Nos ponemos de pie, entonces, y en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura.
Cuenta.
Los documentos que han llegado para esta sesión incluyen una carta de la señora María Teresa Yáñez, trabajadora social del Centro de Salud Mental Comunitaria de Talca, quien solicita la pronta aprobación del proyecto de ley, especialmente en lo que se refiere al trabajo telemático, ya que este no afecta el bienestar de los niños durante el período de invierno. Advierte que la falta de estas facilidades desincentiva la natalidad, aumenta los riesgos de vulneración infantil al delegar el cuidado a terceros y debilita el vínculo fundamental entre padres e hijos en la crianza.
Asimismo, se ha recibido la audiencia del juez Javier Mundo Lema, del juzgado de policía local de Loanechea, en representación de los jueces y secretarios abogados de policía local, quien expone la necesidad de discutir el proyecto de reajuste del sector público de 2026 y reclama la exclusión de estos juzgados del proyecto, a pesar de haber cumplido íntegramente con todos los requerimientos técnicos y administrativos formulados por el Ejecutivo durante un año de trabajo, argumentando que su incorporación al proyecto es urgente.
Eso, Presidente.
Sobre la cuenta, el diputado.
Sí, gracias, Presidente. Mire, han habido varias presentaciones. Nosotros hemos tenido conversaciones con casi todas las organizaciones. Hay numerosas peticiones, algunas de las cuales son, en su gran mayoría, inadmisibles. A mí me gustaría mucho, Presidente, que usted citara luego para poder votar en general, lo cual no tengo ningún problema. El tema se centrará en lo particular, y me gustaría que nos diéramos un plazo y usted pudiera liderar esto, para que al menos las presentaciones que aquí se han hecho no queden solo en una mera presentación.
Además de las presentaciones, han habido peticiones, como la que acabamos de escuchar. Otras tantas, no sé, del Servicio de Impuestos Internos, situaciones con los municipios, gobiernos regionales, con salud, y muchas otras presentaciones que se han hecho, que no quiero dejar solo en la mera presentación. Creo que el ejercicio de las funcionarias y funcionarios públicos que han llegado hasta esta comisión debe permitir que el Ejecutivo se pronuncie sobre si va a recoger o no parte de lo que aquí se ha debatido.
Porque vamos a votar en general, perfecto, pero quiero hacer el punto, Presidente, y pedirle encarecidamente que el Ejecutivo se pronuncie sobre si tiene o no la disposición para acoger los planteamientos que han solicitado las distintas instituciones del Estado. Si no, la verdad es que vamos a votar en general, y nos encontraremos el lunes con indicaciones inadmisibles en lo particular, sin un pronunciamiento del Gobierno sobre si está dispuesto o no a recoger las solicitudes que aquí se han hecho. Gracias, Presidente.
Diputado.
Muchas gracias. Entiendo que el día lunes expondrá la Contraloría, ¿y el CFA, no? Están invitados para el lunes. Creo que sería muy importante también invitar a la directora de Presupuesto, quien ha estado ausente de esta discusión, dado que el principal problema es de presupuesto. Por lo tanto, necesitaríamos que ella también exponga cuál es la real situación del presupuesto de la nación.
Muy bien, repetimos esa invitación. Está también la encargada sectorial aquí de DIPRES, pero tengo entendido que la directora vendrá después, ¿cierto? El lunes no saben, pero el ministro también vendrá en un rato más, para que le hagamos todas las consultas y ver si se acogerán las indicaciones y los puntos que se han hecho aquí.
Si no hay nada más sobre esto, diputado Millán.
Solo quiero dejar claro, Presidente, que esta sesión no estaba en la citación para votar, por lo tanto, es imposible que se pueda votar. Y nosotros le pedimos, Presidente, escuchar al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contralora primero antes de votar en general. La idea es poder avanzar.
En lo que más podamos, no voy a tocar ni un artículo que tenga que ver con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo ni la Contraloría. Sin embargo, considero que es innecesario, o más bien ilógico, que no podamos votar cosas que no tienen relación con lo que ustedes están solicitando. Por ejemplo, ayer mencionabas el tema de los terrenos usurpados, ¿por qué no los votamos? Igual que ese, hay otros más.
La citación de hoy dice que, al término de la audiencia, se procederá a la votación en general. Estas audiencias que están en el listado son de funcionarios que vienen a informar sobre un tema concreto de la comisión, como insumo, no como audiencias pedidas. Yo soy muy exacta en la interpretación.
Voy a leer lo que dice el artículo en concreto al que me estoy refiriendo: "Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la Cámara. Podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates y hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva, así como solicitar informes o acudir a las instituciones y personas que consideren pertinentes".
Es importante señalar que, una vez que se vota en general, no se pueden recibir más audiencias, ni siquiera por unanimidad. Esto está en otra parte del reglamento y tiene que ver con ilustrar a la comisión. En este caso, se puede recibir información antes de la votación en general.
Por eso, para ilustrar, se han terminado las audiencias con un tema específico. Pero, presidente, perdón, con todo respeto, aquí se trata del reajuste de las platas. Si al votar en general se vota todo, después se comenzará a votar en particular. La votación en general es la idea de legislar.
¿Alguien está dispuesto a votar a favor de este proyecto, de hacer un reajuste, si no tenemos certeza de que existen los recursos? Estamos dispuestos, como parlamentarios de la Comisión de Hacienda, a poner nuestro voto en algo que no tenemos certeza de que en verdad existan esos recursos permanentes para financiar gastos permanentes. Ese es el tema que está en juego. Por lo tanto, no es baladí que pidamos la presencia del Consejo Fiscal Autónomo. Necesitamos tener la tranquilidad de que, al apretar el botón, nos hacemos responsables de nuestra votación. Si después de esto aparece información en la que se indica que los dineros no están, ¿quién será responsable de eso?
Si alguien se siente cómodo votando así, tendrá que responder. Pero, de verdad, esta es la Comisión de Hacienda. Para zanjar ese tema, todo lo que tenga que ver con el Consejo Fiscal Autónomo no lo vamos a votar ahora. Si la próxima semana el Consejo, antes de la votación en particular de esos artículos que tienen que ver con esa información, no le parece, podrá votarlo en contra. Esa será la oportunidad de votar en contra, después de recibir la información.
Continuemos con el objeto de la sesión. Con el objeto de continuar recibiendo las audiencias solicitadas respecto al proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales.
Dieciocho mil cero treinta y seis guion cero cinco, con urgencia calificada de discusión inmediata. Al término de las audiencias, como estaba en la citación, se procederá a la votación en general del proyecto. Está invitado el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y comenzaremos las audiencias con el alcalde que invitó el diputado Bianchi, el alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich Jiménez, quien está conectado por Zoom. Ojalá pueda comunicarse ahora, don Claudio.
Sí, se escucha mejor que en la mañana. Estoy con el micrófono y quiero, por su intermedio, dar gracias al diputado Carlos Bianchi por esta invitación. Muy breve, porque estoy aquí debido a la ley de reajuste de los últimos dos años. Si bien es cierto que tiene un impacto general, como todas las leyes, hay una norma que impacta solamente a nuestra comunidad, Punta Arenas. Don Claudio, ¿es posible que se pueda acercar más al micrófono? Ahí sí. Y por su intermedio, pido disculpas por esta transmisión.
Como se ha informado, las leyes tienen un efecto general, pero hay excepciones donde solamente hay una persona o una comunidad que es afectada. En las dos últimas leyes de reajuste, nuestra comunidad se vio afectada por cambios de criterio respecto del SLEP. Quiero ser muy claro: nosotros aplicamos política pública. En el año 2017, ustedes saben que los asistentes de la educación son parte del Código del Trabajo, por lo tanto, tienen el derecho a formar su sindicato y, por cierto, negociar colectivamente con el empleador, que en este caso era la corporación municipal de nuestra comuna. Este tema se abordó antes del traspaso del año 2017, en el mes de agosto. En noviembre se publica la ley 21.040 con el traspaso, y durante un tiempo se fueron cambiando normas y otorgando más condiciones.
De hecho, en el año 2019 se establece un cambio a la norma que prohíbe cualquier modificación de remuneración o beneficio seis meses antes del traspaso. Este traspaso se realizó el 31 de diciembre de 2023, y les quiero recordar que en nuestro caso fue traumático, porque hasta el día 17 de diciembre no teníamos claro si había traspaso o no. Con la línea de tiempo clara, puedo indicar que se cumplió con el derecho de los trabajadores en 2017, antes del traspaso, y ustedes saben que los derechos son progresivos.
Cuatro años después, en 2021, hay un nuevo acuerdo colectivo con la base ya señalada en 2017. Estos sindicatos se separan, por lo que el nuevo acuerdo también suma todos los beneficios laborales. Así llegamos hasta el traspaso, que fue complicado y traumático. Lo que nos sucedió es que el traspaso, que se generó por esta ley de reajuste, indica que todos los pagos en exceso de sueldos acordados con la corporación municipal o las municipalidades desde 2021 en adelante son de cargo posterior de la municipalidad.
El primer hecho que quiero señalar es que se cambia una vez que ya está el traspaso, pero no se reconoce que aquí hay un derecho adquirido en 2017. Fuimos a la justicia, pero en 2024 se indica que los cobros deben ser ad eternum. El Ejecutivo presentó una norma para establecer un límite de estos pagos extras por tres años, pero fue modificada, y por tanto, hoy nuestra comunidad tiene que pagar hasta el último funcionario, ya sea por muerte o por renuncia, lo que representa un pago del 8% de nuestro presupuesto.
Por ello, lo que estamos solicitando en esta instancia es que se reponga el artículo original del 2024, que indica un tope, porque no existe legislación que contemple estos pagos de manera ad eternum. Este es un tema que se puede mejorar, pero también quiero reiterar que nuestra municipalidad actuó de buena fe.
Normas, y se puede ver por un momento más intenso, a lo mejor no se duran todos los antecedentes, pero aquí se reconocen los derechos de los trabajadores desde el año 2017, en agosto, y estos son los que se han mantenido. Por tanto, en 12 meses se cambian tres veces los criterios de pago, lo que también es algo extraño en nuestra legislación. Por eso, con todo respeto, ya lo hemos conversado con Hacienda y con la Dirección de Presupuestos. Este es un momento para poder recuperar la voluntad del Ejecutivo del año 2024 y que se permita hacer un pago con un tope de 36 meses, en el entendido de que la municipalidad actuó de buena fe con las normas vigentes en ese momento y que hoy, por estos cambios, solamente hay una comunidad afectada, que es nuestra ciudad de Punta Arenas, con 130.000 habitantes, por un tema de aplicación de normas. Vuelvo a insistir, aquí no hubo mala fe de nadie, pero finalmente los platos rotos están siendo pagados por nuestra comunidad.
Por eso, en esta instancia tan importante, estoy muy agradecido de poder tenerla. Y por su intermedio, señor presidente, lo que estamos pidiendo es que dentro de todas estas normas se pueda también hacer este cambio para que nuestra ciudad siga funcionando con normalidad, en el entendido de que siempre se actuó de buena fe y que todos estos derechos laborales que defendemos surgen antes de la propia ley que estableció los traspasos de las municipalidades al SLEP, en este caso en Magallanes.
Quiero pedir la atención de todos, ya que aquí hay un acto de tozudez que no se había visto antes. Esta es una materia que hemos abordado con el ministro anterior de Hacienda y con el actual en innumerables ocasiones, así como con la directora de Presupuestos y con cuanta autoridad ha habido. No se puede explicar que, efectivamente, previo a los traspasos del SLEP, en el caso de la comuna de Punta Arenas, donde se logra un acuerdo con los asistentes de la educación para mejorar sus condiciones económicas y laborales, luego se les castigue. No solo al alcalde de turno de la Municipalidad de Punta Arenas, sino que el castigo es a toda la comuna. Estamos hablando del 8% del total de los ingresos de la comuna, y se pretende cobrar ad eternum, de por vida. Este es un castigo sin precedentes, cuyo único propósito fue mejorar las condiciones laborales de los asistentes de la educación.
Lamento que no esté aquí el ministro en este momento, me imagino que está en otra actividad y vendrá pronto, pero hay representantes de la DIPRES presentes. Le quiero pedir, por su intermedio, presidente, encarecidamente, que previo a la votación en particular que se pretende tener el día lunes, exista una respuesta final a esta petición que hace un alcalde. Mire, alcalde, más allá de que le tengo un gran afecto, incluso de un signo político distinto al mío, no se trata de favorecer a una autoridad determinada. Se trata de que este gobierno ha aplicado una medida nunca vista antes, un castigo por mejorar las condiciones laborales que se quiere cobrar de por vida a la Municipalidad de Punta Arenas, quitándole el 8% del presupuesto. ¿A alguien le parece razonable esto? Aquí, funcionarias y funcionarios, si a ustedes se les mejoraran sus condiciones, ¿les parece razonable que su institución pague de por vida un castigo? Obviamente que no, presidente.
Yo quiero en esto poner todo el énfasis, toda la fuerza, y pedirle a mis colegas encarecidamente. Estoy seguro de que si esto afectara a cualquier municipio de ustedes, el 8% de un presupuesto, estarían en la misma condición que yo. Finalmente, presidente, ¿de qué se trata? El alcalde aquí lo dijo, está pidiendo un máximo de treinta y seis meses, que fue lo que solicitó, para ponerle a esto una línea de corte. Necesito esa respuesta; de lo contrario, mi posición será durísima si veo que el gobierno, antes de irse, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que nació en la comuna de Punta Arenas, no actúa. Espero que el propio presidente entienda que el castigo que se está infligiendo no es al alcalde de turno, sino a su comuna. Esta situación, presidente, no amerita más explicación, y por su intermedio le solicito a quien representa la DIPRES que durante el día de mañana o pasado mañana me haga llegar información para tener claro si esto va a ser posible revertirlo y así poder conceder los meses que ha pedido el alcalde para ponerle un término definitivo y no tener este castigo ad eternum a la comuna de Punta Arenas.
Quedaron respuestas pendientes de la sesión anterior. Vamos a terminar con la audiencia y de ahí se sientan la señora Ana, ¿quién era? Y José, que quedaron unas preguntas pendientes. Vamos a seguir con las exposiciones para avanzar. Está el director ejecutivo de las Empresas Eléctricas AG, señor Juan Meriches Riveros, por Zoom. ¿Está ahí? Así es, presidente, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra solicitud de audiencia y también por su intermedio a las diputadas y diputados presentes.
Vengo a comentar un aspecto muy particular de un proyecto de ley que, como ustedes saben, tiene aspectos de una naturaleza muy distinta, pero también hay una serie de aspectos misceláneos que vale la pena comentar. Me quiero referir a una materia que está en el artículo 123 del proyecto de ley de reajuste, que tiene que ver con distintas normas en materia de pacientes electrodependientes. Como ustedes saben, hoy día la ley protege a aquellos pacientes que están en condición de electrodependencia y que tienen, por lo tanto, una serie de beneficios asociados, entre ellos el no corte de suministro eléctrico, descuentos en sus cuentas de suministro y la necesidad de tener respaldo a través de distintos medios para su suministro eléctrico cuando este se ve interrumpido. El proyecto de ley plantea distintas normas en este artículo 123 que creemos que van en la dirección correcta en términos de aumentar los niveles de protección de esos clientes.
Sin embargo, hay dos aspectos en particular que creemos que es necesario modificar para que puedan responder mejor a las necesidades de esos pacientes, sin que eso signifique una carga que sea prácticamente insostenible o impracticable para las empresas distribuidoras. Cabe recordar que estas normas que hoy día propone el Ejecutivo fueron parte de la discusión del fallido proyecto de ley de aumento del subsidio eléctrico hace algunos meses, y que nacen como una moción de algunos senadores en la Comisión de Minería y Energía del Senado. En particular, hay dos temas que son materia de nuestra preocupación. Uno es que este proyecto de ley busca traspasar a las empresas distribuidoras la obligación de mantener actualizado el registro de electrodependientes, además de una verificación y reporte quincenal a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por otra parte, plantea la instalación obligatoria de medición inteligente en todos los domicilios de pacientes electrodependientes, 30 días después de publicada la ley.
La actualización del registro es una materia que ya está regulada. Un decreto supremo del Ministerio de Energía del 2022 dispone que la inscripción en el registro y los cambios durante la vigencia recaen en el paciente electrodependiente o en su tutor. Este principio es coherente con el régimen general de beneficios sociales en el país, donde el beneficiario debe registrarse para acceder a los beneficios. Si hay algún cambio de domicilio o de condición, es el mismo usuario quien debe informar de aquel cambio.
Lo que se busca aquí es definir esta obligación con una periodicidad quincenal, para que la empresa esté al tanto, por ejemplo, si una persona electrodependiente se ha cambiado de domicilio, ha fallecido o ha cambiado su condición por alguna otra circunstancia. Sin embargo, se espera que la empresa visite quincenalmente al cliente y al paciente electrodependiente para verificar estos cambios, lo que resulta contraproducente respecto de cómo funcionan los beneficios sociales en el país. El plazo de quince días parece excesivo, ya que implicaría molestar a la persona cada quincena para requerir información.
Independientemente de cómo se resuelva esta discusión, creemos que es fundamental abordar dónde debiese estar alojado el registro de electrodependientes. Actualmente, este registro está en manos de las empresas distribuidoras y no en el Estado, lo que resulta bastante sui generis. Consideramos que debiese ser la autoridad de salud la que lleve este registro, ya que cuenta con la información actualizada sobre la condición médica de los pacientes, lo que permitiría una mayor celeridad en la inclusión de nuevos beneficiarios y facilitaría la aplicación de los beneficios que establece la ley.
La segunda materia que queremos abordar es la instalación obligatoria de medidores inteligentes en todos los domicilios de pacientes electrodependientes. Esto permitiría saber de manera inmediata cuando una persona no tiene suministro eléctrico y facilitaría la reposición remota, como algunos de los beneficios que permite la medición inteligente. Sin embargo, el problema es que la propuesta no considera que esta exigencia ya está contemplada en la norma técnica de calidad de servicio de sistemas de distribución, que exige la instalación progresiva de estos medidores inteligentes para los más de 10.000 pacientes electrodependientes registrados en el país, con una fecha límite de marzo de 2026.
Por lo tanto, buscar acelerar la implementación 30 días después de la publicación de la ley no solo parece poco razonable, sino que también podría generar problemas logísticos, especialmente en la instalación de estos medidores en zonas aisladas y rurales. Esto podría dificultar el cumplimiento de una exigencia que ya está establecida en la normativa vigente. Quisiéramos mencionar esto porque es un aspecto relevante en la discusión.
Discusión del proyecto de ley de subsidio. Este tema ya había sido corregido en su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado; sin embargo, como ese proyecto no prosperó, quedó ahora en este proyecto de ley del Ejecutivo. Esta redacción que creemos no conduce a un objetivo razonable, que es lo que ya está establecido en la normativa vigente.
Solo para cerrar, presidente, esperamos que estos dos puntos, en un tema de gran sensibilidad, que somos muy conscientes de su impacto en los usuarios, puedan ser corregidos precisamente para una mejor implementación y aplicación de estas normas. Eso sería todo, muchas gracias por el tiempo.
Bien. Don Juan, lo invito a que se quede conectado por si hay consultas de los parlamentarios en un rato. Le vamos a dar, entonces, la palabra a la señora Cristina Torres, exdipres, invitada del diputado Donoso. Exdiprés del presidente Piñera en su segundo gobierno. Tiene la palabra, señora Cristina.
Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y, por su intermedio, a los diputados presentes, así como a toda la Secretaría y asesores. Voy a compartir pantalla para una presentación que ya envié previamente. La pregunta de rigor es si ustedes la ven ya para poder continuar.
Ahí sí. ¿Voy a agrandarla un poco? Dame un segundo porque estaba pensando. Ya, ahí. Ahí se ve perfecto. Esta presentación y exposición, si bien fui invitada en calidad de exdipre, actualmente soy directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Este informe que hemos elaborado sobre el análisis del reajuste del sector público está realizado junto con la economista Margarita Villar.
Nosotros analizamos el reajuste del sector público en su integridad y queremos destacar tres áreas relevantes para tener una mejor comprensión de lo que es esta gran ley, así como también separar los temas que presentan más dificultades y los problemas de financiamiento. Lo dividimos de la siguiente manera: el reajuste del sector público tiene una parte que es el guarismo propiamente tal de reajuste, la actualización de las remuneraciones y toda la normativa que alcanza al personal del Estado, que es más bien de carácter recurrente.
Una segunda parte son los temas misceláneos, que en este caso son de gran magnitud y obedecen también a cambios regulatorios, donde se incluye la famosa norma de amarre que se ha señalado. Finalmente, presidente, también analizaremos el costo del proyecto y los desafíos de financiamiento, en un contexto de estrechez fiscal que no es menor.
Respecto a la primera parte, hemos querido hacer un repaso de la geografía del proyecto de ley, donde podemos observar que alrededor de 50 o 60 normas de la ley de reajuste se pueden imputar a lo que es propiamente de naturaleza estatutaria, es decir, materias que tratan sobre normativa de personal del sector público, muchas de las cuales son de carácter recurrente. La más relevante en términos de costo es el artículo primero, que establece el guarismo con que se actualizan las remuneraciones del sector público, el reajuste propiamente tal.
Una serie de artículos se relaciona con beneficios regulares, conocidos como aguinaldos, bonos de escolaridad, vacaciones, tanto del sector activo como pasivo. Dentro de esta normativa, es importante señalar que la técnica legislativa utilizada en la redacción de la ley ha cambiado, ya que el año pasado se modificaron algunos beneficios que eran de naturaleza anual, y algunos de estos quedaron de carácter permanente. Lo que se hace en los artículos segundo, tercero y siguientes es únicamente actualizar el monto de esos aguinaldos bajo el supuesto de inflación y también de negociación de la mesa del sector público; por lo tanto, ya son beneficios de carácter permanente.
En cuanto a otras materias de personal que son recurrentes, aunque no necesariamente permanentes, se incluyen los aportes de bienestar, la regulación de rentas mínimas y los incentivos al retiro.
Que tienen naturaleza de personal propiamente tal. Hay otras materias misceláneas que se utilizan en esta vía del reajuste para normarla, pero que igualmente ameritan detalles. Usualmente vemos ajustes en las plantas de personal, correcciones en incentivos, y regularización o declaración de interpretaciones de normas. Sin embargo, en este caso, es relevante profundizar en ciertos aspectos, como los traspasos de personal y los incrementos de dotación, por ejemplo, en la subsecretaría de Obras Públicas, así como la creación de cargos en la Comisión de Productividad. Creemos que, si bien son temas recurrentes, no se ha explicado con la profundidad necesaria a qué se refieren y cuánto de ello obedece a un cambio en la estructura de los servicios.
Finalmente, el bono especial de negociación, que se ha entregado regularmente y se asocia a un término de conflicto, merece atención. En un contexto de estrechez fiscal, se esperaba un análisis más detallado sobre su financiamiento. El guarismo incorporado en la ley de presupuesto 2026 alcanza un incremento del 3,1%, mientras que esta ley contempla un 3,4% de actualización de precios, lo que significa un incremento real de 0,3% en el sueldo del sector público. Por lo tanto, un bono especial de negociación podría ser compensado en un monto inferior.
En cuanto a los temas misceláneos, que son cambios regulatorios de forma, es difícil en tan poco tiempo hacer un mapeo exhaustivo y con la profundidad que me gustaría. Hay una cantidad de temas de relevancia que ameritan un debate en su mérito. Algunos de estos emanan de las modificaciones a la ley de presupuesto 2026, donde se han hecho ajustes y modificaciones en las glosas. Es cierto que hay temas que fueron rechazados en la ley de presupuesto de 2026 y que se busca reincorporar. Surge la pregunta: si fueron rechazados, ¿por qué se reincorporan? ¿Es un acuerdo? ¿Qué sucede ahí? Esto escapa a la negociación de la mesa del sector público, como es el caso de la incorporación de glosas en los gobiernos regionales que regulan un traspaso de recursos hacia empresas públicas.
Hay materias que sí fueron parte de los compromisos tratados en la ley de presupuesto, como la postergación del revalúo fiscal, que fue analizada en conversaciones paralelas al presupuesto. También es necesario considerar cómo esto se integra con los desafíos del Servicio de Impuestos Internos. Una materia de este tipo, si bien es un compromiso, podría ameritar un debate en sí mismo.
Respecto a la ampliación de la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios, también fue un tema trabajado en la ley de presupuesto. Sin embargo, dado el contexto de estrechez fiscal, es importante señalar que hay un desafío de reconstrucción. La necesaria reconstrucción para la Quinta Región sigue desafiando al Estado en la identificación de inversiones. Esta ley fue acompañada de beneficios tributarios e incentivos para atraer capital a nuestro país, lo que permitió ingresar recursos a las arcas fiscales en un tiempo determinado. Sin embargo, es fundamental contar con los recursos necesarios para enfrentar esta reconstrucción, y en un contexto de estrechez fiscal, esos recursos representan una presión adicional de gasto.
Por último, la ampliación del giro de empresas públicas amerita, a nuestro juicio, una conversación en su mérito. Estamos hablando de una ampliación que debe ser votada con el quórum correspondiente. Aunque pueden ser legítimas las materias que anhelan las empresas, es esencial garantizar sus operaciones en condiciones de mercado. Por tanto, esto requiere un debate en profundidad. Creemos que una ley miscelánea, que tiene sus tiempos y preocupaciones, así como incentivos hacia los temas de personal, excede el profundo debate que estos asuntos requieren.
De lo que hemos seguido en el debate, no contamos con mayor información sobre el cambio de la fórmula de notificaciones, temas de concesión, temas de seguridad privada y otros asuntos de larga data, como lo explicaba recientemente el presidente del gremio de Empresas Eléctricas. Uno desearía que estos temas escaparan y no fueran parte de la ley de reajuste. No puedo dejar de hacerme cargo de esta normativa de amarre que se ha señalado. Nuestro análisis en el Centro de Políticas Públicas ha sido, por supuesto, una mirada con altura de miras sobre el empleo público. Vemos que, si bien hay compromisos con la mesa del sector público, también es necesario abordar la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República. Lo cierto es que lo que se está presentando es una modificación a la naturaleza del empleo a contrata y a su regulación, lo que podría generar una superposición de normas estatutarias.
El texto del proyecto de ley impone una serie de reglas a las cuales se debe sujetar la no renovación de la designación a contrata, que es la segunda columna que aparece en la lámina que estoy mostrando por su intermedio, presidente, en contraste con el estatuto administrativo que no es modificado. La naturaleza del empleo público, de acuerdo al estatuto administrativo, sigue siendo de carácter transitorio, y se consulta a través de la dotación de la institución, la cual se fija a través de la ley de presupuesto. El artículo 10 del mismo estatuto señala que los empleados a contrata, por el solo ministerio de la ley, si no se ha propuesto su prórroga, concluyen el 31 de diciembre de cada año, y esa normativa no es modificada. Por tanto, se le está imponiendo una serie de reglas a esa regulación, lo que podría generar incertidumbre. Nos preguntamos, entonces, si es el momento adecuado para hacerlo, con tan poco tiempo y tanta premura. ¿Por qué no iniciar la necesaria conversación sobre la naturaleza del empleo público? Creemos que hay material suficiente sobre la mesa para abordar este tema con la debida mesura y con una medición de impacto real de lo que ello significa.
Finalmente, nos referimos al costo del proyecto de ley. Nuestro análisis indica que esta conversación comienza en el debate de la ley de presupuesto 2026, que fue recientemente aprobada, y estamos en un contexto de estrechez fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo, que espero ustedes pronto escuchen por su intermedio, presidente, ya ha señalado que estamos en esta categoría de estrechez fiscal, y nosotros hacemos eco de ello. Recordemos que el presupuesto 2025, que acaba de terminar su ejecución, fue diseñado para tener una meta de balance estructural con un déficit de 1,1%, meta que fue actualizada a un déficit superior a 1,6%. Sin embargo, el propio Ejecutivo ha reconocido que estaríamos llegando a un déficit fiscal de 2,2%, y nuestras estimaciones incluso superan ese déficit. Dado esto, el problema y el desafío de financiamiento son significativos.
Es importante recordar que, debido a los problemas fiscales y de financiamiento, el propio Ejecutivo informó durante la presentación de la ley de presupuesto 2026 que no había inflactado el subtítulo 21. Esto significa que se había considerado un reajuste cero, manteniendo las remuneraciones en valores nominales para 2025, con el fin de encontrar espacios de eficiencia y ahorro en este componente. Sin embargo, el informe financiero número tres que acompaña al proyecto de ley señala que el costo del mismo irroga un mayor gasto por sobre los 1.600 millones de dólares.
Históricamente, parte del componente de la iniciativa se importaba. Discutíamos siempre el reajuste al finalizar la ley de presupuesto, y generalmente la ley era despachada durante el mes de diciembre. Parte de los recursos se imputaban al ejercicio del año en curso, y el resto del gasto, la mayoría, se trasladaba al año siguiente. En el diseño presupuestario, el subtítulo 21 ya tenía parte de los recursos considerados, y la otra parte se incorporaba al tesoro público, así como otras normativas que generaban gastos, incluyendo otros bonos de distintas materias. Por tanto, el subtítulo 21 contaba, coloquialmente, con un colchón, podría decirse.