Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 14 de enero de 2026

Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 232 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, muy buenos días, dará lectura de la cuenta. Se ha recibido solamente un reemplazo para esta sesión, don Félix González en lugar de doña Carolina Tello. Esa es toda la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Fanzalida tiene la palabra. Se establece un plazo para poder hacer indicaciones hasta el jueves, para que así la Secretaría pueda, cuando lo veamos el lunes en la sesión, tener todo en el comparado y lo pueda digitalizar. Han llegado varias indicaciones, por lo que se acuerda que el plazo para presentarlas será hasta mañana, todo el día. Vamos a partir con el orden de la presente sesión, que tiene por objeto iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en mensaje, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, correspondiente al Boletín N° 17.640-06, con vencimiento de la urgencia el 19 de enero.

El proyecto de ley está presente y le doy los buenos días al ministro del Interior, el señor Álvaro Elizalde Soto. Además, en forma telemática, está el señor Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, a quien también le damos la bienvenida. Ministro, muy buenos días, y le ofrezco la palabra para que nos exponga sobre el proyecto. Usted sabe que hace tiempo en Chile se viene discutiendo la necesidad de establecer incentivos que enfrenten el creciente fenómeno de atomización de nuestro sistema político. Esto es fundamental para avanzar hacia partidos políticos y movimientos que tengan mayor representatividad, promoviendo que las distintas corrientes de opinión en el país se expresen adecuadamente en una democracia que respeta la diversidad. En este contexto, se han realizado una serie de emplazamientos al gobierno para que asuma un rol en esta materia, provenientes de diversos actores de todo el espectro político. Los senadores presentaron una moción que fue aprobada por amplia mayoría en el Senado, la cual aún no ha sido votada en la Cámara y fue despachada por la Comisión de Constitución. Esta moción establece dos normas fundamentales: una es un umbral para la elegibilidad, que estipula que los partidos que obtengan menos del 5% en el origen parlamentario no podrán elegir representantes; la segunda norma establece que la renuncia a un partido político implica la pérdida de escaños. Este proyecto ya fue despachado por la Comisión de Constitución, pero hasta el momento no cuenta con el apoyo necesario para su aprobación en la Cámara. En este sentido, el gobierno ha ingresado una iniciativa propia, que es un mensaje, un proyecto de reforma legal que establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos. El diagnóstico que se ha planteado es que parte importante del proceso de atomización se puede denominar como atomización desde la élite. Cuando hablamos de la irrupción de nuevos movimientos políticos que traen ideas frescas, se contribuye a que ingrese aire nuevo al sistema político, siempre que cuenten con apoyo popular y ciudadano. Sin embargo, el fenómeno que hemos observado recientemente es que los mismos de siempre son elegidos por los partidos de siempre, y una vez elegidos, se dividen y subdividen, constituyendo nuevos partidos. Esto ha llevado a que se inicie una legislatura con un número determinado de partidos y se termine con una cantidad significativamente superior de representación parlamentaria, sin que haya mediado un nuevo acto electoral. Muchas de estas divisiones están relacionadas con pugnas personales y temas de liderazgo, pero no necesariamente con diferencias ideológicas sustantivas. El diagnóstico es claro: necesitamos partidos más representativos, que logren una mejor representación de las corrientes de opinión. Este proyecto es, por tanto, muy simple y acotado. En primer lugar, establece requisitos más exigentes para constituir partidos, exigiendo que para su formación no basten las firmas en tres regiones contiguas, sino que se requieran como mínimo firmas en ocho regiones, sean contiguas o no. Esto es relevante, dado que los partidos regionales fueron concebidos como tales, pero hemos visto que hay partidos nacionales que utilizan la inscripción de partidos regionales como un paso para su constitución. Salvo probablemente el Partido del Sur, que tuvo éxito en los años noventa, en general, los demás partidos han tenido vocación nacional, constituyéndose en todas las regiones del país. Por lo tanto, la primera reforma se relaciona con que las firmas obtenidas sean en ocho regiones y no solo en tres. En segundo lugar, se establece un aumento, restableciendo la norma que existía antes del proceso de refichaje, que es del 0,5% del padrón electoral. No olvidemos que con el proceso de refichaje se bajó la norma a un 0,25% de los que participaron en la última elección.

Al mismo tiempo, la ley establece hoy que hay un mínimo de 500 firmas por región, aplicable a cuatro regiones. Sin embargo, dado que ahora se incrementará el número de firmas, este guarismo se elevará a 1.850, a través de una indicación presentada en el Senado. Además, este proyecto elimina lo que hemos denominado ciertos sentidos perversos, que es la constitución de partidos para el solo efecto de obtener financiamiento público. Por tanto, se establece que para acceder a financiamiento público, el partido debe tener representación parlamentaria, es decir, haber participado en una elección parlamentaria y contar con representación. En lo que respecta a la constitución de partidos políticos, el proyecto también reconoce formalmente los comités o bancadas a nivel legal. Aunque existe una referencia en la Ley Orgánica y Constitucional del Congreso Nacional a las bancadas, no hay una regulación más amplia en el ámbito legal, y la regulación actual tiene rango infralegal, es decir, se encuentra en los reglamentos de las respectivas corporaciones y cámaras. Nosotros habíamos propuesto una regulación más ambiciosa, que consistía en que ciertas cuestiones fundamentales tuvieran regulación legal, particularmente el hecho de que el jefe de bancada, elegido por la bancada, determinara la conformación de las comisiones, es decir, quiénes representan a la respectiva bancada. Esto está en los reglamentos de las cámaras, pero no en la ley. Hemos observado un fenómeno en el que personas elegidas por una determinada fuerza política cambian de bancada, llegando a estar en cuatro bancadas distintas. Sin embargo, solo se aprobó el reconocimiento legal de las bancadas, y la norma que se aprobó no recogió los elementos más sustantivos que había propuesto el Ejecutivo en su momento. Por último, hay normas transitorias que indican cuándo entran en vigencia los cambios legales. Las modificaciones relativas al financiamiento entrarán en vigencia el año siguiente a la publicación de la ley. Las modificaciones a los comités parlamentarios entrarán en vigencia si el proyecto se aprueba, se promulga y publica antes del 11 de marzo, es decir, con el nuevo mandato de los parlamentarios en la próxima legislatura. También hay una norma transitoria respecto a la firma de los partidos actualmente constituidos, en función del aumento de los requisitos. Finalmente, se establece una restricción para los fundadores de partidos, quienes son los que firman la escritura pública, que pueden ser hasta 100. Estos no podrán ser candidatos por otro partido político dentro de los cuatro años siguientes a la presentación de la declaración para la fundación de un partido, con el fin de otorgar seriedad y responsabilidad. Quiero ser claro en este punto, ya que en otros países del mundo se entiende que el compromiso militante es un compromiso sustantivo que conlleva costos y beneficios. En Chile, hemos tendido a entender la militancia solo como asociada a los beneficios, sin considerar los costos que implica. Lo que se busca es que exista un compromiso más sustantivo por parte de quienes deciden militar en un partido político y representarlo en el Parlamento. Ese es el sentido del proyecto que se ha presentado y que está sometido a consideración de esta Comisión. Muchas gracias, señor Presidente. A continuación, le doy la palabra a nuestro invitado que se encuentra de forma telemática, don Jorge Ramírez, coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, para luego proceder a las preguntas. Diputado Berger, tiene la palabra.

Quedó claro. ¿Cuál va a ser el porcentaje para los partidos en formación y el porcentaje también para los partidos que ya están formados o constituidos, para que puedan seguir subsistiendo? Agradecería que nos pudiera aclarar con mayor detalle esta situación. Muchas gracias. Diputado Fuenzalida, tiene la palabra el diputado Franzalié. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a los invitados y a los asesores. No sé si maneja la información de cuántos partidos sin representación parlamentaria, al día de hoy, reciben financiamiento de la ley y a cuánto ascendería este monto total. Porque estaba revisando el comparado y efectivamente se hacen varias modificaciones en materia de financiamiento, y se agrega un requisito más, que es el tener que contar con representación parlamentaria. Entonces, me gustaría saber, a la fecha de hoy, qué partidos que no tienen representación están recibiendo financiamiento y a cuánto ascendería este monto, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Entiendo que no es el momento para hacer el debate de fondo, pero sí para plantear algunas preguntas críticas. Este proyecto, bueno, somos todos incumbentes. Quiero señalar también que no sé si llegó mi reemplazo, presidente. Estamos en un proceso de inscripción del Partido Ecologista Verde Animalista, y por lo tanto es un esfuerzo que debemos hacer todos, no solo pensando en lo que nos conviene, sino en dejar un sistema de inscripción de partidos que sea lógico y razonable, y que pueda resolver algunos de los problemas que se han planteado. Dentro de esto, que de pronto aparece un partido, siempre va a tocar a alguien, así que les pido disculpas si tienen militancias ahí. En este mismo periodo de la UDI, salió el Partido Republicano, del Partido Republicano al Partido Nacional Libertario, y uno pensaba que llegaba hasta ahí, pero está el senador Edwards incluyendo otro. Y, bueno, nosotros, yo solamente militaba en un partido, el Partido Ecologista Verde, que ahora se llama Animalista, y creo que tenemos derecho a inscribirnos. Quisiera preguntarle al ministro, y lo quiero hacer con un respeto total, yo sé que es incómodo hablar de los partidos donde militamos, pero entiendo que el Partido Socialista es un partido fuerte, y este proyecto argumenta que quiere partidos fuertes. Tiene senadores, diputados, ministros, concejales, cores y alcaldes. Sin embargo, en la Comisión de Gobierno del Senado, cuando el ministro aquí presente le hace ver a la presidenta de la comisión, que además es presidenta del Partido Socialista, un ministro que también fue presidente del Partido Socialista, dice: "ojo, que los partidos que ya están inscritos igual van a tener que juntar firmas, porque tienen que llevar por lo menos la mitad de lo que se les está pidiendo a los partidos nuevos". Por lo tanto, tienen que completar la cuarta parte, porque ya tienen una cuarta parte de lo que se va a pedir. Para ser muy concreto, en la Región Metropolitana, este proyecto les pide a los partidos nuevos 30.000 afiliados, solo para la Región Metropolitana. Hoy día son 6.700. Entonces, el Partido Socialista y los otros partidos van a tener que llegar por lo menos a 15.000, les faltan 7.500 para redondearlo. Y la presidenta de la Comisión de Gobierno dice: "bueno, en seis meses no alcanzamos, ojo, ¿por qué no es mejor un año?" Está en el video de la comisión, estoy tratando de ser fiel a lo que se dijo. Y termina siendo un año y medio. O sea, el Partido Socialista, a propósito de lo que dice responsablemente la presidenta de su partido y presidenta de la Comisión de Gobierno, dice: "necesitamos un año y medio para juntar la cuarta parte". Eso significa que el Partido Socialista, para juntar lo que se nos pide a nosotros, necesita seis años. A los partidos nuevos se les da siete meses. Entonces, la pregunta es si es razonable pedir 30.000 firmas para la Región Metropolitana y todo lo que se pide en el resto de Chile. Porque si es razonable, entonces júntenlo ustedes también. Eso le diría yo a todos los partidos que están inscritos. Por eso hemos presentado ciertas indicaciones para que el mantenerse como partido sea más accesible.

No se trata de juntar las firmas y bajar a la mitad, sino que al menos un 80%. Eso tendría que obligar a todos a reunir las firmas necesarias. No nos pidan a nosotros lo que los partidos fuertes, ¿cierto?, no están capacitados para hacer o no sienten que sean capaces de hacer. La pregunta para el ministro es si le parece razonable la cantidad de firmas y por qué el Partido Socialista necesita seis años para ello. En cuanto al financiamiento de los partidos que no tienen representación parlamentaria hoy día, es algo así como quinientos mil pesos mensuales por cada región que tengan inscritas. Hay partidos que tienen tres regiones, lo que reciben es trimestral, por eso se traduce en cuatro millones y medio o seis millones. Si tienen cuatro regiones, son dos millones al mes. Además, la ley obliga a los partidos a tener un administrador o administradora general de fondos, que debe ser un profesional con al menos una carrera universitaria de cuatro semestres y con responsabilidad penal. En algunos partidos ha habido gente voluntaria, pero si uno paga eso, no alcanza con los fondos. No veo en la práctica un incentivo económico sobre el financiamiento de esa parte, que corresponde al 20% de los fondos que se entregan al Estado, que son siete mil millones. De esos, cerca de mil cuatrocientos millones son por las regiones, pero se reparten también a la UDI, al PPD, al Partido Socialista y a todos los partidos grandes, que se llevan casi todo. Por lo tanto, el financiamiento para los partidos que no tienen representación parlamentaria es muy pequeño, lo que parece desproporcionado, sobre todo ahora que, debido a que votó más gente, esos siete mil millones se transformarán en quince mil millones. Los partidos nuevos, como el partido de Rojo Edwards, si se inscriben, tendrán cero. Además, se les exige tener sede donde el Servel pueda ir a buscar la documentación, revisar las carpetas, y se les pide tener contador, administrador general de fondos y una auditoría externa. Lo que la ley exige es mucho más costoso que los fondos que se pretende quitar, bajo el argumento de que es un incentivo para que se creen partidos. Respecto de los fundadores, estoy de acuerdo, pero son muy pocas las personas que quedarían con esa restricción. Presentamos una indicación porque se dice que el partido que intentó inscribirse, poco menos, no podrá presentarse por ningún partido y perderá los derechos ciudadanos, lo que considero inconstitucional. Si el financiamiento es un incentivo para crear partidos que no tienen un sustento político, entonces mejor rebajemos los fondos para las campañas, que es donde están los recursos. Y si se quieren poner restricciones a quienes se van a postular, cambiemos la ley para que, en lugar de un año, sean dos años, y que afecte a todos. Me parece que es muy casuístico, persiguiendo a las personas que fundan partidos para desincentivar su creación. Si observan en el Servel, la cantidad de intentos de partidos es diez veces mayor que la de los partidos que efectivamente se constituyen. La cantidad de intentos de escritura de fundación que no llegaron a nada es significativamente mayor, y muchos ni siquiera alcanzan a aparecer en la página del Servel. Con la duplicación de las firmas, solo por el hecho de que votó más gente, me atrevería a decir que gran parte de los partidos que se inscribieron no podrán hacerlo, solo porque ha aumentado la cantidad de firmas requeridas. Si se toma como base el padrón, van a subir más, y si además se duplica el porcentaje, se cuadruplicará y quintuplicará la cantidad de firmas. Esa es una barrera suficiente para que los partidos, en teoría, se inscriban solo para molestar, y el financiamiento, como he mencionado, es bastante exiguo. La verdad es que la cantidad de firmas es lo que realmente va a determinar su viabilidad.

La verdadera barrera. Discutamos cuántas son las firmas, pero que el Partido Socialista, la UDI, todos los partidos, el Partido Republicano, Renovación Nacional, tengan que juntar firmas, porque queremos que sean partidos fuertes. Yo quiero que el Partido Socialista sea un partido fuerte también. Gracias, presidente. Gracias, diputado Félix González. Ministro, tengo dos preguntas básicas. ¿Qué pasa con esta ley respecto a los partidos políticos que tienen representación local, es decir, alcaldes, concejales, y cores, pero no tienen parlamentarios? ¿Quedan sin financiamiento? La ley habla de parlamentarios, senadores y diputados, pero ¿qué sucede con esos partidos que sí tienen representación local? Creo que esto también debe ser considerado en la reforma al sistema político. La segunda pregunta es sobre los fundadores. Si un partido se intenta fundar y no logra el mérito, pero se junta con otro partido, ¿los cien fundadores podrán postular a candidatos por este nuevo nacimiento del partido, o quedarán restringidos porque eran fundadores de un partido que no logró su objetivo y estarán muertos durante cuatro años? Le doy la palabra, ministro. La primera pregunta del diputado se refiere al porcentaje de constitución. Aquí hay una confusión, porque el proyecto no modifica todas las normas vigentes. Hay normas que están vigentes y no se tocan. Por ejemplo, existe una norma que establece que los partidos que no obtengan el 5% de los votos y no tengan cuatro parlamentarios pierden su existencia legal. El proyecto no modifica eso. He leído que hay indicaciones para establecer excepciones, pero el proyecto no aborda esa cuestión. Tampoco se modifica la norma respecto de la subsistencia legal de los partidos, que señala que una vez que se obtiene el porcentaje exigido por la ley, se mantiene el reconocimiento en la región, siempre que no se pierda más de la mitad de los militantes. Esa norma vigente no se toca. Es aquí donde se produce la confusión a la que se ha hecho referencia, por cierto, en la intervención del diputado González. Esa norma no se modifica ni se está cambiando especialmente para este proyecto. Lo que hace este proyecto es aumentar del 0,25% de los que participaron en la última elección al 0,5% del padrón. La participación electoral en la última elección fue de más del 80%, por lo tanto, ya se requieren más firmas para constituir un partido, aunque no se modifique nada. El salto es de 0,25 a 0,5 en rigor. No se cuadruplica la norma vigente, se duplica, porque la participación electoral aumentó como resultado del voto obligatorio. Ese es el cambio real; cualquier partido que se constituya hoy deberá hacerlo sobre la base de la participación de la última elección, que fue superior al 80%. Antes teníamos participación en algunos casos menor al 50%. Por lo tanto, no es que se esté cuadruplicando el porcentaje respecto a la norma vigente, se está duplicando. En cuanto a quiénes reciben financiamiento público, todos los partidos constituidos legalmente comienzan a recibir financiamiento público. Actualmente, tenemos 24 partidos constituidos y, conforme a la norma permanente, 13 partidos perderían su reconocimiento legal. Hay un debate sobre si se consideran los parlamentarios del periodo anterior o no, y ahí podrían ser dos los que estén en una situación distinta. Pero, en resumen, 13 partidos perderían su reconocimiento legal de acuerdo a la última elección, si no hiciéramos ningún cambio. Si modificamos la ley, se aplican las normas vigentes, y tampoco tocamos esa norma. Respecto al tema de la cantidad de firmas, el diputado González hizo referencia a mi militancia. Esto no tiene que ver con un partido en particular, ya que la propuesta del Ejecutivo eran seis meses. Fueron los senadores quienes plantearon la ampliación del periodo. No tenemos ningún problema en volver a la norma de seis meses, y si queremos equipararlo con la constitución de partidos políticos, podemos establecerlo en siete meses, que es el mismo plazo para todos.

Eso fue un planteamiento que hicieron los senadores. Y, obviamente, tampoco nosotros nos opusimos, se trata de avanzar en la tramitación del proyecto. Sin embargo, el proyecto del Gobierno hablaba de seis meses, no de dieciocho. Por tanto, si alguien desea restablecer la norma original del Ejecutivo, no tenemos inconveniente en que así sea, y que sea un plazo más acotado. Respecto a su pregunta, presidente, lo que sucede es que solo se pueden fusionar los partidos que tienen reconocimiento legal; no se puede fusionar un partido que no tiene tal reconocimiento. Efectivamente, la norma establece que las cien personas que forman un partido político como fundadores, sean exitosos o no en el proceso de recolección de firmas, no pueden ser candidatos. La norma no distingue en este aspecto. Plantear que un partido en formación que no se pudo constituir se fusione con un partido reconocido legalmente no es posible. Sin embargo, las personas pueden ingresar al nuevo partido. Un buen ejemplo es el Frente Amplio, que tenía tres partidos que concurrieron a su conformación, pero uno de ellos perdió el reconocimiento legal por una decisión del SERVEL, la cual fue ratificada posteriormente por el Tricel. Esas personas, como militantes, pudieron ingresar al nuevo partido, pero no fue propiamente una fusión, ya que no se puede fusionar jurídicamente un partido que no tiene reconocimiento legal. Las personas naturales pueden ingresar como militantes, y la ley no lo prohíbe. Ministro, sobre ese mismo punto, los cien fundadores quedarían limitados por ley a ser candidatos durante cuatro años. Ofrezco la palabra al diputado González. Muchas gracias, presidente. No sé si tienen el dato del financiamiento de los partidos sin representación parlamentaria que han recibido fondos estatales respecto a estos ítems, ya que, de acuerdo a las últimas elecciones, trece partidos iban a quedar eliminados. ¿Qué sucede con aquellos que no tienen representación? Es importante revisar la norma, pero me parece que los partidos constituidos reciben financiamiento en función de la menor votación en las regiones donde están inscritos. Obviamente, si están en tres regiones, reciben poco; si están en nueve, más; y si están en dieciséis, mucho más. Esto tiene que ver con el número de regiones en que están constituidos. Esta norma fue solicitada por el antiguo presidente y se planteó varias veces, incluso en sus exposiciones en la Cámara y en el Senado, respecto a incorporar un requisito adicional para obtener financiamiento público, que consiste en demostrar cierto grado de representatividad en la sociedad chilena. Por eso lo incorporamos. Debo corregir lo que acaba de decir el ministro: los partidos que no tienen representación parlamentaria no tienen un prorrateo de votos; están excluidos de eso. Solo reciben una asignación de cerca de 500.000 pesos mensuales por cada región inscrita, lo cual es aplicable a todos los partidos. La distribución se realiza de la siguiente manera: hay un 4% de UF por cada persona que votó en la elección de diputadas y diputados, lo que equivale a cerca de 7.000 millones de pesos, que se divide en dos partes. El 20% se entrega en función de las regiones inscritas a todos los partidos, incluyendo a la UDI, Renovación Nacional, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, entre otros. El otro 80% se asigna en función de los votos y solo para aquellos que tienen representación parlamentaria. Por lo tanto, los partidos nuevos no acceden a ese 80% porque no tienen votos ni representación parlamentaria; solo pueden acceder a una parte del 20%, que es disputada por todos. En la práctica, los invito, presidente, a que de aquí al lunes...

Presidenta, la Secretaría debería poner a disposición de los parlamentarios información sobre los montos que reciben. Existen resoluciones del SERVEL, que se actualizan cada tres meses, que asignan estos montos. Actualmente, aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria están recibiendo trimestralmente menos de cinco millones. Esa es la realidad, y es necesario legislar en función de ella. En cuanto a lo que señala el ministro, es cierto que dice la verdad, pero también es engañoso. Este proyecto de ley, en la práctica, incrementa la dificultad para inscribir la cantidad de firmas, que se cuadruplica y hasta quintuplica en comparación con la resolución actual. Según esta resolución, para inscribir en la Región Metropolitana se requieren 6.700 afiliaciones, mientras que el proyecto propone que sean 30.000. Esto no es simplemente el doble; ya sin esta ley se necesitan 12.000 firmas. Por lo tanto, hablemos con números claros: en cada región, la cantidad de firmas se cuadruplica o quintuplica. Aysén es una excepción, donde solo se aumenta un 50%, pasando de 500 a 750 firmas. Es fundamental que este debate se realice con cifras sobre la mesa. Si un parlamentario pregunta cuánto recibe un partido sin representación parlamentaria, la respuesta es que no recibe prorrateo por los votos. La franja electoral ofrece algunos segundos de publicidad a los partidos nuevos, pero en términos de financiamiento, es muy poco. Dejarlo en cero significa que esos 500.000 pesos por región mensual se los llevarán los otros partidos. Ese dinero no queda en el aire, se redistribuye entre quienes están proponiendo este proyecto. Además, el monto de financiamiento se incrementa de 7.000 a 15.000 millones. Hemos presentado una indicación para que no aumente la cantidad de fondos. Sé que esto puede ser impopular en las directivas de los partidos políticos, pero actualmente se reparten 7.000 millones, y hay partidos que reciben más de 1.000 millones. Este aumento se producirá solo por la ley actual. Diputado Meza, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Quisiera solicitar que sigamos la lógica normal de las comisiones y escuchemos a los otros expositores, ya que hay muchas cosas que se están diciendo aquí que podrían resolverse durante la exposición. No quisiera que lleguemos a las 9:45 y el expositor no haya tenido la oportunidad de hablar. Propongo que guardemos las preguntas para después. Además, dado que veo que hay mayoría de derecha en esta mesa, tal vez podríamos considerar votar, aprovechando que la izquierda se ha retirado. Le pido, diputado, que el comentario final no es pertinente, ya que ni siquiera estamos en condiciones de votar. Diputado Mesa, pido orden. No estamos para votar. Yo soy el presidente de la mesa y no voy a solicitar ningún acuerdo para votar. Tiene la palabra el diputado Mulet, quien había solicitado la palabra. Luego, la diputada Concha y, posteriormente, la diputada Joana Pérez. Después de eso, daremos la palabra al ministro y al invitado. Señor presidente, efectivamente, como señala el señor ministro del Interior, ha habido...

Una discusión pública durante los últimos años ha girado en torno a la fragmentación política y los efectos que esta produce, particularmente en el desenvolvimiento del mundo político y en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Se han revelado una serie de cuestiones y tensiones que han ocurrido entre los últimos tres presidentes de la República y el Congreso, donde hay un presidente que obtiene el mandato y un Congreso que puede ser adverso o carecer de una mayoría. Se ha responsabilizado a la fragmentación política de los problemas que enfrenta la política y el país en esta materia. Es discutible, sin embargo, la manera en que se enfrenta esta fragmentación. Es efectivo que la ciudadanía, en general, tiene una aversión hacia la política y hacia los partidos políticos por diversas razones. El punto es si el camino más correcto para enfrentar el desafío que tiene la política con la ciudadanía y para mejorar el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso es la norma que se propone, o si existen otros caminos para abordar esta situación. El proyecto que plantea el señor Ministro del Interior es uno de esos caminos, pero, en esencia, lo que busca es cerrar el sistema político. La propuesta del Ejecutivo, en los hechos, limita casi por completo la posibilidad de que nuevos partidos se inscriban, ya que se requiere reunir 77.000 firmas para constituirse como partido nacional. Recuerdo que en los últimos procesos, el Partido Demócrata no pudo finalizar su inscripción en Magallanes y Los Ríos a tiempo, y el partido Frente Amplio terminó inscribiendo a Aysén en mayo de 2025, sin haber podido constituirse en todo Chile. Como fundador de un partido político, puedo dar fe de las dificultades que implica este proceso. Juntar 17.000 firmas, salvo por excepciones como el Partido Republicano, que tuvo más facilidades, es un desafío monumental. Ninguno de los partidos, ni antiguos ni nuevos, ha logrado alcanzar las 77.000 firmas, ni siquiera el Partido Socialista ni la Democracia Cristiana en su mejor momento. La Democracia Cristiana, en uno de sus mejores momentos, realizó un refichaje nacional y logró reunir 25.000 militantes cuando contaba con un 20% de respaldo ciudadano. Lo que está haciendo este proyecto del gobierno es cerrar el sistema político, lo que puede ser una actitud legítima, pero a mi juicio, no lo es. Decir que un nuevo partido debe reunir 77.000 firmas es, en efecto, cerrar el sistema político en Chile. Podrá gustar o no, pero eso es lo que se está planteando. ¿Es este el camino correcto? Creo que no. Es un camino antidemocrático, y me molesta que un gobierno al que he apoyado presente un proyecto tan antidemocrático. El Presidente de la República ha dado un giro completo en su postura respecto a la posibilidad de constituir partidos políticos, contradiciendo lo que defendió en este Parlamento. Entiendo que la fragmentación es un tema de discusión, y lo hemos planteado. Podemos, queridos colegas, evitar los pactos electorales como eran antes de 1973. Sin pactos electorales, había seis o siete partidos en Chile desde 1958 en adelante. Hoy, al armar pactos electorales, se produce una distorsión en la representación. Uno vota por un partido y elige a otro, lo que genera confusión y distorsión en el sistema. Antes, los partidos no podían pactar, y ese solo hecho, en un sistema proporcional como el nuestro, reduce automáticamente la cantidad de partidos a seis o siete. No quiero profundizar en esta discusión, pero quiero cuestionar el proyecto fundamentalmente porque es antidemocrático y porque la discusión no se ha dado de fondo.