Senado - Agricultura - 14 de enero de 2026

Muy bien, de pie entonces. En nombre de Dios y la patria, se abre la comisión y vamos a actuar en estos minutos en comité. Vamos a postergar la cuenta hasta cuando llegue el senador de Rementería. Hoy recibimos al Ministerio de Bienes Nacionales respecto de los planteamientos formulados por la consejera nacional Aymara, Margot Ríos, a partir de una visita a terreno que realizamos en la región de Arica y Parinacota, y su impacto en los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina e indígena, afectados por cobros excesivos y trato no igualitario. Este fue el motivo de la convocatoria al subsecretario. Además, queremos conocer lo que está ocurriendo en relación a la mosca de la fruta. Agradecemos la presencia hoy del Subsecretario de Bienes Nacionales, el señor Sebastián Vergara, y su equipo de trabajo, así como a la consejera Margot Ríos y al director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Cepeda. Vamos a dividir la sesión en dos partes: la primera, en relación a lo que está ocurriendo con Bienes Nacionales, los compromisos que realizamos y los ajustes que debemos considerar; la segunda, sobre la mosca de la fruta y la aplicación del seguro y los compromisos que tuvimos con el Ministerio en Arica. Agradecemos también la presencia de la Biblioteca del Congreso, de los asesores, de los parlamentarios y de nuestra Secretaría. Como siempre, es un placer contar con la presencia del senador Durana. Le ofrecemos la palabra a la señora Margot Ríos. Por su intermedio, presidenta, saludo a todos los presentes y agradezco la oportunidad de poder explayarme y manifestar lo que está sucediendo en nuestra región y los acuerdos que se tomaron y no se han cumplido. En relación a la quebrada de Hacha, esta es la primera vez que la comisión sesiona en la comuna de Arica, el 5 de octubre del año 2023. Se plantea la demanda de un precio justo para los agricultores, debido a que se habían incrementado los valores de arriendo hasta un 1500%. Se siguió un proceso, y se me invitó en reiteradas ocasiones a exponer en el ex Congreso. También estuve en Los Ríos, en Talca, donde hubo compromisos. Me referiré a cuando estuvimos en Talca junto a los agricultores de la quebrada de Hacha. El señor Pablo Maino, en ese entonces, no se presentó la ministra y representó a la ministra. Me solicitó el nombre de los 27 agricultores de la Quebrada de Hacha. Actualmente, son 11 quienes están con el beneficio de Tierras Vivas. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué se solicitaron los nombres? En ese momento, conversamos con el presidente de la Quebrada de Hacha, don Gilberto Mamani Calle, y hubo un compromiso. ¿Qué pasó después? Hasta el día de hoy, están como en foja cero, sin ningún tipo de avance. Cuando el subsecretario nos visitó para entregar los primeros actos administrativos de Tierras Vivas el 28 de agosto, los agricultores estaban muy contentos. Sin embargo, al leer sus actos administrativos, muchos de ellos se dieron cuenta de que debían pagar retroactivos. Hay uno de nueve millones, otro de cinco millones, lo que deja mucho que desear. Los demás deben esperar hasta que haya un pronunciamiento de Bienes Nacionales. He ingresado reiteradas cartas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y las he presentado también al Congreso, a esta comisión, porque ha sido garante en este proceso y me ha dado la confianza de poder.

Recibir una respuesta a través de usted. Transcurrieron veintidós meses para que pudiera ser efectivo el programa Tierras Vivas. Hubo cuatro presidentes, y la última presidenta es usted, senadora. Agradecemos la respuesta que se ha dado a través de Tierras Vivas, que beneficia desde Arica y Parinacota hasta Aysén, incluyendo a los ganaderos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué pasa con el resto de los agricultores? Existe una demanda enorme. ¿Qué debe hacer un agricultor si no responde al Seremi de Bienes Nacionales? Su postulación se archiva, y se ve obligado a aceptar las condiciones impuestas. La carta de aceptación debería ser proporcionada al inicio del proceso, y no al final, ya que en ningún lugar se especifica el valor del arriendo. Esto equivale a firmar un cheque en blanco para Bienes Nacionales. Al final, el agricultor ya ha firmado la carta de aceptación y debe acatar lo que dicte Bienes Nacionales, que le otorga quince días hábiles para ponderar. Si no está de acuerdo con lo que plantea Bienes Nacionales, su postulación se archiva, y quien esté interesado en ese terreno puede acceder a él. ¿Qué ocurre con el agricultor que ha invertido, que ha dejado su esfuerzo en la tierra durante tantos años? Esto no debería ser así; hay aspectos que deben mejorarse. No solo vengo a cuestionar lo mal que hemos padecido hasta ahora con Bienes Nacionales, sino también a proponer mejoras en los procesos con una visión constructiva. Quiero llevarme una respuesta, considerando que el gobierno está por terminar y que febrero es feriado legislativo. Agradezco esta reunión para poder llevar una respuesta a los agricultores. Han manifestado sus inquietudes por escrito, pero no hemos recibido respuesta. Envié una carta al subsecretario, la ingresé por Arica, y tampoco he tenido respuesta respecto a los excesivos retroactivos. Somos personas, somos agricultores, somos pequeños agricultores, y pedimos dignidad y respeto por lo que hacemos diariamente. Soy presidenta de la Asociación Indígena Wiñay Inti Sol Eterno. Contamos con cuatro hectáreas en arriendo y no hemos recibido un trato igualitario. Wiñay Inti comenzó hace más de diez años con un arriendo, ingresando una boleta de garantía por doscientos veinte mil pesos. A los cinco años, hicimos nuestra primera renovación por la misma cantidad, pero actualmente el Seremi me está cobrando cinco millones de pesos, lo cual considero injusto, ya que representa un incremento de más del 2200%. Esto se siente como una persecución política, dado que soy la voz de los agricultores que no tienen voz, aquellos que no pueden viajar y defender sus costos. Buscamos igualdad de condiciones para poder producir, pero también debemos cumplir con los pagos a Bienes Nacionales, que exige dejar cinco millones en garantía. Acepté, pero hasta el día de hoy no tengo respuesta. Somos usuarios de INDAP. El año pasado, en el Día del Campesino, manifesté al director nacional, en ese entonces el ministro de Agricultura, por qué a mi organización se le retiró el beneficio de Tierras Vivas. Ingresé una carta al ministro de Bienes Nacionales y al ministro de Agricultura, y al día siguiente me respondieron que hubo una equivocación, a pesar de que Bienes Nacionales me había informado que habían enviado una circular a todas las regiones. Entonces, ¿por qué mi organización fue retirada de este listado? Finalmente, nos reincorporaron, pero ahora enfrentamos esta situación. Solicité al Seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, que rectificara este valor. También debo pagar un retroactivo de aproximadamente diez millones de pesos, pero somos conscientes de que no contamos con arriendo y estamos en proceso de regularización. Comenzamos a reunir dinero mensualmente para no ser sorprendidos en el momento en que no pudiéramos pagar. Tenemos el dinero para el retroactivo, pero no estamos de acuerdo con esta garantía tan elevada, y nadie ha tomado acción al respecto. Las cartas van y vienen, pero no hay respuestas concretas. Voy a dar un ejemplo: tenemos postulaciones individuales, aparte de Wiñay Inti, en la misma zona. Yo, como Margot Ríos, solicité una postulación en una mesa de trabajo desde el año 2023, y se me está solicitando una garantía de aproximadamente un millón trescientos mil pesos. Entonces, pregunto: ¿cuál es el apoyo para la mujer rural? Hablamos de la agricultura familiar campesina e indígena, pero ¿qué apoyo tenemos como mujeres para poder emprender? Se habla de muchas escuelas de liderazgo, de empoderar a las mujeres en los territorios.

Que no se vayan de los territorios, pero esta es la respuesta al portonazo que nos da Bienes Nacionales en relación a los cobros de garantía. Voy a colocar un segundo ejemplo: Yesenia Ramos Ramos, socia de mi organización, le llegó una carta de Bienes Nacionales. Ella tiene que pagar desde el mes de abril hasta la fecha que salga su arriendo. Tomé de referencia los valores que se cobraron en la Quebrada de Acha, cuando fue el subsecretario. Saqué la cuenta: tres millones seiscientos mil pesos le están cobrando por un retroactivo de un lugar que no tiene ocupación. Le envié todos los antecedentes por Google Earth. Se sacaron todas las postulaciones y nosotros no tenemos ocupación. Entonces, ¿dónde está la discrecionalidad del Seremi? Entiendo que él tiene atribuciones, pero no puede estar sobre la ley. Él dice: "usted tiene que pagarme desde abril hasta la fecha que salga su arriendo, tres millones seiscientos mil pesos". Le está pidiendo tres garantías, sumando un millón doscientos mil, y además tiene que hacer un plano georreferenciado, que cuesta doscientos mil pesos. Ahí vamos en cinco millones. ¿Cómo sigue esta agricultora con su proyecto y su emprendimiento? Somos veinte socios; inicialmente éramos treinta y uno, pero por todo este tema de Bienes Nacionales se bajaron muchos de mis socios. Si multiplico cinco millones por veinte, son cien millones. Entonces, díganme, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo apoyamos la agricultura familiar campesina, a quienes contribuimos con la seguridad y soberanía alimentaria del país? Muchos de mis socios tenían la postulación por una hectárea, pero la rebajaron a media hectárea. Le hicimos una propuesta ese día al Seremi. El 11 de noviembre solicité una reunión de lobby. Hubo acuerdos, ingresé las nuevas ubicaciones, pero tampoco tengo respuesta. No hay claridad sobre si se está considerando o no, y por lo que sé, actualmente está de vacaciones. Entonces, ¿cuándo nos darán respuesta? ¿En marzo? ¿En abril? No estamos pidiendo que nos regalen nada, pero sí que nos den un trato igualitario. Ingresé actos administrativos de agricultores que tienen el beneficio de tierras vivas y otros que no. A ellos se les solicita, y estoy de acuerdo, una garantía entre doscientos cincuenta mil y cuatrocientos mil pesos, pero a nosotros se nos solicita cinco millones, a Margot Ríos un millón trescientos mil, y a Yesenia Ramos exactamente lo mismo. Por plantear estos temas, prácticamente se me está persiguiendo. Lo que hablaba de las escuelas de liderazgo que hace INDAP nos empodera y nos da las herramientas necesarias para seguir adelante, pero cuando uno quiere aplicar estas herramientas y levantar la voz por quienes representa, nos quieren callar, nos quieren cortar las alas, y lo encuentro totalmente injusto, senadora. Lo único que pido es un trato igualitario. Me acojo también a lo que dice el Convenio 169: respeten nuestros derechos, respeten a nosotros como indígenas y también a los que no son indígenas, porque todos necesitamos avanzar, pero avanzar con identidad. Estar en los territorios, pero no en estas condiciones, sin respuestas y sin saber qué es lo que viene. El día de mañana me van a sacar del lugar, porque nosotros no vamos a salir, no estamos haciendo nada malo. Hemos seguido todos los conductos regulares. Ahora yo pido respuestas al respecto. Eso, senadora, muchas gracias. Senador, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Yo lo único que quiero plantear es que nosotros fuimos a terreno, estuvimos allá. Y si algo sorprende, es el nivel de agricultura, de diversidad y de producción que se tiene en el sector en cuestión hoy día. Como subsecretario, creo que podemos entregar todas las herramientas para que eso ocurra, porque efectivamente, la alimentación del país es fundamental. Sin embargo, a mí me sorprenden varias cosas. Nunca había escuchado lo de las garantías; por lo menos en mi región no nos piden garantías. Hace tiempo que no voy a ver a Convento Viejo, pero pedimos una disminución en los parámetros. Pero esto de las garantías, uno se pregunta: ¿por qué? Si la tierra es la propia garantía. Después, el pago permanente y si no se paga, bueno, eso es otra cosa, el pago del arriendo, pero una garantía... Anoté lo que nos planteó la señora Margot. Entonces, a ver si usted nos puede resolver el tema, aclarar el tema y buscar la forma de que este acuerdo se concrete.

Del 11 de noviembre que se envió, ojalá pudiéramos tener ya lista la situación. Eso, subsecretario, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, senadora, y a los demás senadores y senadoras que están presentes. Hay una presentación que nosotros hemos preparado, que consta de solo cuatro láminas, y me tomará aproximadamente cuatro minutos, pero es necesario para dar el contexto de acción. Adelante, por favor. El problema de Tierra Viva y la posibilidad de tener este convenio, como lo explicó la señora Margot, tiene su origen en que desde el año 2012, cuando se suscribieron los primeros contratos de arriendo, la ley 1939 establece que los contratos de arriendo tienen un máximo de extensión de diez años. Por lo tanto, el año 2022 correspondía a la renovación. El problema es que el avalúo fiscal de los terrenos ha subido de manera desproporcionada; incluso, hemos detectado incrementos de hasta cinco mil por ciento. Esto no se debe a una gestión de Bienes Nacionales, sino que responde a una realidad nacional que ha hecho que el valor de la tierra agrícola, comparado con el de la tierra urbana, se eleve de forma estrepitosa. Una de las principales causas de este fenómeno es la migración que se produjo durante la pandemia, donde muchas personas se trasladaron del ámbito urbano al rural, lo que ha incrementado inexorablemente los valores. Ahora, ¿cómo se calculaba la renta? Esto es fundamental. La ley 1939 y sus documentos ministeriales establecen que el señor ministro, o en su delegación los señores Ceremi, tienen la facultad de cobro que varía entre el 6% de la tasación comercial y el 8% del avalúo fiscal. Por lo tanto, están obligados a cobrar el valor más alto entre esos dos porcentajes. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué hace el programa Tierra Viva? Básicamente, es una asociación entre los arriendos que tiene Bienes Nacionales y el listado de agricultores que son parte del INDAP, ya que desde Bienes Nacionales no podemos certificar la acción de generar la agricultura. El mecanismo hallado para sortear esta dificultad fue el listado nacional del INDAP. Se realiza un cruce entre las personas que tenían un arriendo por parte de Bienes Nacionales y aquellas que fueron usuarias del INDAP, resultando en un número para la aplicación de la primera etapa. En esta primera etapa, si se realiza el cruce en Chile, potencialmente podrían haber 278 beneficiarios. Este número es muy importante; en el mejor de los casos, si alcanzamos el 100%, nuestra mejor performance con el cruce son 278 beneficiarios. Sin embargo, este número es ínfimo en comparación con la realidad que enfrenta la agricultura. Desde la perspectiva de los terrenos que arrendamos con fines agrícolas de Bienes Nacionales, es relevante mencionar que en el norte, por ejemplo, toda la minería se basa en concesiones y arriendos de Bienes Nacionales. Los salares del litio, el 100% de ellos, son producto de concesiones de Bienes Nacionales. Por lo tanto, se ha creado una nueva fase, dado que 278 beneficiarios es una cifra muy baja. Se lanza un segundo pilar que tiene como objetivo identificar terrenos para llevar a cabo un proceso concursal que permita que nuevas personas puedan acceder a arriendos a un precio que se ajuste a esta nueva concepción de excepción. ¿Cuál es la nueva condición de excepción? Recuerde que la autoridad está obligada a cobrar el 6% comercial o el 8% fiscal, eligiendo el valor mayor. Lo que permite este convenio es que podamos reducir el cobro al 3% del avalúo.

¿Qué se traduce eso? Se traduce en que la mayoría de los beneficios ya otorgados produce una rebaja de aproximadamente el 50% del valor. Es decir, el instrumento genera un efecto concreto. Nosotros tuvimos que ver a la comunidad y las personas se emocionaron, porque pagaban 520 y terminaron pagando 250 al mes siguiente. Eso es real. Yo comparto muchas de las apreciaciones que hace la señora Margot y tiene razón. No voy a debatir, salvo en aquellas que creo que están en proceso y que quizás traigo buenas noticias. Como beneficio para el Estado, en la condición de arrendatarios de bienes nacionales que son usuarios de INDAP, se generan buenos beneficios. Esa es mi conclusión inicial sobre el instrumento. Adelante, por favor. De los 278 casos, esta es la cuenta que les quiero dar al honorable Senado sobre el beneficio aplicado en todo el país. Al lado izquierdo, se observa que hay personas que no acceden al beneficio. Habiendo conversado con ellos, no les interesa suscribirlo. Es importante señalar que estas personas no quedan excluidas, sino que esto no tiene un proceso concursal con hitos de inicio y término. Por lo tanto, alguien que hoy me dijo que no quiere, mañana me puede decir que quiere y entra al beneficio. Esto está abierto todo el año, no hay un inicio y un término definidos. En cuanto a quienes no cumplen con las condiciones, un 7% se refiere a aquellos que no son usuarios de INDAP. Durante nuestra visita con la señora Margot, había dos personas que no cumplían con la condición, que era sobrepasar los ingresos máximos producto de la agricultura. Le estaba yendo bien al señor, lo cual es positivo, pero la condición es que queda fuera de este beneficio, y como el convenio necesitaba ser para suscriptores de arriendo de INDAP, no podíamos acceder a ese beneficio. No informado, hay 32 personas en todo Chile que básicamente no tienen registro. No podemos llegar a ellas porque son rurales, han dejado de ocupar sus tierras y no hay ninguna instalación. Además, al consultar en el registro civil, el domicilio que ellos señalaban no se encuentra. Sin embargo, esa persona puede aparecer y acceder al beneficio; no es que queden fuera per se. Es importante destacar que hay 47 personas que, cumpliendo con todos los requisitos, se les hace la oferta, pero no toman la decisión de suscribir el contrato. Esto responde a una duda de la señora Margot, ya que cuando uno suscribe el contrato, lo hacen ambas partes y ahí están todas las condiciones. Por lo tanto, al momento de suscribir, ellos tienen a la vista el valor que se va a aplicar. Ahora, en cuanto a la desinformación, tiene toda la razón, porque la operación de traspasar a nuevos contratos comenzó en octubre del año pasado. Yo me hago cargo de la institución de Bienes Nacionales; muchos de mis seremis estaban sin información y aplicaban de diferentes maneras. ¿Qué hicimos? Centralizamos el proceso y lo estamos haciendo de manera directa. En la práctica, yo pido el listado nacional al señor INDAP, él me lo envía, yo hago el cruce y ofrezco a la persona. Claramente, esto no es sustentable porque genera más tiempo, pero era necesario para implementar el sistema. Este año, la seremía se encargará completamente del proceso, ya que es el camino que debemos seguir. Reconozco que había diferentes criterios en el pasado, por lo que fue mejor hacerlo de manera centralizada. Este año comenzamos la descentralización para que opere más rápido, ya que calculamos que perdíamos un mes si lo hacíamos de manera central. En cuanto a la aceptación del beneficio, hay 124 agricultores que lo han suscrito, lo que representa el 44% del total de 278. En proceso hay 17 más. Si sumamos el 44% más el 6%, podríamos concluir que del total potencial de personas que arriendan en bienes nacionales, el 50% tendrá este beneficio, lo que a su vez los llevará a una rebaja del 50% como máximo de su canon de arriendo.

Yo creo que ha habido harta desinformación, porque se exhibe una confusión en cuanto al valor que quedará, pero en ningún caso será superior a lo que se pagaba anteriormente. Si uno lo lleva a moneda real del 2012 versus el 2025, se puede observar la diferencia. En la región de Arica y Parinacota, la máxima aspiración es beneficiar a 73 agricultores. Actualmente, de esos 73, 31 han suscrito el beneficio, y hay 12 más en proceso de aceptación, lo que nos llevaría a un total de 43 personas con el beneficio en este primer trimestre, representando aproximadamente el 58% del total. Hay un grupo importante de 27 personas que aún no han decidido sobre el beneficio, y estamos disponibles para atender sus consultas. Es importante destacar que el proceso no está cerrado; alguien que hoy dice que no, puede mañana cambiar de opinión. Esto estará abierto durante todo el año. En cuanto a la aplicación del proceso, se han realizado licitaciones en cuatro regiones: Magallanes, Tarapacá, Valparaíso y Los Ríos. En el caso específico de Arica y Parinacota, no se cuenta con oferta de terrenos para ser licitados en este primer periodo, pero se planea realizar la licitación en el segundo semestre del año en curso. Hemos enfrentado algunos problemas, como la disminución de funcionarios en la seremi y retrasos en la clasificación agrícola de los terrenos. En términos de aptitud agrícola, salvo los valles que llevan agua, es difícil que haya agricultura en otras áreas. En la quebrada de Hacha, que no es un valle por no tener un curso de agua regular, las personas han desarrollado técnicas para extraer agua del plano, lo que demuestra su dedicación y esfuerzo. Respecto a las postulaciones, es fundamental aclarar que no se archiva ninguna. Si hoy se ofrece algo y la persona no está de acuerdo, debe manifestar su decisión para continuar con el trámite. El hecho de archivar no significa que no se pueda volver a abrir la postulación en el futuro. Además, el concepto de retroactividad es crucial: si hoy se suscribe el convenio de Tierra Viva, los valores rebajados comenzarán a regir desde ese momento. Sin embargo, es necesario que el interesado esté al día con los cánones de arriendo del año anterior. Muchas personas dejaron de pagar debido a una mala información, creyendo que la rebaja sería retroactiva, lo cual no es posible por el principio de irretroactividad. Para solucionar esta situación, hemos permitido que las personas que suscriben el convenio con el nuevo valor no tengan que ponerse al día de inmediato, sino que puedan parcializar los meses de deuda acumulada. Así, al valor rebajado se le aplicará una cuota sin intereses, facilitando el acceso a los beneficios.

Dejó de pagar. Hay una tercera acción que es que las personas que tienen deuda anterior o que fueron fiscalizadas de manera negativa y que no suscriben este convenio de ponerse al día, con esas personas no podemos aplicar el nuevo descuento. No es que no se les aplique el instrumento, sino porque tienen una condición que está en contra de lo que señala la ley, que establece que deben estar al día. Y al día pueden estar o pagando todo o repactando. En este contexto, se presenta el convenio que establece un descuento del 50%, pero en la práctica, algunos beneficiarios no ven la disminución monetaria, ya que al estar pagando retroactivos, se les suma el monto, lo que impide que perciban el beneficio. Respecto a la renta de garantía, usted tiene toda la razón, presidenta, al señalar que es extraño que en el arriendo no se haya escuchado que se suscribiera una garantía. La norma establece que las personas o instituciones están exceptuadas de presentar la garantía en tanto demuestren ingresos. Por lo tanto, los agricultores pueden demostrar ingresos a través de su contrato de trabajo, ya sea en el sector público o privado, o mediante pensiones institucionales. Por ello, solicitamos que se demuestren los ingresos, y es cierto que la gran mayoría de las personas no se les pide garantía porque la norma exige demostrar solvencia o, en su defecto, presentar una garantía. En relación a lo que plantea la señora Margot, en el caso de la institución, antes de venir a esta comisión, conversamos con el Seremi y, al momento de hacer la presentación, no se demostraron los ingresos. Sin embargo, no es que hayan quedado excluidos; si la institución demuestra que tiene ingresos que permitan excepcionar la entrega de la garantía, es posible hacerlo sin ella. El monto de la garantía puede parecer excesivo en comparación con otras personas, pero esto está relacionado con la superficie predial; no es lo mismo media hectárea que una superficie mayor. Para redondear el punto, estamos abiertos a que se realice un ingreso al momento de la presentación. Si me pregunta si esto se hubiera solucionado antes, si al momento de recibir la información se les hubiera llamado y se les hubiera indicado que ingresaran, se habría solucionado sin burocracia. Entiendo y asumo esa crítica, y la llevaremos en cuenta. Lo que estoy diciendo ante el honorable Congreso es que se pueden demostrar los ingresos, tanto particulares como de la institución, y esa es la condición para no tener que presentar una garantía. En cuanto al inicio del pago, este comienza desde que se suscribe el nuevo convenio de Tierras Vivas. Desde ahí parte la aplicación del descuento y, por ende, de la nueva renta. En particular, estuvimos en Hacha y entregamos el beneficio a 11 personas. Realizamos una ceremonia bien valorada y comparto que ha habido desinformación por parte de nosotros; me responsabilizo, ya que este es un instrumento que recién está comenzando a ejecutarse. Ahora, ¿qué es lo que viene? Hay un porcentaje, aproximadamente el 25%, de personas que no han aceptado el beneficio. Estoy seguro de que si mejoramos las comunicaciones y tenemos más difusión, esas personas aceptarán el beneficio, porque es real. Cuando fuimos a Hacha y entregamos el decreto de autorización, recién entendieron que esto era real y que funcionaba, y que efectivamente era un descuento del 50%. Hasta aquí, señora presidenta, lo que me preguntó. Quiero agradecer a la senadora Carmen Gloria, al subsecretario de Bienes Nacionales, al equipo de Bienes Nacionales, y a Margot, quien ha luchado por el precio justo de los terrenos. También agradezco a quien nos ilustrará posteriormente sobre Agroseguros. Se valora lo que ha presentado el señor subsecretario.

Nacionales. Pero yo creo que es importante recordar que esto parte por una demanda ciudadana en torno al precio justo. Este precio justo, en el tiempo, y tal como lo ha refrendado el subsecretario, fue aumentando de valor de manera indiscriminada, por diferentes situaciones y fundamentalmente por la metodología de cálculo que tiene que ver directamente con el valor de la tasación o el avalúo fiscal en comparación con la tasación comercial y los porcentajes que deben conjugarse. En ese contexto, señora presidenta, logramos una posición de equilibrio con el Ministerio de Agricultura que permite estos valores rebajados, pero solo para ciertos usuarios. No hemos logrado resolver qué pasa con los otros usuarios que, aunque no son parte de INDAP, arrendaron estos terrenos a través de una carta GAN presentada ante Bienes Nacionales. En distintos planos, algunos desarrollan agricultura y otros realizan otras actividades económicas, pero nos hemos focalizado fundamentalmente en aquellos que presentaron en esa carta la condición de desarrollar agricultura. Ahí comienzan las contradicciones que no hemos logrado solucionar, porque para ser usuario de INDAP es fundamental el Registro Social de Hogares, mientras que para Bienes Nacionales es esencial que la persona demuestre ingresos. Si se demuestra un ingreso elevado, se complica el acceso al Registro Social de Hogares, lo que genera un círculo vicioso, dado que son dos ministerios distintos. Agricultura trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social y tiene relación directa con los beneficios que pueda entregar INDAP, cuya metodología de cálculo está en el Registro Social de Hogares. Cuando Bienes Nacionales comenzó a entregar los terrenos, lo hizo porque se presentó un proyecto a través de una carta GAN, que fue autorizada por el Ministerio de Bienes Nacionales. El usuario aceptó, pero lo que no se consideró, como usted mismo mencionó, señor subsecretario, es que íbamos a sufrir un aumento indiscriminado del valor de la tierra. En Chile, lo único que ha aumentado es el precio de la tierra, mientras que el resto de las condiciones no han mejorado. Estamos tratando de llegar a un acuerdo, a un punto de equilibrio. Muchas familias que no están en el listado de 258 en el caso de Arica, si bien Bienes Nacionales no encuentra al agricultor, eso no significa que no exista el terreno. El terreno está directamente relacionado con quien lo tiene asignado. Si no encontramos al usuario, significa que no tenemos terreno. Bienes Nacionales debería haber tomado esos terrenos, porque si no están localizados, no tienen domicilio y no los podemos ubicar, entonces tampoco hay un terreno. Lo único que pido, presidenta, es que de qué manera hoy ayudamos a los otros agricultores que presentaron un proyecto, que han desarrollado un trabajo, pero que no tienen ninguna posibilidad de acceder a los beneficios porque no son parte de INDAP. Claramente, INDAP no va a cambiar, es decir, tendríamos que modificar la norma y generar una metodología distinta para que pudiesen acceder a estos beneficios. En ese sentido, se presentaron varias alternativas, aunque no estaba usted, subsecretario, pero sí estaba quien representaba a Bienes Nacionales, con quien se trabajó la fórmula correspondiente.