Cámara de Diputados - Obras Públicas - 13 de enero de 2026

Gracias, presidente. Me preocupa mucho una situación que está sucediendo en Chimbarongo, en la comuna en la cual yo soy parlamentario, específicamente en el sector del Carrizal, camino hacia Codegua, donde los vecinos y la actual junta de vecinos están reclamando por la alta velocidad en este sector. Por lo tanto, en esta comisión de obras públicas, lo que estamos solicitando es que se pueda oficiar al ministro y a quien corresponda para abordar esta problemática. En un momento, una empresa que estaba trabajando en el mejoramiento de este camino fue judicializada debido a que la empresa quebró, lo cual está vinculado con el tema de la pandemia. Sin embargo, los vecinos no tienen por qué estar sufriendo estas consecuencias. Lo que se ha solicitado una y otra vez para evitar accidentes, especialmente aquellos que podrían resultar fatales, incluye un estudio vial, medidas de seguridad vial, reductores de velocidad, lomos de toro y todo lo que sea necesario. Además, hace unos días recibimos el reclamo de algunas agrupaciones de servicios sanitarios rurales de la región de Ñuble, específicamente de la provincia de Itata, quienes hacen un llamado urgente al gobierno central, al gobierno regional y a todas las autoridades para poder desarrollar obras de servicio de agua potable rural. La dependencia de los camiones aljibe no puede ser una costumbre, señor presidente. Hasta el día de hoy, estamos hablando de familias que reciben menos de 50 litros de agua al día. Por ello, necesitamos que el gobierno y el gobierno regional desarrollen proyectos de agua potable rural en la provincia, una oportunidad indispensable para una de las regiones más rurales de Chile, con el fin de dejar atrás la vulnerabilidad de sus habitantes. Por este motivo, me gustaría elevar esta necesidad a la Dirección General de Aguas y que pudiésemos oficiar como comisión a este organismo y al gobierno regional de Ñuble para conocer cuáles son los planes y programas que existen en la provincia de Itata, sobre todo en estas materias. Asimismo, sería pertinente que el gobierno regional evalúe la posibilidad de convenios de construcción de servicios sanitarios rurales con los municipios de la región.

Un tiempo atrás también se realizó con el Ministerio de Obras Públicas, dado que se hace necesario para todo el trabajo que hoy día se requiere en esta provincia en específico. Vuelvo a insistir, presidente, que esto debe ser una prioridad como región, donde, por supuesto, el derecho al agua no quede en segundo plano. Me gustaría que se oficiara que esto es una necesidad imperiosa de las 21 comunas de Ñuble, pero en específico en esta provincia, que agrupaciones nos hacen saber esta necesidad. Colega doña Johana Pérez, muy bienvenida a esta comisión. Buenas tardes, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludo a los colegas presentes y al ministro, a quien también saludo por su intermedio. Tengo un caso que vine a exponer, relacionado con el boletín 17.008.86 sobre las licencias de conducir y su prórroga. Conversé con el ministro y también estuvo presente el subsecretario, quien indicó que no había mayores problemas y que se iba a ajustar la prórroga de los tiempos de espera. Sin embargo, hay personas que llevan cinco meses esperando, y esto se ha convertido en un reclamo ciudadano que nos llega día a día. No se ha solucionado con la normalidad esperada. Por ejemplo, en Los Ángeles hay problemas con las máquinas, lo que ha llevado a que los ciudadanos deban esperar entre cuatro a seis meses para renovar su licencia de conducir. Creo que es necesario hacerse cargo de esta situación, ministro. Aunque usted mencionó que a la larga no es necesario, la Asociación de Alcaldes ha transmitido esta inquietud. Me gustaría que esta comisión pudiera poner en tabla este tema y considerar una prórroga de seis meses, con un máximo de un año, y no dos, como se había pensado inicialmente. Es fundamental que se dé respuesta a los conductores que necesitan trabajar con la licencia actualizada. Lamentablemente, esto no se ha normalizado y la situación se ha agravado. Por lo tanto, solicito que se considere la prórroga de vigencia del proyecto. Por último, quiero agradecer al ministro de Transporte por las gestiones realizadas con Isla Mocha, donde no tuvimos transporte aéreo durante un tiempo considerable. El Estado le adeudaba a una empresa entre siete y ocho meses por la subvención adjudicada. Me gustaría que se hicieran las averiguaciones pertinentes y se remitiera un informe sobre por qué se demora tanto, más allá de las responsabilidades públicas y privadas. Los que sufren son los isleños de Isla Mocha, quienes han tenido que abandonar la isla por falta de emergencias. Recientemente, una persona sufrió un accidente y tuvo que trasladarse en lancha durante seis horas al continente, debido a la falta de un servicio aéreo. Si existen los recursos y no se está garantizando un servicio, solicito que el ministro inicie un procedimiento a través de la comisión para asegurar mejoras continuas en los plazos y la seguridad de la gente. Estos son los dos temas que quiero plantear: que se ponga en tabla el proyecto de nuestra autoría, que otros parlamentarios han firmado y que podrían fusionarse, y el requerimiento relacionado con Isla Mocha de nuestra región del Biobío. Muchas gracias, presidente. Voy a tomar también algunos minutos, especialmente con la presencia de mis colegas y del ministro, a quien le pido un poco de atención. Quiero dar cuenta de un hecho que me parece de la mayor gravedad y relevancia, relacionado con la salud pública y las muertes de personas.

Y tiene que ver con incumplimientos graves que habría que solicitar una investigación. En el año 2023, organismos internacionales alertaron a las autoridades chilenas del medio ambiente y de transporte sobre un problema grave: el aumento de las muertes asociadas a la contaminación por óxidos de nitrógeno. Este es un gas invisible que afecta directamente la salud respiratoria y cardiovascular. El alza se relaciona con el incumplimiento de normas y la adulteración de sistemas anticontaminación en buses y camiones, práctica que permite que circulen contaminando mucho más de lo permitido. Se concluyó que Chile no contaba con una regulación fiscalizadora para detectar y sancionar estas adulteraciones. Para llevarlo en términos simples, si uno va a la Ruta 68, donde transitan los buses y camiones, ellos deben cumplir las normas, y estas normas son burladas. Los sistemas tecnológicos son adulterados, lo que impide la aplicación de un componente químico que debería reducir los niveles de contaminación, lo que ha llevado a las muertes que hemos señalado y que han sido denunciadas al Gobierno de Chile. Yo tengo más antecedentes y quiero que esta comisión oficie, estimado secretario. Adjuntaré otros antecedentes más técnicos para que el ministerio pueda responder. No solo se debe hacer esta petición al Ministerio de Transporte, sino que también esta comisión puede extenderla al Ministerio del Medio Ambiente. Es una situación que, repito, afecta a todas las carreteras de Chile; aquí no hay excepcionalidad. Todo el tránsito, fundamentalmente de buses y camiones, podría estar incumpliendo estas normas y exigencias técnicas, que tienen los efectos que ya he mencionado. Por ello, solicito que durante el día de mañana se adjunten los demás antecedentes técnicos para que tengamos una respuesta concreta. Me imagino que a la vuelta, en el próximo periodo, podremos contar con la presencia de instituciones y empresas que puedan estar ligadas a esta situación, que me parece del todo grave. No sé si hay otra palabra más, René, para puntos varios. Gracias, señor presidente. Quisiera referirme a un proyecto que aprobamos en la comisión hace un par de años, relacionado con los pasajes aéreos. Fusionamos un proyecto con el entonces diputado y hoy senador Bianchi. Si bien es cierto que se aprobó esa ley, no es permuta, no recuerdo bien el término. Se trata del endoso de pasajes aéreos. Presentamos este proyecto, que fue aprobado afortunadamente en el Senado y en la Cámara. Sin embargo, como toda ley, a veces queda con algunos vacíos y cuesta mucho llevarla a la práctica. Las oficinas de las líneas aéreas no tienen presencia en la región de Aysén; hay que utilizar el computador, y hay mucha gente que no sabe manejarlo, yo me incluyo. Cuando intentan acceder a la página para el endoso del pasaje, no funciona. El ideal sería que se colocara una oficina en cada región, pero como a las empresas les gusta hacer gastos innecesarios, no sé, sería conveniente oficiar al Ministerio de Transporte para que se busque una solución. Hoy en día, hay mucha gente que ha acudido a la oficina del senador Bianchi para plantearle esta situación. La página está disponible, pero nadie responde para cambiar los pasajes.

Para que esta ley, haciendo uso de ella, favorezca principalmente a Aysén y Magallanes. Yo entiendo el espíritu que inspiró esta ley, que efectivamente busca abordar una situación muy compleja en las regiones en general y particularmente en las nuestras, relacionada con los monopolios, los duopolios y los vuelos. Sin embargo, la ley de endoso está generando otro problema en materia de seguridad que debemos considerar. Puede que haya muchas organizaciones que compren una determinada cantidad de pasajes y luego comiencen a endosar. De hecho, uno de los proyectos que he promovido, en el que esta misma comisión colaboró, contribuyó, aprobó y respaldó, se refiere a la implementación de un listado de pasajeros y a los controles biométricos en todos los aeropuertos de Chile. Hemos constatado que hoy día transitan por todo el país personas indocumentadas y personas con causas pendientes, y la ley del endoso ha permitido que estas personas compren pasajes, los endosen y, por ende, exista menos control. Entiendo su punto, estimado colega, pero también es necesario analizarlo desde la perspectiva de la seguridad y cómo aplicaría eso hoy en día. Comparto su preocupación, y no sé si usted desea hacer la solicitud de qué manera. Podríamos enviar la solicitud a donde corresponda, aunque no estoy tan seguro de que el endoso incluya cambiar el pasaje a otra persona. El endoso era para el usuario, para la propia persona, y se podía vender con las justificaciones adecuadas. Procederemos a oficiar a donde corresponda, ya sea al Ministerio de Ciencias o al Ministerio de Transporte, no hay ningún problema. Es cuestión de advertir a los otros organismos que deben actuar con seguridad. Estimados colegas, ya han solicitado la palabra en puntos varios. Vamos a entrar a la orden del día y le daremos la palabra al estimado Ministro para que responda las consultas y se refiera al proyecto. A continuación, hemos dado lectura a la cuenta por parte de la Secretaría y procederemos a tratar la moción copatrocinada por los diputados y diputadas que hemos mencionado en varias oportunidades, referida a los boletines 16.853-15 y 16.872-15, ambos refundidos. Estos han sido aprobados en general, con un plazo de indicaciones que se extendió hasta el 9 de enero. Imagino que el Ejecutivo ya ha hecho llegar todas las indicaciones pertinentes. Votaron a favor las diputadas, señoras Emilia Nuyado, y los diputados, señores René Alinco, Carlos Bianchi, Juan Irarrázabal, Conme Mellado y Jaime Mulet. Contamos nuevamente con la presencia del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz, y del Subsecretario de Transportes, Jorge Daza, quien no pudo asistir. Ministro, tiene usted la palabra. Prefiero primero responder a las preguntas asociadas a este proyecto, ya que aún estoy recibiendo respuestas de algunos de mis asesores respecto a los comentarios que ustedes me han hecho, para poder ofrecer una respuesta lo más contundente posible. Este proyecto de ley busca otorgar más garantías a los usuarios del transporte público en aspectos tan básicos como que el conductor del bus esté en condiciones de operar el vehículo. Es igualmente importante que la persona tenga licencia de conducir y que no esté bajo los efectos del alcohol o de drogas. Hemos observado, con preocupación, que en distintas regiones del país hemos estado presentes en siniestros viales donde, al realizar exámenes de alcohol o drogas, especialmente de drogas, los resultados han sido positivos. Como Ministerio, junto con Senda, realizamos este tipo de exámenes en terminales de buses interurbanos con cierta frecuencia, pero en los terminales de uso urbano se llevan a cabo con menos regularidad. Creemos que este proyecto de ley viene a resolver un problema que consideramos muy real. La idea es exigir a las empresas de transporte que cumplan con estos requisitos esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Los operadores de buses urbanos y rurales deben evidenciar un control respecto de la idoneidad de sus conductores, especialmente en lo que concierne a exámenes de drogas y alcohol, con el fin de retirar de la operación a aquellos que incurran en estas conductas o brindar apoyo a quienes lo necesiten. En la indicación que hoy estamos presentando, me complace ver al diputado Cuello, uno de los autores, junto a la diputada Marcela Marzán, quienes están colaborando en este proyecto. Estas indicaciones obligan a las empresas concesionarias, propietarios de buses y, en general, a todos los operadores de transporte público y privado, a realizar pruebas de alcohol y drogas a todo su personal de conducción una vez al semestre. Esta obligación no solo recae en las empresas, sino que también se extiende a todos los operadores, incluyendo buses urbanos, rurales e interurbanos, tanto públicos como privados. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dictará un reglamento que regulará el procedimiento, la periodicidad de las pruebas y los criterios objetivos y despersonalizados para su aplicación. De esta manera, se busca evitar la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y que dicha política se ejecute únicamente sobre uno o algunos conductores. Además, se deja abierto el contenido del reglamento a otras materias que resulten necesarias para su aplicación, considerando, por ejemplo, las sustancias que sean objeto de detección. Es importante definir algunas limitaciones. La aplicación de las pruebas debe resguardar los derechos de las personas en su atención de salud, la confidencialidad y la reserva, conforme a la Ley 20.584 sobre derechos y deberes en la atención de salud. Asimismo, las indicaciones explicitadas establecen que los resultados de las pruebas constituyen datos sensibles, destinados a la seguridad y prevención, de acuerdo a la modificación de la ley de datos personales y a los deberes de reserva de los empleadores. Respecto al reglamento de orden, higiene y seguridad de las empresas, se establece que si la obligación recae sobre ellas, deberán incorporar estos procedimientos en su reglamento conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo. En caso de no cumplir con estos requisitos, deberán incorporarse en el contrato de trabajo. Esta medida es relevante por razones de publicidad y conocimiento de los procedimientos para los trabajadores, ya que puede constituir causal de despido o incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por el contrato, según lo informado por la Dirección del Trabajo y sus dictámenes. Se definirá también la obligación de mantener un registro escrito y reservado de los conductores a quienes se les hayan practicado las pruebas, el cual deberá incluir la realización de las pruebas, su periodicidad, la individualización de los conductores y los resultados. Esta información deberá ser remitida al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quien realizará el cruce de datos y fiscalizará que las empresas cumplan con su obligación. En cuanto a las sanciones, si se verifica el incumplimiento de la obligación de realizar las pruebas por parte de los operadores, la Subsecretaría de Transporte deberá denunciar a la policía local, quien aplicará al operador una multa de 1,5 a 3 UTM por cada ocasión de incumplimiento, es decir, por cada conductor y por cada semestre. Por ejemplo, si en un semestre se incumplió en 10 conductores, la multa se aplicará 10 veces. Es importante mencionar que, en caso de que el operador sea una persona jurídica distinta del conductor y se verifiquen daños producto de un siniestro, la víctima podrá dirigirse contra el conductor o contra el empleador para que respondan por el total del daño, conforme a las normas generales de solidaridad del Código Civil. Estas son nuestras indicaciones. Consideramos que este proyecto de ley es oportuno, necesario y muy requerido por la ciudadanía. Gracias. Por último, quisiera saludar al ministro y plantear una consulta respecto a la indicación del Ejecutivo, que establece una multa de 1,5 a 3 unidades tributarias, mientras que anteriormente se mencionaba de 2 a 10. ¿Cuál será la cifra definitiva? Gracias, diputado Romero. Estoy a la espera de su respuesta.

Gracias, señor presidente. Nosotros incorporamos como sanción en cuanto a la responsabilidad administrativa en sede de policía local la misma sanción que tenía la moción de la diputada Marzán, que era de 1,5 a 3 UTM. La idea de esto es desincentivar la conducta y, por lo tanto, que la sanción resulte mucho más costosa que la aplicación de los test. Una vez que ingresamos nuestra indicación, conversamos con los mocionantes y consideramos que la sanción podría ser baja. Posteriormente, el diputado Cuello presentó su indicación, que es sustitutiva y modifica dos elementos. El primero es la frecuencia con la que se realizan los test de drogas; en conversaciones con él, llegamos a la conclusión de que podría ser más eficiente considerar tres veces al año en lugar de solo dos, como proponían nuestras indicaciones. Por otro lado, se propone un aumento de las sanciones de 1,5 a 3 UTM, abarcando un rango entre 2 y 10 UTM, como lo señala la sanción pecuniaria asociada al delito de conducción bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En ese sentido, quedamos a la opinión de la Secretaría, puesto que la indicación del diputado Cuello incluye todo lo que había regulado el Ejecutivo con estas dos pequeñas modificaciones, y sentimos que podría ser beneficioso y favorable para el propio proyecto. Gracias, señor González. Me había pedido antes la palabra el diputado Coloma. Estimado colega, muchas gracias. Tengo dos dudas respecto a la indicación del Ejecutivo. Una la planteamos en la sesión pasada de la comisión, relacionada con la obligación de informar semestralmente. Tiendo a creer que si alguien sale positivo, es necesario informar. Entonces, secretario, para entender, al no poderse hacer indicación sobre indicación, hay que tomar uno de los dos caminos. Perfecto, bien. Y la parlamentaria es admisible. ¿Algo más, diputado Coloma? Diputado Cuello, tiene usted la palabra. Solo un paréntesis, presidente, porque estoy en otra comisión y me voy a ir. No es que no quiera escuchar, pero asumí que pudiéramos haber tenido la respuesta inmediatamente de los varios. Lo dejaré aquí, presidente, para que consideren la solicitud de ver el proyecto nuestro en tabla. Así que prestaré atención a los videos cuando responda. Muchas gracias. Diputado Cuello, gracias, presidente. Primero, saludo a todos los parlamentarios de esta comisión y, por supuesto, al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Quiero valorar el trabajo que ha realizado el Ministerio de Transporte al recoger esta preocupación, darle urgencia al proyecto de ley y mantener una actitud de diálogo permanente con los parlamentarios para poder hacer enmiendas a las distintas propuestas. Dicho esto, la propuesta que hemos trabajado junto con el ministerio, tal como indica el asesor, coincide en varios elementos relacionados con la periodicidad del control de drogas y alcohol, que debe comprender a todo el personal de conducción de un operador, concesionario o propietario de vehículos de transporte público. El único elemento donde hay discrepancia es el plazo para informar el registro de los resultados. Entiendo que la propuesta del ministerio es de 30 días; nosotros consideramos que ese plazo puede ser menor, pero creo que es posible llegar a un acuerdo al respecto, de forma tal que la información y la comunicación de estos registros sean más eficaces, especialmente cuando hay un resultado positivo, es decir, cuando algún conductor da positivo en un test de drogas.

Impedir que un conductor de transporte público mayor pueda subirse a un vehículo y poner en riesgo la vida de las personas es fundamental. Creo que los elementos que están sobre la mesa son pertinentes y las sanciones están bien planteadas. Este proyecto se hace cargo de una realidad que, sobre todo, ocurre en las regiones de Chile, en el transporte público, como hemos relatado en otras sesiones de esta comisión. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. ¿Alguien más? Al parecer, no hay ninguna duda. Por supuesto, diputada Lincó. Este proyecto de ley, que es necesario, ¿incluye solo a los civiles o también a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden? Pregunto esto porque, normalmente, ocurren accidentes que involucran buses y vehículos particulares, así como a Carabineros o la PDI. Hay otros casos con el Ejército, pero son menores. Siempre se informa sobre accidentes donde un vehículo choca con un carro policial mientras este se dirige a una acción. Yo planteo esta pregunta porque puede haber situaciones diferentes. A veces, si el conductor del carro policial es el responsable, se le realiza el examen correspondiente, pero en ocasiones, son los mismos Carabineros o la PDI quienes elaboran el informe, lo que genera intereses creados. Se trata de proteger, pero también de que el examen, la revisión o el informe que se entregue sea justo y equitativo. Diputado Cuello, por supuesto, por su intermedio. Sí, gracias, presidente. Me parece interesante lo que plantea el diputado Alinco. No obstante, tengo la impresión de que lo que usted plantea se aleja de la idea del proyecto. La raíz de este proyecto de ley tiene que ver con la alarmante frecuencia de accidentes del transporte público mayor que han causado muertes o lesiones graves, a menudo por conductores de este servicio que han sido detectados bajo la influencia de drogas o alcohol. Por ello, es necesario establecer un control preventivo y que la empresa se haga cargo. Entiendo lo que usted plantea, que es atendible, pero me parece que puede ir por un carril distinto en otra moción parlamentaria. Muchas gracias, diputado Cuello. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Alinco. Yo preguntaba esto porque la semana pasada se aprobó un proyecto para que los Carabineros fuera de servicio puedan portar armas. Sin embargo, se está aplicando una ley que afecta fundamentalmente al mundo campesino, donde se les están requisando las armas en el campo. Un campesino necesita un machete como herramienta de trabajo y, a menudo, tiene un rifle viejo que pertenecía a su abuelo. Esto se requisó, mientras que a los Carabineros se les permite portar armas incluso fuera de servicio. En este contexto, hace quince días, vi un accidente donde un bus chocó con un carro policial, y por las imágenes que se mostraron, fue el carro policial el que chocó con el bus.

Entonces, aquí la ley pareja no es dura. Yo no estoy por demonizar a Carabineros de Chile, al cuerpo de Carabineros de Chile, a algunos personajes sí, pero nos dejan en la indefensión a nosotros. Seguramente, como dice el diputado Cuello, por su intermedio se puede canalizar a través de otro proyecto, ningún problema. Está bien proteger, pero en este caso también han habido accidentes donde, a ojo visto, han sido responsables los conductores de los carros policiales, y eso pasa desapercibido. Muchas gracias, diputado Alinco. Diputado Coloma, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo una pregunta. Aquí, y lo hablábamos con la diputada, se hace expresa referencia a que, si se aprueba la indicación del diputado Cuello, los test anuales van a ser a costo del dueño de la micro. Entonces, tengo dos preguntas. Primero, en el caso del Transantiago, ¿finalmente el costo lo va a terminar pagando, me imagino, el ministerio, el mismo operador? Y segundo, solo un tema, yo comparto la moción, creo que se va a aprobar, pero estamos hace rato con un problema con los dueños de la locomoción colectiva, que cada vez que vienen para acá, en todo el mundo rural, no solo dicen que están quebrando, sino que realmente están quebrando. Yo sé que cada test debe costar cerca de diez mil pesos al menos, y estamos hablando de que les estamos metiendo costos a un sector que está complicado. Y mientras tanto, los recursos que se iban a implementar el año pasado, sobre todo a través del fondo espejo del Transantiago, que iba especialmente destinado a la locomoción colectiva, en gran parte no se pudieron aplicar, entre que no había reglamento y que no había postulaciones. Entonces, independiente de que espero que se apruebe, estamos con un problema de subsistencia de un sector al cual le hemos ido sobrecargando con costos, donde no se cumplieron en el periodo anterior los recursos que iban a llegar a través del fondo espejo. Al menos en las comunas rurales, si uno lo compara con la cantidad de transporte que había hace seis u ocho años, la reducción de frecuencia ha sido evidente por la falta no solo de micros, sino también de recursos y de choferes. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a preocuparnos de un sector que hoy día está sumamente complicado? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Ministro, si quiere responder, por favor. Sí, a ver, es que se me cruzan algunos de los varios temas que han ido tocando. He tratado de responder en paralelo directamente a algunas personas, y al final voy a responder de forma más completa. Me gustaría comentar que este es un proyecto de ley en el cual efectivamente la indicación del diputado Cuello es muy similar a la nuestra. Solo tiene unas multas que son un poco más altas y una frecuencia que, en vez de pasar de dos veces al año, pasa a tres. Por lo tanto, cambia un poco también el periodo en el cual uno tiene que informar a la autoridad. En ese sentido, la indicación del diputado Cuello nos parece bien. Hay elementos asociados a que no es aleatorio; efectivamente, a todos los conductores hay que hacerles el test en el periodo que corresponde, pero el momento específico y la oportunidad en que cada uno de ellos se le haga el test será materia de reglamento. Por lo tanto, no tenemos problema con que si la comisión decide avanzar con el proyecto con la indicación del diputado Cuello, estamos de acuerdo. Respecto a lo que dice el diputado Coloma, coincido en que es importante que las empresas tengan, para que el sistema sea sustentable, no solo que tenga bajas emisiones, sino que también incorpore mujeres a la conducción y sea sustentable económicamente. Eso significa que las empresas deben tener los recursos suficientes para poder brindar el servicio y que sea atractivo para ellos. De otra manera, terminamos con este tema como que los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura, ¿no es cierto? En este caso, diputado Coloma, creo que estamos haciendo una indicación que va en beneficio de las propias empresas. Si usted tiene un bus que es caro y del cual es responsable de mantener...

Le gustaría, estoy seguro, tener la seguridad de que la persona que va a estar conduciendo su bus no está bajo el efecto del alcohol ni de drogas, por el daño que esto puede generar, no solamente a su equipamiento, sino también el daño civil que le significa a usted como operador. Hoy día, los empresarios no cuentan con la herramienta necesaria para realizar esta fiscalización. En este caso, aunque esto implique un costo asociado a la realización de esos exámenes, creo que va en beneficio del empresario, quien finalmente puede detectar un conductor que pone en riesgo a los usuarios, a su patrimonio y a su responsabilidad ante la justicia. Coincido en la necesidad de que las empresas tengan una sustentabilidad económica atractiva. En los últimos años, el desarrollo del automóvil y el acceso al mismo han provocado que la demanda por transporte público haya disminuido. Esto deteriora las condiciones económicas de los empresarios y, al mismo tiempo, el nivel de servicio a los usuarios, ya que se ofrecen menos servicios y menor frecuencia. Es clave detener este círculo de deterioro ofreciendo mejores condiciones. El fondo espejo representa una gran oportunidad para mejorar esta situación. Los reglamentos están aprobados y existen oportunidades, como está ocurriendo en muchas ciudades, para avanzar hacia la electromovilidad. Actualmente, hay buses eléctricos operando en 11 regiones del país, y los fondos espejo serán una oportunidad para multiplicar estos esfuerzos. La aplicación de la red regional y los sistemas de recaudo electrónico también han sido muy atractivos, y espero que los gobiernos regionales se entusiasmen por utilizar esos recursos para implementarlos. En mi opinión, estamos en una situación crítica en el transporte público, pero al mismo tiempo, tenemos una oportunidad extraordinaria, ya que, como pocas veces, contamos con recursos para salir al rescate. Los gobiernos regionales están involucrados, y nosotros, como Ministerio de Transporte, cumpliremos con nuestro rol técnico para acompañar estos procesos. Acogiendo lo que usted dice, diputado, su preocupación fue parte de las razones por las cuales en un momento dudamos sobre avanzar con esto. Sin embargo, al considerar la importancia y el impacto para el usuario y para los empresarios de tener las facultades para realizar estos exámenes, hemos decidido avanzar con entusiasmo en el proyecto que se nos presenta. A propósito de lo que menciona el diputado Coloma, creo que varias problemáticas que estamos viendo en las regiones en relación con la ley del nuevo financiamiento del transporte público, más conocida como Ley Espejo, se reflejan en necesidades que se presentan en los territorios. La duda surge en razón a que el reglamento se demoró bastante, y algunos gobernadores han expresado que esto no se está haciendo cargo del transporte escolar. En la región que represento, Ñuble, enfrentamos una grave problemática al respecto, y me gustaría saber, ministro, cómo se está aplicando esta ley, a partir de cuándo, y si los gobiernos regionales, a través del reglamento que está en funcionamiento, tienen algún plazo para empezar a aplicar la obligatoriedad y garantizar que el transporte funcione adecuadamente en las regiones. Respecto al transporte escolar, al transporte rural, al transporte de zonas aisladas y al transporte urbano, todas estas son oportunidades explicitadas en la ley de subsidio al transporte público que este Congreso aprobó en el año 2024. Esta ley dispone de recursos, pero son los gobiernos regionales los que definen en qué van a utilizar esos recursos entre las distintas alternativas disponibles. Nosotros, como Ministerio, recibimos la mitad de los recursos; la otra mitad corresponde a los gobiernos regionales. Así, en cada una de sus regiones, el Ministerio subsidia diversos servicios, incluyendo servicios de barcazas y transporte aéreo. Sin embargo, eventualmente se nos acaban los recursos, y por eso es tan importante poder facultar...