Dios y la patria. Tiene la palabra el secretario.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la cuenta se ha recibido un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el oficio de su excelencia el Presidente de la República, por el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo de la Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla, por un periodo de seis años, boletín S2701-05, con la urgencia del párrafo segundo, número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
En esta sesión especial, el señor presidente pone en discusión el oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla, por un periodo de seis años, asunto correspondiente al boletín número S2701-05, y que cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia para su despacho en los términos del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. La Comisión de Hacienda deja constancia que a la sesión en que analizó esta propuesta concurrieron, además de sus miembros, la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y las personas propuestas por el primer mandatario para integrar el Consejo, quienes intercambiaron opiniones y planteamientos acerca de las funciones y desafíos del Consejo y del Sistema de Alta Dirección Pública.
Sobre la materia, es dable hacerse presente que conforme al artículo 43 de la ley número 19.882, el Consejo de Alta Dirección Pública estará integrado por el Director Nacional del Servicio Civil y cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones. Al tenor del artículo 44 de la misma ley, el Presidente de la República designará como consejeros a personas con conocido prestigio por su experiencia y conocimientos en administración de personal y/o políticas públicas, sea en el sector público o privado. Los consejeros se elegirán por pares alternadamente cada tres años y deberán ser ratificados por el Senado por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.
Propuesta que comprenderá dos consejeros. El Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. La Comisión de Hacienda, en virtud de las consideraciones expuestas y con el pronunciamiento favorable de los honorables senadores señor Rincón y señores Galilea y Macaya, y la abstención del honorable senador señor Saavedra, informa que en la designación de integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública en trámite se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en el ordenamiento jurídico.
Cabe reiterar que el Senado debe pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad y, para su aprobación, el acuerdo debe ser adoptado por los cuatro séptimos de sus integrantes en ejercicio, lo que requiere 29 votos favorables. Esto es todo, señor presidente.
Primero, se solicita autorización para el ingreso de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. ¿Hay acuerdo? Así se estima. También aprovechamos de saludar al embajador de Estados Unidos, Brandon Hutt, que está en las tribunas, y al equipo de la Embajada de Estados Unidos. Bienvenido, señor embajador y su equipo, invitados por el grupo de amigos de Chile-Estados Unidos.
Tiene la palabra la senadora Rincón para hacer el informe. Gracias, presidente. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda, vengo a dar cuenta del trabajo realizado por nuestra Comisión respecto del oficio de su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para designar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla por un período de seis años.
Cabe recordar que el Consejo de Alta Dirección Pública forma parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil y está integrado por cinco miembros: su presidente, que es el director del Servicio Civil, y cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado por un período de seis años, renovándose parcialmente cada tres años.
La Comisión, presidente, tuvo sesión para estos efectos con la presencia de los candidatos propuestos y la subsecretaria de Hacienda, que aprovecho de saludar y que hoy nos acompaña en esta sala. Ellos expresaron toda la trayectoria que tenían en la alta dirección pública durante el período comprendido entre los años 2019 y 2025, período que se encuentra vencido, razón por la cual el Ejecutivo solicitó nuevamente el acuerdo del Senado para su designación.
Se recordó que, conforme a la ley 19.882, los consejeros deben ser personas de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materia de administración de personal y política pública. La Comisión tuvo especialmente en consideración los antecedentes académicos y profesionales de los consejeros propuestos.
La señora Cristina Paz Orellana Quesada es ingeniera comercial e ingeniera de agronegocios, con un MBA y especialización en gobierno corporativo, control de gestión, libre competencia y evaluación de proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, habiéndose desempeñado, entre otros cargos, como directora ejecutiva del sistema de empresas públicas, gerente general de SERCOTEC, directora regional de CORFO, delegada presidencial para la construcción de Maule Norte y consejera de alta dirección pública entre los años 2019 y 2025. Ha integrado múltiples directorios de empresas públicas y privadas y posee una reconocida trayectoria en gobernanza corporativa, gestión estratégica y coordinación público-privada.
El señor Eduardo Riquelme Portilla es abogado, doctor en Derecho, con especialización en Derecho Penal, Compliance y Ética Pública. Ha ejercido funciones académicas en diversas universidades, ha publicado extensamente en materias de probidad y corrupción, y se ha desempeñado en distintos cargos públicos de alta responsabilidad, entre ellos subsecretario de Pesca y Acuicultura, jefe de Gabinete del Ministro de Defensa, asesor ministerial y consejero de alta dirección pública entre los años 2019 y 2025, con innumerables publicaciones. Su trayectoria combina experiencia técnica, académica e institucional, especialmente en materias de integridad, cumplimiento normativo y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Durante el análisis, se destacó el rol del Consejo de Alta Dirección Pública como pilar de la modernización del Estado, de la profesionalización del empleo público y de la selección meritocrática de los directivos superiores. Asimismo, se discutieron posibles espacios de perfeccionamiento del sistema, particularmente en relación con la estabilidad del segundo nivel jerárquico, los criterios de remoción, la rotación de cargo y la necesidad de resguardar independencia técnica frente a contingencias políticas. Se dejó constancia, presidente, de observaciones sobre la conveniencia de mejorar los mecanismos de comunicación.
Previo al Ejecutivo con el Senado respecto de sus nominaciones, se señaló expresamente que quedaron suficientemente acreditadas las competencias técnicas, profesionales y éticas de ambas personas propuestas. El acuerdo de la Comisión de Hacienda, con la recomendación favorable de los honorables senadores Galilea, Macaya y Rincón, y la abstención del senador Saavedra, acordó informar favorablemente la solicitud del Ejecutivo, estimando que se han cumplido los requisitos y formalidades exigidos por el ordenamiento jurídico. Es todo cuanto podemos informar, señor presidente.
Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador José Miguel Insulza.
Presidente, esta elección de miembros de la alta dirección pública tiene una gran importancia. Se ha hablado mucho en los últimos días acerca de los ajustes, los no ajustes, la retención de personal, etcétera. Esta es la forma en que se nombran altos funcionarios de todos los servicios públicos del país. Quiero hacer solamente una afirmación o un comentario del cual no sé a quién culpar. Tengo entendido que esta comisión debería rendir cuentas o informar de sus actividades a la Comisión de Hacienda del Senado, cuestión que he hecho ver varias veces. Sin embargo, no ha habido ni de parte de la comisión misma, ni de la Comisión de Hacienda, ni de nadie, ninguna llamada a informar sobre lo que hace esta comisión.
Estamos eligiendo dos personas nuevas, renovando por seis años a personas que ya están en sus cargos, sin que haya habido ninguna posibilidad de informar sobre la actuación de esta comisión. La verdad es que creo que esto es un poco prematuro. No tengo nada en contra de las personas nombradas y no tengo interés en dilatar el proceso, pero estamos haciendo una designación a ciegas, sin conocer a las personas que están postulando. Sus currículos están disponibles, pero sin saber qué ha hecho la comisión del mercado financiero que avala el nombramiento o no nombramiento de estas personas. Quiero plantear este punto, presidente, porque realmente no creo que sea razonable. Son consejeros que se eligen por dos años y creo que sería importante contar con mayor información sobre lo que se está haciendo en esa comisión y cómo se trabaja el tema de la elección de los cargos para proveer a los servicios públicos. Gracias, presidente.
Senadora Núñez, ¿usted pidió la palabra? ¿Se autoriza abrir la votación? ¿Están de acuerdo? Todos. Hay que avisar. Los timbres, por favor. Senadora Núñez tiene la palabra.
En votación. Antes de ofrecer la palabra, solicitamos la autorización para el ingreso del subsecretario Nicolás Facuse. ¿Hay acuerdo? Rechazado, Nicolás. Senadora Paulina Núñez.
Gracias, presidente. Quiero partir adelantando, ya que está abierta la votación, mi voto a favor, como también el de nuestra bancada. Quiero señalar que, cuando se dio cuenta de estos nombramientos, ambos consejeros están en el ejercicio de su cargo. En estricto rigor, ya cumplieron con el plazo y su periodo, pero tienen experiencia en esto. Yo incluso planteé que no veía la necesidad de que pasaran por la Comisión de Hacienda. Escuchando a la presidenta de la Comisión de Hacienda, que además ha rendido el informe respecto a lo que ocurrió en la comisión, creo que fue propicia la decisión, porque efectivamente en esa instancia no solamente correspondía que se produjera, sino que allí pudieron explayarse sobre la labor realizada y cómo cada uno se ha desempeñado en su cargo en la alta dirección pública. Por lo mismo, presidente, habiendo ocurrido esto...
Corresponde que votemos, está abierta la votación, pero lo quise decir a propósito de lo que planteaba el senador Insulza. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el senador Juan Luis Castro.
Gracias, presidente. Tal como fue la posición de nuestro representante en la Comisión de Hacienda, el senador Saavedra, y pese a que no vamos a hacer cuestión de que el informe llegó en un plazo que no es anterior a 24 horas, como acaba de suceder, que es un problema reglamentario, sí consideramos que esto no tuvo el tratamiento suficiente hasta la bancada del Partido Socialista en cuanto al mérito de los nombres, que no objetamos, pero que de parte del Ejecutivo esto no se procedió a hacer adecuadamente, por lo cual vamos a abstenernos en esta votación. Gracias, presidente.
¿Subsecretaria, usted pide la palabra?
Sí, presidente, por su intermedio, saludar por supuesto a todas las senadoras y senadores. Señalar que, como Ejecutivo, optamos por proponer a este Congreso por seis años a las personas que relató su carrera y profesionalismo la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Rincón, pensando principalmente en la importancia que tiene la continuidad institucional, en lo que se refería por su intermedio el senador Insulza, por la gran labor que incumple en la dirección del servicio civil y, en particular, el Consejo de Alta Dirección Pública en la selección de los distintos cargos de primer nivel jerárquico y también, por supuesto, con los comités de expertos en el segundo nivel jerárquico. Nos parece que esto da una rápida continuidad operativa; ellos conocen muy bien el sistema y es importante recordar que cuando esto partió por un gran acuerdo político en la ley de nuevo trato, que se conoce desde el año 2003, en 2004, cuando partió en operación, tenía 688 cargos sobre los cuales tenía que tomar decisiones. Hoy día son más de 5.315 cargos en 530 instituciones de la más amplia variedad, como, por ejemplo, hospitales.
Lo segundo que quería señalar, a propósito de la intervención del senador Insulza, es que ellos, por ley, tienen que enviar un informe del trabajo del Consejo de Alta Dirección Pública en mayo de cada año. En mayo del año 2025 se envió la gestión del año 2024, tanto a la Comisión de Hacienda de la Cámara como a la Comisión de Hacienda del Senado. En el caso de la Cámara, fueron recibidos para darlo a conocer, pero desconozco por qué en el caso del Senado eso no ocurrió. Sin embargo, efectivamente, todos los mayo de cada año deben hacer una cuenta pública y parte de esa cuenta debe enviarse a este Senado, presidente, por su intermedio.
Tiene la palabra la senadora Yasna Provoste.
Muchas gracias, presidente. Yo quisiera reiterar parte importante de mi intervención. Cuando solicité la palabra, era para referirme a lo que ha planteado ya la subsecretaria de Hacienda, donde una de las preocupaciones que ha planteado un colega de la bancada del Partido Socialista está recogida a partir de lo que hemos establecido en la propia ley, es decir, en que se envíen los informes y que estos sean también compartidos.
Quiero colocar la atención, presidente, en que el Consejo de Alta Dirección Pública constituye uno de los pilares de la modernización del sector público. Nos parece que aquí el correcto funcionamiento de esta institucionalidad, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto y de la calidad de los equipos directivos, también incide en lo que nosotros hemos definido. Quisiera señalarlo, presidente, porque esta institución surge de un compromiso transversal y esa transversalidad se expresa en la renovación de los integrantes que en el día de hoy se traen a esta sala.
Quisiera hacer un llamado público a los colegas de la centroizquierda, donde la Democracia Cristiana ha formado parte históricamente. Nosotros hemos concurrido con nuestro voto favorable.
Cuando al Consejo de Alta Dirección Pública concurren militantes de partidos de la centroizquierda, no entendería esto sino más bien como una señal muy equívoca en los momentos que estamos viviendo, en que aquí no se exprese una señal de unidad. Conozco particularmente los atributos, las capacidades profesionales y técnicas de Cristina Orellana, y por eso quiero solicitar con toda humildad a esta sala que apoyemos la designación que ha hecho el Presidente Gabriel Boric en esta oportunidad. He dicho, señor Presidente, que nuestra bancada de la Democracia Cristiana e Independientes votamos a favor. Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador García. Muchas gracias, Presidente. Honorable sala, las senadoras y los senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta propuesta de su excelencia el Presidente de la República para integrar el Consejo de Alta Dirección Pública. Lo hacemos porque se trata de dos personas que ya han cumplido igual rol; es decir, les estamos renovando su mandato y, de esa forma, garantizando el óptimo funcionamiento del Consejo de Alta Dirección Pública. En lo personal, conozco desde hace varios años al abogado Eduardo Riquelme Portilla, un profesional que ha cumplido diversas responsabilidades públicas en distintas reparticiones y en distintas tareas, y puedo dar fe de que se trata de un profesional íntegro y de una persona con verdadera vocación de servicio. Así que con mucho gusto votamos a favor. Muchas gracias, Presidente.
Gracias. Tiene la palabra el senador Walker. Presidente, simplemente para anunciar mi voto favorable respecto de la renovación de ambos nombramientos, tanto de la señora Cristina Orellana como del señor Eduardo Riquelme, dos destacados profesionales que han dado muestras de un desempeño de excelencia en el Consejo de Alta Dirección Pública. En particular, conozco la trayectoria de Cristina Orellana, quien durante muchos años estuvo en el servicio público, particularmente en Sercotec, una mujer de esta región, de Valparaíso, que tiene todas las competencias académicas y técnicas para ser ratificada en esta responsabilidad, lo mismo que el señor Eduardo Riquelme, a quien hemos conocido en el Congreso Nacional en las distintas responsabilidades públicas en las cuales ha debido actuar.
Me sumo a lo señalado por la Presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Rincón, quien cumplió un completo informe, y también a lo señalado por la senadora Yasna Provoste respecto de la importancia de que los acuerdos se cumplan y se respeten, porque de lo contrario se abre un peligroso camino si se desconocen estos equilibrios que son tan importantes respecto de estas responsabilidades. Voto a favor, Presidente.
Senador Cuzanovic, falta que vote. Preguntamos si alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto. Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, aprobando la propuesta de los nombres formulados por su excelencia el Presidente de la República, 35 votos; por la negativa, 0; abstenciones, 8. Aprobadas las nominaciones.
Vamos al segundo punto de la tabla. El señor Presidente pone en discusión el oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, declarado mediante decreto supremo número 189 del 16 de mayo de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
y prorrogada en sucesivas oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 285, de 26 de diciembre de 2025, del Ministerio del Interior, por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 285, asunto correspondiente al boletín S 2705-14.
Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que una serie de hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras. Tales hechos, agrega, han dificultado el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas de dicha zona.
Atendido lo anterior, y en virtud de la norma constitucional citada, fue declarado, conforme a lo indicado en el decreto supremo N° 189, el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas antes mencionadas por un término de 15 días, siendo prorrogado con posterioridad mediante sucesivos decretos supremos. Durante su vigencia, enfatiza la solicitud del estado de excepción, han promovido una mejor gestión y coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, advierte el Ejecutivo, los hechos de violencia que motivaron la declaración del estado de excepción aún subsisten, por lo que se hace necesario prorrogar su vigencia por 30 días adicionales, según dispone el actual inciso cuarto del artículo 42 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, puntualiza, tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección a los habitantes de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.
En consecuencia, atendido que el estado de excepción constitucional declarado y prorrogado vence el próximo 26 de enero del año 2026, y en consideración además de las circunstancias y antecedentes mencionados, mediante el oficio en actual trámite se solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efecto de que se prorrogue la vigencia del referido estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas indicadas por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el señalado decreto supremo N° 285.
Se hace presente que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de ayer, ha dado su acuerdo a la citada solicitud. Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción constitucional vigente, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos tercero y quinto del artículo 42 de la Carta Fundamental.
Es todo, señor Presidente. En votación, se abre la votación. Senador Flores, ¿te pido la palabra?
Sí, presidente, pero era en la votación anterior. Está abierta la votación. ¿Senadora Lavena, pide la palabra? No, pero...
Está abierta la votación. Senador Keitel, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, quería hablar sobre este proyecto, ¿se puede?
Por supuesto, puede fundamentar su voto. Gracias, presidente. Simplemente quería quizás dar algunos datos, unas cifras duras, después de estos cuatro años en que hemos estado renovando este estado de excepción, este estado de excepción N° 65. En estos cuatro años hemos tenido 610 vehículos quemados, 402 maquinarias destruidas, 365 casas o infraestructura destruida, 14 muertos, dentro de los cuales hay 3 carabineros, lo que representa un costo económico para el Estado gigantesco.
Es importante evaluar, y siempre lo he dicho, hasta qué punto este estado de excepción ha sido suficiente. Claramente sabemos que las cifras han mejorado, pero han mejorado en un país donde no debiera haber ningún tipo de cifra negativa, especialmente en la protección que debieran tener todos los chilenos y chilenas. Yo también insisto en que mientras se haga lo mismo, siempre se va a tener el mismo resultado.
¿Qué significa eso? Que vamos a seguir teniendo muertos, destrucción, abusos, robos y terrorismo, como siempre hemos hablado. Entonces, siento que o se potencian de mejor manera los cuidados y los recuerdos que se están haciendo, o simplemente, y como lo pido siempre, es tener una mano dura total para que no tengamos que seguir renovando esto, porque no debiera existir el terrorismo por parte de algunos personeros que viven en la región del Bío Bío, de la Araucanía y de otros lugares donde tenemos este tipo de delincuencia. Quiero aprovechar, presidente, para agradecer el resguardo de la protección que hemos recibido por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. También, y por último, nuevamente pido al Ejecutivo, en estos meses que quedan de gobierno, y como también lo haré con el presidente electo José Antonio Kast, que no nos olvidemos de las víctimas, del apoyo, de la reparación, y de que salgan del abandono que el Estado chileno les ha dado durante años. Eso no puede ser, y espero que las cosas cambien de una vez por todas con esta mano dura que sigo pidiendo y que se siguen prometiendo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, si bien este no sé si es el último o el penúltimo estado de excepción constitucional que tiene que ver con este gobierno y con esta legislatura, sería muy importante que el Ministro del Interior, que está aquí presente, pudiera entregar una evaluación de lo que ha ocurrido en estos cuatro años. Si quizás no tiene las cifras aquí, pudiera enviarnos un informe por escrito a cada uno de los senadores y senadoras. Creo que al terminar un gobierno hay que hacer una evaluación no solo desde el punto de vista de lo que ha planteado muy bien el senador Keitel en relación a los actos de violencia, cómo han ido disminuyendo y cuáles son esos factores que, de alguna manera, con este estado de excepción han tratado de controlarse, sino también desde el punto de vista de las distintas reparticiones públicas, donde ha existido una inversión importante en las regiones que hoy tienen estado de excepción constitucional, pensando fundamentalmente en la Araucanía y en la provincia de Arauco.
Entonces, ¿qué ha pasado con este estilo de inversión que debería ser mucho más rápida y concreta? Por ejemplo, en agua potable rural, ¿qué pasó con los caminos? ¿Qué pasó con la vivienda? Las condiciones deberían haber mejorado precisamente con un presupuesto diferenciado para la zona, que se suponía iba a ser más fácil de ejecutar. Si fuera posible, presidente, quizás el ministro no tiene las inversiones sectoriales, que fueron parte de las preguntas que hice como senadora a lo largo de este periodo, y que nos pudiera reflejar los cambios sociales que han ocurrido a partir de esta intervención, que cuando asumió el gobierno era de mucha precariedad. No había agua en los sectores, teníamos complicaciones en los accesos, etcétera.
Quiero saber si a partir de este estado de excepción constitucional clásico también podemos tener algunas diferencias, números y estadísticas que nos permitan ver cómo ha mejorado la infraestructura, el acceso y la pobreza multidimensional que permanentemente estamos analizando en esta sala. Eso, presidente, si el ministro no lo tiene aquí, que obviamente deben ser varias inversiones, quizás sería importante que pudiera complementarlo a través de un informe, pensando en que se termina no solo un año legislativo, sino el gobierno. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el senador Van Rysselberghe. Muchas gracias, presidente. Como bien indicaron quienes me antecedieron, hoy día nos corresponde votar esta última renovación de este estado de excepción, contexto en el cual aprovecho de saludar al Ministro del Interior que nos acompaña en la sala. En la votación de hoy, como bien lo acabo de mencionar, es también la primera renovación del año 2026 de este estado de excepción para las regiones de La Araucanía.
En las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, es importante hacer un balance de lo ocurrido durante el pasado 2025. Tal como lo señala el indicador de violencia e impunidad del medio electrónico El Líbero, publicado el pasado 6 de enero, en 2025 se registraron 69 hechos violentos, 27 de los cuales estuvieron dirigidos contra la industria forestal. Uno de estos atentados incluyó el lamentable y cobarde asesinato del trabajador Manuel León Urra, ocurrido en agosto en la comuna de Victoria. De la misma forma, la región de La Araucanía concentró el mayor número de atentados, con 56 incidentes durante el año 2025, lo que representa el 81,15% del total anual. La agrupación radical que más siniestros se adjudicó fue la Weichan Aucamapu, más conocida como Huam.
Respecto específicamente a la región del Biobío, el pasado 2025 tuvo el triste récord de ser escenario del mayor acto terrorista registrado, como es la quema de casi 50 camiones de la central hidroeléctrica Rucalhue, ocurrida en la provincia del Biobío. Es necesario hacer notar que estos ataques son una demostración tangible de que las células terroristas que obligaron a este gobierno a reponer esta medida excepcional siguen operando en la macrozona sur, y aún tienen la fuerza, la organización y la capacidad operativa para atentar contra la propiedad privada y pública.
Asimismo, es necesario reiterar que mientras continúen existiendo estos grupos o células terroristas con capacidad operativa en la macrozona sur, el estado de excepción constitucional debe mantenerse vigente todo el tiempo que sea necesario, para que nuestras autoridades, nuestras policías y nuestras fuerzas de orden y seguridad desplegadas en la zona tengan el contexto adecuado para avanzar en la desarticulación de estos grupos de forma definitiva.
Finalmente, quiero referirme a la polémica causada por el ingreso por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que reconoce, califica y repara, cuando corresponda, a las víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esta iniciativa surge como parte de las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento creada por el presidente Gabriel Boric, la cual propuso, entre otras medidas, indemnizar a las víctimas de la mal llamada violencia rural. Sin embargo, el texto ingresado por el gobierno no considera ningún tipo de indemnización para las víctimas de la violencia en la macrozona sur, a pesar de que el informe financiero que lo acompaña contempla recursos por casi seis mil millones de pesos ya asignados en el programa de violencia de la Subsecretaría del Interior.
Resulta falaz que un proyecto hable de reparación, pero que en su articulado no contemple ninguna norma de indemnización o compensación económica para las víctimas acreditadas de los actos terroristas que operan en la macrozona sur. Espero que el próximo gobierno, que asumirá en marzo, corrija este profundo error de nuestras actuales autoridades y que demuestre que, desde su óptica, lo que ocurre en la macrozona sur no es terrorismo y que no existen derechos vulnerados de las víctimas que han sufrido durante tantos años la violencia de grupos radicalizados que, lamentablemente, siguen operando impunemente.
Con todo, presidente, votaré a favor de esta renovación del estado de excepción. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Saludo por su intermedio al ministro. La verdad es que estamos en la enésima renovación del estado de excepción, lo cual es preocupante, porque los estados de excepción, como he mencionado en varias ocasiones, deben usarse por breve tiempo, ya que coartan la libertad y la democracia.
Y acá llevamos, no sé, más de tres años y medio de estado de excepción. Esto es grave porque va alterando la democracia y afectando las libertades, no solo de los malos, sino también de los buenos. Por eso, es fundamental tener un uso racional de esta herramienta. En este tema se ha tratado de mantener, pero no se hace nada. Esta es una herramienta que se debe utilizar, y lo único que hacemos es aplicarla sin realmente usarla. Es como tener un tractor, lo ponemos ahí y nadie quiere manejarlo. Entonces, tenemos un problema grave, porque hay un cierto control, pero cada cierto tiempo aparecen los incendios, otros desastres, y la libertad se encuentra reprimida, mientras las cosas siguen igual.
Ahora, ¿siguen más, siguen menos? Buena pregunta. Algunos dicen que disminuyen, pero esto hay que abordarlo de raíz. La intervención en estos temas debe ser tan enérgica que aniquile la voluntad de lucha. De eso se trata: hay que demostrar el poder del Estado, y eso debe hacerse en un tiempo breve y acotado, porque es peligroso usarlo más allá de lo racional. Pero aquí estamos con una situación que se ha vuelto permanente, transformándose en una normalidad, y eso no puede ser. Todos nosotros, incluido el Gobierno, tenemos la responsabilidad de utilizar las herramientas que existen para solucionar los problemas. Si no, se transforma en un abandono del deber que tiene el Gobierno de aplicar la Constitución y controlar el territorio en Chile.
Este tema me preocupa, porque da la impresión de que todo sigue igual. ¿Cuándo vamos a evolucionar como Estado? ¿Cuándo vamos a evolucionar como el Gobierno de turno que tenemos? Debemos avanzar, debemos tener una manera de decir: "Vamos a poner orden". De lo contrario, parece que no creemos en el Estado, que no queremos proteger el Estado que tenemos. Yo no creo que este Estado sea válido, por lo que no lo voy a proteger ni aplicar. Me preocupa este tema cuando nadie quiere hacer nada.
Gracias, Presidente. La señora Carmen Gloria Aravena tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Hoy día estamos, al menos los senadores presentes, que terminamos nuestro periodo, probablemente aprobando la última prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur. En el caso de la Araucanía, región que represento, son tres décadas de consecuencias muy duras de la violencia, y no hablo solo desde la atracción, sino de las estadísticas frías. Las comunidades, los pequeños agricultores, transportistas, trabajadores forestales, familias mapuches y no mapuches han visto alterada su vida cotidiana por miedo, inseguridad y violencia. La discusión de esta prórroga no es un trámite más; es una decisión de un impacto humano, social y político importante.
No hay duda de que el estado de emergencia del 2022 ha logrado una contención significativa, transformándose en una tendencia descendente y sostenida de disminución de la violencia. Desde 2021 en adelante, los hechos de violencia han disminuido año a año sin interrupciones, y hoy tenemos un porcentaje muy bajo en comparación con épocas anteriores, alcanzando un 80% respecto al punto más alto de conflicto. Pocas políticas públicas, en mi opinión, en materia de seguridad pueden exhibir un resultado de esta magnitud, y es precisamente por eso que debemos tener cuidado en no relativizar los avances ni caer en diagnósticos complacientes.
La reducción de la violencia no significa que el problema esté resuelto, pero demuestra que retirar o debilitar esta herramienta de forma anticipada podría ser un grave error. El estado de emergencia ha cumplido un rol de contención clave, permitiendo recuperar control territorial, mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías, y generar condiciones mínimas para que otras policías, principalmente la PDI, puedan perseguir delitos tan graves como los que hemos vivido. En este contexto, esto ha permitido también mejorar condiciones económicas y ofrecer algo de reparación a muchas víctimas. Sin embargo, no podemos desconocer que esta mejora se distribuye de manera desigual, y lo quiero señalar, porque evidentemente seguimos concentrando la violencia en Malleco, lo que también implica un deterioro económico, social, de infraestructura y de equipamiento que es notorio entre una provincia y otra. Esto continuará así en la medida que no se tomen las acciones necesarias.