministro, entre 120.000 y 140.000 viviendas. Estamos lejos de eso. Esto requiere no solo voluntarismo, sino también una construcción de un Estado con una relación distinta con el sector privado.
En segundo lugar, hay que diversificar la producción, llegando a distintos tipos de familias y a diferentes lugares. Es fundamental allegar recursos, no solo los que tiene el Estado, sino también del sector privado, comunidades, fundaciones y otras formas de concesión. Hay que ampliar la participación social y reforzar la gestión urbana y del suelo.
Respecto al tercer punto, es esencial involucrar a los municipios de manera más decidida en la gestión habitacional. La cadena fragmentada de la producción habitacional dentro de los servicios y municipios permite una mayor integración. En cuanto a diversificación, avanzar hacia un subsidio más integrado es un debate necesario, que rompa los cortes entre el subsidio del DS-49 y el del DS-1, permitiendo un subsidio más continuo y proporcional que facilite el acceso a todas las familias.
En cuarto lugar, es crucial fortalecer la participación social. Los municipios deben involucrarse más, lo que implica reforzar capacidades locales que hoy no existen. Muy pocos municipios cuentan con unidades de vivienda, lo que limita la gestión de la demanda y la capacidad de habilitar proyectos. La participación y los incentivos para que las comunidades se organicen son vitales. La crisis de las fundaciones ha afectado negativamente, ya que la sociedad civil organizada es fundamental para participar en la diversificación de soluciones. Es necesario restablecer la confianza en cómo la sociedad civil organizada, fundaciones y ONG pueden reincorporarse a este desafío.
Por último, es importante reforzar el tema del suelo, la capacidad jurídica y la regulación de cuotas de integración. Actualmente, los planes reguladores no están funcionando adecuadamente; al contrario, fijan mecanismos que restringen o segregan a la población. Esta innovación, que surgió en el gobierno de la Presidenta Bachelet y fue reforzada por varias leyes en el gobierno anterior, tiene como objetivo garantizar que cuando el plan regulador permite vivienda, esta llegue a quien realmente la necesita. He escuchado con preocupación ciertas afirmaciones de que basta con cambiar el guarismo de la densidad y que, automáticamente, al aumentar la densidad, los planes reguladores solucionarán el problema.