Nos ponemos de pie, entonces, para comenzar la sesión. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta.
Presidente, los documentos para esta sesión, voy a leer primero los reemplazos. El diputado don Jorge Rathgeb reemplazará al diputado Miguel Mellado, y el diputado don Sergio Bobadilla al diputado don Felipe Donoso. Igualmente, el Presidente de la República ha hecho presente para la discusión de este proyecto de ley, discusión inmediata, que ha sido dado cuenta hoy en la sala.
¿Algo sobre la cuenta? No. Partimos entonces con la orden del día que tiene por objeto continuar la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales correspondientes.
El boletín N° 18.036-05, con urgencia calificada de discusión inmediata, para lo cual está invitado el Ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau Veloso. Bienvenido, ministro, y a todo su equipo, incluida la representante sectorial de la DIPRES. Le ofrezco la palabra, ministro, si trae alguna propuesta o si seguimos por orden.
Efectivamente, primero que nada, buenos días a todas y todos. Ayer no tuvimos tiempo para agradecer, ya que la sesión terminó de manera abrupta, después de haber votado durante mucho rato. Sin embargo, como Ejecutivo, más allá de las diferencias expresadas en las votaciones, agradecemos la celeridad con la que se ha realizado el trabajo y esperamos que tengamos una jornada hoy tan productiva como las anteriores.
El equipo del Ejecutivo, en conversaciones con los equipos de parlamentarios, tiene una propuesta sobre cómo proceder con la votación. Nos gustaría, presidente, agrupar la mayor cantidad de artículos, aunque hay algunos con indicaciones que dificultan esta tarea. Por lo tanto, proponemos comenzar votando el artículo 2, numeral 13, letra C, que fue indicado por el diputado Santana y que quedó pendiente. Creemos que esto es lo primero que debemos realizar, ya que no había gran diferencia respecto al tema en particular.
En votación, entonces, el artículo 2, numeral 13, letra C, se encuentra en la página 16 hasta la 18. Comienza en la página 16. ¿Señor Bianchi? A favor. ¿Señor Cifuentes? A favor. ¿Señor Cuello? En reemplazo. ¿Señor Rathgeb, en reemplazo del diputado Mellado? En contra. ¿Señorita Rojas? ¿Señor Romero? ¿Señor Sepúlveda? ¿Alguien más que no haya sido nombrado? Seis a favor y cuatro en contra. Aprobado.
Lo que propondríamos votar ahora son tres artículos que no tienen indicaciones, que son ajustes de normas: los artículos 99, 100 y 110. El artículo 99 establece una norma que interpreta diversos artículos transitorios de la ley que crea el sistema de educación pública, a fin de aclarar que se pueden destinar recursos al cumplimiento del objetivo financiero de los planes de transición y sus convenios de ejecución, estableciendo un plazo para que ello ocurra. El artículo 100 adecúa el régimen de compras y contratación de servicios para universidades del Estado, para que puedan tener la posibilidad de competir.
Entre otras cosas, con las universidades privadas de manera adecuada, en fin, y el artículo 110 tiene que ver con la emisión de licencias médicas por médicos cirujanos que han certificado su especialidad o subespecialidad. Vamos a votar entonces el artículo 100 y el 110; el 99 lo votaremos aparte. Solicito al Gobierno que explique un poco más sobre el artículo 110.
Por su intermedio, presidente, lo que ocurrió fue que en la ley de grandes emisores se estableció una restricción para emitir licencias médicas, que indicaba que los médicos cirujanos debían tener el EUNACOM. Sin embargo, hay un grupo acotado de médicos cirujanos que poseen otras certificaciones igualmente válidas, por lo que esta norma permite que ellos también puedan seguir emitiendo licencias.
Diputado Romero. Sí, presidente, participé activamente en la ley que sanciona a los grandes emisores. Efectivamente, este tema se trató, pero faltó información. ¿Qué es lo que se pretende? Que los especialistas reconocidos puedan emitir licencias médicas aunque no hayan rendido el EUNACOM. Conversé con la presidenta del Colegio Médico, quien me indicó que, en general, los especialistas han alcanzado un nivel de especialidad que les complica mucho rendir un examen más básico, como el de medicina general. Ellos argumentan que hoy en día los grandes emisores de licencias médicas para patologías de especialidad son médicos generales, que incluso tienen una carga adicional.
El problema es que ese dato no está disponible. Esta norma tiene una lógica en su explicación, pero carece de respaldo numérico que nos permita asegurar que, efectivamente, estamos avanzando en la restricción de los profesionales que emiten licencias médicas. Es evidente que existe un desorden en el sistema. La norma presentada, sin datos que respalden su justificación, me parece peligrosa, dado el contexto actual. Puede ser que sea beneficiosa, pero discutirla en una ley miscelánea no parece ser la instancia adecuada.
Muy bien, procedamos a la votación entonces, ¿les parece? Votaremos el artículo 100 y el 110. En todo caso, el artículo 100 está en la página 123 y el 110 en la página 135. Retomemos la votación del 100 y el 110. Señor Bianchi, ¿cómo vota? Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Bobadilla, ¿cómo vota? Señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, ¿cómo vota? A favor, entonces, señor secretario.
Presidente, a favor. Ocho a cinco, ¿están los trece? Ya, aprobado. Entonces, ahora es el artículo noventa y nueve. Esta iniciativa busca aclarar que los planes de transición, me refiero a administraciones de colegios, puedan financiar las obligaciones de una municipalidad o de una corporación municipal que sean posteriores al 31 de diciembre de 2014. Este tipo de normas tiene como objetivo permitir un mejor funcionamiento del Estado, Presidenta.
Diputado Romero, me informa el chat colaborativo que esta norma interpretativa de artículos transitorios de la ley que crea el sistema de educación pública está regulada en otro proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara el 6 de enero. Entonces, la verdad de las cosas, ¿por qué no aprovechar esas instancias para legislar en forma regular? No es apropiado incorporar estas cuestiones como cosas de contrabando en la ley miscelánea. Esa es la postura que planteo en este caso.
Ministro, ha sido un placer. Diputado Sepúlveda, más allá de compartir en general lo que señala mi colega Romero, esta norma es bastante sencilla y facilita el traspaso de los servicios y aquellos compromisos y obligaciones que eventualmente puedan mantenerse en los municipios. Este es un tema no menor, ha estado sucediendo permanentemente cómo se soluciona ese aspecto, y creo que esta norma, aunque viene en lo misceláneo, aborda un problema que ha generado complicaciones durante largo tiempo.
En votación entonces, señora secretaria. Se va a asegurar el traspaso. Artículo noventa y nueve, señor Dyanqui, señor Cifuente, señor Cuello, señor Bobadilla. Para efectos de las votaciones, solo el presidente vota final. Si hay algo que se está discutiendo, ahí sí, pero estamos votando. Señor Bobadilla, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Señorita Rojas, ¿y el señor Romero? ¿El señor Santana? ¿El señor von Mühlenbrock? ¿El señor Sepúlveda? Es una gestión que seguramente favorecerá la gestión del próximo gobierno. Señorita Llamas, ¿cómo vota? Presidente, once a favor, dos abstenciones. Aprobado.
Ahora, lo que proponemos votar es el artículo ochenta y siete, que según entiendo tiene una indicación. Este artículo se suma a otros que dicen relación con el domicilio digital único. La idea es que exista un mecanismo para que todas las personas que reciban una notificación del Estado, en vez de utilizar el mecanismo tradicional de carta certificada, puedan hacerlo en un espacio seguro. Un correo electrónico no cumple ese requisito.
Ese estándar de seguridad es fundamental, y por eso se ha avanzado en la idea del domicilio digital único. Este es el artículo 87 que nos queda pendiente, pero tiene una indicación que entendemos debe ser discutida, presidente.
En la página 103 del comparado está el artículo al que se hace referencia. El diputado Santana presentó una indicación ayer y ahora la reemplaza, ¿no, señor Santana? Señora secretaria, ¿puedo explicarlo, señor presidente?
Esta indicación busca abordar la situación del destinatario de la notificación mencionada en el artículo. Inicialmente, habíamos contemplado que este domicilio único digital fuese creado por el propio funcionario. Sin embargo, se nos transmitió desde el Ejecutivo que era importante que esa dirección la establecieran ellos. Por lo tanto, la indicación que presentamos establece que la notificación se haga valer a los tres días siguientes, una vez notificado el funcionario público sobre una posible desvinculación. Esto permitirá que el funcionario, en coordinación con lo que actualmente realiza la Inspección del Trabajo y el Código del Trabajo, tenga un espacio para realizar las acciones correspondientes a la hora de apelar, por ejemplo, ante una desvinculación. Es decir, buscamos que el trabajador tenga más tiempo para realizar cualquier tipo de apelación frente a una notificación que eventualmente puede ser una desvinculación u otra cosa.
¿Tiene alguna opinión el Ejecutivo al respecto?
Presidente, en general estamos de acuerdo con el cambio, pero hay un detalle que queremos revisar: cambiar la palabra "constancia" por "en vivo". No sé si se puede ver eso, pero es un detalle que puede ser relevante y entendemos que no cambia lo que plantea el diputado.
La propuesta que el gobierno nos había transmitido es la siguiente: agréguese a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: "Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través del domicilio único digital definido por la ley producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de su constancia en el respectivo correo digital único".
Es decir, lo que proponen es cambiar el concepto contado desde la fecha de su envío en el respectivo correo digital.
Avancemos, mientras se concuerde con Juan, por favor. En cuanto al artículo 97, que se encuentra en la página 114 del comparado, esto amerita una explicación, ya que hubo cierta discusión en la prensa a propósito de este artículo. Lo que hace este artículo es autorizar a la Agencia de Calidad de Educación.
Para no aplicar por razones presupuestarias o técnicas, uno o más evaluaciones integrantes de su plan de evaluación, fundado en razones de orden presupuestario técnico. En algún momento se planteó que esto podría implicar que la agencia decidiera no aplicar ninguna prueba. Entonces, en la nueva redacción que estamos planteando, queda muy claro que hay pruebas que son obligatorias y que, por supuesto, deben ser llevadas a cabo por la agencia, otorgándole solo este margen de acción, que es en el margen.
La señora Tania tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, lo que hace la indicación del Ejecutivo es reemplazar el artículo que estaba originalmente y modificar la ley 20.529 de aseguramiento de la calidad, incorporando un artículo transitorio que establece que para el plan del período 2021-2026, se pueden sujetar estas evaluaciones a la ley de presupuesto. Esto se establece sin perjuicio de lo indicado en el párrafo tercero del literal A del artículo 11 de la presente ley, que establece que hay un mínimo de pruebas que por ley deben ser tomadas, una a nivel básico y una a nivel medio. Por lo tanto, no se dejarán de hacer evaluaciones, pero sí se establece un mínimo.
Diputado Santana. Gracias, presidente. En una primera lectura, voy a discrepar de lo que se está diciendo aquí, porque, a mi interpretación, esto no impide que se puedan suspender pruebas. Lo que hace es más bien entregar esa facultad bajo criterio fundado a la Subsecretaría de Educación. La aplicación de las evaluaciones a que se refiere este artículo estará sujeta a la disponibilidad de recursos contemplados en la ley de presupuesto. Para estos efectos, la Agencia de Calidad de Educación, a través de una o más resoluciones exentas visadas por la Subsecretaría de Educación, determinará la no aplicación de una o más evaluaciones. A mi interpretación, se mantiene el espíritu de esta norma, que me genera inquietud, ya que dice relación con una obligación que tiene el sistema educacional chileno y las facultades de un organismo creado precisamente para ello.
Lo que lee el diputado Santana es correcto, pero lo importante, y que es un cambio sustantivo respecto a la redacción anterior, es que en la última parte se establece que lo anterior es sin perjuicio de lo indicado en el párrafo tercero del literal A del artículo 11, donde se especifican las evaluaciones mínimas que deben realizarse. En términos simples, esto indica que hay un conjunto de evaluaciones que no se puede decidir no hacer, que son las definidas en el artículo 11. Para el resto, se le da a la agencia, solo por el 2026, la posibilidad de tomar esa decisión.
Diputado Sifuentes. Quisiera preguntar, ¿cuáles son las evaluaciones que eventualmente sí se pueden suspender para estos efectos? Además, que se nos indique cuál es el objetivo de este proyecto.
Diputado Romero. Presidente, me sorprende que cuando hay algún problema presupuestario, nuevamente tengamos que recurrir a la educación. ¿Por qué algo que debiera ser fundamental para el desarrollo de Chile, como la evaluación de la educación, está sujeto a disponibilidad presupuestaria, mientras que el resto de los beneficios en esta ley de reajuste no lo están? Es insólito, presidente, lo encuentro tan injusto con aquellos que no marchan.
Mire, más allá del mérito de lo que se ha planteado, la propuesta es clara: hay una obligación respecto a ciertas pruebas mínimas que se deben realizar al año, tanto en el nivel básico como en el medio, lo cual está especificado en la ley.
La posibilidad de que esta institución determine si, para el año 2016, desea realizar las otras pruebas o no, bajo los argumentos técnicos que tendrá que plantear en su momento, es la propuesta. Si hay alguna duda o diferencia como las que se han planteado, considero que lo razonable es votar, presidente.
Diputado Bobadilla, ¿sabe, presidente? Todos saben que no soy miembro permanente de esta comisión, pero hay cuestiones de sentido común que no requieren ser experto en finanzas. Me llama la atención que esto quede prácticamente a la discrecionalidad de si hay recursos o no, para realizar esta evaluación, precisamente del último año en que este gobierno ha estado en ejercicio. Este gobierno ha implementado políticas públicas en materia de educación que se suponía eran para mejorar la calidad de la educación y los rendimientos. Sin embargo, con esta norma que se está proponiendo, se está diciendo que no será necesario evaluar. Creo que es fundamental evaluar las políticas públicas que ha llevado adelante este gobierno en el ámbito educacional, y debiera ser prioritario que existan recursos para ejecutar estas evaluaciones, y no, por ejemplo, para subsidiar empresas públicas que están quebradas, como Correos de Chile. ¿Dónde está la prioridad de este gobierno? ¿Rescatar estas empresas en desmedro de la educación? Por ello, mi voto no está disponible. He dicho, presidente.
Ok, ¿votemos entonces? Perdón, hice una pregunta y el Ejecutivo no me respondió. Creo que es relevante para este debate saber cuáles son las pruebas que eventualmente no se van a suspender, el piso mínimo, como se ha mencionado. Me interesa saber qué pruebas se van a suspender, y lo digo también desde el debate educativo, porque hace algunas semanas el Ejecutivo promovió un proyecto que, en lo personal, no compartía, que era para disminuir las exigencias para ingresar a las carreras de pedagogía, el cual se aprobó en la sala. Tuvimos una discusión bastante áspera en la Comisión de Educación y también en la sala a propósito de este debate. No estoy de acuerdo en que parte de la contribución al debate educativo sea disminuir tanto las exigencias como el parámetro de evaluaciones que hoy tiene el sistema educativo. Por ello, creo que es prudente para este debate saber cuáles son las evaluaciones que, si esta norma se aprueba, van a ser suspendidas.
Mientras avanzamos, vendría entonces. Si volvemos un poco atrás, está lista la indicación del artículo 87, acordada por el diputado Santana con el Ejecutivo, con el siguiente texto: "Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través del domicilio único digital definido por la ley producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado de la fecha de su envío".
Muy bien, ¿votación entonces? Entonces, la indicación y el artículo 87, más la indicación del diputado Santana. Señor Bianchi, a favor. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Bobadilla. ¿El señor Santana? ¿Señor García? ¿Señorita Rojas? A favor. ¿Señor Romero? Anda bastante iluminado hoy día el diputado Santana, así que le daremos un voto.
De confianza, a favor. Señorita Yomas, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, hay 11 votos a favor, 1 en contra y una abstención. Entonces, aprobado el artículo 87, indicación del señor Santana. Y ahora faltaría el artículo 90. Está pendiente la respuesta. No, pero todavía no la tienen. Entonces, avancemos al artículo 2, numeral 12. ¿Lo puede explicar, por favor? Página 13.
Lo que hace este artículo 2, numeral 12, es que prorroga la facultad para implementar la modalidad de teletrabajo a las jefas y los jefes superiores de servicios de la Subsecretaría y de servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionan con el Presidente de la República a través de ellos, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. Esta es una norma bien relevante y es una de las razones por las que este proyecto debe ser discutido con celeridad, porque estamos ya en enero y los servicios no tienen esta disposición legal para poder realizar el esquema de teletrabajo como ha sido realizado hasta ahora, presidente.
Me imagino que a todos les ha llegado el mensaje de la urgencia de aprobar esta norma, diputada Marta. Muchas gracias, presidente. Como todos los que estamos hoy día presentes en la comisión, sabemos que esto se dinamiza en 2023, cuando se promulga la ley de conciliación para el sector privado, erradicándose ahí un compromiso del Ejecutivo y del ministro en su momento, que también por su intermedio, presidente, el entonces subsecretario y ministro del Trabajo, siguió muy de cerca esta tramitación.
El compromiso del Ejecutivo era que efectivamente hubiese una ley permanente de teletrabajo para el sector público, homologando lo que estaba en el sector privado, con la mirada de conciliación, principalmente para madres, padres o tutores cuidadores de hijos menores de 14 años o personas con dependencia moderada severa, tal como lo plantea la ley del sector privado. Esa es la homologación que el sector público y principalmente mujeres, madres, han peleado estos años para que ese compromiso se cumpla.
Nosotros hicimos este seguimiento también desde la Comisión de Mujeres, entendiendo que todos los mensajes y correos que nos llegaban eran principalmente de madres cuidadoras, ya que sabemos que de 10 cuidadores, 9 son mujeres. Por ende, la Comisión de Mujeres tomó este tema y lo trató en distintas sesiones. En una de esas sesiones expuso la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien presentó la situación que tenían los pilotos en ese momento y también uno de los obstáculos por los cuales el teletrabajo no se había implementado en la medida que se esperaba, aludiendo al 20% que se había puesto como medida en los distintos servicios.
Uno de los puntos que mencionó la directora era que los jefes de servicio no tenían la visión de conciliación muchas veces, o no implementaban las medidas de control o la definición de objetivos, lo que se convirtió en un obstáculo para la implementación del teletrabajo con mirada de conciliación. Por eso, presidente, expongo esto, porque hoy día desde el Ejecutivo nace una medida que es nueva, que no la habíamos visto en las distintas tramitaciones donde se ha renovado el teletrabajo en las condiciones que conocemos, pero hoy día se otorga al jefe de servicio la discrecionalidad para emitir.
Un pronunciamiento en los meses de marzo, entiendo, y hay otra indicación que es en los meses de abril, para que el jefe de servicio indique si el servicio va a tener o no teletrabajo por ese año. Esto genera hoy día más incertidumbre que certeza, ya que queda la discrecionalidad unilateral del jefe de servicio, lo que preocupa en lo que ya se ha venido trabajando con el teletrabajo. Por ello, solicitamos votación separada para poder eliminar esa innovación, que, a juicio de las madres cuidadoras, representa un retroceso.
Por otro lado, se ha avanzado en el teletrabajo en los gobiernos regionales y en las universidades, y hoy existe una demanda desde los trabajadores de los municipios para homologar esta situación, que ya está más normada en los gobiernos regionales, con distintas aprensiones. Entendemos, presidente, que hay preocupaciones con el teletrabajo. En su momento, tuvimos una conversación con la ANEF, que también se dio en la Comisión de Mujeres, y pudimos conciliar estas dos miradas. No se quiere que el sistema de teletrabajo sea una merma para las trabajadoras ni que implique una disminución de derechos laborales; al contrario, se busca homologar esta forma de trabajo con los mismos derechos de los trabajos presenciales. En eso avanzamos con la ANEF, y hago un reconocimiento a Victoria Escalante, directora de la ANEF, por su contribución a esta perspectiva.
Esto es un poco para explicar las indicaciones que vienen y por qué pedimos la votación separada. También me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntar al ministro si todavía está en pie el compromiso que hay de la ley permanente, porque la forma de relevar la política y que llegue a la ciudadanía es cumplir los compromisos públicos que se hicieron en su momento. Muchas organizaciones, como MOMUSE, Yo Quiero Estar, Ronda y la Red Nacional de Cuidado, estuvieron presentes en ese compromiso público. Eso, presidente, muchas gracias.
Diputado Sifuentes, y luego el diputado Bobadilla. Quisiera señalar que, con todo el respeto que tengo hacia mi colega, la visión que ella ha presentado de las organizaciones sindicales y de los trabajadores del sector público no es la única. La CEMUCh tiene una perspectiva absolutamente contraria a lo que ella ha planteado. Por lo tanto, me interesa expresar que no es solo una visión del mundo del trabajo público; hay otras miradas que son bastante contrarias, ya que sostienen que se afectarían derechos sindicales y maternales. Creo que es una discusión que merece ser abordada con mayor profundidad.
Diputado Badilla, y luego el diputado Romero. Presidente, considero que el teletrabajo vino a resolver un problema no menor en tiempos anormales, como la pandemia. Se justificó plenamente. La pregunta, por su intermedio, al señor ministro: ¿el gobierno tiene alguna evaluación de los resultados de una norma como esta en el ámbito público pospandemia? Si no existe tal evaluación, que lo diga; y si existe, que nos la comparta para poder resolver mejor respecto de la votación que vamos a enfrentar a continuación.
Eso, presidente. Muy bien, les voy a solicitar que, si van a referirse a las indicaciones, lo hagan cuando nos toque con la indicación correspondiente. Diputado Romero. Sí, presidente, en relación a lo que usted dice, también quiero referirme a mi indicación. El problema es el siguiente: escucho que es necesario regular el teletrabajo. Como mencioné en las primeras sesiones, el teletrabajo es un efecto positivo que dejó la pandemia, un cambio de paradigma en las funciones de los trabajadores. En ese sentido, lo veo con buenos ojos, pero naturalmente, como dice el diputado, se necesitan...
Sitio de evaluación. Yo recuerdo que cuando se empezó a tramitar esto, quedaron compromisos del Ejecutivo de entregar evaluaciones sobre si está funcionando o no. Y yo nunca he visto esas evaluaciones. Por eso, a mí me sorprende la mala técnica legislativa que se está aplicando en este caso, presidente, porque para pretender regular esto a través de esta ley miscelánea, se trata de generar un estatuto más permanente, estableciendo esto hasta el año 2028. Si el compromiso es regular esto como corresponde, con análisis y evaluaciones, sabiendo perfectamente bien las reglas del juego, no se puede permitir que esto quede hasta el 2028. Por eso, presenté una indicación, presidente, que establece que sea hasta el año 2026, para darnos este plazo y regularlo como corresponde en una ley donde discutamos, donde vengan los trabajadores, los jefes de servicio y la Contralora, quien explique qué le parece.
Acuérdense que en esto también hay temas complicados. Por ejemplo, la gente con teletrabajo no puede tener horas extras, eso lo dice la Contralora. Además, quienes están en teletrabajo deben cumplir algún tipo de jornada y no tienen sujeción directa. Hay aspectos que son mucho más complejos que simplemente incluir un artículo y pretender regularlo de manera permanente hasta el año 2028. Si esto es hasta el 2026 y nos damos el tiempo este año para regularlo como corresponde, perfecto. Pero si se extiende hasta el 2028, lamentablemente, y con el dolor de mi corazón, porque creo que el teletrabajo es moderno, voy a votar en contra.
Gracias, presidente. Asimismo, iba a acoger la solicitud que usted planteó respecto a ir artículo por artículo, porque si no estamos dando todos los debates en uno solo. Son distintos artículos que regulan el teletrabajo, además de distintas indicaciones. Mezclar todos los debates no funciona, y es mejor dar el debate de manera ordenada. Por lo tanto, aplicar la sugerencia que usted nos dio, presidente, y partir con el artículo 2, numeral 12.
Ministro, partimos con las indicaciones. En cuanto a una visión general respecto a esto, creo que el tema del teletrabajo es uno de los que no necesariamente tiene posturas alineadas con las visiones políticas, ya que es un asunto práctico. Es decir, se debe lograr un diseño que permita hacer bien el trabajo y, a su vez, mejore las condiciones laborales y la calidad de vida de las personas que allí trabajan. Tania se referirá después a la pregunta específica sobre las evaluaciones.
Comparto lo que decía la diputada Yomans, presidente, respecto a empezar a votar de manera ordenada y a ir viendo los distintos puntos. Sin embargo, me gustaría señalar que lo que está planteando el Ejecutivo, incluyendo los años, es parte del acuerdo con la mesa del sector público, por lo que estamos condicionados por ese acuerdo. Lo que proponemos es no innovar tanto en este tema, sino mantener lo que se ha hecho hasta ahora, ya que, más allá de las evaluaciones y lo que hemos aprendido, creemos que es necesario contar con más información para tomar decisiones sobre un cambio más sustantivo.
Eso es lo que estamos haciendo en términos generales, entendiendo que es un debate complejo. La única indicación que agregamos es que, en lugar de entregar información en marzo, se haga en abril, para dar más tiempo, considerando también el cambio de gobierno, lo cual fue indicado por el Ejecutivo. Si le parece bien, presidente, Tania podría responder algunas de las preguntas planteadas para luego poder votar de acuerdo a lo que usted señala.
Por su intermedio, presidente, aclaro que el Ejecutivo sí está realizando una evaluación del teletrabajo en la administración central, que comprende los 40 servicios denominados pilotos. Los resultados de esa evaluación fueron presentados en octubre de 2025 a la Comisión de Mujer, que es la presentación a la que hace referencia la diputada anteriormente. Los resultados son dispares en términos de evaluación desde la perspectiva de los jefes de servicio, las organizaciones sindicales y los funcionarios que continúan con presencialidad versus aquellos que están fuera.