Ponemos de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. El acta de la sesión 230.ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 231.ª especial se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Muy buenas tardes, señor secretario. Tiene la palabra para dar lectura a la cuenta.
Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. En primer lugar, un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, que califica de discusión inmediata, para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. En segundo lugar, un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a un requerimiento de esta Comisión en orden de informar si dicha cartera posee un registro de personas electrodependientes.
En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Ramírez, don Matías, Mellado, don Cosme y Colyarso, y de las diputadas señoras Acevedo, Astudillo, Castillo, Mix, Pizarro y Tello, que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a la destacada deportista juvenil colombiana María Camila Valencia Mosquera, proyecto que corresponde al boletín número 18.048-06. En cuarto lugar, una carta de la presidenta del Consejo Directivo del Servel, señora Pamela Figueroa, por la cual solicita a la Comisión ser recibidos en audiencia para plantear sus puntos de vista respecto al proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, en atención a que dicho proyecto se vincula directamente con las competencias del Servel.
En quinto lugar, se han recibido indicaciones al proyecto de ley antes mencionado, por una parte del diputado don Félix González y por otra de la diputada Joanna Pérez, conjuntamente con el diputado don Francisco Undurraga. En sexto lugar, se han recibido los siguientes reemplazos para la sesión de hoy: don Daniel Manouchehri por la diputada Danisa Astudillo y el diputado Félix González por la diputada Carolina Tello. Finalmente, se recibió un correo electrónico del Gabinete del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mediante el cual excusa la participación del Subsecretario de esa cartera a esta sesión debido a un compromiso agendado con anterioridad. No obstante lo anterior, solicita se le pueda remitir el enlace de conexión, lo que la Secretaría ya efectuó, para poder participar de manera telemática en el debate de dicho proyecto. Y al mismo tiempo hace saber que en su representación y en forma presencial estarán presentes en esta sesión las asesoras de la Segigob, Loreto González y Rocío Cerezuela.
Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Mesa, tiene la palabra.
Presidente, muy buenas tardes, muchas gracias. Solo para solicitar que se acceda a la solicitud del Servel de que lo recibamos, para que tomemos esa decisión, presidente, simplemente. Muchas gracias.
Sí, lo vamos a ver en el primer punto de la tabla del orden del día para poder planificar cómo vamos a tramitar el proyecto de la reforma política. ¿Palabras sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. Diputados, diputadas. No hay palabras sobre varios. Entonces, partimos con la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar el punto uno, que es, luego de la cuenta, fijar un procedimiento para la discusión del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, el boletín 17.640. Este proyecto de ley, o sea, este mensaje, en realidad, llegó con discusión inmediata.
Tenemos hasta el... Se renovó, y yo primero quiero valorar que está el Ministro del Interior presente, muy buenas tardes, al subsecretario también, buenas tardes. Valorar que se renovó la urgencia. Debemos tramitar este proyecto de ley de forma seria, recibiendo de partida lo que decía el diputado Mesa, presidenta del Servel. La idea es que nos pongamos de acuerdo como comisión para tramitar este proyecto de ley.
Yo tengo una propuesta y espero que se valide en la comisión con los diputados y diputadas presentes: sesionar el día de mañana y hacer una sesión especial el día lunes. ¿Por qué? Porque el vencimiento del plazo de la urgencia sería el día lunes. Propongo que escuchemos al Servel y, si ustedes lo consideran, también al Ejecutivo, y el lunes votar hasta total despacho. ¿Les parece?
Diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, creo que hay que atenernos a las reglas establecidas. Las urgencias no nos limitan los plazos para conocer un proyecto de ley, pero podríamos ordenar de tal forma que primero veamos si los parlamentarios de la comisión tienen invitados que les gustaría que pudiesen exponer. Si no llega ningún invitado más de los que usted ha mencionado, tiene sentido votar en general y en particular a total despacho en un solo día. Sin embargo, si hay más invitados, quizás lo mejor sería tener una sesión para la tramitación en general, donde podamos escuchar a todos quienes quieran participar, y otra sesión para la tramitación en particular.
Entendiendo que hay parlamentarios que no son parte de la comisión pero tienen algo que decir, están en su derecho de venir, pedir la palabra y opinar. Al momento de votar, seremos los titulares de la comisión quienes votemos, pero creo que en pro de la transparencia es mejor dar la máxima apertura a escuchar todas las opiniones. En particular, en el Partido Republicano tenemos una opinión relativamente formada sobre este proyecto; en general nos gusta, aunque hay aspectos que no. Estos son proyectos que tendrán un impacto profundo, y por lo mismo comparto las palabras que usted ha señalado en distintos medios de comunicación: no podemos tramitar esto a la ligera.
También tenemos el apremio de las urgencias que establece el Ejecutivo. Si la urgencia es de discusión inmediata y nos dice que tenemos tres días para cada trámite, tomémonos esos tres días. Esa es la propuesta que tengo para hacerle, presidente. Quizás un día para la votación en general y escuchar a todos los invitados, y otro día para la votación en particular y discutir artículo por artículo. Si le parece al resto de la comisión, no tengo problema en que tengamos tres sesiones de aquí al lunes.
Por eso pido el acuerdo de la comisión. Sabemos que tenemos seis días para tramitarlo y ya han llegado algunas indicaciones de distintos diputados y diputadas. La idea es llegar a un acuerdo de la comisión. Yo citaría el día de mañana, tendría que ser en la tarde, aunque con discusión inmediata podemos ser paralelos. Para que se pueda citar en paralelo con la sala con discusión inmediata, tendría que ser el mismo día del vencimiento o el anterior. En este momento no podría ser, pero puede ser mañana a las cinco.
Tiene la palabra. Hay una tercera opción que es pedir autorización a los comités parlamentarios para funcionar en paralelo a la sala, aunque no estemos en los supuestos que plantea el secretario. Creo que deberíamos explorar esa opción, ya que, sobre todo para los parlamentarios de región, lo más cómodo es que funcionemos en paralelo a la sala. A mí personalmente, no me complica mucho viajar desde Santiago, pero a los que son de región y tienen pasajes comprados, probablemente les puede complicar, y así todos pueden participar, presidente.
Ahora, lo otro que podemos hacer es citar mañana en la mañana, de ocho y media a diez. Esa es una buena alternativa. Citamos al Ejecutivo para que venga a exponer, y también podríamos invitar a Servel, incluso en forma telemática. Podríamos hacer dos sesiones para invitados, y también podríamos realizar una sesión el lunes en la mañana en las instalaciones del Congreso, pensando en la gente que llega de región. Después, en la tarde del mismo lunes, podríamos continuar hasta total despacho. Esa es la propuesta.
No sé si les parece bien. Entonces, mañana de ocho y media a diez, y el lunes a las trece horas hasta total despacho, recibiendo invitados y luego votando en particular. ¿Votamos? ¿Tomamos el acuerdo? Se toma el acuerdo. Perfecto.
Pasemos al segundo punto de la tabla. Vamos a recibir al Ministro del Interior, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ministro, por estar aquí, junto al Director del Servicio Nacional de Migraciones, que también echábamos de menos en esta comisión. El propósito es que explique las medidas que ha adoptado el gobierno para resguardar nuestras fronteras, especialmente en el paso de Colchane, región de Tarapacá, en consideración a los deficientes medios que se disponen para ello, según el reciente informe de la Contraloría General de la República. Este informe da cuenta del mal uso de rayos X, la nula utilización del incinerador y el precario estado de las mallas de protección, entre otros aspectos, lo cual facilita el cruce hacia nuestro país por parte de inmigrantes indocumentados, en un contexto internacional donde países como Bolivia y Perú han fortalecido los controles fronterizos para prevenir el ingreso de personas con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, especialmente con organizaciones dedicadas al crimen organizado.
Diputada Mix, tiene la palabra. Lo hice ver en la sesión pasada, presidente, pero insisten en denominar a los inmigrantes como ilegales. Me preocupa que se siga tratando así y que se les considere inmigrantes indocumentados. Creo que es importante abordar esta situación y me parece que sostener una definición que no corresponde no es adecuado. Buenas tardes, Ministro, le ofrezco la palabra sobre los puntos que mencionamos.
Muchas gracias, presidente. Todos sabemos que Chile ha debido enfrentar un flujo migratorio significativo por múltiples razones. Somos el país que hoy día tiene el mayor estándar de vida en América Latina y que lidera el índice de desarrollo humano de América Latina y el Caribe, excluyendo, obviamente, Norteamérica. Esto hace que sea un país muy atractivo para personas de distintas nacionalidades que buscan un mejor porvenir. Además, la disminución de las tasas de natalidad ha generado en determinadas áreas de nuestra economía una demanda por trabajadores, lo que ha contribuido a estos flujos migratorios.
El factor más relevante ha sido precisamente la crisis humanitaria que se ha producido en Venezuela, la cual ha implicado un aumento significativo del flujo migratorio a partir del año 2017. El mayor ingreso de migrantes al país se produjo entre los años 2018 y 2021, donde más del 36% de los migrantes actualmente en Chile, de acuerdo al censo, ingresaron por distintas vías. A mediados del gobierno del presidente Piñera, se estableció el requisito adicional de visa para los migrantes venezolanos, lo que generó un aumento de los ingresos irregulares.
En este contexto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de nuestra legislación. La primera de estas medidas consistió en el despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco de la reforma constitucional que habilitó su participación en el control de las fronteras, colaborando así con las labores que realiza Carabineros. Tenemos una evaluación muy positiva de los resultados de este despliegue, y el gobierno ha invertido miles de millones de pesos para dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas necesarias para llevar a cabo este trabajo.
Esto ha incluido, en primer lugar, la adquisición de vehículos especialmente acondicionados para las tareas de control fronterizo, que son diferentes a los utilizados por los militares en sus labores permanentes. En segundo lugar, se han instalado puestos de observación fronterizo, tanto fijos como móviles, con visión de larga distancia y nocturna. En tercer lugar, se ha desplegado el uso de drones, operados por la Fuerza Aérea, que permiten una vigilancia integral de toda la frontera norte de nuestro país.
Esta modernización tecnológica y vigilancia avanzada incorpora, además, el proyecto "Muralla Digital", implementado por Carabineros, y "Cifrón", que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, hemos realizado una importante inversión para mejorar la infraestructura de habitabilidad para usuarios y funcionarios, así como la reactivación de los puestos fronterizos 24/7. Esto es relevante, ya que las economías están cada vez más integradas, y necesitamos, por un lado, elevar los estándares de control y fiscalización para evitar fenómenos complejos vinculados al narcotráfico, contrabando y el ingreso irregular de personas. Por otro lado, los flujos comerciales requieren que nuestros pasos fronterizos estén en condiciones adecuadas para permitir el transporte de productos de un país a otro, lo que implica una mejor fiscalización y trámites más rápidos conforme a las exigencias del comercio y la economía actual.
Además, hemos implementado acuerdos de cooperación internacional de carácter bilateral con países vecinos. El más importante de estos acuerdos fue suscrito por la exministra Tohá con el ministro de Gobierno de Bolivia, lo que ha permitido iniciar la reconducción de ciudadanos de terceros países en la frontera boliviana, algo que anteriormente no ocurría y que solo se aplicaba sin limitación de nacionalidad en la frontera peruana y argentina.
Finalmente, hemos impulsado una agenda legislativa que implica una actualización del marco normativo, otorgando nuevas facultades a las instituciones y agilizando los procesos migratorios y de expulsión. Recientemente, se creó el Comité Nacional de Frontera, que coordina la labor de diez ministerios y dieciocho servicios con distintas tareas en la frontera, abordando temáticas relevantes como la seguridad fitosanitaria y la infraestructura de los complejos fronterizos.
Finalmente, lo que necesitamos son fronteras custodiadas con los mayores estándares y complejos fronterizos que presten servicios de calidad, para que los tiempos de espera sean los menores. Insisto, dado las características que requiere un mundo globalizado y la importancia que esto tiene para nuestras exportaciones y también para nuestras importaciones.
De acuerdo al censo del año 2024, la población migrante se aproxima a 1.600.000 personas, lo que equivale a un 8,8% de la población total. Los años de mayor ingreso se produjeron entre 2018 y 2021, periodo en el cual más del 36% de los migrantes ingresaron a nuestro país. Este fue el mandato presidencial en virtud del mayor ingreso de migrantes. En el caso del gobierno que lo antecedió, del 2014 al 2017, el ingreso ascendió al 22,3%, y en el caso del gobierno actual, hasta el año 2024, se estima un 21,4%. Estos tres mandatos explican aproximadamente el 80% de los migrantes que hoy día están radicados en nuestro país, lo que da cuenta del aumento del flujo migratorio, motivado por la crisis humanitaria venezolana, especialmente en la última década.
En este contexto, hemos adoptado diversas medidas. ¿Cuáles son los resultados que tenemos a la vista? Primero, los ingresos irregulares, medidos desde el punto de vista de las denuncias y autodenuncias. Según cifras de la Policía de Investigaciones, el peor año fue 2021, con 56.586 denuncias. Sin embargo, producto de las medidas adoptadas por el gobierno, ha habido un descenso en las denuncias y autodenuncias, alcanzando una reducción del 54% hasta el año pasado, con una cifra de 26.275 personas.
En lo que respecta a los ingresos irregulares detectados por Colchane, la frontera más compleja que tenemos en esta materia es con Bolivia, dado que Perú y Ecuador exigen visa a los migrantes venezolanos, lo que dificulta el acceso por la frontera con Perú. Por tanto, Bolivia se convierte en la principal frontera por donde se han producido estos ingresos irregulares. Actualmente, contamos con mayor capacidad de detección y tecnología de punta.
En cuanto a los ingresos irregulares detectados en años anteriores, en 2022 se registraron 26.809 casos, mientras que en 2025 se espera una reducción a 11.287. Las cifras de los años son las siguientes: 2021, 20.272; 2022, 26.809; 2023, 17.668; y 2024, 20.279. Esta mejora se debe a las medidas adoptadas.
Adicionalmente, en diciembre se firmaron tres acuerdos con Bolivia, que están en implementación desde el inicio de 2025. Estos acuerdos comprenden la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo, la cooperación contra el contrabando y el proceso de reingreso y retorno de extranjeros de terceros países, conocido como reconducción. Para explicarlo de manera sencilla, cuando una persona es sorprendida ingresando de forma irregular a nuestro país, cruzando la frontera y hasta diez kilómetros de la misma, esa persona es devuelta al país de donde proviene.
La implementación del acuerdo con Bolivia requirió una marcha blanca, y en los primeros meses los resultados no fueron los esperados, ya que era necesario acordar protocolos específicos de trabajo y coordinación. Es importante recordar que las fronteras se administran de manera conjunta, lo que requiere la colaboración de los países limítrofes. Las cifras son categóricas; por ejemplo, en febrero del año pasado, solo pudimos reconducir al 7,7% de las personas. En noviembre del mismo año, logramos reconducir un mayor porcentaje.
El 96,4% de las personas reconducidas indica una tendencia al alza mes a mes, lo que demuestra que el acuerdo suscrito con Bolivia por la exministra Tohá ha dado resultados. Actualmente, estamos reconduciendo a la gran mayoría de las personas sorprendidas cruzando la frontera. Esto ha exigido la colaboración del gobierno de Bolivia, ya que cada país es soberano para determinar si acepta o no las reconducciones. Es fundamental que las fronteras se administren de manera conjunta.
En cuanto a las nacionalidades reconducidas, hay un número significativo de bolivianos, pero la nacionalidad más relevante en este contexto es la de los venezolanos. Desde la implementación del acuerdo, las reconducciones han aumentado, superando el 90% y revirtiendo la tendencia previa, que mostraba un número muy bajo de reconducciones verificadas respecto a Bolivia.
Adicionalmente, el despliegue de las Fuerzas Armadas se habilitó a través de una reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2023. Hasta casi fines de diciembre de 2025, se habían controlado más de 563.237 personas. Solo en la última semana se realizaron más de 37.000 patrullajes, resultando en la detención de más de 1.000 personas, gracias a la fiscalización y los controles realizados por las Fuerzas Armadas en coordinación con las policías. Cuando se detiene a una persona, se le pone inmediatamente a disposición de la policía correspondiente. Es importante recordar que el control de frontera, por regla general, está en manos de Carabineros, cuya dotación es insuficiente, lo que ha llevado a complementar su labor con el despliegue de las Fuerzas Armadas. El control migratorio es realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), que verifica el cumplimiento de los requisitos migratorios y la identidad de las personas que ingresan o salen del país, siendo la PDI la responsable de las estadísticas oficiales al respecto.
Entre 2022 y 2024, se han realizado inversiones significativas en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, superando los 46.000 millones de pesos. El presupuesto de seguridad bajo el gobierno del presidente Boric ha aumentado en un 16,8%, contrastando con los cuatro años anteriores, donde no hubo incremento en este ámbito. Hemos afirmado que donde ponemos las palabras, también ponemos las acciones, lo que se ha traducido en una importante inversión para dotar de más y mejores herramientas a Carabineros, la PDI, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), Gendarmería, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y, por supuesto, el Servicio de Migraciones.
En relación a la Muralla Digital, se ha realizado una inversión en tres etapas que ascendió a más de 7.650 millones de pesos. En cuanto a SIFRON, se han invertido más de 11.000 millones de pesos, lo que permite contar con tecnología de punta en las fronteras de nuestro país. De hecho, cuando se desplegó el ejército peruano, se mencionó que debíamos seguir su ejemplo; sin embargo, Chile ya había implementado estas medidas varios años antes. Las inversiones realizadas han dotado a las Fuerzas Armadas de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de manera efectiva, y los resultados son evidentes.
Se han realizado inversiones importantes en los pasos fronterizos, destacando un proyecto relevante en Chacalluta por más de 14.000 millones de pesos, en Chungará por más de 1.000 millones con obras finalizadas, y en Colchane, más de 2.000 millones de pesos, incluyendo 1.270 millones en obras de habilitación para atención 24/7 y 11.459 millones por adjudicar en el marco del Plan Nacional de Complejos Fronterizos, correspondiente al proyecto de conservación de la zona de atención y habitabilidad. El presidente de la República visitó la zona, donde se realizó una demostración de las capacidades tecnológicas con que cuentan las Fuerzas Armadas. También se han llevado a cabo inversiones relevantes en Pichachén, Biobío, Cardenal Samoré, Los Lagos, Río Don Guillermo y Magallanes. En resumen, son muchos los ejemplos de pasos fronterizos o complejos fronterizos que han sido modernizados.
Estamos implementando la Política Nacional de Inmigración, que cuenta con diez ejes, 81 objetivos y 28 medidas.
Migratoria, con seis proyectos tramitados y tres en tramitación, y el empadronamiento biométrico de más de 182.000 personas, que nos permite conocer la identidad de quienes hoy día están en condiciones irregulares en nuestro país. Esto es bien relevante, porque no hay nada peor que no tener conocimiento de las personas que están en Chile. A través de este empadronamiento, se conoce su identidad y se tiene el registro biométrico respectivo.
Sobre este punto, hago un paréntesis. Cuando se empezó a producir el aumento de los homicidios, que ya lleva más de una década, la tendencia se ha revertido como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno. Hoy día, podemos hablar de una tendencia a la baja, y se prevé que será el tercer año de disminución de la tasa y el número de homicidios. Empezaron a aparecer muchos casos de, por ejemplo, huellas dactilares que no eran reconocidas por nuestros registros, lo que podría significar que quienes eventualmente habían participado en esos delitos fueran personas que no eran chilenas. A través de todas estas políticas de empadronamiento que hemos realizado, tenemos esos registros, lo que también facilita el trabajo policial.
Es importante hacer un distingo, ya que en algunos casos de trata de personas han venido a Chile a cometer delitos, aunque son los menos. Muchos de ellos ingresan de manera regular, no solo irregular, y hay un número significativo de personas honestas que buscan un mejor porvenir. Es fundamental dejar de lado los prejuicios y centrarse en la estadística oficial respecto a estos antecedentes. Sin embargo, es evidente que parte del fenómeno criminal que se ha extendido en los últimos años está relacionado con el ingreso de bandas de crimen organizado de origen foráneo que han comenzado a operar en nuestro país. La respuesta del Estado ha sido categórica, a través de investigaciones exitosas por parte del Ministerio Público y una actualización normativa que ha dotado de herramientas efectivas a las policías, lo que se ha traducido en detenciones y condenas.
En cuanto a la agenda legislativa, los tres proyectos que se han aprobado son la ampliación del control preventivo de identidad, nuevas competencias para la identificación de personas extranjeras, y normas para agilizar expulsiones, considerando la falta de documentos válidos como criterio para la prisión preventiva. Los tres proyectos en tramitación se refieren a situaciones en las que se ha cometido un delito, es decir, cuando no se conoce la identidad de una persona detenida y existe duda respecto a su identidad. En tales casos, se produce una medida cautelar mientras se determina la identidad de la persona, ya que podría ocurrir que se identifique con una identidad falsa.
Hay un caso emblemático de una persona que poseía pasaportes de dos países distintos, ambos válidos, lo que le otorgaba dos nacionalidades y nombres diferentes, y que participó en uno de los crímenes más atroces cometidos en nuestro país. En lo que respecta a los proyectos en tramitación, se encuentran el perfeccionamiento de causales y procedimientos de expulsión, las nuevas causales de prohibición de ingreso y la mejora del sistema de control migratorio operativo, que esperamos sean despachados con celeridad.
Respecto del Comité Nacional de Fronteras, se han realizado diversas sesiones y se han resuelto temas operativos prácticos. Se entregará en marzo un informe sobre el marco normativo que debe ser actualizado y medidas adicionales con el objeto de contar con fronteras más seguras en nuestro país. Por último, quiero señalar que, contrariamente a lo que se informó por los medios de comunicación en el marco de la campaña presidencial y las medidas adoptadas por el Gobierno de Perú, no ha habido un aumento en los flujos migratorios para salir del país. Esto es relevante, ya que la migración de Venezuela tiene principalmente un origen económico, relacionado con la situación humanitaria que viven los venezolanos y venezolanas, lo que los ha llevado a migrar a distintos países de la región, principalmente en el eje del Pacífico: Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
En algún momento se instaló que, a raíz del debate o la campaña presidencial, o de las decisiones tomadas por el Gobierno de Perú, había aumentado el flujo migratorio para salir del país. Sin embargo, las estadísticas oficiales que lleva la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los flujos regulares indican que en noviembre salieron menos personas que en noviembre de 2024, que es cuando se realizó este debate, por el paso Chacalluta. En lo que respecta a las autorizaciones que otorga el Servicio de Migraciones para personas en condiciones irregulares que desean salir del país, es relevante señalar que el procedimiento consiste en que una persona en condición irregular que quiere irse de Chile debe solicitar la autorización para salir del país, en caso de que tuviera, por ejemplo, un antecedente penal o una orden de detención.
Algún problema con la justicia. Entonces, esa persona va al Servicio de Migraciones y solicita la autorización para salir del país. Si se verifica que no tiene antecedentes ni órdenes de detención pendientes, se le autoriza. Es un trámite relativamente rápido, pero necesario.
En lo que respecta a solicitudes de personas en condición migratoria irregular para salir del país, ha habido una disminución respecto de años anteriores. Esto que se ha instalado sobre un flujo migratorio por el deseo de irse de Chile, en realidad no se ha producido, ya que mientras no mejore la situación económica de los países de origen de quienes han venido a nuestro país, un fenómeno de esa naturaleza difícilmente se manifestará.
Quiero destacar que hemos aumentado de manera significativa las expulsiones administrativas en comparación con años anteriores. Sin embargo, en algún momento se modificó la ley respecto de las expulsiones judiciales, excluyendo los delitos vinculados a la Ley 20.000. Por tanto, teníamos aproximadamente mil expulsiones judiciales al año, y estas han caído de manera significativa, generando una tensión importante dentro del sistema carcelario.
A este respecto, quiero hacer un distingo. El Gobierno presentó un proyecto para que las personas condenadas por la Ley 20.000 pudieran eventualmente ser expulsadas judicialmente. Cuando hablamos de expulsiones judiciales, nos referimos a que lo hagan los tribunales, especialmente en casos de delitos de menor entidad. Aquí, si se detiene al cabecilla del crimen organizado en el narcotráfico, la idea es que cumpla la pena en Chile y en su totalidad. Una persona vinculada a un homicidio, un caso grave, no puede quedar en la impunidad y debe cumplir su condena en Chile.
En el caso de microtráfico, muchas veces con penas alternativas como firma periódica, se genera arraigo, lo que en esos casos menos graves debería actualizarse en la legislación. Por ello, se presentó un proyecto que fue aprobado por la Cámara y que ahora está en el Senado, permitiendo aumentar las expulsiones judiciales para delitos menos graves. Esta es una herramienta necesaria para proceder a las expulsiones.
El proyecto aprobado por la Cámara establece que, en caso de que una persona sea expulsada judicialmente y no cumpla con la prohibición de reingreso al país, además de cumplir la pena pendiente, podría ser condenada hasta diez años adicionales de privación de libertad, correspondiente al tiempo por el cual se le expulsa. Esto implica una sanción relativamente drástica, considerando que se trata de una pena menor.
Como dato, presidente, el año 2021 teníamos aproximadamente 39.000 personas privadas de libertad en el sistema de gendarmería. Si analizamos las cifras del 2010 al 2021, se observa una baja en la población carcelaria. Esto se logró gracias a dos hitos fundamentales: las leyes aprobadas tras el incendio de la cárcel de San Miguel y las leyes aprobadas durante la pandemia para evitar contagios en las cárceles. Así, la población carcelaria disminuyó de poco más de 50.000 personas en 2010 a 39.000 en 2021.
Sin embargo, como resultado de las leyes aprobadas para establecer sanciones efectivas respecto a delitos graves, la población carcelaria ha aumentado en lo que va del mandato del presidente Boric a 63.000 personas. Esto significa que una parte importante de los cabecillas del Tren de Aragua, no solo su brazo armado, sino también su brazo financiero, están actualmente privados de libertad. En algunos casos, ya se han aplicado las máximas penas que establece la ley, mientras que en otros se está en proceso de investigación, y no cabe duda de que, gracias al trabajo exitoso de la Fiscalía, se procederá a las condenas de estos criminales especialmente peligrosos.
Estas son las medidas que hemos adoptado en general. Si le parece, el director del Servicio de Migraciones podría complementar información respecto a esta materia. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Le entrego la palabra. Muy buenas tardes y la bienvenida al director de Migraciones, el señor Calle. Tiene la palabra.
Complementar alguna información, la primera tiene que ver con las autorizaciones de salida. El Servicio Nacional de Migraciones tiene la facultad para autorizar que una persona que está en situación irregular dentro del país salga de manera regular. Este procedimiento implica que la persona debe presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, llenar un formulario de solicitud de autorización, presentar el comprobante de la denuncia o autodenuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) por el ingreso irregular, y presentarse con un pasaje, con un plazo máximo de quince días. En ese marco, nosotros autorizamos, revisamos los antecedentes y, si la persona no tiene arraigo ni causa pendiente, se le otorga la autorización.
Junto con la autorización, se impone a la persona una prohibición de ingreso de entre tres a cinco años, siendo lo habitual un plazo de cinco años, ponderándose según el arraigo y si tiene hijos, entre otros factores. Desde el año 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, hemos otorgado 32,000 autorizaciones de salida a personas que ingresaron irregularmente al país. Esta situación está principalmente concentrada en la región metropolitana, aunque algunas direcciones regionales del norte y la de Valparaíso, por el paso de Los Libertadores, también tienen esta facultad delegada.
Es importante destacar que aproximadamente el 98% de las salidas de personas irregulares se realizan por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y no por Colchane, Chacalluta o Los Libertadores. Para enfatizar, las personas que solicitan autorización de salida al Servicio Nacional de Migraciones, que ingresaron por pasos no habilitados, en su gran mayoría, lo hacen a través del aeropuerto.
Los datos anuales son los siguientes: en 2022 se autorizaron 5,700 personas, en 2023, 8,886 personas, en 2024, 11,004 personas, y en 2025, se autorizaron 6,600 personas para salir por esta vía.
En cuanto a las medidas y la coordinación con la Policía de Investigaciones, que tiene las facultades de control fronterizo, hay tres aspectos relevantes. Primero, lo que llamamos la formalización retroactiva: si una persona llega a la frontera sin autorización, la policía realiza los chequeos de antecedentes, completa el formulario y deriva la información al Servicio Nacional de Migraciones, autorizando paralelamente la salida de la persona. Esto evita el atasco que podría generarse por no haber realizado el trámite previo.
Otro elemento importante es que, en coordinación con la PDI, las personas que intentan egresar del país de manera irregular y son detectadas por el ejército o carabineros son trasladadas a la PDI. Allí se revisan sus antecedentes; si tienen alguna causa pendiente, se derivan a la instancia correspondiente, y si no tienen causas pendientes, se tramita y formaliza la autorización de salida.
En estos términos, para facilitar la salida de personas en situación regular o irregular a sus países de origen o a terceros países, en mayo de 2023 emitimos un oficio a la Policía de Investigaciones para autorizar la salida de personas del país que tengan su documento de viaje no vigente.
Al aeropuerto, una persona que desea regresar a su país de origen puede enfrentar diversos motivos consulares. Supongamos que su consulado no está operativo en nuestro país, no ha podido renovar su pasaporte y cuenta con un pasaporte vencido. De todas formas, se le autoriza la salida del país, independientemente de si su situación es regular o irregular dentro del territorio nacional. Vale decir, tenemos las coordinaciones con la Policía de Investigaciones y la normativa establecida para facilitar la salida de personas que quieran regresar a su país, siempre y cuando no tengan ninguna situación pendiente.
En cuanto a las reconducciones, es importante precisar algunos detalles. La reconducción es un instrumento que existe en nuestra normativa desde el año 2022, con la entrada en vigencia de la nueva ley de extranjería y migración. Antes de esta ley, la reconducción no existía; es una herramienta relativamente nueva que ha requerido, como señalaba el ministro, llegar a acuerdos importantes con Bolivia para poder implementarla de manera eficiente. Este acuerdo con Bolivia vino a fortalecer algo que ya funcionaba. En el año 2022 se recondujeron 3.150 personas, y en el año 2023 se recondujeron 6.543 personas. En los días 24 y 25 de este mes, se recondujeron 4.235 y 5.057 personas, respectivamente. En total, se han reconducido en la frontera a 18.985 personas entre los años 2022 y 2025, principalmente hacia Bolivia, Perú y, en menor medida, Argentina.
En el marco del acuerdo con Bolivia, desde el 28 de marzo de 2025, se han reconducido por Colchane 4.337 personas, de las cuales 2.455, es decir, aproximadamente un 56%, son personas de terceros países. Esto indica que el acuerdo está funcionando bien, ya que hoy se reconduce prácticamente a todas las personas detectadas, dado que los ingresos irregulares han ido a la baja. Sin embargo, no es necesariamente favorable que se multipliquen las reconducciones; la meta es que no haya ingreso irregular. La intención no es que aumenten las reconducciones, sino que se evite el ingreso irregular y que, cuando se detecte, toda persona pueda ser finalmente reconducida.
Finalmente, me interesa señalar que el acuerdo de reconducción con Bolivia, del cual se ha discutido bastante, es un acuerdo técnico de colaboración migratoria. Por una parte, Bolivia accedió a recibir personas reconducidas de terceros países en la frontera, algo que no estaba aceptando hasta que se firmó el acuerdo, a cambio de que el Servicio Nacional de Migraciones tramite de manera oportuna y rápida las visas que solicitan los trabajadores bolivianos para ingresar a Chile. Es un acuerdo migratorio integral que favorece la migración regular y contribuye al mejor control de nuestra frontera.
Eso, señor presidente, por nuestra parte. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputada Mix, después el diputado Berger. Gracias, presidente. Tengo varias preguntas respecto del origen de esta convocatoria al ministro. Hoy se cumplen diez días desde el secuestro de Nicolás Maduro, y por tanto, hay inquietud manifestada en esta comisión por un grupo de parlamentarios sobre la necesidad de precaver, dado que, tras el ataque a Venezuela, podría haber vínculos con el gobierno venezolano que faciliten la llegada en masa de personas a nuestro país. Esa es la motivación inicial que hace que tengamos hoy esta conversación, planteada en esos términos. No estoy exagerando ni le estoy restando importancia a la situación.