En nombre de Dios y la Patria, se abre esta sesión. Nos ponemos de pie, por favor. El acta de la sesión 99 se declara por aprobada. Podemos sentarnos y el acta de la sesión 100 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 110 para hoy, martes 13 de enero del 2026. Se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, para permitir la creación de radios públicas nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico.
Asimismo, se presentan oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante los cuales se retira y se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos: el que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales; el que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado; y el que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y representatividad del sistema político.
Finalmente, se presenta el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata, que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear en relación con el otorgamiento del carácter de Estado Miembro Asociado del CERN, suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo de 2025.
Interparlamentarios e integración latinoamericana, recaído en el proyecto iniciado a mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata, que aprueba el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, adoptado en Ginebra, Suiza, el 18 de marzo de 2004 y suscrito por Chile el 16 de mayo de 2025.
Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, recaído en el proyecto iniciado a mensaje con urgencia suma sobre la armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y modifica normas legales que indica, así como la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Proyecto iniciado a moción del diputado señor Arroyo, que modifica el Código Penal y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile para aumentar las sanciones aplicables a funcionarios que atenten contra la integridad de los establecimientos penitenciarios. Proyecto iniciado a moción de la diputada señora Arce y del diputado señor Maya, que modifica la Ley 20.370, General de Educación, para incorporar como objetivos generales de la educación parvularia, básica y media, el conocimiento y utilización de la lengua de señas chilena.
Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Urrutico Echea, Jürgensen, Kaiser y Ulloa, y de las diputadas señoras Barquessi, Ossandón y Riquelme, que sanciona y permite reparar las acusaciones, denuncias y querellas efectuadas en contextos de cuidado personal, relación directa y regular, tanto como alimentos y violencia intrafamiliar, que resulten falsas.
Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Gasmuri, Molina y Tello, y de los diputados Ramírez y Don Matías, que modifica diversos cuerpos legales para suprimir el límite de edad en la educación de personas con discapacidad.
Comunicación de los diputados señores Cuello, Barrera, Ibáñez, Melo y Soto Leonardo, y de las diputadas señoras Plasencia, Serrano y Llamas, por la cual solicitan que la mesa de la corporación represente al embajador de Estados Unidos la inconveniencia de intervenir en asuntos internos de nuestro país relacionados con el ejercicio de la función legislativa, sobre la base de los argumentos que exponen.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Le damos la palabra sobre la cuenta al diputado Manucheri y después al diputado Cuello.
Gracias, Presidente. Para solicitar por su intermedio la venia de la sala para que el proyecto que está en la cuenta en el número ocho, el boletín 18046-18, pase primero a la Comisión de Constitución y con posterioridad a la Comisión de Familia. No hay acuerdo y, por lo tanto, pasamos a la votación. Vamos a ponerlo en las pantallas. Primero la Comisión de Constitución y después a Familia.
¿Qué pasó, diputado Tuiti? ¿Tiene problemas con el sistema? No. No importa porque vamos a arreglarlo. Y no vamos a empezar la votación hasta que estén las pantallas. Ya, ahí está, en votación la petición del diputado Manucheri.
Han votado todas las señoras y señores diputados, primer llamado, segundo llamado. Vamos a esperar que las dos personas puedan votar. Espérense un poquito porque falta uno todavía. Vamos a esperar ahora el resultado de la votación. Por la afirmativa, 33 votos, 31 en contra, 2 abstenciones. Rechazado.
Diputado Cuello, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Sobre el punto 10 de la cuenta, es una comunicación que hemos presentado junto a varios diputados y diputadas, y que es una petición a la mesa, Presidente. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yutt, ha hecho declaraciones públicas.
donde opina respecto de una ley que fue aprobada en este Congreso Nacional. Él habla de la ley Uber, señalando que es una sobrerregulación que perjudica a empresas y consumidores. Más allá del fondo de la ley, el problema es que lo que está haciendo hoy día el embajador Yud es intervenir en asuntos de política interna, y además se está refiriendo de forma negativa a una ley que fue aprobada en base a las funciones que este Congreso le son reconocidas en la Constitución.
La Mesa de la Cámara tiene una facultad establecida en el reglamento de la Corporación que le faculta para representar ante los poderes públicos la necesidad de respetar la independencia del Parlamento. En consecuencia, Presidente, creo que es pertinente, por eso lo hemos solicitado varios parlamentarios, que la Mesa se pronuncie respecto a esta petición y que represente de manera formal al embajador de los Estados Unidos de América, quien está interfiriendo de manera ilegítima en asuntos internos. Esto está regulado en instrumentos internacionales suscritos tanto por Chile como por Estados Unidos. Además, infringe deberes diplomáticos al opinar respecto de una legislación aprobada en Chile y vulnera el principio de no intervención y de respeto a la igualdad soberana de los Estados.
Por lo tanto, Presidente, creo que es un deber de dignidad de este Congreso reclamar ante el embajador de los Estados Unidos por su interferencia ilegítima y solicitar que cese en ello. Gracias, Presidente.
A continuación, la Mesa efectivamente tiene la facultad de reunirse y, como hemos indicado, a las seis de la tarde nos reuniremos para dar respuesta a su petición. Diputado, sobre otro punto, dado que no hay réplica, ya hemos contestado que a las seis de la tarde nos reuniremos y podremos ver el tema.
Cerrada la cuenta entonces.
Iniciando el orden del día, corresponde tratar la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Para esta disposición de este proyecto se destinará una hora, proporcionalmente distribuida entre las bancadas.
Por favor, si los jefes de comité pueden pasar a darnos los nombres de las personas inscritas, porque no tenemos a ningún inscrito.
Para empezar entonces, el diputado Becker, hasta por dos minutos, tiene la palabra.
Señor Presidente, muy buenos días. Saludo a los diputados en la sala. Hoy volvemos a votar la prórroga del estado de excepción constitucional en nuestra macrozona sur. Y lo digo con total claridad: esto dejó de ser una medida extraordinaria hace mucho tiempo. Hoy ya es absolutamente una normalidad, y cuando la excepción se convierte en costumbre, lo que fracasa no es la herramienta, fracasa el Estado.
Llevamos más de 1.300 días consecutivos bajo el estado de excepción en nuestra querida Araucanía, más de tres años y medio. Sin embargo, el propio informe de la Multigremial es categórico: entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 se han registrado 653 atentados terroristas, es decir, más de tres atentados por semana. No nos engañemos, la violencia sigue en nuestra zona, se concentra y se adapta a los distintos sectores de nuestra querida región de la Araucanía. En la provincia de Malleco se cometen tres de cada cinco de los atentados.
Hay 12.700 hectáreas donde el Estado no puede entrar, donde no hay control territorial, donde no se pueden ejecutar diligencias judiciales, pero sí entra el Estado entregando bonos a los que ahí viven. Esto tiene que terminarse a partir del 11 de marzo. Presidente, vamos a apoyar la medida y esperamos que la sala también lo haga. Y una buena noticia, Presidente: quedan 58 días para que termine este gobierno. Gracias, Presidente.
Gracias, diputado. ¿Quién más había pedido la palabra? Diputado Juan Carlos Beltrán por tres minutos y después el diputado Schubert. Diputado Schubert, tiene la palabra hasta por tres minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, esta puede ser una de las últimas renovaciones del estado de excepción constitucional para la macrozona sur que nos toque votar en este hemiciclo y en este período. Recordemos cómo esto comenzó. Esto comenzó con un gobierno que asumió el compromiso de no militarizar la macrozona sur, convencido de que el diálogo era suficiente y lo que se necesitaba. Sin embargo, esto duró muy poco, porque lo que era evidente, lo que todos veíamos y lo que la realidad demandaba, no lo veían nuestros gobernantes. Suspendieron el estado de excepción constitucional, permitieron el ingreso a la zona roja y fueron sacados a balazos. Este lamentable hecho hace que el mismo gobierno que hablaba de militarizar sea el que ha mantenido a Chile en su historia con más tiempo bajo el estado de excepción constitucional.
Quiero aclarar que el estado de excepción no es algo deseable. Yo, por lo menos, no soy un fan del estado de excepción. Simplemente, dado que no han hecho nada más o han hecho muy poco respecto de esto, vendría siendo la única herramienta paliativa. No resuelve el problema de la macrozona sur, pero ha resultado útil.
¿Qué ha pasado en el intertanto? Primero, se reconoció que hay terrorismo por parte del gobierno, luego se retiró ese reconocimiento y se volvió a hablar de violencia rural, lo cual es grave porque es un retroceso. Cuando no hago un buen diagnóstico, no puedo aplicar un buen medicamento. Sin embargo, el Ministerio Público comenzó a aprender sobre cómo perseguir el terrorismo en La Araucanía. Una acción positiva de este gobierno fue fortalecer las capacidades de Carabineros a través de implementos, lo cual era necesario y debió haberse hecho antes.
No obstante, el trabajo coordinado del Ministerio Público con las policías y la persecución penal, más los implementos de Carabineros y el estado de excepción, no son suficientes. Desde un comienzo, lo que se ha hecho necesario es actuar en la dirección de desbaratar a los grupos terroristas que operan en la macrozona sur, y eso no se ha hecho. El estado de excepción ha sido útil para contener la violencia, pero no va a terminar hasta que no exista por parte del Estado la voluntad política de desbaratar a estos grupos. Es difícil cuando les cuesta siquiera mencionar la palabra terrorismo.
Este es un grave problema que deja este gobierno para el futuro y para las futuras generaciones. Ya debió haberse iniciado un proceso para desbaratar, pero hemos perdido tiempo, lo que ha permitido que estos grupos tengan más recursos económicos, más redes, logren corromper de mayor forma y tengan más poderío bélico, haciéndolos más potentes y difíciles de erradicar. De esto es responsable este gobierno, que ha hecho cosas como las mencionadas, pero no ha hecho lo más importante, porque no tuvo la voluntad política.
Es lamentable, porque estas decisiones las terminamos pagando todos, pero especialmente aquellos que vivimos en la macrozona sur. Esa cantidad de chilenos distantes de Santiago, que viven en el campo, están lejos y su sufrimiento no duele tanto a quienes están en el gobierno. La realidad dramática y brutal que viven nuestros compatriotas debiera sensibilizar a quienes hoy están en el gobierno para hacer todo lo que esté de su mano, no solo algunas cosas, sino todo lo que esté de su mano para poner fin al terrorismo y dejar de acostumbrarnos a convivir con él. Eso no es deseable para Chile.
Por lo tanto, le vuelvo a preguntar, tal vez por última vez, porque ya me he cansado de hacerlo desde el día uno: ¿cuál es la estrategia de este gobierno para desbaratar el terrorismo más allá del estado de excepción y la persecución penal, que, insisto, puede tener una utilidad?
Basta con que descabecemos el número uno y el número dos asume por el número uno y se acabó el problema. En la práctica ha tenido un impacto menor. ¿Cuál es la estrategia para desbaratar, no para convivir, no para que tengan menos fuerza, sino que para desbaratarlo? Lo escucho, señor Ministro, por intermedio de usted, señor Presidente, por última vez lo vuelvo a preguntar: ¿cuál es la estrategia para terminar con el terrorismo? Mientras eso no ocurra, lamentablemente estamos condenados a tener que seguir aprobando.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán y se prepara don Andrés Jouannet. Muchas gracias, señor Presidente. Saludo por su intermedio al señor Ministro y le doy la bienvenida a la Cámara de Diputados, así como a cada uno de mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la corporación.
Señor Presidente, estamos en una época clave para la Araucanía, que tengo el alto honor de representar, y debemos tomar todas las medidas que se requieran para evitar que se afecte el trabajo de miles de agricultores que ven cómo sus productos se ponen en riesgo producto de los incendios forestales. Saco este tema porque a lo largo de los últimos años hemos tenido ejemplos de intencionalidad en los incendios, y muchos de estos hechos se han producido en el marco del terrorismo en la Araucanía. Sin ir más lejos, finalizando el año, vimos cómo se materializó un atentado en el sector Peleco de Nueva Imperial, lo que derivó en un incendio forestal. Lamentablemente, las autoridades no han sido la tónica de este gobierno; mantuvieron silencio y no actuaron con la celeridad ni prioridad que se requería en este caso.
Por esta razón, además de votar como siempre lo he hecho, con responsabilidad y a favor de esta renovación del estado de excepción constitucional de la Araucanía, solicito que se redoblen los esfuerzos para garantizar que, debido al riesgo inminente de incendios forestales, se tomen todas las medidas para mitigar al máximo tanto su origen como manejo, utilizando las Fuerzas Armadas y de Orden. Así, señor Presidente, me lo han solicitado vecinos del sector rural, emprendedores del rubro forestal y, sobre todo, los agricultores de mi distrito, quienes sienten que, a pesar de todos los llamados de alerta que se han puesto sobre la mesa, no han sido debidamente escuchados. Resguardemos las principales fuentes económicas y laborales de las comunas de la Araucanía. Aunque sea por única vez, les solicito con respeto al Gobierno que se haga el trabajo para el cual fueron elegidos y esperamos que gobiernen hasta el último día.
Señor Presidente, por su intermedio, quisiera también agradecer al Ejército de Chile y particularmente a cada una de las avanzadas militares que están trabajando en la Araucanía, me refiero a Curacautín, a Traillén y también a Lumaco. Votaré a favor, señor Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Beltrán. Diputado Andrés Jouannet, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Hace unos días se conocieron los datos de la encuesta Casen a nivel nacional, y algunos aplaudían porque bajó cuatro puntos. Quiero decir que si no fuera por los subsidios directos, la pobreza no habría bajado; es decir, fundamentalmente a través de impuestos y no a través de generación de empleo ni generación de riqueza, sino esquilmando y recaudando impuestos.
En la Araucanía, si bien disminuye un poco, pasamos a ser nuevamente la región más pobre de Chile, con un 28,7%, casi un 30% de la población, es decir, uno de cada tres personas en la Araucanía vive bajo la línea de la pobreza, y un 13% en extrema pobreza. Esto se debe, en parte, a lo que estamos discutiendo aquí. Tenemos un problema de informalidad; casi el 40% de la región de la Araucanía trabaja en la informalidad, y eso se refleja en la cifra de pobreza. El 80% de lo que se invierte en la Araucanía proviene del Estado. Esta es una región que vive del Estado, y la verdad es que no debiera ser así; debiera ser al revés. Si el Estado no estuviera invirtiendo allí, habría mucha más pobreza y, en definitiva, no habría trabajo. ¿Y por qué no se invierte allí fundamentalmente? No se invierte porque efectivamente hay terrorismo. Algo que se negó durante mucho tiempo, hoy es evidente: sí hay terrorismo. El índice internacional de terrorismo dice que...
En el lugar número veintiuno de más terrorismo, superamos solo a Colombia, que está en el lugar quince. La verdad es que estamos en una situación que, desde acá, se ve poco, pero en los sectores duros, donde se queman permanentemente camiones, faenas forestales y campos, estamos en la etapa de la temporada de incendios. La cosecha, como he mencionado en reiteradas oportunidades, se realiza con militares. Esto no es normal en una democracia como la nuestra, que se supone es de alta intensidad.
Frente a estas cifras, no escuché, por su intermedio, ministro, al delegado presidencial hacer algún mea culpa. El gobierno debe evaluar cuál ha sido su política, y no lo estoy personalizando en usted, ministro, porque en definitiva, los delegados tienen que hacer su tarea. ¿Cuál es la política de desarrollo? El gobernador tampoco ha estado a la altura. Hay mucha declaración, pero la región de La Araucanía carece de un modelo de desarrollo claro, y hoy estamos en una especie de indiferencia y acostumbramiento. Como diría Durkheim, estamos en una sociedad de anomía, desviada. La realidad es que la región de La Araucanía va a seguir igual, porque la gente parece haberse acostumbrado a esta situación.
Esto es preocupante, ya que la región es la más pobre de Chile, con una informalidad del 40% y un 13% de extrema pobreza. Nos hemos ganado un lugar en el ranking mundial de terrorismo, y la verdad es que las autoridades no han estado a la altura. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Joanet. Diputado Rathgeb, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Saludamos al señor ministro presente. Apoyaremos esta nueva prórroga, que será una de las últimas durante el actual gobierno, sin tener claro cuál será el plan de salida. Vamos a terminar con este estado de excepción como se inició, sin ninguna modificación y sin un plan de salida.
En la región de La Araucanía, en muchos casos no se contratan seguros porque son zonas muy riesgosas, y si se contratan, son tres veces más caros que lo que se ofrece al resto del país. La inversión es muy baja porque no hay prestadores de servicio dispuestos a ir, lo que encarece la producción. El arriendo de maquinaria y la llegada de camiones para cargar materiales son mucho más costosos. La reparación de las víctimas aún no se ha concretado en muchos casos, lo que ha generado frustración, desesperanza y una permanente postergación.
Esto crea un círculo vicioso, donde la falta de apoyo y las condiciones adversas permiten que la pobreza avance, convirtiéndose en el caldo de cultivo para que ciertos grupos utilicen la violencia como excusa para representar causas que no representan. Lamento que, a pesar de nuestras reiteradas ofertas de colaboración para desarrollar un plan y buscar alternativas de solución, no haya un plan de salida de este estado de excepción que heredamos del gobierno del presidente Piñera.
Votaremos favorablemente, ya que el gobierno no nos plantea otra alternativa que sea mejor que esta. No es lo óptimo, pero ha permitido disminuir, al menos en parte, los hechos de violencia que aún persisten en la región de La Araucanía, generando intranquilidad, frustración, falta de oportunidades y trabajo, y haciendo que nos sintamos como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Muchas gracias, señor presidente.
El Ministro del Interior me ha solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. El Gobierno, con el objeto de mantener un buen clima dentro del Congreso, ha dejado pasar una serie de afirmaciones que se han hecho en sede parlamentaria, con la finalidad, reitero, de generar acuerdos y, por tanto, destrabar iniciativas que son importantes para el país. Esto ha generado un debate que, en alguna medida, es desigual, ya que se hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad, muchas veces descalificaciones infundadas, y no hay una respuesta categórica respecto de los hechos. Son muchas las ocasiones en que se han hecho afirmaciones aquí en la Cámara de Diputados sobre la situación de violencia rural en las regiones de Biobío, al sur del río, la región de La Araucanía en su totalidad, y también las regiones de Los Ríos y Los Lagos, que no reflejan la realidad y que no dan cuenta de las estadísticas oficiales que proporciona Carabineros de Chile.
Lo cierto es que el peor año en términos de violencia rural fue el año 2021, con 1.680 eventos. He escuchado muchas veces la pregunta: ¿por qué no se dice que son todos terroristas? Porque no todos estos episodios son propiamente terroristas. No obstante, cuando se han calificado estos atentados como terroristas, bajo la nueva ley que aprobamos en el gobierno del Presidente Boric, no ha habido ningún inconveniente en invocar la ley. De hecho, en ocho oportunidades se ha invocado el nuevo marco jurídico para investigar estos delitos en el contexto de los que son calificados como tales.
Reitero, 1.680 eventos de violencia rural en el año 2021, y en el año 2025, 359, lo que representa una disminución de casi el 80%. Por tanto, tenemos las mejores cifras desde el año 2017. Finalmente, ¿cómo se evalúan las políticas públicas? A través de estadísticas oficiales que dan cuenta de lo que ha ocurrido. ¿Estamos mejor o peor que hace cuatro años? Estamos mejor. ¿Estamos lo suficientemente bien respecto de lo que merecen las chilenas y chilenos que viven en la zona? Por cierto que no. Por ello, debemos perseverar en este esfuerzo. Hemos impulsado inversiones en la zona y hemos llevado a cabo tareas relevantes respecto del diálogo para generar una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche, en el marco de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Además, hemos utilizado la capacidad del Estado para resguardar la seguridad a través del estado de excepción constitucional de emergencia en la llamada macrozona sur.
Vamos a datos específicos. Insisto, fuentes Carabineros de Chile. Amenazas: el año 2021, 64; el año 2025, 22. Disminución evidente. Nos gustaría que fuera cero y estamos trabajando para que así sea, pero hay una disminución. Atentados y amenazas contra autoridades: el año 2021, 142; el año 2025, 24. Nos gustaría que fuera cero, pero hay un avance significativo. Daños: 149 en el año 2021, y 19 en el año 2025. Nos gustaría que fuera cero, pero es evidente la mejoría. Desórdenes y cortes de ruta: 175 en el año 2021, y 42 el año pasado. También nos gustaría que fuera cero, pero hay una mejoría. Otros incidentes: 111 en el año 2020, que fue el peor, y 16 el año pasado. Todas estas estadísticas evidencian que los peores años fueron antes de que asumiera el Presidente Boric, y que hay una mejoría constante año a año respecto de las iniciativas que hemos impulsado.
En cuanto a incendios, el año 2021 se registraron 390, y el año pasado, 72. Nos gustaría que fuera cero, pero hay una mejoría. Lesiones: 54 en el año 2021, y 5 el año pasado. Ley de armas: el peor año fue 2021, con 73; el año pasado, 31. Robo de vehículos y maquinaria: el peor año fue 2021, con 180; el año pasado, 41. Otros tipos de robo: el peor año fue 2021, con 42; el año pasado, 23. En cuanto a secuestros, se produjeron en el año 2021 y no en el año pasado. Sustracción de madera: el peor año fue 2024, con 62; el año pasado, 23. Usurpaciones, de acuerdo a la calificación de la ley que distingue entre violentas y no violentas, esta no es una calificación que invento yo, está en la ley. El peor año fue 2021, con 253.
No violentas, el año pasado quince, y violentas, el año pasado treinta y cuatro. En el 2025, cero. Son datos de Carabineros de Chile sobre eventos de violencia rural. Es evidente que hay una mejoría respecto a la situación que asumió el presidente Boric al iniciar su gobierno, lo que nos lleva a tener, insisto, en el agregado, las mejores cifras desde el año 2017. El peor año fue 2021, con mil seiscientos ochenta eventos; el año pasado, trescientos cincuenta y nueve. Como ya lo señalé anteriormente, hay una disminución de los eventos de violencia rural respecto al año anterior del 28,3% y, respecto a 2021, de más del 78%.
Junto con la reducción de estos eventos, también disminuyeron los ataques incendiarios, los fallecidos en el contexto de violencia rural, los robos de vehículos y de maquinarias, la presencia de armas de fuego y, en general, los detenidos por violencia rural respecto de los años anteriores. ¿Dónde están los mayores problemas? Siguen concentrados en la provincia de Malleco, donde se registra la mayor cantidad de eventos, y ahí es donde tenemos que redoblar los esfuerzos: trescientos diecinueve eventos de violencia rural. Le sigue la provincia de Cautín, es decir, la situación más grave sigue radicada en la región de La Araucanía, con setenta y un eventos, y posteriormente la provincia de Arauco con cuarenta y siete. Las otras provincias, Ranco, Concepción, Osorno y Llanquihue, registran un número menor de eventos, y la provincia de Chiloé no ha tenido eventos el año pasado.
Lo que hemos hecho es implementar una política integral que comprende diversas iniciativas, no solo medidas de seguridad, pero que ha dado resultados. Los datos son conocidos por los parlamentarios. Vamos a las condenas: el año 2020, sesenta y cinco; el año 2021, ciento veintinueve; el año 2022, durante el primer año del gobierno del presidente Boric, un nivel récord de doscientos treinta y uno. Esto es resultado de investigaciones que se venían desarrollando desde antes del inicio del mandato, y este es un trabajo que principalmente realiza un ente autónomo, que es la Fiscalía, el Ministerio Público. En el año 2023, se registraron ciento sesenta y siete condenas; en 2024, ciento cuarenta y cuatro; y para 2025, esta información no está actualizada al 31 de diciembre, sino que al 12 de diciembre, se reportan ciento veinte.
Es decir, ha habido una acción del Estado para que no exista impunidad respecto de estos hechos delictivos. Los atentados que han ocurrido en las últimas semanas son, en alguna medida, respuesta al avance de la justicia, aplicando las sanciones correspondientes. Por eso, presidente, creo que ha llegado el momento en el cual se empiecen a contrastar cifras, datos objetivos, información verificable, oficial, elaborada por Carabineros de Chile, que nos permita evaluar cuál ha sido la gestión de los distintos gobiernos respecto de la violencia en la llamada macrozona sur. Es evidente que las estadísticas respecto a la gestión del gobierno del presidente Boric dan cuenta de un avance significativo. Sin embargo, la tarea no está completa; no debemos bajar los brazos. Debemos perseverar en este esfuerzo, porque nos gustaría que todas estas estadísticas dieran cuenta de cero eventos de violencia rural.
En todos estos delitos que he mencionado y en otros que forman parte del reporte que periódicamente realiza Carabineros. Por tanto, es necesario que el Estado de Chile persevere en este esfuerzo. Para ello, es necesario, entre otras iniciativas, que se ratifique la presencia de los militares a través de este estado de excepción constitucional, y esperamos que la solicitud del Presidente de la República sea una vez más ratificada por el Congreso Nacional. Muchas gracias, señor Presidente.
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.290 de Tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos, correspondiente al boletín 17702-15. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rindo el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. El diputado Camaño no está presente. Diputado Mulet, ¿puede leer el informe, por favor? Muchas gracias.
Honorable Cámara,
En nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto que modifica la Ley 18.290 del Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2009, para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos. Esta iniciativa es de origen de una moción copatrocinada por los señores diputados Francisco Undurraga, Jorge Guzmán y Cristian Maturana, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.
Constancias previas: Primero, la idea matriz del proyecto es fundamental. La presente iniciativa de ley tiene por objeto reformar el tipo penal de carreras no autorizadas, contenido en el artículo 197 ter de la Ley del Tránsito, eliminando los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, para reemplazarlos por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa. Esto tiene como fin asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas.
De igual forma, se amplía la aplicación de la pena de decomiso del vehículo a todas las hipótesis reguladas en el artículo 197 ter. Segundo, no hay normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Tercero, no hay trámite de Hacienda. Cuarto, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Emilia Nuyado y los diputados señores Carlos Bianchi, Fernando Borquez, Felipe Camaño, Cosme Mellado, Jaime Mulet, Leonidas Romero y Jaime Sáez.
Señor Presidente, con el mérito de los fundamentos contenidos en la moción y lo expuesto por las autoridades y demás organizaciones invitadas, la señora diputada y los señores diputados fueron de parecer que se debía aprobar la idea de legislar en esta materia. Se estimó de innegable importancia reformar el tipo penal de carreras no autorizadas, eliminando los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, para reemplazarlos por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas.
Junto a ello, se amplía la aplicación de la pena de decomiso o comiso del vehículo a todas las hipótesis reguladas en el artículo 197 ter, como es conducir excediendo la velocidad permitida, mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos en relación con otros vehículos, y ejecutar destrezas, deslizamientos, derrapes o maniobras que puedan poner en peligro la vida o integridad física de terceras personas, entre otras.
Asimismo, la Comisión se manifestó favorable en aumentar la sanción aplicable al que condujere un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas a un rango máximo de tres años, y si como resultado de la acción se causaren lesiones menos graves o graves, aumentar la sanción a un rango máximo de cinco años. La sanción pecuniaria se ve aumentada a un tramo de entre 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Además, se sustituye la expresión "clandestinas" por "no autorizadas", dando una mayor precisión a la configuración del ilícito.
Señor Presidente, también hubo consenso en considerar como una circunstancia agravante el ejecutar las referidas conductas en las inmediaciones de establecimientos educacionales, centros de salud o lugares de alta afluencia de personas, ubicados en zonas urbanas o en zonas cuya velocidad máxima sea igual o inferior a 50 kilómetros por hora. Asimismo, se concordó en que el Ministerio de Transportes...
Y telecomunicaciones, determinar la instalación de dispositivos del sistema automatizado de tratamiento de infracciones del tránsito, establecido en la ley 21.549, en vías o tramos que formen parte de las autopistas o caminos concesionados, de acuerdo con la metodología establecida en el reglamento a que se refiere el artículo 5 de dicha ley, previa coordinación con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones, con el fin de determinar que los lugares donde ellos sean instalados no afecten la seguridad vial de los usuarios de las concesiones de obras públicas viales.
Tales dispositivos podrán ser utilizados para la fiscalización de la infracción en que incurre el propietario o tenedor del vehículo motorizado que sobrepase 60 kilómetros por hora los límites de velocidad fijados en la ley, siendo sancionado con una multa de 2 a 10 UTM (unidades tributarias mensuales), salvo que acredite que no conducía el vehículo al momento de la infracción o que este fue tomado sin su conocimiento o sin autorización expresa o tácita. Las infracciones detectadas por estos dispositivos se sujetarán íntegramente al procedimiento, notificación, mecanismos de impugnación y limitaciones establecidas en la ley 21.549 y su reglamento.
Señor Presidente, también hubo consenso en cuanto a que sea la sociedad concesionaria la obligada a permitir la instalación, operación y mantenimiento de dichos dispositivos, bastando que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunique al inspector fiscal respectivo la necesidad de instalar dichos dispositivos en la obra pública fiscal vial correspondiente. Finalmente, se manifestaron de acuerdo en que el inspector fiscal establezca las pertinentes coordinaciones con la sociedad concesionaria respectiva, con el fin de que esta otorgue las facilidades que permitan la instalación, operación y mantenimiento de dichos dispositivos en los puntos que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Quiero solicitar la autorización de la sala para el ingreso del subsecretario de Transportes, Jorge Daza. ¿Hay acuerdo? Acordado. Puede ingresar el subsecretario para que le avisen, por favor.
Y para iniciar el debate, ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Becker. Diputado Becker, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Estimados diputados, este proyecto aborda un problema grave, real y cotidiano que afecta directamente la seguridad de nuestras ciudades: estas famosas carreras clandestinas y la conducción temeraria. En la región de la Araucanía, esto no es una excepción ni un fenómeno aislado; en Temuco, por ejemplo, estas conductas ocurren en sectores urbanos, en avenidas estructurantes y también cerca de parques y espacios familiares. No estamos hablando de caminos rurales ni de horarios marginales; hablamos de vías por donde circulan familias, niños y adultos mayores.
Muchas de estas conductas terminan tratadas como simples infracciones, con sanciones que no disuaden a nadie. Eso genera una peligrosa sensación de impunidad, y cuando el Estado no pone límites claros, el mensaje es que todo vale. Este proyecto, Presidente, va en la dirección correcta, porque tipifica claramente las carreras clandestinas, endurece las penas, permite el comiso del vehículo, sanciona no solo al conductor, sino también a quienes organizan o facilitan estas conductas, y establece agravantes cuando ocurren en zonas urbanas o de alta afluencia de personas. Aquí no se trata de criminalizar el deporte; se trata de poner orden, de proteger la vida y la integridad de quienes usan el espacio público de buen derecho para circular.