Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica. El que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, en materia de autorización de eventos masivos. El que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. El que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica. El que modifica la ley N° 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil.
Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto iniciado en moción que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en los mismos términos el proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto iniciado en mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, y modifica diversos cuerpos legales. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, recaído en el proyecto iniciado en moción, con urgencia calificada de discusión inmediata sobre el uso de agua de mar para desalinización.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urruticoechea, De la Carrera, Jürgensen, Kaiser y Ulloa, que modifica la ley N° 18.290 de Tránsito para diferir la renovación periódica de licencias de conducir no profesionales hasta los 65 años de edad, e imponer a quienes no los hayan cumplido el deber de informar aquellas condiciones médicas que afecten su capacidad de conducción.
Proyecto iniciado por los diputados Cuello, Barrera y Soto, don Leonardo, y de las diputadas señoras Castillo, Fríes, Morales, doña Javiera, Ñanco, Placencia y Serrano, que modifica la Carta Fundamental para determinar los principios de política exterior que debe observar el Presidente de la República en la conducción de las relaciones internacionales.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Naranillán, que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar con mayor severidad el uso del crédito prendario para lavado de activos. Finalmente, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Pizarro y Serrano, y de los diputados señores Cuello y Ramírez, don Matías, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer la obligación de entregar generadores de emergencia a las cooperativas y comités de agua potable rural en los casos que señala.
Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, Prosecretario. Sobre la cuenta, Diputado Manucheri y después el Diputado Araya. Quisiera solicitar que, en primer término, el proyecto que está en el número 8 de la cuenta pase primero para la Comisión de Salud y después a la Comisión de Transporte. El proyecto número 9, que pase con posterioridad de la Comisión de Constitución a la Comisión de Relaciones Exteriores. Por separado, primero la 8.
¿Habría acuerdo para acceder a la primera solicitud que ha hecho el diputado Manucheri? No. ¿Habría acuerdo? No. En votación la primera solicitud, luego vamos con la segunda. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Faltan. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 31 votos.
Rechazado. En relación a la solicitud del diputado Manucheri, ¿hay acuerdo? No. ¿Hay acuerdo? No, pero que lo diga de verdad. Diputado Badía, ¿da el acuerdo o no? En votación. ¿Estamos en votación? Esta es una segunda solicitud que uso respecto del proyecto que aparece en el número 9 de la cuenta. En votación, estamos en votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Por favor, voten. Resultado de la votación: por la afirmativa, 46 votos, 16 en contra, 6 abstenciones. Aprobado.
Diputado Araya, sobre la cuenta. No es necesario, Presidente. El diputado Manucheri en este punto logró una coincidencia con mi posición, así que se me anticipó. Diputado Cuello, sobre la cuenta. Presidente, gracias. No veo en la cuenta la respuesta de la mesa de la Cámara en relación con la solicitud que ayer formulamos junto a varios parlamentarios sobre la necesidad de que la Cámara se pronuncie y represente al embajador de los Estados Unidos de América las inconveniencias de sus declaraciones, que constituyen una intervención ilegítima en asuntos internos. Esa es la pregunta, Presidente, porque no está en la cuenta la respuesta de la mesa. Gracias, Presidente.
Va a estar en la próxima sesión, diputado, con toda franqueza, porque ayer teníamos reunión de mesa y el diputado Rivas estaba indispuesto de salud. No nos pudimos reunir, estando el Presidente además fuera de Chile. Para tomar un acuerdo en la mesa necesito estar al menos con el vicepresidente primero, no tomarla yo solo. Así que espero que el próximo lunes, a más tardar, tenga esa respuesta, diputado Cuello.
Diputado Moreno, sobre la cuenta. Gracias, Presidente. Quería pedir que el proyecto que está en el número 11, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, después de pasar por la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos, pase por la Comisión de Minería y Energía. Modifica la Ley de Servicios Eléctricos, por lo tanto, tiene que conocerse por la Comisión de Energía. ¿Habría acuerdo a la solicitud del diputado Moreno? Acordado. Muy bien, cerrada la cuenta.
Ah, perdón, diputado Alinco y diputado Manucheri. Gracias, Presidente. Quería insistir en lo que planteaba el diputado Cuello por su intermedio. Es referente a las declaraciones públicas que yo calificaría como instrucciones públicas del senador de Estados Unidos a la República de Chile. Él opina sobre leyes internas de nuestro país, que no podemos legislar. Dijo algo así como que sobre la ley Uber, y eso es intervencionismo. Hasta este momento, el Ministro de Relaciones Exteriores no ha emitido ninguna opinión pública. Es muy amigo de los gringos, el señor embajador. Creo que nosotros, como Cámara de Diputados, de hecho, tenemos un acuerdo en nuestra Comisión de Obras Públicas, que dirige el diputado Bianchi, de oficiar a la Cancillería. Pero creo que, como ente autónomo, la Cámara de Diputados de Chile tiene la obligación de exigir el comportamiento adecuado.
Respecto al buen comportamiento diplomático, sea del embajador de Estados Unidos o de cualquier otro, no puede intervenir en las políticas internas de nuestro país. De lo contrario, nos van a seguir pasando a llevar. Ya ha comenzado el proceso de invasión a Latinoamérica, y este gesto no es casual. Cuando llegó el señor embajador, el primer o segundo día, emitió una opinión sobre situaciones internas de nuestro país. Debemos oficiar a él con firmeza para detener esta situación de una vez por todas.
Muy bien, en este momento no vamos a abrir puntos varios. Ya hemos dado respuesta a la solicitud, diputado Manucheri, sobre la cuenta. Presidente, a propósito de las declaraciones sobre temas internacionales, consultarle si lo hacemos en reglamento. Estimados colegas, perdón, eso es reglamento, no es cuenta, diputado Sánchez.
Diputado Sánchez, sobre la cuenta. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar el acuerdo de la sala para exigir al presidente de la República y al Gobierno que nos envíen el listado completo y que haya transparencia respecto a los pensionados de gracia en este país. Ayer se detuvo a una persona que, al parecer, contaba con una pensión de gracia y agredió a carabineros en la toma de decisiones. No es la cuenta, diputado Sánchez. No obstante, es un tema gravísimo. Si se le van a pedir explicaciones a los embajadores, al menos pidamos explicaciones al Gobierno por mantener a delincuentes con recursos de todos los chilenos.
Cerrada la cuenta. Diputado Manucheri, de Reglamento. Presidente, 196. Solicito que la corporación, si es posible, emita una declaración sobre la situación que está ocurriendo en Irán. Creemos que es una violación a los derechos humanos inaceptable y que esta corporación debería pronunciarse, ya que hoy se está reprimiendo a la gente y están falleciendo ciudadanos a causa de la represión. Es importante que esta corporación se pronuncie.
Muchas gracias, diputado Manucheri. Eso puede ser abordado desde cada bancada con los proyectos de resolución. Diputado Geiser, de Reglamento. Señor Presidente, el primer punto de la tabla se refiere a un proyecto cuyo informe nos llegó bastante tarde, ayer. Para quienes no contamos con grandes recursos para el acompañamiento en las comisiones, se hace difícil votar como corresponde los proyectos de ley cuando se nos presentan la noche anterior. Esto no es adecuado, señor Presidente. El Ejecutivo ha tenido más que suficiente tiempo para tramitar esto. Normalmente, se tramita en otro mes, creo que en marzo, la ley de reajuste. Sin embargo, ahora lo quieren pasar a matacaballo, una vez más, pasando por encima de las atribuciones de este Congreso, que incluye el derecho a votar de manera informada.
Señor Presidente, ¿hasta cuándo la corporación acepta que el Ejecutivo le imponga tiempos que no permiten reaccionar de manera responsable ante los electores que nos han elegido y que esperan que votemos de manera informada? Muchísimas gracias, señor Presidente.
Le pido al secretario general de la Cámara que dé una respuesta para toda la corporación. Espero que, por favor, la escuchen con atención, ya que me parece una cuestión reglamentaria interesante que debemos recordar siempre. Sus señorías, el proyecto está con discusión inmediata, que vence el 19. Si hoy no se pidiera el cierre del debate al término del orden del día, o si este no se aprobara y hubiera discursos pendientes, tendríamos que continuar el último día del plazo, que es el lunes 19, como se indica en la citación. Respecto al segundo punto de la asesoría, están los recursos para poder usarlos institucionalmente. Muchas gracias, diputado Araya, de Reglamento.
Gracias, Presidenta. En el sexto punto de la tabla se encuentra un proyecto de ley despachado por la Comisión de Seguridad, que desde septiembre está en tabla. Este proyecto fue aprobado con el voto favorable tanto del Partido Comunista como del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Si pudiésemos lograr el acuerdo para votarlo hoy, sería un avance significativo en materia de seguridad penitenciaria, especialmente frente a la crisis de seguridad que vive el país y la situación en nuestras cárceles. Creo que este proyecto debe avanzar. Es una indicación sustitutiva del Ejecutivo, y en un tema donde hemos logrado transversalidad, podríamos avanzar con mayor celeridad. La diputada informante, Lorena Fríes, contó con la aprobación de la diputada Plasencia. Estoy convencido de que existen las condiciones para que izquierda y derecha se unan en este punto y podamos avanzar en un tema tan crucial como es la seguridad de los chilenos. Espero que en esta oportunidad logremos ese acuerdo tan importante para nuestra nación.
Gracias, Presidenta. ¿Habría unanimidad ante la solicitud del diputado Araya? No hay acuerdo. Muchas gracias. Iniciamos la tabla de fácil despacho. Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre del año 2023, correspondiente al boletín 17.722-10. Para la discusión de este proyecto, se otorgará la palabra por dos minutos a un máximo de cinco diputadas o diputados de distintas bancadas.
Rindo el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. En mi calidad de diputado informante, me corresponde informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre del 2023. Este tratado señala que la Comunidad de Policías de América, AMERIPOL, fue creada el 14 de noviembre de 2007, durante el tercer encuentro de directores, comandantes y jefes de policía de América Latina y el Caribe, en Bogotá, Colombia. En dicha instancia, AMERIPOL se estableció como un mecanismo de cooperación policial destinado a fortalecer la asistencia técnico-científica, la capacitación y la doctrina, así como el intercambio de información para la prevención y neutralización del crimen organizado.
El Tratado Constitutivo de AMERIPOL sustituye la estructura anterior de 2007 y formaliza su consolidación como una organización internacional, siendo firmado en noviembre de 2023 en la ciudad de Brasilia, por Chile junto a otros doce países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Expresa asimismo que el principal objetivo...
La Ameripol consiste en viabilizar y reforzar la actuación articulada y recíproca de los cuerpos de policía y seguridad pública de los Estados miembros, así como su cooperación mutua en la prevención, investigación y combate de los fenómenos criminales transnacionales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Su sede matriz se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia. En la consecución de estos objetivos, la Ameripol se ha posicionado como el primer mecanismo de cooperación policial con carácter de instrumento permanente y efectivo entre cuerpos de policías e instituciones homólogas. En este sentido, la Ameripol se ha consolidado como la red más importante de la región en lo que respecta a cooperación policial, siendo la tercera en relevancia después de Interpol y Europol.
En el caso de Chile, la pertenencia a esta organización fortalece la capacidad de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en la prevención y combate contra el crimen organizado transnacional y otros delitos. Al mismo tiempo, proporciona un marco legal para la cooperación policial y fomenta la colaboración entre los cuerpos de policía y seguridad pública de los países miembros.
El presente tratado cuenta con un preámbulo que indica que las partes, al momento de la adopción del tratado, tomaron en cuenta, entre otras consideraciones, el interés general de proteger a sus pueblos de las consecuencias del crimen organizado transnacional en sus diversas y mutantes modalidades, así como la importancia de actuar de forma dinámica y articulada en beneficio de la paz y la seguridad pública. Lo anterior se fundamenta en la convicción de que la cooperación policial internacional es una medida necesaria para enfrentar el crimen en el continente. Asimismo, se manifiesta que la Ameripol debe ser un referente internacional en materia de seguridad pública y facilitar la prevención, investigación y combate de las amenazas provenientes del crimen organizado transnacional, así como de los nuevos delitos y tendencias emergentes.
El tratado incluye veintitrés artículos que despliegan sus disposiciones sustantivas, tales como la constitución, misión, definiciones, funciones, funcionamiento y administración, sistema de información y protección de datos, presupuesto, personalidad jurídica, privilegios e inmunidades, disposiciones finales y entrada en vigencia, así como un apartado con una disposición transitoria relativa al acuerdo sede, lo cual omitiré desarrollar en aras del tiempo, dado que se encuentra ampliamente explicitado en el informe que mis colegas tienen en su poder.
A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Canciller Alberto von Klaveren Stoch, Ministro de Relaciones Exteriores; el señor Pedro Ortúzar, Director subrogante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el señor Luis Pradena, jefe de la División de Control y Planificación de las Policías del Ministerio de Seguridad Pública; el señor Rafael Collado González, subsecretario de Seguridad Pública; el general inspector señor Enrique Monraz Álvarez, en su calidad de general director subrogante de Carabineros, acompañado por el general de Justicia Jaime Elgueta Burgos; el teniente coronel Cristian Moraga Martínez, ayudante del general director subrogante; y el señor Eduardo Serna Lozano, director general.
De las Policías de Investigaciones, acompañado por el prefecto inspector Eric Mena y el subcomisario Roberto Guayquimil Árabe. Durante la discusión, las señoras diputadas y señores diputados destacaron la necesidad de coordinación policial para enfrentar el crimen transnacional y la importancia de que participen países vecinos, recalcando que la participación de Chile responde a un interés nacional, dado que el país se enfrenta hace años al crimen organizado transnacional.
No obstante, algunos de ellos manifestaron su inquietud por el costo que tendría para el Estado chileno la incorporación a este tratado. Se discutió el valor agregado que tendría su aprobación, considerando que AMERIPOL ya opera desde el 2007 con buenos resultados, y lo que ocurriría si Venezuela adhiere posteriormente a este tratado, dado el riesgo que implicaría compartir información con un país con el que Chile ha tenido experiencias negativas en materia de cooperación. Estas inquietudes fueron despejadas por el señor director general, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, y por el señor subsecretario de Seguridad Pública, quienes aclararon que la cuota de participación sería fijada en la ley anual del presupuesto, a diferencia de lo que ocurre hoy, donde los gastos que dicha cooperación demanda se cubren por el presupuesto institucional.
Respecto al valor agregado que tendría la ratificación de este tratado, se hizo presente que desde el 2007 AMERIPOL ha funcionado gracias a la voluntad de los jefes de policías y no de los Estados, lo que limita su alcance. En relación a Venezuela, el tratado limita el acceso al sistema de datos a los Estados miembros, diferenciando su estatus del observador.
Sometido a votación, el proyecto de acuerdo en estudio fue aprobado por diez votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señora Castilla, doña Nathalie del Real, doña Catalina Muñoz, doña Francesca Yanco, doña Erika, y los diputados señores González, don Félix Labbe, don Cristian Belisic, don Vlado Mirosevic, don Cristian Charper, don Diego Undurraga y don Alberto.
Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que la Comisión no calificó como norma de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión decidió recomendar a esta Honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo cuyo texto se contiene en el referido informe. He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias, estimado Diputado Moreira. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Carlos Bianchi, que no lo veo en la sala. ¿Hay alguien de la Comisión de Hacienda? Diputado Sauerbaum, por favor. Honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en primer trámite constitucional en lo relativo a la incidencia presupuestaria el proyecto de acuerdo originado en el mensaje de su excelencia el Presidente de la República que aprueba el Tratado Constitutivo en la Comunidad de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre.
En representación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, concurrió el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso. Igualmente, en representación del señor Ministro de Seguridad Pública, concurrió el Subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado González.
La finalidad del proyecto es reconocer formalmente a la organización articulada y recíproca de cuerpos de policía y seguridad pública, denominada Comunidad de Policías de América, AMERIPOL, creada en noviembre de 2007 para su cooperación mutua en la prevención, investigación y combate de los fenómenos del crimen organizado transnacional. Esto se llevará a cabo mediante la aprobación del tratado constitutivo, que, por una parte, consolida el organismo internacional brindándole un marco normativo para el intercambio de información en el trabajo policial conjunto, y, por la otra parte, refuerza e incentiva a las policías de otros países a sumarse para el logro de objetivos comunes, todo ello en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales.
En cuanto a su estructura, el tratado cuenta con un preámbulo que consigna los antecedentes y consideraciones que motivaron a sus miembros a adoptarlo, 23 artículos de disposiciones sustantivas y una disposición transitoria relativa al acuerdo sede. Las principales materias reguladas son el interés general de proteger a sus pueblos de las consecuencias del crimen organizado transnacional, así como la importancia de actuar de forma dinámica y articulada en beneficio de la paz y la seguridad pública. Se consagra como un organismo de cooperación policial internacional con personalidad jurídica, además de constituir un mecanismo integrado, dinámico, efectivo y permanente para reforzar la actuación articulada y recíproca de los cuerpos de policía y seguridad de los Estados partes.
Para el cumplimiento de su misión, se dispone la coordinación y cooperación policial internacional, facilitando el intercambio de información y análisis criminal, generando estadísticas y conocimientos especializados, brindando asistencia técnica y apoyando investigaciones conjuntas, entre otras funciones. Se establece con personalidad jurídica, privilegios e inmunidades.
En lo que respecta a su incidencia presupuestaria y efectos fiscales, la Comisión Técnica de Relaciones Exteriores estimó que sus preceptos no debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Aunque el monto estimado tendría una incidencia presupuestaria relevante, no afectará al presupuesto vigente, sino al del año 2027, dado que el tratado se firmará en 2026 y la obligación de pago solo se reflejará en el presupuesto nacional de 2027. Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo que para 2026 no existirían impactos fiscales efectivos. No obstante, la Dirección de Presupuestos acompañó al proyecto de acuerdo el informe financiero número 195, que declara efectos sobre el presupuesto fiscal, razón por la cual la Sala de la Cámara remitió el proyecto a la Comisión de Hacienda.
En el informe de la DIPRES se señala que el monto del pago de las cuotas por los países miembros que financiarán a la organización AMERIPOL dependerá de lo que determine la referida organización y también de cuotas voluntarias, compuestas de una Asamblea General, Presidencia y Secretaría Ejecutiva, lo que estará sujeto al plazo de entrada en vigor del tratado. El gasto fiscal que erogue el pago de cuotas se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los integrantes de la Comisión valoraron la idea matriz de la iniciativa, aunque manifestaron aprehensiones respecto a la no estimación del gasto y su eventualidad, así como el hecho de que, aunque el tratado está abierto a cerca de 28 o 29 países, solo 12 lo firmaron inicialmente. Por su parte, el Ejecutivo precisó que cada Estado parte deberá adoptar, conforme a su ordenamiento interno y a sus obligaciones internacionales, las normas que permitan operar el sistema de información. Por ello, cualquier traspaso de datos deberá ajustarse a la normativa chilena, lo que es habitual en tratados de cooperación policial.
Respecto de la diferencia entre los países que integran hoy AMERIPOL y aquellos que han firmado el tratado, se mencionó que AMERIPOL funciona actualmente como una red de policías, por lo que la membresía depende de las instituciones policiales participantes y no de la firma estatal del tratado. Cada país puede aportar una o varias policías, lo que explica la existencia de numerosos miembros operativos que no coinciden necesariamente con los Estados que han ratificado el instrumento. Este modelo es especialmente necesario en delitos como la trata de personas, donde existe desplazamiento entre países, y la dinámica consiste en intercambiar información, confirmar la presencia de bandas en cada territorio y ejecutar acciones paralelas dentro de las competencias nacionales correspondientes. En definitiva, la Comisión concordó en que el crimen organizado está afectando a toda América y que se requiere una acción mucho más consistente.
Para enfrentarlo, el propósito del tratado es obligar a los estados a trabajar conjuntamente, asumiendo compromisos y recursos que ya no serían voluntarios. Indicó que el tratado regulará esa colaboración estatal y que corresponde decidir si se suscribe o no, anunciando que la propuesta será puesta en votación. El texto del acuerdo fue aprobado por la mayoría de los ocho integrantes presentes: diputados Boris Barrera, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Miguel Mellado, Juan Santana, Frank Sauerbaum y el diputado informante, don Carlos Bianchi. Se abstuvo el diputado Felipe Donoso. En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la iniciativa de ley en los términos informados.
Para iniciar el debate, ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En este tratado no veo una mejora o un aumento en la gestión policial de nuestro país, en comparación con la participación en Interpol, que es una agencia internacionalmente reconocida, con estructuras formadas y donde la cooperación entre las policías ha alcanzado una satisfacción general entre los participantes. ¿Por qué duplicar una estructura que ya existe? Ameripol se está creando como una estructura que, a nivel latinoamericano, solo parcializa las funciones de Interpol. Lo que estamos creando es una competencia para la Interpol, lo cual no me parece razonable. Ya estamos invirtiendo recursos y esfuerzo en Interpol, y ahora se nos presenta una nueva agencia en la que también se nos pide participar. Eso es como ser miembro de dos clubes deportivos rivales al mismo tiempo, no tiene sentido. A menos que alguien pueda explicar realmente la utilidad de esta nueva organización, no veo por qué debiésemos comprometer los escasos recursos que tenemos como país en otra organización internacional de dudosa efectividad.
Muchas gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidente. No iba a tomar la palabra, pero en vista de lo expuesto por el parlamentario que me antecedió, creo que es necesario. Es importante que quienes formamos parte de las comisiones informemos a nuestros comités sobre los contenidos de los proyectos. Este proyecto viene a reforzar algo que las mismas policías han solicitado, ya que se organizan en Ameripol y comparten información de manera práctica, incluso sin un tratado. Se han logrado arrestos de personas que cometen delitos en un país y escapan a otro. Si no, ¿cómo se podría hacer sin el intercambio de información entre las policías? Estamos hablando de delincuencia común, no de cuestiones de inteligencia, sino de acción y coordinación policial transfronteriza.
Es importante aprobar este proyecto porque muchas veces los funcionarios de la policía chilena deben buscar a personas en otro país, y al cruzar la frontera pierden todas sus capacidades y entran como civiles. Por eso es crucial que puedan actuar como policías en el extranjero para realizar detenciones y traer a nuestro país a quienes deben ser juzgados. La información que fluye entre las policías de Ameripol es vital para enfrentar el crimen organizado. ¿Qué es lo que piden las policías? Un resguardo jurídico, y eso es precisamente lo que establece este tratado. Por ello, debemos aprobarlo.
Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Félix González. Se ofrece la palabra. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Esto es correspondiente al boletín 18036-05. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Luis Alberto Cuello. Diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. La Comisión de Hacienda pasa a informar, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley originado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Concurrieron en representación del Ejecutivo el Ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau, y el Ministro de Trabajo, señor Giorgio Bocardo, la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y la Subdirectora de Racionalización y Función Pública, señora Taliana Hernández.
La Comisión también escuchó las opiniones técnicas de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, y la Presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, señora Paula Benavides, así como las posiciones de centros de estudios académicos y representantes de las diversas asociaciones de funcionarios del sector público. La idea fundamental de la iniciativa es reconocer, por una parte, el trabajo que realizan los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes frente a los requerimientos de la ciudadanía, mediante un reajuste salarial y otros beneficios, y, en el marco del fortalecimiento de la función pública, abordar diferentes temas de amplio alcance en materias referidas a los trabajadores que permitan generar mejores condiciones laborales a los servidores públicos, hombres y mujeres, todo ello en el contexto del Protocolo de Acuerdo 2025, suscrito entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, conformada por diferentes organizaciones gremiales que incluyen varias propuestas de soluciones para diversos temas pendientes que fueron tratados en el debate de la recién aprobada Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.
En particular, mediante 129 artículos, la normativa en trámite propone un reajuste general del 2% a contar del 1 de diciembre de 2025 a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles o no imponibles, de los trabajadores del sector público. Posteriormente, a contar del 1 de junio de 2026, se agregará otro incremento de 1,4%, alcanzándose así un reajuste final de 3,4%. El proyecto reajusta luego en un 3,4% los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos de vacaciones, bonos de escolaridad, los cuales pasaron a tener carácter permanente desde el año pasado y mantienen su calidad de no imponibles ni tributables. Estos aguinaldos serán de cargo fiscal en el caso de trabajadores de órganos y servicios centralizados, mientras que los descentralizados serán financiados con recursos propios, sin perjuicio de percibir suplementos presupuestarios desde el Ministerio de Hacienda.
El aporte anual a los servicios de bienestar se fija en 170.000 pesos, mientras se concede un bono de acuerdo diferenciado en dos tramos de 150.000 y 75.000. Se mantiene también un ajuste diferenciado del 5% para las remuneraciones de menor monto, se renuevan las asignaciones ajustadas para el personal de la región de Atacama, para los funcionarios del Servicio Médico Legal, y se eleva la remuneración de corte para el personal que percibe asignación de zona. El proyecto de ley incrementa el monto global de recursos del bono trato usuario, incrementa el componente base de la asignación de modernización de Junji de 12% a 14%, y renueva el plan de egreso para los trabajadores de los programas proempleo y mejoramiento urbano. Para el sector pasivo se establecen y detallan montos para los aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad y bonos de invierno.
En otros asuntos diversos de personal, se extiende hasta el 2028 la opción regulada de teletrabajo para la administración central, los gobiernos regionales, las universidades del Estado, el Consejo Fiscal Autónomo y los centros de formación técnica del Estado. En los establecimientos de educación escolar y atención primaria de salud municipal, se establece una contribución fiscal al financiamiento de la cotización de cargo del empleador resultante de la reforma de pensiones. Se crean seis cargos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se declara que la asignación de guardaparques en condiciones de aislamiento se otorgará también al personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Nacional de Forestal (SERNAFOR) o el Servicio de Bienestar y Asistencia Profesional (ESBAP).
Se crea una asignación de turno para funcionarios que se desempeñen en puestos de trabajo que requieran atención las 24 horas, en el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Además, se concede la bonificación de estímulo por desempeño a los estamentos administrativos y auxiliares del Consejo de Defensa del Estado, disminuyendo los porcentajes del presidente del consejo, los consejeros y directivos.
En lo referido al incentivo al retiro, se extienden plazos y cupos para funcionarios del Congreso Nacional, la Justicia Electoral y universidades del Estado, estableciéndose como permanente para el caso de médicos y el Poder Judicial. Se modifican también las normas para funcionarios de la ley ANEF, JUNJI y los empleados municipales. Se elimina como causal de cese de funciones el cumplimiento de los 75 años de edad para las autoridades unipersonales de la administración, las autoridades de elección popular y los académicos de universidades del Estado.
En lo relativo al personal regido por el Código del Trabajo, se regula la aplicación de la ley de 40 horas, específicamente en el pago de las remuneraciones, y se faculta al Presidente de la República a dictar un decreto con fuerza de ley sobre la materia. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se crean 14 cargos en la planta directiva para las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble. En el ámbito de la salud, se establece que la jornada de las médicas embarazadas no excederá de 44 horas semanales, las que deberán cumplirse íntegramente en horario diurno, y se declaran bien pagados los montos percibidos en exceso por el personal traspasado desde el Hospital Padre Hurtado al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, por aplicación de la planilla suplementaria.
En educación, se dispone un bono compensatorio para los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de municipios o corporaciones municipales, cuyo traspaso de servicio educativo a los servicios locales de Antofagasta y Valle Cachapoal ha sido postergado. Asimismo, se regula el componente variable del bono por desempeño laboral a los asistentes de la educación de los jardines VTF y establecimientos sin evaluaciones SIMCE para el año 2026.
En la Ley de Planta de Funcionarios Municipales, se establece que la formulación de políticas de recursos humanos deberá escuchar la opinión del comité bipartito e incluir los indicadores que deberá contener el informe de evaluación sobre su implementación. Se faculta al alcalde para decretar excepcionalmente la vigencia anticipada de la nueva planta de personal. Se reduce de 30 a 15 días el plazo para deducir el requerimiento de remoción de alcaldes y concejales por haber incurrido en negligencia inexcusable en la proyección de ingresos y gastos de la nueva planta. Se traspasa personal de honorarios a la contrata y se asegura el derecho a fuero maternal del personal de salud contratados en calidad de suplente o reemplazo.
La norma en trámite propone que la no renovación de los cargos a contrata deberá ser fundada, sustentada en criterios objetivos e informada a la Contraloría General de la República, asistiendo al funcionario el derecho a reclamar cuando tenga más de dos años de antigüedad. El personal de asesoría directa, en cambio, deberá renunciar a su cargo a más tardar el 11 de marzo del año 2026.
El proyecto de ley contiene también numerosas normas relativas a materias misceláneas. De esta manera, se extiende el Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso de 2026 a 2028, se modifica el calendario de instalación de 13 servicios locales de educación pública, se suspende hasta 2027 el reavalúo de bienes raíces que correspondía realizar en 2026 y, para el año 2028, el reavalúo agrícola del 2027. Se establece una ventana de seis meses para que los contribuyentes puedan solicitar la rebaja del impuesto territorial sin límite de tiempo aplicable.