Senado - Educación - 13 de enero de 2026

Agradezco la disposición de poder exponer este proyecto, que es de suma relevancia para nuestro país. En este sentido, estamos en conversaciones con el Ejecutivo para ver si podemos avanzar de forma más concreta y más rápida. Así que vamos a partir en comité.

Podamos tener el tiempo necesario para que todas las instituciones que están invitadas hoy día puedan exponer tranquilamente. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludo a los senadores, senadoras presentes, a las autoridades y a quienes siguen esta sesión. Queremos partir señalando algo muy claro: compartimos el objetivo de avanzar hacia una política de sala cuna de carácter universal. En Chile, la maternidad sigue siendo una de las principales barreras para la inserción laboral formal de las mujeres. Muchas deben dejar sus empleos o migrar hacia la informalidad cuando no cuentan con alternativas de cuidado, lo que limita su autonomía económica y profundiza las brechas de género. En este sentido, corregir la discriminación del artículo 203 es una urgencia y un paso en la dirección correcta. Dicho esto, nuestra preocupación es que el proyecto que se tramita actualmente podría generar en la práctica nuevas discriminaciones, afectando precisamente a quienes se busca beneficiar. Abordaremos dos puntos; yo tocaré el primero y luego mi compañero Juan Pablo el segundo. El primer punto dice relación con por qué no incluir como proveedoras de servicios de sala cuna a los establecimientos que cuentan con autorización de funcionamiento. Actualmente, las empresas pagan el derecho a sala cuna en establecimientos con autorización de funcionamiento. ¿Por qué el proyecto de ley elimina esta posibilidad? Lo cierto es que son las mismas empresas, mediante el aumento de cotización, las que logran formar el fondo con los recursos para el financiamiento. Es decir, una trabajadora que pudo acceder a una sala cuna con autorización de funcionamiento durante este año podría no poder volver a ejercer su derecho en este mismo establecimiento. A modo de ejemplo, quedarían inmediatamente imposibilitados de prestar el servicio de sala cuna nueve de los 25 establecimientos particulares de la comuna de Iquique, sin posibilidad de que la JUNJI absorba esa demanda en forma inmediata. La autorización de funcionamiento surge con la Ley 20.832, con el fin de resguardar el bienestar de los niños, asegurando estándares de calidad que les sean exigibles a todos los establecimientos que imparten educación parvularia. No se estableció la necesidad de reconocimiento oficial porque este solo lo necesitan los establecimientos que reciben subvención, tal como señala la historia de la ley. Así, la autorización de funcionamiento no se estableció como un estándar de menor calidad. De hecho, los requisitos para ambas son prácticamente los mismos, excepto por acreditar un capital mínimo pagado en proporción a la matrícula proyectada, bases curriculares elaboradas por el MINEDUC versus señalar el currículum pedagógico que se adopta, y el derecho que se tenga sobre el inmueble de duración no inferior a cinco años versus tres años. Los requisitos sobre el sostenedor, mobiliario, proyecto educativo, reglamento, personal idóneo, procedimientos y fiscalización son iguales. Es cierto que el Ejecutivo establece la posibilidad de que los establecimientos que cuentan con autorización de funcionamiento se sometan a un procedimiento para obtener el reconocimiento oficial. Pero esto no solo va en la línea de aumentar la permisología, sino que además obliga a los establecimientos a someterse nuevamente a un proceso por el que ya pasaron años atrás. Lo más grave es que con esto se afectará a miles de padres y madres que no tendrán oferta real para ejercer su derecho a sala cuna, pues deberán esperar que se dicte el nuevo procedimiento para acceder a este reconocimiento. ¿Qué es lo que proponemos? Que mediante indicaciones pueda resolverse la homologación del reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento. Creemos que lo mejor es reconocer que la autorización de funcionamiento cumple con los estándares de calidad y, por lo tanto, los establecimientos que cuentan con ella puedan prestar sala cuna financiados por el fondo. Ahora bien, si se cree que los tres requisitos que difieren del reconocimiento oficial son fundamentales, se propone establecer en la ley que el procedimiento será exclusivamente para acreditar los requisitos con que difieren actualmente ambos, y no para iniciar un nuevo procedimiento respecto de todos los requisitos, pues esto ya se hizo con anterioridad. De ser el caso, creemos que sería la oportunidad de revisar si todos los requisitos del reconocimiento oficial son indispensables. ¿Es fundamental que el título de tenencia pase de tres a cinco años? ¿Qué se hará con las localidades cuyas características geográficas hacen imposible obtener el reconocimiento oficial? ¿Queremos que todas las salas cunas cuenten con el currículum oficial o valoramos otros enfoques?

Dado que actualmente la JUNJI puede tener programas alternativos, ¿por qué los privados no podrían en un contexto donde se requiere tener nueva oferta disponible? Son preguntas que creemos válidas de hacerse. Presidente, respecto al segundo punto que surge, nos hicimos la pregunta de qué pasaba con aquellos padres que hoy, por falta de oferta cercana o problemas de salud, podían ejercer su derecho a sala cuna mediante la obtención del bono compensatorio. El diseño propuesto en las indicaciones sustitutivas desarma la opción del bono compensatorio, ampliamente utilizada, sin ofrecer una alternativa equivalente, desconociendo las complejidades del cuidado. Según la ENCLA de la Dirección del Trabajo, el 60,7% de las empresas prefiere entregar a los trabajadores un bono compensatorio en sustitución del beneficio de sala cuna. Los motivos principales que aparecen en esta encuesta son, en primer lugar, que la trabajadora prefiere el cuidado del hijo en un domicilio particular, con un 38,1% de las preferencias, y en segundo lugar, las condiciones de salud o problemas médicos del niño que aconsejan no enviarlos a la cuna, con un 35,8%. En otras palabras, el bono compensatorio no es una rareza; es el modo predominante del ejercicio del derecho, y no responde solo a preferencias, sino también a restricciones subjetivas como la salud del niño y la disponibilidad real de la oferta. Si el beneficio se entrega directamente a la sala cuna y se estructura como un pago asociado a matrícula y asistencia en un establecimiento, entonces vale preguntarse qué ocurrirá con los trabajadores que, como hoy, ejercen el derecho mediante bono compensatorio por razones de salud o de falta de oferta cercana. El hecho de que el proyecto contemple que las empresas deben financiar el traslado a las salas cuna no compensa necesariamente el hecho de que los traslados puedan requerir más de dos horas entre ida y vuelta, lo que desincentiva su uso y, por cierto, va en contra del espíritu de la ley de mejorar la inserción laboral femenina. Esto afecta al corazón de la universalidad, porque una política universal no es solo la que está en el papel, sino la que puede ejercerse en la vida real. Las consecuencias que nosotros vemos respecto a la eliminación del bono compensatorio como práctica son que se afectará a los niños que más necesitan protección. Los casos de salud que aconsejan no asistir a sala cuna no son marginales. La propia ENCLA muestra que esta causa pesa un 35,8% en la decisión de optar por el bono. Estamos hablando de niños con condiciones que requieren cuidados más controlados o menos exposición a contagios. Se reducirá la libertad de elección y la autonomía laboral de las mujeres. Para muchas mujeres, especialmente en empleos con turnos nocturnos, jornadas parciales o alta rigidez horaria, la conciliación no se resuelve con una solución única. Así, el bono ha operado también como un mecanismo para sostener la participación laboral cuando la institucionalización no es viable o no es preferida. Si el sistema elimina esa vía, se corre el riesgo de empujar a mujeres fuera del empleo formal, justo lo contrario del objetivo que declara el proyecto. Cabe tener presente que este problema no existía en el proyecto original, pues en él se permitía que el Estado subvencionara al empleador para la provisión del beneficio, lo que calzaba mejor con la realidad actual del cumplimiento mediante bono compensatorio. Al mover el diseño hacia un pago directo a la cuna, el proyecto pasa a financiar solo una modalidad, desconociendo la realidad de muchas madres, padres y niños. Esto, por cierto, estrecha el derecho en lugar de universalizarlo. Y para terminar, presidente, ¿qué proponemos? Consideramos que la vía no debe ser dar rango legal al bono compensatorio, en el entendido de que se trata de una práctica que hoy no está normada y que, de adquirir naturaleza legal, podría tener consecuencias fiscales. Sin embargo, dada la realidad de miles de madres que tienen a su hijo enfermo e incapacitado para asistir a una sala cuna, o bien se encuentran territorialmente excluidas de la oferta, es posible establecer que el bono compensatorio aplique en situaciones excepcionales, estableciendo que el fondo de sala cuna, en lugar de entregar el aporte a la sala cuna, se lo entregue a la trabajadora para que financie el cuidado del niño. En definitiva, el bono compensatorio de cargo del fondo solo podría ser una alternativa en casos excepcionales definidos con claridad en el proyecto de ley, ya que, de lo contrario, tememos que la tasa de uso del beneficio podría llegar al 100%, provocando problemas de sustentabilidad del fondo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Juan Pablo. María Francisca, ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta? Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a los señores senadores, a las señoras senadoras, también a quienes nos acompañan, subsecretarias, etcétera. Algunas precisiones que me parece que son relevantes a propósito de lo que alcancé a escuchar.

Primero, me parece relevante señalar que hace poco legislamos un proyecto que ahora es ley, la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, la cual establece una transitoriedad para alcanzar el reconocimiento oficial en el conjunto del sistema, considerando este reconocimiento como el estándar de calidad que el país decidió alcanzar hace 14 años. Por ello, nos dimos un plazo razonable hasta el 2034 para conseguir este objetivo. En este contexto, presidente, aspectos como ceñirse al marco para la buena enseñanza y las bases curriculares, que son estándares mínimos, no impiden que un privado pueda diseñar un currículum alternativo basado en el Currículum Nacional. Esto es muy distinto a lo que sucede en la educación escolar, y son situaciones que perfectamente pueden ocurrir. Por tanto, los aspectos señalados por los expositores ya están abordados de manera clara en la norma vigente. Asimismo, respecto a los proyectos alternativos, lo que se legisló fue habilitar legalmente a la JUNJI para contar con programas y proyectos alternativos, algo que no estaba permitido anteriormente, aunque sí para el resto del sector privado. La JUNJI, al ser un organismo público, requería la creación de un jardín alternativo mediante ley de presupuesto. Por ello, en la Ley de Modernización se habilitó la facultad legal y se le otorgó rango a los programas alternativos para la JUNJI, no porque no existiese la facultad en el resto del sistema, sino por la naturaleza de la JUNJI. Me permito, presidente, traer a colación estos elementos para refrescar la memoria sobre lo que legislamos recientemente. De hecho, la norma de modernización se aprobó en enero de 2025, y muchos de los aspectos mencionados por los expositores están contenidos en esa norma, que es general para todo el sistema. Por último, presidente, considero que el tema del bono compensatorio es un debate significativo. Tanto quienes proveen del derecho a la sala cuna, es decir, los empleadores, como aquellos de nosotros que estamos en el ámbito de la garantía del derecho a una educación de calidad, no vemos con buenos ojos la idea del bono compensatorio. Por esta razón, en la Comisión de Trabajo se acordó incorporar a la oferta pública como parte del sistema, lo que permite expandir la presencia de jardines infantiles y salas cuna en todo el país, considerando también que la oferta privada pueda ingresar al sistema bajo los parámetros establecidos. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Agradezco a Idea País y ahora damos por iniciada la sesión. Se me había quedado en el tintero ofrecer la palabra a la presidencia de APROJUNJI, la señora Catherine Valle, y al tesorero. Debemos hacer un recambio, ya que lamentablemente no cabemos todos en la sala. Antes de que llegue APROJUNJI, el gobierno me está pidiendo tener sesión el día lunes para ver el NEP. Quiero revisar la disponibilidad horaria. La Secretaría tiene posibilidades de 12:30 a 14:00, que sería un horario alternativo, y el otro es de 18:30. No, yo no puedo a esa hora. De 18:00 a 19:30, y el otro sería de 18:00.

A 19:30. ¿Hay agua? Terima kasih. Primero que todo, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, quiero saludar a todos los parlamentarios presentes hoy día en esta comisión. Para nuestra organización, APROJUNJI, es muy relevante poder estar en esta instancia de discusión sobre un proyecto de educación parvularia, que ha sido trabajado durante un tiempo considerable con nuestra intervención. Como bien se ha mencionado, hoy me acompaña la presidenta nacional de APROJUNJI, doña Katherine Valle, y el tesorero nacional, don Luis Daza. Queremos hacer un breve recorrido histórico sobre este proyecto, ya que es importante contextualizar la discusión. Este proyecto fue generado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, bajo el nombre de Sala Cuna Universal, el cual no llegó a legislarse debido a la presión de los gremios de educación inicial. En esa instancia, APROJUNJI tuvo un rol fundamental al presentar observaciones al proyecto inicial, defendiendo la no privatización de la educación parvularia pública. En el año 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, se votó para legislar en el Senado, pero nuevamente, debido a la presión gremial y social, este proyecto no avanzó. Se solicitó al Ejecutivo que elaborara indicaciones sustitutivas para el proyecto de ley. En respuesta, se instaló una mesa de trabajo con los ministerios de Educación, Trabajo, Mujer, Equidad de Género y Hacienda, donde participó activamente nuestra organización y otros gremios del ámbito de la educación inicial. Esta instancia permitió dar a conocer nuestras observaciones y los nudos que teníamos respecto del proyecto inicial, y finalmente se elaboraron indicaciones sustitutivas de manera conjunta. Nuestra organización valora el espacio de diálogo vinculante desarrollado con las organizaciones sindicales, en especial con APROJUNJI. Ha existido voluntad política para considerar todos los alcances y sugerencias que hemos presentado como representantes de los trabajadores. Desde la creación de este proyecto, hemos presentado observaciones, convencidos de que la política de Estado debe fomentar una educación pública, gratuita y de calidad. En cuanto a los aspectos positivos del actual proyecto, destacamos que se equipara el derecho a sala cuna, modificando el artículo 203 del Código del Trabajo, que otorga este beneficio a mujeres que laboran en empresas de más de 20 trabajadoras. Esto elimina el estigma de las 20 mujeres, abriendo oportunidades para todas aquellas que trabajan en empresas de menor tamaño. Además, este beneficio se extiende a los padres cuidadores de hijos menores de dos años, sean independientes o dependientes, lo que favorece la inserción de la mujer en el mundo laboral. El proyecto también promueve la corresponsabilidad en el cuidado, reconociendo que esta tarea no recae exclusivamente en las mujeres, sino que incluye a los padres y a cualquier persona que asuma el cuidado de los niños y niñas. En el ámbito educativo, que es un eje fundamental para nosotros como institución de educación parvularia, se propone que todos los jardines infantiles que opten por este beneficio deben contar con reconocimiento oficial, tanto en los públicos como en los privados. Asimismo, se fortalece la visión educativa al eliminar el registro de cuidadoras y quitar el enfoque de guarderías. Esta medida reconoce el derecho de los niños y niñas a recibir una educación inicial integral, con equipos profesionales preparados pedagógicamente para su desarrollo, es decir, educadoras de párvulos y técnicos en atención de párvulos. Antes de pasar a las observaciones que expondrá Luis Daza, es importante destacar que estos avances son el resultado del trabajo articulado con nuestra organización.

Instancias relevantes de diálogo para avanzar en un tema tan crucial como es la educación de la primera infancia. Ahora, mi compañero Luis va a exponer una observación puntual que tenemos respecto al proyecto. Muy buenas tardes, saludarlos y saludarlas. Dentro de lo que es la observación del proyecto, como bien lo decía la Presidenta, nosotros valoramos que el proyecto haya tenido el sentido que también las organizaciones quisimos darle, de otorgarle un vuelco que tenía en una primera instancia. En cuanto a la participación, debemos reconocer la activa participación gremial y social, tal como lo mencionaron los ministros. En ese sentido, en el tema del financiamiento es donde nos surgen algunas dudas. El proyecto abre un espacio importante de inquietudes para la JUNJI y el sector de instituciones de la primera infancia en materia financiera, pues no asegura si estos recursos adicionales por concepto de pago serán imputados a las transferencias fiscales con cargo a lo que actualmente recibe JUNJI o, por el contrario, serán recursos frescos adicionales. Esta es una duda que nos preocupa, ya que nos interesa que este financiamiento tenga el impacto necesario en la educación inicial, considerando que esta es el cimiento de una sociedad que se potencia. Ustedes, como legisladores y ministros, tienen la responsabilidad de impulsar una sociedad justa, donde los niños y las niñas tengan las posibilidades de contribuir a un país mejor, y esa responsabilidad es de todos y todas. Con respecto al pago de sala cuna, el monto que será fijado por la Comisión Técnica se estima alrededor de los 360.000 pesos. Es importante que quede explícito que este valor del pago de sala cuna será con cargo al fondo de sala cuna, y que no se deje un espacio para un posible copago por parte de las familias. Sabemos que los proyectos, como cualquier arquitecto o persona que ha trabajado en este ámbito sabe, nunca se terminan; siempre hay algo más por hacer. Grandes arquitectos del mundo han valorado obras importantes, pero siempre queda algo por mejorar. Por ello, consideramos que es fundamental que este proyecto tenga un cimiento sólido y que, quizás en el futuro, pueda recibir mejoras. Es esencial avanzar en este ámbito, con los niños y niñas, y específicamente con las familias. Para complementar lo que señalaba Luis, traemos una sugerencia respecto al financiamiento. Es crucial definir cómo se destinarán estos recursos para fortalecer la educación pública y qué organismo o servicio los administrará. Para nuestra organización, es fundamental que estos recursos sean administrados por la Subsecretaría de Educación Parvularia, ya que para nosotros es complejo que se inyecten recursos adicionales sin una adecuada administración que permita desarrollar efectivamente la política pública de educación inicial. Por lo tanto, es importante que estos dineros, en caso de ser recursos frescos, sean gestionados por el sector de la educación parvularia, quien mejor que la Subsecretaría de Educación Parvularia para destinar estos montos de acuerdo a las necesidades de cada institución, ya sea JUNJI, Integra o los VTF. Esta es la propuesta que traemos hoy como observación respecto al financiamiento y a los recursos que ingresarían a la institución. Como organización sindical, somos representantes de los trabajadores del mundo de la JUNJI y no podemos desaprovechar este espacio donde hay parlamentarios que legislan permanentemente sobre política pública en educación parvularia, donde están las máximas autoridades del gobierno en educación, género y trabajo, en relación a todo lo que concierne al mundo laboral. Queremos dejar dos inquietudes que, aunque no están directamente relacionadas con el proyecto de sala cuna para Chile, consideramos importantes para el futuro de la política pública.

Quizás esto está muy relacionado con el proyecto de ley, donde se cuente con recursos adecuados para mejorar las condiciones de los jardines infantiles que hoy tenemos en la JUNJI. Hemos visto permanentemente que contamos con muy pocos recursos para poder desarrollar mantención en los jardines infantiles, y sin duda es importante que esta política pública en cuanto a la mantención y la infraestructura de los jardines infantiles sea permanente. Es decir, no tengamos que estar luchando constantemente en la DIPRES o en Hacienda para conseguir recursos que permitan implementar mejoras en las unidades educativas. Cuando hablamos de espacios educativos de calidad, lo primero es el lugar donde está el niño, el espacio físico. Si un espacio físico no está adecuado, es imposible desarrollar una política pública de calidad, aunque tengamos los mejores profesionales. Queremos dejar esta inquietud y, más que una inquietud, es una invitación. Creo que es fundamental generar proyectos de ley que mejoren la educación inicial como sistema. Ya contamos con una ley de modernización para la educación parvularia que hemos valorado enormemente, ya que antes no teníamos nada en este ámbito. Este gobierno nos entrega una maravillosa herencia al fomentar y valorar la educación parvularia. En ese sentido, también creemos que es importante desarrollar iniciativas de ley que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Es imposible implementar una política de Estado si las condiciones laborales no están adecuadas para quienes implementan la política pública. Es importante mencionar las bajas remuneraciones que recibimos en la JUNJI. Siempre manifestamos que la JUNJI recibe los sueldos más bajos de la administración del Estado. Senadora, me gustaría que nos pudiera escuchar. Es importante porque, sin duda, en la JUNJI implementamos una política pública de Estado muy relevante, y en ese sentido, es crucial que las remuneraciones tengan un incentivo especial para nosotros como educadores. Otro aspecto importante es el desarrollo de la ejecución pedagógica, que se ve afectada por la falta de material educativo y personal. Como representantes de los trabajadores, esperamos que a futuro estas instancias también discutan proyectos de ley que promuevan la mejora de las condiciones laborales. Agradecemos a la subsecretaría, al ministro Cataldo, al ministro Bocardo y a la ministra Orellana por haber trabajado de manera conjunta en estas mejoras del proyecto de ley de sala cuna para Chile. Sin duda, al principio tuvimos diferencias, pero en el camino las fuimos subsanando, y lo agradecemos como organización, porque la política pública y los proyectos de ley no pueden ser trabajados sin la participación de los trabajadores y trabajadoras. Como Aprojunji, valoramos el espacio de haber tenido una voz vinculante en todos los espacios y las indicaciones que se hicieron en el proyecto de ley. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al senador Espinoza. Primero, quiero valorar la presencia de los ministros aquí. Valoro la exposición de Aprojunji y me gustaría que el ministro nos aclarara las preguntas de inmediato, ya que son muy pertinentes tanto en el tema de infraestructura como en el eventual copago que mencionaba Luis. Sería muy útil aclarar esto para despejar dudas y resaltar los aspectos positivos de la iniciativa. Presidente, también tengo consultas, pero no quisiera que la gente de la Fundación Integra, que está por ingresar para emitir su opinión respecto a este proyecto, quedara marginada, dado que no tenemos tiempo y la sala está convocada a las cuatro de la tarde. Solo si pueden responder sin extenderse mucho, podríamos escuchar a la gente de la Fundación Integra. Podemos extendernos hasta las cuatro y cuarto. Sobre los temas de infraestructura, es evidente que tenemos un déficit relevante, y es por eso que en el diseño que tenemos proyectado en la construcción del aporte que deberían recibir los jardines públicos, consideramos algunas líneas de inyección de recursos al segmento.

Para acelerar algunos temas como el cumplimiento del reconocimiento oficial, quiero ser enfático en que la dificultad que enfrentamos no es la falta de recursos para la inversión en infraestructura, sino la necesidad de acelerar técnicamente los proyectos y apalancar la ejecución de los recursos. De hecho, la ejecución histórica del recurso en Junji es bastante baja; hemos llegado a niveles de ejecución por debajo del 80%. Esto revela lo extremadamente complejo que ha sido gestionar esta situación. Por ello, dentro del apalancamiento de recursos del fondo para apoyar la convergencia de los jardines públicos en la provisión del derecho a sala cuna, hemos considerado colaborar en aspectos de infraestructura, no solo con financiamiento de fierro y cemento, sino también con asistencia técnica. Esto es algo que ya exploramos con éxito cuando estuve en Subdere, donde desarrollamos el Sistema de Asistencia Técnica Especializada (SATE), que permitió a municipios pequeños y con baja capacidad técnica elaborar proyectos y apalancar recursos. Vimos resultados positivos en la región de Los Lagos, en comunas como Puerto Octay, que nunca habían llevado a cabo proyectos. En cuanto al copago, es importante señalar que en el diseño de este proyecto no hemos considerado copago ni en la variante familiar ni en la variante empleador. Esto es fundamental, ya que el diseño del proyecto contempla otros mecanismos para aproximarse a los valores de mercado, teniendo en cuenta las realidades territoriales, que no son homogéneas en todo Chile. Por ejemplo, hemos realizado estudios de valor párvulo en el sector Junji y hemos constatado que en zonas como Magallanes los valores son significativamente superiores a los de la región metropolitana, debido a diferencias de escala. Respecto a las consultas planteadas por los dirigentes, se cuestiona si el financiamiento para las instituciones del Estado será distinto o si estará a cargo de las asignaciones ya existentes en el sector. La duda que surge es si este proyecto permitirá que un establecimiento, cualquiera sea, implique a la familia realizar un copago. Así como en el sistema de educación escolar se establece por ley el impedimento al copago cuando hay apoyo, este proyecto no establece tal impedimento. Es decir, el fondo podría aportar 300 mil pesos y el jardín cobrar 600 mil a la familia, obligando a un copago casi equivalente al monto que aporta el fondo. Sin embargo, creo que existe un espíritu común de no habilitar el copago, tanto desde la perspectiva de las familias y trabajadoras como por parte del empleador, especialmente considerando el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Hemos manifestado disposición para precisar los mecanismos a través de los cuales la comisión técnica fijará los precios, levantando el fundamento del costo razonable, atendiendo al reconocimiento oficial. Además, consideramos que el financiamiento que provenga del fondo de sala cuna, al ser un fondo separado del Tesoro Público, debe ser distinto al financiamiento base que reciben las instituciones de educación parvularia pública. Por lo tanto, se han discutido diversas propuestas al respecto, precisando que el aporte extraordinario proveniente del fondo de sala cuna será fundamental para las instituciones de educación.