Dios y la patria. Tiene la palabra el secretario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la cuenta se ha recibido un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el oficio de su excelencia el presidente de la República, por el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo de la Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla por un periodo de seis años, Boletín S2701-05, con la urgencia del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
Orden del día. En esta sesión especial, el señor presidente pone en discusión el oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla por un periodo de seis años, asunto correspondiente al Boletín S2701-05 y que cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia para su despacho en los términos del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. La Comisión de Hacienda deja constancia que a la sesión en que analizó esta propuesta concurrieron, además de sus miembros, la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y las personas propuestas por el Primer Mandatario para integrar el Consejo, quienes intercambiaron opiniones y planteamientos acerca de las funciones y desafíos del Consejo y del Sistema de Alta Dirección Pública.
Sobre la materia, es dable hacerse presente que conforme al artículo cuadragésimo tercero de la ley número 19.882, el Consejo de Alta Dirección Pública estará integrado por el Director Nacional del Servicio Civil y cuatro consejeros designados por el presidente de la República, ratificados por el Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones. Al tenor del artículo cuadragésimo cuarto de la misma ley, el presidente de la República designará como consejeros a personas con conocido prestigio por su experiencia y conocimientos en administración de personal y/o políticas públicas, sea en el sector público o privado. Los consejeros se elegirán por pares alternadamente cada tres años. Estos deberán ser ratificados por el Senado por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Para tal efecto, el presidente hará una propuesta.
El Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. La Comisión de Hacienda, en virtud de las consideraciones expuestas y con el pronunciamiento favorable de los honorables senadores señora Rincón y señores Galilea y Macaya, y la abstención del honorable senador señor Saavedra, informa que en la designación de integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública en trámite se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en el ordenamiento jurídico. Cabe reiterar que el Senado debe pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad, y para su aprobación, el acuerdo debe ser adoptado por los cuatro séptimos de sus integrantes en ejercicio, lo que requiere 29 votos favorables.
Se solicita autorización para el ingreso de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. ¿Hay acuerdo? Así se estima. También aprovechamos de saludar al embajador de Estados Unidos, Brandon Hutt, que está en las tribunas, y al equipo de la Embajada de Estados Unidos. Bienvenidos, señor embajador y su equipo, invitados por el Grupo de Amigos de Chile-Estados Unidos.
Tiene la palabra la senadora Rincón para hacer el informe. Gracias, presidente. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, vengo a dar cuenta del trabajo realizado por nuestra comisión respecto del oficio de su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado para designar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quesada y al señor Eduardo Riquelme Portilla por un período de seis años. Cabe recordar que el Consejo de Alta Dirección Pública forma parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil y está integrado por cinco miembros: su presidente, que es el director del Servicio Civil, y cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado, por un período de seis años, renovándose parcialmente cada tres años.
La comisión tuvo sesión para estos efectos con la presencia de los candidatos propuestos y la subsecretaria de Hacienda, quienes expresaron toda la trayectoria que tenían en la Alta Dirección Pública durante el período comprendido entre los años 2019 y 2025, período que se encuentra vencido, razón por la cual el Ejecutivo solicitó nuevamente el acuerdo del Senado para su designación. Se recordó que, conforme a la Ley 19.882, los consejeros deben ser personas de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materia de administración de personal y política pública.
La comisión tuvo especialmente en consideración los antecedentes académicos y profesionales de los consejeros propuestos. La señora Cristina Paz Orellana Quesada es ingeniera comercial e ingeniera de agronegocios, con un MBA y especialización en gobierno corporativo, control de gestión, libre competencia y evaluación de proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, habiéndose desempeñado, entre otros cargos, como directora ejecutiva del sistema de empresas públicas, gerente general de SERCOTEC, directora regional de CORFO, delegada presidencial para la reconstrucción de Maule Norte y consejera de alta dirección pública entre los años 2019 y 2025. Ha integrado múltiples directorios de empresas públicas y privadas y posee una reconocida trayectoria en gobernanza corporativa, gestión estratégica y coordinación público-privada.
El señor Eduardo Riquelme Portilla, abogado, doctor en Derecho, con especialización en Derecho Penal, Compliance y Ética Pública, ha ejercido funciones académicas en diversas universidades y ha publicado extensamente en materias de probidad y corrupción. Se ha desempeñado en distintos cargos públicos de alta responsabilidad, entre ellos subsecretario de Pesca y Acuicultura, jefe de Gabinete del Ministro de Defensa, asesor ministerial y consejero de Alta Dirección Pública entre los años 2019 y 2025, con innumerables publicaciones. Su trayectoria combina experiencia técnica, académica e institucional, especialmente en materias de integridad, cumplimiento normativo y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Durante el análisis se destacó el rol del Consejo de Alta Dirección Pública como pilar de la modernización del Estado, de la profesionalización del empleo público y de la selección meritocrática de los directivos superiores. Asimismo, se discutieron posibles espacios de perfeccionamiento del sistema, particularmente en relación con la estabilidad del segundo nivel jerárquico, los criterios de remoción, la rotación de cargo y la necesidad de resguardar independencia técnica frente a contingencias políticas. Se dejó constancia, presidente, de observaciones sobre la conveniencia de mejorar los mecanismos de comunicación previa al ejercicio.
Con el Senado respecto de sus nominaciones, se señaló expresamente que quedaron suficientemente acreditadas las competencias técnicas, profesionales y éticas de ambas personas propuestas. El acuerdo de la Comisión de Hacienda, con la recomendación favorable de los honorables senadores Galilea, Macaya y Rincón, y la abstención del senador Saavedra, acordó informar favorablemente la solicitud del Ejecutivo, estimando que se han cumplido los requisitos y formalidades exigidos por el ordenamiento jurídico.
Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador José Miguel Insulza.
Presidente, esta elección de miembros de la alta dirección pública tiene una gran importancia. Se ha hablado mucho en los últimos días acerca de los ajustes, la retención de personal, entre otros temas. Esta es la forma en que se nombran altos funcionarios de todos los servicios públicos del país. Quiero hacer una afirmación o un comentario del cual no sé a quién culpar, porque tengo entendido que esta comisión debería rendir cuentas o informar de sus actividades a la Comisión de Hacienda del Senado, cuestión que he señalado en varias ocasiones. Sin embargo, no ha habido, ni de parte de la comisión misma, ni de la Comisión de Hacienda, ninguna llamada a informar sobre lo que hace esta comisión.
Estamos eligiendo dos personas nuevas, renovando por seis años a personas que ya están en sus cargos, sin que haya habido una posibilidad de conocer su actuación. La verdad es que creo que esto es un poco prematuro. No tengo nada en contra de las personas nombradas, ni tampoco tengo interés en dilatar el proceso, pero estamos haciendo una designación a ciegas, sin conocer a las personas que están postulando. Sus currículos están disponibles, pero no sabemos qué ha hecho la comisión del mercado financiero que avala el nombramiento o no nombramiento de estas personas. Quiero plantear este punto, presidente, porque realmente no creo que sea razonable. Son consejeros que se eligen por dos años y creo que sería importante contar con mayor información sobre lo que se está haciendo en esa comisión y cómo se trabaja el tema de la elección de los cargos para proveer a los servicios públicos.
Gracias, presidente. Senadora Núñez, ¿usted pidió la palabra? ¿Se autoriza abrir la votación? ¿Están de acuerdo? Todos. Hay que avisar. Los timbres, por favor. Senadora Núñez tiene la palabra.
En votación. Antes de ofrecer la palabra, solicitamos la autorización para el ingreso del subsecretario Nicolás Facuse. ¿Hay acuerdo? Rechazado, Nicolás.
Senadora Paulina Núñez. Gracias, presidente. Quiero partir adelantando, ya que está abierta la votación, mi voto a favor, como también el de nuestra bancada. Quiero señalar que, cuando se dio cuenta de estos nombramientos, ambos consejeros están en el ejercicio de su cargo. En estricto rigor, ya cumplieron con su plazo, pero tienen experiencia en esto. Yo incluso planteé que no veía la necesidad de que pasaran por la Comisión de Hacienda. Escuchando a la presidenta de la Comisión de Hacienda, que además ha rendido el informe respecto a lo que ocurrió en la comisión, creo que fue propicia la decisión, porque efectivamente, en esa instancia, no solo correspondía que se produjera, sino que allí pudieron explayarse en qué labor se ha hecho y cómo cada uno se ha desempeñado en su cargo en la alta dirección pública. Por lo mismo, presidente, habiendo ocurrido eso...
Esa parte del procedimiento, y llegando hoy día a la sala, es lo que he querido expresar. Corresponde que votemos; está abierta la votación, pero lo menciono a propósito de lo que plantea el senador Insulza. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el senador Juan Luis Castro.
Gracias, presidente. Tal como fue la posición de nuestro representante en la Comisión de Hacienda, el senador Saavedra, y pese a que no vamos a cuestionar que el informe llegó en un plazo que no es anterior a 24 horas, lo cual es un problema reglamentario, consideramos que esto no tuvo el tratamiento suficiente en la bancada del Partido Socialista en cuanto al mérito de los nombres, que no objetamos. Sin embargo, por parte del Ejecutivo, esto no se procedió a hacer adecuadamente, por lo cual vamos a abstenernos en esta votación. Gracias, presidente.
¿Subsecretario, usted pide la palabra?
Sí, presidente, por su intermedio, saludo a todas las senadoras y senadores. Señalar que, como Ejecutivo, optamos por proponer a este Congreso por seis años a las personas que relató su carrera y profesionalismo la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Rincón, pensando principalmente en la importancia de la continuidad institucional, como mencionó el senador Insulza, por la gran labor que cumple en la dirección del servicio civil y en particular el Consejo de Alta Dirección Pública en la selección de los distintos cargos de primer nivel jerárquico, así como también con los comités de expertos en el segundo nivel jerárquico. Nos parece que esto proporciona una rápida continuidad operativa, ya que conocen muy bien el sistema. Es importante recordar que cuando esto partió, por un gran acuerdo político en la ley de nuevo trato, en el año 2003, contaba con 688 cargos sobre los cuales tomar decisiones. Hoy día son más de 5.315 cargos en 530 instituciones de la más amplia variedad, incluyendo hospitales, lo cual es relevante.
Quisiera señalar también, a propósito de la intervención del senador Insulza, que por ley deben enviar un informe del trabajo del Consejo ADP en mayo de cada año. En mayo del año 2025 se envió la gestión del año 2024, el cual fue enviado tanto a la Comisión de Hacienda en la Cámara como al Senado. En el caso de la Cámara, fueron recibidos para darlo a conocer, pero desconozco por qué en el caso del Senado eso no ocurrió. Sin embargo, efectivamente, todos los meses de mayo deben hacer una cuenta pública y parte de esa cuenta debe ser enviada a este Senado, presidente, por su intermedio.
Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste.
Muchas gracias, presidente. Quisiera reiterar un punto importante. Cuando solicité la palabra, era para referirme a lo que ha planteado la subsecretaria de Hacienda, donde una de las preocupaciones expresadas por un colega de la bancada del Partido Socialista está recogida en lo que hemos establecido en la propia ley, es decir, en que se envíen los informes y que estos sean también compartidos. Quiero poner énfasis, presidente, en que el Consejo de Alta Dirección Pública constituye uno de los pilares de la modernización del sector público. Nos parece que el correcto funcionamiento de esta institucionalidad, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto y de la calidad de los equipos directivos, incide en lo que hemos definido. Quisiera señalarlo, presidente, porque esta institución surge de un compromiso transversal, y esa transversalidad se expresa en la renovación de los integrantes que hoy se presentan en esta sala. Hago un llamado público a los colegas de la centroizquierda, donde la Democracia Cristiana ha formado parte históricamente. Nosotros hemos concurrido con nuestro voto favorable cuando...
Al Consejo de Alta Dirección Pública concurren militantes de partidos de la centroizquierda. Por lo tanto, no entendería esta situación sino más bien como una señal muy equívoca en los momentos que estamos viviendo, en que aquí no se exprese una señal de unidad. Conozco particularmente los atributos, las capacidades profesionales y técnicas de Cristina Orellana, y por eso quiero solicitar con toda humildad a esta sala que podamos apoyar la designación que ha hecho el Presidente Gabriel Boric en esta oportunidad. He dicho, señor Presidente, que nuestra bancada de la Democracia Cristiana e Independientes votamos a favor. Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador García. Muchas gracias, Presidente. Las senadoras y los senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República para integrar el Consejo de Alta Dirección Pública. Lo hacemos porque se trata de dos personas que ya han cumplido igual rol, es decir, le estamos renovando su mandato y garantizando así el óptimo funcionamiento del Consejo de Alta Dirección Pública. En lo personal, conozco desde hace varios años al abogado Eduardo Riquelme Portilla, un profesional que ha cumplido diversas responsabilidades públicas en distintas reparticiones y en distintas tareas, y puedo dar fe de que se trata de un profesional íntegro y de una persona con verdadera vocación de servicio. Así que con mucho gusto votamos a favor. Muchas gracias, Presidente.
Gracias. Tiene la palabra el senador Walker. Presidente, simplemente para anunciar mi voto favorable respecto de la renovación de ambos nombramientos, tanto de la señora Cristina Orellana como del señor Eduardo Riquelme, dos destacados profesionales que han dado muestras de un desempeño de excelencia en el Consejo de la Alta Dirección Pública. En particular, conozco la trayectoria de Cristina Orellana, quien durante muchos años estuvo en el servicio público, particularmente en Sercotec. Es una mujer de esta región, de Valparaíso, que tiene todas las competencias académicas y técnicas para ser ratificada en esta responsabilidad, lo mismo que el señor Eduardo Riquelme, a quien hemos conocido en el Congreso Nacional en las distintas responsabilidades públicas en las cuales ha debido actuar.
Me sumo a lo señalado por la Presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Rincón, quien cumplió un completo informe, y también a lo señalado por la senadora Yasna Provoste respecto de la importancia de que los acuerdos se cumplan y se respeten, porque de lo contrario se abre un peligroso camino si se desconocen estos equilibrios que son tan importantes respecto de estas responsabilidades. Voto a favor, Presidente.
Senador Cuzanovic, falta que vote, porque estaríamos preguntando si han votado alguna señora senadora o algún señor senador que aún no ha emitido su voto. Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, aprobando la propuesta de los nombres formulados por Su Excelencia el Presidente de la República, 35 votos; por la negativa, en contra 0; abstenciones 8. Aprobadas las nominaciones.
Vamos al segundo punto de la tabla. El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, declarado mediante decreto supremo número 189 del 16 de mayo de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
...y prorrogado en sucesivas oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 285, de 26 de diciembre de 2025, del Ministerio del Interior, por un plazo adicional de treinta días a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 285, asunto correspondiente al Boletín N° S 2705-14. Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que una serie de hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras. Tales hechos, agrega, han dificultado el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas de dicha zona.
Atendido lo anterior, y en virtud de la norma constitucional citada, fue declarado, conforme a lo indicado en el decreto supremo N° 189, el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas antes mencionadas por un término de 15 días, siendo prorrogado con posterioridad mediante sucesivos decretos supremos. Durante su vigencia, enfatiza la solicitud del estado de excepción, se ha promovido una mejor gestión y coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes. Sin embargo, advierte el Ejecutivo, los hechos de violencia que motivaron la declaración del estado de excepción aún subsisten, por lo que se hace necesario prorrogar su vigencia por treinta días adicionales, según dispone el actual inciso cuarto del artículo 42 de la Constitución Política de la República.
Lo anterior, puntualiza, tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección a los habitantes de la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. En consecuencia, atendido que el estado de excepción constitucional declarado y prorrogado vence el próximo 26 de enero del año 2026, y en consideración de las circunstancias y antecedentes mencionados, mediante el oficio en actual trámite se solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efecto de que se prorrogue la vigencia del referido estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas indicadas por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el señalado decreto supremo N° 285.
Se hace presente que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de ayer, ha dado su acuerdo a la citada solicitud. Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción constitucional vigente, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos tercero y quinto del artículo 42 de la Carta Fundamental. Es todo, señor Presidente.
En votación... Se abre la votación. Senador Flores, ¿te pido la palabra? Sí, presidente, pero era en la votación anterior. Está abierta la votación. Señora Vera, ¿pide la palabra? No, pero... Senador Keitel, tiene la palabra. Pido la palabra. Gracias, presidente. Sí, quería hablar sobre este proyecto, ¿se puede? Por supuesto, puede fundamentar su voto. Gracias, presidente.
Simplemente quería dar algunos datos, unas cifras duras, después de estos cuatro años en que hemos estado renovando este estado de excepción, este estado de excepción número 65. En estos cuatro años, hemos tenido 610 vehículos quemados, 402 maquinarias destruidas, 365 casas o infraestructura destruida, y 14 muertos, dentro de los cuales se encuentran tres carabineros, lo que representa un costo económico para el Estado gigantesco.
Es importante evaluar, y siempre lo he dicho, hasta qué punto este estado de excepción ha sido suficiente. Claramente, sabemos que las cifras han mejorado, pero han mejorado en un país donde no debiera haber ningún tipo de cifra negativa, especialmente en la protección que debieran tener todos los chilenos y chilenas. Yo también insisto en que, mientras se haga lo mismo, siempre se va a tener el mismo resultado.
Que vamos a seguir teniendo muertos, destrucción, abusos, robos y terrorismo, como siempre hemos hablado. Entonces, siento que o se potencian de mejor manera los cuidados que se están realizando, o simplemente, y como lo pido siempre, es tener una mano dura total para que no tengamos que seguir renovando esto, porque no debiera existir el terrorismo por parte de algunos personeros que viven en la región del Bío Bío, en la Araucanía y en otros lugares donde enfrentamos este tipo de delincuencia. Quiero aprovechar también, Presidente, para agradecer el resguardo y la protección que hemos recibido por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Asimismo, pido al Ejecutivo, en estos meses que quedan de gobierno, y como también lo haré con el presidente electo José Antonio Kast, que no nos olvidemos de las víctimas, del apoyo, de la reparación, y de que salgan del abandono que el Estado chileno les ha dado durante años. Esto no puede ser, y espero que las cosas cambien de una vez por todas con esta mano dura que sigo pidiendo y que se siguen prometiendo.
Eso es todo, Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda.
Muchas gracias, Presidente. Mire, si bien este no sé si es el último o el penúltimo estado de excepción constitucional que tiene que ver con este gobierno y con esta legislatura, sería muy importante que el Ministro del Interior, que está aquí presente, pudiera entregar una evaluación de lo que ha ocurrido en estos cuatro años. Si acaso no tiene las cifras aquí, podría enviarnos un informe por escrito a cada uno de los senadores y senadoras. Creo que al terminar un gobierno es necesario hacer una evaluación no solo desde el punto de vista de lo que ha planteado muy bien el senador Keitel en relación a los actos de violencia, cómo han ido disminuyendo y cuáles son los factores que, de alguna manera, con este estado de excepción han tratado de controlarse, sino también sobre la inversión que ha existido en las regiones que hoy tienen estado de excepción constitucional, pensando fundamentalmente en la Araucanía y en la provincia de Arauco.
Entonces, ¿qué ha pasado con este estilo de inversión que debería ser mucho más rápida y concreta? Por ejemplo, en agua potable rural, en caminos, en vivienda; es decir, las condiciones que deberían haber mejorado precisamente con un presupuesto diferenciado para la zona, pero además con un presupuesto que se suponía iba a ser mucho más fácil de ejecutar. Si fuera posible, Presidente, el Ministro podría complementarlo a través de un informe, considerando que se termina no solo un año legislativo, sino el gobierno.
Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra el senador Van Rysselberghe.
Muchas gracias, Presidente. Como bien indicaron quienes me antecedieron, hoy nos corresponde votar esta última renovación de este estado de excepción, en el contexto del cual aprovecho de saludar al Ministro del Interior que nos acompaña en sala. En la votación de hoy, como bien lo acabo de mencionar, se trata también de la primera renovación del año 2026 de este estado de excepción para las regiones de la Araucanía y las provincias de Bío Bío.
Es importante hacer un balance de lo ocurrido durante el año 2025, tal como lo señala el Indicador de Violencia e Impunidad del medio electrónico El Líbero, publicado el pasado 6 de enero. En 2025 se registraron 69 hechos violentos, de los cuales 27 estuvieron dirigidos contra la industria forestal. Uno de estos atentados incluyó el lamentable y cobarde asesinato del trabajador Manuel León Urra, ocurrido en agosto en la comuna de Victoria. De igual manera, la región de La Araucanía concentró el mayor número de atentados, con 56 incidentes durante el año, lo que representa el 81,15% del total anual. La agrupación radical que más siniestros se adjudicó fue la Weichan Aucamapu, más conocida como Huam.
Respecto a la región del Bío Bío, esta tuvo el triste récord de registrar el mayor acto terrorista del cual se tenga constancia, como es la quema de casi 50 camiones de la central hidroeléctrica Rucalhue, ocurrida en la provincia del Bío Bío. Tal como mencioné en intervenciones anteriores, al momento de renovar este estado de excepción para la macrozona sur, es necesario hacer notar que estos ataques son una demostración tangible de que las células terroristas que obligaron a este gobierno a reponer esta medida excepcional siguen operando en la macrozona sur, y aún tienen la fuerza, la organización y la capacidad operativa para atentar contra la propiedad privada y pública.
Es fundamental reiterar que, mientras existan estos grupos o células terroristas con capacidad operativa en la macrozona sur, el estado de excepción constitucional debe mantenerse vigente todo el tiempo que sea necesario. Esto permitirá que nuestras autoridades, policías y fuerzas de orden y seguridad desplegadas en la zona tengan el contexto adecuado para avanzar en la desarticulación definitiva de estos grupos.
Finalmente, quiero referirme a la polémica generada por el ingreso, por parte del Ejecutivo, del proyecto de ley que reconoce, califica y repara, cuando corresponda, a las víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esta iniciativa surge como parte de las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento creada por el presidente Gabriel Boric, la cual propuso indemnizar a las víctimas de la mal llamada violencia rural. Sin embargo, el texto ingresado por el gobierno no contempla ningún tipo de indemnización para las víctimas de la violencia en la macrozona sur, a pesar de que el informe financiero que lo acompaña considera recursos por casi 6.000 millones de pesos ya contemplados en el programa de violencia de la Subsecretaría del Interior. Resulta falaz que un proyecto hable de reparación, pero que en su articulado no contemple ninguna norma de indemnización o compensación económica para las víctimas acreditadas de los actos terroristas que operan en la macrozona sur.
Espero que el próximo gobierno que asumirá en marzo corrija este profundo error de nuestras actuales autoridades, que solo demuestra una vez más que, desde su óptica, lo que ocurre en la macrozona sur no es terrorismo y que no existen derechos vulnerados de las víctimas que han estado sufriendo durante tantos años a causa de la violencia de grupos radicalizados que lamentablemente siguen operando impunemente. Con todo, Presidente, votaré a favor de esta renovación del estado de excepción. Muchas gracias.
Gracias, Presidente. Saludar por su intermedio al Ministro. La verdad es que estamos en la enésima renovación del estado de excepción, lo cual es preocupante, porque los estados de excepción, como he mencionado en varias ocasiones, deben usarse por breve tiempo, ya que coartan la libertad y la democracia.
Y acá llevamos, no sé, más de tres años y medio de estado de excepción. Esto es grave porque va alterando la democracia y afectando las libertades, no solo de los malos, sino también de los buenos. Por eso, es fundamental tener un uso racional de esta herramienta. En este tema se ha tratado de mantener, pero no se hace nada. Esta es una herramienta que se tiene que usar, y lo único que hacemos es aplicarla sin utilizarla efectivamente. Es como tener un tractor, lo ponemos ahí y nadie quiere manejarlo. Entonces, tenemos un problema grave. Hay cierto control, pero cada cierto tiempo aparecen los incendios y otros desastres. Así, tenemos la libertad reprimida y, además, las cosas siguen. Ahora, ¿siguen más, siguen menos? Buena pregunta. Algunos dicen que disminuyen, pero esto hay que erradicarlo de raíz. La intervención en estos temas debe ser tan enérgica que aniquile la voluntad de lucha; de eso se trata. Hay que demostrar el poder del Estado, y eso se hace en un tiempo muy breve y acotado, porque es peligroso usarlo más allá de lo racional. Pero aquí estamos en un estado de excepción que se ha vuelto permanente. Esto ya se ha transformado en una normalidad, y eso no puede ser. Todos nosotros, así como el Gobierno, tenemos la responsabilidad de usar las herramientas que existen para solucionar los problemas. Si no, se transforma en algo que abandona su deber de aplicar la Constitución y el control del territorio en Chile. Este tema me preocupa, porque da la impresión de que todo sigue igual. ¿Cuándo vamos a evolucionar como Estado? ¿Cuándo vamos a evolucionar como el Gobierno de turno que tenemos? Necesitamos una evolución, una manera de decir: "Oye, vamos a poner orden". Si no, significa que no creemos en el Estado, que no queremos proteger el Estado que tenemos. Yo no creo que este Estado sea válido, y por eso no lo voy a proteger ni aplicar. Me preocupa este tema cuando nadie quiere hacer nada.
Gracias, Presidente. La señora Carmen Gloria Aravena tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Hoy día estamos, al menos los senadores presentes, que terminamos nuestro periodo probablemente aprobando la última prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur. En el caso de la Araucanía, región que yo represento, son tres décadas de consecuencias muy duras de la violencia, y no hablo solo desde la atracción, sino desde la estadística fría. Las comunidades, los pequeños agricultores, transportistas, trabajadores forestales, familias mapuches y no mapuches han visto alterada su vida cotidiana por miedo, inseguridad y violencia. La discusión de esta prórroga no es un trámite más; es una decisión de un impacto humano, social y político importante. No hay duda de que el estado de emergencia del 2022 ha logrado una contención significativa, transformándose en una tendencia descendente y sostenida de disminución de la violencia. Desde 2021 en adelante, los hechos de violencia han disminuido año a año sin interrupciones, y hoy tenemos un porcentaje muy bajo comparado con esas épocas, alcanzando un 80% respecto al punto más alto de conflicto. Pocas políticas públicas, en mi opinión, en materia de seguridad pueden exhibir un resultado de esta magnitud. Por ello, debemos tener cuidado en no relativizar los avances ni caer en diagnósticos complacientes. La reducción de la violencia no significa que el problema esté resuelto, pero demuestra que retirar o debilitar esta herramienta de forma anticipada podría ser un grave error. El estado de emergencia ha cumplido un rol de contención clave, permitiendo recuperar control territorial, mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías, y generar condiciones mínimas para que otras policías, principalmente la PDI, puedan perseguir delitos tan graves como los que hemos vivido. Sin embargo, no podemos desconocer que esta mejora se distribuye de manera desigual. Es evidente que seguimos concentrando la violencia en Malleco, lo que también conlleva un deterioro económico, social, de infraestructura y de equipamiento que es notorio entre una provincia y otra. Esto continuará así en la medida que no se tomen acciones concretas.
Desbaratemos las orgánicas radicales, y también se debe hacer un esfuerzo, en mi opinión, muy focalizado en torno al desarrollo de esta provincia que ha sufrido enormemente a causa de la violencia. No basta con la presencia militar; es necesario avanzar en una estrategia antiterrorista integral, como la que establece la ley número 21.732, que aún no se implementa plenamente, a diferencia de lo que ocurre en España, que hace mucho tiempo ya la tiene. En ese contexto, valoro que esta ley haya permitido que el gobierno haya invocado en contadas ocasiones, si no me equivoco cinco o seis, esta legislación ante la situación que hemos estado viviendo, a pesar de la disminución de estas acciones.
Con todo lo anterior, presidente, anuncio mi voto favorable a la prórroga número 65 del estado de emergencia, con la convicción de que esta decisión no solo se sostiene en la evidencia, sino en la obligación que pesa sobre la Araucanía y con todas las víctimas de la violencia en la macrozona sur. Muchas gracias.
Gracias, tiene la palabra el senador Insulza.
Presidente, efectivamente, iniciamos este gobierno con el estado de excepción y lo vamos a terminar con el estado de excepción, porque siento que ya no queda mucho tiempo para más de eso. No estoy de acuerdo con lo que dice el senador Kusano, en el sentido de que estos estados de excepción son parte de la estructura del Estado. El Estado puede establecer, a través de sus instituciones, un estado de excepción y renovarlo todas las veces que lo estime conveniente, y eso es lo que ha ocurrido.
Ahora, creo que realmente los resultados no han sido los que hubiéramos querido. Yo hubiera esperado que en este tiempo ya hubiéramos conseguido, como siempre lo he dicho, provocar una cierta convicción de parte de los grupos subversivos de que no van a obtener su objetivo, pero creo que sí hemos avanzado. Hemos tenido altos y bajos, y tragedias, como el asesinato de tres carabineros durante este estado de excepción, pero en definitiva, los resultados han sido buenos. Hemos estabilizado la región; la ley de robo de madera funciona, no todo lo que se quisiera, pero funciona bien. La seguridad pública en general está en mejores condiciones y se ha ido normalizando. Espero que en el próximo gobierno, en el próximo período, esto se pueda normalizar aún más. Es importante reconocer que los resultados de nuestras continuas prórrogas han sido favorables y han favorecido la normalización de la región, a pesar de que todavía no tenemos los resultados que quisiéramos obtener.
Gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, una consulta al señor ministro del Interior que se encuentra en la sala. Estamos prorrogando el estado de excepción constitucional por 30 días, lo que significa que la próxima prórroga debiera caer probablemente en febrero. Quisiera consultar si la van a anticipar a presentarla en las dos semanas legislativas que quedan o cómo se va a operar. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el ministro.
Efectivamente, nosotros tenemos una planificación para que el Congreso se pronuncie respecto de la renovación de los estados de excepción en el sur y de la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte, sin que se tenga que sesionar durante el receso de febrero. Por tanto, vamos a adelantar los escritos o solicitudes de renovación, como se ha hecho en otros años.
Respecto del tema de los datos, en primer lugar, quiero agradecer la disposición que ha tenido el Congreso y particularmente el Senado para renovar esta autorización, tal cual lo ha solicitado el Presidente de la República. Señalar con mucha fuerza que la política complementaria del gobierno comprende al menos tres aspectos: uno, que dice relación con la seguridad propiamente tal y con el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas para colaborar con la tarea de Carabineros; adicionalmente, el plan Buen Vivir, que ha permitido acelerar las inversiones para que se note la presencia del Estado; y en tercer lugar, el diálogo con la propuesta que elaboró la Comisión para la Paz y el Entendimiento para crear una política de Estado en esta materia. Los resultados están a la vista.